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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03590-00

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03590-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. 5 Índice 84 de SAMAI 6 Consejo de Estado, Sección Primera, consejero ponente: Oswaldo Giraldo López, sentencia del 8 de mayo de 2025, radicación núm.: 11001 03 24 000 2016 00226 00 8 Radicado: 11001-03-15-000-2025-03590-00 Segundo: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de oficiar a los órganos de control para que realicen las investigaciones del caso por el supuesto delito de prevaricato. Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03590-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03590-00
Accionantes: Lucas Pombo Santos y otros
Accionados: Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y otros.

Temas: Derechos participación democrática, debido proceso, igualdad y
seguridad jurídica. Principios de separación de poderes y supremacía
constitucional. Decreto 0639 de 2025 que convocó a consulta popular.
Carencia actual de objeto. DECLARA HECHO SUPERADO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Lucas Pombo Santos,
Francisco Gnecco Estrada, Natalia Hoyos Botero, Óscar Sebastián Quevedo Moya,
Víctor Andrés Vanegas Valencia, Jaime Ernesto Ramírez Acevedo, Sergio Iván
Sánchez Cristancho, Sebastián José Santiz Mestre, Isabella Peña Idrobo, Octavio
José Meza González, Andrés Fernando Ramírez Acuña, Magnolia Patricia Londoño
Restrepo, Pablo Martín Quiñones Bulla, Mónica del Pilar Jaimes Santamaria, Efraín
Rojas Betancourt, Fernan Mauricio Rivera Aza, Mery Matilde Duarte Pérez, José
Noel González Aristizábal, Carlos Alberto Linero Duarte, Rubén Bermúdez Castro,
César Augusto Arias Gaona, Iván Mauricio Guzmán Rojas, Lina María Díaz, Martha
Liliana Díaz Mora, Sandra Patricia Roa Urrego, Iván Mauricio Ángel Díaz, Viviana
Soto López, Laura Cristina Vélez Munera, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe,
Domenico Alejandro Trimboli Martínez, ADJCB, Mario Andrés Castro Sánchez,
Johanna Catherine Sánchez Salamanca, José Fernando Cardona Walker, Rocío
Elisa López García, Juan Diego González Ruiz, Juan Esteban Henao Arboleda,
Sandra Liliana Preciado Pacheco, Jorge Enrique Garzón Rivera, Jhonnatan
Cardozo Jiménez, Daniel Orjuela Baquero, José Guillermo Melo Celemin, Vitelma
Moya Carrillo, Andrés José Barreneche Donado, Valeria Alejandra Saray Jaimes,
Santiago Lloreda Calero, Jhon Eduardo Saray Núñez, Gerardo Parra González,
Lina María Garrido Martín, Asmet Merchán Hernández, Luis Fernando Cardona
Pérez, Antonia Estefanía Coral Pérez, Juan Felipe Pinto Trujillo, Irma Cristina
Duarte Cardoso, Mabel Adriana Patiño Ordóñez, Santiago Tamayo Martínez,
Angélica María Monsalve Zapata, Carlos Mario Sarmiento Rodríguez, Natalia
Achury Velásquez, Jhon Eduardo Saray Núñez, Karl Heinz Loeber Mejía, José
Manuel Rojas Torres, Nicolás Serrano Ortega, Alex Deimar Toro Mantilla, María
Angélica Buitrago Velandia, Andrés Ernesto García Uyabán, Nelcy Andrea Correa
Palomar, Jorge Alberto Suárez Rojas, Lina Paola Padilla Solar, Germán Calderón
España, Raúl Arias Torres, Juan Guillermo Mira Vivares, María Camila Lozano

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03590-00

Chingaté, Luis Eiber Jiménez Bolaños, Raúl Camilo Sánchez Parada, María del Pilar
Gómez Amorocho, Ricardo Flórez Ramos, John Fredy Rodríguez González, Luis
Carlos Barón Orjuela, Diego Fernando Monedero Ordóñez, Eduardo José Acuña
Gamba, Daniel Alberto Acosta Guevara, Franklin Rolando Cano Valcarcel, Andrés
José molina Echeverria, Carlos Augusto Salas Silva, Daniel Felipe Pineda Osorio,
Chela Sánchez de Sarmiento, José Ángel Fonseca Cadena, Cristina Frieri del
Castillo, Fredy Niño Rubiano, María Ruby López Martínez, Doris Alidia Pirachican
Urrego, Andrés Felipe Bernal Blanco, María Margarita Silva de Uribe, la Veeduría
Foro Colombia Libre, Óscar Javier Pérez Melo, Fabián Vásquez Quintero, José Luis
Cuadros Apolindar, José Eduardo Salazar Ballen, Manuel Santiago Sandoval
Torres, Jorge Eduardo Fonseca Echeverri, Sandra Bibiana León Rosas, Daniel
Felipe Orozco Cardona, Herver Rolando Pérez Díaz, Pedro Pablo Lozada Prieto,
Marlen Cristina Melo Medina, William Alfonso Tobar Galvis, Anónimo, John
Alexander Gualteros Quintero, Francisco Javier Araújo Morelos, Waldo Rafael
González Ramírez, Elizabeth Sarmiento Sánchez, Santiago Martín Navas Pereira,
Carolina Ricaurte Mora, Brian Steve Tabares Cañaveral, Zoraida Ríos Mora, Juan
Carlos Forero Amaya, Gladis Martelo Quezada, Luis Mauricio Quiñones Amaya,
Daniel Esteban Vargas Hernández, Luz Ayda Pastrana Loaiza, José David Riveros
Palacios, Francisco José Sarmiento León y Daniela María Navas Sarmiento, en
contra del presidente de la República, el Senado de la República y los ministros del
Interior, de Relaciones exteriores, de Hacienda y crédito Público, de Justicia y del
Derecho, de Defensa Nacional, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud y
Protección Social, de Trabajo, de Minas y Energía, de Comercio, Industria y
Turismo, de Educación Nacional, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda,
Ciudad y Territorio, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de
Transporte, de las Culturas, las Artes y los Saberes, del Deporte, de la Ciencia,
Tecnología e Innovación y de Igualdad y Equidad.

ANTECEDENTES

Los accionantes solicitan que se amparen sus derechos fundamentales a la
participación democrática, al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica,
así como los principios de separación de poderes y supremacía constitucional, los
cuales estiman vulnerados por las entidades accionadas citadas.

HECHOS

Las solicitudes se fundamentaron en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el 1º de mayo de 2025 el presidente de la República presentó ante el Senado
de la República solicitud de concepto previo favorable para convocar a consulta
popular, como lo establece el artículo 104 de la Constitución Política, solicitud que
fue rechazada el 14 de mayo de 2025 con 49 votos por el no y 47 por el sí. Decisión
contra la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta admitió demanda de nulidad
electoral en proceso identificado con el radicado 11001-03-28-000-2025-00072-00.

Que el presidente de la República expidió el Decreto 0639 del 11 de junio de 2025,
por medio del cual convocó a consulta popular para el 7 de agosto del año en curso,
desconociendo el concepto negativo previo de esa Corporación, razón por la cual,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03590-00

el 11 de junio de 2025 un grupo de senadores promovieron demanda de nulidad
simple contra dicho acto.

Expresan que según el artículo 33 del literal c de la Ley 1757 de 2015, la consulta
popular debe realizarse dentro de los 3 meses siguientes al concepto previo o al
vencimiento del término respectivo; por lo que afirman los accionantes, la
Registraduría Nacional «ha iniciado actuaciones o se encuentra en etapa inminente
de preparación logística, conforme a los plazos legales previstos, para la realización
de la consulta».

En criterio de los actores, existe un riesgo de que «aun si la acción de nulidad
prospera, el pronunciamiento del juez contencioso-administrativo se torne inocuo,
pues para entonces la consulta ya se habría eventualmente realizado, consolidando
un hecho cumplido contrario al régimen constitucional».

PRETENSIONES

Solicitan que se amparen los derechos invocados y se deje sin efectos o se
suspenda de manera inmediata el Decreto 0639 de 2025.

Además, piden que 1) se investigue al presidente de la República por extralimitarse
en sus funciones al expedir un acto administrativo sin cumplir con los requisitos
constitucionales; 2) se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación, a
la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que
realicen las investigaciones por la presunta comisión de faltas disciplinarias, penales
y/o posible detrimento patrimonial por parte de los funcionarios que suscribieron el
decreto referenciado; 3) oficiar a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional
Electoral y demás entidades pertinentes para que se abstengan de ejecutar
cualquier acción relacionada con la consulta popular; 4) ordenar al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público suspender cualquier giro, compromiso o apropiación
presupuestal destinado a financiar total o parcialmente la consulta popular y 5)
ordenar a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible abstenerse de suscribir
cualquier acto administrativo que convoque una consulta popular nacional, cuando
está ya ha sido rechazada expresamente por el Congreso de la República.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-03590-00 fue recibida por
reparto en el despacho del consejero ponente, el 13 de junio de 2025 se dispuso su
admisión, se ordenó la notificación a las accionadas y se negó la medida provisional
solicitada1.

En autos del 26 de junio y 4 de julio de 2025 se decretó la acumulación y se
admitieron las siguientes tutelas: 11001-03-15-000-2025-03663-00, 11001-03-15-
000-2025-03710-00, 11001-03-15-000-2025-03736-00, 11001-03-15-000-2025-

1 Suspender los efectos del Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, por medio del cual se convoca a consulta

popular para el 7 de agosto de igual año, mientras que se resuelve la acción de tutela.

No resulta procedente acceder a la medida de suspensión de los efectos del Decreto 0639 del 11 de junio de
2025 expedido por el presidente de la República y que convoca a una consulta popular para el 7 de agosto de
2025 en este momento, pues ello implica la realización de un análisis de fondo del asunto y no se observa que
ello no pueda esperar el trámite sumario de la acción de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03590-00

03779-00, 11001-03-15-000-2025-03622-00, 11001-03-15-000-2025-03742-00,
11001-03-15-000-2025-03653-00, 11001-03-15-000-2025-03664-00, 11001-03-15-
000-2025-03655-00, 11001-03-15-000-2025-03607-00, 11001-03-15-000-2025-
03612-00, 11001-03-15-000-2025-03729-00, 11001-03-15-000-2025-03757-00,
11001-03-15-000-2025-03671-00, 11001-03-15-000-2025-03751-00, 11001-03-15-
000-2025-03715-00, 11001-03-15-000-2025-03731-00, 11001-03-15-000-2025-
03613-00, 11001-03-15-000-2025-03752-00, 11001-03-15-000-2025-03611-00,
11001-03-15-000-2025-03652-00, 11001-03-15-000-2025-03610-00, 11001-03-15-
000-2025-03648-00, 11001-03-15-000-2025-03672-00, 11001-03-15-000-2025-
03631-00, 11001-03-15-000-2025- 03668-00, 11001-03-15-000-2025-03660-00,
11001-03-15-000-2025-03620-00, 11001-03-15-000-2025-03643-00, 11001-03-15-
000-2025-03667-00, 11001-03-15-000-2025-03637-00, 11001-03-15-000-2025-
03636-00, 11001-03-15-000-2025-03639-00, 11001-03-15-000-2025-03621-00,
11001-03-15-000-2025-03665-00, 11001-03-15-000-2025-03642-00, 11001-03-15-
000-2025-03634-00, 11001-03-15-000-2025-03606-00, 11001-03-15-000-2025-
03684-00, 11001-03-15-000-2025-03670-00, 11001-03-15-000-2025-03724-00,
11001-03-15-000-2025-03711-00, 11001-03-15-000-2025-03745-00, 11001-03-15-
000-2025-03744-00, 11001-03-15-000-2025-03712-00, 11001-03-15-000-2025-
03822-00, 11001-03-15-000-2025-03695-00, 11001-03-15-000-2025-03770-00,
11001-03-15-000-2025-03786-00, 11001-03-15-000-2025-03601-00, 11001-03-15-
000-2025-03650-00, 11001-03-15-000-2025-03646-00, 11001-03-15-000-2025-
03638-00, 11001-03-15-000-2025-03657-00, 11001-03-15-000-2025-03614-00,
11001-03-15-000-2025-03747-00, 11001-03-15-000-2025-03701-00, 11001-03-15-
000-2025-03712-00, 11001-03-15-000-2025-03717-00, 11001-03-15-000-2025-
03633-00, 11001-03-15-000-2025-03641-00, 11001-03-15-000-2025-03659-00,
11001-03-15-000-2025-03676-00, 11001-03-15-000-2025-03694-00, 11001-03-15-
000-2025-03713-00, 11001-03-15-000-2025-03772-00, 11001-03-15-000-2025-
03640-00, 11001-03-15-000-2025-03587-00, 11001-03-15-000-2025-03651-00,
11001-03-15-000-2025-03615-00, 11001-03-15-000-2025-03666-00, 11001-03-15-
000-2025-03616-00, 11001-03-15-000-2025-03703-00, 11001-03-15-000-2025-
03748-00, 11001-03-15-000-2025-03719-00, 11001-03-15-000-2025-03707-00,
11001-03-15-000-2025-03727-00, 11001-03-15-000-2025-03755-00, 11001-03-15-
000-2025-03762-00, 11001-03-15-000-2025-03815-00, 11001-03-15-000-2025-
03853-00, 11001-03-15-000-2025-03859-00, 11001-03-15-000-2025-03942-00,
11001-03-15-000-2025-03716-00, 11001-03-15-000-2025-03896-00, 11001-03-15-
000-2025-03658-00, 11001-03-15-000-2025-03609-00, 11001-03-15-000-2025-
03635-00, 11001-03-15-000-2025-03661-00, 11001-03-15-000-2025-03697-00,
11001-03-15-000-2025-03795-00, 11001-03-15-000-2025-03723-00, 11001-03-15-
000-2025-03827-00, 11001-03-15-000-2025-03855-00 al proceso 11001-03-15-
000-2025-03590-00, 11001-03-15-000-2025-03649-00, 11001-03-15-000-2025-
03647-00, 11001-03-15-000-2025-03656-00, 11001-03-15-000-2025-03628-00,
11001-03-15-000-2025-03662-00, 11001-03-15-000-2025-03592-00, 11001-03-15-
000-2025-03645-00, 11001-03-15-000-2025-03732-00, 11001-03-15-000-2025-
03700-00, 11001-03-15-000-2025-03669-00, 11001-03-15-000-2025-03690-00,
11001-03-15-000-2025-03708-00, 11001-03-15-000-2025-03674-00, 11001-03-15-
000-2025-03691-00, 11001-03-15-000-2025-03794-00, 11001-03-15-000-2025-
03814-00, 11001-03-15-000-2025-03838-00, 11001-03-15-000-2025-03847-00,
11001-03-15-000-2025-03858-00, 11001-03-15-000-2025-03895-00, 11001-03-15-
000-2025-03943-00, 11001-03-15-000-2025-03679-00, 11001-03-15-000-2025-
03682-00, 11001-03-15-000-2025-03730-00, 11001-03-15-000-2025-03763-00,
11001-03-15-000-2025-03816-00, 11001-03-15-000-2025-03809-00, 11001-03-15-

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03590-00

000-2025-03887-00 y 11001-03-15-000-2025-03904-00 al proceso 11001-03-15-
000-2025-03590-00.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El presidente de la República solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, en la medida que el Decreto
0639 de 2025 está siendo analizado por la Corte Constitucional a través de «la
acción de inconstitucionalidad»

Expresó que la acción de tutela no expone de qué forma la expedición del acto
mencionado ocasiona un perjuicio o daño a los derechos fundamentales invocados
por los accionantes, por lo que la petición de amparo en su entender carece de
razón jurídica. Solicitó que se nieguen las pretensiones por existir «carencia actual
de objeto» dado que el Decreto 0639 de 2025 no surtió efectos jurídicos y fue
derogado expresamente por el Decreto 0703 del 24 de junio del año en curso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación Nacional, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de las Culturas, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Defensa alegaron que la tutela
es improcedente por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad porque el
«control constitucional de los decretos con fuerza normativa expedidos por el
Presidente (sic) de la República corresponde exclusivamente a la Corte
Constitucional», previsto en el artículo 241 de la Constitución Política.

Pidieron se declare la carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto a la
pretensión de que se suspenda de manera inmediata el Decreto 0639 de 2025, ya
que el Consejo de Estado en Auto núm. 8600 del 18 de junio de 2025 suspendió de
manera provisional sus efectos, por considerar que fue expedido sin el concepto
previo favorable del Senado de la República, tal y como lo dispone el artículo 104
de la Constitución Política.

Por último, solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, ya que «no participó en la elaboración ni en la adopción sustancial del
Decreto 0639 de 2025» y sus intervenciones solo fueron en la «suscripción formal
por parte de una funcionaria delegada, sin facultades normativas ni competencia
decisoria».

El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación pidieron que se declare la carencia actual de
objeto por hecho superado, dado que el acto cuestionado fue derogado con el
Decreto 703 de 2025.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pidió su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues «no tiene
atribuciones legales ni constitucionales para definir, convocar, suspender o ejecutar
consultas populares, ni para interferir en la decisión del Senado o en la expedición
de decretos presidenciales».

Por otra parte, señaló que en la tutela no se demostró ni siquiera de manera sumaria

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03590-00

cuál es la acción u omisión en la que incurrió el ministerio que genera la violación
de los derechos alegados por los accionantes.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que la tutela no cumple
con el presupuesto de subsidiariedad, ya que los accionantes cuentan con otros
medios de defensa judicial idóneos para dirimir la controversia que ahora elevan y,
no se trata de un sujeto de especial protección constitucional, ni acredita la
configuración de un perjuicio irremediable que reclame protección inmediata.
Además, pide su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por
no ser una de las autoridades que presuntamente han desconocido las normas en
que apoya su acción.

El Ministerio de Transporte pidió que se declare improcedente la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, ya que para discutir la legalidad
de los actos administrativos se cuenta con los medios de control en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Agregó que se configuró la carencia actual de
objeto por hecho sobreviniente, porque se expidió un decreto derogando la norma
que se invocaba como transgresora de los derechos fundamentales de los
accionantes.

Los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social, de Comercio, Industria
y Turismo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Igualdad y Equidad,
fueron debidamente notificados de la acción de tutela; sin embargo, guardaron
silencio.

La Secretaría General del Senado de la República solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva por no existir actuación atribuible a esta
autoridad que guarde relación de causalidad con la presunta vulneración de
derechos fundamentales alegada por los accionantes.

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes, para lo cual abordarán los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) carencia de objeto por hecho superado y III)
análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03590-00

Carencia de objeto por hecho superado

Ha establecido la Corte que, si durante el trámite de la acción de tutela la situación
que da origen a la misma es superada, desapareciendo los hechos que vulneraban
los derechos reclamados, pierde objeto este mecanismo y debe declararse el hecho
superado:

«(…) Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o
vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada,
el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo
apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese
adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces
inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto
para esta acción”. “Frente a estas circunstancias la Corte ha entendido
que: el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión
(según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera
la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del
juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho
superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión,
es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela
(…)»2

Análisis del caso concreto

En síntesis, los accionantes estiman que el presidente de la República y todos sus
ministros les transgreden los derechos fundamentales a la participación
democrática, al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica y, los
principios de separación de poderes y supremacía constitucional; con la expedición
del Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, por medio del cual el Presidente convocó
a consulta popular para el 7 de agosto del año en curso, a juicio de los accionantes,
sin cumplir con el artículo 104 de la Constitución Política y desconociendo el
concepto negativo que emitió el Senado de la República.

Al respecto, observa la Sala que la Sección Quinta del Consejo de Estado3 en auto
del 18 de junio de 2025, dentro del medio de control de nulidad instaurado en contra
del Decreto 0639 de 2025 suspendió de manera provisional los efectos de éste.

Igualmente, dentro del trámite de la acción de tutela4, el presidente de la República
derogó el Decreto 0639 de 2025, a través del Decreto 703 del 24 de junio del año
en curso, de ahí que, desapareció la situación que según los actores generaba la
afectación de los derechos fundamentales.

Significa que, desaparecieron las circunstancias que según los actores, generaban
la vulneración de sus derechos; razón por la cual carece de objeto cualquier
pronunciamiento del juez constitucional sobre el asunto. En consecuencia, se
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

Ahora, el accionante Jorge Eduardo Fonseca Echeverri en memorial del 10 de julio

2 Sentencia SU-047 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Posición retomada en la sentencia T-047 de 2016. M.P.

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
3 Consejo de Estado, Sección Quinta, magistrado ponente Pedro Pablo Vanegas Gil, radicado

11001-03-28-000-2025-00086-00
4 La tutela 2025-03115-00 se radicó el 22 de mayo de 2025 y la 2025-03339-00 el 30 de igual mes y año.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03590-00

de 20255 pidió que no se declare la carencia actual de objeto por hecho superado,
bajo el entendido que si bien el presidente de la República con el Decreto 703 de
2025 derogó el Decreto 0639 del mismo año, lo cierto es que, esto «no impide que
continúe la competencia del Consejo de Estado en examinar si en su expedición se
cumplieron los requisitos de validez», para ello citó la sentencia del 8 de mayo de
2025 de la Sección Primera de esta corporación6.

De igual forma, alegó que el «enjuiciamiento» en sede de tutela debe realizarse con
base en los fundamentos de hecho y de derecho existentes en el momento de la
expedición del Decreto 639 de 2025 «máxime si se considera que sólo el fallo de
tutela independiente del fallo en un medio de control de nulidad, produce efectos
que desvirtuaría la presunción de legalidad que acompañó al acto administrativo
tutelado en su vigencia, , (sic) y sólo hasta que el juez constitucional se pronuncie
ante la vulneración de derechos constitucionales, continúan amparadas por el
principio de legalidad».

Sobre el particular, advierte la Sala que la acción de tutela contra actos
administrativos procede de manera excepcional, cuando ante una vulneración
flagrante de los derechos fundamentales, el medio de control existente no resulta
idóneo y eficaz para la protección y se avizora un perjuicio inminente con carácter
de irremediable que deba conjurarse mediante este mecanismo.

Tal situación no se presenta en este caso, porque los hechos que motivaron la
acción de tutela desaparecieron, pues los efectos del Decreto 0639 de 2025 fueron
suspendidos por la medida provisional decretada en el proceso de nulidad simple
contra dicha norma y posteriormente esta fue derogada. Contrario a lo afirmado por
el accionante, no le corresponde al juez de tutela estudiar la legalidad. Ello
corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado donde ya se está
tramitando dicho proceso.

También, resulta improcedente la tutela frente a la pretensión de oficiar a la
Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la
Fiscalía General de la Nación para que investiguen la responsabilidad disciplinaria,
fiscal y penal de los funcionarios del Gobierno por la presunta comisión del delito de
prevaricato, pues la acción de tutela no tiene como finalidad que se realicen las
denuncias sobre conductas que a juicio de los actores deban investigarse, ya que
estos pueden presentarlas directamente ante estas entidades junto con el material
probatorio que consideren.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, conforme
a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

5 Índice 84 de SAMAI
6 Consejo de Estado, Sección Primera, consejero ponente: Oswaldo Giraldo López, sentencia del 8 de mayo de

2025, radicación núm.: 11001 03 24 000 2016 00226 00

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03590-00

Segundo: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de oficiar a los órganos de
control para que realicen las investigaciones del caso por el supuesto delito de
prevaricato.

Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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