Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03367-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03367-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03367-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03367-00
Accionante: Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – FONTIC
Accionado: Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá
Temas: Tutela contra acción u omisión de autoridad pública. Designación
de árbitros para conformar el tribunal de arbitramento.
Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela. Falta de
subsidiariedad.
Decide la Sala1 la acción de tutela formulada por el Fondo Único de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones – FONTIC en contra del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 3 de junio de 2025, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – FONTIC, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción
de tutela, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar al Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá rehacer el trámite arbitral, con
respecto a la designación de los árbitros y, en esa medida, «que se dé estricto
cumplimiento a lo dispuesto en la Cláusula Trigésima Primera del Contrato de
Aporte No. 1042 de 2020, garantizando el plazo de (60) días para que las partes
lleguen a un acuerdo de común acuerdo sobre la designación de los árbitros,
término que deberá contarse a partir de la notificación formal, por parte del Centro
de Arbitraje, de la existencia de la convocatoria arbitral».
3. Como fundamentos fácticos, la parte accionante afirmó que el 2 de mayo de
2025 la empresa Comunicación Celular SA – COMCEL presentó demanda arbitral
en contra suya, con fundamento en la cláusula compromisoria contenida en la
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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cláusula trigésima primera del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, la cual
establece lo siguiente:
«[…] CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. CLAÚSULA COMPROMISORIA: Si
surgieren controversias de cualquier índole entre el Contratista (sic) y FONDO ÚNICO
DE TIC relacionadas o derivadas de este Contrato, que no puedan ser resueltas de
forma directa por las Partes, serán dirimidas por un tribunal de arbitramento, el cual se
ceñirá a las siguientes reglas:
1. El arbitraje será legal conforme con las normativas vigentes sobre la materia al
momento de su instalación.
2. La sede será el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
3. El Tribunal fallará en Derecho.
4. Estará integrado por tres árbitros designados de común acuerdo entre las partes.
Si las partes no llegaren a un acuerdo dentro de los 60 días siguientes a la fecha en
que le sea notificado a la otra parte la existencia de una convocatoria del trámite
arbitral por el respectivo Centro de Arbitraje y Conciliación, los árbitros serán
designados por sorteo efectuado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, entre los nombres que integran la lista “A” de
árbitros que administra dicho centro.
Las obligaciones de las Partes establecidas en este Contrato no se suspenden por el
hecho de que se presenten disputas, inclusive durante el tiempo en que se estén
resolviendo.
Las Partes acuerdan que los honorarios de los árbitros estarán limitados a un valor
máximo de ciento cincuenta (150) salarios mínimos salarios mensuales legales
vigentes por cada uno de los árbitros.
Parágrafo: Si (sic) perjuicio de lo previsto en el numeral 4) de la presente cláusula, las
partes en cualquier tiempo podrán de común acuerdo realizar la designación por mutuo
acuerdo, incluso renunciado al sorteo […]».
4. El 5 de mayo de 2025, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá informó, a través de correo electrónico, sobre la presentación
de la demanda arbitral e invitó a la autoridad accionante a una reunión de
designación de árbitros, programada para el 14 de mayo de 2025, la cual se llevaría
a cabo de manera virtual.
5. En dicha reunión, la funcionaria del Centro de Arbitraje indicó que «ante la
imposibilidad de designar árbitros de mutuo acuerdo dada la inasistencia de la
convocada y por solicitud expresa de la parte convocante, se procederá a realizar
la designación de los árbitros del trámite arbitral en cuestión por medio de sorteo
público. Este sorteo se llevará a cabo el martes 20 de mayo de 2025 a las 8:30
a.m. por medio del sistema virtual del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá».
6. El 19 de mayo de 2025, FONTIC solicitó, a través de correo electrónico, la
cancelación o el aplazamiento de la reunión para la designación de árbitros, puesto
que, según lo establecido en la cláusula compromisoria del Contrato de Aporte No.
1042 de 2020, «las partes designarán los tres árbitros en un término de 60 días
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contados a partir de la notificación por parte del Centro de Arbitraje de la existencia
de la convocatoria arbitral».
7. El 20 de mayo de 2025, el Centro de Arbitraje mencionado le informó que «de
conformidad con el Reglamento del Centro y el Manual del sorteo las solicitudes de
reprogramación de designación por sorteo deben provenir de ambas partes. Si la
parte convocante desea coadyuvar debe manifestarlo por este medio, de lo contrario
el sorteo se realizará en la fecha y hora programada».
8. En la misma fecha, se realizó el respectivo sorteo donde se designaron, como
árbitros principales a Erick Richard Alexis Rincón Cárdenas, Rafael Hernando
Gamboa Bernate y Juan Carlos Gómez Jaramillo, y como suplentes a Hugo
Mauricio Velandia Castro, María Clara Gutiérrez Gómez e Isaac Alfonso Devis
Granados.
9. El 21 de mayo de 2025, COMCEL rechazó la solicitud de aplazamiento.
10. Como fundamentos de derecho, la entidad accionante indicó que la Ley 1563
de 2012 consagra el principio de libertad en el nombramiento de los árbitros, pues
en el artículo 8 expresamente confió ese aspecto a la libre voluntad de las partes,
quienes pueden determinar, de manera discrecional, la fórmula o mecanismo de
designación de los árbitros que integrarían el tribunal de arbitramento.
11. Bajo ese entendido, afirmó que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá vulneró su derecho fundamental al debido proceso,
puesto que el Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 estableció que el panel arbitral
«estaría integrado por tres árbitros designados de común acuerdo entre las partes
y dispuso un término de 60 días para lograr dicho acuerdo». No obstante, la entidad
precitada, en la reunión virtual celebrada el 14 de mayo de 2025 y el sorteo del 20
de igual mes y anualidad, desconoció lo pactado, al designar unilateralmente los
árbitros y pretermitir el término previsto para que las partes acordaran
conjuntamente su designación.
12. Adicionalmente, manifestó que el accionado transgredió su derecho de acceso
a la administración de justicia, al modificar las reglas para la designación de los
árbitros, ya que inobservó el principio de juez natural, el cual constituye un elemento
esencial del derecho de toda persona a acceder a un juez previamente determinado
por la ley o por el acuerdo de las partes.
Intervenciones2
13. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá
afirmó que, en virtud de lo establecido en la cláusula compromisoria, se encontraba
habilitada por las partes para realizar la designación de los árbitros por sorteo.
Además, señaló que esa facultad también está reconocida en el artículo 14 de la
2
El 26 de junio de 2025, se admitió la acción de tutela en contra del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá y se vinculó a la empresa Comunicación Celular SA – COMCEL SA y a la procuradora 44 judicial II para
la conciliación administrativa de Bogotá.
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Ley 1563 de 2012, por lo que «no es cierto que haya decidió de manera discrecional
y unilateral conformar el tribunal mediante sorteo».
14. Aclaró que el método de designación por sorteo fue previsto por las partes en
el pacto arbitral y se realizó por solicitud expresa de la convocante ante la
imposibilidad de designar a los árbitros de común acuerdo debido a la inasistencia
de la parte convocada a la reunión para tal fin.
15. Por otro lado, aseguró que la acción de tutela era improcedente, comoquiera
que no se cumplió con el requisito general de subsidiariedad, dado que el
accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial ante el tribunal arbitral
instalado, conforme a lo dispuesto en los artículos 20, 29 y 30 de la Ley 1563 de
2012. En esos términos, requirió «negar por improcedente» el amparo deprecado,
al no haberse vulnerado ningún derecho fundamental.
16. La empresa de Comunicación Celular SA – COMCEL sostuvo que no se
vulneró el derecho al debido proceso del accionante, comoquiera que la finalidad de
la cláusula compromisoria no era otra que agotar la posibilidad de nombrar de
común acuerdo a los árbitros, lo cual para el caso no fue posible y así lo entendió el
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por cuanto
la parte convocada no atendió la citación para ese fin y tampoco justificó su
inasistencia. En ese sentido, indicó que la entidad accionante no puede utilizar su
ausencia a dicha reunión, con el fin de desvirtuar una designación que se hizo de
conformidad con la ley aplicable y en cumplimiento de la cláusula compromisoria.
17. Señaló que las normas procesales son de orden público, por lo que no
permiten un pacto en contrario como lo sería la imposición a las partes de agotar un
término de 60 días antes de poder proceder con la designación de los árbitros, sin
razón alguna, por lo que la no inobservancia de ese supuesto requisito no implica el
incumplimiento de la cláusula compromisoria ni impide al Centro de Arbitraje
continuar con el trámite.
18. Finalmente, manifestó que de acuerdo con la Sentencia C-602 de 2019 de la
Corte Constitucional, la autonomía de la voluntad privada encuentra un límite en las
normas procesales de orden público y la cláusula compromisoria no puede
entenderse contentiva de un término obligatorio que deba agotarse previo a
proceder con la designación de los árbitros, so pena de contrariar el artículo 13 del
Código General del Proceso, máxime si se tiene en cuenta que fue por decisión del
accionante que la designación de los árbitros no se realizó de mutuo acuerdo, al no
asistir a la reunión. Por lo expuesto, solicitó negar la acción de tutela, ante la
ausencia de vulneración de las garantías fundamentales invocadas.
19. La Procuraduría General de la Nación adujo que el trámite arbitral se
encuentra reglado en la Ley 1563 de 2012, de manera que las controversias sobre
la validez de la designación de los árbitros, las solicitudes de aplazamiento y demás
incidentes procesales deben ser resueltos dentro de ese escenario arbitral o, en su
defecto, a través de los recursos ordinarios ante la jurisdicción competente.
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Adicionalmente, señaló que no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que permita de manera transitoria la procedencia de la acción de tutela.
20. Por otra parte, afirmó que es improcedente atribuir responsabilidad a la
Procuraduría 44 Judicial II para la Conciliación Administrativa de Bogotá, ya que no
se evidenció ninguna actuación que conculcara derechos fundamentales, sino que,
por el contrario, su participación en el referido proceso busca asegurar el respeto a
las garantías procesales y contractuales. En consecuencia, solicitó, de un lado, la
declaratoria de improcedencia de la acción de la referencia y, del otro, la
desvinculación de la entidad precitada.
II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
21. Antes de plantear el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala aclara
que no accederá a la solicitud de desvinculación de la Procuraduría 44 Judicial II
para la Conciliación Administrativa de Bogotá, comoquiera que aquella fue
vinculada a la presente acción por hacer parte del trámite arbitral cuyas decisiones
se discuten en esta sede.
Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se cumplen los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en particular, el de
subsidiariedad. En caso afirmativo, deberá establecerse si el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
Procedibilidad de la acción de tutela
23. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, al no haberse
acreditado el requisito general de subsidiariedad, conforme a las razones que
pasan a exponerse:
24. El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
FONTIC consideró que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, al celebrar una reunión virtual en la cual se
dio inicio al procedimiento para la conformación del tribunal arbitral con ocasión del
Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 y, posteriormente, el 20 de mayo de 2025
llevar a cabo el sorteo para la designación de los árbitros, sin tener en cuenta el
plazo pactado contractualmente para lograr el acuerdo entre las partes sobre dicho
nombramiento.
25. No obstante, se advierte que la parte accionante dispone de otro mecanismo
de defensa judicial, como lo es el recurso de reposición contra el auto que asume
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competencia del tribunal arbitral, previsto en el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012,
para controvertir la irregularidad que, a su juicio, se habría presentado con la
conformación del panel arbitral.
26. Lo anterior tiene especial relevancia, en tanto que el artículo 41 de la referida
Ley, en su penúltimo inciso, exige que cualquier causal de anulación del laudo
arbitral, como lo sería la designación indebida de los árbitros en contravía de lo
pactado por las partes, debe haber sido planteada oportunamente mediante el
recurso de reposición contra el auto que asume competencia.
27. Por tanto, se colige que la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito general de subsidiariedad, pues la parte accionante cuenta con una vía
judicial idónea y efectiva para hacer ventilar sus inconformidades dentro del trámite
arbitral, antes de acudir a este mecanismo excepcional de amparo.
28. En ese orden de ideas, debe recordarse que la acción de tutela, por su
carácter residual, únicamente procede cuando se han utilizado los demás recursos
previstos por el ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos
fundamentales invocados, por lo que no le es dable al juez constitucional emitir un
pronunciamiento de fondo sobre el particular, pues ello implicaría desconocer las
competencias que fueron atribuidas a otra autoridad en la ley arbitral.
29. Adicionalmente, una vez revisado el escrito de tutela, se repara en que la
entidad accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable y
tampoco, de las pruebas obrantes dentro del expediente, es posible determinar la
existencia de una circunstancia de vulnerabilidad que haga necesaria la
intervención del juez constitucional, por el contrario, dicha parte cuenta con una vía
procesal adecuada para la salvaguarda de sus garantías fundamentales.
30. En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela instaurada
por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
FONTIC, al no haberse satisfecho el requisito general de subsidiariedad ni
acreditado la probable ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Procuraduría 44 Judicial
II para la Conciliación Administrativa de Bogotá.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por el
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONTIC en
contra del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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Accionante: FONTIC
TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
A. R. F.
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