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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03367-00

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03367-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Genny Mariela Villamizar Medina contra el Tribunal Administrativo del Atlántico por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. 9 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021. 10 Corte Constitucional Sentencia SU-134 de 2022. MP José Fernando Reyes Cuartas 13 Radicación:11001-03-15-000-2025-03367-00 Accionante: Genny Mariela Villamizar Medina Acción de tutela–Primera instancia SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03367-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03367-00

Accionante: GENNY MARIELA VILLAMIZAR MEDINA

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Geny Mariela Villamizar Medina contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico, que profirió la sentencia del 9 de abril de 2026,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 1 promovido por Geny
Mariela Villamizar Medina contra la Nación–Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional–CASUR.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

La señora Geny Mariela Villamizar Medina, actuando por intermedio de apoderado
judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico, al haber proferido la sentencia del
9 de abril de 2026, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido contra la Nación–Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional–CASUR,

1 Proceso identificado con número de radicación: 08001-33-33-012-2019-00017-00.

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Accionante: Genny Mariela Villamizar Medina
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mediante la cual se revocó parcialmente la decisión que inicialmente reconocía la
totalidad de la sustitución de asignación de retiro a su favor y se dispuso que dicha
prestación se reconociera a la accionante en un porcentaje del 16,66% entre el 10 de
julio de 2014 y el 22 de mayo de 2022, y en un 37,5% a partir del 23 de mayo de 2022,
mientras que a la señora Esperanza María Hernández se le reconoció un 16,66% entre
el 18 de septiembre de 2019 y el 22 de mayo de 2022, y un 37,5% a partir del 23 de mayo
de 2022. La accionante sostuvo que la autoridad judicial incurrió en defectos sustantivos
y fácticos al interpretar erradamente el Decreto 1213 de 1990, omitir la aplicación de las
reglas de la sana crítica en la valoración de los testimonios y apartarse injustificadamente
de los principios de condición más beneficiosa y del precedente relativo a la distribución
de la pensión en proporción al tiempo de convivencia.

En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:

«2.1. Que se tutele el amparo solicitado en acción de tutela por haberse vulnerado
el Derecho Fundamental al DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD
SOCIAL por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO- SALA DE
DECISIÓN C MAGISTRADO PONENTE CESAR AUGUSTO TORRES ORMAZA,
por haber incurrido en defecto fáctico, sustantivo y violación directa de la
constitución.

2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se DEJE SIN EFECTOS el
fallo de segunda instancia de fecha 9 de abril de 2026 proferido por la SALA DE
DECISIÓN C MAGISTRADO PONENTE CESAR AUGUSTO TORRES ORMAZA
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO.

2.3. Se ordene a la TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO- SALA DE
DECISIÓN C MAGISTRADO PONENTE CESAR AUGUSTO TORRES ORMAZA
a que en el término perentorio e improrrogable de 10 días siguientes proceda a
proferir otra sentencia con fundamento la protección especial de la tercera edad;
la condición más beneficiosa aplicando el régimen general; interpretar
debidamente el art 132 del Decreto 1213/90 (100% de la sustitución); aplicar las
reglas de la sana crítica con la rigurosidad de la prueba testimonial en la valoración
probatoria de las declaraciones extrajuicio; y si se llegare a encontrar probado una
tercera convivencia la distribución de la sustitución se debe hacer teniendo en
cuenta el tiempo de convivencia.»

2. Hechos relevantes

Con ocasión del fallecimiento del señor Wilfrido Rafael Cantillo González, surgió una
controversia en torno al reconocimiento y distribución de la sustitución de la asignación
de retiro causada a su favor. La señora Geny Mariela Villamizar Medina sostuvo que tenía
derecho al reconocimiento de dicha prestación, de conformidad con el tiempo de

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Accionante: Genny Mariela Villamizar Medina
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convivencia y las circunstancias acreditadas, mientras que otras personas también
reclamaron participación sobre la misma prestación.

Ante ello, Geny Mariela Villamizar Medina promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación–Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional–CASUR, con el fin de obtener el reconocimiento de la
sustitución de la asignación de retiro en los términos que consideró procedentes.

El proceso fue conocido por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla, que, mediante sentencia de primera instancia del 20 de octubre de 2025,
concluyó que la sustitución de la asignación de retiro constituye una expresión del
derecho fundamental a la seguridad social y, por tanto, es irrenunciable e imprescriptible.
En consecuencia, declaró la nulidad del acto ficto negativo configurado por la falta de
respuesta de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional–CASUR frente a la
solicitud presentada por Geny Mariela Villamizar Medina y determinó que esta acreditó
una convivencia con el causante por más de veinticuatro años, razón por la cual le
reconoció el derecho a sustituir la asignación de retiro en un porcentaje del 50% desde
el 10 de julio de 2014 hasta el 23 de mayo de 2022 y, a partir de esa fecha, en un 100%,
ante la extinción del derecho de sustitución de los hijos del causante.

Posteriormente, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –CASUR– interpuso
recurso de apelación contra la sentencia del 20 de octubre de 2025 y sostuvo que la
demandante no acreditó una convivencia efectiva con el causante hasta la fecha de su
fallecimiento, requisito exigido por el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004. Señaló que la
señora Geny Mariela Villamizar Medina había reconocido, mediante declaración
extraproceso y en la conciliación celebrada ante la Cámara de Comercio de Barranquilla,
que el causante convivía con su esposa Delia María Beltrán de Cantillo, por lo que la
Resolución 3689 del 31 de julio de 2000 adquirió firmeza al no haber sido recurrida
oportunamente. En consecuencia, solicitó revocar integralmente la decisión de primera
instancia y negar las pretensiones de la demanda.

Por su parte, Esperanza María Hernández, a través de su apoderado, interpuso recurso
de apelación contra la misma providencia y alegó que la sentencia desconoció su
condición de beneficiaria de la sustitución de la asignación de retiro, al tratarla como parte
pasiva del proceso pese a que había sido reconocida por CASUR como integrante del

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grupo familiar del causante. Sostuvo que, tras el fallecimiento de Delia María Beltrán, el
porcentaje correspondiente a esta debía distribuirse entre las dos compañeras
supérstites y que, por tanto, se debía revocar el numeral cuarto de la sentencia para
reconocerle una cuota de la prestación, con los acrecimientos y reajustes legales
correspondientes.

La segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico, que mediante
sentencia del 9 de abril de 2026 resolvió los recursos de apelación interpuestos por la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional–CASUR y por la señora Esperanza
María Hernández y modificó la decisión proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral
del Circuito de Barranquilla.

Para ello, consideró que la sustitución pensional es un derecho irrenunciable, por lo que
las manifestaciones efectuadas por las señoras Geny Mariela Villamizar Medina y
Esperanza María Hernández en el año 2000 no impedían el examen de fondo sobre su
condición de beneficiarias. Asimismo, concluyó que las pruebas obrantes en el
expediente permitían acreditar que ambas compartieron una convivencia efectiva con el
causante hasta la fecha de su fallecimiento, razón por la cual tenían derecho a la
sustitución de la asignación de retiro. Finalmente, sostuvo que, de conformidad con el
Decreto 1213 de 1990, no procedía el acrecimiento entre cónyuge y compañera
permanente, por lo que correspondía asignar a cada una de las beneficiarias el 37,5% de
la prestación que devengaba el causante.

La providencia de segunda instancia dio lugar a la interposición de la presente acción de
tutela por parte del apoderado judicial de la señora Villamizar Medina.

3. Fundamentos de la acción

La accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico,
al dar por acreditada una convivencia simultánea entre la señora Geny Mariela Villamizar
Medina y la señora Esperanza María Hernández con el causante, con fundamento
exclusivo en declaraciones extrajuicio y sin aplicar las reglas de la sana crítica con la
rigurosidad propia de la prueba testimonial. En particular, afirma que el Tribunal
Administrativo del Atlántico omitió contrastar dichas declaraciones con el resto del
material probatorio obrante en el expediente y, como consecuencia, concluyó

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erradamente que existía una convivencia permanente, ininterrumpida y simultánea entre
ambas reclamantes y el causante.

Asimismo, sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo,
al interpretar erróneamente el artículo 130 del Decreto 1213 de 1990 y se dispuso que
dicha prestación se reconociera a la accionante en un porcentaje del 16,66% entre el 10
de julio de 2014 y el 22 de mayo de 2022, y en un 37,5% a partir del 23 de mayo de 2022,
mientras que a la señora Esperanza María Hernández se le reconoció un 16,66% entre
el 18 de septiembre de 2019 y el 22 de mayo de 2022, y un 37,5% a partir del 23 de mayo
de 2022. A juicio de la accionante, el Tribunal confundió el monto de la sustitución
pensional con la figura del acrecimiento entre beneficiarias y, de ese modo, disminuyó
injustificadamente la prestación reconocida en primera instancia.

4. Trámite procesal

El 6 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela2 y se ordenó su notificación a la
accionante, a la autoridad judicial accionada, así como a la Nación–Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional–CASUR, Esperanza María Hernández, Esperanza Medina
de Pedrozo y Luzgarda Romero Pérez, en calidad de terceros interesados. Asimismo, se
solicitó al Tribunal Administrativo del Atlántico y al Juzgado Doce Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla remitir copia digital del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por Geny Mariela Villamizar Medina contra la
Nación–Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional–CASUR. Finalmente, se
reconoció personería al abogado Juan David Murcia Higgins como apoderado de la parte
accionante.

El Tribunal Administrativo del Atlántico contestó la acción de tutela3 y mencionó que,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho revocó parcialmente la
decisión de primera instancia y concluyó que tanto la demandante como la vinculada
acreditaron una convivencia simultánea con el causante, razón por la cual reconoció el
derecho de ambas a la sustitución pensional, precisando que bajo el régimen especial de
la Fuerza Pública no existe derecho de acrecimiento entre cónyuge y compañera
permanente. Asimismo, remitió el enlace del expediente e informó los datos de contacto

2 Cfr. SAMAI, índice 6.
3 Cfr. SAMAI, índice 17.

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de la señora Esperanza María Hernández, señalando que desconocía las direcciones de
las demás personas vinculadas.

Por su parte, Esperanza María Hernández, en su escrito de contestación4, sostuvo que
la acción de tutela era improcedente, toda vez que la accionante pretendía obtener el
reconocimiento del 100% de la sustitución de asignación de retiro, pese a que el
porcentaje objeto de controversia correspondía únicamente al 50% de la prestación.
Afirmó que las actuaciones adelantadas por CASUR y la sentencia de segunda instancia
del 9 de abril de 2026 se ajustaron a derecho, por cuanto reconocieron la existencia de
varias beneficiarias y descartaron la posibilidad de que la accionante percibiera la
totalidad de la prestación. En consecuencia, solicitó negar el amparo y mantener incólume
la providencia cuestionada.

Por su parte, las señoras Esperanza Medina de Pedrozo y Luzgarda Romero Pérez, así
como la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional–CASUR no se pronunciaron.

Finalmente, el Tribunal Administrativo del Atlántico y al Juzgado Doce Administrativo Oral
del Circuito de Barranquilla enviaron copia digital del expediente del proceso ordinario5.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia del 9
de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual
se revocó parcialmente la decisión adoptada en primera instancia dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Geny Mariela Villamizar Medina
contra la Nación-Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional–CASUR, y se dispuso
que dicha prestación se reconociera a la accionante en un porcentaje del 16,66% entre
el 10 de julio de 2014 y el 22 de mayo de 2022, y en un 37,5% a partir del 23 de mayo de
2022, mientras que a la señora Esperanza María Hernández se le reconoció un 16,66%
entre el 18 de septiembre de 2019 y el 22 de mayo de 2022, y un 37,5% a partir del 23
de mayo de 2022.

4 Cfr. SAMAI, índice 16.
5 Cfr. SAMAI, índice 20 y 22.

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6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 6 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela7.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el

6 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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requisito de relevancia constitucional8: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:

«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»

Caso concreto

La señora Geny Mariela Villamizar Medina promovió acción de tutela contra la sentencia
del 9 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, al considerar
que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital y a la seguridad social, al revocar parcialmente la decisión de primera instancia
adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra
la Nación-Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional–CASUR y disponer que dicha
prestación se reconociera a la accionante en un porcentaje del 16,66% entre el 10 de

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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julio de 2014 y el 22 de mayo de 2022, y en un 37,5% a partir del 23 de mayo de 2022,
mientras que a la señora Esperanza María Hernández se le reconoció un 16,66% entre
el 18 de septiembre de 2019 y el 22 de mayo de 2022, y un 37,5% a partir del 23 de mayo
de 2022.

La Sala advierte que, la tutela promovida por la señora Villamizar Medina será declarada
improcedente, toda vez que la demanda no cumple con el requisito de relevancia
constitucional. Esto, pues la Sala observa que lo que pretende la accionante es reabrir el
debate que quedó zanjado en sede de instancia.

Se observa que, como fundamentos de la acción de tutela, la accionante sostuvo que la
providencia cuestionada incurrió en defectos fáctico y sustantivo, al concluir la existencia
de una convivencia simultánea entre las beneficiarias con fundamento en una valoración
probatoria que, a su juicio, resultó insuficiente, y al interpretar erróneamente las
disposiciones aplicables al monto de la sustitución de asignación de retiro, reduciendo
injustificadamente la prestación reconocida.

La Sala advierte que en la providencia accionada, el Tribunal Administrativo del Atlántico
señaló lo siguiente:

«Como se puede ver, las normas que regulan las prestaciones sociales del
personal uniformado de las Fuerzas Militares no contemplan dentro del orden de
beneficiarios de la sustitución pensional a la compañera permanente del
pensionado fallecido; no obstante, ha de entenderse que la compañera
permanente supérstite está contemplada en dicho orden, por mandato del artículo
13, 42 y 48 de la Constitución Política, según el cual la familia no solo se constituye
por el matrimonio, sino por la voluntad libre y responsable de conformarla, por lo
que la familia adquirió especial importancia y protección, sin importar que su origen
o fuente de conformación sea legal (matrimonio) o de hecho (unión marital).

De acuerdo a lo anterior, es claro que, a partir de la Constitución Política de 1991,
tanto la cónyuge supérstite como la compañera permanente del causante están
legitimadas para reclamar la sustitución pensional. Adicionalmente, el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes dependerá de los hechos que se
acrediten para acceder a la prestación, quienes tienen el deber de ejercer una
adecuada actividad probatoria para tal fin; por lo que, cuando se presente conflicto
entre los posibles titulares del derecho a la sustitución pensional, debe valorarse
el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en
común al momento de la muerte, que son los factores que legitiman el derecho
reclamado, así como la dependencia económica de las potencialmente
beneficiarias.»

[…] En ese contexto, para la Sala, las declaraciones extrajuicio de las que se ha
dado cuenta, son demostrativas que la señora Esperanza María Hernández hizo
vida marital con el causante hasta el día del fallecimiento de aquel, relación marital

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que como bien lo afirman las deponentes fue corta si se tiene en cuenta que la
hija procreada entre aquella y el causante nació el 23 de mayo de 1997 y el
fallecimiento del señor Cantillo González acaeció el 14 de diciembre de 1998; sin
dejar de lado, la proclamada dependencia económica por parte de la señora María
Esperanza Hernández, la cual fue ratificada por las señoras Esperanza Medina de
Pedrozo y Luzgarda Romero Pérez, por lo que, de la forma expuesta, se tiene por
acreditada la convivencia efectiva entre el causante y la compañera permanente
exigida en estos casos.

Así las cosas, el material probatorio analizado apunta a demostrar la convivencia
permanente, ininterrumpida y simultánea del causante con las señoras Geny
Mariela Villamizar Medina y Esperanza María Hernández, por lo tanto, procede la
nulidad del acto acusado y, en tal virtud, la asignación de retiro se dividirá en
partes iguales según el porcentaje que más adelante se determinará.»

[…] En efecto, al estudiar el régimen especial y por inescindibilidad de la norma,
resulta meridianamente plausible afirmar que el acrecimiento pensional del que se
ha hecho mención, está gobernado por el Decreto 1213 de 1990 (art. 131),
descartándose una interpretación sistemática a la norma, pues al confrontarla con
otras legislaciones que también regulan el tema dentro del régimen especial de
las Fuerzas Militares, se llegaría a la misma conclusión, esto es, no hay lugar al
acrecimiento entre cónyuge y compañera permanente al fallecimiento de una de
estas, pues se insiste, por inescindibilidad de la norma, no es posible acudir a las
leyes que tratan el tema en el régimen general, amén de que a lo largo del tiempo
y según emerge de los decretos a través de los cuales se regula el régimen
prestacional y salarial de las Fuerzas Militares, la intención del legislador ha sido
“prohibir” el acrecimiento de la porción pensional entre compañera permanente y
la cónyuge supérstite hasta favorecer con el 100% de la misma a la sobreviviente.

Por lo tanto, el pago de la sustitución pensional en favor de las señoras Geny
Mariela Villamizar Medina y Esperanza María Hernández, en su condición de
compañeras permanentes y a quienes se le reconoce la prestación en forma
compartida, corresponderá al 75% de la asignación de retiro que en vida
devengaba el señor Wilfrido Rafael Cantillo González (QEPD), liquidado como
sigue:

La porción de la demandante Geny Mariela Villamizar Medina deberá liquidarse
en un porcentaje del 16.66% sobre la asignación de retiro que en vida gozaba el
causante Wilfrido Rafael Cantillo González, en el interregno comprendido desde
el 10 de julio de 2014 y hasta el 22 de mayo de 2022; y a partir del 23 de mayo de
2020 la porción de la demandante deberá liquidarse en un porcentaje del 37.5%
de la asignación de retiro, con los reajustes de ley correspondientes.

La porción de la señora Esperanza María Hernández para el lapso comprendido
desde el 18 de septiembre de 2019 y hasta el 23 de mayo de 2022, deberá
liquidarse en un porcentaje del 16.66% sobre la asignación de retiro que en vida
gozaba el causante Wilfrido Rafael Cantillo González; y desde el 23 de mayo de
2022, la porción de la antes mencionada deberá liquidarse en un porcentaje del
37.5% de la asignación de retiro, con los reajustes de ley correspondientes.»

De lo anterior se desprende que no le asistía razón a la accionante al sostener que la
autoridad judicial accionada incurrió en una indebida valoración probatoria y en una
interpretación errónea del régimen aplicable a la sustitución de asignación de retiro. Por
el contrario, el Tribunal Administrativo del Atlántico expuso las razones por las cuales

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consideró acreditada la convivencia efectiva entre las beneficiarias y explicó que,
conforme al régimen especial previsto en el Decreto 1213 de 1990, no procedía el
acrecimiento entre cónyuge y compañera permanente.

En ese contexto, contrario a lo sostenido por la accionante, la sentencia proferida dentro
del proceso ordinario no incurrió en defecto, pues la autoridad judicial accionada concluyó
que las pruebas obrantes en el expediente permitían acreditar la convivencia
permanente, ininterrumpida y simultánea del causante con las señoras Geny Mariela
Villamizar Medina y Esperanza María Hernández y, además, que la sustitución de
asignación de retiro debía reconocerse en los términos previstos por el régimen especial
de las Fuerzas Militares.

No se observa que la autoridad judicial haya incurrido en una valoración arbitraria o
irrazonable. Por el contrario, se advierte que el juez natural analizó el material probatorio
y concluyó que las declaraciones extrajuicio, junto con los demás elementos obrantes en
el expediente, permitían tener por acreditada la convivencia efectiva de la señora
Esperanza María Hernández con el causante y, asimismo, que el Decreto 1213 de 1990
excluye la posibilidad de acrecimiento entre las beneficiarias, razón por la cual
correspondía reconocerles el 75% de la asignación de retiro en la proporción fijada en la
providencia cuestionada.

Frente a lo anterior, se advierte que, la acción de tutela no procede para controvertir la
apreciación probatoria efectuada por el juez natural, salvo que se trate de una valoración
caprichosa, arbitraria o abiertamente irrazonable, lo cual no ocurre en el presente caso.
En realidad, lo que se evidencia es la inconformidad de la actora con el resultado del
análisis efectuado en sede ordinaria, a pesar de que las providencias accionadas
estuvieron debidamente motivadas, fueron razonables, respetaron los límites de la
autonomía judicial y aplicaron correctamente el derecho sustancial.

Finalmente, como ya se indicó, la acción de tutela pretende dejar sin efectos una
providencia que resolvió la distribución y el porcentaje de la sustitución de asignación de
retiro entre las beneficiarias. Esta pretensión, netamente económica, escapa de la órbita
del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales. Por demás, la jurisprudencia constitucional ha señalado que ese tipo de
pretensiones "deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para

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Radicación:11001-03-15-000-2025-03367-00
Accionante: Genny Mariela Villamizar Medina
Acción de tutela–Primera instancia

su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de
carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones
correspondientes" 9 . Dicha circunstancia reitera que la acción de tutela carece de
relevancia constitucional, toda vez que se trata de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privada.10.

En suma, la Sala concluye que la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico
estuvo debidamente motivada, fue razonable, respetó los límites de la autonomía judicial
y aplicó correctamente el derecho sustancial. Los cargos formulados por la accionante
en sede de tutela se limitaron a reiterar su desacuerdo con la interpretación adoptada y
a intentar reabrir un debate judicial ya resuelto de manera definitiva.

En consecuencia, la controversia planteada no evidencia una vulneración directa de
derechos fundamentales, sino una discrepancia de la accionante con el ejercicio legítimo
de la función jurisdiccional, debido a que, ya se resolvió de fondo la situación jurídica
debatida en el proceso ordinario y se pretende utilizar la acción de tutela para cuestionar
las decisiones adoptadas en el proceso ordinario y reabrir el debate, reflejando, en
realidad, un intento de convertir el amparo constitucional en una tercera instancia.

En razón de lo anterior, la Sala declará imporcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Genny Mariela Villamizar
Medina contra el Tribunal Administrativo del Atlántico por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

9 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

10
Corte Constitucional Sentencia SU-134 de 2022. MP José Fernando Reyes Cuartas

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Accionante: Genny Mariela Villamizar Medina
Acción de tutela–Primera instancia

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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