Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03382-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03382-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03382-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
25 de septiembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03382-00
Demandante: Carlos Alberto Schmalbach Silva y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03382-00
Demandantes: CARLOS ALBERTO SCHMALBACH SILVA, FRANCO JESÚS
TRUJILLO VALVERDE, LUIS CARLOS PÉREZ CARMONA,
HORACIO CORREA GARRIDO, ROSSEL JOHANNA
SCHMALBACH Y CARLOS ALBERTO SCHMALBACH B
Demandado: SENADO DE LA REPÚBLICA Y PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Solicitud relacionada con
ordenar al presidente de la República que se convoque a una consulta
popular. Improcedente porque no se propone un real cuestionamiento
constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Carlos Alberto Schmalbach Silva, Franco Jesús Trujillo
Valverde, Luis Carlos Pérez Carmona, Horacio Correa Garrido, Rossel Johanna
Schmalbach y Carlos Alberto Schmalbach B, quienes actúan en nombre propio,
contra el Senado de la República y el presidente de la República.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 4 de junio de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional “ejercer
nuestros derechos políticos conforme a la constitución nacional, tratados
internacionales de derechos humanos, y la ley, derecho sustancial, dignidad
humana - principio de no discriminación. - un orden justo, principio de soberanía
popular - libre desarrollo de la personalidad”, supuestamente vulnerados por las
autoridades accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: TUTELAR NUESTROS DERECHOS POLITICOS FUNDAMENTALES
CONFORME A LA CONSTITUCION- LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS Y LA LEY EN ESPECIAL A LOS SEÑALADOS EN EL
ARTICULO 40 DE LA CARTA POLITICA NUMERAL 2: Tomar parte en elecciones,
plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación
democrática. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 93 DE LA CARTA
POLITICA – CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
ARTICULOS 23 Y 27, DERECHO SUSTANCIAL, DIGNIDAD HUMANA -
PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION -UN ORDEN JUSTO, PRINCIPIO DE
SOBERANIA POPULAR-LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD artículo 3
de la carta política, en armonía con el artículo 86 de la constitución reglamentado
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Demandante: Carlos Alberto Schmalbach Silva y otros
por el decreto ley 2591 del 1991 y artículos 1, 2, 3, 4, 15, 16, 37, 40 de la constitución
política.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ORDENAR al señor Presidente de
la República de Colombia Doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO,
EXPEDIR EN EL TERMINO MAXIMO DE 48 HORAS EL DECRETO QUE
CONVOQUE AL PUEBLO COLOMBIANO A LA CONSULTA POPULAR SOBRE
NUESTROS DERECHOS LABORALES Y CONEXOS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL.
TERCERO: APLICAR La Cosa Juzgada de la sentencia de constitucionalidad 180
de 1994, con relación a lo siguiente: cuando se trate de una consulta de carácter
nacional, el trámite que debe surtirse, comprenderá la elaboración del texto, su
justificación por parte del Presidente de la República, el envío al Senado de la
República para que emita su concepto (El Cual deberá ser favorable), que
constituye Ratio Decidendi, en su defecto INAPLIQUENSE las disposiciones
contrarias al ejercicio de Los Derechos Fundamentales del Constituyente Primario
bajo el entendido que el congreso no tiene COMPETENCIA FUNCIONAL,
CONFORME A LA CONSTITUCION Y A LA LEY 5a DE 1992, interpretando los
principios DE TEXTURA ABIERTA de los artículos 1 , 2 y 3 de la Carta Política.
CUARTO: ORDENAR, al presidente del congreso de la república ACATAR la
sentencia de constitucionalidad 180 de 1994, bajo el entendido que el CONCEPTO
A LA CONSULTA POPULAR ES FAVORABLE, CONFORME AL JUICIO DE
CONSTITUCIONALIDAD QUE HACE TRANSITO A COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL, y hace parte del bloque de constitucionalidad, amen el
reglamento del congreso no lo faculta, como control del constituyente primario”.
2. Hechos
La parte demandante indicó que el 1° de mayo de 2025, el presidente del República
Gustavo Petro Urrego radicó ante el Senado de la República una solicitud para
obtener el concepto favorable de dicha corporación con respecto a la convocatoria
de una consulta popular de carácter nacional. Señaló, además, que la solicitud fue
sometida a votación en el Senado el 14 del mismo mes y año, siendo rechazada por
la mayoría de los senadores. Y relató que la iniciativa presidencial buscaba la
aprobación de un paquete de 12 preguntas relacionadas con derechos
fundamentales de los trabajadores, sin que estas hubieran sido previamente
estudiadas ni debidamente consideradas por los senadores de la República.
Agregó que el presidente de la República presentó una insistencia el 26 de mayo
de 2025, en la que radicó nuevamente ante la Secretaría del Senado la solicitud
para la aprobación de la consulta popular. Asimismo, precisó que se habían
planteado cuestionamientos sobre posibles irregularidades en el proceso de
votación relacionado con dicha consulta. No obstante, el 29 de mayo de 2025, el
Senado de la República notificó formalmente al presidente la decisión de la
Corporación de no aprobar la convocatoria a la consulta popular.
Manifestó que el marco jurídico del mecanismo de participación constitucional
democrático son las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015 “cuyas
sentencias de constitucionalidad que las declararon exequibles son la C-180 de
1994 y 150 de 2015, las que sin duda alguna son el Marco Jurídico de aplicación e
interpretación por sus EFECTOS ERGA OMNES”.
Finalmente, refirió que transcurrieron más de 30 días desde la radicación del
proyecto de consulta popular en el Congreso de la República y a la fecha no se ha
expedido el decreto que la convoque, “lo que es una violación a los Derechos
Esenciales Fundamentales del Constituyente Primario”.
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3. Fundamentos de la acción
La parte actora refirió que la acción de tutela era procedente porque “el Senado de
la República de Colombia y la Presidencia de la República de Colombia, violan
nuestros derechos fundamentales, como constituyente primario, en razón que la
disputa política entre el Representante del Poder Legislativo y el Representante del
Poder Ejecutivo, nos están impidiendo participar del ejercicio político de la consulta
popular, por lo cual nos encontramos frente a una omisión, que transgrede la órbita
constitucional, conforme a los Artículos 2 y 5 del Decreto Ley 2591 de 1991, e
igualmente el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia”.
Precisó que la acción de tutela reviste relevancia constitucional, ya que la soberanía
reside en el pueblo, quien es titular de derechos políticos, conforme lo establece el
numeral 2 del artículo 40de la Constitución Política, así como el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, precisó que los
derechos políticos gozaban de protección constitucional y convencional, y mencionó
que esa garantía fue reiterada por la Corte Constitucional en las sentencias T-1039
de 2006 y C-150 de 2015, en las cuales se reconoció expresamente que procede la
acción de tutela para exigir el cumplimiento de las reglas que rigen los mecanismos
de participación ciudadana y, en particular, para hacer valer la decisión adoptada
por el pueblo.
Señaló que el Senado de la República “está obligado a dar un concepto favorable,
a la consulta popular y el presidente convocar la consulta popular” porque, a su
juicio, existen dos leyes estatutarias sobre el mismo tema “como son la ley 130 de
1994, la cual tiene Sentencia de Constitucionalidad 180 de 1994 y la Ley 1757 del
2015 con Sentencia de Constitucionalidad 150 de 2015, la segunda Ley no deroga
la anterior obviamente porque los Artículos 103 y 104 de la Carta Política no han
sido modificados ni derogados, ni tampoco la Corte expresa excepcionalmente
alguna variación en la segunda constitucionalidad, por el contrario el contexto
jurisprudencial esta unificado coherente, con prevalencia de los Derechos
Fundamentales del Constituyente Primario, a tal punto que en la Ley Estatutaria
1757 en su Artículo 112 transitorio se preocupó por dejar claridad de la
COEXISTENCIA de dos Leyes Estatutarias mediante la compilación normativa, lo
que a la fecha no ha sucedido”.
Refirió que las sentencias de constitucionalidad brindaban suficiente claridad de
cómo procedía la consulta popular y explicó que “las Sentencias en estudio
coinciden que sea el Constituyente Primario el que dirima estas diferencias,
aclarando que existen dos leyes estatutarias que versan sobre el mismo tema, pero
quedando establecido QUE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL de dichas
sentencias tienen EFECTOS ERGA OMMNES, que pedimos su aplicación para
evitar una violación directa a la constitución artículos, 1, 2, 3, 83, 84, 243 de la Carta
Política, anticipando de antemano que prevalece la primera, salvo normas de las
cuales sustancialmente no exista pronunciamiento expreso”.
Sostuvo que el concepto negativo del Congreso viola la ratio decidendi de la
sentencia de constitucionalidad C-180 de 1994, por lo que no podía impedir la
convocatoria de la consulta popular, pues sus efectos hacían parte del bloque de
constitucionalidad con efectos erga omnes.
Por último, Adujo que “la Ley 134 de 1994 estatutaria de mecanismos de
participación ciudadana, es cosa juzgada conforme a la sentencia de
constitucionalidad 180 de 1994, la cual de hecho es la referencia aceptada en la
sentencia de constitucionalidad 150 de 2015, muy a pesar de sus vicios
interpretativos, en suma la multitud de aclaraciones y salvamentos de voto da una
dimensión de la necesidad de argumentar en detalle esta acción constitucional”.
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4. Trámite procesal
Mediante auto de 16 de junio de 2025, se remitió el expediente de tutela al despacho
del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, con el fin de que se estudiara la posible
acumulación de ese asunto al expediente con radicado no. 11001-03-15-000-2025-
03590-00 por tener fundamentos fácticos y jurídicos similares. Posteriormente, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió no acumular
la presente acción de tutela.
Por auto de 4 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda
y ordenó notificar a los accionantes y a las autoridades accionadas – Presidencia y
Senado de la República, y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 126543 a 126546
de 8 de septiembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión1.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Secretaría General del Senado de la República
El secretario general del Senado de la República rindió informe en el que señaló
que esa dependencia recibió un documento radicado el 1° de mayo de 2025 referido
como consulta popular en acto público y, en ese sentido, el presidente del Senado
y la mesa directiva lo incluyeron en el orden del día para el 13 y 14 de mayo de
2025, y precisó que la plenaria del Senado actuando en el marco de sus
competencias constitucionales y legales votó. Por lo tanto, no se observó un
procedimiento que denote arbitrariedad, desviación de poder o quebrantamiento del
orden jurídico que permitiera inferir una vulneración de derechos fundamentales.
Manifestó que el 13 de mayo de 2025 se dio una amplia discusión de
aproximadamente 6 horas sobre la solicitud presentada, y se desarrolló la
participación de todas las bancadas y por parte del Gobierno Nacional se concedió
la palabra a los ministros del interior y de trabajo. Agregó que el 14 de mayo
siguiente se procedió a abrir la votación y en uso de su derecho 47 senadores
votaron por el sí y 49 por el no. Posteriormente, refirió que el 28 de mayo del mismo
año mediante radicado PRE-CS-1464-2025 el presidente del Senado le comunicó
al presidente de la República la respuesta a la solicitud presentada.
Refirió que la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos ha reconocido que
las actuaciones del Congreso en ejercicio de su función legislativa no son en
principio susceptibles de control por vía de tutela, salvo que se acredite de forma
clara, directa y grave una vulneración de derechos fundamentales. No obstante, en
el caso concreto, el Senado se ajustó a la normativa aplicable.
Así las cosas, sostuvo que era improcedente que a través de la acción de tutela se
pretenda ordenar al presidente de la República que expida un decreto que convoque
la realización de la Consulta Popular. Y en ese orden de ideas, precisó que la
Secretaría del Senado de la Republica carecía de legitimación en la causa por
pasiva, puesto que no existía un nexo causal entre las acciones u omisiones de ese
órgano legislativo en el desarrollo de sus competencias legales y la vulneración de
los derechos fundamentales alegados por los accionantes.
Para terminar, expresó que “las actuaciones adelantadas por la Plenaria del Senado
de la República, en relación con la “solicitud de concepto favorable del Senado de
la República sobre la convocatoria de la Consulta Popular de carácter nacional” que
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Índice 17 de Samai.
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se revisaron, recepción del documento radicado por el Gobierno Nacional,
Publicación en la Gaceta 604 de 2025, citación para su discusión mediante el orden
del día del 13 de mayo de 2025, la votación del día 14 de mayo de 2025, por su
parte de NOVENTA Y SEIS Senadores y Senadoras, y finalmente la comunicación
de la decisión de la Plenaria al señor Presidente de la República, se enmarcan
plenamente dentro de la competencia constitucional, legal y reglamentaria que le
asiste al Congreso de la República”.
5.2. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República
La delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
rindió informe en el que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela o
se nieguen las pretensiones de la demanda de tutela, por existir una carencia actual
de objeto.
Precisó que la acción de tutela incumplió el requisito de subsidiariedad “en la medida
que a la fecha de presentación de esta acción constitucional el Decreto 639 de 2025
ya está siendo analizado por la Corte Constitucional, acorde con lo previsto en el
numeral 3 del artículo 241 de la Constitución Política. De igual forma, el accionante
no evidenció porque pese a encontrarse en curso la acción ordinaria idónea sería
procedente emplear este mecanismo constitucional de manera transitoria”.
Finalmente, señaló que no existe una vulneración de derechos fundamentales por
parte del presidente de la República, pues “la inexistencia de una omisión o una
acción en cabeza de mi representada de acuerdo a lo reclamado por la parte
accionante, evidencia que no hay nada que pudiese implicar la vulneración de
alguno de sus derechos fundamentales, lo que obliga a afirmar que falta un requisito
esencial para que se pueda hablar de una posible vulneración a los derechos
invocados”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
La Secretaría General del Senado de la República solicitó su desvinculación de la
acción constitucional, al considerar que carece de legitimación en la causa por
pasiva, puesto que no existía un nexo causal entre las acciones u omisiones de ese
órgano legislativo en el desarrollo de sus competencias legales y la vulneración de
los derechos fundamentales alegados por los accionantes.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala
no accederá a la solicitud de desvinculación, en tanto se advierte que su vinculación
se dio como accionado por tener injerencia en la supuesta vulneración de derechos
fundamentales.
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3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si el presidente de la República y el Senado de
la República vulneraron a la parte demandante los derechos fundamentales a
“ejercer nuestros derechos políticos conforme a la constitución nacional, tratados
internacionales de derechos humanos, y la ley, derecho sustancial, dignidad
humana - principio de no discriminación. - un orden justo, principio de soberanía
popular - libre desarrollo de la personalidad”, por no expedir un decreto convocando
a la consulta popular sobre temas relacionados con los derechos laborales y la
seguridad social.
4. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a
todas las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.
5. Estudio y solución del caso concreto
Los señores Carlos Alberto Schmalbach Silva, Franco Jesús Trujillo Valverde, Luis
Carlos Pérez Carmona, Horacio Correa Garrido, Rossel Johanna Schmalbach y
Carlos Alberto Schmalbach B, quienes actúan en nombre propio, presentaron
acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales los cuales consideran
vulnerados porque (i) el presidente de la República no expidió un decreto
convocando una consulta popular sobre derechos laborales y de seguridad social y
(ii) el Congreso no acata la sentencia C-180 de 1994 y, en consecuencia, profiere
concepto favorable.
Frente a las pretensiones formuladas por la parte actora, la Sala considera
necesario precisar que la acción de tutela no constituye el mecanismo idóneo para
exigir al presidente de la República la convocatoria de una consulta popular, pues
la misma no tiene como propósito la aprobación directa de normas, sino que busca
la expresión de la voluntad ciudadana sobre temas específicos, tal como lo
establece la Ley 1757 de 2015.
Asimismo, la convocatoria a una consulta popular está sujeta a procedimientos
legales particulares, que incluyen requisitos y competencias específicas que deben
cumplirse para su realización. Por lo tanto, intentar suplir estos procesos mediante
la acción de tutela resulta improcedente y contrario a la naturaleza y finalidad de
este mecanismo de protección constitucional. En consecuencia, la tutela no puede
ser utilizada como vía para obligar al presidente de la República a convocar una
consulta popular, pues ello desbordaría su ámbito de aplicación y atentaría contra
el orden constitucional previsto para estos casos.
En ese sentido, la Sala considera que lo pretendido por los accionantes no
constituye una genuina discusión constitucional, en la medida en que no se observa
que con lo pretendido se busque salvaguardar derechos fundamentales, por tanto
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para que exista una verdadera controversia constitucional, es necesario que se
evidencie una afectación directa a garantías constitucionales.
En el presente caso, las pretensiones carecen de sustento constitucional en cuanto
a la existencia de una vulneración real o inminente de derechos fundamentales, por
lo que no se configura una controversia legítima que justifique la intervención del
juez constitucional, pues se reitera que lo pretendido por los accionantes es que se
ordene al presidente de la República expedir un decreto que convoque a una
consulta popular, lo cual no implica, por sí mismo, una afectación directa a derechos
fundamentales.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala pone de presente que el 11 de junio de 2025, el
presidente de la República expidió el Decreto 0639 de 2025 “Por el cual se convoca
a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones”. No obstante, los
señores Efrain Cepeda Sarabia, Nadia Blel Scaff, Lorena Ríos Cuéllar, Germán
Blanco Álvarez, Juan Carlos García Gómez, Esperanza Andrade Serrano, Marcos
Daniel Pineda García, Mauricio Geraldo Hernández, Carlos Fernando Motoa, Samy
Merheg, Antonio Luis Zabaraín y Soledad Tamayo, presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad2 en la que solicitaron su anulación.
Sin embargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado en providencia de 18 de
junio de 2025 decidió suspender provisionalmente los efectos jurídicos del decreto
mencionado, al considerar que se configuro una violación de los artículos 104 de la
Constitución Política, 50 de la Ley 134 de 1994 y 31 de la Ley 1757 de 2015, pues
fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado de la República.
Ahora bien, frente a la solicitud de los accionantes encaminada a que se aplique la
cosa juzgada derivada de la Sentencia C-180 de 1994, la Sala precisa que dicha
providencia correspondió al pronunciamiento en el cual la Corte Constitucional
estudió la exequibilidad de las disposiciones del proyecto de ley estatutaria que se
promulgó como la Ley 134 de 1994 relativas a la convocatoria de la consulta
popular. En esa oportunidad, se avaló la exigencia prevista por el legislador
consistente en que, para efectos de convocar una consulta popular de carácter
nacional se requiere contar previamente con el concepto favorable del Senado de
la República. En consecuencia, la pretensión de los accionantes resulta
improcedente, por cuanto el alcance de la cosa juzgada en ese caso se circunscribió
a la verificación de la constitucionalidad de la norma legal y no habilita un
pronunciamiento adicional por parte de esta Sala.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
presentada por los señores Carlos Alberto Schmalbach Silva, Franco Jesús Trujillo
Valverde, Luis Carlos Pérez Carmona, Horacio Correa Garrido, Rossel Johanna
Schmalbach Y Carlos Alberto Schmalbach B, quienes actúan en nombre propio
contra el presidente y Senado de la República.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
2
El asunto le correspondió por conocimiento a la Sección Quinta del Consejo del Estado, el cual fue identificado
con el radicado no. 11001-03-28-000-2025-00086-00.
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FALLA
Primero.- Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Secretaría del
Senado de la República., por las razones expuestas.
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por los señores
Carlos Alberto Schmalbach Silva, Franco Jesús Trujillo Valverde, Luis Carlos Pérez
Carmona, Horacio Correa Garrido, Rossel Johanna Schmalbach y Carlos Alberto
Schmalbach B, quienes actúan en nombre propio, contra el presidente y Senado de
la República.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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