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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03131-00

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03131-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03131-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03131-00
Accionante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
Accionado: Corte Constitucional y Consejo Nacional Electoral

Temas: Tutela por acción u omisión de autoridad pública. Derecho de
petición. Conflicto de competencias. Aplicación del artículo 39 del
CPACA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La Sala1 decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por
Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina contra la Corte Constitucional y el Consejo
Nacional Electoral.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 23 de mayo de 2025, Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina presentó
acción de tutela contra la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, libertad de
conciencia, «excepción de inconstitucionalidad» y «protección a mi persona en mi
creencia» por la presunta falta de respuesta a su solicitud de 21 de enero de 2025.
A título de amparo constitucional, la parte solicitó:

«1. Ampare mi derecho fundamental de petición, y, en consecuencia, se ordene al
Consejo Nacional Electoral o a la Corte Constitucional o a la autoridad que se determine
competente, resolver de fondo mi solicitud del 21 de enero de 2.025.

2. Se ordene a las entidades accionadas indicar cuál es la entidad competente para
resolver el caso que he planteado.

3. Se reconozca la vulneración de mis derechos fundamentales de:
• Petición (art. 23 CP)
• Libertad de conciencia (art. 18 CP)
• Excepción de constitucionalidad (contraste entre art. 18 y arts. 122, 137. 188 y 192
CP)
• Protección en mi creencia (arts. 2 y 93 CP)»

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora señaló
que, el 21 de enero de 2025, presentó una petición ante la Corte Constitucional, en
los siguientes términos:

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03131-00
Accionante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina

«CONSULTA. Con fundamento en mi condición de ciudadano colombiano,
doctrinariamente cristiano católico desde mi primer año de vida, pero creyente en los
dogmas contenidos en las Sagradas Escrituras, atesorando en mi corazón la Palabra
de Elohym por encima de la tradición eclesiástica; entre dichos dogmas comentados
en español, los siguientes:

“(…)”
(Epístola de Santiago 5:12)
Soy advertido, además, mediante profecía, acerca de lo que están haciendo las dos
clases de bestias que regentan la Tierra en el aspecto gubernamental y de credos, a
través de la imposición generalizada del juramento, denunciada categóricamente así:
(…)
(Revelación o Apocalipsis 14:16)

Con base en los anteriores presupuestos, parto entonces del postulado de poder
aspirar a ser candidato a la presidencia de la República de Colombia, al cumplir los
requisitos exigidos en el artículo 191 2 y en los incisos quinto y sexto del artículo 122 3
de la Constitución Política, para tomar en cuenta las consideraciones planteadas en la
Sentencia T-547-93, y elevar ante ustedes la siguiente consulta:

1. ¿Me asiste entonces el derecho para ser candidato a la Presidencia de la República?

2. En el caso de ser elegido, ¿puedo ocupar el cargo confesando la fe y creencia de no
jurar, sabiendo que el criterio auxiliar de la actividad judicial me dice, que “por juramento
no debe entenderse la fórmula o el rito, sino el compromiso, la afirmación, la promesa,
el protesto, la certificación, la afirmación, la palabra, el voto, el honor, el homenaje, el
testimonio, que se realice en forma expresa o tácita que implique la convicción íntima
de manifestar la verdad”; pero, al mismo tiempo sentencia: debe someterse a la
ritualidad textualmente en razón al compromiso que adquiere y no puede negarse a
cumplirlo argumentando objeción de conciencia?

3. De ser elegido y posesionado, ¿puedo posesionar a otros servidores públicos sin
exigirles la prestación de juramento alguno, o no aplicar la fórmula o el rito
constitucional?»

4. El 21 de enero de 2025, la Corte Constitucional respondió señalando que,
conforme al artículo 241 de la Constitución, no tiene competencia para emitir
conceptos fuera del ámbito de sus funciones, las cuales se circunscriben al control
abstracto de constitucionalidad, la eventual revisión de acciones de tutela y la
resolución de conflictos de competencia entre jurisdicciones.

5. El 31 de enero de 2025, el accionante interpuso un «recurso de reposición»
frente a dicha respuesta. Ese mismo día, mediante Oficio No. 2025-000701, la Corte
Constitucional reiteró lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución e informó al
accionante que la petición fue remitida al Consejo Nacional Electoral.

6. Posteriormente, el accionante presentó una acción de tutela, la cual fue
resuelta por el Tribunal Superior de Riohacha, mediante Sentencia de 6 de marzo

2
Artículo 191. Para ser presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor
de treinta años.
3
Artículo 122. … Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a
cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta
persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten
el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o
financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.
Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por
sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su
patrimonio el valor del daño.

2
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Accionante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina

de 2025, Rad. 44001-22-14-000-2025-10006-00. En la decisión, el tribunal declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado, al constatar que la Corte
Constitucional había dado respuesta el 21 y 31 de enero de 2025 y había trasladado
la solicitud al Consejo Nacional Electoral, autoridad que aún se encontraba dentro
del término legal para pronunciarse.

7. Mediante Oficio CNE–S–2025–001321-OJ-500 de 7 de mayo de 2025, el
Consejo Nacional Electoral respondió a la petición indicando que:

«no es posible absolver por vía de la consulta autorizada por el numeral 2º del artículo
14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
asuntos en los que el Consejo Nacional Electoral tiene atribuciones a través de un
procedimiento especial para revocar la inscripción de candidatos en los términos que
prevé el numeral 12 del artículo 265 de la Carta Política.»

8. En su respuesta, además de mencionar el marco normativo aplicable a la
candidatura presidencial, el Consejo aclaró que sus funciones se limitan a la
inspección, vigilancia y control de toda la actividad electoral de partidos,
movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, sus representantes,
directivos y candidatos, por lo que no le es posible emitir conceptos sobre casos
particulares.

9. Como fundamentos jurídicos, la parte actora adujo que se vulneraron sus
garantías constitucionales porque (i) las accionadas se abstuvieron «de cumplir con
el deber constitucional de dar principio a la protección en mi creencia»; (ii) no se
aplicó una excepción de inconstitucionalidad; (iii) no se obtuvo una respuesta de
clara y de fondo a su solicitud; y (iv) se desconoció la regla prevista en el artículo 21
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Intervenciones4

10. La Corte Constitucional señaló que, al analizar la acción de tutela, se observa
que el accionante no solo invoca la protección del derecho de petición, sino que
también plantea una posible vulneración de otras garantías en hechos futuros e
inciertos. Por ejemplo, menciona que en próximas elecciones podría postularse y,
en caso de ser elegido, otras autoridades podrían impedir su posesión o ciudadanos
interesados podrían impugnar su nombramiento ante un juez.

11. Agregó que aunque ya dio respuesta a la petición y remitió la solicitud a la
entidad que creyó competente, el accionante insiste en que sus derechos
fundamentales han sido vulnerados basándose en situaciones hipotéticas. Esto
hace que la acción de tutela sea improcedente, ya que no se evidencia que en este
caso exista una amenaza o violación real a sus derechos fundamentales, dado que
las circunstancias que plantea son inciertas y futuras.

4
Mediante Auto de 27 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó su notificación a la Corte
Constitucional y al Consejo Nacional Electoral

3
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Accionante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina

12. La Corte añadió que de no declararse la improcedencia de la acción, se
deben negar las pretensiones, pues no se ha vulnerado el derecho de petición del
actor, comoquiera que sus requerimientos fueron debidamente atendidos el 21 y 31
de enero de 2025.

13. El Consejo Nacional Electoral guardó silencio a pesar de haber sido
notificado.

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, establecer si la Corte
Constitucional y el Consejo Nacional Electoral vulneraron los derechos
fundamentales de Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina.

Procedibilidad de la acción de tutela contra autoridad Pública

15. La presente acción resulta procedente pues 1) se orientó a lograr el amparo
de los derechos fundamentales de petición y libertad de conciencia; 2) se tiene
acreditada la legitimación, tanto por activa como por pasiva, puesto que el
accionante es la titular de las garantías de constitucionales que se invocan como
violadas y la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral las autoridades
que tuvieron conocimiento de la solicitud; 3) no existe otro mecanismo judicial que
permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; y 4)
hubo un plazo razonable en la presentación de la acción de tutela.

Análisis de la vulneración alegada

16. La Sala negará la solicitud de amparo de Leodegar Lorenzo Segundo Rois
Reina, por las siguientes razones:

17. Consta en el expediente que el accionante presentó 2 peticiones ante la Corte
Constitucional (21 y 31 de enero de 20255), mediante las cuales formuló una
consulta en relación con la posibilidad de ser candidato a la Presidencia de la
República y la toma del juramento propio y de otros funcionarios, en el evento en el
que resultara electo al mencionado cargo.

18. Se encuentra acreditado que la Corte Constitucional atendió aquellas
solicitudes, pues mediante comunicación de 31 de enero de 2025, esa autoridad
indicó que no era competente para pronunciarse de fondo sobre la misma e informó
que la trasladaba al Consejo Nacional Electoral para lo de su competencia, remisión

5
Cabe destacar que, en la solicitud presentada el 31 de enero de 2025, aunque fue titulada como “recurso de reposición” en
desacuerdo con la respuesta inicial, en realidad sus pretensiones estaban dirigidas a reiterar lo planteado en la petición
original.

4
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Accionante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina

de la cual dio aviso al peticionario, según consta en el expediente. Lo anterior, basta
para negar la solicitud de amparo en lo que a la Corte respecta.

19. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral, mediante Oficio CNE–S–2025–
001321-OJ-500 de 7 de mayo de 2025 indicó al peticionario que no era posible
absolver consultas sobre temas en los que esa autoridad tiene atribuciones
expresas a través de un procedimiento especial, tal como ocurre con la revocatoria
de inscripciones de candidatos en los términos de artículo 265 de la Constitución
Política. No obstante, se refirió al marco normativo aplicable a la candidatura
presidencial concretamente al régimen de inhabilidades y el deber de verificación
de los mismos en cabeza de los partidos y agrupaciones políticas previa inscripción
del candidato. En ese orden de ideas, la Sala advierte que en efecto hubo una
respuesta al primer interrogante6 planteado por el señor Rois Reina.

20. Ahora bien, en lo respecta de los cuestionamientos 2 y 37 de la petición
elevada por el hoy accionante, la mencionada autoridad indicó:

«Conforme a lo anterior, corresponde a esta Corporación, inspeccionar, vigilar y
controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los
grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y
candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos les
corresponden.

Así las cosas, según las facultades que han sido otorgadas al Consejo Nacional
Electoral en virtud de lo contemplado en el artículo 265 de la Constitución Política, no
puede absolver de fondo consultas que traten de situaciones particulares, individuales
o concretas, menos aún inmiscuirse en los asuntos y/o trámites que deben ser llevados
a cabo por otros entes del Estado de acuerdo con sus competencias, como lo es en
este caso que se pone en discusiones asuntos relacionados con cuestiones religiosas
y las facultades para posesionar a otros servidores públicos.»

21. De lo trascrito, la Sala advierte que le asiste razón al Consejo Nacional
Electoral, comoquiera que el derecho fundamental de petición sea cual sea su
objeto y/o modalidad (artículo 13 de la Ley 1755 de 2015) no puede convertirse en
un mecanismo para la absolución de consultas abstractas o hipotéticas, tal como
ocurre con lo planteado por el accionante en sus peticiones.

22. Es importante destacar que el núcleo esencial del derecho de petición
consiste en: (i) la posibilidad de presentar peticiones; (ii) obtener una respuesta de
fondo, clara, precisa y oportuna; y (iii) que la misma sea comunicada al peticionario8.
El cumplimiento de estos requisitos no implica que la entidad esté obligada a
acceder a la petición, pero sí que debe actuar con diligencia para garantizar una
respuesta oportuna, adecuada y justificada (como ocurrió en el caso de la

6
«1. ¿Me asiste entonces el derecho para ser candidato a la Presidencia de la República?»
7
«2. En el caso de ser elegido, ¿puedo ocupar el cargo confesando la fe y creencia de no jurar, sabiendo que el criterio
auxiliar de la actividad judicial me dice, que “por juramento no debe entenderse la fórmula o el rito, sino el compromiso, la
afirmación, la promesa, el protesto, la certificación, la afirmación, la palabra, el voto, el honor, el homenaje, el testimonio, que
se realice en forma expresa o tácita que implique la convicción íntima de manifestar la verdad”; pero, al mismo tiempo
sentencia: debe someterse a la ritualidad textualmente en razón al compromiso que adquiere y no puede negarse a cumplirlo
argumentando objeción de conciencia?
3. De ser elegido y posesionado, ¿puedo posesionar a otros servidores públicos sin exigirles la prestación de juramento
alguno, o no aplicar la fórmula o el rito constitucional?»
8
Puede consultarse: Corte Constitucional. Sentencias C-951 de 2014 y C-811 de 2011.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03131-00
Accionante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina

referencia). Ello implica necesariamente que se diferencie entre el derecho de
petición y el derecho sobre lo pedido.

23. En ese orden, la respuesta brindada al accionante satisface el mínimo
irreductible de la garantía constitucional en comento y en consecuencia no se
advierte vulneración alguna de aquel derecho fundamental.

24. Finalmente, respecto al derecho a la libertad de conciencia, la «excepción de
constitucionalidad» y la «protección a la creencia personal» invocados por el
accionante, esta Sala comparte lo señalado por la Corte Constitucional en su
informe, en el sentido de que no se advierte una situación actual que permita
considerar vulnerados tales derechos, ya que los argumentos del peticionario se
refieren a hechos futuros e inciertos.

Conclusión

25. La Sala negará el amparo al derecho fundamental de petición de Leodegar
Lorenzo Segundo Rois Reina.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Leodegar Lorenzo
Segundo Rois Reina.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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