Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03319-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03319-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03319-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
18 de septiembre de 2025
Demandante: Carlos Alberto Barona Castillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2025-03319-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03319-01
Demandante: CARLOS ALBERTO BARONA CASTILLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca decisión
de primera instancia y declara la improcedencia de la solicitud
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia
del 11 de julio de 2025, por la cual la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado negó la acción de tutela presentada por no encontrarse
acreditados los defectos fácticos y sustantivos alegados.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Carlos Alberto Barona Castillo, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.
Consideró vulneradas tales garantías con ocasión de la providencia del 29 de
noviembre de 2024, que confirmó la sentencia del 13 de junio de 2022, mediante
la cual el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda dentro del medio
de control de reparación directa con radicado 11001-33-43-059-2018 00089-
00/01, promovido por el actor contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional.
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Demandante: Carlos Alberto Barona Castillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2025-03319-01
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
PRIMERO: DECLARAR que la Sentencia identificada con radicado
11001334305920180008901, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA/SECCIÓN
TERCERA/SUBSECCIÓN B (MAGISTRADA PONENTE CLARA CECILIA
SUÁREZ VARGAS) vulnera los derechos fundamentales del accionante.
SEGUNDO: TUTELAR en favor del accionante los Derechos
Constitucionales Fundamentales invocados como violados y/o vulnerados.
TERCERO: ORDENAR DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia identificada
con radicado 11001334305920180008901, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA/SECCIÓN
TERCERA/SUBSECCIÓN B (MAGISTRADA PONENTE CLARA CECILIA
SUÁREZ VARGAS).
CUARTO: ORDENESE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA/SECCIÓN TERCERA/SUBSECCIÓN B (MAGISTRADA
PONENTE CLARA CECILIA SUÁREZ VARGAS) proferir, en el término que
el Juez Constitucional estime pertinente y según la complejidad del caso,
nueva Sentencia en la cual valore en debida forma las pruebas allegadas
y se decrete, de resultar necesario, nuevas pruebas. Se observe los
fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales que no fueron
tenidos en cuenta.1.
1.3. Hechos
La parte actora explicó que, durante la prestación de su servicio militar obligatorio,
sufrió una luxación de rótula en la rodilla derecha como resultado de una caída
ocurrida en la base militar de La Cabaña, hecho que consta en el informe
administrativo fechado el 30 de octubre de 2017 y fue corroborado por la
valoración médica correspondiente, la cual prescribió tratamiento fisioterapéutico.
Indicó que en el año 2018, junto con Mary Luz Valencia, José Barona Zapata,
Rosario Zapata Domínguez, Jhon Edis Barona Castillo, Estefany Barona Castillo
y Cristian David Barona Castillo, presentó demanda de reparación directa contra
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de obtener
la declaración de responsabilidad administrativa y patrimonial por las lesiones
sufridas, así como el reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales
derivados de los hechos.
Señaló que, durante el trámite inicial, se solicitó y decretó la práctica de un
dictamen de valoración de pérdida de capacidad laboral [en adelante PCL] el cual
1 Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.
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fue ejecutado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del
Cauca. Aunque se indicó expresamente que la persona objeto de valoración
pertenecía al Ejército Nacional, el concepto emitido el 23 de diciembre de 2020
arrojó un porcentaje de pérdida del cero por ciento [0%].
No obstante, aseguró que dicho informe no fue elaborado conforme a los
parámetros establecidos en los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000, normativa
aplicable al personal militar, sino con base en el manual MUCI, utilizado para el
régimen general.
Manifestó que el 23 de enero de 2020 se solicitó a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Valle del Cauca la corrección del dictamen de PCL,
debido a que se omitió la aplicación de los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000,
normatividad específica para personal militar. No obstante, la Junta desatendió
dicha solicitud.
Mencionó que posteriormente, en la audiencia de pruebas celebrada el 27 de
enero de 2021, el Juzgado decidió continuar el trámite con base en la afirmación
del perito, quien sostuvo que el resultado de la calificación sería el mismo sin
importar el marco normativo aplicado. En consecuencia, se mantuvo la valoración
bajo el manual MUCI, correspondiente al régimen general.
Explicó que el dictamen contenido en el Acta No. 119205, expedido el 12 de
agosto de 2021 por la Junta Médico Laboral Militar, estableció una disminución
de la capacidad laboral del 19.50%, aplicando correctamente la normativa
especial militar. Sin embargo, el Ejército Nacional, pese a tener conocimiento
directo del resultado, omitió ponerlo en conocimiento del juzgado de primera
instancia, incumpliendo con su deber procesal de aportar una prueba
debidamente decretada.
Señaló que a través de sentencia del 13 de junio de 2022, el Juzgado Cincuenta
y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al declarar la responsabilidad de la entidad
demandada, pero ordenó el pago de una condena que no tenía en cuenta el
verdadero porcentaje de pérdida de capacidad laboral y, por lo tanto, ascendía a
un monto inferior al que debía reconocerse.
Manifestó que interpuso recurso de apelación contra la decisión, en el que alegó
que el Ejército Nacional omitió información relevante y que la sentencia de
primera instancia vulneró los principios de reparación integral y prevalencia del
derecho sustancial. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, confirmó íntegramente dicha decisión mediante
fallo del 29 de noviembre de 2024.
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1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora alegó que la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, vulneró sus derechos
fundamentales debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.
Precisó que la providencia recurrida incurrió en un defecto fáctico, al ignorar de
forma consciente el dictamen de la Junta Médico Laboral Militar y basar su
decisión únicamente en el concepto de la Junta Regional del Valle del Cauca, la
cual aplicó el manual genérico «MUCI» en lugar de la normativa especial que rige
la calificación de invalidez en la Fuerza Pública.
Consideró que fue errónea la afirmación de la magistrada ponente respecto a la
inexistencia de prueba sobre la solicitud de calificación conforme al Decreto 1796
de 2000, toda vez que en el escrito de apelación se informó expresamente sobre
la existencia del dictamen contenido en el Acta N.º 119205 y se solicitó su
incorporación al expediente.
Asimismo y, frente al Ejército Nacional, señaló que este incurrió en deslealtad
procesal al omitir deliberadamente poner en conocimiento del juez de primera
instancia la existencia del Acta de la Junta Médico Laboral Militar.
Sostuvo que las omisiones y errores identificados condujeron a una valoración
probatoria incompleta y equívoca, lo cual incidió negativamente en el
reconocimiento de los derechos que legalmente le asisten.
Alegó que el fallo incurrió en un defecto sustantivo, al desconocer la normativa
especial aplicable a la calificación de la PCL de los miembros de la Fuerza
Pública, lo que derivó en una decisión contraria al orden jurídico vigente y
configuró un error de interpretación normativa.
Concluyó que dicho error en la interpretación de la ley vulneró el principio de
legalidad y el derecho fundamental al debido proceso, lo que resultó en un
reconocimiento de indemnización menor a la que le correspondía según la ley.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Mediante auto del 4 de junio del 2025, la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en calidad de
demandado.
De igual manera dispuso vincular a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, al Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y a los señores Mary Lucy Castillo Valencia, José Alberto
Barona Zapata, Rosario Zapata Domínguez, Jhon Edis Barona Castillo, Estefany
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Barona Castillo y Cristian David Barona Castillo como terceros con interés en las
resultas del proceso.
Respecto a estos últimos, comisionó al juzgado en mención para que, por su
conducto, procediera a la notificación de dichos sujetos procesales por el medio
que resultara más expedito.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C.
El titular del juzgado allegó contestación el 10 de junio de 20252 en los siguientes
términos:
Señaló que en la audiencia de práctica de pruebas del 27 de enero de 2021, la
parte actora manifestó su inconformidad frente al dictamen de la Junta Regional
de Calificación del Valle del Cauca, que concluyó que no existía pérdida de
capacidad laboral, y que la adición solicitada fue rechazada por considerarse una
enmienda a la pericia, y aunque se le ofreció la opción de solicitar un nuevo
dictamen, el actor decidió no hacerlo.
Indicó que en dicho trámite el despacho dejó constancia de que la parte actora
tuvo la oportunidad de controvertir la prueba, y que el despacho decidiría lo
pertinente en el momento de dictar sentencia. Asimismo, se declaró el
desistimiento respecto de la valoración médica solicitada ante la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional.
Explicó que no existió afectación de la validez del dictamen por la tabla empleada
por cuanto la circunstancia «per se no afecta la validez de dicha prueba», ya que
el experto que sustentó el dictamen manifestó que «sin importar las tablas que
se utilizaran para establecer los índices de pérdida de la capacidad laboral del
demandante, el resultado sería el mismo».
Por lo anterior, el juzgado sostuvo que no hubo una valoración caprichosa o
arbitraria de la prueba que configurara un defecto fáctico, adicionalmente precisó
que dictamen de la Junta Médica Militar no obraba en el expediente en primera
instancia.
Concluyó que su proceder no es el que suscita la interposición de la acción de
tutela, ya que el dictamen de la junta regional fue controvertido y estudiado en
sede de apelación, por lo que solicitó que se declare la improcedencia del amparo
solicitado en lo que respecta al despacho, por falta de legitimación en la causa
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por pasiva, al no ser responsable de la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales del actor.
Adicionalmente, porque no se configuran las causales de procedibilidad contra
providencias judiciales.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
La entidad judicial con escrito del 9 de junio de 20253 rindió informe sobre el
presente proceso.
Sostuvo que, en la sentencia proferida por esa corporación, se realizó un juicioso
estudio de los hechos probados en el proceso de reparación directa.
Indicó que cada parte tiene la carga de probar los supuestos de hecho en que
funda sus pretensiones o excepciones.
Consideró que el dictamen pericial elaborado por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Valle del Cauca goza de plena validez para acreditar
los perjuicios ocasionados.
Recordó que el juez tiene la facultad de apreciar el dictamen según las reglas de
la sana crítica, considerando su solidez, claridad, exhaustividad, precisión,
calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y las demás pruebas.
Citó el precedente según el cual la calificación de lesiones por pérdida de
capacidad laboral para miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
debe ser realizada por la respectiva dependencia de la entidad, aunque las
Juntas Regionales de Calificación de Invalidez pueden intervenir como peritos.
Señaló que no reposa prueba alguna que permita inferir que la víctima directa
haya obrado de forma diligente en cuanto al agotamiento del procedimiento
previsto en el Decreto 1796 de 2000 por lo que encontró útil el dictamen de la
Junta Regional.
Subrayó que la práctica de pruebas en sede de apelación es una excepción que
solo procede bajo causales taxativas previstas en el artículo 212 del CPACA, y
que, en este caso, no se acreditó ninguna de las circunstancias que habilitara la
incorporación de un dictamen adicional en segunda instancia.
Resaltó que la falta de valoración del dictamen emitido por la Junta Médico
Laboral Militar N.º 119205 de 2021 no configura un defecto fáctico atribuible al
juez de segunda instancia, sino que obedece directamente a la omisión del
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accionante en ejercer oportunamente su carga probatoria dentro de los términos
procesales previstos.
Concluyó que la acción de tutela interpuesta pretende reabrir el debate judicial
como si se tratara de una tercera instancia, sin aportar argumentos que
evidencien una relevancia constitucional manifiesta, requisito indispensable para
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales.
Por su parte el señor Carlos Alberto Barona Castillo arrimó la información
requerida, esto es las direcciones electrónicas en el cual se pueden ser
contactados todos los accionantes de la presente acción de tutela, No obstante,
ya se había fijado aviso a la comunidad, dado que inicialmente no se obtuvo
respuesta al requerimiento4.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 11 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó la acción de tutela al no encontrar
configurados el defecto fáctico ni el defecto sustantivo alegados.
El a quo determinó que la acción de tutela cumplía con los requisitos generales
de procedibilidad, al no existir otro medio de defensa judicial idóneo para
controvertir lo expuesto, dado que la sentencia del 29 de noviembre de 2024 puso
fin al medio de control de reparación directa. La tutela fue presentada dentro de
un plazo razonable, pues la providencia fue notificada el 4 de diciembre de 2024
y la acción se interpuso el 30 de mayo de 2025, y el accionante expuso de manera
clara las razones por las cuales considera vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Consideró que, no es un asunto de mera legalidad o discrepancia interpretativa,
sino un evento de naturaleza excepcional que habilita la intervención del juez
constitucional, debido a una duda sobre la potencial afectación de derechos
constitucionales que desborda el juicio de los jueces naturales.
Sin embargo, señaló que, del estudio del caso en concreto se advierte que no se
encontraron configurados los defectos fáctico ni sustantivo alegados contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Argumentó que la valoración efectuada por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se basó en las pruebas
aportadas dentro del proceso de reparación directa y en la normativa vigente
aplicable.
Indicó que cualquier pronunciamiento que realizara el juez constitucional sobre
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las conclusiones a las que llegó el juez natural de la causa, sería actuar más allá
de su órbita de competencia que confiere la acción de tutela.
1.8. Impugnación
Mediante escrito radicado el 25 de julio de 2025, la parte actora impugnó la
sentencia de primera instancia del 11 de julio de 2025, que fue notificada el 22
de julio del mismo año.
Indicó que los argumentos que sustentan su impugnación eran:
a. Desconocimiento del deber constitucional del juez de tutela de resolver todos
los cargos planteados.
b. Apreciación errónea del requisito de relevancia constitucional.
c. Análisis insuficiente de los defectos fáctico y sustantivo alegados en la tutela.
d. Convalidación de una decisión judicial con fundamento en hechos incompletos
y prueba desechada sin justificación.
Indicó que el tribunal ignoró la existencia de un dictamen emitido por la Junta
Médico Laboral Militar, el cual calificó al accionante con un 19.5% de pérdida de
capacidad laboral, y que la entidad judicial se apoyó exclusivamente en el
dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, a
pesar de que esta entidad no aplicó la normativa especial que regula la
calificación de miembros de la Fuerza Pública.
Señaló que incurrió igualmente en defecto fáctico por cuanto a su consideración
existió omisión de perseguir la prueba de la Junta Médico Laboral Militar, ya que
fue producida por una entidad oficial y era conocida por la parte demandada quien
no la puso en conocimiento del proceso, incurriendo así en deslealtad procesal.
Respecto al defecto sustantivo, alegó que hubo desconocimiento de la normativa
especial aplicable a la calificación de la pérdida de capacidad laboral de los
miembros de la Fuerza Pública, asimismo sostuvo que la decisión del tribunal se
basó en una calificación realizada bajo el Manual Único para la Calificación de
Invalidez «MUCI», el cual, no es aplicable a los militares, incluso a aquellos que
prestan servicio obligatorio.
Finalmente afirmó que el Decreto 1796 de 2000 impone la aplicación obligatoria
de criterios específicos para la calificación psicofísica de miembros de la Fuerza
Pública, a través de juntas médico laborales militares o de policía.
Por lo anterior estimó que, al haberse producido el daño durante el servicio militar
obligatorio, dicha normativa era plenamente aplicable a su caso, y que, sin
embargo, el magistrado accionado desconoció esta disposición y avaló una
calificación emitida por una entidad que no aplicó los decretos correspondientes,
lo que constituyó un error jurídico que vulneró su derecho fundamental a una
reparación integral y al debido proceso.
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Subrayó que el a quo realizó una valoración errónea, superficial y contradictoria
del requisito de relevancia constitucional y que redujo el análisis de procedibilidad
a una verificación mecánica, sin examinar cómo la decisión judicial cuestionada
pudo haber consolidado una afectación estructural de sus derechos.
Argumentó que la sentencia de tutela de primera instancia incurrió en un defecto
estructural al omitir el estudio completo, explícito y razonado de todos los cargos
formulados en el escrito de tutela inicial.
Por último, solicitó que se revoque la sentencia del 11 de julio de 2025 y en su
lugar se conceda el amparo de los derechos fundamentales invocados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591
de 19915, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo adoptado en primera instancia, que negó la acción de tutela instaurada por
el señor Carlos Alberto Barona Castillo contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por considerar que no se
encontraban acreditados los defectos invocados.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad –
relevancia constitucional, iii) el estudio de requisito de procedibilidad adjetiva de
subsidiariedad; y finalmente se analizará, iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia
5 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
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de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
2.4. Del requisito de relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para
determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis
de la Sala)
La Sala en sentencia del 29 de septiembre de 202210, modificó la postura que
tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la vulneración de
aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede
convertirse en una tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental
producto de una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce
este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre11.
2.5. Requisito de procedibilidad adjetiva de subsidiariedad
En cuanto a la subsidiariedad, la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante
sentencia SU-297 de 2015, advierte lo siguiente:
«4.4.2. De igual manera, la Corte ha explicado que este presupuesto de
procedibilidad no sólo implica que el accionante identifique los yerros de la autoridad
judicial que dan origen a la vulneración, sino que también exige que las mismas
hayan sido puestas en conocimiento del juez en su debida oportunidad de ser ello
posible, puesto que, de conformidad con los artículos 86 de la Carta y 6º del Decreto
2591 de 1991, resulta necesario preservar el principio de subsidiariedad que
subyace a la acción de tutela.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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En ese sentido, esta Corporación ha determinado que el recurso de amparo es
improcedente si quien ha tenido a su disposición instrumentos procesales de
defensa para hacer valer sus derechos, no los utiliza oportuna y adecuadamente,
acudiendo en su lugar a la acción constitucional, ya que las herramientas instituidas
por el legislador en los procesos ordinarios son también verdaderos mecanismos de
protección de las prerrogativas fundamentales, por lo que deben usarse en su
debido estadio procesal, para que en caso de no prosperar y demostrarse que la
autoridad judicial se negó injustificadamente a enmendar su yerro, pueda prosperar
el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.»
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.6. Caso concreto
La parte accionante consideró que la decisión adoptada el 29 de noviembre de
2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad
y acceso a la administración de justicia.
El demandante afirmó que la decisión judicial impugnada presenta un defecto
fáctico, al omitir y valorar incorrectamente pruebas esenciales, en particular el
Acta de Junta Médico Laboral Militar N.º 119205, emitida por el Ejército Nacional
el 12 de agosto de 2021, en la que se certificó una pérdida de capacidad laboral
(PCL) del 19.50%.
Aseguró que, a pesar de que esta prueba fue elaborada por la propia institución
castrense, el fallo se fundamentó exclusivamente en el dictamen de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, que estableció una PCL
del 0%.
Sostuvo que dicho dictamen es erróneo, ya que aplicó el Manual Único para la
Calificación de Invalidez (MUCI), en lugar de la normativa especial vigente para
miembros de la Fuerza Pública, contenida en los Decretos 094 de 1989 y 1796
de 2000, lo que constituye un defecto sustantivo. Además, acusó al Ejército
Nacional de deslealtad procesal por haber ocultado deliberadamente el acta
militar, a pesar de haber sido requerido para remitir toda la documentación
médica, privando así al juez de un elemento probatorio fundamental.
También cuestionó la pasividad de la magistrada, quien, al ser informada en el
recurso de apelación sobre la existencia del dictamen militar, tenía el deber de
decretar pruebas de oficio para obtenerlo. Su inacción condujo a una decisión
basada en un acervo probatorio incompleto y erróneo.
En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
luego de superar los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, estimó que en el presente asunto no se
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configuraron los yerros endilgados por el actor y, en consecuencia, decidió negar
la solicitud de amparo.
Lo anterior por considerar que la decisión del Tribunal se basó en las pruebas
aportadas al proceso y la normativa vigente, por lo que no existía una vulneración
de los derechos fundamentales alegados.
Inconforme con la anterior decisión, presentó impugnación mediante escrito
radicado el 25 de julio de 2025, en el cual indicó que el juez realizó un análisis
insuficiente de los defectos fáctico y sustantivo de la providencia, y convalidó una
decisión basada en hechos incompletos y en la aplicación de un marco normativo
inadecuado, por lo que solicitó que se revoque la sentencia impugnada y, en su
lugar, se conceda el amparo de sus derechos fundamentales vulnerados por el
tribunal.
Con base en los antecedentes del asunto, la pretensión constitucional formulada,
las intervenciones realizadas, el fallo de primera instancia y su impugnación, la
Sala considera que el presente caso no goza de relevancia constitucional, pues
más allá de buscar la protección de garantías constitucionales, lo solicitado por
el actor denota es su inconformidad con la sentencia proferida al interior del
proceso ordinario.
Es decir, en otros términos, el accionante no formuló una controversia sustantiva
que permitiera justificar razonablemente la existencia de una afectación
desproporcionada a los derechos fundamentales cuya vulneración se alegó.
Cuestión distinta es que el asunto objeto de resolución resulte contrario a lo
dispuesto por la jurisprudencia o la normativa aplicable. En efecto, lo que el juez
examina es si se configuran los defectos alegados por el accionante, y en ese
punto, el juez de instancia concluyó que dichos defectos no se encontraban
configurados en los términos planteados por el actor.
Como se estableció en líneas anteriores, para establecer si un asunto cuenta con
relevancia constitucional no basta con hacer la simple indicación de su
cumplimiento, pues como presupuesto general de la acción de tutela “…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel…”12. De igual manera, se precisa que dicho requisito tiene tres
finalidades, a saber:
… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional13 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad14; (ii) restringir el ejercicio
12 Sentencia SU 573 de 2019.
13 “Sentencia C-590 de 2005.”
14 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
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de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales15 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces16.
Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela
debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el juez
constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su
competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.
En el presente caso, el actor busca que se anule la sentencia y se emita una
nueva decisión que rectifique lo que él considera defectos fácticos, como la
omisión y valoración incorrecta de pruebas, y defectos sustantivos, como la
aplicación de normatividad inadecuada, que afectaron su derecho a una
reparación integral.
En efecto, se encuentra que un desacuerdo en relación con las conclusiones a
las que arribó la autoridad judicial de la causa no puede ser razón para que el
juez constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.
Por lo tanto, no es admisible que el accionante pretenda volver sobre la misma
discusión ante el juez de tutela, con la intención de lograr una decisión distinta
que sí sea favorable a sus intereses, a partir de argumentos que no denotan un
debate que trascienda el ámbito legal y conlleve a un estudio de índole
constitucional.
En vista de lo anterior, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre
derechos fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial
demandada, que amerite la intervención del juez constitucional, por cuanto la
acción de tutela no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza
legal.
Por otro lado, en relación con el dictamen contenido en el Acta No. 119205,
expedida por la Junta Médico Laboral Militar, se advierte que tampoco se cumple
con el requisito de subsidiariedad. Ello, por cuanto el actor tenía a su disposición
la posibilidad de solicitar que dicha prueba fuera tenida en cuenta en la segunda
instancia, conforme a lo previsto en el artículo 212, numeral 3, del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En
caso de que dicha solicitud hubiese sido negada, contaba además con el recurso
de súplica como mecanismo procesal disponible.
En consecuencia, se revocará el fallo de tutela impugnado que negó la acción de
15 “Sentencia C-590 de 2005.”
16 “Sentencia T-102 de 2006.”
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tutela por no encontrar configurados los defectos alegados, y en su lugar, se
declarará su improcedencia por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Revócase la sentencia del 11 de julio de 2025, por la cual la
Subsección A, de la Sección Tercera del Consejo de Estado que negó la acción
de tutela presentada por el señor Carlos Alberto Barona Castillo, y en su lugar,
declárese la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir el requisito
de relevancia constitucional y subsidiariedad.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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