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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00053-00

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00053-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de las demandas, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00053-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

16 de febrero de 2023

Demandantes: Hernando Jerez Villamizar y otros
Demandado: Álvaro Leonel Rueda Caballero
Rad: 11001-03-28-000-2022-00053-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00053-00 (ACUMULADOS)
11001-03-28-000-2022-00105, 11001-03-28-000-2022-
00061-00
Demandantes: HERNANDO JEREZ VILLAMIZAR Y OTROS
Demandado: ÁLVARO LEONEL RUEDA CABALLERO –
REPRESENTANTE A LA CÁMARA DE SANTANDER –
PERIODO 2022-2026

Temas: Inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa, civil y
política – prácticas corruptas para incidir en el electorado

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Decide la Sala la demanda de nulidad electoral interpuesta por los señores
Hernando Jerez Villamizar, Richard Alexis Jiménez Bueno y José Armando
Benavides Guata, en contra del acto de elección de Álvaro Leonel Rueda
Caballero, como representante a la Cámara por el departamento de Santander,
periodo 2022-2026, consignado en el formulario E-26 CAM del 22 de marzo de
2022.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones

Expediente 11001-03-28-000-2022-00053-00

El señor Hernando Jerez Villamizar, actuando a través de apoderado, y en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del

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Demandantes: Hernando Jerez Villamizar y otros
Demandado: Álvaro Leonel Rueda Caballero
Rad: 11001-03-28-000-2022-00053-00

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
presentó demanda con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial del Formulario E-26 CAM
generado el día veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022) y a
su vez, los demás actos administrativos por los cuales se ordenó tener
a ALVARO LEONEL RUEDA CABALLERO como representante a la
Cámara por Santander del partido liberal para los periodos 2022-2026.

SEGUNDA: Que se ordene la cancelación de las Credenciales que
acreditan a ALVARO LEONEL RUEDA CABALLERO como
Congresista en calidad de representante a la Cámara por Santander
del partido liberal para los periodos 2022-2026 por estar incurso en
causal de inhabilidad al momento de inscribir su candidatura a la
Cámara de Representantes de Colombia.

TERCERA: Se declare la elección de quien finalmente resulte elegido.
Declarar a DIEGO FRAN ARIZA PEREZ como Representante a la
Cámara por el Departamento de Santander para el periodo 2022-2026.

CUARTA: Se ordene dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
ejecutoria de la sentencia EXPEDIR Y ENTREGAR al candidato
DIEGO FRAN ARIZA las credenciales como representante a la cámara
por representantes para el periodo 2022-2026.

QUINTA: Notificar de la Decisión adoptada al presidente de la Cámara
de Representantes para que proceda según lo dispuesto en el artículo
134 de la Constitución Política y 278 de la Ley 5ª de 1992.

SEXTA: Se condene en costas y agencias en derecho a la parte
accionada en caso de ejercer oposición.” (Sic para todo lo transcrito).

Expediente 11001-03-28-000-2022-00105-00

El señor José Armando Benavides Guata, actuando en nombre propio, y en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
presentó demanda con el fin de que se hiciera la siguiente declaración:

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Demandantes: Hernando Jerez Villamizar y otros
Demandado: Álvaro Leonel Rueda Caballero
Rad: 11001-03-28-000-2022-00053-00

“Se falle la declaración de NULIDAD de la elección del señor ÁLVARO LEONEL
RUEDA CABALLERO como Representante a la Cámara en Santander, contenido
en el formulario E-26 emitido por delegación escrutadora de Santander. En
consecuencia, la CANCELACIÓN de su título de congresista conforme lo impone
el artículo 288.3 del CPACA”.

Expediente 11001-03-28-000-2022-00061-00

El señor Richard Alexis Jiménez Bueno, actuando a través de apoderado, y en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
presentó demanda con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo formulario
E26 de fecha 22 de marzo de 2022 a través del cual se declaró la elección
de ALVARO (sic) LEONEL RUEDA CABALLERO como representante a la
Cámara por el departamento de Santander para el periodo 2022-2026.

SEGUNDA: Que se ordene la cancelación de la Credencial que acredita a
ALVARO (sic) LEONEL RUEDA CABALLERO como Congresista en
calidad de representante a la Cámara por el departamento de Santander
del partido liberal para los periodos 2022-2026 por estar incurso en causal
de inhabilidad al momento de inscribir su candidatura a la Cámara de
Representantes por el departamento de Santander.

TERCERA: Notificar de la Decisión adoptada al presidente de la Cámara
de Representantes para que proceda según lo dispuesto en el artículo 134
de la Constitución Política y 278 de la Ley 5ª de 1992”.

1.2. Hechos

Como fundamentos fácticos en común de las demandas se expusieron, en
síntesis, los siguientes.

Sostuvieron que el 13 de diciembre del 2021, se registró por parte de los
delegados del registrador Nacional del Estado Civil la lista de aspirantes por el
Partido Liberal Colombiano a la Cámara de Representantes, consignada en el
formulario E-6CT, entre los cuales se presentó la postulación del demandado,
quien resultó elegido el 13 de marzo de 2022.

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Manifestaron que mediante formulario E-26 CAM del 22 de marzo de 2022, la
Comisión Escrutadora Departamental de Santander declaró la elección de Álvaro
Leonel Rueda Caballero, como representante a la Cámara por esa
circunscripción electoral, para el periodo 2022-2026.

Señalaron que el demandado, dentro de los doce meses anteriores a la elección,
ocupó los cargos de: (i) director general del Banco Inmobiliario de Floridablanca,
desde el 7 de enero del 2020 al 5 de marzo del 2021, y (ii) asesor código 105,
grado 2 de la Alcaldía de Floridablanca, desde el 23 de marzo a hasta el 20 de
octubre de 2021.

Adujeron que mediante el Decreto 033 del 30 de enero de 2017, se modificó el
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de
la planta de personal de la administración central del municipio de Floridablanca,
en el que se contempló que el nivel asesor tiene dentro las funciones asignadas
la correspondiente a “[r]epresentar al municipio (…) cuando le sea asignada esta
tarea”.

En desarrollo de dicha labor, el demandado fue designado para acudir, en
representación del mandatario local, al Consejo Territorial de Planeación de
Floridablanca en donde fungió como máxima autoridad del municipio.

Narraron que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 152 de 19941, es de
competencia del alcalde promover, orientar y convocar el respectivo Consejo
Territorial de Planeación, por lo cual es el municipio de Floridablanca, en cabeza
del alcalde, quien debe convocar a las organizaciones sociales, civiles, gremiales
y demás interesados en participar.

En virtud de lo anterior, el alcalde de Floridablanca profirió la Resolución 0363 y
la convocatoria 01 del 19 de febrero de 2021, para suplir las vacantes de los
sectores económico, cultural y deportivo en el consejo en mención.

Indicaron que, ante el fallecimiento de uno de los representantes del Consejo
Territorial de Planeación, el alcalde abrió un nuevo proceso de selección, por lo
que al demandado le fue asignada la labor de representar a Floridablanca como
delegado del mandatario, tal y como consta en la sesión virtual de carácter
ordinario de dicho organismo, celebrada el 23 de julio de 2021, en donde

1 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

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intervino activamente, entre otros asuntos, con la designación de representantes
de distintos sectores de la sociedad civil.

Expresaron que fue tal la influencia del demandado al ocupar el empleo de
asesor de la administración municipal, que solo en el municipio de Floridablanca
obtuvo 13.484 votos de un total de 46.737, correspondientes al 28.85%, lo que
le permitió ser elegido representante a la Cámara. Para el efecto, se refirieron a
algunos reportajes de prensa, como el del periódico Vanguardia Liberal del 8 de
marzo de 2022, titulado “Rueda la maquinaria en Floridablanca”, en los cuales
se denota la presión ejercida a contratistas de la alcaldía, al igual que los pactos
con líderes comunales para que depositaran el voto a su favor2.

Arguyeron que, si bien el cargo de director del Banco Inmobiliario de
Floridablanca lo ocupó hasta el 5 de marzo de 2021, lo cierto es que el 26 del
mismo mes y año presentó un informe de las funciones que allí desempeñó,
dentro de las que se encontraban los trabajos presupuestales adelantados, lo
que implica que continuó ejecutando las actividades propias del cargo.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Expediente 11001-03-28-000-2022-00053-00

Refirió que el acto de elección cuya nulidad solicita vulnera el artículo 275.5 de
la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 179.2 de la Constitución,
toda vez que el señor Álvaro Leonel Rueda Caballero se encontraba inhabilitado
para ocupar el cargo de congresista, si se tiene en cuenta que ejerció autoridad
administrativa, civil y política en el municipio de Floridablanca, como consta en
las actas y demás documentos que acreditan que actuó en representación del
alcalde en el Consejo Territorial de Planeación de ese ente territorial.

Acotó que dicha autoridad fue ejercida dentro de los doce meses anteriores a la
fecha de la elección -criterio temporal-; la condición de asesor implica que haya
sido servidor público -elemento objetivo, y sus funciones se llevaron a cabo en
un municipio que forma parte de la circunscripción electoral de Santander -
elemento territorial-.

2 Noticia que aparece en el enlace web:

https://www.vanguardia.com/politica/ruedala-maquinaria-en-floridablanca-YN4942562

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Asimismo, mencionó el informe de entrega del 26 de marzo de 2021, en el cual
se relacionaron las actividades llevadas a cabo por el señor Rueda Caballero en
la condición del director del Banco Inmobiliario de Floridablanca.

Por lo anterior, consideró que se presentó un desequilibrio en la contienda
democrática a favor del elegido, si se tiene en cuenta que duplicó en votos al
segundo competidor.

Resaltó que se ejerció presión sobre los contratistas y líderes comunales,
afirmación que encuentra sustento en las graves denuncias instauradas en la
Procuraduría General de la Nación y en las publicaciones realizadas en medios
de comunicación locales.

Expediente 11001-03-28-000-2022-00061-00

Señaló que, conforme con las pruebas aportadas al proceso, se concluye que el
señor Álvaro Leonel Rueda Caballero ejerció autoridad administrativa al ocupar
el cargo de asesor, código 105, grado 2, en tanto representó al alcalde del
municipio de Floridablanca en la sesión ordinaria del Consejo Territorial de
Planeación, llevada a cabo el 23 de julio de 2021; de igual forma, dentro del
periodo inhabilitante, esto es, dentro de los doce meses anteriores a la inscripción
de su candidatura a la Cámara de Representantes por el departamento de
Santander.

Explicó que el ejercicio de autoridad administrativa también se predica por haber
ocupado el empleo de gerente del Banco Inmobiliario de Floridablanca, entidad
descentralizada del municipio, creada mediante el Acuerdo 024 de 2002,
modificado por el Acuerdo 016 de 2004, cuyo objeto es la financiación y ejecución
del ordenamiento territorial, de acuerdo con lo estatuido en la Ley de
Ordenamiento Territorial -Ley 388 de 1997- y demás normas complementarias.

Por consiguiente, el acto acusado está viciado de nulidad por configurarse la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, en tanto
el demandado se encontraba incurso en una causal de inhabilidad.

También sostuvo que se vulneró el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución,
que establece que no podrán ser congresistas quienes hubieren ejercido, como

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empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar,
dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.

Expediente 11001-03-28-000-2022-00105-00

Adujo que el acto de elección demandado es nulo por incurrir en la causal prevista
en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, en razón a que el elegido
se encontraba incurso en una inhabilidad para ocupar el cargo de representante
a la Cámara.

Añadió que se vulneró el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución Política,
norma según la cual no podrán ser congresistas quienes hubieren ejercido, como
empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar,
dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.

Expuso que el demandado, en la condición de empleado público, ejerció
autoridad política, civil y administrativa dentro de los doce meses anteriores a la
fecha de su elección, en la circunscripción para la cual fue elegido, debido a las
funciones asignadas y desempeñadas en el cargo de asesor adscrito al despacho
del alcalde del municipio de Floridablanca.

Aseveró que la vinculación del demandado con el ente territorial se produjo a
través de una relación legal y reglamentaria, contenida en el Decreto 0116 del 23
de marzo de 2021, expedido por el alcalde, y posteriormente posesionado, según
acta del 24 de ese mismo mes y año.

Manifestó que el manual de funciones de la alcaldía de Floridablanca, consignado
en los Decretos 0033 de 2017 y 0179 de 2012, prevé para el cargo de asesor,
entre otras actividades, la de “representar al municipio de Floridablanca cuando
le sea asignada esa tarea”.

Sostuvo que, por mandato del artículo 314 superior, la representación del
municipio se encuentra atribuida al alcalde, razón por la que la posibilidad de que
el cargo de asesor lleve ínsita la eventualidad de reemplazarlo supone, a su vez,
un ejercicio potencial de autoridad política.

Refirió que el demandado actuó como delegado del alcalde en el Consejo
Territorial de Planeación realizado el 23 de julio de 2021, en el que se abordaron,

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entre otros temas, la elección o ratificación de la mesa directiva y de las
comisiones que integran dicho organismo, con acompañamiento y apoyo del
Ministerio Público, así como la elaboración y agenda de actividades para la
vigencia 2021.

Acotó que los consejos territoriales son órganos creados en la Constitución
Política3, y tienen las mismas funciones del Consejo Nacional de Planeación, en
lo que resulten compatibles, tal como lo dispone el artículo 35 de la Ley 152 de
1994, por lo que cumplen una labor esencial en la construcción y aprobación del
respectivo plan de desarrollo en los términos del artículo 12 de la referida ley, con
amplia participación de distintos sectores de la sociedad civil.

Argumentó que, con fundamento en las funciones que desempeñó en el Consejo
Territorial de Planeación, el 23 de julio de 2021, pudo obtener una ventaja
significativa frente a quienes participaron como candidatos a la Cámara de
Representantes por la circunscripción electoral de Santander, dado el ejercicio
de autoridad política inmerso.

Mencionó que el ejercicio de autoridad civil también se deriva de la
representación del municipio ante el Consejo Territorial de Planeación, pues en
este se definen aspectos relevantes para la inversión de recursos del municipio,
obras de infraestructura y políticas de gastos en general.

Aseguró que, desde el punto de vista orgánico, la posibilidad de representar al
alcalde conlleva el ejercicio de autoridad administrativa, la cual, en todo caso, se
materializó con la representación del alcalde en el referido consejo territorial de
planeación.

Asimismo, el ejercicio de autoridad administrativa se derivó por la expedición de
actos administrativos, celebración de contratos y convenios, cuando se
desempeñó en el cargo de asesor.

Puso de presente que la inhabilidad que se endilga se concretó, igualmente, por
el desempeño del cargo de director general del Banco Inmobiliario de
Floridablanca, dado que el 26 de marzo de 2021, esto es, dentro del periodo
inhabilitante, radicó ante ese organismo, el informe de gestión que prevé la Ley
951 de 2005, sin que para ello sea relevante el hecho de que su vinculación cesó

3 Artículo 340.

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el 5 de marzo de 2021, pues es claro que con posterioridad a esa fecha realizó
gestiones propias del empleo en comento.

Destacó que el acto de elección acusado también se encuentra viciado de nulidad
con sustento en la causal genérica contemplada en el artículo 137 de la Ley 1437
de 2011, en razón a que fue expedido con infracción de la normatividad en la que
debía fundarse.

Al respecto, se refirió a la corrupción al elector, como causal subjetiva de nulidad,
de acuerdo con la regla fijada en la sentencia del 16 de mayo de 2019, proferida
por esta Sección, en el caso de la ex senadora Aida Merlano Rebolledo.

Afirmó que, según información publicada en medios de comunicación locales,
como Vanguardia Liberal, desde la Alcaldía de Floridablanca se desplegaron
actuaciones irregulares tendientes a favorecer la aspiración del demandado a la
Cámara de Representantes, como, por ejemplo, indebida presión a contratistas
y empleados para que votaran por aquel, lo cual constituyó una práctica corrupta
antidemocrática.

Bajo esas condiciones, se coartó la libertad de los votantes, pues fueron
constreñidos con consecuencias laborales y salariales adversas si no
depositaban su voto a favor de la candidatura del señor Rueda Caballero. Tal
presión se trató de una práctica que no podía pasar desapercibida para el
demandado, dado su vínculo como asesor del despacho del alcalde, cargo de
máxima dirección, confianza y manejo de la entidad territorial, aunado al hecho
de su cercanía con el mandatario local, con quien compartió escenarios
académicos.

Refirió que, por los hechos narrados, se presentaron denuncias ante la Fiscalía
General de la Nación, circunstancia que demuestra la indebida coacción que se
ejerció a los votantes desde la alcaldía para favorecer la candidatura del hoy
elegido como representante a la Cámara.

Puntualizó que existen dos circunstancias que reafirman la existencia de la
nulidad del acto acusado. Por una parte, la delegación que efectuó el alcalde al
demandado para que representara al municipio de Floridablanca ante el Juzgado
Tercero de Pequeñas Causas Múltiples, en las actuaciones del año 2021, que se
desplegaron con ocasión de la acción de tutela con radicación 6827-64089-004-

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2014-00161-00; y de otra parte, la investigación disciplinaria y penal que se
adelantó por la denuncia presentada por la señora Yulieth Liliana Cabrera Rubio
en contra de algunos empleados y funcionarios de la alcaldía, en relación con el
apoyo indebido a la candidatura a la Cámara de Representantes.

1.4. Contestación de las demandas

1.4.1. Álvaro Leonel Rueda

Por intermedio de apoderado se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
las demandas, con fundamento en que no se acreditaron los supuestos fácticos
y jurídicos que las soportan.

Expuso que no ejerció autoridad política por haberse desempeñado en el cargo
de asesor código 105, grado 02, adscrito al despacho del alcalde de
Floridablanca, toda vez que sus funciones no implicaron delegación para actuar
en trámite alguno en representación del mandatario local ni fueron expedidos
actos administrativos con esa finalidad.

Arguyó que el alcalde no hace parte del Consejo Territorial de Planeación del
municipio, según lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo 002 de 2016,
mediante el cual se definió la composición de aquel, por manera que no puede
existir acto de delegación frente a unas funciones que no han sido atribuidas
legalmente.

Indicó que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 033 de 2017, contentivo
del “Manual de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta
de personal de la administración central del municipio de Floridablanca –
Santander”, el cargo de asesor, código 105, grado 2, tiene como objeto: “asesorar
al alcalde municipal en las áreas de desempeño donde sean asignados, en
concordancia con las políticas institucionales, con el fin de dar cumplimiento a los
objetivos del plan de desarrollo de la administración municipal”, tareas que puede
desarrollar directamente o a través de un acto de delegación por parte del acalde.

Al respecto, afirmó que dentro de las funciones que puede cumplir en forma
directa no existe alguna que implique el ejercicio de autoridad política, por cuanto
aquellas son desplegadas exclusivamente en el orden municipal por el alcalde,
los secretarios adscritos al despacho y los jefes de departamento administrativo.

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Tampoco ejerció autoridad administrativa, en tanto el cargo desempeñado no
implica poder decisorio de mando o de imposición sobre los subordinados o la
sociedad.

Refirió que la facultad de representar al municipio de Floridablanca, cuando le
sea asignada esa tarea, no supone el ejercicio de autoridad administrativa, pues
debe tenerse en cuenta que, para los casos de la representación extrajudicial del
ente territorial, el artículo 92 de la Ley 136 de 1994, establece, en forma expresa,
que la delegación puede hacerse a los secretarios de la alcaldía y a los jefes de
los departamentos administrativos, salvo los casos en los exista expresa
prohibición legal.

Citó como referente de dicho punto el concepto con radicación 580701 del
Departamento Administrativo de la Función Pública, según el cual no es posible
la delegación de la representación legal, pero, en todo caso, el único facultado
para aplicarla, a nivel municipal, es el alcalde, toda vez que la ley le permite acudir
a esa figura en cabeza de sus secretarios de despacho o jefes de departamento
administrativo.

Expuso que, en los términos del artículo 9 de la Ley 489 de 1998, la delegación
de funciones solamente puede hacerse ante quienes cumplen funciones afines o
complementarias, por lo cual existe una limitación legal para su aplicación
respecto del cargo de asesor de despacho.

Advirtió que, si bien en este asunto no se analiza la legalidad del Decreto 033 de
2017, acto que se presume válido, lo cierto es que la disposición que faculta al
asesor código 105, grado 2 de la Alcaldía de Floridablanca a ejercer la
representación del municipio cuando esta sea delegada, es contraria a los límites
fijados en el ordenamiento jurídico, razón por la cual debe ser inaplicada por las
autoridades competentes en atención a una interpretación sistemática.

Mencionó que, incluso bajo el supuesto de que fuera posible la delegación a favor
del señor Álvaro Leonel Rueda Caballero, en calidad de asesor, es claro que,
conforme con las pruebas allegadas al proceso, no existió un acto de delegación
que faculte al demandado para representar al municipio de Floridablanca y
ejercer autoridad política, civil o administrativa, como lo exige el artículo 10 de la
Ley 489 de 1998, que establece que el acto de delegación debe ser por escrito,

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además de indicar la autoridad delegataria y las funciones o asuntos que se
transfieren.

Destacó que no existe un acto administrativo que establezca la facultad de
delegación para asistir al comité del 23 de julio de 2021, a través del cual se
ejerciera autoridad política, tal y como consta en la certificación expedida por el
municipio de Floridablanca, en respuesta a unos derechos de petición radicados
con los números 1939 y 1958 de 2022.

Tampoco existió delegación expresa para asistir a la reunión del Consejo
Territorial de Planeación, si se tiene en cuenta que el demandado participó en
calidad de invitado y en ejercicio del cargo de asesor código 105, grado 2 de la
Alcaldía de Floridablanca, y no como se aseguró en el acta contentiva de la
reunión, en el sentido de que la asistencia fue en calidad de delegado del alcalde.

Anotó que el Acuerdo 002 del 19 de febrero de 2016, emitido por el Concejo
Municipal de Floridablanca, establece que el Consejo Territorial de Planeación
es un órgano consultivo de carácter colegiado que permite la participación
ciudadana en el proceso de planeación. Asimismo, contempla que en el acalde
recae de manera indelegable la función de abrir las convocatorias para la
inscripción y participación en la elección de las ternas para su integración.

Por lo anterior, las únicas funciones que tiene el alcalde en el Consejo Territorial
de Planeación son las de convocar a los interesados y designar a los miembros
que lo conforman, a partir de quienes se inscribieron para participar, es decir que
las facultad que le asisten al mandatario son exclusivamente las de convocatoria
y nombramiento, lo que implica que el alcalde no es un miembro integrante del
consejo, como lo consagra el artículo 2 del Acuerdo 002 del 19 de febrero de
2016.

Hizo alusión a que, en cumplimiento de lo establecido en el citado acuerdo, el
alcalde profirió las Resoluciones 0363 del 19 de febrero y 2443 del 15 de julio de
2021, por las cuales se abrió la convocatoria para el proceso de designación de
los representantes para suplir las vacancias de los sectores económico, cultural
y deportivo en el consejo territorial, de manera que no es cierta la afirmación
referente a que el señor Álvaro Leonel Rueda Caballero hubiera expedido, bajo
ninguna condición, actos administrativos que impliquen la función de
convocatoria o de designación de los miembros del órgano consultivo.

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Demandantes: Hernando Jerez Villamizar y otros
Demandado: Álvaro Leonel Rueda Caballero
Rad: 11001-03-28-000-2022-00053-00

Subrayó que de la revisión de las funciones otorgadas al cargo de asesor código
105, grado 2, en el manual específico de funciones y competencias laborales de
los empleos de la planta de personal de la administración central de
Floridablanca, no existe alguna tendiente a desarrollar las funciones asignadas
al acalde en el marco del Consejo Territorial de Planeación, aunado al hecho de
que fue el mandatario local quien emitió, en nombre propio, las resoluciones
relacionadas con la convocatoria y designación de los miembros del citado
órgano consultivo.

Estimó que el demandado, desde el criterio orgánico, no ejerció autoridad
administrativa, pues no desplegó funciones de convocatoria ni de designación, ni
tampoco en atención al criterio funcional, por cuanto no ejerció poderes de
mando, imposición o dirección en el mencionado comité. Resaltó que asistió en
calidad de invitado, además de que no contaba con derecho al voto para la
adopción de las decisiones que se requirieran en el desarrollo de la reunión.

En relación con el vicio de nulidad sustentado en que ejerció autoridad
administrativa al ocupar el empleo de director del Banco Inmobiliarios de
Floridablanca, sostuvo que no se configura la inhabilidad endilgada, en tanto
desempeñó dicho cargo hasta el 5 de marzo de 2021, como lo señala el Decreto
0084, mediante el cual fue aceptada la renuncia, luego desde ese momento dejó
de ser funcionario, en atención, adicionalmente, a que en dicho empleo fue
nombrado en encargo a Julio César González, el 8 de marzo de 2021, y
posteriormente en propiedad, a través del Decreto 0108 del 18 de ese mismo
mes y año.

Señaló que las elecciones legislativas se realizaron el 13 de marzo de 2022, por
lo que los doce meses previstos en el numeral 2 del artículo 179 de la
Constitución Política, como periodo inhabilitante, comenzaron a computarse
desde el 13 de marzo de 2021, fecha en la cual el señor Rueda Caballero ya no
fungía como director del Banco Inmobiliario de Floridablanca.

Expresó que no ejerció autoridad administrativa por el hecho de presentar el 26
de marzo de 2021 un informe de gestión por su desempeño como director de la
citada entidad, pues tal actuación se hizo de acuerdo con lo previsto en el artículo
4 de la Ley 951 de 2005, según el cual el informe se debe rendir quince días
hábiles después de haber salido del cargo, cualquiera que hubiere sido la causa
de ello.

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Enfatizó en que el desempeño del cargo fue hasta el 5 de marzo de 2021, pero
en cumplimiento de un mandato legal, el informe se debía presentar quince días
después de haber finalizado la relación legal y reglamentaria, sin que dicha
rendición de cuentas de los resultados alcanzados implique la facultad de tomar
decisiones o potestad de mando

Puntualizó que tampoco se configuró la causal de nulidad relacionada con la
existencia de actos de violencia o de corrupción sobre el electorado, en
consideración a que no existe en el proceso algún medio de prueba que acredite
que el demandado directa o indirectamente afectara la pureza y la libertad del
voto mediante la comisión o autorización de prácticas corruptas o
antidemocráticas en el municipio de Floridablanca.

Arguyó que los reportes periodísticos señalados en una de las demandas no
fueron aportados con este escrito, por lo que no se cumplieron los requisitos
contemplados en el artículo 167 del Código General del Proceso. Aún en el
evento de que se hubieran acreditado tales exigencias, lo cierto es que no existen
denuncias “serias” en contra del demandado o de algún otro empleado de la
Alcaldía de Floridablanca acerca de supuestos actos de constreñimiento a los
electores, dado que tales notas solo son el producto de una conducta temeraria
carente de todo sustento fáctico y jurídico.

Respecto de la denuncia presentada por la señora Yulieth Liliana Cabrera Rubio,
ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, con
radicación 20220090056022, cuyos hechos se relacionan con una supuesta
persuasión de la señora Silvia Carolina Rueda Galvis a la denunciante para
brindar apoyo a la aspiración del demandado, anotó que ni este o alguno de sus
allegados conoce o ha tenido contacto con la señora Rueda Galvis, luego no es
posible establecer una conexión con los hechos denunciados.

Informó que de la narración de los supuestos fácticos de la denuncia no se
advierte la existencia de un acto de constreñimiento, en los términos establecidos
en el numeral 1º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 o de alguna otra
conducta constitutiva de delito conforme con el Código Penal, pues no se hace
referencia a sujeto alguno, determinado o indeterminado, que haya ejercido
violencia física o psicológica para incidir en la intención de voto de las señoras
Silvia Carolina Rueda Galvis o Yulieth Liliana Cabrera Rubio.

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1.4.2. Consejo Nacional Electoral

Mediante apoderado, el organismo intervino para señalar que, de acuerdo con la
información registrada en la página web del Departamento Administrativo de la
Función Pública, el señor Álvaro Leonel Rueda Caballero ostentó la condición de
empleado público por haber sido director general del Banco Inmobiliario de
Floridablanca, desde el 7 de enero de 2020 hasta el 5 de marzo de 2021, y asesor
código 105, grado 2 de la alcaldía de ese municipio, desde el 23 de marzo hasta
el 20 de octubre de 2021, por lo que se encuentra acreditado el elemento
subjetivo de la inhabilidad endilgada.

Asimismo, expuso que se estructura el elemento temporal, en razón a que la
vinculación como asesor del despacho del alcalde de Floridablanca, -por ser el
último ejercido-, finalizó el 20 de octubre de 2021, esto es, faltando cuatro meses
y siete días para la realización de las elecciones de Congreso de la República.

En cuanto al elemento territorial, señaló que también se encuentra acreditado,
por cuanto es claro que el demandado resultó electo para ocupar una curul en la
Cámara de Representantes por el departamento de Santander, circunscripción
en la que se encuentra ubicado el municipio de Floridablanca.

Respecto del elemento objetivo o funcional, adujo que a la Sala Electoral le
corresponde realizar un estudio exhaustivo del material probatorio allegado al
proceso para determinar el ejercicio de autoridad política, civil o administrativa.

De otro lado, indicó que ante el organismo electoral fue radicada una petición de
revocatoria de la inscripción del señor Álvaro Leonel Rueda Caballereo, como
candidato a la Cámara de Representantes, la cual fue decidida mediante la
Resolución 1123 del 2 de febrero de 2022, en el sentido de abstenerse de iniciar
la actuación administrativa, por cuanto “de la simple lectura de la solicitud, se
extrae que contra los ciudadanos relacionados únicamente versan
investigaciones por denuncias penales, pero que no hay ninguna prueba, siquiera
sumaria, de un fallo condenatorio contra los señores (…) y Álvaro Leonel Rueda
Caballero (…).

Precisó que, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 108 y 265.12 de
la Constitución Política, para que el Consejo Nacional Electoral revoque la
inscripción de candidaturas debe existir plena prueba del supuesto fáctico que la

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determina, la cual no se acreditó dentro del trámite administrativo.

1.5. Fijación del litigio

Mediante auto del 11 de noviembre de 2022 se fijó el litigio en los siguientes
términos:

“Con base en los argumentos esbozados en las demandas y su contestación,
se debe establecer si hay lugar a declarar la nulidad de la elección de Álvaro
Leonel Rueda Caballero, como representante a la Cámara por el
departamento de Santander, para el periodo 2022-2026, contenido en el
formulario E-26 CAM del 22 de marzo de 2022.

Para el efecto, se deberá determinar:

(i) Si el acto de elección demandado es nulo por vulnerar el artículo 179.2 de
la Constitución Política, por presuntamente haber ejercido autoridad
administrativa, política y civil en el departamento de Santander dentro de los
doce meses anteriores a la elección, y si como consecuencia de ello, se
configuró la causal de nulidad consagrada en el artículo 275.5 de la Ley 1437
de 2011.

(ii) Si el acto de elección demandado vulneró los artículos 40 y 258 de la
Constitución, por haber ejercido presión, en forma directa o indirecta, sobre
contratistas y líderes comunales de Floridablanca para que apoyaran su
aspiración a la Cámara de Representantes, según las denuncias instauradas
en la Fiscalía General de la Nación y en la Procuraduría General de la Nación,
así como lo señalado en publicaciones de medios de comunicación locales y,
por consiguiente, si las conductas endilgadas estructuran la causal genérica
de nulidad del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Richard Alexis Jiménez Bueno - demandante

Alegó de conclusión en el sentido de reiterar que el demandado actuó como
delegado del alcalde en el Consejo Territorial de Planeación, tal como lo acreditan
las pruebas allegadas al expediente, pues no desconoció ni tachó de falsedad el
acta calendada 23 de julio de 2021, sin que para ello sea necesaria la existencia
de un acto administrativo de delegación, como se afirmó en la contestación del
libelo inicial.

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Sostuvo que el manual de funciones de los empleados del nivel central de la
Alcaldía de Floridablanca tiene como una de las tareas asignadas al cargo de
asesor es la de representar al municipio; además, debe tenerse en cuenta el
grado de confianza que sostenía con el alcalde, lo que pone de manifiesto que
incurrió en la prohibición para ser congresista de que trata el artículo 179.2 de la
Constitución Política.

Adujo que hubo nombramientos recíprocos del alcalde de Floridablanca a favor
del demandado, para que este, una vez fuera elegido como congresista, “hacer
la contratación de las UTL a favor de Ángel Alirio Moreno Matus, padre de Miguel
Moreno (alcalde de Floridablanca) y Sergio Eduardo Flechas Moreno, familiar del
alcalde y quien es inclusive aspirante a la alcaldía”.

1.6.2. José Armando Benavides Guata - demandante

Presentó escrito de alegaciones para insistir en que está demostrada la
inhabilidad atribuida al demandado, por cuanto, según lo establecido en el
manual específico de funciones y competencias laborales, le correspondía
“representar al municipio de Floridablanca cuando le sea asignada esa tarea”, e
igualmente, “asistir en representación del alcalde en los asuntos que él le
delegue”, y “representar al alcalde en los eventos, juntas directivas, comités y
consejos de las instituciones y organizaciones del nivel municipal, departamental,
nacional e internacional, cuando sea convocada o delegada por el alcalde, con
ocasión de tratar temas relacionados con el municipio”, funciones que se
materializaron con la asistencia como delegado del alcalde en la sesión ordinaria
del Consejo Territorial de Planeación llevado a cabo el 23 de julio de 2021, en la
que intervino activamente.

Resaltó que, de acuerdo con la información publicada en diferentes medios de
comunicación regionales, como Vanguardia Liberal, desde la Alcaldía de
Floridablanca se desplegaron una serie de actuaciones irregulares tendientes a
favorecer las aspiraciones políticas del señor Rueda Caballero, como presión a
contratistas y empleados para que votaran por su candidatura al Congreso de la
República, conductas que constituyeron una práctica corrupta y antidemocrática.

Concluyó con la manifestación referente a que no se requiere de un acto de
delegación para que se compruebe el ejercicio de autoridad política, civil o
administrativa del demandado en la sesión del consejo territorial ya mencionado,

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pues es claro que participó en dicha reunión en representación del alcalde, y en
la que se adoptaron decisiones importantes, como consta en el acta contentiva
de la actuación.

1.6.3. Hernando Jerez Villamizar – demandante

Presentó alegaciones finales para indicar que el señor Álvaro Leonel Rueda
Caballero, cuando se desempeñó en el cargo de asesor código 105, grado 2
adscrito al despacho del alcalde de Floridablanca, ejerció autoridad política, civil
o administrativa al participar en la sesión ordinaria del Consejo Territorial de
Planeación, realizada el 23 de julio de 2021, a través de la sala virtual de la
plataforma Google Meet, previamente convocada por la jefe de la Oficina Asesora
de Planeación de la alcaldía municipal.

Indicó que en dicha reunión el demandado actuó en representación del municipio
y como delegado del alcalde, lo cual se acreditó por parte de los intervinientes y
ratificado por el presidente del consejo, quien agradeció su participación, y por el
personero delegado.

Reiteró que el demandado, en el referido consejo territorial, fungió como máxima
autoridad político-administrativa del municipio, como delegado del alcalde, sin
que para acreditar tal condición se exigiera un acto previo de delegación, ya que
su participación activa fue notoria, de lo que se puede concluir que hubo una
“delegación tácita”.

Enfatizó en la ventaja electoral que obtuvo el demandado derivada de la presión
directa o indirecta que ejerció sobre contratistas y líderes comunales de
Floridablanca, si se tiene en cuenta que solo en ese municipio logró el 30% del
total de los votos depositados, influencia que, además, fue reportada por distintos
medios de comunicación locales y también fue objeto de denuncia ante las
autoridades competentes.

Expresó que el señor Álvaro Leonel Rueda Caballero, una vez posesionado como
representante a la Cámara, nombró en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a
los señores Ángel Alirio Moreno Mateus, padre del alcalde de Floridablanca,
Miguel Ángel Moreno, y Sergio Eduardo Flechas Moreno, primo del mandatario
municipal.

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Afirmó que el 5 de julio de 2022, el alcalde de Floridablanca nombró y posesionó
al señor Sergio Alberto Rueda Caballero -hermano del demandado-, en el cargo
de asesor código 105, grado 2 adscrito al despacho del alcalde. Posteriormente,
el 1º de noviembre de 2022, lo nombró en el cargo de secretario de despacho –
nivel directivo, código 020, grado 04, adscrito a la Secretaría General del
municipio.

Lo anterior, en su criterio, demuestra una “planeación política” entre Álvaro
Leonel Rueda Caballero y Miguel Moreno para favorecer la candidatura del hoy
representante a la Cámara.

Refirió que el demandado obtuvo una cifra superior a los 45.000 votos, con lo
cual logró un 30% del total de la votación solo en Floridablanca, con tan solo 27
años de edad y sin trayectoria política ni pública, lo que denota las maniobras del
congresista y del alcalde para alcanzar una curul en el Congreso de la República.

Para demostrar las manifestaciones realizadas, aportó como prueba
sobreviniente los actos de nombramiento y posesión de Sergio Alberto Rueda
Caballero, bajo el argumento de que aquellos fueron expedidos con posterioridad
a la elección de cuya nulidad se depreca con la demanda.

1.6.4. Álvaro Leonel Rueda Caballero – demandado

Presentó escrito de alegatos finales en el que insistió en los argumentos
esbozados en la contestación de las demandas, referentes a que el demandado
no ejerció autoridad política, civil o administrativa, en razón a que no existió un
acto formal de delegación por parte del alcalde de Floridablanca que facultara al
señor Álvaro Leonel Rueda Caballero para representar al municipio en el marco
de la reunión del Consejo Territorial de Planeación realizada el 23 de julio de
2021, máxime si se tiene en cuenta que participó en esta en calidad de invitado
y en ejercicio de su cargo como asesor código 105, grado 2.

Adujo que el acta 001-21, en la que se plasmó que el demandado acudió como
delegado del alcalde, contiene imprecisiones e irregularidades que,
posiblemente, obedecieron al desconocimiento de los términos jurídicos
apropiados por parte de quien la redactó, aunado al hecho de que nunca fue
sometida a consideración del señor Rueda Caballero.

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Indicó que tampoco existe inhabilidad con fundamento en el artículo 275.5 de la
Ley 1437 de 2011, al haber ocupado el puesto de director del Banco Inmobiliario
de Floridablanca, por cuanto la renuncia al mismo fue aceptada mediante Decreto
0084 del 5 de marzo de 2021, es decir, por fuera del periodo inhabilitante de que
trata el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución.

Advirtió que el informe de gestión calendado 26 de marzo de 2021, se presentó
en esa oportunidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley
951 de 2005, sin que de ello sea posible afirmar que se hizo en la condición de
empleado público y en ejercicio de autoridad administrativa, toda vez que para
esa fecha ya había concluido la relación legal y reglamentaria.

Aseguró que al proceso no se aportaron pruebas que acreditaran que el
demandado desplegó directa o indirectamente ni autorizó la realización de actos
de corrupción o de constreñimiento a los empleados, funcionarios y contratistas
de la Alcaldía de Floridablanca o respecto del electorado en general.

Aclaró que las notas periodísticas son producto de una especulación artificiosa y
temeraria carente de todo fundamento. Además, la denuncia presentada por la
señora Yulieth Liliana Cabrera Rubio, ante la Procuraduría General de la Nación
y la Fiscalía General de la Nación, por un supuesto acto de constreñimiento, fue
archivada.

1.7. Concepto del Ministerio Público

La procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
los siguientes términos:

En primer lugar, se refirió a los cuatro elementos constitutivos de la inhabilidad
para ser congresista consagrada en el artículo 179.2 de la Constitución Política,
a saber: i) temporal: doce meses anteriores a la elección; ii) subjetivo: la condición
de empleado público; iii) objetivo o modal: el ejercicio de jurisdicción o autoridad
política, civil, administrativa o militar; y, iv) territorial: el ejercicio de autoridad en
el respectivo municipio o distrito.

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En segundo término, anotó que la Sección Quinta del Consejo de Estado 4 ha
precisado que las prácticas electorales corruptas configuran la causal de nulidad
de infracción de las normas en que debe fundarse el acto por desconocimiento
de los artículos 40 y 258 de la Constitución Política, ya que “la alteración indebida
de la voluntad de los electores a través de presiones de cualquier tipo que afecten
su libertad y vicien el voto, como, por ejemplo, la corrupción a través de coacción
a los votantes o el ofrecimiento y/o entrega de dádivas para que acudan a las
urnas en un sentido determinado, desconocen principios democráticos
fundantes”.

Expuso que, para determinar la configuración de la inhabilidad atribuida, en
cuanto al elemento subjetivo, está probado que el señor Álvaro Leonel Rueda
Caballero fue nombrado en el cargo de asesor código 105, grado 2, adscrito al
despacho del alcalde de Floridablanca, según el Decreto 0116 del 23 de marzo
de 2021, en el que se posesionó el 24 siguiente, como consta en el acta 0027,
suscrita por el alcalde.

Indicó que, en lo que hace al empleo de director general del Banco Inmobiliario,
no se estructura el elemento temporal, por cuanto la dejación de aquel ocurrió
con una anticipación mayor a los doce meses anteriores a la elección que
establece la norma. En este caso, el extremo temporal final fue el 13 de marzo
de 2021, mientras que la renuncia fue aceptada el 5 de marzo de 2021, mediante
Decreto 0084 de esa misma fecha.

Explicó que carece de asidero jurídico el argumento referente a que el
demandado culminó su vinculación legal el 26 de marzo de 2021, momento en el
que presentó el informe de gestión como director general, toda vez que el hecho
de la rendición tiempo después de haber finalizado su vinculación no significa
que esta se mantenga, si se tiene en cuenta que de acuerdo con la Ley 951 de
2005, el informe debe hacerse dentro de los quince días hábiles posteriores a la
finalización de la relación laboral.

Frente a la vinculación como asesor del despacho del alcalde, aseguró que se
estructura el elemento temporal, toda vez que finalizó el 20 de octubre de 2021,
es decir, cuatro meses y 7 días anteriores a la elección.

4 Citó como referencia la sentencia del 16 de mayo de 2019, radicado 11001-03-28-000-2018-

00084-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.

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En punto del elemento territorial, acotó que el demandado resultó electo para
ocupar una curul en la Cámara de Representantes por el departamento de
Santander, circunscripción que comprende el municipio de Floridablanca, de
manera que dicho presupuesto se encuentra configurado.

Señaló que no se estructuró el elemento objetivo o modal, toda vez que no se
demostró el ejercicio de autoridad administrativa por haber sido designado como
representante del alcalde ante el Consejo Territorial de Planeación en sesión
llevada a cabo el 23 de julio de 2021, pues, de acuerdo con el acta de sesión
001-21, la asistencia del demandado fue en calidad de invitado como delegado
del despacho del alcalde, sin que de dicho documento sea posible inferir su
participación o autonomía funcional para tomar decisiones.

Sostuvo que la intervención solamente estuvo encaminada a manifestar el
compromiso de la administración municipal con el Consejo Territorial de
Planeación de Floridablanca, y opinar en relación con el procedimiento para
ratificar la mesa directiva.

En cuanto al ejercicio de autoridad civil, adujo que en criterio de uno de los
demandantes, se acreditó por haber desempeñado labores en el Consejo
Territorial de Planeación, como delegado del despacho del alcalde; sin embargo,
consideró que dicho reproche no tiene sustento, en la medida en que el hecho de
que hubiera actuado en representación del mandatario municipal en la sesión del
23 de julio de 2021, no implica la posibilidad de tomar decisiones sobre sus
dependientes, ciudadanos o los bienes que posee o administra el Estado.

Precisó que obran en el plenario unas certificaciones que dan cuenta que al señor
Álvaro Leonel Rueda Caballero, durante el periodo que ocupó el cargo de asesor
del alcalde, no le fueron delegadas funciones de representación, toda vez que
únicamente brindó asesorías respecto de las distintas materias que lo requerían,
según las necesidades del servicio.

Esgrimió que el demandado tampoco ejerció autoridad política al actuar en
representación del alcalde en el Consejo Territorial de Planeación, pues dicha
función solamente la ejercen el alcalde, como jefe del municipio, los secretarios
de despacho y los jefes de departamento administrativo, cargos que no ocupó el
señor Rueda Caballero.

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En relación con el cargo de nulidad por violación de los artículos 40 y 258 de la
Constitución, por supuestamente haber ejercido presión, en forma directa o
indirecta, sobre contratistas y líderes comunales de Floridablanca para que
apoyaran la aspiración del demandado a la Cámara de representantes, reseñó
que la existencia de denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la
Fiscalía General de la Nación no constituyen per se pruebas suficientes que
acrediten que el candidato incurrió en prácticas corruptas, ya que las
manifestaciones efectuadas deben ser demostradas en el respectivo proceso.

Indicó que los extractos de noticias del periódico Vanguardia Liberal, en las que
se hace referencia a la comisión de conductas irregulares y antidemocráticas del
demandado, corresponden únicamente a la opinión de quien elaboró el artículo,
sin que existan pruebas adicionales que la respalden.

Advirtió que la denuncia presentada por la señora Yulieth Liliana Cabrera Rubio,
ante la Fiscalía General de la Nación, tendiente a demostrar las prácticas
corruptas que se alegaron en una de las demandas, fue archivada por el ente
investigador, el 30 de abril del año en curso, de modo que, con fundamento en
las pruebas aportadas al proceso, no es posible concluir con contundencia que
hubo una organización criminal de la cual hiciera parte el demandado o que
tuviera conocimiento.

Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la
observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y, por lo tanto, sin que
obre causal de nulidad que afecte la actuación, procede la Sección Quinta del
Consejo de Estado a resolver previas las siguientes

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para resolver en única instancia la demanda de nulidad
electoral promovida en contra del acto de elección de Álvaro Leonel Rueda
Caballero, como representante a la Cámara por el departamento de Santander,
periodo 2022-2026, contenido en el formulario E-26 CAM del 22 de marzo de
2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.3 del Código de

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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5 y el artículo 13
del acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación6.

2.2. Cuestión previa

En el escrito de alegaciones finales presentados por los demandantes Richard
Alexis Jiménez Bueno y Hernando Jerez Villamizar, se indicó que hubo
nombramientos recíprocos del alcalde de Floridablanca a favor del demandado,
pues este, una vez posesionado como representante a la Cámara, nombró en la
Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a los señores Ángel Alirio Moreno Mateus,
padre del alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno y Sergio Eduardo
Flechas Moreno, primo del mandatario municipal.

Asimismo, el demandante Hernando Jerez Villamizar aseguró que el 5 de julio de
2022, el alcalde de Floridablanca nombró y posesionó al señor Sergio Alberto
Rueda Caballero -hermano del demandado-, en el cargo de asesor código 105,
grado 2, adscrito a su despacho. Posteriormente, el 1º de noviembre de 2022, lo
nombró en el cargo de secretario de despacho – nivel directivo, código 020, grado
04, adscrito a la Secretaría General del municipio.

Lo anterior, en su criterio, demuestra una “planeación política” entre Álvaro
Leonel Rueda Caballero y Miguel Moreno para favorecer la candidatura del hoy
representante a la Cámara.

5 ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. El

Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus
secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el
reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…)

3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente
y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los
representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los
miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional,
de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación.
6 Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el

artículo 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003).
Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.

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Demandantes: Hernando Jerez Villamizar y otros
Demandado: Álvaro Leonel Rueda Caballero
Rad: 11001-03-28-000-2022-00053-00

Para demostrar las manifestaciones realizadas, aportó como prueba los actos de
nombramiento y posesión de Sergio Alberto Rueda Caballero, bajo el argumento
de que aquellos fueron expedidos con posterioridad a la elección de cuya nulidad
se depreca con la demanda.

Sobre tales cuestionamientos, la Sala advierte que no se presentaron como
cargos de nulidad electoral en los respectivos escritos iniciales ni tampoco se
allegó reforma de la demanda con la finalidad de incluirlos, según lo prevé el
artículo 278 de la Ley 1437 de 20117, por manera que no hicieron parte de la
fijación del litigio del proceso de la referencia y, en esa medida, no se emitirá
pronunciamiento acerca de esos planteamientos, máxime si se tiene en cuenta
que el demandado no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa y
contradicción frente a las nuevas censuras.

Aunado a lo anterior, se pone de presente que el auto del 22 de noviembre de
2022, en cuanto a la fijación del litigio, no fue objeto de recursos, razón por la
cual quedó en firme.

Respecto de la decisión del decreto de pruebas, se tiene que esta fue recurrida
en súplica únicamente por el demandado, medio de impugnación que fue resuelto
por auto del 7 de diciembre de 2022, en el sentido de confirmar la negativa de la
exhibición de documentos requerida en la contestación, sin que los demás
sujetos procesales se pronunciaran sobre las pruebas por ellos solicitadas y
decretadas.

7 ARTÍCULO 173. Reforma de la demanda. El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar

la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:

1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado
de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado
y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la
admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado
por el término inicial.

2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que
estas se fundamentan o a las pruebas.

3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las
pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de
procedibilidad.

La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez
podrá disponer que el demandante la integre en un solo documento con la demanda inicial.

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Igual consideración se predica respecto de la solicitud de tener como prueba los
actos de nombramiento y posesión de Sergio Alberto Rueda Caballero, en razón
a que no es objeto de la controversia establecer la inhabilidad atribuida a partir
de un supuesto “intercambio de favores” entre el demandado y alcalde de
Floridablanca, para que este último promoviera la aspiración política de aquel.

Por consiguiente, no hay lugar a que la Sala se pronuncie en torno a la petición
de pruebas presentada por el señor Hernando Jerez Villamizar.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, el problema jurídico consiste en
establecer si hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección de Álvaro Leonel
Rueda Caballero, como representante a la Cámara por el departamento de
Santander, para el periodo 2022-2026, contenido en el formulario E-26 CAM del
22 de marzo de 2022, por vulnerar el artículo 179.2 de la Constitución Política,
por presuntamente haber ejercido autoridad administrativa, política y civil en el
departamento de Santander dentro de los doce meses anteriores a la elección, y
si como consecuencia de ello, se configuró la causal de nulidad consagrada en
el artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011.

Igualmente, debe determinarse si se quebrantaron los artículos 40 y 258 de la
Constitución, por haber ejercido el demandado presión, en forma directa o
indirecta, sobre contratistas y líderes comunales de Floridablanca para que
apoyaran su aspiración a la Cámara de Representantes, según las denuncias
instauradas en la Fiscalía General de la Nación y en la Procuraduría General de
la Nación, así como lo señalado en publicaciones de medios de comunicación
locales y, por consiguiente, si las conductas endilgadas estructuran la causal
genérica de nulidad del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

2.4. Análisis de los argumentos de las demandas

En criterio de los demandantes, el acto de elección acusado adolece de nulidad,
en la medida en que el señor Álvaro Leonel Rueda Caballero estaba incurso en
la causal de inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 179 de la
Constitución Política, razón por la cual no podía postularse ni ser elegido para la
Cámara de Representantes por la circunscripción de Santander.

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La inhabilidad se sustenta en el ejercicio de autoridad administrativa, civil y
política por haber ocupado el cargo de asesor, código 105, grado 2 en el
municipio de Floridablanca, desde el 23 de marzo hasta el 20 de octubre de 2021,
y que en virtud de dicho empleo fue delegado por el alcalde del municipio con
potestad de decisión en la reunión del Consejo Territorial de Planeación que se
llevó a cabo el 23 de julio de 2021, en la que tuvo una activa participación en
representación del ente territorial.

También se alegó la configuración de la inhabilidad por la delegación del alcalde
de Floridablanca al demandado ante el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas
Múltiples de Floridablanca, con el propósito de que representara al municipio en
las actuaciones del año 2021 que se hayan efectuado en cumplimiento de la
acción de tutela radicada con el número 6827 64089 004 2014 00161 00.

Asimismo, porque se desempeñó como director general del Banco Inmobiliario
de Floridablanca, desde el 7 de enero del 2020 hasta el 5 de marzo del 2021,
periodo durante el cual detentó autoridad administrativa en el referido ente
territorial, en atención al informe de gestión presentado el 26 de marzo de 2021.

Finalmente, por la causal genérica de nulidad de infracción de normas superiores
(artículos 40 y 258 de la Constitución), en consideración a los actos de corrupción
electoral que se desplegaron en la Alcaldía de Floridablanca dirigidos a presionar
a los contratistas, empleados y funcionarios de la alcaldía para que votaran por
la aspiración política del demandado a la Cámara de Representantes.

2.4.1. La causal de inhabilidad para ser congresista prevista en el numeral
2 del artículo 179 de la Constitución Política

La causal de inhabilidad que se analiza es la consagrada en el artículo 179.2 del
texto superior, según el cual, no podrán ser congresistas “Quienes hubieren
ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la
elección”.

Al respecto, esta Sala de Decisión8 ha determinado de manera pacífica los

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-

03-28-000-2018-00091-00. Sentencia de 30 de mayo de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Accionante: Jorge Lara Bonilla y otros. Demandado: Horacio José Serpa Moncada.

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elementos que deben concurrir para que se configure la inhabilidad, los cuales
se pueden disgregar así:

• Temporal: 12 meses anteriores a la elección. La norma dispone que la
condición de empleado público, acompañado por el ejercicio de la jurisdicción,
autoridad civil, política, administrativa o militar, debe ejercerse durante los doce
meses anteriores a la fecha de la elección. El extremo temporal final es el día de
la celebración de los respectivos comicios, para contabilizar el término
inhabilitante hacía atrás, hasta completar los doce meses, que constituiría el
extremo temporal inicial del factor prohibicionista.

• Subjetivo: Empleado Público. El artículo 123 de la Carta Política de 1991
estableció la categoría genérica que denominó servidores públicos, los cuales se
pueden discriminar en tres clases: i) empleados públicos, ii) miembros de
corporaciones públicas y iii) trabajadores oficiales.

Para el caso del empleado público, los artículos 122 y 123 constitucionales,
enuncian ciertos requisitos con los que debe contar este tipo de vinculación, a
saber: i) que las funciones se encuentren detalladas en la ley o reglamento, ii)
que tengan remuneración, iii) que hagan parte de la respectiva planta de personal
de la entidad, iv) que sus emolumentos se encuentren previstos en el
presupuesto correspondiente y, v) que la vinculación se efectúe por un acto de
nombramiento.

• Objetivo: Ejercicio de jurisdicción o autoridad (política, civil, administrativa o
militar). Este elemento corresponde al complemento directo como acción o
actividad del sujeto calificado.

-Actividad de jurisdicción. La labor del servidor público de administrar justicia, sea
como juez, magistrado, fiscal, labor en la justicia penal militar, las funciones de la
comisión de acusación, del Senado de la República, así como lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que tiene que ver
con “El ejercicio de la Función jurisdiccional por otras autoridades y por
particulares”.

-Ejercicio de autoridad civil. El artículo 188 la Ley 136 de 1994 establece sobre
el particular: “(…) se entiende por autoridad civil la capacidad legal y
reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las siguientes

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atribuciones: 1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad
prevista en esta Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de
desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la
fuerza pública. 2. Nombrar y remover libremente los empleados de su
dependencia, por si o por delegación. 3. Sancionar a los empleados con
suspensiones, multas o destituciones”.

Se entiende la autoridad civil como una especie de autoridad pública que ejerce
un servidor o un particular que cumple funciones públicas y consiste en el
ejercicio de actos de poder y mando, que se desarrollan mediante actos de
autoridad o a través de la orientación de una organización pública. Este poder se
expresa, tanto sobre los ciudadanos y la comunidad en general, como al interior
de la organización estatal9.

-Ejercicio de autoridad administrativa. Se trata de aquellos poderes decisorios de
mando o imposición de sanciones que ostentan quienes se encuentran en cargos
de administración nacional, departamental, municipal o de los órganos
electorales y de control con capacidad para “hacer que la administración
funcione, también ejerciendo mando y dirección sobre los órganos del aparato
administrativo, nombrando y removiendo sus agentes, celebrando contratos,
supervigilando la prestación de servicios, castigando infracciones al reglamento,
etc. Todo eso y más, es la autoridad administrativa.”10

En cuanto a los elementos de la autoridad administrativa, desde el año 200511,
en tesis que más adelante se reiteró en la sentencia del 23 de septiembre de
201312, la Sala ha precisado que para establecer “si el ejercicio de determinado
cargo público implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o
bien a un criterio orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es
posible entender que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de
autoridad administrativa por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley,
implican dirección administrativa, por ser ésta es (sic) una manifestación de dicha

9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de agosto de 2016. Expediente: 54001-
23-33-000-2016-00008-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
10 Las decisiones de la Sección Quinta mencionada en la cita anterior tienen como fundamento el

siguiente fallo: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de
junio 9 de 1.998. Exp. AC–5779.
11 Sentencia del 9 de septiembre de 2005, Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Darío

Quiñones Pinilla, exp. 41001-23-31-000-2003-01299-02 (3657).
12 Sentencia de 23 de septiembre de 2013, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp. No.

41001-23-31-000-2012-00048-01, demandado: Personero de Neiva.

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autoridad. Y, acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones
propias de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en
atención al análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso
concreto”.

De acuerdo con lo anterior, para identificar si un cargo implica el ejercicio de
autoridad administrativa, se puede acudir a un criterio orgánico o a un criterio
funcional.

Sobre el punto, esta Sala señaló:

“Por otra parte, si bien resulta irrelevante, a efectos de la inhabilidad de los
Personeros Municipales aplicada en este caso concreto, establecer la
cualificación en el ejercicio de la autoridad por parte del funcionario, no sobra
recordar que en cuanto a la autoridad administrativa el artículo 190 de la
Ley 136 de 1994 establece un criterio orgánico y uno funcional para
determinar en qué casos se configura este tipo de dirección. Con el primer
criterio, los alcaldes, los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento
administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y de
unidades administrativas especiales son los servidores a los que se les
atribuye autoridad administrativa. Con el segundo criterio, los empleados
oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios, ordenar gastos,
conferir comisiones, licencias, vacaciones, trasladar funcionarios
subordinados, reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o
fijar nueva sede de trabajo son también servidores que ejercen autoridad
administrativa13.

Se reitera que todas aquellas funciones que de acuerdo con la estructura
orgánica de la administración confieran al respectivo cargo autonomía en la
adopción de decisiones y potestad de mando, conllevan o comportan autoridad
administrativa.

-Ejercicio de autoridad política. Frente a la autoridad política, esta Corporación
ha dicho que debe entenderse “como la capacidad para “presentar proyectos de
Ley [en sentido amplio] y sancionarlos, manejar las relaciones con los otros
poderes y con otros Estados, gestionar, trazar y apalancar el rumbo de la Nación

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Rad. 4100-1233-1000-2012-00048-01. 23
de septiembre de 2013, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, en la que se hace referencia a que: sobre el ejercicio
de autoridad civil, política y administrativa ver entre otras sentencias del Consejo de Estado Sección Quinta de febrero 17
de 2005 M.P. Dra. María Nohemí Hernández y de octubre 2 de 2009 M.P. Filemón Jiménez.

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[entendido también para departamentos y municipios]14 15.

No se requiere la verificación efectiva de que el servidor público haya hecho uso
de algunas de las atribuciones que le otorga la ley, sino que basta con que aquel
tenga la virtualidad o potencialidad de desarrollarlas, para afirmar que ejerció
autoridad. La autoridad se ejerce por el mero hecho de detentarla.

-Territorial: En lo concerniente a este aspecto, el artículo 179 de la Constitución
Política, contentivo de la causal de inhabilidad bajo estudio, nos enuncia que su
configuración se circunscribe al territorio donde se lleve a cabo la respectiva
elección, disposición que a la letra dice: “(…) Las inhabilidades previstas en los
numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la
circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley
reglamentará los demás casos de inhabilidades de parentesco, con las
autoridades no contempladas en estas disposiciones. (…)” (negrilla fuera de
texto).

2.5. Caso concreto

Con base en lo planteado en las demandas y en las pruebas que obran en el
proceso, se analizará sin concurren en este asunto cada uno de los elementos
constitutivos de la causal de inhabilidad atribuida al señor Álvaro Leonel Rueda
Caballero, en tanto ejerció autoridad política, civil o administrativa en el municipio
de Floridablanca, dentro de los doce meses anteriores a la elección

De igual manera, se establecerá la estructuración de la causal de nulidad de
infracción a norma superior, con ocasión de las prácticas antidemocráticas e
irregulares en las que supuestamente incurrió el demandado con el propósito de
alcanzar la curul como representante a la Cámara por el departamento de
Santander.

14 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de junio 9 de 1.998. Exp. AC–5779. M.P Germán

Rodríguez Villamizar.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente

4400103234000020190019501. Providencia del 19 de marzo de 2020. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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2.5.1. Cuestionamientos relacionados con el desempeño del cargo de
director general del Banco Inmobiliario de Floridablanca

De manera preliminar se advierte que, en relación con el desempeño en el cargo
de director del Banco Inmobiliario de Floridablanca, no se configuró la prohibición
de que trata el artículo 179.2 de la Constitución, en razón a que el presunto
ejercicio de autoridad que haya podido ostentar en dicho empleo, no tuvo lugar
dentro de los doce meses anteriores a la elección.

En efecto, el demandado ocupó el cargo de director general del Banco
Inmobiliario, desde el 7 de enero de 2020 hasta el 5 de marzo de 2021, como se
puede constatar en el siguiente enlace de la página web del Departamento
Administrativo de la Función Pública, señalado en las demandas:

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv//directorio/S2045764-0394-4/view

En atención a que el certamen electoral para Congreso de la República fue el 13
de marzo de 2022, los doce meses anteriores a la elección se ubican
temporalmente hasta el 13 de marzo de 2021, fecha para la cual el señor Álvaro
Leonel Rueda Caballero ya no fungía como director del Banco Inmobiliario de
Floridablanca, dado que presentó su renuncia y fue aceptada mediante Decreto
0084 del 05 de marzo de 2021.

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Por su parte, el demandado allegó copia del Decreto 0086 del 8 de marzo de
2021, por medio del cual el alcalde municipal de Floridablanca encargó a Julio
César González García, en el empleo de director general del Banco Inmobiliario,
como consecuencia de la aceptación de la renuncia del señor Rueda Caballero,
a partir del 5 de marzo de 2021.

Ahora bien, en los escritos de las demandas se hizo énfasis en el hecho de que
el ejercicio del cargo en referencia se extendió hasta la presentación del informe
de gestión, esto es, el 26 de marzo de 2021.

Sobre ese argumento, la Sala pone de presente que de acuerdo con el artículo
4 de la Ley 951 de 201516, la obligación de rendir el informe de gestión debe
cumplirse dentro de los quince días hábiles luego de haber dejado el cargo,
cualquiera que hubiere sido la causa. Asimismo, se tiene que, para el 26 de
marzo de 2021, el demandado se encontraba en ejercicio del cargo de asesor
del despacho del alcalde.

De acuerdo con la norma en referencia, no puede decirse que la relación legal y
reglamentaria se mantenga hasta tanto se entregue el informe de gestión, si se
tiene en cuenta que, en primer lugar, en forma clara el postulado se refiere al
plazo en el que debe cumplirse la obligación, esto es, quince días hábiles
después de haberse concluido el vínculo como servidor público.

En segundo término, el informe tiene como finalidad que, una vez se haya
separado del cargo o cuando se termine la respectiva administración, según el
caso, exista una rendición de cuentas a quienes lo sustituyan legalmente en sus
funciones, en los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los
recursos financieros, humanos y administrativos que tuvo asignados para el
ejercicio de sus funciones y no mantener una vinculación que se extienda hasta
que se acredite tal obligación.

A partir lo demostrado en el proceso, se concluye que el presunto ejercicio de
autoridad administrativa, respecto del cargo de director general del Banco
Inmobiliario de Floridablanca, no tuvo lugar durante el límite temporal de la
prohibición, es decir, dentro de los doce meses anteriores a la elección.

16 “Por la cual se crea el acta de informe de gestión”.

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2.5.2. Censuras relacionadas con las funciones de asesor del despacho del
alcalde

En relación con el reproche de legalidad por las funciones que desplegó el
demandado al ocupar el cargo de asesor código 105, grado 2, adscrito al
despacho del alcalde, desde el 23 de marzo hasta el 20 de octubre de 2021, la
Sala encuentra probado que, de conformidad con la información registrada en la
página web institucional del Departamento Administrativo, el demandado ostentó
la condición de empleado público (asesor del despacho del alcalde de
Floridablanca) en el referido límite temporal, como puede advertirse así:

En ese orden, se encuentran probados los elementos: i) temporal, en tanto que
el cargo de asesor del despacho del alcalde de Floridablanca, lo desempeñó el
demandado hasta el 20 de octubre de 2021, y las elecciones para la Cámara de
Representantes se llevaron a cabo el 13 de marzo de 2022, ii) territorial o
espacial, comoquiera que el municipio de Floridablanca comprende la
circunscripción de Santander, por el cual resultó elegido el señor Rueda
Caballero y iii) subjetivo, toda vez que el cargo de asesor que desempeñó en el
referido municipio, corresponde a un empleo público, comoquiera que obedece
a una relación legal y reglamentaria y que tiene definidas sus funciones en el
reglamento (según puede apreciarse en el Manual Específico de Funciones y

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Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la
administración central del municipio de Floridablanca).

Corresponde a la Sala determinar si el elemento objetivo de la causal de
inhabilidad, esto es, el ejercicio de autoridad administrativa, civil o política
concurre en el presente caso.

Para el efecto, el estudio se circunscribirá al cuestionamiento referente a que el
demandado ostentó autoridad administrativa, civil o política al ejercer las labores
propias de su cargo como asesor, código 105, grado 2, lo cual le permitió
representar al alcalde del municipio de Floridablanca en la sesión ordinaria del
Consejo Territorial de Planeación llevada a cabo el 23 de julio de 2021.

De conformidad con el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de la planta de personal de la administración central
del municipio de Floridablanca, las labores esenciales desempeñadas por el
señor Álvaro Leonel Rueda Caballero en su cargo de asesor del municipio fueron
las siguientes:

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Según la información registrada, el propósito principal del cargo correspondía a
la de asesorar al alcalde en las áreas donde fuera asignado, con el fin de dar
cumplimiento al plan de desarrollo de la administración municipal.

Entre las funciones específicas se encuentran las de: representar al municipio de
Floridablanca, cuando le sea asignada esta tarea, conceptuar de acuerdo con su
área sobre los asuntos que se requieran, asistir a las diferentes dependencias de
la administración municipal en el diseño y aplicación de metodologías de trabajo,
asesorar en la elaboración de planes y programas, elaborar estudios y las demás
funciones que sean fijadas por su jefe inmediato.

Ahora bien, acerca de los aspectos que comprenden la autoridad administrativa,
esta Sala Electoral los ha definido, así:

“Específicamente, la Sección Quinta, en sentencia del 7 de febrero y 30 de
mayo de 2019 reiteró lo señalado por la Sala Plena en sentencia de 9 junio
de 1998, para indicar que la autoridad administrativa se refiere a poderes
decisorios de mando o imposición de sanciones que ostentan quienes se
encuentran en cargos de administración nacional, departamental,
municipal o de los órganos electorales y de control con capacidad para
hacer que la administración funcione, también ejerciendo mando y
dirección sobre los órganos del aparato administrativo, nombrando y
removiendo agentes, celebrando contratos, supervigilando la prestación de
servicios, castigando infracciones al reglamento, etc. Todo eso y más es la
autoridad administrativa”17

En esa línea, se tiene que la autoridad administrativa se ha asociado siempre al
desempeño de actos de dirección, lo que implica un grado de autonomía
decisoria con el que se ejercen las funciones encaminadas a satisfacer
determinados objetivos. No todo servidor público tiene la virtualidad de ejercer
esos actos de autoridad y mando, pues se requiere de un grado específico

17 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de sala de 19 de marzo de 2020, expediente: 44001-

23-40-000-2019- 00195-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 28 de julio del 2016, Rad. 63001-23-33-000-2015-00377-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre del 2016, Rad. 76001-
23-33-000-2015-01395-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 7 de julio del 2016, Rad. 76001-23-33-000-2015-01487-01, M.P.
Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de noviembre del
2016, Rad. 13001-23-33-000-2016-00078-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre del 2016, Rad. 13001-23-33-000-2016-00114-01,
M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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otorgado por la estructura de cada entidad, a partir del cual se puedan tomar
decisiones y hacerlas obedecer.

En las demandas se hizo referencia específicamente a una función, según la cual
el representante a la Cámara por Santander detentó un poder de mando y
dirección, al tener la facultad de representar al municipio de Floridablanca.

Sobre el particular, no encuentra la Sala que dicha función constituya el ejercicio
de autoridad administrativa, por sí sola, dado que la función atribuida al
demandado corresponde a “representar al municipio de Floridablanca, cuando le
sea asignada esa tarea”, lo que implica que de labor es potestativa y no
permanente, pues únicamente representará al municipio, siempre que le sea
asignada esa tarea.

Es decir, no es una función que naturalmente desempeñe en su cargo, sino que,
por ostentar dicho empleo, puede llegar a ser designado para la representación
del municipio.

Lo anterior necesariamente sugiere que, para determinar el alcance y contenido
de dicha función, deben estar expresamente definidos los momentos en los que
el asesor del despacho del alcalde le fue asignada la tarea de representar al
municipio de Floridablanca.

Los argumentos de las demandas convergen en señalar que el señor Rueda
Caballero representó al municipio de Floridablanca y actuó como delegado del
alcalde en el Consejo Territorial de Planeación de Floridablanca, según se
advierte en la sesión del 23 de julio de 2021, consignada en acta 001-21, de esa
misma fecha, por lo cual detentó autoridad administrativa en el referido ente.

Adicionalmente, se aseguró por parte de los accionantes que el demandado, en
ejercicio de las facultades de delegación, tuvo una participación activa en el
referido consejo, aunado a que quedó registrado que su asistencia obedeció a la
delegación del alcalde.

De la lectura del acta de sesión a la que se hace referencia, se encuentra la
intervención del demandado, en el siguiente sentido:

"Solicita la palabra el Dr. Álvaro Rueda - como delegado del Despacho del
Señor Alcalde para manifestar el compromiso de la administración municipal

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con el funcionamiento y fortalecimiento de esta importante instancia de
participación y el reconocimiento que merece en la comunidad, y agradece a
todos por el compromiso a iniciativa de cada sector, Igual se permite expresar
su opinión respecto al procedimiento que en este caso se debe aplicar
teniendo en cuenta lo que señala el Reglamento Interno de Funcionamiento,
y aclara cuándo procede una elección y cuándo una ratificación, y que en este
caso según entiende al no presentarse novedades se debería proceder a la
ratificación de la Mesa Directiva, en caso contrario si existen asuntos por los
cuales se deba elegir una nueva mesa directiva, se expresen en la reunión y
así puedan decidir cuál es el paso siguiente".

De la valoración de dicha prueba se pone de presente que, si bien en los libelos
iniciales se aseguró que en el acta de la reunión quedó consignado que Álvaro
Leonel Rueda Caballero participó como delegado del alcalde, lo cierto es que del
contexto del desarrollo de la reunión se advierte que la referencia a dicha figura
constituyó un formalismo con el fin de que el demandado pudiera realizar una
intervención.

Con todo, se encuentra que en el inicio del acta 001-21 del 23 de julio de 2021,
al momento de relacionar a los asistentes, se especificó que la participación de
Álvaro Rueda era en calidad de “invitado”.

La intervención del demandado en representación del despacho del alcalde se
limitó a indicar el compromiso de la administración con el fortalecimiento de esa
instancia de participación y expresar su opinión sobre algunos aspectos del
reglamento interno de funcionamiento, para la ratificación de la mesa directiva,
sin que pueda advertirse una autonomía funcional para tomar decisiones.

Debe precisarse que, entre los asuntos a tratar relacionados en el orden del día
para los cuales fue convocada la mencionada sesión, estaban la ratificación de
la Mesa Directiva y las Comisiones del Consejo de Planeación Territorial de
Floridablanca, las cuales fueron ratificadas de conformidad con la votación
únicamente de los consejeros, sin que se advierta que el demandado haya tenido
voz y voto en esa determinación18.

Adicionalmente, se debe señalar que el Consejo de Planeación de Floridablanca
es un ente de orden consultivo del cual no hace parte el alcalde municipal, según

18 Según se evidencia del acta que fue aportada con los anexos de la demanda en el expediente

digital que obra a índice 3 de SAMAI.

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se constata con el Acuerdo 002 del 19 de febrero de 2016, aportado al proceso
por el accionado, en cuyo artículo 2 se prevé lo siguiente respecto de su
integración:

“ARTÍCULO SEGUNDO. INTEGRACIÓN. El Consejo Territorial de
Planeación estará integrado por los siguientes miembros:

a. Un representante del sector económico
b. Dos representantes del sector social (jóvenes, víctimas, adulto mayor,
LGBTI y discapacitados).
c. Un representante del sector comunitario
d. Un representante del Consejo de Desarrollo Rural
e. Un representante del sector ecológico y/o ambiental
f. Un representante del sector cultural
g. Un representante del sector salud
h. Un representante del sector mujeres
i. Un representante del sector deportivo
j. Un representante del sector educativo
k. Integrar a los sectores religiosos de cultos y conciencias, fortalecer la acción
social de las comunidades y organizaciones basadas en la fe.

PARÁGRAFO PRIMERO. La condición de miembro del Consejo Municipal de
Planeación no es remunerada y es de carácter indelegable.

De esta manera, se descarta la competencia del demandado para la emisión de
decisiones que conlleven “(…) celebrar contratos o convenios, ordenar gastos
con cargo a fondos municipales, conferir comisiones, licencias no remuneradas,
decretar vacaciones y suspenderlas, trasladar horizontal o verticalmente a
funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular persona
supernumerario, fijarle nueva sede al personal de planta, funcionarios de las
unidades de control interno” (Inciso 2 del artículo 90 Ley 136 de 1994) o cualquier
otra actuación que pudiese conllevar el reconocimiento de prestación a cargo del
erario.

Igualmente, está debidamente incorporado al expediente el certificado expedido
por la Secretaría General del Concejo Municipal de Floridablanca, el 9 de mayo
de 2022, en el que consta que el alcalde municipal no es miembro ni parte del
Consejo Territorial de Planeación.

Los documentos a los que se ha hecho referencia demuestran que la intervención
del señor Álvaro Leonel Ruda Caballero en dicho consejo se limitó a asesorar y
dar su opinión, sin ningún poder de mando ni imposición, con la precisión

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adicional de que en el referido certificado consta que es el jefe de la Oficina
Asesora de Planeación quien funge como secretario técnico del Consejo
Territorial de Planeación, quien sí puede tener algún tipo de poder decisorio.

Por otro lado, en las alegaciones finales de los demandantes se expuso que, a
pesar de que existe una certificación de la Secretaría General de la Alcaldía de
Floridablanca, en la que se señala que al demandado no le fue conferida
delegación alguna a través de acto administrativo, lo cierto es que fue más que
evidente el ejercicio de dicha figura al momento de intervenir en el Consejo
Territorial de Planeación, en la sesión del 23 de julio de 2021, en la condición de
delegado del alcalde y representación del municipio.

Frente a esta acotación, la Sala reitera la argumentación expuesta en líneas
atrás, en el sentido de que la intervención del demandado en la referida sesión
no tuvo el alcance ni implicó ejercicio de autoridad administrativa, en tanto solo
se refirió de manera genérica y abstracta al compromiso de la administración
municipal con el funcionamiento y fortalecimiento del Consejo Territorial de
Planeación, pues no explicó la forma en la que se materializa el compromiso al
que hizo alusión; además de expresar su opinión respecto del procedimiento que
se debe aplicar para la ratificación de la mesa directiva.

Ahora bien, respecto del ejercicio de autoridad civil, se ha reconocido a nivel
jurisprudencial, que tiene un soporte legal derivado del contenido del artículo 188
de la Ley 136 de 1994, el cual señala:

“ARTÍCULO 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta
Ley, se entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que
ostenta un empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:
1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista
en esta Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de
desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio
de la fuerza pública. 2. Nombrar y remover libremente los empleados de
su dependencia, por si o por delegación. 3. Sancionar a los empleados con
suspensiones, multas o destituciones”.

A pesar de lo anterior, se debe resaltar que la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha conllevado a dotar de diverso contenido el concepto de autoridad civil,
incluso, equiparándolo con el referente al de autoridad administrativa. No
obstante, la Sala Especializada en materia electoral acogió la postura de la Sala

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Plena, y en fallo del 7 de febrero del 2019 se indicó:

“Conforme a lo antes expuesto, y a modo de conclusión debe señalarse que la
autoridad civil no se agota en los eventos regulados en la Ley 136 de 1994,
sino que puede entenderse como la facultad que tiene el funcionario público de
desempeñar actos de poder, control o dirección sobre los ciudadanos o los
bienes del Estado a través del cual no solo cumple la función pública que le fue
encomendada, sino que determina el obrar mismo del Estado. En otras
palabras, la autoridad civil se entiende como aquella potestad de dirección o
mando que tiene determinado servidor público sobre los civiles o particulares,
la cual puede hacer cumplir incluso recurriendo a la coacción, esto es, incluso
contra la voluntad de los mismos, y que es diametralmente distinta a la
autoridad administrativa.”19

Frente a este aspecto, se indicó que el demandado en el Consejo Territorial de
Planeación efectuó labores que se enmarcan en el criterio de autoridad civil, en
tanto participó como delegado del despacho del alcalde.

Sin embargo, no se advierte que en este caso el demandado haya ejercido poder,
control o dirección sobre los ciudadanos o los bienes del Estado que implique el
ejercicio de autoridad civil, toda vez que, se insiste, su participación en el referido
consejo se limitó a manifestar el compromiso que tiene el alcalde para con el
espacio de participación y señaló lo que, en su criterio, es la forma como debe
surtirse el proceso de elección o ratificación de la mesa directiva.

Se resalta que los Consejos Territoriales de Planeación se encuentran
establecidos en el artículo 340 de la Constitución Política, norma según la cual
“Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las
entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos,
comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro
para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Los miembros del Consejo
Nacional serán designados por el presidente de la República de listas que le
presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores a que
se refiere el inciso anterior, quienes deberán estar o haber estado vinculados a
dichas actividades. Su período será de ocho años y cada cuatro se renovará
parcialmente en la forma que establezca la ley. En las entidades territoriales
habrá también consejos de planeación, según lo determine la ley (…)”.

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 7 de

febrero del 2019. Radicación 11001-03-28-000-2018-00048-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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Estas instancias consultivas fueron desarrolladas por las Leyes 152 de 1994 y
388 de 1997, que las definió como los principales escenarios en los que los
representantes de la sociedad civil intervienen en la planeación del desarrollo
integral de las entidades territoriales.

Así pues, tales órganos se erigen como una de las categorías de participación
ciudadana en donde se adoptan decisiones que pueden ser constitutivas de
direccionamiento ciudadano; no obstante, en este asunto no se advierte que el
demandado haya votado alguna proposición o emitido alguna decisión que
implique el ejercicio de la autoridad objeto de estudio en el curso de la sesión
adelantada por el Consejo Territorial de Planeación el 23 de julio de 2021, máxime
si se tiene en cuenta que solo participó en condición de invitado.

Por otro lado, el ejercicio de autoridad política está definido en el artículo 189 de
la Ley 136 de 1994, en los siguientes términos: “Es la que ejerce el alcalde como
jefe del municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de
departamento administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen
con el alcalde la autoridad política. Tal autoridad también se predica de quienes
ejerzan temporalmente los cargos señalados en este artículo”.

Sobre dicho aspecto, la jurisprudencia de la Sección Quinta ha precisado: “frente
a la autoridad política, esta Corporación ha dicho que debe entenderse “como la
capacidad para “presentar proyectos de Ley [en sentido amplio] y sancionarlos,
manejar las relaciones con los otros poderes y con otros Estados, gestionar,
trazar y apalancar el rumbo de la Nación [entendido también para departamentos
y municipios]20”.

El ejercicio de autoridad política se predica por el hecho que al demandado se le
enviara en representación de la alcaldía al Consejo Territorial de Planeación. Para
materializar este elemento se debe ostentar algún empleo de los descritos en la
norma o tener la capacidad de radicar proyectos de ley u ordenanzas y
sancionarlos, el manejo de las relaciones intermunicipales y dirigir el rumbo del
ente territorial.

A partir de tales definiciones, y con fundamento en lo probado, se concluye que
el accionado no ostentó algunos de los empleos relacionados en la norma, pues

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 44001-

03-23-000-2019-00195-01. Providencia del 19 de marzo de 2020. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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en esa sesión asistió como invitado y su condición de asistente no fue como
alcalde encargado, por lo que no se puede advertir con ello la materialización de
la autoridad política deprecada.

Otro de los motivos por los que se endilga la inhabilidad consistió en la supuesta
delegación del alcalde de Floridablanca ante el Juzgado Tercero de Pequeñas
Causas Múltiples de Floridablanca, con el propósito representar al municipio en
las actuaciones del año 2021 que se hayan efectuado en ejercicio del
cumplimiento de la acción constitucional de tutela radicada al número 6827 64089
004 2014 00161 00.

Al respecto, la Sala advierte que solo se allegó el historial de actuaciones
(Consulta Unificada de Procesos) surtidas en el proceso de tutela 6827 64089
004 2014 00161 00, que se instauró en contra del Banco Inmobiliario de
Floridablanca, la alcaldía de ese ente territorial y la Inspección Primera de dicho
municipio, pero de esas actuaciones no se advierte que la eventual
representación que hubiere ejercido el demandado haya sido como resultado de
un acto de delegación. En todo caso, las actividades que eventualmente haya
realizado en representación de la alcaldía, pudieron derivarse del cumplimiento
de un mandato conferido en razón de las funciones propias del cargo de asesor
del despacho del alcalde, que detentaba por la relación legal y reglamentaria que
tenía con el ente territorial.

2.5.3. Cargos relacionados con supuestos actos de corrupción

Finalmente, en lo que concierne al cargo por corrupción electoral, según se afirmó
en las demandas, se coartó la libertad de los votantes, en tanto fueron
indebidamente constreñidos por parte de la Alcaldía de Floridablanca a votar por
el señor Álvaro Leonel Rueda Caballero, con las consecuencias laborales y
salariales propias que derivan del temor de no atender los requerimientos de
quien tiene la contratación en el municipio y principal poder de nominación.

De manera concreta se adujo que (i) los contratistas, empleados y funcionarios
del municipio de Floridablanca fueron constreñidos para que se comprometieran
a votar en las elecciones del 13 de marzo de 2022, por el señor Álvaro Leonel
Rueda Caballero, quien era asesor del despacho del alcalde municipal, (ii) los
anteriores hechos fueron denunciados ante la Fiscalía y la Procuraduría, (iii) las
pruebas arrimadas al proceso corresponden a las noticias de Vanguardia Liberal

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y la denuncia formulada ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría
General de la Nación por la señora Yulieth Liliana Cabrera Rubio.

Sobre el particular, en sentencia del 16 de mayo de 201921, la Sección Quinta del
Consejo de Estado sostuvo que el voto tiene una doble perspectiva de derecho y
deber, y por tanto la Constitución ha buscado blindarlo frente a las conductas que
lo puedan viciar, esto es, que se deposite de manera libre y no sea objeto de
coacción. Así las cosas, se prohíbe tanto la violencia física o sicológica contra el
elector, como su persuasión indebida a través de la entrega de prebendas o
regalos de cualquier tipo.

Frente a la causal alegada se explicó que la corrupción de las prácticas
electorales constituye una violación de los artículos 40 y 258 de la Constitución.

En esa ocasión se precisó que el análisis de la incidencia de las prácticas
relacionadas con corrupción que afecten la libertad del elector debe ser estudiada
no desde la óptica de la causal objetiva de nulidad electoral, sino desde el punto
de vista subjetivo.

De manera concreta se dijo:

“Por lo tanto, las prácticas corruptas y antidemocráticas de candidatos
que busquen coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para
obtener beneficios en los resultados electorales, constituyen una causal
subjetiva de nulidad electoral para cuya prosperidad se debe demostrar
que el candidato ejerció directa o indirectamente la actividad irregular o
sabía de ella y con su anuencia se adelantó.”

Cuando se alegue la causal de prácticas corruptas y antidemocráticas se debe
demostrar que el candidato ejerció directa o indirectamente la actividad irregular
o sabía de ella. Ahora bien, de manera más precisa en sentencia posterior22, la
Sala sostuvo:

“(…) Estas se contraen a que, para la configuración de la corrupción como
causal subjetiva de nulidad electoral fincada en la infracción de los artículos

21 Sección Quinta, Consejo de Estado. Expediente 11001-03-28-000-2018-00084-00. M.P. Carlos

Enrique Moreno Rubio.
22 Sección Quinta, Consejo de Estado. Sentencia del 21 de enero de 2021. Expediente 66001-

23-33-000-2019-00777-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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40 y 258 de la Constitución Política se requiere la concurrencia de varios
elementos, a saber: (i) la existencia de una práctica corrupta y
antidemocrática, (ii) la finalidad de coartar por cualquier medio la libertad de
los votantes para obtener beneficios electorales y (iii) el ejercicio directo o
indirecto de la práctica irregular o su conocimiento acompañado por la
anuencia del candidato.
(…)

En ese orden de ideas, se ratifica que cuando se habla de (i) la existencia
de una práctica corrupta y antidemocrática, la Sala se refiere a cualquiera
que atente contra la libertad del elector, sin importar si fue ejercida en el
plano físico o en el psicológico. (…)

Por otro lado, cuando la Sala habla de que la configuración de la causal
subjetiva de nulidad se acompaña de (ii) la finalidad de coartar por cualquier
medio la libertad de los votantes para obtener beneficios electorales, se
refiere a la existencia de un propósito demostrable de dirigir indebidamente
el sentido del sufragio para determinar el resultado de los comicios, en
desmedro de los valores democráticos. En otras palabras, la corrupción
debe tener como instrumento y punto de mira al mismo tiempo la pulcritud
con la capacidad del sufragante de actuar bajo su propia voluntad, exenta
de apremios o estímulos contrarios al orden jurídico, al momento de
depositar su voto.

Y para terminar el supuesto del (iii) ejercicio directo o indirecto de la práctica
irregular o su conocimiento acompañado por la anuencia del candidato, lo
que en definitiva traduce es la condición ulterior que justifica la existencia de
la corrupción como motivo de infracción de norma superior (art. 137 CPACA)
–en contraste con las causales objetivas de nulidad electoral fundadas en la
violencia y otras formas de corrupción– que se desmarca de la incidencia
como factor cuantitativo, para hacer el tránsito hacia una perspectiva
cualitativa, pues quien está llamado a encarnar los más caros bastiones de
la democracia no puede simultáneamente ser prenda de su antítesis: la
corrupción.”

Así las cosas, para que se configure la causal genérica de corrupción se debe
acreditar:

(i) La existencia de una práctica corrupta y antidemocrática, que puede ser
cualquiera que atente contra la libertad del elector, sin importar si fue ejercida en
el plano físico o en el psicológico.

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(ii) La finalidad de coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para
obtener beneficios electorales. Se debe acreditar la existencia de un propósito
demostrable de dirigir indebidamente el sentido del sufragio para determinar el
resultado de los comicios, en desmedro de los valores democráticos.

(iii) El ejercicio directo o indirecto de la práctica irregular o su conocimiento
acompañado por la anuencia del candidato. Es necesaria la participación
consciente del demandado en el hecho que da lugar a la censura en el
contencioso electoral.

A partir de lo expuesto, las prácticas electorales corruptas deben emerger con tal
contundencia que el juzgador pueda, más allá de toda duda razonable, colegir
que la presunción de legalidad del acto electoral que se enjuicia ha sido
enervada, y que la voluntad del electorado ha sido viciada, siendo ello el sustento
de la causal de nulidad invocada.

Al proceso se allegó como prueba de las afirmaciones algunos extractos de
noticias del periódico Vanguardia Liberal que, por sí sola no demuestra la
conducta reprochada al demandado, pues corresponde únicamente a la opinión
periodística de quien la redactó sin que existan pruebas adicionales que la
respalden23.

Asimismo, se aportó la denuncia por parte de la señora Yulieth Liliana Cabrera
Rubio, formulada ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría
General de la Nación.

Sobre dicha prueba, se encuentra que la Fiscalía General de la Nación allegó a
este expediente la orden de archivo calendada 30 de abril de 2022, respecto de
la noticia criminal 680016000160202254323, instaurada por Yulieth Liliana
Cabrera Rubio, bajo el siguiente análisis:

23 Respecto del valor probatorio de noticias publicadas en medios de comunicación, pueden
consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, exp. 76001-23-33-000-2015-01577-
01, providencia del 17 de marzo de 2016; exp. 11001-03-28-000-2020-00084, providencia del 20
de mayo de 2021, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; exp. 11001-03-15-000-2014-00105-
00, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 24 de julio de 2015, postura citada
en el exp. 1001-03-28-000-2022-00255, auto del 29 de septiembre de 2022, MP Carlos Enrique
Moreno Rubio.

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“En las diligencias que nos ocupan se ha presentado una denuncia por un
presunto delito de Corrupción de Sufragante, tipificada en el artículo 387 del
Código Penal, por cuanto se refiere de la denuncia allegada por la denunciante,
se evidencia que no hay indicios para poder adelantar la investigación por
atipicidad del hecho denunciado pues no se avizora que a la denunciante haya
sido amenazada o presionada por cualquier medio para obtener apoyo o
votación por determinado candidato. Simplemente se evidencia que existen
desacuerdos entre los miembros de la junta de acción comunal del barrio Altos
de Villabel en cuanto a las ideologías políticas tendientes a los comicios del
próximo año, sin que se evidencie un constreñimiento mediante la
violencia, se observa por otra parte que la indiciada buscar mediante el
dialogo llegar a acuerdos en procura del barrio. Por otra parte, no se aporta
elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente
obtenida, que permitiera demostrara la materialidad de la conducta denunciada.

El artículo 387 del Código Penal describe el delito de Constreñimiento Al
Sufragante señalando que “El que amenace o presione por cualquier medio a
un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo
o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco, o
por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes…”

Para que se dé el delito de Constreñimiento al Sufragante debe presentarse, el
hecho de amenazar o presionar por cualquier medio a un ciudadano o a un
extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por
determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco, o por los mismos
medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. Para el caso que es
objeto de estudio no se evidencian en manera alguna los elementos objetivos
del delito de Constreñimiento Al Sufragante, pues claramente se ve que de lo
que se trata es, de unos desacuerdos y falta de comunicación entre los
miembros de la junta de acción comunal del barrio Altos de Villabel a la que
pertenecen las partes. Con base en lo anterior, no se observan en manera
alguna los elementos de tipo objetivo del delito de Constreñimiento Al
Sufragante, ni de ninguna otra infracción al código penal. Por lo
anteriormente expuesto, este despacho dispone el archivo provisional de las
diligencias (…)” (sic para toda la cita – negrillas fuera del texto).

Por lo expuesto, con base en las pruebas arrimadas y en las afirmaciones
efectuadas en las demandas, no es posible concluir con contundencia que el
demandado incurrió en prácticas corruptas, o que de manera inequívoca hubo

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Demandantes: Hernando Jerez Villamizar y otros
Demandado: Álvaro Leonel Rueda Caballero
Rad: 11001-03-28-000-2022-00053-00

una organización criminal de la cual hiciera parte o tuviera conocimiento, pues no
se encuentra plenamente probada su participación, intervención o conocimiento
de los hechos alegados.

Por consiguiente, comoquiera que no se desvirtuó la presunción de legalidad que
reviste al acto de elección acusado, se impone desestimar las pretensiones de
las demandas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de las demandas, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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