Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03195-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03195-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03195-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
11 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03195-01
Demandante: Sandra Milena Fonseca Silva
Demandado: Juzgado Promiscuo Municipal Valle de San José y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA|
Subsidiariedad - confirma
Síntesis del caso: La parte actora enjuició tanto la decisión que negó el acceso a la
información solicitada dentro del trámite administrativo de provisión de una vacante por
traslado en carrera judicial, como el acto mediante el cual se dispuso el nombramiento de
otra persona en el cargo.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia de
12 de junio de 2025, por medio de la cual la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con el requisito de subsidiariedad2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 26 de mayo de 2025, Sandra Milena Fonseca Silva, en nombre propio,
presentó una acción de tutela contra el Juez Promiscuo de Valle de San
José, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad
Administrativa de Carrera Judicial, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, petición, acceso a la
administración de justicia, igualdad y derechos de carrera. Lo anterior,
como consecuencia de los actos administrativos expedidos en el marco del
proceso administrativo de selección para suplir la vacante en el cargo de
escribiente nominado del Juzgado Promiscuo Municipal de Valle de San
José.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la señora Sandra Milena Fonseca Silva,
conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03195-01
Demandante: Sandra Milena Fonseca Silva
Demandado: Juzgado Promiscuo Municipal Valle de San José y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“1. Tutelar mis derechos fundamentales de Petición, Debido Proceso –
Contradicción y Defensa, Acceso Administración de Justicia, Igualdad, Trabajo
• Derechos de Carrera.
2. Ordenar a la Juez Promiscuo Municipal Valle De San José que, en el término
que se considere, proceda a ENTREGAR la información solicitada en la Petición
del día 8 de abril de 2025 reiterada el 22 de abril de 2025.
3. Ordenar a la Juez Promiscuo Municipal Valle de San José, al Consejo
Seccional de la Judicatura Santander - Rama Judicial Bucaramanga, al
Consejo Superior de la Judicatura y a la Unidad Administrativa Carrera Judicial
que procedan a tomar las medidas pertinentes y se SUSPENDA los efectos de la
Resolución No. 001 del 3 de abril de 2025 “por medio de la cual se hace un
nombramiento en propiedad en el cargo de escribiente municipal”
4. Ordenar a la Juez Promiscuo Municipal Valle de San José que, establezca el
término para la interposición del Recurso de Reposición contra la Resolución No.
001 del 3 de abril de 2025 a partir del día siguiente a la fecha en que me sea
entregada la información peticionada el día 8 de abril de 2025 reiterada el 22
de abril de 2025.
5. Ordenar a la Juez Promiscuo Municipal Valle de San José que, vencido dicho
término, profiera NUEVO ACTO ADMINISTRATIVO que decida si acepta o no mi
traslado como servidora de carrera basándose en criterios objetivos, concretos
y razonados, y en cumplimiento de las disposiciones normativas y reglas
establecidas en materia de traslados de empleados, en carrera, de la Rama
Judicial”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Sandra Milena Fonseca Silva es empleada de carrera judicial que
se desempeña en el cargo de escribiente nominado en el Juzgado 8 Civil
Municipal de Bucaramanga y participó en el trámite administrativo de
provisión de una vacante por traslado en el Juzgado Promiscuo Municipal
de Valle de San José.
5. 2) Mediante Resolución No. 001 de 3 de abril de 2025, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Valle de San José nombró en propiedad a la señora
Andrea Mejía Murcia en el cargo de escribiente nominado y comunicó
dicha decisión a los demás aspirantes. En relación con las calidades
exigidas, la autoridad nominadora indicó que tanto la aquí actora como la
designada cumplían con los requisitos del cargo; sin embargo, se decantó
por esta última al considerar que su experiencia laboral correspondía con la
especialidad promiscua del despacho. En la parte motiva de la resolución
se señaló (se trascribe):
“(…) que su experiencia laboral está dentro del ámbito de la especialidad
promiscua idéntica a la de este Juzgado al cual pretende llegar en propiedad.
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Decisión: Confirma
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La aquí elegida a juicio de la Suscrita, además de lo expresado anteriormente
tiene en su práctica jurídica, la práctica en la especialidad promiscua es decir
también maneja la especialidad penal, lo anterior sin demeritar las condiciones
de los demás aspirantes, especialmente de la Sra. FONSECA SILVA cuya
trayectoria y experiencia es en la especialidad civil.
Atendiendo el mérito como faro, y al no existir otro elemento a valorar distinto
al puntaje como calificación integral, resaltando que ambas ostentan el mismo
puntaje, la Suscrita se inclina a favor de la Sra. ANDREA MEJIA MURCIA
identificada con C.C. No. 1101685800, por el hecho objetivo de tener la
experiencia acreditada en el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL de OTANCHE
para que ocupe el cargo de ESCRIBIENTE NOMINADO en el JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL de VALLE de SAN JOSE, resaltando su experiencia en la
especialidad promiscua que es la misma de este Despacho.”
6. 3) El 8 de abril de 2025, mientras transcurría el término de ejecutoria
del acto administrativo, Sandra Milena Fonseca Silva solicitó al juzgado la
entrega de la totalidad de los documentos que contienen el expediente
administrativo.
7. 4) Mediante Oficio No. 81 de 21 de abril de 2025, el Juzgado Promiscuo
Municipal de Valle de San José emitió respuesta de fondo, en virtud de la
cual negó la solicitud de entrega del expediente por tratarse de información
confidencial (se trascribe):
“(…) para llegar a dicha conclusión se analizó no solamente las resoluciones
emitidas en su oportunidad por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura, si no también, la historia clínica, motivos aducidos por los
interesados y la última calificación de los interesados, documentos y anexos que
a consideración de la Suscrita muchos de éstos, contienen información muy
personal y privilegiada de cada uno de los solicitantes la cual se consideró muy
privada, y no está en mis manos ponerla a su consideración, lo anterior en
respeto al principio de prevención para no vulnerar derechos y garantías
constitucionales de especial valor constitucional como son los derechos a la
intimidad personal y familiar de las personas que participan en este proceso,
incluida la suya.
Dicha información fue compartida a la Suscrita para lo pertinente es
administrada por el Honorable Consejo Seccional de la Judicatura Sala
Administrativa, por lo antes expuesto, el Despacho no compartirá la información
por Usted solicitada, y se le trasladará su solicitud a la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, para los fines pertinentes.”
8. 5) El 22 de abril de 2025, Sandra Milena Fonseca Silva presentó nueva
solicitud en la que reiteró la petición de entrega del expediente
administrativo y manifestó que la información contenida en este se utilizaría
únicamente para el ejercicio de su derecho de defensa frente a la
Resolución No. 001 de 3 de abril de 2025.
9. 6) Mediante Resolución de 5 de mayo de 2025, el Juzgado Promiscuo
Municipal de Valle de San José, negó la solicitud y reiteró los motivos del
Oficio No. 81 de 21 de abril de 2025.
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Demandante: Sandra Milena Fonseca Silva
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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10. 7) Sandra Milena Fonseca Silva presentó recurso de reposición contra
la Resolución No. 001 de 3 de abril de 2025, en el que manifestó que la
decisión carecía de fundamento objetivo, pues tanto ella como la persona
designada obtuvieron la misma calificación integral de 98 puntos, de modo
que no existía un criterio reglado que permitiera preferir a una sobre la otra.
Expuso que la nominadora introdujo un elemento ajeno al proceso de
traslado —la experiencia en determinada especialidad—, en contravía del
principio de mérito y de las disposiciones que reglan la carrera judicial. En
consecuencia, solicitó revocar la resolución y disponer su nombramiento en
el cargo, al cumplir con todos los requisitos y no existir razón legal que
justificara su exclusión.
11. 8) Mediante decisión de 8 de mayo de 2025, el Juzgado Promiscuo
Municipal de Valle de San José resolvió el recurso de reposición interpuesto
y confirmó en todas sus partes la resolución recurrida. Señaló que, aunque
tanto la recurrente como la persona designada obtenían la misma
calificación y cumplían los requisitos exigidos, debía mantenerse el
nombramiento de esta última por acreditar experiencia reciente en la
especialidad promiscua, en particular, en el área penal, aspecto que
consideró relevante para las funciones del despacho. Asimismo, concluyó
que la recurrente carecía de legitimación para controvertir el traslado por
salud de otra aspirante y dispuso “levantar la suspensión de la confirmación
y posesión en el cargo de escribiente nominado”.
12. Como fundamento de la vulneración, la actora sostuvo que el
Juzgado Promiscuo Municipal de Valle de San José desconoció su derecho
de petición, al negar reiteradamente el acceso al expediente administrativo
del proceso de provisión del cargo de escribiente. Señaló que las respuestas
se tornaban evasivas e incompletas, pues no resolvieron el fondo ni la
totalidad de las solicitudes.
13. Indicó que esa negativa también vulneró su derecho al debido
proceso y a la defensa, pues le impidió conocer las hojas de vida,
calificaciones y soportes que sirvieron de fundamento para la Resolución No.
001 de 3 de abril de 2025, e imposibilitó controvertir adecuadamente las
razones que llevaron a preferir a otra aspirante. Sostuvo que el material
probatorio pertenecía al trámite administrativo y que, en consecuencia, las
partes tenían derecho de acceder a ellas y controvertirlas.
14. Afirmó que la acción de tutela constituía el único mecanismo eficaz
para evitar un perjuicio irremediable, consistente en la afectación de sus
derechos de carrera y en la imposibilidad de ejercer oportunamente su
defensa. Precisó que, si bien existían otros medios judiciales, sin precisar
cuáles, estos no resultaban idóneos para garantizar la protección inmediata
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de sus derechos, los cuales no pretendía hacer valer para obtener su
nombramiento, sino para conocer, controvertir y defenderse dentro de un
procedimiento ajustado a la Constitución y la ley.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación3
15. Mediante Sentencia de 12 de junio de 2025, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
de tutela al no verificarse el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Frente a la pretensión relacionada con la entrega de la información
solicitada, consideró que la actora contaba con el recurso de insistencia
previsto en el artículo 26 del CPACA, mecanismo idóneo para controvertir la
negativa del juzgado a suministrar el expediente administrativo.
16. Respecto de la solicitud de dejar sin efectos la Resolución No. 001 de
3 de abril de 2025 y el Auto del 8 de mayo del mismo año, la Sala concluyó
que se trataba de actos administrativos de carácter particular y concreto
cuya legalidad podía ser discutida mediante los medios de control
establecidos en el CPACA, los cuales permitían incluso solicitar la suspensión
provisional de sus efectos. Finalmente, indicó que no se acreditó la existencia
de un perjuicio irremediable ni la condición de sujeta de especial protección
que justificara la procedencia excepcional del amparo, razón por la cual
declaró improcedente la acción.
17. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora presentó
impugnación en la que reiteró los fundamentos jurídicos expuestos en la
solicitud de amparo e insistió en que la acción de tutela era procedente por
configurarse una vulneración directa e inmediata de sus derechos
fundamentales al no habérsele permitido acceder al expediente
administrativo necesario para ejercer su defensa frente al acto de
nombramiento. Sostuvo que el fallo desconoció que la solicitud de
información fue formulada dentro de una actuación administrativa en curso
y que el recurso de insistencia del artículo 26 del CPACA no resultaba
idóneo, pues su trámite excedía el término legal de 10 días con que contaba
para interponer el recurso de reposición contra la Resolución No. 001 de 3
de abril de 2025. Alegó que la negativa de acceso al expediente le impidió
estructurar adecuadamente dicho recurso, lo que vulneró su derecho al
debido proceso, a la contradicción y a la defensa.
18. Asimismo, manifestó desacuerdo con la conclusión del juez de primera
instancia según la cual pretendía controvertir la legalidad del acto
3 Mediante Auto de 27 de mayo de 2025, el juez de primera instancia resolvió: (1) admitir la solicitud de amparo;
(2) tener como accionados juez Promiscuo Municipal Valle de San José, el presidente del Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad Administrativa de Carrera
Judicial; y (3) vincular a la señora Andrea Mejía Murcia, como tercero con interés en el asunto.
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administrativo, porque sus pretensiones no estaban dirigidas a la nulidad ni
al restablecimiento del derecho, sino a obtener la entrega de la información
y la suspensión temporal de los efectos del acto para poder ejercer su
defensa en condiciones de igualdad. En ese sentido, reiteró que la tutela
debía prosperar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable a sus derechos de carrera judicial.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
19. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela
cumple con el requisito de subsidiaridad. En caso afirmativo, deberá
determinar, luego de constatar los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, si las decisiones adoptadas por el Juez
Promiscuo Municipal de Valle de San José, particularmente la negativa de
acceso al expediente administrativo en el Oficio No. 81 de 21 de abril de
2025 y la Resolución de 5 de mayo de 2025, así como la Resolución No. 001
del 3 de abril de 2025 y el acto 8 de mayo de 2025 que confirmó dicha
resolución, vulneraron los derechos fundamentales de la accionante al
debido proceso, defensa, contradicción y petición, en el marco del trámite
de provisión del cargo de escribiente nominado en el juzgado. Como
consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o revocará la
decisión de primera instancia.
2.2. Procedencia de la acción de tutela
20. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de
subsidiariedad, con base en las siguientes razones:
21. De conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que
desarrolla el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo de protección de derechos fundamentales de carácter
eminentemente subsidiario, de modo que resulta improcedente cuando el
ordenamiento jurídico prevé otros recursos o medios de defensa judicial
para la protección del derecho invocado, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
22. En materia de acción de tutela contra actos administrativos, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que, cuando se pretenda
controvertir una decisión de la administración, deben observarse
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preferentemente —como regla general— los mecanismos de autotutela y
los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011. En ese sentido, ha
sostenido que la tutela resulta improcedente frente a este tipo de decisiones,
en atención a: “(i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la
existencia de medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las
actuaciones de la administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la
presunción de legalidad que las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través
de las medidas cautelares o provisionales, se adopten remedios idóneos y
eficaces de protección de los derechos en ejercicio de los mecanismos
ordinarios”4.
23. Sin embargo, esta regla general de improcedencia no es absoluta. La
Corte ha precisado que la acción de tutela procede de manera
excepcional contra actos administrativos, cuando, a pesar de la existencia
de medios ordinarios de defensa —ya sean de autotutela o judiciales—, se
advierte que, en el caso concreto, el medio de defensa carece de
idoneidad y/o eficacia5 para garantizar la protección oportuna e inmediata
de los derechos fundamentales vulnerados, o cuando se utiliza como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable6.
24. En el caso concreto, la actora sostiene que la tutela constituye el
único medio eficaz para evitar un perjuicio irremediable, consistente en la
afectación de sus derechos de carrera y en la imposibilidad de ejercer
oportunamente su defensa. Afirma que, aunque existen otros mecanismos
judiciales, estos no resultan idóneos para garantizar la protección inmediata
de sus derechos, los cuales no pretende hacer valer para obtener su
nombramiento, sino para conocer, controvertir y defenderse dentro de un
procedimiento ajustado a la Constitución y la ley.
25. Sus inconformidades se centran en 2 actuaciones: por una parte, la
negativa del Juzgado Promiscuo Municipal de Valle de San José a entregar
la información solicitada en las peticiones de 8 y 22 de abril de 2025; y por
otra, la decisión adoptada mediante la Resolución No. 001 del 3 de abril de
2025, por la cual se nombró en propiedad a la señora Andrea Mejía Murcia
en el cargo de escribiente nominado, y la decisión de 8 de mayo que
confirmó tal determinación.
26. En ese orden de ideas, la Sala constata que no se acreditaron razones
ni elementos objetivos que justifiquen la procedencia de la acción de tutela
4 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2023.
5 La Corte Constitucional, en Sentencia, T -381 de 2022, sostuvo que la “idoneidad implica que éste [el medio
judicial ordinario] brinda un remedio integral para la protección de los derechos amenazados o vulnerados,
mientras que su eficacia supone que es lo suficientemente expedita para atender dicha situación”.
6 La jurisprudencia ha precisado los elementos constitutivos de un perjuicio irremediable, que deben verificarse, a
saber (Corte Constitucional, Sentencia T-156 de 2024):” (i) la inminencia del perjuicio, lo que implica que el daño
está por suceder en un tiempo cercano; (ii) la urgencia de las medidas para evitar la afectación de los derechos
fundamentales; (iii) la gravedad del perjuicio; y (iv) el carácter impostergable de las órdenes por proferir.”
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como mecanismo transitorio. La parte se limitó a invocar un perjuicio
irremediable en abstracto, sin precisar hechos verificables sobre su
inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, condiciones mínimas
exigidas por la jurisprudencia para superar la subsidiariedad.
27. Si bien alegó la afectación de derechos de carrera y la imposibilidad
de ejercer su defensa, no demostró cómo la falta temporal de acceso al
expediente o la vigencia del nombramiento producirían un daño grave e
irreparable que no pudiera conjurarse mediante los mecanismos ordinarios
previstos en la Ley 1437 de 2011. Además, la actora manifestó encontrarse
actualmente vinculada como escribiente nominado en el Juzgado 8 Civil
Municipal de Bucaramanga y no alegó otra circunstancia fáctica que
permitiera inferir una situación de vulnerabilidad o protección y habilitara la
procedencia de la tutela como mecanismo transitorio.
28. En consecuencia, la Sala concluye que no resulta razonable la
intervención del juez constitucional cuando existen mecanismos judiciales
ordinarios idóneos para la protección de los derechos invocados, máxime
cuando, como se expuso, no se acreditó un perjuicio irremediable.
29. En lo relativo a la negativa de entregar la información, el recurso de
insistencia, previsto en el artículo 26 de la Ley 1437 de 20117, resulta idóneo
porque, al tratar expresamente el supuesto de hecho de las peticiones
negadas por reserva, brinda un remedio integral para la protección del
derecho de petición para el caso concreto. Además, es expedito, pues la
decisión debe proferirse dentro de los 10 días siguientes al recibo.
30. Por su parte, frente a los otros actos administrativos cuestionados,
entre ellos, la decisión de 8 de mayo de 2025, mediante la cual el Juzgado
Promiscuo Municipal de Valle de San José resolvió el recurso de reposición
interpuesto por la accionante, Sandra Milena Fonseca Silva, resultan
procedentes e idóneos los medios de control previstos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA,
según lo que se pretenda—para controvertir su legalidad y obtener la
protección solicitada. Estos mecanismos se complementan con las medidas
cautelares8 que permiten suspender provisionalmente los efectos del acto o
adoptar medidas anticipativas, para asegurar la protección de los derechos
invocados.
7 Artículo 26 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015): “la persona interesada
insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá
al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de
autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la
petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo,
el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:(…)”.
8 Artículos 229 y siguientes del CPACA.
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Decisión: Confirma
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2.3. Conclusión
31. Esta Sala considera que no se superó el requisito general de
subsidiariedad, ya que la parte demandante no hizo uso de los recursos
judiciales idóneos y eficaces para proteger los derechos invocados y no se
logró acreditar la existencia de un perjuicio irremediable. Por lo tanto, se
confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente el
presente amparo de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 12 de junio de 2025, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
cual declaró improcedente la tutela presentada por Sandra Milena Fonseca
Silva, en los términos y por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin9.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
9 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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