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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03207-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03207-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora Gloria Inés Betancurt Botero contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03207-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

19 de junio de 2025

Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03207-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03207-00
Demandante: GLORIA INÉS BETANCURT BOTERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, SALA
TERCERA DE DECISIÓN

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Gloria Inés Betancurt Botero, por conducto de apoderada judicial,
presentó acción de tutela, el 26 de mayo de 2025, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y de acceso a la
administración de justicia, así como a los principios de confianza legítima y a la
seguridad social en pensiones.

Las referidas garantías superiores las estimó vulneradas con ocasión de la
sentencia de 5 de diciembre de 2024, mediante la cual se revocó el fallo de 23 de
septiembre de 2022, del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira, que negó las pretensiones de la demanda y, del auto de 31 de marzo de
2025, que no accedió a la solicitud de aclaración de aquella, dictados por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, adelantado por la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones- identificado con el número de radicado
66001-33-33-004-2021-00016-00/01.

1.2. Pretensiones

El accionante presentó las siguientes:

1. TUTELAR los derechos fundamentales de GLORIA INÉS BETANCURT
BOTERO, identificada con C.C. No. 42.065.356, al Debido Proceso (Art. 29 C.P.),
al Acceso a la Administración de Justicia (Art. 229 C.P.), a la Seguridad Jurídica
y al Principio de Confianza Legítima (Art. 83 C.P.), a la Seguridad Social en
Pensiones (Art. 48 C.P.), y al Mínimo Vital y Móvil (Art. 53 C.P.), los cuales fueron

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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03207-00

vulnerados por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda.

2. En consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia
proferida el cinco (05) de diciembre de 2024 por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho con radicado No. 66001-33-33-004-2021-00016-
01, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia No. 179/2022 del
23 de septiembre de 2022 (proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Pereira) y se declararon nulas las Resoluciones SUB92494 del 15 de
abril de 2019 y SUB130530 del 27 de mayo de 2019, que reconocieron y
reliquidaron la pensión de vejez de la Accionante.

3. Igualmente, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS el auto proferido el treinta y uno
(31) de marzo de 2025 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Risaralda, mediante el cual se negó la solicitud de aclaración de la referida
sentencia de segunda instancia.

4. Como restablecimiento de los derechos vulnerados, ORDENAR a la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda que, en el término perentorio
e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, o el que su Despacho considere
apropiado, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, proceda a dictar
una nueva sentencia de segunda instancia dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho con radicado No. 66001-33-33-004- 2021-00016-
01, en la cual:

a. Se respeten los derechos fundamentales de la Accionante y se subsanen los
defectos sustantivos, procedimentales y de desconocimiento del precedente que
configuran la vía de hecho alegada.

b. Se valore y decida sobre la excepción de caducidad de la acción de lesividad
interpuesta por Colpensiones, conforme a los términos del artículo 164 numeral 2
literal d) del CPACA y la jurisprudencia aplicable.

c. Se reconozcan los efectos de la Sentencia C-030 de 2009 y de la sentencia de
tutela proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Rad.
2009-01058) del 21 de octubre de 2009, que amparó el traslado de régimen
pensional de la Accionante.

d. Se protejan los principios de confianza legítima y buena fe, así como los
derechos adquiridos o, en su defecto, las situaciones jurídicas consolidadas de la
Accionante respecto de su pensión de vejez.

e. En consecuencia de lo anterior, se confirme la sentencia de primera instancia
No. 179/2022 del 23 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Pereira, mediante la cual se negaron las súplicas de
la demanda de lesividad presentada por Colpensiones.

5. De manera SUBSIDIARIA a la petición anterior (numeral 4, literal e), y solo en el
evento en que su Despacho no considere viable la confirmación de la sentencia
de primera instancia, se sirva ORDENAR a la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda que, en la nueva sentencia de segunda
instancia que profiera, si bien analiza la legalidad de los actos administrativos de
reconocimiento pensional, disponga que cualquier eventual reliquidación de la
pensión de vejez de la señora GLORIA INÉS BETANCURT BOTERO por parte
de Colpensiones:

a. Se realice aplicando el régimen especial de alto riesgo al que tenía derecho en
virtud de su labor en el DAS y el traslado de régimen amparado judicialmente, o,
en su defecto, aplicando el principio de favorabilidad en la interpretación de las
normas pensionales.

b. En todo caso, se establezcan directrices claras y precisas para que dicha
reliquidación NO implique una disminución de la mesada pensional que la

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Accionante venía percibiendo, garantizando así la protección de su mínimo vital y
el principio de progresividad de los derechos sociales.

c. Se ordene a Colpensiones motivar de forma clara, completa y suficiente el
nuevo acto administrativo de liquidación, especificando las normas aplicadas y los
factores tenidos en cuenta.

6. Como MEDIDA PROVISIONAL, y con el fin de evitar un perjuicio irremediable y
garantizar la continuidad de la protección de mis derechos fundamentales
mientras se tramita la presente acción, solicito respetuosamente a su Despacho,
con base en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, ORDENAR LA SUSPENSIÓN
INMEDIATA de los efectos de la sentencia proferida el cinco (05) de diciembre de
2024 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda,
hasta tanto se emita un fallo definitivo en esta acción de tutela. Lo anterior, para
asegurar la estabilidad de mi situación pensional y evitar la materialización de los
efectos de una decisión que considero vulneratoria de mis derechos.

7. ORDENAR a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
que, una vez proferida la nueva sentencia de segunda instancia en cumplimiento
de este fallo de tutela, remita copia de la misma a este Despacho para verificar su
cumplimiento.

8. COMPULSAR COPIAS de esta acción de tutela y de las piezas procesales
pertinentes a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES,
para su conocimiento, en calidad de tercero con interés en las resultas del
proceso.1 (Mayúsculas sostenidas y negrillas originales)

1.3. Hechos

De la solicitud de amparo y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

Mediante fallo de tutela de 21 de octubre de 2009, el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito Judicial de Pereira, protegió los derechos fundamentales a la seguridad
social y de igualdad de la señora Gloria Inés Betancurt Botero y, en consecuencia,
ordenó al Instituto de los Seguros Sociales -ISS- a que radicara y aceptara el
traslado de la afiliada del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima
media con prestación definida.

La señora Gloria Inés Betancurt Botero laboró en el extinto Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS- y por Resolución 1464 de 27 de junio de 2014,
fue incorporada a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en el
empleo de auxiliar administrativo, código 4044, grado 15, del cual le fue aceptada
la renuncia a partir del 1.° de junio de 2019.

La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, mediante la
Resolución SUB 92194 del 15 de abril de 2019, le reconoció una pensión de vejez
con el régimen especial de alto riesgo a la señora Gloria Inés Betancurt Botero,
condicionado su pago al retiro efectivo del servicio público. La anterior prestación
fue reliquidada a través de la Resolución SUB 130530 del 27 de mayo de 2019, en
la cual se ordenó su ingreso en nómina de pensionados con efectos fiscales a partir
del 1.° de junio de 2019.

1 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.

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En atención a una solicitud de reliquidación pensional presentada por la beneficiaria,
la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- encontró que ésta no
había acreditado el requisito de 750 semanas de cotización antes del 1.° de abril de
1994, para efectos de ser beneficiaria del traslado del régimen de ahorro individual
-RAIS- al de prima media con prestación definida, en los términos señalados en la
sentencia C-1024 de 2004 de la Corte Constitucional, motivo por el cual, indicó que
quien era competente para el reconocimiento y pago de la pensión era la
Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Lo anterior quedó
consignado en el acto administrativo APSUB 1939 del 15 de octubre de 2020, en el
que la entidad le solicitó a la beneficiaria la autorización para la revocatoria de las
Resoluciones SUB 92194 de 15 de abril de 2019 y SUB 130530 del 27 de mayo de
2019, frente a lo cual no hubo pronunciamiento alguno.

Con forme al anterior panorama, la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones- ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en modalidad de lesividad contra los actos administrativos que reconocieron y
reliquidaron la prestación de la señora Betancurt Botero, del cual conoció, en
primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira,
autoridad judicial que, en sentencia de 23 de septiembre de 2022, negó las
pretensiones deprecadas tras considerar que, de conformidad con las pruebas
documentales, la beneficiaria de la pensión había realizado su traslado de régimen
pensional dentro de los 3 meses otorgados a los funcionarios del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- que desempeñaban actividades
de alto riesgo, conforme a la sentencia C-030 de 20092 de la Corte Constitucional.

Contra esta providencia la entidad demandante interpuso recurso de apelación del
cual conoció el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión,
corporación que, en fallo de 5 de diciembre de 2024, revocó el de primer grado, para
en su lugar, acceder parcialmente a las súplicas rogadas, así:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida en este proceso por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Pereira el veintitrés (23) de septiembre de 2022,
mediante la cual negó las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de este proveído y en su lugar se dispone:

“1. DECLÁRESE la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones (I) SUB92494 del 15 de abril de 2019 y (II) SUB130530 de 27 de mayo
de 2019, a través de las cuales, reconoció una pensión de vejez y la consecuente
reliquidación posterior.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNASE a la Administradora
de Fondo de Pensiones – Colpensiones, reconocer y reliquidar la pensión de la
señora Gloria Inés Betancurt Botero con base en las leyes 100, 797 y 812, y mientras
lo hace, notifica la decisión y la incluye en nómina, continuará pagando la mesada
pensional, de conformidad con lo dicho en la parte motiva del fallo.

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda”

2 Con la cual se resolvió la acción pública de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 3

(parcial) y 9 del Decreto Ley 2090 de 2003 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para
la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen
de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades»; artículo 6 del Decreto Ley
2091 de 2003 «Por el cual se reforma el régimen de pensiones de los servidores públicos del
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS» y artículo 2, parágrafo 6 de la Ley 860 de 2003
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se dictan otras disposiciones».
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Como sustento de lo anterior, la corporación accionada señaló, en primer lugar, que
si bien no había claridad de la fecha de presentación de la solicitud de traslado, sí
estaba acreditada la respuesta dada a la misma por parte del Instituto de los
Seguros Sociales -ISS-, con lo cual se podía establecer que ésta se presentó dentro
del plazo señalado en la sentencia C-030 de 2009.

En segundo término, después de hacer el respectivo recuento normativo y
jurisprudencial sobre la pensión especial de alto riesgo, advirtió que, la señora
Betancurt Botero no era beneficiaria de este régimen pensional, pues, no era posible
que contara con 500 semanas de cotización en alto riesgo, para el 28 de julio de
2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, que estableció dicho
requisito para tener derecho a la aplicación del Decreto 1835 de 1994, que regulaba
dicha prestación.

Conforme a lo anterior, concluyó que debía revocarse la sentencia de primera
instancia y, en consecuencia, declarar la nulidad de los actos administrativos
acusados y ordenarle a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-
que le reconozca y liquide la pensión de la señora Gloria Inés Betancurt Botero con
sustento en las Leyes 100 de 1993, 797 de 1993 y 812 de 2003.

Con auto de 31 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Tercera de Decisión no accedió a la solicitud de aclaración de la sentencia de 5 de
diciembre de 2024, elevada por la demandada.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que las providencias de 5 de diciembre de 2024 y de 31 de
marzo de 2025, dictadas por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera
de Decisión, vulneraron sus derechos fundamentales «al dejar sin efecto los actos
que reconocieron su pensión en condiciones consolidadas y ordenar una
reliquidación bajo un régimen diferente que podría ser lesivo, desconociendo la
caducidad de la acción de Colpensiones, los efectos de la cosa juzgada de una
tutela previa y el principio de confianza legítima».

En ese orden, precisó que se configuró un defecto sustantivo por errónea
interpretación y aplicación de la sentencia C-030 de 2009 de la Corte Constitucional,
dado que, el tribunal accionado analizó de forma estricta el cumplimiento del
requisito de las 500 semanas de cotización de alto riesgo para el 28 de julio de 2003,
fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, sin tener en cuenta que su
traslado de régimen pensional fue posterior y amparado por dicha providencia, que
además busco superar obstáculos temporales.

Asimismo, señaló que se inaplicó o se aplicó indebidamente el principio de
favorabilidad en materia de seguridad social, comoquiera que, no obstante existir
un reconocimiento pensional bajo una interpretación plausible de las normas que
regulaban el régimen especial del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-
la corporación censurada optó por una menos favorable, pues, dispuso que se
reconociera con el régimen general, cuando la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en señalar que en caso de duda en la aplicación de fuentes normativas
en seguridad social, debe preferirse la que sea más favorable al pensionado o
afiliado.

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Por otra parte, aseveró que se presentó el yerro procedimental por exceso ritual
manifiesto, en atención a la falta de pronunciamiento o de valoración inadecuada de
la excepción de caducidad de la acción de lesividad, toda vez que, la demanda debió
presentarse dentro del término de los 4 meses previstos en el literal d), del numeral
2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y en el presente caso los actos de
reconocimiento de la pensión fueron expedidos en el año 2019, mientras que el
medio de control se ejerció en febrero del 2021, esto es, fuera del referido plazo.

Conforme a lo anterior, advirtió que la falta de prosperidad de la referida figura
procesal devenía en el mentado defecto con incidencia sustancial en la decisión,
dado que de haber sucedido lo contrario no se hubiera realizado el estudio de
legalidad de los actos acusados.

Finalmente, señaló que se desconoció el fallo de tutela del Juzgado Segundo
Laboral del Circuito Judicial de Pereira que hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional en relación con tema de la orden de traslado de régimen pensional,
pues, en ella se realizó un reconocimiento judicial de su derecho a pertenecer al de
prima media con prestación definida en el contexto de la sentencia C-030 de 2009,
esto es, para los fines pensionales especiales allí señalados.

De igual forma, alegó que se omitió la línea jurisprudencial sobre los principios de
confianza legítima y buena fe «(ej. Sentencias T-295 de 1999, SU-360 de 1999, T-
611 de 2001, C-131 de 2004)», pues, confió en su traslado de régimen ordenado
por autoridad judicial, así como en el posterior reconocimiento y pago su pensión
por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- durante
casi 2 años antes de la demanda en lesividad.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 28 de mayo de 2025, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, así como al Tribunal
Administrativo de Risaralda en calidad de accionado, y le otorgó el término de dos
días para que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de
1991.

Como terceros con interés, vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Pereira [autoridad judicial de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho], a la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones- [parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho] y a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
[vinculada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho], para que, si lo
consideraban del caso, intervinieran en la presente acción, dentro de la misma
oportunidad concedida a la parte demandada.

Asimismo, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una
publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela, con
el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió a
las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictó la providencia censurada.

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Finalmente, reconoció a la abogada Yeny Lorena Osorio Muñoz como apoderada
de la tutelante, de conformidad con el poder otorgado en su favor.

Asimismo, negó la solicitud de medida provisional de suspensión de los efectos
jurídicos de la sentencia de 5 de diciembre de 2024.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Risaralda

El magistrado ponente de las decisiones censuradas, después de referirse a las
consideraciones consignadas en la sentencia de 5 de diciembre de 2024, así como
de pronunciarse sobre cada uno de los defectos endilgados, señaló que, en
principio, la tutela no contaba con relevancia constitucional, pues lo pretendido por
la actora era constituir el mecanismo como una instancia adicional.

Asimismo, indicó que los argumentos de la tutelante no tenían vocación de
prosperidad, comoquiera que, tal como se le había explicado en las providencias
cuestionadas, el tribunal se pronunció exclusivamente respecto del asunto que
motivó la demanda de lesividad y del recurso de apelación, por lo tanto, procedía el
estudio de las semanas cotizadas para efectos de determinar el régimen aplicable.

De igual forma, precisó que, respecto a la caducidad de la demanda, el juez de
primera instancia ya se había pronunciado en auto de 23 de septiembre de 2022,
frente al cual no se manifestó inconformidad alguna, luego, en cuanto a este reparo
se configuraría la subsidiariedad.

Finalmente, concluyó que el tribunal no había incurrido en ninguno de los yerros
atribuidos «pues la decisión proferida, abordó el estudio de los elementos de prueba
y los valoró adecuadamente, tomando como hito el reconocimiento de un régimen
especial y su reliquidación, situación que fue desacreditada con los medios de
prueba aportados por lo tanto lo procedente era la declaratoria de nulidad de los
actos acusados».

1.6.2. Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-

La referida entidad solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo por
cuanto no se materializó ningún defecto o vulneración de algún derecho
fundamental de la accionante por parte de la autoridad judicial accionada. Asimismo,
pidió que se deniegue la tutela respecto de la administradora pensional, en atención
a que los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la misma ya fueron
estudiados por el juez natural que conoció del asunto.

1.6.3. Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

La mentada sociedad advirtió que quien estaba llamado a dar contestación al
mecanismo constitucional era el Tribunal Administrativo de Risaralda, razón por la
cual no se le podía endilgar la trasgresión de alguna garantía superior de la

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demandante; en consecuencia, requirió la declaratoria de improcedencia o la
negativa de la acción.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta colegiatura es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de
tutela presentada por la señora Gloria Inés Betancurt Botero, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de la accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia de 5 de diciembre de 2024, mediante la cual revocó el fallo de 23 de
septiembre de 2022, del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y,
del auto de 31 de marzo de 2025, que negó la solicitud de aclaración de aquella,
dictados por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, adelantado
por la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, de encontrarse superado, junto con los demás; (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03207-00

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

2.4.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20227 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para

6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 8.

2.4.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por
la tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que las inconformidades planteadas no contienen la
carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto
requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la entidad o
trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales.

En efecto, si bien la actora planteó la configuración de los defectos sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto y por desconocimiento de precedente, lo
cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional, según lo
establecido en la referida sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU-
215 de 2022, pues, el debate planteado en esta instancia tiene como objeto refutar
las consideraciones de la autoridad judicial accionada, más allá de exponer cómo
se materializó la presunta trasgresión de sus garantías fundamentales.

Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y de acceso a la administración de
justicia, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el
escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita
vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador judicial se
restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas
de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales.

La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para
cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio

8 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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argumentativo mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte
el reparo a la decisión de segunda instancia a partir de la configuración de
determinados defectos, pero huérfano de una línea conceptual ius fundamental que
permita al juez desarrollar, interpretar o aplicar la carta política respecto al caso
concreto.

Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en las
consideraciones de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho
extremo procesal frente a la interpretación y aplicación de las normas en el proceso
contencioso expuestos en la solicitud de amparo, sin el adecuado contraste de un
indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, atentaría contra el
principio de autonomía judicial y, así se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia.

En efecto, esta colegiatura advierte que, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda, en la sentencia de 5 de diciembre de 2024, censurada
en esta instancia, se pronunció, por ejemplo, respecto del traslado del régimen de
ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida de la
demandada, en el sentido de señalar su validez, precisamente en los términos de
la sentencia C-030 de 2009, de la Corte Constitucional, además del fallo de tutela
del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Pereira de 21 de octubre de
2009, discusión que plantea la tutelante pero sin argumentos de índole superior en
punto de derechos fundamentales, pues, se itera que no basta con citar y trascribir
artículos de la Carta Política, como se puede evidenciar en este caso.

Es decir, la parte accionante busca en este escenario que el operador judicial
desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación y aplicación de
las normas y principios, en la forma que a ella le parece «correcta», y con ello,
pretende a través del mecanismo constitucional crear una instancia adicional.

No sobra insistir que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa
juzgada y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra
providencias judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos
generales de procedibilidad.

2.5. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional, pues, no se cumplió con la carga iusfundamental
requerida en los casos de tutela contra providencia judicial conforme lo estableció
la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-215 de 2022.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03207-00

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Gloria Inés Betancurt Botero contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Tercera de Decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicado en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”.

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