Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00046-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00046-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00046-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
10 de noviembre de 2022
Demandantes: Elaine Alejandra Peraza Oñate y otros
Demandado: Hugo Alfonso Archila Suárez – Cámara Casanare
Rad: 11001-03-28-000-2022-00046-00 (Acumulado)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00046-00
11001-03-28-000-2022-00045-00
11001-03-28-000-2022-00069-00
11001-03-28-000-2022-00077-00
Demandantes: ELAINE ALEJANDRA PERAZA OÑATE Y OTROS
Demandado: HUGO ALFONSO ARCHILA SUÁREZ – REPRESENTANTE
A LA CÁMARA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN
DEPARTAMENTAL DE CASANARE 2022-2026
Temas: Inhabilidad por ejercicio de autoridad civil o política-
Coincidencia de periodos – Corrupción al sufragante
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a dictar sentencia en el proceso de nulidad electoral promovido
contra el acto de elección del señor Hugo Alfonso Archila Suárez como
representante a la Cámara por el departamento de Casanare para el periodo
2022-2026.
Lo anterior, con base en los siguientes
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
En el presente asunto se tramita el medio de control de nulidad electoral en
contra del acto de elección del señor Hugo Alfonso Archila Suárez, contenido en
el Formulario E 26 CAM del 20 de marzo de 2022, en el trámite acumulado de
los procesos con radicación 11001-03-28-000-2022-00046-00, 11001-03-28-
000-2022-00045-00, 11001-03-28-000-2022-00069-00 y 11001-03-28-000-
2022-00077-00.
1.1. Expediente 11001-03-28-000-2022-00046-00. Demandante: Elaine
Alejandra Peraza Oñate
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Demandantes: Elaine Alejandra Peraza Oñate y otros
Demandado: Hugo Alfonso Archila Suárez – Cámara Casanare
Rad: 11001-03-28-000-2022-00046-00 (Acumulado)
Elaine Alejandra Peraza Oñate, obrando en su propio nombre y
representación, instauró demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral, previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra el acto que declaró
la elección de Hugo Alfonso Archila Suárez como representante a la Cámara
por la circunscripción territorial de Casanare para el periodo 2022 – 2022,
que corresponde al formulario E 26 CAM, proferido por comisión escrutadora
departamental el 20 de marzo de 2022.
Como pretensión, solicitó que se declare:
“PRIMERO. La nulidad del acto de elección contenido en el Formulario E-
26 CA proferido por la Comisión Escrutadora Departamental de Casanare
el 20 de marzo de 2022, por medio del cual se declaró la elección del
ciudadano HUGO ALFONSO ARCHILA identificado con cedula de
ciudadanía número 86.067.357 como Representante a la Cámara por el
Departamento de Casanare para el periodo Constitucional 2022-2026.”
1.1.1. Hechos
La parte actora sostuvo que el 13 de diciembre de 2021, el señor Archila Suárez
se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes por la
circunscripción electoral del departamento de Casanare, periodo 2020-2026,
para las elecciones del 13 de marzo de 2022.
Mencionó que el 20 de marzo de 2022, la Comisión Escrutadora Departamental
de Casanare generó el Formulario E 26, donde consta la declaratoria de la
elección del demandado como representante a la Cámara por el departamento
de Casanare.
Indicó que el señor Hugo Alfonso Archila Suárez fue nombrado en el cargo de
secretario de Gobierno del municipio de Yopal mediante Decreto 0001 del 1º de
enero de 2020. En tal calidad, bajo las figuras de encargo y asignación de
funciones, en varias oportunidades ejerció las atribuciones propias del alcalde,
especialmente la ordenación del gasto y la contratación, en los eventos en que
el titular del cargo gozaba de permisos o comisiones de servicios, en particular,
entre noviembre de 2020 y febrero de 2021.
A través de oficio del 10 de marzo de 2021, radicado al día siguiente, el
demandado presentó renuncia al cargo que ocupaba en la Alcaldía de Yopal, la
cual fue aceptada por el alcalde con el Decreto 046 del 11 de marzo de 2021.
1.1.2. Concepto de violación
A juicio de la demandante, por cuenta de los cargos desempeñados, el
congresista electo está incurso en la causal de inhabilidad prevista en el
numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, conforme al cual “Nadie
podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una
corporación o un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así
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Demandantes: Elaine Alejandra Peraza Oñate y otros
Demandado: Hugo Alfonso Archila Suárez – Cámara Casanare
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sea parcialmente”.
Ello en concordancia con el numeral 8° del artículo 280 de la Ley 5° de 1992,
que establece que no podrán ser elegidos congresistas “Quienes sean elegidos
para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un
cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea
parcialmente.”1
Al respecto, explicó que la persona que aspire a ser elegida en el cargo de
congresista no puede tener la calidad de servidor púbico en el momento de la
inscripción de su candidatura, por lo que debe formalizar su renuncia antes de
ese evento, so pena de estar incurso en la prohibición de las normas referidas.
Explicó que la inhabilidad en cuestión se materializa cuando el ciudadano
resulta electo para más de una corporación o cargo público, cuando los
periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente, y no haya renunciado de
manera previa, que en este caso debe ser antes de la inscripción de la
candidatura.
1.2. Expediente 11001-03-28-000-2022-00045-00. Demandante: Oscar
Julián Hernández Fuentes
Actuando en nombre propio el señor Óscar Julián Hernández Fuentes presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, contra el acto
de elección del señor Hugo Alfonso Archila Suárez como representante a la
Cámara por el departamento de Casanare para el periodo 2022-2026.
Las pretensiones de esta demanda son las siguientes:
“1. La nulidad del acto de elección contenido en el Formulario E-26 CA
proferido por la Comisión Escrutadora Departamental de Casanare, por
medio del cual se declaró la elección del ciudadano HUGO ALFONSO
ARCHILA SUÁREZ identificado con cedula (sic) de ciudadanía número (…)
como Representante a la Cámara por el Departamento de Casanare para
el periodo Constitucional 2022-2026.
Aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente al factor “día de la
elección” contenido en el numeral 2 del artículo 179 dado que no garantiza
el efecto útil de la norma, en especial el proceso electoral “no se limita al
día de las elecciones, toda vez que, el resultado de las votaciones es
consecuencia de una serie de acciones previas al día de los comicios, en
las cuales el aspirante debe “convencer” a los electores de depositar su
voto por él” (sic) (Consejo de Estado, Sala Plena. Radicado 2018-00031
SU. CP. Rocío Araújo Oñate; Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 4 de junio de 2009, radicado No 54001233100020070037601
C.P. Filemón Jiménez Ochoa y Consejo de Estado Sección Quinta,
1 El texto completo del numeral 8° del artículo 280 de la Ley 5° de 1992 es el siguiente:
“Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y
un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea parcialmente. Salvo en los
casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección
correspondiente.”
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Demandantes: Elaine Alejandra Peraza Oñate y otros
Demandado: Hugo Alfonso Archila Suárez – Cámara Casanare
Rad: 11001-03-28-000-2022-00046-00 (Acumulado)
sentencia del 6 de mayo de 2013 Radicado No 17001-23-31-000-2011-
00637-01 CP. Alberto Yepes Barreiro.”
1.2.1. Hechos
Indicó que por medio de la Resolución 6952 del 6 de diciembre de 2021 el
Partido Liberal Colombiano otorgó el aval al señor Hugo Alfonso Archila Suárez,
para presentarse como candidato de esa colectividad a las elecciones para la
Cámara de Representantes por Casanare.
Señaló que el demandado electo ejerció autoridad política y civil en la
administración municipal de Yopal, Casanare, ya que se desempeñó como
secretario de gobierno y alcalde encargado hasta el 10 de marzo de 2021.
Adujo que las elecciones para el Congreso de la República tuvieron lugar el 13
de marzo de 2022.
Expuso que el demandado inscribió su candidatura el 16 de diciembre de 2021,
y luego de resultar electo, recibió su credencial como representante a la
Cámara el 20 de marzo de 2022.
Advirtió que la autoridad civil que detentó el electo tuvo lugar 12 meses antes
de la fecha de la inscripción de su candidatura.
Afirmó que el señor Archila Suárez se reunió con contratistas y algunos
funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal (en adelante
EAAY), en la que ofreció estabilidad laboral durante seis años a cambio de su
voto. Dicha reunión al parecer tuvo lugar el 16 de febrero de 2022, en la manga
de coleo de Yopal, en donde el entonces candidato dijo que “(…) la empresa le
pertenece a los Yopaleños, este es el reto más grande, yo creo que ustedes
saben más que uno, que se ha prestado para cosas, para entregarlo, no lo
vamos a permitir. Y otro tema que es más import… (sic) complementan la
protección de la empresa [Se refiere a la EAAY]. Viene en proceso a la Cámara,
Cámara cuatro años, necesitamos garantizar estos dos años de trabajo y cuatro
que vienen, estamos hablando de 6 años de estabilidad laboral. Que es el tema
que les interesa a todos los acá presente. (sic) Yo sé que con la ayuda de cada
uno de los acá presentes, de su familia, de los amigos, y de mi Diosito, vamos a
lograr este curul (sic). Primer punt[o] (sic), obtener la curul, y yo sé que vamos a
lograrlo, y el segundo, es poder se siempre[e] (sic), seguir siendo el mismo
Hugo que conoce la mayoría.”
Agregó que el video de esa reunión fue compartido por un anónimo que
participó en la reunión, y se puede descargar en el enlace
https://www.youtube.com/watch?v=PKyKq6OKKv0&abchanel=WRadioColombia
Según el demandante, en el video se reproduce un acto de violencia psicológica
ejercida por el demandado, dirigido a perturbar el libre desarrollo de la
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personalidad de ese grupo de votantes.
Agregó que dicho video demuestra la corrupción al sufragante, al ofrecer
estabilidad laboral por seis años a los funcionarios y contratistas de la EAAY, a
cambio de sus votos.
1.2.2. Normas violadas y concepto de violación
En criterio del demandante, el demandado electo incurrió en corrupción al
sufragante y, bajo ese entendido, desconoció los artículos 40-12 y 2583
superiores, por lo que se configura la causal de nulidad del numeral 1° del
artículo 275 del CPACA.
Al respecto, destacó que dicha causal tuvo lugar por la coacción ejercida sobre
los votantes para garantizar la elección del demandado, con lo que se
desconoció la garantía constitucional de ejercer el sufragio sin apremio alguno y
de forma secreta.
Expuso que la presión económica consistente en la garantía de estabilidad
laboral a los empleados y contratistas de la EAAY es una forma de coerción que
atenta contra la libertad del sufragio, pues quien vota por ese incentivo lo hace
por esa razón por el miedo a ser despedido o quedarse sin contrato.
Agregó que, en esa medida, el propósito principal del demandado era afectar la
libertad de los electores de la ciudad de Yopal, concretamente el de los
empleados y contratistas de la EAAY con el ofrecimiento de estabilidad laboral
por seis años a cambio de su voto. Afirmó que con ello se demostró que los
referidos servidores no votaron a conciencia ni de manera libre, y tampoco
ejercieron su deber democrático en los términos señalados en la Constitución
Política, y que la práctica adelantada por el demandado, además de coaccionar
a los votantes, es contraria a los principios democráticos que deben regir los
procesos electorales4.
2 ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
(…)
1. Elegir y ser elegido.
(…)
3 ARTICULO 258. Modificado por el art. 11, Acto Legislativo 1 de 2003, <El nuevo texto es el
siguiente> El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin
ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales
instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o
informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas
e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La
Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales
deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos
políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de
votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los
ciudadanos.
4 Sobre este aspecto, se refirió a la sentencia de esta Sala proferida en el proceso con radicado
2018-00084-00.
También mencionó el auto del 19 de diciembre de 2016, dictado en el expediente 2016-00081-
00, y a la providencia del 3 de julio de 2009, proferida dentro del radicado 27001-23-31-000-
2001-00641-01.
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A su turno, se refirió a la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179,
numeral 2°, de la Constitución Política, de acuerdo con el cual no podrán ser
congresistas “Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción
o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses
anteriores a la fecha de la elección.”
Sobre esta disposición, trajo a colación el pronunciamiento de la Sala Plena de
esta Corporación, de acuerdo con el cual “las inhabilidades son un mecanismo
encaminado a garantizar la transparencia y la moralidad del proceso
democrático, desde el mismo momento en que los electores inician la contienda
por el caudal electoral.”5
Expuso, con base en pronunciamientos de esta Corporación6, que el efecto útil
de esta inhabilidad consiste en evitar el nepotismo, la creación de dinastías
electorales familiares e impedir que el candidato se valga de prerrogativas que
le genera el ejercicio del empleo público, jurisdicción o autoridad, y que el
proceso electoral no se limita al día de las elecciones, por cuanto el resultado
de las votaciones es consecuencia de una serie de acciones previas al día de
los comicios, en las que el aspirante debe convencer a los electores de
depositar su voto por él.
Advirtió que si bien la jurisprudencia que citó se refiere al numeral 5° del artículo
1797, le resulta claro que es con la inscripción que la sociedad tiene certeza de
que el interesado se convierte en candidato dentro de la pugna para la
conformación del poder político, por lo que “(…) la inscripción de las
candidaturas corresponde a la génesis misma de la contienda electoral para
cada participante y, por ende, puede ser asimilado al extremo temporal inicial
de la inhabilidad (…)”.
Todo lo anterior para ilustrar que la inhabilidad de que trata el numeral 2° del
artículo 179 de la Carta debe entenderse que se configura desde el momento
de la inscripción de la candidatura, porque a partir de ese momento se reprocha
la obtención de una ventaja que amenaza el equilibrio de la contienda política.
Agregó que los argumentos expuestos acerca de la inhabilidad de que trata el
numeral 5° del artículo 1798, puede satisfacer el objetivo de la inhabilidad que
persigue con el presente medio de control.
Al respecto, consideró que fijar la inhabilidad del numeral 2° solamente para el
día de la elección i) desconoce que el proceso electoral no se limita al día de las
elecciones, porque el resultado de las votaciones es consecuencia de una serie
de acciones previas al día de los comicios, ii) ignora que el electorado puede
verse influenciado por el pariente investido de autoridad en el marco de la
campaña electoral, por lo que iii) no está en igualdad de condiciones la persona
que compite por la curul cuyo pariente detenta autoridad civil o política en la
circunscripción electoral a la que aspira, y iv) admite replicar dinastías familiares
5 Exp: 2018-00031-00.
6 Exps: 2011-00462-01 y 11001-03-06-000-2018-00143-00 (Sala de Consulta y Servicio Civil, 24
de julio de 2018).
7 Se presume que se refiere a la Constitución Política.
8 Se entiende que se refiere a la Constitución Política.
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y políticas que no permiten la diversidad y pluralidad.
En síntesis, señaló que cuando el numeral 2° del artículo 179 dispone que la
inhabilidad se concreta el día de las elecciones, no garantiza su finalidad.
Sostuvo que, en el presente caso, el ejercicio de autoridad del demandado es
objetivo, pues no requiere que se verifique si usó sus atribuciones, pues se
concreta con solo detentarla9.
1.3. Expediente 11001-03-28-000-2022-00069-00. Demandante: Laura
Andrea González Marín
La ciudadana Laura Andrea González Marín, interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 de la
Ley 1437 del 2011.
Las pretensiones de esta demanda se formularon en los siguientes términos:
“PRIMERO. - Que se declare la suspensión provisional de los efectos de
los formularios E-26 CAM y E-28 Por (sic) medio de los cuales se Eligio
(sic) como Representante a la cámara y se expidió la respectiva credencial
al señor HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ. (sic)
SEGUNDO. - Que se declare la nulidad de los formularios E-26 CAM y E-
28 Por (sic) medio de los cuales se Eligio (sic) como Representante a la
cámara y se expidió la respectiva credencial al señor HUGO ALFONSO
ARCHILA SUAREZ.” (sic)
1.3.1. Hechos
Sostuvo que en los comicios del año 2019 fue elegido el señor Luis Eduardo
Castro como alcalde de Yopal, Casanare, quien el día 1° de enero de 2020
nombró al demandado como secretario de gobierno, mediante el Decreto 0001
de 2020.
Agregó que el demandado tomó posesión de dicho cargo en la referida fecha,
según Acta 03.
Señaló que la Secretaría de Gobierno de Yopal contempla como la formulación
de políticas institucionales de desarrollo del proceso de convivencia y seguridad
ciudadana, la protección de los derechos humanos y la seguridad y convivencia
de los habitantes, mientras que entre sus objetivos contempla coadyuvar a la
convivencia pacífica de la ciudadanía, el apoyo de los espacios de participación
ciudadana, regulando las relaciones políticas, la protección de los derechos
fundamentales, la seguridad y el orden público, entre otros.
9 Citó las providencias de esta Sala del 14 de julio de 2005 (Exp: 17001-23-31-000-2003-01538-
01), 11 de junio de 2009 (Exp: 68001-23-15-000-2007-00677-02), 17 de febrero de 2005 (Exp:
27001-23-31-000-2003-00674-01), 6 de mayo de 2013 (Exp: 17001-23-31-000-2011-00637-01,
y 17 de octubre de 2013 (Exp: 19001-33-31-006-2011-00442-01).
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Indicó que el secretario de gobierno tiene como funciones:
“• Vigilar, coordinar y controlar la aplicación de las normas de policía, a
través de las Inspecciones y Corregidores de Policía, tanto en el ámbito
urbano como rural. • Preservar el orden público.
• Prevenir las calamidades públicas.
• Promover, facilitar y garantizar la participación ciudadana.
• Proponer políticas en materia de seguridad, justicia, protección y
promoción de derechos y libertades públicas.
• Organizar la atención a los problemas que limitan la convivencia familiar.
• Promover la convivencia y la igualdad ciudadana.
• Tramitar los procesos judiciales y de policía que le comisione y/o asigne
el Alcalde.
• Expedir permisos para establecimientos comerciales y controlar su uso.
• Expedir permisos para vendedores ambulantes y estacionarios y controlar
su uso.
• Expedir permisos para adelantar rifas, juegos y espectáculos públicos y
controlar su uso. • Orientar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de
los grupos de trabajo y del personal a su cargo.”10
Adujo que las funciones, objetivos y enfoque del cargo de secretario de
gobierno tienen implícitas el ejercicio de autoridad política, civil y administrativa.
Aseveró que el demandado, dentro del año anterior a su inscripción como
candidato a la Cámara de Representantes, ejerció como alcalde encargado, con
todas las facultades propias de ese cargo, como se puede observar en los
siguientes actos: Resolución 001 del 4 de enero de 2021 (a partir del 4 de
enero, durante los días 5, 6, 7 y 8 de enero de 2021); Resolución 011 del 14 de
enero de 2021 (los días 15 y 16 de enero de 2021); Resolución 049 del 16 de
febrero de 2021 (el 17 de febrero de 2021); Resolución 060 del 24 de febrero de
2021 (por el día 25 de febrero de 2021); y Resolución 076 del 5 de marzo de
2021 (por los días 6, 7 y 8 de marzo de 2021).
Mencionó que solo hasta el día 10 de marzo de 2021, el demandado presentó
renuncia a su cargo de secretario de gobierno, la cual fue aceptada mediante el
Decreto 046 del 11 de marzo siguiente.
Destacó que, según el cronograma electoral de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el periodo de inscripción de los candidatos al Congreso de la
República inició el 13 de noviembre de 2021 hasta el 13 de diciembre de esa
anualidad.
10 Cita de cita: “Tomado de la Pagina Web de la alcaldía municipal de Yopal Casanare
http://www.yopalcasanare.gov.co/directorio-institucional/secretaria-de-gobierno.”
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Advirtió que el demandado se inscribió como candidato a la Cámara de
Representantes por Casanare, el día 13 de diciembre de 2021.
Sostuvo que de conformidad con el Formulario E 26 del 20 de marzo de 2022,
se declaró la elección de Hugo Alfonso Archila Suárez como representante a la
Cámara por el departamento de Casanare.
Afirmó que a través del Formulario E 28, se otorgó la credencial de congresista
al demandado electo.
Adujo que la inhabilidad en la que se encuentra incurso el señor Archila Suárez
es la prevista en el numeral 2° del artículo 179 de la Constitución Política,
según el cual no pueden ser congresistas “Quienes hubieren ejercido, como
empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o
militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.”
Mencionó que esta inhabilidad contempla el ejercicio de autoridad civil,
administrativa y política del otrora secretario de gobierno de Yopal, que también
cobija el ejercicio del encargo de alcalde municipal.
Indicó que, por lo tanto, toda vez que la renuncia del demandado se aceptó el
11 de marzo de 2021, y que la inscripción de su candidatura tuvo lugar el 13 de
diciembre siguiente, el hoy representante a la Cámara se encuentra incurso en
la causal de inhabilidad antes descrita.
1.3.2. Concepto de violación
Advirtió que se desconoció el numeral 2° del artículo 179 de la Constitución
Política, así como el numeral 2° del artículo 280 de la Ley 5° de 1992, normas
que, en similares términos, establecen que no podrán ser congresistas quienes
hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política,
civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de
la elección.
Precisó que al tenor del artículo 188 de la Ley 136 de 1994 “se entiende por
autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado
oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones: 1. Ejercer el poder público
en función de mando para una finalidad prevista en esta Ley, que obliga al
acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la
compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública. 2. Nombrar y
remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por delegación.
3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.”
Expuso que de acuerdo con el artículo 189 Ibidem, la autoridad política “Es la
que ejerce el alcalde como jefe del municipio. Del mismo modo, los secretarios
de la alcaldía y jefes de departamento administrativo, como miembros del
gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad política.”
Explicó que la misma preceptiva dispone, en su artículo 190, acerca de la
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Demandantes: Elaine Alejandra Peraza Oñate y otros
Demandado: Hugo Alfonso Archila Suárez – Cámara Casanare
Rad: 11001-03-28-000-2022-00046-00 (Acumulado)
dirección administrativa que “Esta facultad además del alcalde, la ejercen los
secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los
gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades
administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios
municipales. (…)” en aspectos como, entre otros, “ordenar gastos con cargo a
fondos municipales; (…).”
Afirmó que, de acuerdo con lo anterior, el cargo de secretario de gobierno que
desempeñó el demandado se enmarca en el ejercicio de autoridad civil, política
y administrativa.
Aseveró que esta Sala, de manera pacífica, ha concluido que el espacio
temporal para contabilizar los doce meses a los que se refiere la norma se
cuenta desde la inscripción del candidato, tal como lo señaló al estudiar la
inhabilidad prevista en el numeral 5° del artículo 175 Superior11.
Expuso que en este caso se probaron los elementos de la inhabilidad que recae
en el demandado al ejercer, como secretario de gobierno y alcalde encargado,
dentro de la circunscripción territorial donde fue elegido, autoridad civil, política
y administrativa, y que entre la fecha de su renuncia y la inscripción de su
candidatura trascurrieron menos de doce meses.
1.4. Expediente 11001-03-28-000-2022-00077-00. Demandante: Johan
Stiven Lemus
Actuando en nombre propio el señor Johan Stiven Lemus presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, contra el acto de elección del
señor Hugo Alfonso Archila Suárez como representante a la Cámara por el
departamento de Casanare para el periodo 2022-202612.
Formuló las siguientes pretensiones:
“1. Se declare la nulidad del acto de elección contenido en el Formulario E-
26 proferido por la Comisión Escrutadora Departamental de Casanare, por
medio del cual se declaró la elección del ciudadano HUGO ALFONSO
ARCHILA SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 86.067.357,
como Representante a la Cámara por el Departamento de Casanare para
el periodo Constitucional 2022-2026.”
1.4.1. Hechos
Expuso que por medio del Decreto 0001 del 1° de enero de 2020, el alcalde de
Yopal nombró al señor Hugo Alfonso Archila Suárez como secretario de
gobierno, cargo del cual tomó posesión el mismo día conforme con el Acta 03
de esa fecha.
Sostuvo que el 10 de marzo de 2021, el aquí demandado presentó renuncia al
11 Citó la sentencia del 9 de abril de 2015. Exp: 11001-03-28-000-2014-00061-00.
12 Las pretensiones, los hechos y los fundamentos de derecho se toman a partir del escrito de
subsanación de la demanda.
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Demandado: Hugo Alfonso Archila Suárez – Cámara Casanare
Rad: 11001-03-28-000-2022-00046-00 (Acumulado)
cargo en mención, aceptada por el alcalde municipal mediante el Decreto 046
del 11 de marzo de 2021.
Agregó que por medio de la Resolución 6952 del 6 de diciembre de 2021, el
Partido Liberal Colombiano confirió aval al demandado para presentarse por
esa colectividad a las elecciones para la Cámara de Representantes por el
departamento de Casanare, periodo 2022-2026.
Mencionó que el día 13 de diciembre de 2021, el señor Archila Suárez inscribió
su candidatura, y que el 20 de marzo de 2022 se declaró su elección como
representante a la Cámara por el departamento de Casanare, según el
Formulario E 26.
1.4.2. Concepto de violación
Advirtió que el demandado violó el régimen de inhabilidades al incurrir en la
prevista en el numeral 2° del artículo 179 de la Constitución Política.
Ello en razón que ostentó el cargo de secretario de gobierno en la Alcaldía de
Yopal, hasta el 11 de marzo de 2021, cargo por virtud del cual ejerció autoridad
civil, política y administrativa, al tenor de los artículos 188 a 191 de la Ley 136
de 1994.
Explicó que según lo expuso esta Sala en sentencia del 3 de julio de 200513, el
titular del cargo de secretario de despacho de la alcaldía ejerce autoridad
política en el municipio14.
Luego de referirse a aspectos relacionados con el sistema y el proceso
electoral, así como al contenido y alcance del régimen de inhabilidades, sostuvo
que, según lo precisó esta Sala15, dicho proceso no se limita al día de las
elecciones, toda vez que ello es consecuencia de una serie de acciones previas
en las cuales el aspirante debe convencer a sus electores de depositar su voto
por él. Por lo tanto, concluyó el certamen democrático inicia a partir de la
inscripción del candidato y termina con la realización de las votaciones.
Frente al caso concreto, afirmó que el demandado violó el régimen de
inhabilidades de que trata el numeral 2° del artículo 179 Superior, por cuanto no
renunció con la antelación de doce meses antes de su inscripción como
candidato, pues entre su dimisión y su inscripción trascurrieron 9 meses y cinco
días.
2. Actuación procesal
2.1. Expediente 11001-03-28-000-2022-00046-00
13 Sin mención del número de radicación.
14 Postura que se reiteró por esta Corporación en sentencia del 16 de noviembre de 2011. Exp:
2011-00515.
15 Textualmente citó: “(Sentencia 0031 de 2019)”
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00046-00 (Acumulado)
Mediante auto del 22 de abril de 2022 se inadmitió la demanda.
Subsanada en debida forma, a través de proveído del 3 de mayo de 2022 se
admitió el libelo.
Por auto del 21 de junio de 2022 se ordenó mantener el expediente en
Secretaría, a efectos de acumularlos con los procesos de los expedientes 2022-
00045-00, 2022-00069-00, y 2022-00077-00.
2.2. Expediente 11001-03-28-000-2022-00045-00
Por auto del 25 de abril de 2022 se inadmitió la demanda.
Previa subsanación, mediante auto del 17 de mayo de 2022 se dispuso la
admisión del libelo.
En providencia del 7 de julio de 2022 se ordenó mantener el expediente en la
Secretaría, a efectos de acumularlos con los procesos de los expedientes 2022-
00046-00, 2022-00069-00, y 2022-00077-00.
2.3. Expediente 11001-03-28-000-2022-00069-00
Por auto del 9 de mayo de 2022 se dispuso el traslado de la medida cautelar
solicitada por la parte demandante.
A través de proveído del 26 de mayo de 2022 se dispuso la admisión del libelo,
y se negó la medida cautelar.
Mediante auto del 8 de agosto de 2022 se fijó el litigio, se decretaron pruebas y
se ordenó correr traslado para alegar de conclusión, al cumplirse los requisitos
para dictar sentencia anticipada.
Con auto del 10 de agosto de 2022 se dejó sin efectos la providencia anterior y
se ordenó mantener el expediente en la Secretaría para el estudio de su
eventual acumulación.
2.4. Expediente 11001-03-28-000-2022-00077-00
A través de proveído del 9 de mayo de 2022, se inadmitió el libelo.
Previa subsanación, por auto del 23 de mayo de 2022 se admitió la demanda.
Mediante providencia del 13 de julio de 2022, el ponente ordenó que se
mantuviera el expediente en la Secretaría hasta tanto se surtiera el trámite
correspondiente en los procesos 11001-03-28-000-2022-00046-00, 11001- 03-
28-000-2022-00069-00 y 11001-03-28-000-2022-00045-00.
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2.5. Trámite procesal conjunto
A través de providencia del 25 de agosto de 2022 se decretó la acumulación de
los procesos con radicado 11001-03-28-000-2022-00045-00, 11001-03-28-000-
2022-00046-00, 11001-03-28-000-2022- 00069-00 y 11001-03-28-000-2022-
00077-00. Se ordenó tener como principal el expediente 11001-03-28-000-
2022-00046-00.
El sorteo del magistrado que tendría a su cargo tramitar los asuntos
acumulados, se llevó a cabo el 6 de septiembre de 2022.
Por auto del 8 de septiembre de 2022 se dispuso dictar sentencia anticipada,
para lo cual se resolvió acerca de la solicitud de pruebas, se fijó el litigio, se
ordenó correr traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera concepto.
El traslado bajo cita tuvo lugar entre los días 22 de septiembre y 5 de octubre
de 2022.
3. Contestaciones de la demanda
Las contestaciones de las demandas se integran de la siguiente manera:
3.1. Del demandado Hugo Alfonso Archila
Por conducto de apoderado, manifestó que no está incurso en las causales de
inhabilidad deprecadas.
Señaló que, según lo expuso esta Sala, la inhabilidad de que se trata se
configura respecto de quien dentro de los doce meses anteriores a la fecha de
la elección haya ejercicio como empleado público, jurisdicción o autoridad
política, civil, administrativa o militar, sin lugar a interpretaciones en torno a si el
extremo temporal final de la causal lo configura la fecha de la elección o la
inscripción.16
Con fundamento en lo expuesto por esta Sala17 acerca de los elementos de la
causal de inhabilidad invocada, destacó la autoridad política debe ejercerse
dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.
Precisó que la renuncia al cargo de secretario de gobierno fue aceptada el 11
de marzo de 2021, y las elecciones tuvieron lugar el 13 de marzo de 2022, por
lo que el ejercicio de autoridad política tuvo lugar por fuera del periodo
inhabilitante.
En cuanto concierne al reparo según el cual se presentó corrupción al
16 Exp: 44001-23-33-000-2019-00173-01.
17 Exp: 11001-03-28-000-2018-00628-00.
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sufragante, por el ofrecimiento de estabilidad laboral a los empleados y
contratistas de la EAAY, advirtió que el demandante no dio cuenta de los
contextos específicos de tiempo, modo y lugar de los hechos y tampoco
demostró la supuesta situación de violencia psicológica sobre los electores.
Refirió que su acusación no cumplió con la demostración de los requisitos que
al respecto ha señalado esta Sala sobre violencia psicológica, a saber, i) las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, que incluye que los constreñidos
ejercieron el voto en determinadas zonas, puestos y mesas, como
consecuencia de las dádivas ofrecidas y/o recibidas; ii) que las dádivas se
otorgaron por los demandados con el propósito de constreñir la voluntad del
elector; iii) cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago, una
promesa o una dádiva; y iv) que el fraude de esos votantes incidió en el
resultado de la elección.18
Propuso la excepción de mérito que denominó “inexistencia de la inhabilidad”,
fundada en que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
mediante concepto del 24 de julio de 2018, indicó que las inhabilidades de los
ministros, directores de departamentos administrativos, o de quienes tienen a
su cargo la ordenación del gasto, comienzan a regir doce meses antes del día
de la elección.
3.2. Consejo Nacional Electoral
A través de su apoderada, señaló que el señor Archila Suárez desempeñó el
cargo de secretario de gobierno del municipio de Yopal hasta el 11 de marzo de
2021, de manera que no se configura la causal de inhabilidad alegada.
Respecto de la inhabilidad prevista en el numeral 8° del artículo 179 de la
Constitución Política, consideró importante tener en cuenta i) la inelegibilidad de
una persona para ser elegida en una corporación o cargo público si los
respectivos periodos coinciden en el tiempo, y ii) la incompatibilidad de los
congresistas para desempeñar un empleo público o privado durante la vigencia
de su periodo, que se mantendrá hasta un año después de su renuncia si el
lapso que faltare para culminarlo fuere superior a un año.
Señaló que los encargos realizados al demandado se encuentran conforme a la
Constitución y la ley, pues no se vislumbra vulneración de lo dispuesto en el
referido numeral 8°, además que el artículo 2.2.5.5.21 del Decreto 1083 de
2015 permite que el funcionario continúe desempeñando sus funciones y las del
encargo.
Destacó que en el presente asunto no se configura la inhabilidad bajo cita,
puesto que la renuncia del demandado fue aceptada desde el 11 de marzo de
2021, por lo que para el momento en que inscribió su candidatura no ostentaba
la condición de servidor público, además que la inhabilidad no rige en este caso
18 Citó la sentencia del 16 de mayo de 2019. Exp: 11001-03-28-000-2018-00084- 00.
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porque el periodo durante el que ejerció función pública se extinguió por su
dimisión.
Acerca de la causal de inhabilidad de que trata el numeral 2° del artículo 179 de
la Constitución Política, reiteró que el demandado ostentó el cargo de secretario
de gobierno hasta el 11 de marzo de 2021, cuando se aceptó su renuncia, lo
que ocurrió doce meses antes de la elección que aconteció el 13 de marzo de
2022, sin que deba entenderse que la inscripción que determina el elemento
temporal de la inhabilidad invocada.
Informó que el Consejo Nacional Electoral no recibió solicitud alguna de
revocatoria de la inscripción de la candidatura del demandado, por lo que la
única forma de controvertir su elección es a través del medio de control de
nulidad electoral.
3.3. Tercero interviniente
El señor Oromario Avella Ballesteros intervino en los trámites con radicado
2022-00069-00 y 2022-00045-00. En el primero se opuso al decreto de la
medida cautelar allí solicitada manifestando que las inhabilidades son taxativas
y su interpretación restrictiva, lo que impide el uso de cualquier analogía o
extensión.
En cuanto a su intervención en el proceso 2022-00045-00, advirtió que el
demandante señaló un video de YouTube sin precisar su origen o autor, ni las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollaron los hechos.
Precisó que la jurisprudencia de esta Sala exige que el cargo de violencia
contra el elector debe probar, no solo la existencia del hecho violento, sino la
forma como dicha violencia alteró el resultado de la elección19.
En el contexto de los dos procesos destacó que, si bien se demostró que el
demandado se desempeñó como secretario de gobierno de Yopal, y en algunas
ocasiones como alcalde encargado, estas funciones las cumplió por fuera de la
restricción para elegirse congresista, toda vez que su renuncia se aceptó el 11
de marzo de 2021, esto es, dos días antes de iniciar el término de los doce
meses anteriores a la elección consagrado en la norma inhabilitante, que para
este caso iniciaba el 13 de marzo de 2022.
4. Fijación del litigio
De acuerdo con las consideraciones del auto del 8 de septiembre de 2022, el
litigio se fijó en los siguientes términos:
“En este caso debe determinarse si hay lugar o no a declarar la nulidad de
la elección del señor Hugo Alfonso Archila Suárez como representante a la
19 Citó la sentencia del 9 de mayo de 2019. Exps: 2018-00035 y 2018-00033.
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Cámara por el departamento de Casanare. De manera concreta debe
determinarse:
• Si el demandado incurrió en corrupción al electorado, esto es, violación a
los artículos 40 y 258 de la Constitución, al coercionar a los contratistas de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal al ofrecer estabilidad
laboral por 6 años a cambio de su voto.
• Si el demandado está incurso en la inhabilidad del numeral 2 del artículo
179 de la Constitución, por haber ejercido jurisdicción o autoridad política,
civil, administrativa o militar en el departamento de Casanare al haberse
desempeñado como alcalde encargado de Yopal y secretario del
Despacho.
Frente a este punto debe estudiarse si en el factor temporal, para preservar
el efecto útil de la norma, esta inhabilidad opera desde el día de las
elecciones o desde el día de la inscripción del candidato.
• Si el demandado está incurso en la inhabilidad consagrada en el numeral
8 del artículo 179 de la Constitución, así como en el numeral 8 del artículo
280 de la Ley 5 de 1992, puesto que en los meses de noviembre y
diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, se desempeñó como alcalde
encargado de Yopal y secretario del Despacho, sin separarse de las
funciones del empleo del que era titular. Debe resolverse si quien aspire a
la elección popular no puede tener la calidad de servidor público en el
momento de la inscripción como candidato.”
Esta providencia cobró firmeza por cuanto no se presentaron recursos.
5. Alegatos de conclusión
5.1. De la demandante Laura Andrea González Marín
Reiteró el fundamento de su demanda.
5.2. Del tercero Oromario Avella Ballesteros
Insistió en el argumento de su intervención en contra de las pretensiones de
anulación del acto de elección demandado. Afirmó que al momento en que fue
resuelta la medida cautelar, la otrora magistrada ponente del proceso 2022-
00069-00, reiteró la tesis según la cual el lapso de la inhabilidad es el que
transcurre doce meses anteriores a la elección.
Agregó que no se acreditó la causal de inhabilidad del numeral 8° del artículo
179 de la Carta, por cuanto, según lo expuso esta Sala20, la presentación de la
renuncia impide su configuración.
5.3. Del demandado
Su apoderado reiteró los argumentos de la defensa.
20 Exp: 11001-03-28-000-2018-00011-00.
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Adujo que la violencia psicológica alegada por la parte actora no se demostró
en este caso de cara a las exigencias que sobre el particular exige esta Sala21,
a saber, i) las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ii) que las dadivas fueron
otorgadas por el demandado para constreñir la voluntad del elector, iii) cuántos
ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago, y iv) la incidencia en el
resultado electoral.
6. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
los siguientes términos:
Indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una línea
jurisprudencial consolidada22 respecto de la causal de inhabilidad prevista en el
numeral 2° del artículo 179 de la Constitución Política, y en cuanto al factor
temporal estableció que es de doce meses anteriores a la elección.
Acerca de la inhabilidad de que trata el numeral 8° del artículo 179 Ibidem,
destacó que i) se busca que una misma persona sea elegida para más de una
corporación pública o cargo público o para una corporación y un cargo, y ii)
debe probarse que esas elecciones o nombramientos coincidieron en el tiempo.
Respecto de la violación de la libertad del sufragio, indicó que esta Sala precisó
que las prácticas electorales corruptas configuran la causal de nulidad de
infracción de las normas en que debe fundarse el acto, por desconocimiento de
los artículos 40-1 y 258 de la Carta, que deben ser estudiadas desde el punto
de vista subjetivo23.
Explicó que las causales de inhabilidad son taxativas y no pueden interpretarse
extensivamente sino siempre en forma restrictiva o estricta, esto es, el
intérprete solo puede tener en cuenta lo que la norma explícitamente menciona,
por lo que le está vedado ampliar el alcance natural y obvio de los supuestos
que la contemplan, por lo que no admiten analogías para hacerlas extensivas a
casos no comprendidos claramente en la prohibición.
Al descender al caso concreto, indicó que en el proceso se acreditó que el
demandado ejerció como empleado público (factor subjetivo), que como
secretario de gobierno ejerció autoridad administrativa (factor subjetivo), entre el
1° de enero de 2020 y el 11 de marzo de 2021, dentro de la circunscripción
donde el demandado inscribió su candidatura a la Cámara de Representantes.
21 Sentencia del 21 de enero de 2021. Exp: 66001-23-33-000-2019-00777-01.
22 Citó las siguientes providencias: Sentencia de 25 de octubre de 2018. Exp: 11001-03-28-000-
2018-00018-00; sentencia de 15 de abril de 2015. Exp: 11001-03-28-000-2014-00021- 00;
sentencia de 16 de mayo de 2019. Exp: 11001-03-28-000-2018-00628-00; sentencia de 24 de
noviembre de 2018. Exp: 11001-03-28-000-2018-00029-00; y sentencia de 30 de mayo de
2019. Exp: 11001-03-28-000-2018-00091-00.
23 Sentencia del 16 de mayo de 2018. Exp: 11001-03-28-000-2018-00084-00.
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Sostuvo que, sin embargo, el numeral 2° del artículo 179 de la Constitución
Política establece como extremo temporal el de doce meses antes de la
elección, que en este caso aconteció el 13 de marzo de 2022, y en atención a
que el demandado renunció el 11 de marzo de 2021, concluyó que no se
cumplió el elemento temporal de la causal de inhabilidad.
Acerca de la inhabilidad del numeral 8° Ibidem, afirmó que la jurisprudencia
avala la postura según la cual la renuncia de la persona a la dignidad que venía
desempeñando impide su configuración.
Sobre la violación de la libertad del sufragio alegada, afirmó que del video
aportado para probar esta irregularidad no emerge con contundencia que el
demandado incurrió en prácticas corruptas o que de manera inequívoca existió
una organización criminal de la que el demandado hiciera parte o tuviera
conocimiento, pues no se encuentra plenamente probada su participación o
intervención, por lo que se requieren más elementos de juicio que llevan a la
certeza de la situación expuesta por la parte demandante.
Con base en lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de las
demandas acumuladas.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en única instancia de la demanda
promovida contra el acto de elección del señor Hugo Alfonso Archila Suárez
como representante a la Cámara por el departamento de Casanare para el
periodo 2022-2026, contenido en el Formulario E 26 CAM del 20 de marzo de
2022, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3°24 del artículo 149 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 201925.
2. El acto acusado
El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto el contenido en el
24
“3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del
Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la
Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor
de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas
del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de
regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta
ley.”
25 Acuerdo 80 de 2019. Artículo 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS
SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo
Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.”
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Formulario E 26 CAM del 20 de marzo de 2022, mediante el cual se declaró la
elección del señor Hugo Alfonso Archila Suárez como representante a la
Cámara por el departamento de Casanare para el periodo 2022-2026.
3. Problema jurídico
En este caso debe determinarse si hay lugar o no a declarar la nulidad de la
elección del señor Hugo Alfonso Archila Suárez como representante a la
Cámara por el departamento de Casanare. De manera concreta debe
determinarse:
• Si el demandado incurrió en corrupción al electorado, esto es, violación a los
artículos 40 y 258 de la Constitución, al coercionar a los contratistas de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal al ofrecer estabilidad laboral
por 6 años a cambio de su voto.
• Si el demandado esta incurso en la inhabilidad del numeral 2 del artículo 179
de la Constitución, por haber ejercido jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar en el departamento de Casanare al haberse
desempeñado como alcalde encargado de Yopal y secretario del Despacho.
Frente a este punto debe estudiarse si en el factor temporal, para preservar el
efecto útil de la norma, esta inhabilidad opera desde el día de las elecciones o
desde el día de la inscripción del candidato.
• Si el demandado está incurso en la inhabilidad consagrada en el numeral 8 del
artículo 179 de la Constitución, así como en el numeral 8 del artículo 280 de la
Ley 5 de 1992, puesto que en los meses de noviembre y diciembre de 2020 y
enero y febrero de 2021, se desempeñó como alcalde encargado de Yopal y
secretario del Despacho, sin separarse de las funciones del empleo del que era
titular. Debe resolverse si quien aspire a la elección popular no puede tener la
calidad de servidor público en el momento de la inscripción como candidato.
3. El caso concreto
3.2. Solución
Los planteamientos del problema jurídico se abordarán de la siguiente manera:
3.2.1. Corrupción al elector
En este acápite se analizará el siguiente planteamiento de la fijación del litigio:
“Si el demandado incurrió en corrupción al electorado, esto es, violación a
los artículos 40 y 258 de la Constitución, al coercionar a los contratistas de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal al ofrecer estabilidad
laboral por 6 años a cambio de su voto.”
Esta Sala se ha pronunciado en el sentido de señalar que el voto debe
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ejercerse de manera libre, informada y responsable, sin que los electores se
vean obligados directa o indirectamente a depositarlo en favor de determinada
opción política, sino de acuerdo con sus convicciones, y que su ejercicio se
afecta tanto con la violencia física o psicológica contra el votante como a través
de la persuasión indebida por medio de la entrega de prebendas o regalos de
cualquier tipo26:
“Teniendo en cuenta la relevancia del voto y su doble perspectiva de
derecho y deber, es que el artículo 258 Constitucional le atribuye unas
características y garantías especiales que buscan blindarlo frente a todas
las conductas que lo puedan viciar, por ello impone al Estado la
responsabilidad de velar porque el voto se ejerza sin coacción y de manera
secreta.
Que no sea objeto de coacción, implica que sea libre, que los ciudadanos
tengan la oportunidad de votar de manera informada y responsable, sin ser
obligados directa o indirectamente, a depositar su voto en las urnas de una
manera u otra.
Es así como la ciudadanía tiene el derecho y el deber de votar según sus
convicciones, por lo que se debe garantizar el voto libre de todo tipo de
presiones, pues tanto afecta su ejercicio la violencia física o sicológica
contra el votante como su persuasión indebida a través de la entrega de
prebendas o regalos de cualquier tipo.
Lo anterior, por cuanto tal y como lo advirtió la Corte Constitucional en la
providencia antes referida, cualquier desconocimiento de la naturaleza y
características del voto puede acarrear la nulidad de la elección o del voto
individualmente considerado.”
Para esta Sección, la violencia psicológica sobre el elector implica actos de
“constreñimiento, la coacción o cualquier tipo de situación que anule su libertad
de escoger libremente la opción para ejercer el derecho al voto, lo cual incluye
el otorgamiento de dádivas considerado por el derecho penal como delito de
corrupción al sufragante (…).”27
Acerca del alcance de la causal de nulidad consistente en la corrupción del
sufragante, la Sala ha dicho que “la corrupción de las prácticas electorales
constituye una clara violación de los artículos 40 y 258 Constitucionales
anteriormente desarrollados, toda vez que se afecta el voto libre y secreto y el
derecho a elegir y ser elegido sin coacción alguna, lo cual redunda, se insiste
en orden democrático que debe regir un Estado Social de Derecho como el
colombiano (…) la alteración indebida de la voluntad de los electores a través
de presiones de cualquier tipo que afecten su libertad y vicien el voto, como
por ejemplo, la corrupción a través de coacción a los votantes o el
ofrecimiento y/o entrega de dádivas para que acudan a las urnas en un
sentido determinado, desconocen principios democráticos fundantes.”28
(Destacado por la Sala)
26 Sentencia del 16 de mayo de 2019. Exp: 11001-03-28-000-2018-00084-00.
27 Providencia del 21 de enero de 2016. Exp: 11001-03-28-000-2014-00030-00.
28
Sentencia del 16 de mayo de 2019. Exp: 11001-03-28-000-2018-00084-00.
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En el mismo pronunciamiento se puso de presente que la violencia contra el
elector se cataloga clásicamente como una causal objetiva de nulidad, en los
términos del numeral 1° del artículo 275 del CPACA, sin embargo, en el
contexto que nos ocupa, el reparo de anulación se analiza como una causal
subjetiva, por lo que no se requiere determinar la incidencia en el resultado de
la elección bajo esa circunstancia:
“Adicionalmente se advierte que las prácticas relacionadas con la compra
de votos han sido catalogadas clásicamente por la jurisprudencia de esta
Sección como violencia sicológica contra el elector y se han analizado
como una causal objetiva a la luz de lo establecido en el numeral 1 del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 que establece como una causal
específica de nulidad electoral el haber “ejercido cualquier tipo de violencia
sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales”.
Para la prosperidad de dicha casual jurisprudencialmente se ha exigido
la demostración algunos elementos específicos, a saber:
i) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar
que existió la violencia alegada, lo cual además del factor objetivo que
incluye que los constreñidos ejercieron el voto en determinadas zonas,
puestos y mesas, tiene un factor subjetivo, es decir que dicho voto se dio
como consecuencia de las dádivas ofrecidas y/o recibidas;
ii) Que, en caso de violencia sicológica, las dádivas fueron otorgadas por
los demandados con el propósito señalado por el demandante, es decir,
para constreñir la voluntad del elector,
iii) Cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago o
una promesa de dádiva; y
iv) Que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de modificar el
resultado electoral. 29
No obstante, con base en las consideraciones anteriormente expuestas
considera la Sala que el análisis de la incidencia de las prácticas
relacionadas con corrupción que afecten la libertad del elector deben
ser estudiadas no desde la óptica de la causal objetiva de nulidad
electoral, sino desde el punto de vista subjetivo caso en el cual no se
requeriría de la demostración taxativa de los requisitos en cita.
Lo anterior, por cuanto, como se expuso, la conducta de un candidato
que deliberadamente afecte la pureza del voto y que a través de
prácticas corruptas obtenga un resultado favorable en las urnas,
vulnera las normas de rango superior en que el acto electoral debe
fundarse.
(…)
Por lo tanto, las prácticas corruptas y antidemocráticas de candidatos
que busquen coartar por cualquier medio la libertad de los votantes
para obtener beneficios en los resultados electorales, constituye un causal
subjetiva de nulidad electoral para cuya prosperidad se debe demostrar
que el candidato ejerció directa o indirectamente la actividad irregular
29 Cita de la providencia: “Ver entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Expedientes 2012-00011-01 y 2014-00030-00 Providencias del
26 de febrero de 2014 y del 21 de enero de 2016, respectivamente. M.P. Dra. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.”
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o sabía de ella y con su anuencia se adelantó.
(…)
Es esta entonces la oportunidad para precisar por parte de la Sala que la
corrupción o las prácticas corruptas que se adelanten directa o
indirectamente por un candidato a cualquier elección popular
constituyen una causal de nulidad electoral de naturaleza subjetiva,
independiente a la clásica violencia que ha sido estudiada por la
Sección, toda vez que ésta se basa no en las causales específicas
consagradas en el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 sino en las
genéricas de que trata el artículo 137 de la misma ley, concretamente,
porque vulneran las normas en que el acto electoral debe fundarse.”
(Destacado por la Sala)
De acuerdo con lo anterior, los requisitos para acreditar la causal violencia en
un juicio objetivo de nulidad, tales como i) las circunstancias de tiempo, modo y
lugar; ii) la entrega efectiva de dádivas; ii) la cantidad de votantes que
sufragaron con ocasión de haber recibido el pago; y iv) la incidencia de ese
fraude en el resultado electoral, no son presupuestos apreciables en el marco
del control de legalidad bajo el escenario subjetivo por presuntas prácticas
corruptas para corromper al votante, tal como ocurre en el asunto que ocupa a
la Sala.
Ahora bien, la parte actora pretende demostrar la corrupción al sufragante, con
base en un registro de video de una noticia publicada en el medio periodístico
W Radio Colombia, en donde se expone una grabación fílmica en la que el
demandado se dirige a los contratistas de la EAAY, cuyo enlace aportó al
momento de presentar la demanda:
https://www.youtube.com/watch?v=PKyKq6OKKv0&abchanel=WRadioColombia
Al tenor de la tesis de esta Sala, enlaces como el anterior deben valorarse
como mensajes de datos30:
“En ese sentido, la Sección resalta que, además de los medios de
convicción de naturaleza documental aducidos por el accionante31, el
escrito genitor de este proceso fue presentado junto a un grupo de
fotografías y videos provenientes de la red social Instagram, aportados
mediante la identificación de los vínculos de ubicación en la web –links–,
que llevan a aseverar que la demanda tiene como sustento probatorio
verdaderos mensajes de datos, a las voces del artículo 247 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 21132 del
CPACA.
Al respecto, el citado artículo 247 preceptúa:
“VALORACIÓN DE MENSAJES DE DATOS. Serán valorados como
30 Sentencia del 3 de diciembre de 2020. Exp: 11001-03-28-000-2020-00016-00.
31 Cita de la Providencia: “Formularios de inscripción E-6 y pantallazos de fotografías.”
32 Cita de la providencia: “Art. 211. “Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado
en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de
Procedimiento Civil.” (Negrilla y subraya fuera de texto)”
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mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el
mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en
algún otro formato que lo reproduzca con exactitud.
La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de
conformidad con las reglas generales de los documentos.” (Negrilla y
subraya fuera de texto)
Se desprende de lo anterior que serán considerados como mensajes de
datos todos los documentos que hubieren sido allegados al expediente en
el formato en que fueron generados, a la manera como ocurre en esta
oportunidad en la que el demandante se sirve de las herramientas
tecnológicas necesarias para el efecto, esto es, los enlaces de
emplazamiento digital de las imágenes y videos que sustentarían la
prohibición de doble militancia.
Pues bien, en lo que respecta a los mensajes de datos, la Ley 52733 de
1999, en armonía con las directrices fijadas por la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional34, los definió
como toda aquella información “…generada, enviada, recibida, almacenada
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares…”35, y los
reconoció como medios de prueba en el marco de cualquier actuación
administrativa y judicial36, cobijando, por ende, los procesos de
nulidad electoral.” (Destacado por la Sala, subrayas del texto original)
Hecha esta precisión, se tiene que el registro visual al que conduce este enlace
está contenido en el canal de YouTube del medio periodístico W Radio
Colombia, donde los comunicadores panelistas advierten tener en su poder la
copia de una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía General de la
Nación por parte de contratistas de la EAAY, que incluye el video en cuestión
tomado al parecer por uno de estos servidores el día 17 de febrero de 2022, en
una reunión que al parecer sostuvo el demandado con dichos contratistas y
funcionarios en la ciudad de Yopal, donde les dijo que tenían que votar por él
para conservar sus puestos de trabajo y sus contratos.
En cuanto al contenido de la nota periodística del canal de YouTube de W
Radio Colombia, de entrada se advierte que la misma, así como las
conclusiones de los periodistas que presentan el video, no tienen valor de
convicción de manera autónoma.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se
33 Cita de la Providencia: “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.”
34 Cita de la Providencia: “Para conocer los antecedentes normativos de la Ley 527 de 1999,
puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Subsección “B”. Rad. 25000-23-26-000-2000-00082-01. M.P. Stella Conto Diaz del Castillo.
Sentencia de 13 de diciembre de 2017.”
35 Cita de la Providencia: “Art. 2° de la Ley 527 de 1999.”
36 Cita de la Providencia: “Art. 10 de la Ley 527 de 1999. “ADMISIBILIDAD Y FUERZA
PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los mensajes de datos serán admisibles
como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo
VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En toda
actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y
probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que
se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.”
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pronunció en el sentido de reiterar la tesis de la Corporación según la cual “los
reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas, noticias que aparecen en los
diversos medios de comunicación tiene valor probatorio si en conjunto
con otros medios de prueba, permiten determinar o corroborar hechos
alegados en el respectivo proceso. (…) Por sí solos, entonces, solo sirven
para determinar que un hecho se registró, sin que puedan tenerse como
prueba de lo que en ellos se dice reproducir.”, aunque amplió esta regla para
exceptuar los eventos en que se registran hechos notorios y se reproducen
declaraciones de servidores públicos.37 (Destacado por la Sala)
Postura que esta Sección reiteró en pronunciamiento del 17 de marzo de
201638 al indicar que “(…) las noticias en prensa u otro medio de comunicación,
solo pueden ser valoradas en conjunto con otros medios probatorios que
permitan corroborar los hechos alegados, excepto en el caso en que éstas
versen sobre hechos notorios o contengan declaraciones de funcionarios
públicos.”
Bajo estas precisiones, las noticias que aparecen en los medios de
comunicación tendrán valor probatorio siempre que se puedan analizar en
conjunto con otros medios de prueba que permitan determinar o corroborar los
eventos allí descritos, salvo que se trate de hechos notorios o declaraciones de
servidores públicos.
Al proceso no se aportaron medios de convicción que permitan conferir valor
probatorio a la versión expuesta por los periodistas panelistas, según las cuales
existe una denuncia anónima presentada por contratistas de la EAAY ante la
Fiscalía General de la Nación, que alguno de estos contratistas tomó la
videograbación que allí se expone, y que el demandado se dirigió a ellos para
decirles “palabras más palabras menos, que votaran por él para continuar con
sus contratos (…)”39
De este modo, la Sala advierte que la noticia presentada en el medio
periodístico W Radio Colombia, y en particular el dicho o conclusiones de los
periodistas que la difundieron, más allá de registrar el hecho, no tiene valor
probatorio autónomo y debe analizarse en conjunto con otros medios de
convicción.
Por lo tanto, la Sala se ocupará de analizar el contenido del video difundido con
la presentación de la noticia en cuestión, por estar dentro del mensaje de datos
aportado con la demanda y, por lo tanto, susceptible de ser valorado en esta
actuación judicial.
37 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del de julio del 14 de julio de 2015.
Exp: 11001-03-15-000-2014-00105-00.
38 Exp: 76001-23-33-000-2015-01577-01.
39 Conclusión de uno de los periodistas expuesta al minuto 1:26.
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Acerca de la autenticidad de esta clase de documentos40, el artículo 244 del
Código General del Proceso consagra que tienen esa condición aquellos sobre
los cuales “existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito,
firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el
documento.”, y que se presumen auténticos “mientras no hayan sido
tachados de falso o desconocidos, según el caso.” (destacado por la Sala)
De acuerdo con lo previsto en el artículo 269 del Código General del Proceso,
“La parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o
manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda,
si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en
que se ordene tenerlo como prueba. (…) Esta norma también se aplicará a
las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra
quien se aduzca.” (Destacado por la Sala)
En este asunto, aunque el demandado advirtió que de ese registro no se dio
cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, lo cierto es
que no lo tachó de falso, pues no negó ser la persona contra quien se aduce, es
decir, no expuso reparo en torno a advertir que no es quien aparece en el video,
menos aún negó el contenido del discurso que allí se escucha.
Así mismo, se tiene que el video data, al menos del 10 de marzo de 2022, fecha
de su divulgación en el canal de YouTube de W Radio Colombia, lo que
significa que esa reunión tuvo lugar antes de la fecha de las elecciones del 13
de marzo de 2022, es decir, durante la campaña del demandado.
En este video, aparece el demandado dirigiéndose a un grupo de personas, y al
fondo de la tarima donde expone su discurso, se aprecia el Logo del Partido
Liberal Colombiano, y los números 101, 102 y 103, que corresponden a los de
los candidatos de esa colectividad (101 es el del demandado).
Ahora bien, en este registro se observa al demandado dirigirse a un grupo de
asistentes en los siguientes términos: “porque la empresa le pertenece a los
yopaleños, este es el reto más grande, yo creo ustedes saben más que uno que
se ha prestado para cosas, para entregarlo, no lo vamos a permitir y yo creo
que un tema más importante complementa la protección de la empresa, viene
un proceso cámara 4 años, necesitamos garantizar estos 2 años de trabajo y 4
que vienen y estamos hablando de 6 años de estabilidad y eso le interesa a
todos los acá presentes, yo sé que con la ayuda de cada uno de los acá
presentes, de la familia, de los amigos, y de mi Diosito, vamos a lograr esta
curul. Primer punto, obtener la curul, y yo sé que vamos a lograrlo, y el
40 Los mensajes de datos son documentos según el artículo 243 del Código General del
Proceso, que establece: “Artículo 243. Distintas clases de documentos. Son documentos los
escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas
cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones,
contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter
representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.”
(Destacado por la Sala)
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segundo, es poder ser siempre, seguir siendo el mismo Hugo de siempre que
conoce la mayoría.”
Para esta Sala, lo dicho por el demandado en el discurso transcrito no se
enmarca en actos de corrupción al sufragante, como quiera que en manera
alguna condicionó la vigencia de los vínculos contractuales y laborales de los
servidores de la EAAY a que debían sufragar en su favor.
Para efectos de ilustrar lo que debe entenderse como una conducta que
configura corrupción al sufragante, la Sala considera útil traer a colación el
análisis efectuado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en el que interpreta el alcance de los verbos rectores previstos en el
artículo 390 del Código Penal. Desde ese punto de vista, el precedente de dicha
Corporación permitirá un análisis frente a las manifestaciones que se reprochan
al demandado, pero de cara al estudio de la causal subjetiva de nulidad que se
le endilga en esta oportunidad, pues es evidente que las resultas de una
investigación penal no es factor determinante para declarar la nulidad de una
elección.
Así, y a propósito del juzgamiento de la conducta del entonces candidato a
Gobernación del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco, al comprometerse con
los moradores de un asentamiento ilegal a mantenerlos en el terreno ocupado,
entre otras promesas, la referida Sala de Casación expuso41:
“Son diversos los bienes jurídicos protegidos a través del artículo 390 del
Código Penal, debiéndose nombrar, entre otros y pasando de lo particular a
lo general, el libre ejercicio de la voluntad del elector o libre determinación
del votante, el derecho a la participación política, la transparencia del
sistema electoral y, en el últimas, la estructura democrática del Estado
colombiano y/o principio democrático.
(…)
Es por lo anterior, por lo que el derecho al voto implica que los ciudadanos
puedan apoyar al candidato de su preferencia, tomando una decisión en
ejercicio de su libre albedrío. Por ello, cualquier intimidación, amenaza,
imposición o presión que se ejerza sobre su voluntad, comporta una
vulneración al bien jurídico de la libre determinación del votante o
derecho al sufragio.
Por el contrario, la simple invitación, la persuasión, la convocatoria, la
incitación, la exposición de propuestas e incluso las promesas de
bienestar común, con miras a seducir o inclinar hacia un lado u otro al
sufragante o a crearle expectativas favorables, no pueden ser tenidas
como afectación a la libre voluntad del elector, penalmente
reprochables.
En este sentido, no hay que perder de vista, que el derecho al sufragio no
sólo se compone de su faceta activa, referente al votante, sino que también
comprende el derecho al sufragio pasivo o lo que es lo mismo, el derecho
de los ciudadanos a presentarse como candidatos en los procesos
41
Sentencia del 30 de septiembre de 2020. Exp: SP3672-2020. Radicación: 57967.
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electorales y las formas de ejercerlo.
Es así, que el derecho al sufragio pasivo, no se restringe a los
requisitos o condiciones establecidas para ser titular de este derecho
(entre otros, nacionalidad, edad y no concurrencia de causas de
incapacitación), sino que se extiende a las condiciones que se deben
garantizar al candidato para darse a conocer, para tener la
oportunidad de presentarse a la ciudadanía, poner en conocimiento
sus propuestas, planes y por qué no, la posibilidad de conocer las
expectativas de la comunidad, sus requerimientos y necesidades.
Propuestas que naturalmente, lo que buscan es captar el voto del
ciudadano, convencerlo para sufragar a favor del candidato que las
hace, convirtiéndose la contienda electoral, vista desde esta
perspectiva, en un juego, en todo caso democrático, de “toma y
dame”.
Por ello resulta importante delimitar esa línea que separa las promesas
de dinero o dádivas indebidas reprochables a través del derecho penal,
de la estrategia electoral del candidato, de los propósitos que puede
tener y exponer el aspirante a la ciudadanía, en aras de seducirla con
su propuesta y encaminar su voluntad hacia el voto a su favor.
Promesas que entre otras, lógicamente, pueden relacionarse con políticas
sociales, que incluso en un país tan convulsionado como es el nuestro,
pueden y deben ser objeto de las campañas políticas, con miras a buscar
las mejores alternativas a la solución de los conflictos sociales que aquejan
a la comunidad.
Fíjese que incluso, las promesas que hace el aspirante, son las que de
una u otra forma, inclinan al sufragante, en ejercicio de su autonomía,
a decidir por una u otra propuesta. Ello es connatural a la contienda
electoral. Los ciudadanos eligen un candidato, atendiendo los ideales y
planteamientos que les son afines al destino político que desean para su
comunidad, en pro de un bienestar común, que por lo mismo, puede
tener también repercusiones individuales. Y no por ello, tales
propuestas pueden ser tenidas como penalmente sancionables.
En este sentido, no toda promesa o compromiso que un candidato
hace con la comunidad a cambio de su voto, puede ser tenida, a
literalidad, como aquella que pretende reprimir la norma. Ella debe ser
leída, desde el punto de vista de afectación grave al bien jurídico, en el
caso de los delitos electorales y en concreto al delito de corrupción al
sufragante, al bien jurídico de la libre determinación del votante.”
(Destacado por la Sala)
Bajo el contexto del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, se puede
colegir que lo que busca evitar el legislador con la descripción típica de la
conducta reprochable, es prohibir cualquier intimidación, amenaza, imposición o
presión que condicione la voluntad del sufragante y, por ende, comprometa su
libre ejercicio del sufragio.
Por el contrario, las propuestas que un candidato plantea ante sus potenciales
electores, con miras a convencerles de depositar el voto en su favor, se
enmarcan más en una estrategia electoral que busca encaminar la voluntad del
votante, aún si tales propuestas o promesas implican repercusiones individuales
favorables al eventual elector.
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00046-00 (Acumulado)
En este asunto, al revisar el discurso que el demandado esbozó ante los
presuntos empleados y contratistas de la EAAY, planteándoles proteger la
empresa y estabilidad por seis años, en manera alguna puede catalogarse
como una intimidación a dichos electores para que, bajo la presión y/o amenaza
de no conservar sus vínculos laborales o contractuales, debieran depositar su
voto por él.
Más bien, como se puede colegir, la promesa de la protección y estabilidad
planteada por el demandado ante quienes presuntamente eran empleados y
contratistas de la EAAY, buscó convencerles de la posibilidad de tener
permanencia en sus vínculos, como una forma de fortalecer la empresa, que es
el reto que se impone el demandado en su discurso, pero siempre, claro está,
con cargo al libre albedrío de los sufragantes.
Por lo tanto, si en gracia de discusión la prueba aportada por la parte actora
debiera ser objeto de valoración, la conclusión de esta Sala sería que la
conducta que se reprocha al demandado no configura causal de nulidad por
infracción de los artículos 40-1 y 258 de la Constitución Política.
Con todo, al no haberse probado que el demandado incurrió en conductas que
se enmarcan en corrupción del sufragante, este reparo no está llamado a
prosperar.
3.2.2. Inhabilidad del demandado por el ejercicio de autoridad política, civil
o administrativa, dentro de la jurisdicción en la que resultó electo
En este acápite se estudiarán los siguientes planteamientos de la fijación del
litigio:
“- Si el demandado esta incurso en la inhabilidad del numeral 2 del artículo
179 de la Constitución, por haber ejercido jurisdicción o autoridad política,
civil, administrativa o militar en el departamento de Casanare al haberse
desempeñado como alcalde encargado de Yopal y secretario del
Despacho.
Frente a este punto debe estudiarse si en el factor temporal, para preservar
el efecto útil de la norma, esta inhabilidad opera desde el día de las
elecciones o desde el día de la inscripción del candidato.”
En ese orden, se estudiará si el demandado está incurso en la causal de
inhabilidad prevista en el numeral 2° del artículo 179 de la Constitución Política,
que establece que no podrán ser congresistas “Quienes hubieren ejercido,
como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o
militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.”
En primer lugar, se estudiará el reparo del demandante del proceso 2022-
00045-00 quien solicitó “Aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente al
factor “día de la elección” contenido en el numeral 2 del artículo 179 dado que
no garantiza el efecto útil de la norma, en especial el proceso electoral (…)”
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Al respecto, no deja de llamar la atención de esta Sala que la parte actora
invoque la excepción de inconstitucionalidad de parte de un precepto de la
Constitución Política, aspecto a todas luces improcedente si se tiene en cuenta
que el artículo 4° Superior prevé, precisamente, que “La Constitución es norma
de normas.”, por lo que “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución
y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.”
En ese entendido, el control difuso de constitucionalidad se lleva a cabo en los
casos en que una norma de rango legal sea esta la ley, los decretos,
ordenanzas u otros actos administrativos, contienen supuestos contrarios o
incompatibles con los preceptos de rango superior previstos en la Carta Política,
en tanto “se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter
partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la
aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y
evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución
Política.”42 (Destacado por la Sala)
Así, no es procedente realizar un control de constitucionalidad de una norma
que, en criterio del actor, es contraria a un precepto constitucional, ya que dicho
control se aplica respecto de normas de inferior jerarquía.
Con todo, si hubiera lugar a analizar la excepción propuesta a partir del texto de
la causal de inhabilidad prevista en el numeral 2° del artículo 280 de la Ley 5°
de 1992, que establece que no podrán ser congresistas “Quienes hayan
ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de
la elección.”, también invocada en los procesos acumulados, tampoco habría
lugar a inaplicarlo por inconstitucional en tanto no se advierte que sea contrario
al que describe esta causal de inhabilidad en el canon superior, incluso su
descripción es idéntica.
De ahí que se pueda colegir que la intención del legislador converge con la que
en su momento tuvo el constituyente derivado para establecer la restricción
para el ejercicio de la dignidad de congresista, al inhabilitar a quien haya
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de
la elección.
De otro lado, el actor justificó la excepción propuesta con fundamento en un
pronunciamiento de la Sala Plena de esta Corporación43, en el que se definió el
alcance del elemento temporal de la causal de inhabilidad prevista en el
numeral 5° del artículo 179 de la Constitución Política, que establece que no
podrán ser congresistas “Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de
afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.”
42
Corte Constitucional. Sentencia SU132 de 2013.
43 Sentencia del 29 de enero de 2019. Exp: 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU).
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Advirtió que si bien la cita de jurisprudencia se refirió al numeral 5° del artículo
179, los argumentos allí expuestos acerca de la inhabilidad de que trata el
numeral 5° del artículo 179, pueden satisfacer el objetivo de la inhabilidad que
persigue con el presente medio de control.
Todo lo anterior para ilustrar que la inhabilidad de que trata el numeral 2° del
artículo 179 de la Carta44 debe entenderse que se configura desde el momento
de la inscripción de la candidatura, porque a partir de ahí se reprocha la
obtención de una ventaja que amenaza el equilibrio de la contienda política.
Pues bien, en esa oportunidad, la Sala Plena unificó los criterios disimiles al
interior de la Corporación acerca del factor temporal en el que opera la
inhabilidad por parentesco para aspirantes a cargos de elección popular, a
saber i) el de la Sección Quinta según el cual la inhabilidad se configura cuando
el pariente del elegido ejerce autoridad civil entre el momento de la inscripción
de la candidatura y el día que se declara la elección, y ii) el de la Sala Plena
decantado en asuntos de pérdida de investidura, según el cual la inhabilidad
tiene lugar cuando la autoridad civil se ejerce el día de las votaciones.
El Consejo de Estado resolvió “UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA en el sentido
de señalar que la interpretación del elemento temporal de la causal de
inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política,
que más se ajusta y garantiza los principios y valores democráticos, es aquella
que configura la inhabilidad desde el día de la inscripción de la candidatura al
cargo de elección popular y hasta el día en que se realiza la elección, inclusive,
(…)”
Como parte de su justificación, el pleno de la Corporación señaló que el hecho
de que las inhabilidades operen con anterioridad a la elección tiene como
finalidad i) La defensa del equilibrio de la contienda política, en igualdad de
oportunidades, y ii) la moralidad y transparencia de los procesos democráticos.
Luego, señaló que “Si a la finalidad genérica de las inhabilidades se integra la
finalidad específica de la inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo
179 constitucional, que es evitar el nepotismo, la creación de dinastías
familiares en materia electoral e impedir que el candidato se valga de las
prerrogativas de algún pariente que ostenta un cargo público, porque así
se salvaguardan los principios de igualdad en el acceso a los cargos
públicos45, así como los de trasparencia y moralidad, la Sala observa que la
inhabilidad conocida como “ejercicio de autoridad por parte de pariente”,
garantiza en mayor grado los mandatos de optimización señalados si
44 Según el cual no podrán ser congresistas “Quienes hubieren ejercido, como empleados
públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses
anteriores a la fecha de la elección.”
45 Cita de la providencia: “En el mismo sentido Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 4 de junio de 2009, radicado Nº540012331000200700376 01 C.P. Filemón Jiménez Ochoa y
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de mayo de 2013 Radicado Nº 17001-23-
31-000-2011-00637-01 CP. Alberto Yepes Barreiro.”
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opera durante el proceso electoral y no limitada al día de la elección.”
(Destacado por la Sala)
En este punto, el pleno de la Corporación precisó que “Así lo ha sentado la
Sección Quinta del Consejo de Estado al señalar que el proceso electoral “no
se limita al día de las elecciones, toda vez que, el resultado de las votaciones
es consecuencia de una serie de acciones previas al día de los comicios, en las
cuales el aspirante debe “convencer” a los electores de depositar su voto por
él”46.
Por lo anterior, el demandante considera que, en atención a que el proceso
electoral no se limita al día de las elecciones, sino que es consecuencia de
actos previos a esta, los argumentos de la Sala Plena acerca del elemento
temporal de la inhabilidad de que trata el numeral 5° del artículo 179, pueden
satisfacer el objetivo de la inhabilidad de que trata el numeral 2° Ibídem, por lo
que debe entenderse que la limitante allí consagrada se configura desde el
momento de la inscripción de la candidatura, porque es desde ese instante que
se reprocha la obtención de una ventaja que amenaza el equilibrio de la
contienda política.
No obstante lo expuesto, la Sala debe precisar que, aun bajo el entendido que
la finalidad de las inhabilidades consiste en salvaguardar la igualdad de la
contienda electoral y evitar el acceso a la función pública de personas cuya
situación pueda prestarse para conductas lesivas de valores superiores, no se
debe perder de vista que, en todo caso, su interpretación debe ser restrictiva,
esto es, sin contemplaciones más allá de las previstas en el texto legal, tal
como lo precisó esta Sala47:
“Así entonces, al momento de establecer la configuración de una
inhabilidad, prima el criterio interpretativo restrictivo, entendido en la
forma como se señaló en precedencia y, de ninguna manera, el estudio
que emprenda el operador judicial puede conllevar extensiones,
analogías o interpretaciones amplias, que conlleven a la aplicación del
presupuesto normativo a situaciones diversas a las previstas por el
constituyente y/o el legislador, o a vaciar de contenido las mismas en
detrimento de su eficacia.
(…)
Por manera que la interpretación restrictiva, como se viene diciendo,
implica que el operador judicial se limite a los verbos rectores que el
legislador o el constituyente emplearon en la redacción de la causal,
sin extender su interpretación a otros distintos que no se encuentren
contenidos en la norma.” (Destacado por la Sala)
46 Cita de la providencia: “En el mismo sentido Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 4 de junio de 2009, radicado Nº540012331000200700376 01 C.P. Filemón Jiménez Ochoa y
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de mayo de 2013 Radicado Nº 17001-23-
31-000-2011-00637-01 CP. Alberto Yepes Barreiro.”
47
Sentencia del 30 de septiembre de 2021. Exp: 66001-23-33-000-2020-00499-03 (66001-
23-33-000-2020-00494-01).
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Con base en lo expuesto, la Sala no comparte, en manera alguna, la tesis de la
parte demandante según la cual el elemento temporal de la inhabilidad por
parentesco de que trata el numeral 5° del artículo 179 Superior, decantado en la
jurisprudencia, deba aplicarse al elemento temporal de la causal prevista en el
numeral 2° Ibidem, toda vez que la interpretación restrictiva de estas
limitaciones no permite contemplar su extensión, sea por similitud o analogía, al
contenido y alcance de otras instituciones inhabilitantes que conlleven a aplicar
la prohibición a otros supuestos no previstos en los dictados legales.
Por lo tanto, cuando el numeral 2° del artículo 179 de la Constitución Política
establece que no podrán ser congresistas “Quienes hubieren ejercido, como
empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o
militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.”, implica
entender que el elemento temporal allí previsto acarrea que la autoridad “debe
ejercerse durante los doce meses anteriores a la fecha de la elección, es
decir, partimos de un extremo temporal final que sería el día de la
celebración de los respectivos comicios, para contabilizar el término
inhabilitante hacía atrás hasta completar los doce meses, que constituiría el
extremo temporal inicial de esta factor temporal.”48 (Destacado por la Sala)
Sería loable que las inhabilidades por ejercicio de autoridad (179.2 y 179.5)
guardaran consonancia en cuanto a los extremos temporales.
Sin embargo, el constituyente fue específico en determinar qué para el caso del
179.2 señaló que tuviera un extremo temporal final al día de la elección y uno
inicial, comprendido en un año antes a ésta.
Mientras que para la causal 179.5 no se precisó un extremo temporal final, por
lo que fue necesario se manera restrictiva fijarlo mediante sentencia de
unificación.
De este modo, se concluye que el factor temporal de la norma, opera desde el
día de las elecciones, hacía atrás, y no desde el día de la inscripción del
candidato.
Ahora bien, de cara a establecer si el demandado está incurso en la causal de
inhabilidad de que trata el numeral 2° del artículo 179 Superior, en
concordancia con la causal de inhabilidad prevista en el numeral 8° del artículo
280 de la Ley 5° de 1992, que en idénticos términos establece que no podrán
ser congresistas “Quienes hayan ejercido, como empleados públicos,
jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce
(12) meses anteriores a la fecha de la elección.”, la Sala revisará las pruebas
relevantes para abordar el análisis del asunto.
48
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 30 de mayo de 2019. Exp: 11001-03-28-
000-2018-00091-00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-00601-00).
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Antes del análisis que corresponde, conviene destacar que esta Sala precisó
como elementos de esta casual los siguientes: i) el subjetivo, que exige que el
aspirante o electo se haya desempeñado como empleado público; ii) el material,
relacionado con el ejercicio de autoridad civil o política, administrativa o militar;
iii) el espacial, en cuanto refiere que la operatividad de la inhabilidad se
circunscribe al territorio donde se lleve a cabo la respectiva elección; y iv) el
elemento temporal, según el cual dicha autoridad debe ejercerse durante los
doce meses anteriores a la fecha de la elección49.
En el mismo pronunciamiento, la Sala advirtió que “es necesario la
materialización concurrente de todos los elementos50 mencionados en el
párrafo anterior para que el juez electoral pueda decretar la configuración de la
causal de nulidad contenida en el artículo 179.2 Superior. En ese orden de
ideas, si faltare alguno de ellos, no habrá lugar a decretar la anulación de
la elección bajo el amparo de dicho presupuesto normativo.” (Destacado por la
Sala)
Hecha esta precisión, la Sala comenzará por el análisis del elemento temporal
de la inhabilidad, y de encontrarlo acreditado, descenderá al análisis de los
demás.
Por el contrario, si eventualmente se concluyera que no se configuró el factor
temporal de la causal de inhabilidad, la Sala se abstendrá de estudiar los
restantes dado que, se reitera, se deben materializar todos los elementos de
manera concurrente, por lo que a falta de alguno no habrá lugar a declarar la
nulidad de la elección demandada.
En ese orden, en este trámite acumulado se acreditó que por medio del Decreto
0001 del 1° de enero de 2020, el alcalde municipal de Yopal, Casanare, nombró
al demandado en el cargo de secretario de gobierno código 020 grado 03, cargo
del cual tomó posesión en la misma fecha según Acta 003 de 2020.
Mediante Resolución 090 del 20 de febrero de 2020, el alcalde municipal de
Yopal asignó sus funciones al demandado por los días 24, 25, 26, 27 y 28 de
febrero de 2020, lapso correspondiente a la comisión conferida al
burgomaestre.
A través de la Resolución 194 del 3 de junio de 2020, el referido alcalde
49
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 30 de mayo de 2019. Exp: 11001-03-28-
000-2018-00091-00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-00601-00).
50 Cita de la providencia: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00018-00. Sentencia de 25 de octubre de 2018.
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2014-00021-00. Sentencia de 15
de abril de 2015. M.P. Susana Buitrago Valencia; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00628-00. Sentencia de 16
de mayo de 2019. M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00029-00. Sentencia de 24
de noviembre de 2018. M.P. Alberto Yepes Barreiro.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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encargó al demandado en el empleo de Alcalde Código 005, durante los días 4
y 5 de junio de 2020, y le asignó todas las funciones de ese cargo sin separarlo
de las del empleo del que era titular.
Por Resolución 319 del 27 de octubre de 2020, el alcalde municipal de Yopal
asignó las funciones de su empleo al demandado, por los días 27, 28 y 29 de
octubre de 2020, sin separarlo de las funciones de su cargo, mientras la
ausencia del burgomaestre por comisión.
Con la Resolución 330 del 4 de noviembre 2020, el alcalde municipal de Yopal
asignó las funciones de su cargo al demandado, por los días 4 y 5 de
noviembre de 2020, que correspondían con una comisión, sin separarlo de las
funciones de su empleo.
Mediante la Resolución 335 del 9 de noviembre de 2020, el referido mandatario
local asignó sus funciones al demandado por los días 9, 10 y 11 de noviembre
de 2020, mientras su ausencia por comisión, y sin separar al asignatario de las
funciones de su cargo.
Similar circunstancia se materializó en la Resolución 371 del 14 de diciembre de
2020, por los días 14, 15, y 16 de diciembre de 2020.
A través de la Resolución 001 del 4 de enero de 2021, el alcalde municipal de
Yopal encargó y asignó las funciones de su empleo al demandado, a partir del 4
de enero de 2021 y durante los días 5, 6, 7 y 8 siguientes, sin separarlo de las
funciones de su cargo, mientras la ausencia del burgomaestre por permiso.
Por Resolución 011 del 14 de enero de 2021, el mandatario local bajo cita
asignó las funciones de su empleo al demandado, por los días 15 y 16 de enero
de 2021, sin separarlo de las funciones de su cargo, mientras la ausencia del
alcalde por comisión.
De forma similar, mediante la Resolución 049 del 16 de febrero de 2021 se
asignaron las funciones de alcalde al demandado, por el día 17 de febrero de
2021, al igual que en la Resolución 060 del 24 de febrero de 2021 por el día 25
de febrero de 2021.
A través de la Resolución 076 del 5 de marzo de 2021, el alcalde municipal de
Yopal encargó las funciones de su empleo al demandado, por los días 6, 7 y 8
de marzo de 2021, sin separarlo de las funciones de su cargo, mientras la
ausencia del burgomaestre por permiso.
El 10 de marzo de 2021, el señor Hugo Alfonso Archila Suárez, demandado,
presentó renuncia al cargo de secretario de gobierno.
Por medio de la Resolución 046 del 11 de marzo de 2021, el alcalde municipal
de Yopal aceptó la renuncia presentada por Hugo Alfonso Archila Suárez, al
cargo de secretario de gobierno.
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El Partido Liberal Colombiano otorgó aval al hoy demandado Hugo Alfonso
Archila Suárez, para presentarse por esa colectividad a las elecciones a la
Cámara de representantes por el departamento de Casanare, periodo 2022-
2026, según se verifica en la Resolución 6952 del 6 de diciembre de 2021,
suscrita por el director nacional y el secretario general.
Conforme se aprecia en el Formulario E 6 CT, el demandado inscribió su
candidatura para la Cámara de Representantes, por el Partido Liberal
Colombiano, el día 13 de diciembre de 2021.
El 13 de marzo de 2022 se llevaron a cabo las elecciones para conformar la
Cámara de Representantes y el Senado del Congreso de la República.
Según el Formulario E 26 CAM, el señor Hugo Alfonso Archila Suárez fue
elegido como Representante a la Cámara por el departamento de Casanare,
periodo 2022-2026.
Como se aprecia en el contenido del Formulario E 28, los miembros de la
Comisión Escrutadora General expidieron la credencial que acredita la
condición del demandado como representante a la Cámara por el departamento
de Casanare.
Según las pruebas destacadas, el demandado se desempeñó como secretario
de gobierno, y ocasionalmente como alcalde encargado, pero sin separarse de
las funciones de su empleo, entre el 1° de enero de 2020 y el 11 de marzo de
2021, fecha en la que se aceptó su renuncia.
La fecha de las elecciones para el Congreso de la República tuvo lugar el 13 de
marzo de 2022.
Entre la renuncia del señor Hugo Alfonso Archila Suárez al cargo de secretario
de gobierno, 11 de marzo de 2021, y la fecha de su elección, 13 de marzo de
2022, trascurrieron más de doce meses.
El supuesto temporal de la inhabilidad deprecada por el extremo demandante,
la del numeral 2° del artículo 179 Superior, se refiere a que la autoridad civil o
política del aspirante o electo, debe ejercerse dentro de los doce meses
anteriores a la fecha de la elección.
Como entre la fecha de la renuncia del demandado y la fecha de los comicios
trascurrió un lapso mayor a doce meses, se concluye que la causal de
inhabilidad deprecada en su contra no se configuró y, por lo tanto, este cargo de
la demanda no está llamado a prosperar.
3.2.2. Inhabilidad el demandado por convergencia de periodos
En este acápite, se analizará el último planteamiento de la fijación del litigio, a
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saber:
“- Si el demandado está incurso en la inhabilidad consagrada en el numeral
8 del artículo 179 de la Constitución, así como en el numeral 8 del artículo
280 de la Ley 5 de 1992, puesto que en los meses de noviembre y
diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, se desempeñó como alcalde
encargado de Yopal y secretario del Despacho, sin separarse de las
funciones del empleo del que era titular. Debe resolverse si quien aspire a
la elección popular no puede tener la calidad de servidor público en el
momento de la inscripción como candidato.”
A juicio de la demandante del proceso 2022-00046-00, por cuenta de los cargos
desempeñados, el congresista electo está incurso en la causal de inhabilidad
prevista en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, conforme al
cual “Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni
para una corporación o un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el
tiempo, así sea parcialmente”. en concordancia con el numeral 8° del artículo
280 de la Ley 5° de 1992, que establece que no podrán ser elegidos
congresistas “Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo
público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos
coinciden con el tiempo, así sea parcialmente.”51
Para la demandante, la persona que aspire a ser elegida en el cargo de
congresista no puede tener la calidad de servidor púbico en el momento de la
inscripción de su candidatura, por lo que debe formalizar su renuncia antes de
ese momento, so pena de estar incurso en la prohibición de las normas
referidas.
El texto completo del numeral 8° del artículo 179 de la Carta Política, establece
que “Nadie podrá ser elegido para más de una Corporación o cargo público, ni
para una Corporación y un cargo si los respectivos períodos coinciden en el
tiempo, así fuere parcialmente52. (Destacado por la Sala)
A su turno, el texto completo del numeral 8° del artículo 280 de la Ley 5° de
1992 dispone que no podrán ser congresistas: “Quienes sean elegidos para
más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si
los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea parcialmente. Salvo
en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad
antes de la elección correspondiente.” (Destacado por la Sala)
51 El texto completo del numeral 8° del artículo 280 de la Ley 5° de 1992 es el siguiente:
“Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y
un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea parcialmente. Salvo en los
casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección
correspondiente.”
52 El numeral 8 había sido modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003, el cual a su vez fue
declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-332 de 2005 por
vicios de procedimiento. En conclusión, el numeral 8° del artículo 179 de la Constitución Política
se encuentra vigente desde el momento en que fue expedido por la Asamblea Nacional
Constituyente hasta el día de hoy, sin solución de continuidad. El texto original es el siguiente:
“Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación
y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.”
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Demandantes: Elaine Alejandra Peraza Oñate y otros
Demandado: Hugo Alfonso Archila Suárez – Cámara Casanare
Rad: 11001-03-28-000-2022-00046-00 (Acumulado)
A diferencia del precepto superior, la disposición transcrita trae consigo un
lapso preciso en cuanto al elemento temporal de la inhabilidad, pues basta con
que el aspirante renuncie al cargo o dignidad antes de la elección.
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C 093 de 1994, declaró exequible
la expresión antes destacada, precisando que “la coincidencia de períodos,
señalada en el canon constitucional como factor decisivo en la configuración de
la inhabilidad, no puede entenderse sino con referencia a una persona en
concreto que actúe simultáneamente en dos corporaciones, en dos cargos o en
una corporación y un cargo.”
En dicho pronunciamiento, el Tribunal Constitucional expuso que “Lo anterior
implica, no solamente la imposibilidad de ejercer simultáneamente dos
cargos, para más de una corporación o empleo público, sino también, la
prohibición previa de la elección como congresista en las circunstancias
anotadas, lo que equivale a entender que quien aspire a esta dignidad, no
podrá encontrarse como Concejal o Diputado, ni tampoco tener la calidad
de servidor público, en el momento de la inscripción como candidato al
Congreso, salvo la de Senador o Representante a esa corporación. En dicho
caso, se requiere haberse formalizado la renuncia correspondiente en ese
momento, a fin de evitar que el Concejal o Diputado o Servidor Público
candidato a Congresista pudiese estar dentro de la prohibición de que trata el
numeral 8° del artículo 179 de la Constitución Política.” (Destacado por la Sala)
Bajo la anterior precisión, y sin necesidad de mayores contemplaciones, bastará
con reiterar la tesis de esta Sala53, de acuerdo con la cual “(…) la inhabilidad
consagrada en el artículo 179.8 de la Constitución Política, se materializa
en el caso que un ciudadano resulte electo para más de una corporación o
cargo público, cuando los respectivos períodos coincidan en el tiempo,
así sea parcialmente y no obre renuncia previa, que en este caso en concreto,
debe ser con anterioridad a la inscripción de la candidatura.”
En este asunto, se reitera que al demandado se le aceptó la renuncia el día 11
de marzo de 2021, antes de inscribir su candidatura a la Cámara de
Representantes, lo que tuvo lugar el día 13 de diciembre de esa anualidad.
Menos aún es posible sostener que su periodo como secretario de gobierno, y
en ocasiones como alcalde encargado, coincidió con el de representante a la
Cámara, pues su periodo como congresista, cargo para el cual fue elegido y
respecto del cual operaría la inhabilidad, inició el 20 de julio de 2022.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Sala negará las súplicas de
las demandas acumuladas, comoquiera que las causales de inhabilidad y las
infracciones endilgadas al demandado, no se acreditaron.
53 Sentencia del 15 de noviembre de 2018. Exp: 11001-03-28-000-2018-00075-00.
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Demandantes: Elaine Alejandra Peraza Oñate y otros
Demandado: Hugo Alfonso Archila Suárez – Cámara Casanare
Rad: 11001-03-28-000-2022-00046-00 (Acumulado)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Niéganse las pretensiones de la demanda de nulidad electoral
contra el acto de elección contenido en el Formulario E 26 CAM del 20 de
marzo de 2022, mediante el cual se declaró la elección del señor Hugo Alfonso
Archila Suárez como representante a la Cámara por el departamento de
Casanare para el periodo 2022-2026.
SEGUNDO: En firme este proveído, archívese el asunto.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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