Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06462-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06462-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06462-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06462-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LEODÉGAR LORENZO SEGUNDO ROIS REINA
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. NO SE
ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN FRAUDULENTA PARA QUE
PROCEDA LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA PROFERIDA DENTRO
DE UNA ACCIÓN DE LA MISMA NATURALEZA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, OBJECIÓN Y LIBERTAD DE
CONCIENCIA, LIBERTAD DE CULTO, DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 21 de noviembre de 2025, mediante la cual la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
ESTADO declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06462-01
Actor: LEODÉGAR LORENZO SEGUNDO ROIS REINA
I.1.- La Solicitud
El señor LEODÉGAR LORENZO SEGUNDO ROIS REINA,
actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la
objeción y libertad de conciencia, a la libertad de culto, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima
vulnerados por las SECCIONES SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”1- y
TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2, al
haber proferido, respectivamente, las providencias de 26 de junio y
15 de septiembre de 2025, dentro de la acción constitucional
identificada con el número único de radicación 2025-03131-01.
I.2.- Hechos
Señaló que el 21 de enero de 2025 presentó petición ante la Corte
Constitucional, con el fin de que se le informara si era posible
postularse como candidato presidencial y, de ser elegido,
posesionarse sin rendir juramento por razones de conciencia.
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En adelante Sección Segunda.
2
En adelante Sección Tercera.
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Refirió que ese mismo 21 de enero de 2025, la Corte Constitucional
le indicó que no era competente para resolver su petición y que la
misma había sido trasladada al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
(CNE), decisión contra la cual interpuso recurso de reposición, el
cual fue rechazado por improcedente.
Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió acción de
tutela por la presunta vulneración al derecho de petición contra la
Corte Constitucional y el CNE, a la cual le fue asignada el número
único de radicación 2025-10006-00, correspondiendo por reparto al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha que, en sentencia
de 6 de marzo de 2025 declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado3.
Sostuvo que el CNE mediante Oficio núm. CNE-S-2025-001321-OJ-
500 de 7 de mayo de 2025, dio respuesta a la petición, para lo cual
refirió de una parte que, la postulación presidencial debía ser
evaluada por el propio candidato y la colectividad que lo respalda y,
de otro, que no era posible absolver por vía de consulta asuntos en
los que dicha autoridad tiene atribuciones a través de un
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Consideró que la Corte Constitucional dio respuesta a la petición y trasladó la solicitud al Consejo
Nacional Electoral, autoridad que aún se encontraba dentro del término legal para responder.
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procedimiento especial para revocar la inscripción de candidatos, de
tal forma que no era posible emitir conceptos sobre casos
particulares ni pronunciarse sobre la posibilidad de posesionarse sin
juramento.
Advirtió que, al estimar que su respuesta no fue contestada de
fondo, promovió nuevamente acción de tutela contra la Corte
Constitucional y el CNE, a la cual se le asignó el número único de
radicación 2025-03131-00.
Resaltó que la solicitud de amparo correspondió a la SECCIÓN
SEGUNDA que, en providencia de 26 de junio de 2025, negó las
pretensiones al estimar que la Corte Constitucional dio respuesta
dentro del término para resolver la petición y la remitió por
competencia al CNE, autoridad esta última que contestó la solicitud
de forma oportuna, justificada y adecuada; además, que no existía
afectación al derecho a la libertad de conciencia.
Mencionó que impugnó la anterior decisión, por lo que la SECCIÓN
TERCERA en sentencia 15 septiembre de 2025 modificó el fallo
impugnado y declaró la existencia de cosa juzgada respecto de la
Corte Constitucional y denegó el amparo frente al CNE.
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I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto sustantivo, toda vez que omitieron aplicar
los artículos 18 y 19 de la Constitución Política, que se refieren a la
libertad de conciencia y de culto; así como también se dio una
interpretación literal del artículo 192 ibidem, sin realizar una
ponderación de deberes y derechos fundamentales conforme al
principio de armonización.
Afirmó que también se incurrió en defecto fáctico, comoquiera
que las SECCIONES SEGUNDA y TERCERA pasaron por alto el
material probatorio aportado, del cual era posible evidenciar que el
CNE negó su inscripción a la Presidencia de la República por su
negativa a jurar.
Manifestó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no se
tuvo en cuenta la jurisprudencia establecida en relación con la
objeción de conciencia, la protección reforzada a minorías
religiosas, entre otras.
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Alegó que también incurrieron en defecto procedimental
absoluto al omitir integrar debidamente la litis propuesta y no
realizar un estudio de fondo en cuanto a la falta de competencia.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] Que se deje sin efectos los fallos de tutela proferidos por los
Jueces Constitucionales de Primera y Segunda Instancia,
proferidos los días 26 de junio y 15 de septiembre de 2.025, con
radicaciones 11001-03-15-000-2025-03131-00 y 01, por vulnerar
los derechos fundamentales mencionados […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA señaló que la presente solicitud de
amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional, toda
vez que el actor no desplegó una carga argumentativa suficiente
que justifique la intervención del juez de tutela, pues reiteró los
argumentos planteados en la primera solicitud de amparo.
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Añadió que la providencia enjuiciada fue proferida en el marco de
una acción de tutela, respecto de la cual no logra advertirse la
configuración de los presupuestos previstos en la sentencia SU-627
de 2015.
I.5.2.- La SECCIÓN TERCERA manifestó que no se configura la
cosa juzgada fraudulenta -requisito para la procedencia de tutela
contra tutela conforme a la sentencia SU-627 de 2015-; sumado a
ello, la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional,
pues se reiteran argumentos ya resueltos.
Precisó que su decisión se sustentó en las pruebas del expediente,
en especial en la respuesta del CNE, por lo que descartó los
supuestos defectos fáctico, sustantivo y procedimental expuestos.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El CNE resaltó que carece de legitimación en la causa por
pasiva, comoquiera que no es la llamada a responder por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.
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Adujo que la petición del actor fue contestada oportunamente, de
forma clara y completa.
I.6.2.- La CORTE CONSTITUCIONAL afirmó que no ha vulnerado
los derechos fundamentales del actor, además, que las autoridades
accionadas en esa oportunidad dieron respuesta a la petición
presentada por aquel.
Finalmente, sostuvo que la solicitud de amparo se fundamenta en
hechos futuros e inciertos, como lo es su eventual elección
presidencial.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
ESTADO mediante sentencia de 21 de noviembre de 2025, declaró
improcedente la solicitud de amparo al considerar que, en
tratándose de tutela contra tutela, no se evidenció una situación de
fraude que diera lugar a la cosa juzgada fraudulenta, pues, por el
contrario, lo que se advierte es la inconformidad del actor con el
análisis jurídico efectuado por los jueces de instancia.
Señaló que el accionante se limitó a exponer su desacuerdo con lo
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decidido en la acción de tutela identificada con número de
radicación 2025-03131-01, sin hacer referencia alguna a hechos
que permitan colegir la materialización de decisiones fraudulentas
y, mucho menos, aportó medios probatorios con el fin de acreditar
esa circunstancia.
De otra parte, sostuvo que el actor plantea un argumento de índole
puramente procedimental relacionado con una supuesta indebida
conformación de la litis, sin desarrollar argumentativamente en que
consistió dicho yerro, lo cual no resulta suficiente para acreditar la
existencia del fraude exigido en este tipo de casos.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida por el a quo en los
siguientes términos.
Alegó que la sentencia de primera instancia desconoció el inciso
cuarto del artículo 86 de la Carta Política, que establece que “[…] en
ningún caso podrán transcurrir más de diez (10) días entre la
solicitud de tutela y su resolución […]”, por lo que al abstenerse de
realizar control sobre dicha infracción, incurrió en una
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desobediencia constitucional y vulnera su derecho al debido
proceso.
Manifestó que el a quo incurrió en error en la aplicación de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra tutela, pues
en el presente asunto se encuentran demostrados los defectos
procedimental, desconocimiento del precedente, lectura restrictiva
e inconstitucional del derecho a la libertad de conciencia y falta de
motivación suficiente y razonable.
Afirmó que se desnaturalizó el derecho fundamental de petición,
comoquiera que el fallo impugnado validó una interpretación “[…]
reduccionista del derecho de petición, al aceptar que una autoridad
puede sustraerse de resolver de fondo una solicitud bajo el
argumento de que se trata de una consulta “hipotética” […]”.
Para lo anterior, reiteró los argumentos expuestos en el escrito
primigenio de la acción de tutela, en los cuales insistió en que se
desconoció su derecho fundamental a la libertad de conciencia y se
validó la conducta formalista y sistemática de los jueces, lo que
desnaturaliza la acción de tutela.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto
que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
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contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
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consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y
no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
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derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se dejen sin efecto las providencias de 26 de junio y 15 de
septiembre de 2025, proferidas por las SECCIONES SEGUNDA y
TERCERA, respectivamente, dentro de la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 2025-03131-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad, a la objeción y libertad de
conciencia, a la libertad de culto, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la parte
actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente
judicial y procedimental absoluto, pues no fue analizada en
debida forma la omisión por parte de la Corte Constitucional y el
CNE de contestar de fondo la petición que les formuló.
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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
ESTADO que, mediante sentencia de 21 de noviembre de 2025,
declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que no se
cumplían los requisitos para la procedencia de la acción de tutela
contra tutela, pues no se configuraba la cosa fraudulenta en el
asunto.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión del
a quo, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito
primigenio de la acción de tutela, en los cuales insistió en que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
alegados. Sumado a ello, destacó que el a quo incurrió en error en
la aplicación de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra tutela.
En este punto es del caso advertir que, si bien en la acción de
tutela se solicita dejar sin efecto tanto la providencia de 26 de junio
de 2025 proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, como la dictada el
15 de septiembre de ese año por la SECCIÓN TERCERA, la Sala
realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los
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derechos fundamentales invocados frente a la providencia de
segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio por terminado
el proceso.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y,
de ser así, se establecerá si la SECCIÓN TERCERA vulneró los
derechos deprecados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en especial, el requisito de
procedibilidad consistente en “que no se trate de tutela
contra decisión de tutela”.
Cabe resaltar que, en lo concerniente a la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias proferidas dentro de una acción
de la misma naturaleza, la Corte Constitucional unificó los criterios
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jurisprudenciales sobre este aspecto, en la sentencia SU- 627 de
2015, en los siguientes términos:
“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela y contra actuaciones de los jueces de tutelas
anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela,
cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por
distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro
de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia
de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la
sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por
su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En
este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por
otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si
éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.
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4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia
y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha
seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia
y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas
en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se
trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional […]”. (Destacado
fuera del texto original).
De acuerdo con la posición expuesta por la Corte en la sentencia
transcrita en precedencia, la regla general es la de la improcedencia
de la acción de tutela contra sentencias de tutela; sin embargo, la
jurisprudencia ha establecido como excepción a dicha regla que
cuando la sentencia sea proferida por cualquiera de los jueces o
tribunales de la república, la acción de tutela puede proceder,
siempre y cuando se logre acreditar que existió fraude y, por
tanto, que se está ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
conforme lo antes expuesto.
En ese sentido, se observa que la parte actora tenía el deber de
acreditar que la decisión adoptada por la SECCIÓN TERCERA fue
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producto de una situación de fraude y, en consecuencia, que hubo
cosa juzgada fraudulenta, la cual: “[…] se predica de un proceso
que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y
que materializa en esencia un negocio fraudulento a través de
medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la
comunidad […]”, circunstancia que no aparece demostrada dentro
del presente proceso.
En efecto, en el presente caso, la parte actora se limitó a
manifestar las razones por las cuales estimaba que en la acción de
tutela objeto de controversia se debió amparar sus derechos
fundamentales invocados, por cuanto la petición formulada ante la
Corte Constitucional y el CNE, no fue contestada de fondo,
argumentaciones que no resultan suficientes para demostrar que el
juez de tutela incurrió en una actuación dolosa o extremadamente
negligente, que habilite al examen de fondo de la mentada
providencia.
En ese sentido, sobre la necesidad de acreditar la existencia de una
situación fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra
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sentencias proferidas dentro de una acción de la misma naturaleza,
la Corte Constitucional, en sentencia T 322 de 20194, sostuvo:
“[…] la jurisprudencia de este Tribunal permite identificar una
línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a
cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe
cumplir con una exigente carga argumentativa dirigida a
demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos
medulares que se anudan a la tarea de administrar
justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y (ii) que la sentencia
cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta
evidentemente incorrecta, implicando además -en principio-
una afectación grave del patrimonio público. La Corte advierte
que esta conclusión se desprende del análisis conjunto de las
diferentes providencias que, de una u otra forma se han
ocupado de la materia. En adición a ello, es posible identificar
un grupo de eventos que, en principio, pueden ser
considerados indicios de que se ha configurado una situación
fraudulenta.
En este sentido la parte interesada debe demostrar, con
base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes
la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión
adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y
que la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir
de manera grave el patrimonio público). En este sentido, no
serán de recibo razones o interpretaciones que
obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante
por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene
fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa
juzgada constitucional […]” (Resaltado fuera del texto
original)
Finalmente, frente a la inconformidad expuesta por el actor, en su
escrito de impugnación, relativa a la supuesta mora judicial en la
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Corte Constitucional, sentencia T-322 de 19 de julio de 2019. Expediente T-6.976.900. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
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que incurrió el a quo al resolver la primera instancia de la presente
acción de tutela, la Sala no hará pronunciamiento alguno, además
que no es el objeto de la presente solicitud de amparo.
Así las cosas, resulta evidente que la presente acción no cumple
con los requisitos generales, comoquiera que no se acreditó la
existencia de una situación fraudulenta para que proceda la acción
de tutela contra sentencia proferida dentro de una acción de la
misma naturaleza, razón por la cual se confirmará el fallo de
primera instancia, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
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eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de febrero
de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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