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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04040-00

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04040-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la pretensión encaminada a obtener respuesta a la solicitud de declaratoria de prescripción, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLÁRASE la improcedencia de la solicitud de amparo respecto de la pretensión dirigida a obtener la nulidad de la notificación de la Resolución núm. 000281 del 11 de abril de 2019, por no haberse superado el requisito de subsidiariedad. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04040-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04040-00
Accionante: Jonatan Acosta Tovar
Accionados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Valledupar y Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda presentada en ejercicio de la acción
de tutela por el señor Jonatan Acosta Tovar contra la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Valledupar y el Consejo Superior de la Judicatura.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona, por una parte, la falta de respuesta a la solicitud de declaratoria
de prescripción formulada dentro del proceso administrativo de cobro coactivo núm.
20001-12-90-000-2018-00545-00 y, por otra, la notificación de la Resolución núm.
000281 del 11 de abril de 2019, mediante la cual se profirió mandamiento de pago. La
Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la primera
pretensión, toda vez que durante el trámite constitucional la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Valledupar emitió y comunicó una respuesta de
fondo. En cuanto a la solicitud de nulidad de la notificación, se declarará la
improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 26 de mayo de 20262, el señor Jonatan Acosta Tovar presentó una demanda en
ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales de petición y al debido proceso, que consideró vulnerados por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, con ocasión del
proceso administrativo de cobro coactivo núm. 20001-12-90-000-2018-00545-00.

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERA: Solicito a usted señor JUEZ, ordenar al representante Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Valledupar Consejo superior de la judicatura dar

1 1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / derecho de petición / carencia de objeto por

hecho superado / Improcedencia / Subsidiariedad.
2 Índice 1 Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04040-00
Accionante: Jonatan Acosta Tovar
Se declara la carencia actual de objeto y la improcedencia

respuesta al escrito de declaratoria de prescripción radicado en fecha 05 de octubre 2025.

SUBSIDIARIA: Solicito a usted señor JUEZ, de forma subsidiaria declarar la nulidad de
la notificación del escrito denominado notificación de la resolución 000281 de fecha 11
de abril de 2019 (…) “por medio de la cual se profiere mandamiento de pago”.

B. Hechos

3. El 9 de abril de 2018, el Juzgado Primero de Familia de Valledupar remitió a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar copia de la
providencia judicial proferida en el proceso de aumento de cuota de alimentos radicado
con el núm. 20001-31-10-001-2017-00216-00, mediante la cual impuso al señor Jonatan
Acosta Tovar multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, por valor de $3.906.210.

4. La Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Valledupar inició el proceso núm. 20001-12-90-000-2018-00545-00, en el
cual el 11 de abril de 2019 profirió mandamiento de pago en contra del señor Acosta
Tovar y el 25 de septiembre de 2025 ordenó el embargo de sus dineros y productos
bancarios.

5. El 6 de octubre de 2025, el señor Acosta Tovar solicitó información sobre las
razones del embargo, la existencia del proceso de cobro coactivo y la forma de levantar
la medida. Ese mismo día, la Oficina de Cobro Coactivo respondió la solicitud y remitió,
entre otros documentos, el oficio de remisión de la sanción, la providencia sancionatoria,
el cobro persuasivo, el mandamiento de pago, la notificación por aviso y un desprendible
actualizado de la obligación.

6. El 5 de diciembre de 2025, el señor Acosta Tovar presentó solicitó la “[d]eclaratoria
de prescripción” de la obligación que se cobraba en el proceso coactivo y manifestó que
la notificación del mandamiento de pago emitido en ese proceso estaba viciada de
nulidad.

7. Afirma el accionante que, a la fecha de presentación de la tutela, no había recibido
respuesta a la solicitud del 5 de diciembre de 2025 y que las medidas de embargo
continuaban vigentes.

C. Fundamentos de la vulneración

8. El actor sostuvo que se vulneró su derecho fundamental de petición, porque la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar no resolvió
oportunamente la solicitud de declaratoria de prescripción presentada el 5 de diciembre
de 2025.

9. Asimismo, alegó la vulneración de su derecho al debido proceso, porque el cobro
persuasivo y el mandamiento de pago no fueron notificados en debida forma. Señaló
que la notificación por aviso fue utilizada sin agotar previamente las diligencias
necesarias para ubicarlo y que esa circunstancia le impidió proponer oportunamente
excepciones dentro del proceso de cobro coactivo.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04040-00
Accionante: Jonatan Acosta Tovar
Se declara la carencia actual de objeto y la improcedencia

D. Trámite procesal

10. Mediante Auto del 27 de mayo de 20263, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Valledupar y al Consejo Superior de la Judicatura. En calidad de terceros con interés se
dispuso notificar al Juzgado Primero de Familia de Valledupar y a la señora Evelyn
Joana Rojano Paba, en representación de Sara Valentina Acosta Rojano.

11. En la misma actuación se requirió al Juzgado Primero de Familia de Valledupar y a
la Oficina de Cobro Coactivo para que allegaran las piezas que estimaran
indispensables de los procesos de aumento de cuota de alimentos núm. 20001-31-10-
001-2017-00216-00 y de cobro coactivo núm. 20001-12-90-000-2018-00545-00,
respectivamente.

E. Oposiciones e intervenciones

12. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar 4 informó
que la solicitud de información del 6 de octubre de 2025 había sido atendida ese mismo
día y que al actor se le remitieron las piezas del proceso de cobro coactivo. También
allegó los antecedentes relacionados con la solicitud de nulidad y con la actuación
administrativa.

13. El 1.º de junio de 2026, durante el trámite de esta acción, la Oficina de Cobro
Coactivo expidió el oficio DESAJVAGCC26-161, dirigido al señor Acosta Tovar. En esa
comunicación reiteró que la notificación del mandamiento de pago se surtió por aviso el
14 de junio de 2023 y que se entendió realizada el 21 de junio siguiente. Además, se
pronunció expresamente sobre la prescripción y concluyó que la acción de cobro no se
encontraba prescrita, debido a la suspensión de términos dispuesta durante la
emergencia sanitaria. La comunicación fue remitida al correo electrónico del accionante
el mismo 1.º de junio de 2026.

14. El Consejo Superior de la Judicatura5 solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva. Al respecto explicó que el cobro coactivo
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a sus Direcciones
Seccionales, dependencias que ejercen esas funciones de manera autónoma frente al
Consejo Superior de la Judicatura.

15. El Juzgado Primero de Familia de Valledupar remitió el enlace del expediente
correspondiente al proceso de aumento de cuota de alimentos. La señora Evelyn Joana
Rojano Paba fue notificada por correo certificado en la dirección informada por el
accionante; no obra pronunciamiento suyo sobre los hechos y pretensiones de la
demanda.

3 Índice 4 Samai.
4 Índice 15 Samai.
5 Índice 19 Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04040-00
Accionante: Jonatan Acosta Tovar
Se declara la carencia actual de objeto y la improcedencia

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

16. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
resolver la demanda de tutela presentada por el señor Jonatan Acosta Tovar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).

G. Sentido de la decisión

17. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
pretensión encaminada a obtener respuesta a la solicitud de declaratoria de
prescripción, porque durante el trámite constitucional la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Valledupar emitió y comunicó un pronunciamiento de
fondo sobre ese asunto.

18. En cuanto a la pretensión subsidiaria dirigida a que el juez de tutela declare la
nulidad de la notificación de la Resolución núm. 000281 del 11 de abril de 2019, se
declarará la improcedencia del amparo por no haberse superado el requisito de
subsidiariedad.

H. La carencia actual de objeto por hecho superado

19. La acción de tutela ha sido prevista como un mecanismo constitucional sumario y
preferente orientado a brindar protección inmediata a los derechos fundamentales de
todas las personas, siempre que estos resulten vulnerados o amenazados. Sin
embargo, en ocasiones el mecanismo de amparo pierde su razón de ser, toda vez que
la vulneración que dio origen a la presentación de la demanda de tutela ha
desaparecido, se ha resuelto o se ha alterado de tal manera que ya no es necesaria la
intervención del juez de tutela.

20. En este sentido, si la situación que motivó al accionante a interponer una acción
constitucional se ha resuelto antes de que el juez emita su decisión, cualquier
pronunciamiento posterior resulta innecesario debido a que no tendría ningún efecto
práctico, pues la controversia que el juez estaba llamado a resolver ya no existe.

21. La Corte Constitucional ha definido las categorías a partir de las cuales puede configurarse
una carencia actual de objeto. Al respecto, se han precisado, entre otras, las categorías de daño
consumado, hecho superado y situación sobreviniente6.

22. En particular, la jurisprudencia ha definido el hecho superado de la siguiente manera7:

6 Corte Constitucional. Sentencias SU-522 de 2019 y SU 453 de 2020.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-411 de 2024, SU 124 de 2018 y T-533 de 2009.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04040-00
Accionante: Jonatan Acosta Tovar
Se declara la carencia actual de objeto y la improcedencia

El hecho superado se configura cuando en el trámite constitucional las acciones u
omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la
pretensión perseguida a través de la acción de tutela, producto del obrar voluntario de la
entidad accionada. Bajo estas circunstancias la orden a impartir por el juez pierde su
razón de ser porque el derecho ya no se encuentra en riesgo. Es importante precisar que
en los casos de hecho superado le corresponde al juez de tutela constatar que: (i)
efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de
tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu
proprio, es decir, voluntariamente.

23. Así las cosas, la carencia actual de objeto por hecho superado implica que la acción
de tutela pierde su propósito como mecanismo de protección judicial, puesto que resulta
innecesario emitir una orden de protección cuando la causa que motivó la interposición
del amparo constitucional desapareció y con ello la eventual vulneración de los derechos
fundamentales del accionante. Por lo tanto, al no subsistir amenaza o vulneración actual
de las garantías iusfundamentales, el pronunciamiento del juez de tutela carece de
objeto y efecto práctico.

24. No obstante, la jurisprudencia ha establecido que, en algunas ocasiones, el juez
puede pronunciarse de fondo cuando lo considere necesario, entre otros fines, para
llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó
la tutela, advertir la inconveniencia de su repetición, corregir decisiones judiciales de
instancia o avanzar en la comprensión de un derecho fundamental 8.

I. La subsidiariedad

25. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo excepcional y subsidiario de protección de los derechos fundamentales, que
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o
cuando, aun existiendo, se utilice de manera transitoria para evitar la consumación de
un perjuicio irremediable.

26. En reiteradas ocasiones, esta Subsección ha establecido que la acción de tutela es un
mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez constitucional cuando el
ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional eficaz para la protección de los
derechos fundamentales. Por esa razón, no puede utilizarse para sustituir al juez natural,
desplazar los procedimientos ordinarios de defensa ni convertir el trámite constitucional en una
instancia paralela para resolver controversias de estricta legalidad administrativa.9

27. El numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela no
procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La eficacia de esos medios debe
apreciarse en concreto, atendiendo a las circunstancias del solicitante.

8 Corte Constitucional. Sentencia T-057 de 2024.

9Ver, entre otras, las decisiones del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, del 13 de febrero de 2023 y del 11 de noviembre de 2025, en los radicados 73001-
33-33-000-2022-00430-01 y 11001-03-15-000-2025-03195-01, respectivamente.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04040-00
Accionante: Jonatan Acosta Tovar
Se declara la carencia actual de objeto y la improcedencia

K. El caso concreto

• Respecto del derecho de petición

28. La pretensión principal de la demanda está orientada a que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Valledupar responda la solicitud de declaratoria
de prescripción presentada por el accionante en diciembre de 2025. Para la fecha en
que se radicó la acción de tutela, el 26 de mayo de 2026, no se había acreditado una
respuesta a ese escrito.

29. Sin embargo, durante el trámite constitucional la Oficina de Cobro Coactivo emitió
el oficio DESAJVAGCC26-161 del 1.º de junio de 202610 y lo remitió al correo electrónico
del señor Acosta Tovar11. En dicho documento no solo reiteró su posición frente a la
validez de la notificación por aviso, sino que abordó expresamente la prescripción de la
acción de cobro y explicó las razones por las cuales, a juicio de la entidad, esta no se
había configurado.

30. En efecto, la autoridad señaló que los términos de los procesos de cobro coactivo
fueron suspendidos con ocasión de la emergencia sanitaria y que esa circunstancia
debía incorporarse al cómputo del término de prescripción. A partir de ello concluyó que,
para la fecha de la notificación por aviso, la acción de cobro no se encontraba prescrita.

31. La respuesta no tenía que ser favorable a los intereses del accionante para
satisfacer el objeto de la pretensión constitucional, pues el derecho fundamental de
petición garantiza la obtención de un pronunciamiento oportuno, claro, congruente y de
fondo, mas no una decisión en un sentido determinado. En este caso, la entidad
accionada se pronunció sobre el asunto que el actor reclamaba y comunicó la respuesta
durante el trámite de la tutela.

32. Por lo anterior, la situación que dio origen a esta parte de la solicitud de amparo
desapareció durante el trámite constitucional. En consecuencia, cualquier orden dirigida
a obtener una respuesta a la solicitud de declaratoria de prescripción resultaría inocua,
razón por la cual se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de esa pretensión.

• Respecto de la pretensión subsidiaria

33. La pretensión subsidiaria del señor Acosta Tovar está dirigida a que el juez
constitucional declare la nulidad de la notificación de la Resolución núm. 000281 del 11
de abril de 2019, mediante la cual se profirió mandamiento de pago dentro del proceso
administrativo de cobro coactivo.

34.Ese planteamiento no se limita a obtener una respuesta de la administración, sino
que exige definir la validez de una actuación surtida dentro del procedimiento de cobro
coactivo, establecer si la autoridad agotó las diligencias necesarias para efectuar la

10 Samai, archivo 021.
11 Samai, archivo 034.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04040-00
Accionante: Jonatan Acosta Tovar
Se declara la carencia actual de objeto y la improcedencia

notificación y determinar las consecuencias jurídicas que se derivarían de una eventual
irregularidad. Se trata, por tanto, de una controversia de legalidad que no corresponde
resolver, como mecanismo principal, al juez de tutela.

35. Además, el propio accionante promovió ante la Oficina de Cobro Coactivo una
solicitud de nulidad en octubre de 2025, que fue resuelta de manera desfavorable el 21
de noviembre siguiente. Posteriormente reiteró esa discusión en el escrito de
declaratoria de prescripción del 5 de diciembre de 2025 y la entidad mantuvo su posición
en la comunicación del 1.º de junio de 2026. De este modo, existe una actuación
administrativa en curso y decisiones de la autoridad competente respecto de los
cuestionamientos formulados por el actor, cuya legalidad debe ser debatida a través de
los mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico.

36. En materia de cobro coactivo, el control jurisdiccional recae sobre los actos
susceptibles de ser demandados conforme con las reglas especiales que regulan ese
procedimiento, entre ellos los previstos en el artículo 83512 del Estatuto Tributario y en
el artículo 10113 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, así como los demás actos definitivos que creen, modifiquen o extingan
una situación jurídica particular. Empero, en el presente asunto aún no se ha expedido
una decisión de seguir adelante con la ejecución ni otro acto definitivo que habilite el
correspondiente control judicial respecto de los cuestionamientos formulados por el
accionante.

37. Por tanto, la subsidiariedad no se sustenta simplemente en que el procedimiento
administrativo de cobro coactivo se encuentre en curso, sino en que el ordenamiento
prevé un mecanismo judicial idóneo para controvertir la legalidad de las decisiones
adoptadas dentro de aquel una vez se expida un acto susceptible de control
jurisdiccional. En ese escenario, el señor Acosta Tovar podrá plantear ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo los reparos relacionados con la notificación
del mandamiento de pago y las consecuencias jurídicas que, a su juicio, se derivan de
las irregularidades alegadas.

38. De este modo, la acción de tutela no puede utilizarse para anticipar ese control ni
para obtener del juez constitucional una decisión sobre la validez de la notificación antes
de que se configure el supuesto que habilita el ejercicio del medio ordinario de defensa.

39. Si bien el señor Acosta Tovar afirmó que el embargo de sus cuentas y salario le
ocasionó dificultades económicas y le impidió acceder a un crédito de vivienda, no
aportó elementos que permitan establecer una afectación grave, cierta e inminente de
su mínimo vital o la configuración de un perjuicio irremediable que haga impostergable

12 Artículo 835. Intervención del contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo

coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones que
fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el
proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha
jurisdicción.
13 Artículo 101. Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos administrativos que deciden
las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito.
La admisión de la demanda contra los anteriores actos o contra el que constituye el título ejecutivo no
suspende el procedimiento de cobro coactivo. Únicamente habrá lugar a la suspensión del procedimiento
administrativo de cobro coactivo […].

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04040-00
Accionante: Jonatan Acosta Tovar
Se declara la carencia actual de objeto y la improcedencia

la intervención del juez constitucional.

40. En consecuencia, al no evidenciarse la configuración de un perjuicio irremediable ni la
ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz, la acción constitucional resulta improcedente
respecto de la pretensión encaminada a obtener la nulidad de la notificación de la Resolución
núm. 000281 de 2019, pues la tutela no está llamada a sustituir al juez natural de la causa ni a
convertirse en una instancia paralela para resolver controversias propias del procedimiento
administrativo de cobro coactivo.

41. Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
respecto de esa pretensión, por no haberse superado el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
pretensión encaminada a obtener respuesta a la solicitud de declaratoria de prescripción, por
las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE la improcedencia de la solicitud de amparo respecto de la pretensión
dirigida a obtener la nulidad de la notificación de la Resolución núm. 000281 del 11 de abril de
2019, por no haberse superado el requisito de subsidiariedad.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada, ENVÍESE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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