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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00072-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00072-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta sentencia, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2025-00072-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: NULIDAD
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00072-00 (principal)
11001-03-28-000-2025-00076-00
Demandantes: Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt y Jhon Jairo
Turizo Hernández
Demandado: Senado de la República

Temas: Control judicial del procedimiento y votación del Senado
en la solicitud de consulta popular nacional (art. 104
Constitución Política). Participación y asistencia de los
senadores de la República

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sección es competente para resolver las demandas contra el acto de votación de
la sesión plenaria del 14 de mayo de 2025, por medio del cual el Senado de la
República emitió concepto desfavorable a una consulta popular del orden nacional, de
conformidad con los artículos 149.11 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), así como lo dispuesto en el 13 del Acuerdo
080 de 20192 (modificado por el 434 de 2024) de la Sala Plena del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt3 y Jhon Jairo Turizo
Hernández4 solicitaron que se declare la nulidad del acto de votación de la sesión
plenaria del 14 de mayo de 2025, por medio del cual el Senado de la República emitió
concepto desfavorable a una consulta popular del orden nacional. Lo expuesto,
conforme los supuestos fácticos y jurídicos que se resumen a continuación.

1 «COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. […] El Consejo de Estado,

en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas
especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única
instancia de los siguientes asuntos: […] 1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional […]».
2 «DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos del reparto, los

asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Quinta: […] 2. Los
procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral […]».
3 Expediente 2025-00072-00.
4 Expediente 2025-00076-00.

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Demandantes: Raymundo Francisco Marenco y otro
Demandado: Senado de la República
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00072-00
11001-03-28-000-2025-00076-00

2. Sobre el particular, los accionantes manifestaron que el 1.° de mayo de 2025,
el presidente de la República y sus ministros solicitaron al Senado de la República
emitir concepto favorable respecto de una consulta popular de carácter nacional.

3. De igual manera, señalaron que el 14 de mayo siguiente, el órgano legislativo,
en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 104 de la Constitución Política,
adelantó el procedimiento de votación y decidió, con 49 votos negativos frente a 47
positivos (96 en total), desaprobar la solicitud referida, pues, no obtuvo la mayoría
absoluta. No obstante, indicaron que en dicha sesión estaban presentes 97
senadores, por lo que consideraron que el procedimiento debía ser anulado y repetido,
conforme a lo establecido en el ordinal 4.º del artículo 123 de la Ley 5.º de 19925.

4. Al respecto, expusieron que el senador Richard Fuelantala Delgado se abstuvo
de votar, a pesar de estar registrado en el sistema electrónico, lo que, a juicio de
aquellos, vulneró los artículos 1266 y 127 de la Ley 5.º de 19927. Además,
manifestaron que los congresistas Martha Peralta Epiayú y León Fredy Muñoz no
pudieron ejercer su derecho al voto.

5. Por otra parte, alegaron que, una vez cerrado el registro de la votación, el
senador Édgar Díaz Contreras explicó su voto, por lo que el secretario general del
Senado de la República lo modificó de positivo a negativo, lo cual, según los
demandantes, contraviene lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 5.º de 1992 8.

6. Asimismo, pusieron de presente que «[e]l lapso transcurrido, entre el
llamamiento a los senadores a emitir su voto y el cierre de la votación respecto a la
consulta popular, no superó tres minutos».

7. En ese mismo sentido, afirmaron que la proposición objeto de debate y votación
no fue leída «[…] en voz alta […]» durante la sesión, por lo que se desconoció el
artículo 125 de la Ley 5.º de 1992 (analizado a la luz de la sentencia C-294 de 2024)9
y el debido proceso, fijado en el artículo 29 de la Constitución Política. Además,
trajeron a colación que la mesa directiva del Senado de la República no garantizó el
trámite adecuado de las recusaciones, ni certificó el cuórum decisorio previo a la
votación, conforme lo exigen «[…] las normas sobre declaratoria de quórum (sic),
resolución de impedimentos y garantías de publicidad y deliberación».

8. Finalmente, argumentaron que en dicha reunión del Senado de la República
participó el congresista Ciro Ramírez, a pesar de que se le decretó la «[…] pérdida de
5 «REGLAS. En las votaciones cada Congresista debe tener en cuenta que: […] 4. El número de votos,

en toda votación, debe ser igual al número de Congresistas presentes en la respectiva corporación al
momento de votar, con derecho a votar. […]».
6 «PRESENCIA DEL CONGRESISTA. Ningún Senador o Representante podrá retirarse del recinto

legislativo cuando, cerrada la discusión, hubiere de procederse a la votación».
7 «DECISIÓN EN LA VOTACIÓN. Entre votar afirmativa o negativamente no hay medio alguno. Todo

Congresista que se encuentre en el recinto deberá votar en uno u otro sentido. […]».
8 «EXPLICACIÓN DEL VOTO. Durante las votaciones no se podrá explicar el voto. La constancia

pertinente podrá presentarse en la discusión del asunto de que se trate, o en la misma sesión dejándola
por escrito para consignarse textualmente en el acta de la sesión».
9 Cargo que fue agregado con el memorial del 3 de junio de 2025 (índice 19 Samai) y, posteriormente,

admitido, mediante auto del 24 de septiembre de 2025 (índice 106 Samai), dentro del expediente 2025-
00072-00.

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Demandantes: Raymundo Francisco Marenco y otro
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investidura […]», lo cual, según sus dichos, desconoció los artículos 29 y 133 de la
Constitución Política.

9. Mediante autos del 28 de mayo de 202510 y 6 de junio de 202511, el despacho
conductor admitió las demandas y dispuso las notificaciones y comunicaciones
pertinentes. En consecuencia, se presentaron las intervenciones que se refieren a
continuación.

B. Posición de la parte demandada

10. El Senado de la República12, a través de su secretario general, solicitó negar
las pretensiones de la demanda.

11. Para ello, argumentó que la solicitud de dar concepto favorable a una consulta
popular de carácter nacional se adelantó con estricto cumplimiento del orden
constitucional y legal aplicable, esto es, los artículos 103 y 104 de la Constitución
Política; 32 de la Ley 1757 de 2015 y 6.º de la Ley 5.º de 1992 (ordinal 2.º).

12. En efecto, sostuvo que, en ejercicio de la función de carácter político, el 14 de
mayo de 2025, en sesión plenaria, la corporación pública referida negó la solicitud
expuesta, en tanto se depositaron 49 votos por el «no» frente a 47 por el «sí»,
conforme las mayorías requeridas previstas en los artículos 117 al 121 de la Ley 5.º
de 1992. En consecuencia, afirmó que dicha votación adquirió plenos efectos
jurídicos13.

13. Al respecto, trajo a colación que la decisión del Senado de la República en
punto de una solicitud de consulta popular no es un acto legislativo ni implica el trámite
de un proyecto de ley, de ahí que consista en una expresión de control político en
relación con la conveniencia o no de una decisión gubernamental de trascendencia
nacional, por ende, el artículo 125 de la Ley 5.º de 1992 (trámite de votación de
proposiciones) no resulta aplicable.

14. Por otra parte, en punto de las irregularidades aducidas, indicó que el retiro de
la sesión del senador Richard Humberto Fuelantala corresponde a una falta al deber
de aquel de asistir a las sesiones y expresar el voto; sin embargo, ello no es
trasladable a la Mesa Directiva o al secretario general. En todo caso, sostuvo que lo

10 En el expediente 2025-00072-00. Mediante auto del 26 de junio de 2025 (índice 56 Samai) se negó

la medida cautelar solicitada por el demandante y los coadyuvantes, Bernardo Henao Jaramillo, Marcel
Fernando Vargas y Germán Espinosa Mejía. A su vez, se reconoció a otros como coadyuvantes y
terceros impugnadores. Luego, a través de providencias del 2 de julio de 2025, se resolvió no reponer
el auto admisorio de la demanda (índice 67 Samai) y se rechazó de plano la nulidad propuesta por el
partido Conservador Colombiano (índice 68 Samai). De manera subsiguiente, se dispuso, en auto del
17 de julio de 2025 (índice 86 Samai), negar la solicitud de medida cautelar solicitada por la Fundación
para el Estado de Derecho. El 24 de septiembre siguiente se admitió la reforma de la demanda (índice
106 Samai) y, finalmente, en providencia del 27 de octubre de 2025 (índice 111 Samai), se dispuso
acumular los procesos de la referencia, quedando como expediente principal el 2025-00072-00.
11 En el expediente 2025-00076-00. Mediante el auto del 26 de junio de 2025 (índice 25 Samai) se negó

la medida cautelar y, el 27 de agosto siguiente (índice 37 Samai), se remitió el expediente a la Secretaría
de la Sección Quinta para resolver la eventual acumulación de procesos.
12 Índices 79 Samai (rad. 2025-00072-00) y 31 Samai (rad. 2025-00076-00).
13 Para el efecto, trajo a colación la sentencia C–277 de 2007 proferida por la Corte Constitucional.

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relatado no constituye un vicio sustancial o de procedimiento porque no afectó la
formación de la voluntad democrática ni quebrantó principios constitucionales
esenciales.

15. En lo atinente a la violación del artículo 133 de la Ley 5 de 1992, en razón a la
explicación del voto del senador Édgar Díaz Contreras y la posterior modificación (de
sí a no), indicó que de la grabación de la sesión se desprende que ello no ocurrió,
pues tan solo aquel se depositó por el no, según se observa de la certificación
anexada.

16. A su vez, puso de presente que la votación del caso concreto (nominal) no tiene
un tiempo mínimo, pero sí uno máximo de 30 minutos para anunciar el resultado,
conforme lo prevé el artículo 130 de la Ley 5.° de 1992. Por otra parte, precisó que el
senador León Fredy Muñoz sí ejerció su derecho al voto y que la senadora Martha
Peralta Epiayú se retiró del recinto 1 hora y 22 minutos antes de iniciar el punto del
del orden del día referido, lo cual, como se anticipó, no es atribuible a la corporación
pública accionada.

17. Finalmente, afirmó que a la Secretaría General del Senado no se ha allegado
sentencia, ni constancia de ejecutoria, que declare la pérdida de investidura del
congresista Ciro Ramírez Cortés. Al respecto, puntualizó que aquel fue suspendido
de la condición congresional14, en razón a una detención preventiva; no obstante, la
Corte Suprema de Justicia revocó la decisión referida y, por ello, la corporación pública
accionada dispuso, mediante Resolución 385 del 9 de mayo de 2025, levantar la
suspensión temporal del ejercicio del cargo.

18. En consecuencia, concluyó que la intervención del senador Ramírez Cortés, en
la sesión del 14 de mayo de 2025, no vició el cuórum ni el resultado de la votación.

C. Otras intervenciones

19. El presidente de la República15, actuando a través de apoderado judicial,
solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, pues, a su juicio, el presidente del
Senado de la República y su Mesa Directiva «[…] incurrió en múltiples irregularidades
que viciaron el procedimiento de manera sustancial […]».

20. Para el efecto, insistió en que la Sección Quinta del Consejo de Estado no es
competente para conocer del asunto propuesto16, en tanto el cuestionamiento se
dirige contra vicios de procedimiento en la convocatoria de aprobación de la consulta

14 Conforme lo establece el artículo 277 de la Ley 5.º de 1992.
15 Índice 100 y 101 Samai del expediente 2025-00072-00. Al respecto, se precisa que la contestación

efectuada por el presidente de la República en el expediente 2025-00076-00 fue extemporánea, por
ende, no se tendrá en cuenta.
16 Resulta oportuno poner de presente que dicho cuestionamiento fue elevado en el recurso de

reposición contra el auto admisorio de la demanda por el mismo extremo procesal; sin embargo, aquella
providencia no se repuso al encontrar que esta corporación tiene la competencia funcional para decidir
y tramitar el asunto de la referencia (índice 67 Samai).

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popular, por ello, en su criterio, la competencia funcional recae en la Corte
Constitucional, conforme al ordinal 3.° del artículo 241 de la Constitución Política17.

21. Por otra parte, en punto de las irregularidades, a su juicio, ocurridas en la sesión
del 14 de mayo de 2025, sostuvo que la lectura de la proposición no se limita al trámite
de las leyes, pues, según el artículo 114.1 de la Ley 5.º de 1992, aquella consiste en
la moción o iniciativa que se presenta por primera vez a la consideración y decisión
de una Comisión o de una de las Cámaras, por tanto, debía aplicarse lo dispuesto en
los artículos 47.3 y 125 ibidem.

22. En ese mismo sentido, alegó que la omisión de la lectura de la proposición no
puede considerarse como una formalidad menor, bajo el entendido de que ello permite
que los congresistas determinen el sentido del voto de manera informada y
democrática.

23. Asimismo, puso de presente que, una vez abierto el registro de la votación,
algunos senadores manifestaron cuestiones de orden sobre la forma en cómo se
estaba sufragando, pese a ello, no se tuvieron en cuenta por la Mesa Directiva, según
lo exige el artículo 132 de la Ley 5.º de 1992, y se procedió al cierre de aquella.

24. De igual forma, indicó que a la senadora Martha Peralta Epieyú se le impidió
votar porque no tuvo la oportunidad de conocer el momento en que se inició el sufragio
respectivo y de ingresar al recinto, de ahí que, según su dicho, se haya vulnerado el
principio democrático.

25. Por otra parte, argumentó que el resultado final debió haber concluido con un
empate, si se tiene en cuenta que el senador Édgar de Jesús Díaz Contreras había
votado de forma positiva y, luego de una explicación, se tomó aquel como negativo;
no obstante, el artículo 123 de la Ley 5.º de 1992 establece que cada congresista
participante en una votación tiene únicamente derecho a emitir un sufragio, el cual, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 ibidem, no puede ser objeto de explicación.

26. A su vez, sostuvo que en el registro fílmico se observan 93 senadores en el
recinto, pero, a su juicio, sufragaron 96 senadores. A partir de lo expuesto, relató que
debía anularse y repetirse la votación, tal como lo consagra el artículo 123.3 de la Ley
5.º de 1992.

27. Finalmente, consideró que la senadora María José Pizarro impugnó la decisión
del presidente del Senado de la República relativa a dar por concluida la votación,
recurso que luego fue tramitado por aquel mismo, con lo que se desconoció la
competencia con que cuenta la plenaria para resolver este tipo de impugnaciones,
conforme lo establece el artículo 129.10 de la Ley 5.º de 1992.

17 «Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la

Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes
funciones: […] 3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas
populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su
convocatoria y realización».

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28. Por su parte, el apoderado judicial del partido Conservador Colombiano18
(tercero impugnador), solicitó negar las pretensiones de la demanda bajo el argumento
de que la votación efectuada por el Senado de la República, en la sesión en la que se
denegó la consulta popular, no fue irregular.

29. En síntesis, manifestó que el ordinal 4.º del artículo 123 de la Ley 5.º de 1992
exige que el número de sufragios debe coincidir con los congresistas presentes al
momento de la votación y que la omisión de este deber, por parte de los senadores,
no invalida los resultados. Asimismo, argumentó que de llegarse a establecer que
alguno de aquellos explicó su voto tampoco tiene el efecto propuesto por los
demandantes.

30. Con todo, sustentó que la lectura obligatoria de la proposición se da cuando se
presenten modificaciones en aquella, situación que, en el caso concreto, no se
advirtió.

31. Por otra parte, el tercero impugnador, Francisco Andrés Manotas Polo19 pidió
que las pretensiones de las demandas sean negadas. Para el efecto, sostuvo que no
se requería la lectura de la proposición, en tanto, los artículos que resultan aplicables
son el 43 y 130 de la Ley 5.º de 1992 y no el 125 de la citada norma.

32. Asimismo, argumentó que el voto del senador Édgar Díaz Contreras fue
negativo y que la senadora Martha Peralta Epiayú estaba ausente en el recinto, al
momento de la votación.

33. Por último, propuso que el medio de control de nulidad es improcedente para
cuestionar la legalidad del mecanismo previsto en el artículo 104 de la Constitución
Política, en tanto lo decidido no constituye un acto administrativo, por lo que no es
susceptible de control judicial alguno.

34. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contestó la demanda por
fuera de la oportunidad legal20, motivo por el cual no se tendrá en cuenta.

D. Trámite de sentencia anticipada

35. Mediante providencia del 3 de diciembre de 202521, el magistrado ponente
ordenó impartir trámite para dictar sentencia anticipada, se pronunció sobre las
pruebas aportadas y requeridas por los extremos procesales y fijó el litigio en los
siguientes términos:

103. De acuerdo con el ordinal 1.°, inciso segundo, del artículo 182A del CPACA, se
procede a fijar el litigio a partir de la premisa de que el acto de contenido electoral objeto
de nulidad se expidió con infracción de las normas en que debía fundarse, con sustento
en los siguientes problemas jurídicos:

18 Índices 40 y 41 Samai del expediente 2025-00072-00.
19 Índice 85 Samai.
20 Tal como consta en el informe secretarial visible en el índice 105 Samai.
21 Índice 116 Samai.

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a) ¿Se infringió el ordinal 4.° del artículo 123 de la Ley 5.° de 1992, al no coincidir el
número de votos depositados con los senadores presentes en la sesión plenaria en la
que se decidió la solicitud de dar concepto favorable a la consulta popular del orden
nacional?

b) ¿Se desconocieron los artículos 126 y 127 de la Ley 5.° de 1992, en tanto el senador
Richard Fuelantala Delgado se abstuvo de votar, a pesar de estar registrado en el
sistema electrónico y, además, al no permitirse que los senadores Martha Peralta
Epiayú y León Fredy Muñoz ejercieran su derecho al voto?

c) ¿Se violó el artículo 133 de la Ley 5.° de 1992, en razón a que el secretario general
del Senado de la República modificó el sentido del voto emitido por el senador Édgar
Díaz Contreras (de positivo a negativo) una vez cerrado el registro de la votación?

d) ¿Se infringieron los artículos 29 de la Constitución Política y 125 de la Ley 5.° de 1992
al no leerse la proposición objeto de debate y votación en la sesión del 14 de mayo de
2025?

e) ¿Se contravino lo dispuesto en los artículos 29 y 133 de la Constitución Política, al
permitirse la participación del senador Ciro Ramírez en la votación a la solicitud de dar
concepto favorable a la consulta popular del orden nacional, pese a que se le decretó la
«[...] pérdida de investidura [...]»?

104. Asimismo, deberá resolverse si: ¿el acto acusado se expidió irregularmente al: (i)
disponerse tres (3) minutos para que los senadores depositaran su voto y, (ii) no
garantizarse el trámite adecuado de las recusaciones ni certificarse el cuórum decisorio
previo a la votación?

105. Lo expuesto, a partir del concepto de la violación indicado en la presente
providencia, junto con las razones de hecho y de derecho presentadas oportunamente
por las partes, sin perjuicio de otros asuntos procesales o sustanciales que resulten del
debate principal.

E. Alegatos de conclusión

36. Durante el término para alegar de conclusión22, el Senado de la República23,
a través de su secretario general, reiteró los argumentos planteados en las
contestaciones de las demandas.

37. El demandante, mediante escrito del 2 de febrero de 202624, presentó de forma
extemporánea sus alegatos, por lo que no se tendrán en cuenta.

F. Concepto del Ministerio Público

38. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó25
negar las pretensiones de las demandas, en tanto no se acreditó que el acto acusado
haya desconocido las normas en que debía fundarse ni se expidió irregularmente.

39. Para el efecto sostuvo, en punto de las irregularidades planteadas, que no se
infringió el ordinal 4.° del artículo 123 de la Ley 5.º de 1992, pues, según la Gaceta

22 Índice 125 Samai. El cual se surtió entre el 19 de enero de 2025 hasta el 30 siguiente.
23 Índice 122 Samai.
24 Índice 128 Samai.
25 Índice 126 Samai.

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989 del 13 de junio de 2025, los senadores presentes en la sesión de votación (14 de
mayo de 2025) eran 96, número que coincide con el total de votos depositados a la
solicitud de concepto favorable a una consulta popular del orden nacional. Al respecto,
puso de presente que la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú no se encontraba en
el recinto y, por ende, no se tuvo como votante.

40. En segundo lugar, frente al presunto desconocimiento de los artículos 126 y
127 de la Ley 5.º de 1992, puntualizó que el senador Richard Humberto Fuelantala
Delgado si bien asistió a la sesión plenaria del 14 de mayo de 2025, lo cierto es que
no se registró en la votación a la consulta popular y tampoco advirtió una anotación
de retiro del recinto.

41. Contrario a ello, reiteró que la senadora Martha Peralta Epiayú dejó constancia
del abandono de la sesión. Asimismo, precisó que el senador León Fredy Muñoz
Lopera ejerció su derecho al voto. Por consiguiente, concluyó que los artículos
referenciados no fueron vulnerados.

42. En tercer lugar, encontró que el secretario general del Senado no modificó el
sentido del voto del senador Édgar Díaz Contreras, tan solo aclaró que este fue
manual y no electrónico y, además, que su decisión fue negativa y no positiva. Así las
cosas, determinó que no se violó el artículo 133 de la Ley 5.° de 1992.

43. Por otra parte, en punto de la no lectura de la proposición antes de la votación
referida, puntualizó que no había lugar a aplicar el artículo 125 del Reglamento del
Congreso, toda vez que el trámite de una convocatoria a consulta popular del orden
nacional no corresponde a una proposición, según lo establecido en los artículos 114
y 115 ibidem.

44. En quinto lugar, alegó que si bien el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés
participó en la discusión y votación del 14 de mayo de 2025, lo cierto es que, no reposa
en el expediente algún medio probatorio que demuestre que aquel haya perdido la
investidura.

45. Asimismo, afirmó que la votación a la solicitud de emitir concepto favorable a la
consulta popular del orden nacional fue nominal, en ese sentido, según el artículo 130
de la Ley 5.° de 1992, «[…] los tiempos entre la iniciación de la votación y el anuncio
de su resultado […]» no puede exceder los treinta (30) minutos, por lo que disponer
un tiempo inferior no conlleva la trasgresión de la norma.

46. Finalmente, trajo a colación que en la sesión del 14 de mayo de 2025 no se
dejó de tramitar alguna recusación. Además, sostuvo que el cuórum decisorio se
verifica al inicio de la sesión con el llamado a lista, salvo que algún integrante del
Senado de la República así lo solicite, lo cual, en el caso concreto, no ocurrió. Con
todo, argumentó que la votación arrojó un total de 96, lo que de suyo implicó la
existencia de cuórum deliberatorio y decisorio.

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II. CONSIDERACIONES

47. La Sala negará las pretensiones de nulidad elevadas contra el acto de votación
de la sesión plenaria del 14 de mayo de 2025, por medio del cual el Senado de la
República emitió concepto desfavorable a una consulta popular del orden nacional,
conforme a las razones que se esbozarán a continuación.

48. Para ese efecto, se hará referencia, en primer lugar, a la competencia del
Consejo de Estado para conocer, en única instancia, del acto acusado y luego se
abordarán algunas consideraciones frente a la consulta popular como mecanismo de
participación ciudadana. En segundo lugar, se desarrollarán los cargos propuestos en
la fijación del litigio.

2.1. De la competencia funcional del Consejo de Estado y marco
constitucional de la consulta popular como mecanismo de participación
ciudadana

49. En este acápite, la Sala i) precisará la competencia del Consejo de Estado para
conocer del acto que culminó dicho trámite en el Senado de la República, a fin de
permitir un acercamiento a los aspectos normativos y competenciales que enmarcan
el análisis del presente caso. De igual manera, ii) se expondrá el marco constitucional
que estructura la consulta popular como mecanismo de democracia directa, así como
el alcance del concepto previo del Senado y su relación con la facultad presidencial
prevista en el artículo 104 de la Constitución Política.

a) De la competencia del Consejo de Estado para conocer del acto demandado

50. Conforme lo expuesto en el auto de 2 de julio de 202526, la Sala reitera que la
Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer, en única
instancia, de la nulidad del acto mediante el cual el Senado de la República decidió
dar concepto desfavorable a una consulta popular del orden nacional.

51. En efecto, el acto sometido a control corresponde a la decisión del Senado de
la República que concluyó el trámite previsto en el artículo 104 de la Constitución
Política para la eventual convocatoria a una consulta popular, en particular, la emisión
del concepto previo requerido para habilitar la intervención ciudadana en asuntos de
trascendencia nacional.

52. Dicho escenario reviste la naturaleza de un acto de contenido electoral, en la
medida en que define la viabilidad de activar un mecanismo de democracia directa,
cuyo desarrollo involucra a los ciudadanos para participar en la toma de la decisión, y
condiciona el ejercicio del poder soberano.

26 Índice 67 Samai. A través de dicha providencia se decidió el recurso de reposición propuesto por el

apoderado del presidente de la República contra el auto admisorio de la demanda, dentro del
expediente principal.

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53. La jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado de forma
reiterada27 ha diferenciado entre actos electorales y actos de contenido electoral, en
el sentido de señalar que, los primeros, son aquellos mediante los cuales se declara
una elección, se realiza un nombramiento, una designación o un llamamiento para
suplir vacantes en corporaciones públicas.

54. De igual forma, ha sostenido que dichos actos comprenden las elecciones
populares, esto es, aquellas efectuadas por corporaciones electorales,
nombramientos de autoridades y demás decisiones directamente vinculadas al
ejercicio del voto o a la provisión de cargos públicos, cuyo control judicial se ejerce
exclusivamente a través del medio de control de nulidad electoral.

55. A su turno, los actos de contenido electoral no declaran una elección o
nombramiento, pero sí inciden o tienen la virtualidad de influir en estos, por cuanto, se
trata de decisiones administrativas expedidas en desarrollo de la función electoral,
destinadas a organizar, preparar o perfeccionar dicho proceso, por ejemplo, los actos
sobre inscripción de candidatos, conformación de listas o decisiones previas que
afectan el desarrollo o resultado de una elección, los cuales son susceptibles de
control judicial cuando impiden continuar la actuación.

56. En consonancia con lo anterior, en lo que respecta al caso objeto de debate,
conviene anotar que los actos de contenido electoral comprenden aquellas decisiones
que, aun sin producir directamente la elección de autoridades, inciden de manera
determinante en la configuración, ejercicio o control de los mecanismos de
participación ciudadana o en la formación de la voluntad política colectiva.

57. Ello es así en la medida en que habilitan, condicionan o delimitan el acceso de
los electores a un procedimiento decisorio previsto en la Constitución Política, de ahí
que la jurisprudencia haya sostenido que este tipo de actos definitivos son
susceptibles del control judicial asignado a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, al ser instrumentos que expresan el ejercicio del poder político y, en
consecuencia, sujetos a reglas de validez.

58. Desde esta perspectiva, la decisión del Senado que emite concepto
desfavorable en los términos del artículo 104 de la Constitución Política constituye un
acto definitivo de contenido electoral, pues, se reitera, culmina el mecanismo de
democracia directa mediante el cual los ciudadanos deciden sobre asuntos de
trascendencia nacional.

59. Así las cosas, el concepto desfavorable proferido por el Senado de la República
implicó la culminación de una fase preelectoral indispensable para habilitar la consulta
popular, cuyo desarrollo posterior involucra directamente la voluntad de los

27 Sobre la distinción entre los actos electorales y los de contenido electoral, consultar entre otros:

Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 15 de julio de 2025, Rad. 11001-03-24-000-2025-00230-
00, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez [En relación con este tema, consultar las citas que se realizan
en la providencia, a saber: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Auto del 9 de marzo de 2012. Rad.: 68001-23-15-000-2011-00717-01. M.P. Mauricio Torres Cuervo;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Expediente 1570,
Consejero Ponente doctor Mario Alario Méndez, auto de 18 de julio de 1996].

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ciudadanos a través de una votación. En consecuencia, esta decisión conserva un
contenido electoral por su incidencia directa en la participación democrática y por
integrar el procedimiento que finaliza con la convocatoria a los ciudadanos para
expresar su voluntad de manera vinculante.

60. Por tanto, al tratarse de un acto definitivo de contenido electoral (culminó el
trámite del mecanismo de participación ciudadana), adoptado en ejercicio de una
competencia constitucional ejercida por una autoridad del orden nacional, resulta
evidente su sujeción al control de legalidad asignado a esta Sección, conforme a lo
previsto en el ordinal 1.º del artículo 149 del CPACA28 y a las reglas de reparto fijadas
en el Acuerdo29 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado30.

b) Marco constitucional de la consulta popular: del concepto previo del
Senado de la República

61. En este apartado se desarrollará el marco constitucional, legal y jurisprudencial
aplicable a la consulta popular. Para ello, se examinarán: i) el principio de soberanía
popular establecido en el artículo 3.º de la Constitución Política; ii) el alcance del
artículo 40.2 ibidem; iii) la configuración constitucional de la consulta popular; iv) el
desarrollo estatutario y jurisprudencial de dicho mecanismo; y v) las exigencias
procedimentales previstas en el artículo 104 superior y en el Reglamento del
Congreso, particularmente en lo relativo al pronunciamiento previo del Senado.

62. En ese orden, sea lo primero señalar que la proclamación de la soberanía
popular contenida en el artículo 3.º de la Constitución Política constituye el
fundamento de la organización democrática del Estado colombiano.

63. Conforme a tal disposición, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo,
del cual emana el poder público, lo que implica que la ciudadanía no solo es titular
abstracta del poder político, sino también el sujeto activo en el proceso de formación
de las decisiones que a todos los ciudadanos atañe.

64. En esa medida, el principio de soberanía popular se proyecta en el derecho de
participación política consagrado en el artículo 40 ibidem, que reconoce a todo
ciudadano la facultad de intervenir en la conformación, ejercicio y control del poder

28 «COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas
especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única
instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan
funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro,
respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos».
29 Modificado por el 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado
30 «DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los

asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Quinta: […] 2. Los
procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral, así como contra los actos expedidos
por las autoridades electorales en virtud de su función de regulación, inspección, vigilancia y control de
toda la actividad electoral de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos,
de sus representantes legales, directivos y candidatos y las relacionadas con la dirección y organización
de las elecciones».

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político, configurando así la participación democrática como un elemento estructural
del orden constitucional.

65. Desde esta perspectiva, los mecanismos de participación ciudadana, como la
consulta popular, están destinados a materializar el principio de soberanía popular en
el funcionamiento del Estado. A través de ellos, el pueblo puede intervenir
directamente en la adopción de decisiones públicas, complementando la democracia
representativa y garantizando la efectividad del derecho fundamental de participación
política.

66. De igual forma, en el marco de la jurisprudencia constitucional, conviene acotar
que el desarrollo de la consulta popular encuentra fundamento en la evolución misma
del principio democrático en Colombia. En efecto, la Corte Constitucional31 ha
explicado que el carácter universal y expansivo de dicho axioma se sustenta en un
cambio cualitativo introducido por la Constitución de 1991 frente a las cartas políticas
anteriores.

67. En ese orden, el tribunal constitucional afirmó que la Constitución vigente no
solo incorpora el principio democrático en su variante liberal, centrado en la
representación política, sino que lo transforma en un modelo participativo, que
desborda el esquema meramente representativo para permitir la intervención directa
de los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación (art. 2.º C.P.).

68. Así, según dicho tribunal, en la dimensión participativa se articulan: «[…] las
formas de representación tradicionales con los instrumentos de democracia directa
que permiten una actuación más efectiva y cercana del ciudadano que ahora no
simplemente es un espectador, sino también un gestor o ejecutor del poder público»32
[énfasis es del original].

69. Bajo este entendido, el tránsito hacia un modelo de democracia participativa
supuso la afirmación plena de la soberanía popular como eje estructural del orden
constitucional instaurado en 1991. Ello, implicó reconocer que el poder público no solo
emana del pueblo en un plano estrictamente formal, sino que debe retornar
constantemente a él mediante mecanismos efectivos que permitan su intervención
directa en la definición de los asuntos trascendentales del país.

70. En consecuencia, la Constitución de 1991 consagró unas formas de
participación democrática para que la ciudadanía incida de manera real en las
decisiones de carácter nacional, regional y local, y ejerza un control más inmediato
sobre quienes detentan funciones públicas, la cual fue destacada por la Corte
Constitucional en los siguientes términos33:

Bajo esta nueva concepción se da cabida a instituciones como la revocatoria del
mandato de los elegidos, consagrada en la Constitución de 1991 en los artículos 40-4,
103 y 259, a una más directa participación de los ciudadanos, a través de mecanismos
31 Corte Constitucional, Sentencia C-303 del 28 de abril de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
32 Corte Constitucional, Sentencia C-150 del 8 de abril de 2015, MP. Mauricio González Cuervo.
33 Corte Constitucional, Sentencia C-245 del 3 de junio de 1996, MP. Vladimiro Naranjo Mesa.

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como el referendo, el plebiscito, la iniciativa legislativa y el cabildo abierto, consagrados
en la Constitución de 1991 en los artículos 40-2, 40-5, 103, 104, 105, 106, 155, 170,
270, 377, 378 y 379, entre otros. Lo que el constituyente de 1991 buscó con la
consagración de la “soberanía popular” fue, en últimas, ampliar en la mayor medida
posible, los espacios de participación democrática del pueblo en la toma de decisiones
que tengan incidencia tanto nacional como regional y local, y también en el control del
ejercicio del poder público de los gobernantes, entendiendo este término en su sentido
más amplio […] [énfasis es del original].

71. Por consiguiente, puede concluirse que en el Estado social de derecho que nos
rige, la soberanía popular se ejerce a través de una democracia participativa, a través
de la cual se legitima toda expresión del poder público34.

72. Por su parte, el artículo 40.2 de la Constitución Política consagra, como eje
de la democracia participativa, el derecho fundamental de todo ciudadano a intervenir
en la conformación, ejercicio y control del poder político, lo cual permite acudir a
diversos mecanismos de participación ciudadana, entre ellos la consulta popular.

73. En esa dirección, dicha norma constitucional establece la participación
ciudadana como un derecho fundamental y, al mismo tiempo, como un componente
estructural de la democracia participativa, en tanto reconoce que todo ciudadano
puede intervenir en la conformación, ejercicio y control del poder político. Desde tal
perspectiva, de la disposición constitucional se desprenden diversas facetas que
singularizan las distintas formas de participación ciudadana, a saber:

a) La primera corresponde a la facultad de la ciudadanía de ejercer los
mecanismos de participación democrática previstos en la Constitución;

b) La segunda alude a una dimensión colectiva, en cuanto estos mecanismos
permiten la construcción de decisiones públicas, aspecto que robustece la
manifestación del principio de soberanía popular consagrado en el artículo
3 superior; y

c) En tercer lugar, impone a todas las autoridades el deber de promover,
facilitar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de
la participación democrática.

74. Así las cosas, una de las formas de participación democrática es la consulta
popular, como se desprende del artículo 103 constitucional:

Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y
la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. [Énfasis propio]

[…]

75. Conforme lo expuesto, la consulta popular, como mecanismo previsto por el
constituyente para que los ciudadanos se pronuncien sobre asuntos de trascendencia

34 Corte Constitucional, Sentencia C-303 del 28 de abril de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

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nacional, se erige en una forma de participación mediante el cual la ciudadanía incide
directamente en el poder público.

76. Desde tal punto de vista, aquel mecanismo no solo cumple una función
decisoria, sino que también constituye una forma de control político, en cuanto permite
someter al escrutinio democrático decisiones de especial importancia, con lo cual se
fortalecen principios como la transparencia, la deliberación pública y la legitimidad del
proceso democrático.

77. De esa manera, como se desprende de los artículos 3.º, 40.2 y 103 de la
Constitución Política, la consulta popular se erige como una manifestación directa del
poder constituyente primario, en cuanto faculta al cuerpo electoral para pronunciarse
sobre asuntos de trascendencia nacional. De igual forma, dicha configuración se
articula con lo previsto en el artículo 104 ibidem, que exige el concepto previo del
Senado de la República como garantía adicional de control político antes de la
eventual convocatoria a dicho mecanismo de participación, como se desarrollará más
adelante.

78. Por ahora, resulta útil destacar que las Leyes Estatutarias 134 de 1994 y 1757
de 2015 desarrollaron los preceptos constitucionales señalados y, en concreto, el
artículo 8.° de la primera de las normas citadas definió la consulta popular como «[…]
la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de
trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el
Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración
del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto».

79. Ciertamente, la Corte Constitucional, en la sentencia C-180 de 1994 precisó
que el mecanismo popular en comento consiste en la posibilidad de acudir a la
ciudadanía para conocer su opinión frente a un aspecto de interés nacional, regional
o local y, luego, abordar decisiones concretas.

80. Por consiguiente, dicho tribunal anotó que la decisión que resulte del ejercicio
democrático se convierte en obligatoria35, pues el órgano correspondiente deberá
adoptar las medidas para hacerla efectiva. De forma textual se consideró en la
decisión referida:

A manera de presentación general de este mecanismo, debe anotarse que el proyecto
visualiza la consulta como una indagación de la opinión ciudadana acerca de una
pregunta de carácter general que realiza el Presidente de la República, el gobernador o
el alcalde respectivo, redactada en forma clara, de modo tal que sea respondida por el
pueblo con un "SI" o un "NO".

De modo general, puede afirmarse que la consulta popular es la posibilidad que tiene el
gobernante de acudir ante el pueblo para conocer y percibir sus expectativas, y luego
tomar una decisión. En otros términos, es la opinión que una determinada autoridad

35 En el evento que se cumpla el siguiente requisito previsto en el artículo 41 de la Ley 1757 de 2015,

así: «[…] que la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de
los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores
que componen el respectivo censo electoral».

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solicita a la ciudadanía sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local,
que la obliga a traducirla en acciones concretas36.

81. Asimismo, en la sentencia C-053 de 2019 se reiteró que la consulta popular
consiste en «[…] un mecanismo idóneo para que la ciudadanía decida, a través de
una respuesta afirmativa o negativa, sobre asuntos nacionales, departamentales,
municipales, distritales o locales».

82. A su turno, en lo atinente a los asuntos susceptibles de ser sometidos a
consulta popular, el legislador estatutario37 ha sido categórico en delimitar su alcance
material. En ese contexto, de la normativa se desprende que este mecanismo
democrático no puede ser utilizado para promover la modificación del texto
constitucional, la aprobación de proyectos normativos articulados ni la convocatoria
de una asamblea constituyente, salvo cuando se vaya a reformar la Constitución
según el procedimiento establecido en el artículo 376.

83. Aquellas restricciones obedecen a la necesidad de preservar el texto
constitucional y evitar que, por vía de consulta, se desborden las competencias
propias del Congreso y del poder constituyente derivado. En ese sentido, es oportuno
acotar que tales límites estructurales garantizan que la consulta popular se mantenga
dentro de su naturaleza consultiva y decisoria sobre asuntos de trascendencia
nacional, sin invadir ámbitos reservados a otros procedimientos, como, por ejemplo,
el de reforma constitucional.

84. Por otra parte, se tiene que, frente al trámite de la consulta popular de orden
nacional, se requiere que el Senado se pronuncie, dentro del mes siguiente a la
presentación del informe por parte del presidente de la República, sobre la
conveniencia o no de la convocatoria al mecanismo de participación ciudadana, esto
es, que para llevar a cabo una consulta popular nacional se requiere el concepto
previo del órgano legislativo en referencia.

85. Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1757 de 2015 prescribe que para convocar
un plebiscito o una consulta popular nacional se exige concepto previo de la
corporación competente, la cual deberá pronunciarse en un mes. A su vez, respecto
de las consultas territoriales, el concepto deberá emitirse en veinte días y podrá
aprobarse o rechazarse por mayoría simple. Así lo regula el referido precepto:

CONCEPTOS PREVIOS. Para convocar y llevar a cabo un plebiscito o una consulta
popular nacional se requiere el concepto previo de la corporación pública
correspondiente.

En el término de un mes, contado a partir del cumplimiento del requisito previo del que
trata el artículo anterior de la presente ley, el Congreso de la República o el Senado de
la República, respectivamente, deberá pronunciarse sobre la conveniencia de la
convocatoria a plebiscito o a Consulta Popular Nacional.

Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo del artículo 9o de la presente ley, en un
término de veinte (20) días, contado a partir del cumplimiento del requisito previo del
que trata el artículo 20 de la presente ley, la corporación pública correspondiente emitirá

36 Corte Constitucional, Sentencia del 8 de abril de 2015, MP. Mauricio González Cuervo.
37 Artículos 50 y 52 de la Ley 134 de 1994.

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su concepto respecto de la convocatoria a Consulta Popular Departamental, Distrital,
Municipal o Local. La Corporación Pública correspondiente podrá, por la mayoría simple,
rechazarla o apoyarla.

86. Frente a la norma en cita, la Corte Constitucional, en sentencia C-150 de 2015,
consideró ajustada a la Constitución la fijación de plazos para emitir el concepto previo
tanto en plebiscitos como en consultas populares nacionales y territoriales, y precisó
que la norma no reguló las mayorías aplicables, las cuales se rigen por el artículo 20
del proyecto (para el plebiscito) y por la Ley 134 de 1994 (para la consulta popular
nacional). De esta manera lo indicó dicho tribunal:

6.24.1. El artículo 32 se ocupa de establecer algunas reglas relativas al concepto previo
en el caso del plebiscito, de una parte, y de las consultas populares nacionales y
territoriales, de otra.

6.24.1.1. El primero de los contenidos normativos es plenamente compatible con la
Constitución en tanto se limita a establecer, al amparo de la libertad de configuración
que en esta materia tiene el Congreso, un término para el concepto previo por parte de
la corporación legislativa.

6.24.1.2. El segundo contenido normativo, no obstante las dificultades interpretativas
que supone la remisión al parágrafo del artículo 9 del proyecto, en tanto establece el
mismo término que prescribe la norma ahora examinada, no ofrece problemas
constitucionales en tanto se limita a fijar un término para que se adelante el trámite de
las consultas populares territoriales.

6.24.2. Considera la Corte necesario precisar que las mayorías para negar o aprobar el
plebiscito o la consulta popular nacional en la corporación pública en que debe hacer su
tránsito, no fueron objeto de regulación en esta disposición en tanto la última frase del
tercer inciso se refiere a los mecanismos de orden territorial. En esa medida, en el caso
del plebiscito se aplica lo dispuesto en el literal c) del artículo 20 del proyecto y en el
caso de la consulta popular nacional las establecidas en la Ley 134 de 1994. [Énfasis
del original].

87. De su lado, la Ley 134 de 1994 al regular el trámite del concepto previo para
adelantar una consulta previa de carácter nacional tan solo dispuso, en su artículo 53,
el término en el que el Senado de la República debe emitir concepto favorable (20
días), prorrogable por otros diez (10), siempre que así lo decidan la mayoría de sus
miembros. Además, frente a la consulta popular de carácter departamental o municipal
determinó que si el concepto previo es desfavorable «[…] el gobernador o el alcalde
no podrá convocar la consulta».

88. Hasta acá es posible advertir que la consulta popular se configura como un
mecanismo de democracia directa cuyo objeto, alcance material y procedimiento han
sido estrictamente delimitados por el constituyente, el legislador estatutario y la
jurisprudencia constitucional. Además, resulta ajustado colegir que su finalidad es
permitir que la ciudadanía se pronuncie sobre asuntos de trascendencia, dentro de
límites que preservan la constitución, y su convocatoria exige, en el ámbito nacional
como territorial, la emisión oportuna del concepto previo por la corporación
competente, conforme a los plazos y reglas fijadas en las leyes 134 de 1994 y 1757
de 2015.

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89. Ahora bien, definido el alcance constitucional y estatutario del trámite previo a
la realización de la consulta popular, resulta necesario precisar el contenido del
artículo 104 de la Constitución Política y las reglas orgánicas que gobiernan la
adopción de decisiones al interior del Senado en esta clase de actuaciones.

90. Ello, en razón a que i) el artículo 104 condiciona la convocatoria de la consulta
al concepto previo favorable del Senado y ii) la emisión de tal pronunciamiento no solo
exige observar las etapas procedimentales descritas, sino también las mayorías
previstas en el Reglamento del Congreso, determinantes para establecer la validez de
la decisión adoptada por la corporación.

91. En armonía con lo anterior, este último precepto dispone que el presidente de
la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del
Senado, está facultado para someter a consideración del pueblo decisiones de
trascendencia nacional, cuya respuesta adquiere fuerza obligatoria y debe realizarse
en un proceso autónomo, sin concurrencia con otras elecciones.

92. De este modo, el artículo 104 incorpora un mecanismo de participación
ciudadana que resalta la doble garantía democrática. Por un lado, el control previo del
Senado, y del otro, la fuerza vinculante del pronunciamiento popular, lo cual robustece
el carácter participativo del Estado y armoniza el ejercicio del poder presidencial con
el principio de soberanía popular.

93. A partir de dicho escenario, la consulta popular se configura como una forma
de participación ciudadana, destinada a reforzar la legitimidad de las decisiones
públicas o de exigir la implementación de una política y garantizar el cumplimiento
material del principio democrático.

94. De igual forma, en los términos del referido artículo 104, la activación de tal
mecanismo comienza con la iniciativa del presidente de la República y luego pasa al
concepto previo de Senado, corporación que, para tales efectos, cuenta con sus
propias reglas orgánicas de debate y votación, con el fin de que mantenga su carácter
democrático.

95. En síntesis, como se desprende del artículo 104, la consulta popular es un
mecanismo de democracia participativa que permite al pueblo decidir sobre asuntos
de trascendencia nacional y cuyo trámite involucra la intervención del presidente de la
República y del Senado. Este diseño constitucional asegura un control político previo
y confiere fuerza vinculante al pronunciamiento ciudadano, reforzando la soberanía
popular y la legitimidad democrática.

96. Por su parte, corresponde ahora destacar que el Reglamento del Congreso
prevé que toda decisión adoptada por las cámaras debe reflejar la voluntad de la
mayoría de los miembros presentes en la sesión, conforme a la regla general de
decisión fijada por la Ley 5.º de 1992. En efecto, el artículo 117 dispone la aplicación
de la mayoría simple como criterio ordinario de formación de la voluntad
parlamentaria, salvo que la Constitución o la ley exijan otro tipo38. Así, el concepto

38 Artículo 118 de la Ley 5.° de 1992.

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previo solicitado al Senado frente a una consulta popular del orden nacional se
entiende válidamente aprobado, únicamente, cuando obtiene el respaldo de la
mayoría de los senadores asistentes.

97. En conclusión, la consulta popular constituye un mecanismo de democracia
participativa sometido a un procedimiento constitucional y estatutario estricto, que
exige concepto previo favorable del Senado dentro de los plazos legales y bajo las
mayorías previstas en el Reglamento del Congreso. Dicho marco normativo y orgánico
delimita el control judicial que corresponde ejercer para resolver el caso concreto de
manera seguida.

2.2. Caso concreto

98. Con el marco fáctico y normativo delimitado, la Sala abordará las cuestiones
jurídicas que estructuran el litigio. Por ello, en adelante se examinará si el acto
mediante el cual el Senado culminó el trámite de la consulta popular se ajustó a las
reglas constitucionales, estatutarias y orgánicas que rigen su expedición, o si, por el
contrario, incurrió en los vicios planteados por las partes.

2.2.1. Coincidencia del número de votos depositados con los senadores
presentes en la sesión del 14 de mayo de 2025, en concreto, de Richard
Humberto Fuelantala Delgado, Martha Peralta Epiayú y León Fredy Muñoz
Delgado

99. A juicio de los demandantes, en la sesión plenaria del 14 de mayo de 2025, los
senadores de la República decidieron desaprobar la solicitud elevada por el presidente
de la República frente a una consulta popular del orden nacional. Al respecto,
indicaron que con 49 votos negativos sobre 47 positivos (96 en total) se emitió
concepto desfavorable sobre aquella, pese a que en dicha reunión se encontraban
presentes 97 congresistas.

100. En ese sentido, sostuvieron que la discordancia entre los votos emitidos y los
senadores presentes en la sesión del 14 de mayo de 2025 vició de nulidad lo decidido
y, por ende, dicha votación debía ser repetida, conforme lo establece el ordinal 4.º del
artículo 123 de la Ley 5.º de 1992, así:

ARTÍCULO 123. Reglas. En las votaciones cada Congresista debe tener en cuenta que:
[…] 4. El número de votos, en toda votación, debe ser igual al número de Congresistas
presentes en la respectiva corporación al momento de votar, con derecho a votar. Si el
resultado no coincide, la elección se anula por el Presidente y se ordena su repetición.

101. Sobre el punto, el Senado de la República certificó que, en efecto, 49 votos
fueron por el no, de los cuales 2 fueron manuales y no electrónicos, frente a 47 por el
sí (2 de manera manual), ello, para un total de 96 sufragios.

102. En ese mismo sentido, se tiene que, en la videograbación de la sesión plenaria
del 14 de mayo de 2025, a las 3:57:29 p. m., se dispuso el Senado de la República a
votar la consulta popular del orden nacional y, en concreto, se abrió y cerró el registro

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para esos efectos, tal como se evidenció desde las 3:58:05 p. m. hasta las 4:00:21 p.
m.

103. En tal lapso, la Sala advierte que, se registraron y estaban presentes para
decidir lo relativo al concepto favorable del mecanismo de participación ciudadana 93
congresistas, según se desprende del medio probatorio, así:

104. Sin embargo, no se debe perder de vista que 4 de aquellos ejercieron su
derecho al voto de manera manual y no electrónica, estos son, los senadores Iván
Cepeda Castro, Sonia Shirley Bernal Sánchez, Édgar de Jesús Diaz Contreras y
Andrés Guerra Hoyos39, por lo que se concluye que, en el recinto, estaban presentes
97 congresistas.

105. Así las cosas, lo que se desprende de lo expuesto es que el número de votos
fue inferior en uno (1) al de los congresistas presentes en la votación del punto del
orden del día referido a la solicitud de concepto favorable a una consulta popular del
orden nacional.

106. Sobre ello, la Sala encuentra probado en el proceso que tal discrepancia entre
la votación y asistencia de los senadores de la República, obedeció a que uno de
estos últimos (curul amarilla de la imagen anexada) se registró como presente en la
sesión; sin embargo, no decidió en uno u otro sentido.

107. Al respecto, el Senado de la República allegó una documental (grabación de la
sesión) en la que se observa al senador Richard Humberto Fuelantala Delgado
registrándose en la votación (automáticamente su curul aparece en la pantalla con
color amarillo), pero tiempo después, exactamente, a las 3:59:49 p. m., aquel
abandona la reunión congresional40.

39 Según se desprende del certificado de la votación expedido por el secretario general del Senado de

la República y de la Gaceta 989 del 13 de junio de 2025.
40 Índice 79 Samai del expediente principal. Archivo: «VotacionConsulta.mp4».

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108. Asimismo, debe destacarse que, hasta la finalización de la votación del punto
del orden del día en comento, no se allegó ninguna prueba que demuestre el retorno
de aquel a la sesión ni mucho menos que haya efectuado el voto de manera manual.

109. A similar conclusión se arriba frente a lo sucedido con la senadora Martha
Peralta Epiayú, pues si bien estuvo presente en la sesión del 14 de mayo de 2025, lo
cierto es que se retiró del salón del Senado de la República a las 2:34:58 p. m., es
decir, con suficiente anterioridad al inicio de la votación de la consulta popular, lo cual
sucedió desde las 3:57:29 p. m. De igual forma, quedó consignado en la Gaceta 989
del 13 de junio de 2025, así:

El Secretario General de la Corporación, doctor Diego Alejandro González
González, informa:

Está abierto, señor Presidente, la Senadora Martha Peralta deja constancia, también,
que se retira del recinto para no participar en esta votación señor Presidente [negrillas
son del original].

110. Por tanto, no resulta cierto que dicha senadora no haya podido ejercer su
derecho al voto, en tanto lo probado en el proceso es que estuvo presente en la sesión
en comento, pero al momento de la votación no se encontraba en el recinto, cuestión
que conlleva a concluir que, por su propia voluntad, no participó del proceso en
comento.

111. Finalmente, del certificado de la votación del punto del orden del día referido a
la consulta popular del orden nacional se desprende que el senador León Fredy
Muñoz participó y votó por el sí, de ahí que tampoco resulte cierta la afirmación de los
demandantes en torno a que no pudo ejercer su derecho. En forma textual se
consignó:

112. Así las cosas, está probado en el proceso que en la votación de la solicitud al
concepto favorable a una consulta popular del orden nacional el número de votos no
fue igual al número de congresistas presentes y habilitados para participar en ella,
debido a que el senador Fuelantala Delgado se registró para esos efectos, pero,
finalmente, no ejerció su derecho.

113. En consecuencia, resulta oportuno definir el alcance de la regla prevista en el
ordinal 4.° del artículo 123 de la Ley 5.° de 1992, con el fin de determinar si el reparo
alegado por los accionantes cuenta con vocación de prosperidad.

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114. Esta última disposición, alegada como infringida por los demandantes en este
punto, impone que, en cualquier votación, los sufragios depositados concuerden con
los parlamentarios presentes en la sesión, de lo contrario, esto es, cuando se presenta
una discrepancia entre ambas cifras, corresponde al presidente anular la votación y
ordenar su repetición.

115. Pese lo expuesto, se tiene que el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica
en cita no pueden ser objeto de aplicación a partir de una lectura exclusivamente
exegética, pues, lo complementario en este caso concreto, es consultar el espíritu de
aquella, esto es, mediante una interpretación teleológica que responda el propósito o
querer del legislador orgánico con lo previsto en el ordinal 4.° del artículo 123 en lo
que respecta a las reglas de votación del congreso.

116. Al respecto, sea lo primero precisar que la norma referida tiene como objetivo
garantizar que entre el registro de votantes y los votos depositados no exista ningún
tipo de diferencia, con lo cual se pretende evitar inconsistencias por cuenta de errores
en el sistema de votación o en el cómputo de sufragios, por ejemplo, cuando existan
más votos que votantes presentes.

117. En ese orden de ideas, se puede derivar una primera conclusión relativa a que
el ordinal 4.° del artículo 123 del Reglamento del Congreso pretende asegurar que el
número de votos refleje correctamente la participación efectiva de quienes intervienen
en la votación.

118. Nótese, entonces, que la consecuencia dispuesta en el sentido de que «[…] la
elección se anula por el Presidente y se ordena su repetición» se configura cuando la
discrepancia entre votos emitidos y congresistas presentes en la sesión obedece a
irregularidades en el registro o en el conteo de los sufragios, pero no cuando la
diferencia se deriva de la conducta deliberada de un senador que decide registrarse
en la sesión y, posteriormente, abandonarla sin ejercer su derecho al voto.

119. Sobre este punto, resulta oportuno traer a colación que el ejercicio del voto por
parte de los congresistas comprende las posibilidades de sufragar de manera
afirmativa, negativa o de abstenerse, según se infiere del artículo 127 de la Ley 5.° de
199241. En este mismo sentido, el artículo 124 ibidem42 fija la posibilidad de que
aquellos se excusen para decidir cuando medien motivos justificados, esto es, el
hecho de no haber estado presente en la primera decisión, cuando manifiesten un
conflicto de interés o razones de conciencia.

120. Por consiguiente, resulta plausible reiterar, a partir de lo considerado por la
Sala, que el ejercicio del voto de los congresistas resulta obligatorio, cuando se
encuentren presenten en el recinto, salvo aquellas situaciones excepciones previstas

41 «DECISIÓN EN LA VOTACIÓN. Entre votar afirmativa o negativamente no hay medio alguno. Todo

Congresista que se encuentre en el recinto deberá votar en uno u otro sentido. Para abstenerse de
hacerlo sólo se autoriza en los términos del presente Reglamento».
42 «EXCUSA PARA VOTAR. El Congresista sólo podrá excusarse de votar, con autorización del

Presidente, cuando al verificarse una votación no haya estado presente en la primera decisión, o
cuando en la discusión manifiesta tener conflicto de intereses con el asunto que se debate».

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en el Reglamento del Congreso, que les permiten, legítimamente, no decidir en uno u
otro sentido.

121. No obstante, el abandono del salón congresional, una vez se procede a la
votación, no constituye una de las excepciones bajo análisis, tal como lo establece el
artículo 126 de la Ley 5.° de 1992, así:

PRESENCIA DEL CONGRESISTA. Ningún Senador o Representante podrá retirarse
del recinto legislativo cuando, cerrada la discusión, hubiere de procederse a la votación.

122. Con todo, si un parlamentario decide retirarse del recinto legislativo, pese a la
contravención de la norma citada, se advierte que dicho comportamiento puede llegar
a reprocharse desde el plano ético, disciplinario (ámbito de su autonomía funcional) o
de sanción al interior de las colectividades, conforme a la Ley 974 de 2005, pero es lo
cierto que carece de la potencialidad de afectar la validez del resultado de la votación
ni de configurar, por sí mismo, una irregularidad procedimental, máxime cuando no se
afectó el cuórum.

123. De allí que la decisión de no votar bien sea mediante abstención expresa
(según lo previsto en el Reglamento del Congreso) o retiro del recinto, no invalida por
sí solo el resultado de lo votado ni, mucho menos, puede ser equiparado a una
irregularidad procedimental en el trámite de la votación a la solicitud del concepto
favorable a una consulta popular del orden nacional, pues, se reitera, que el cuórum
no se afectó.

124. Conforme lo indicado, se insiste que, en el caso concreto, la votación objeto de
análisis tuvo la presencia de 97 senadores, mientras que el resultado final arrojó un
total de 96 votos emitidos. Ello, por cuanto el senador Richard Humberto Fuelantala
Delgado se registró electrónicamente para sufragar (color amarillo de la imagen
anexada), pero, luego, se retiró del recinto sin depositar su decisión, según se advierte
de las documentales (mensaje de datos y videograbación) allegadas.

125. Por consiguiente, los votos depositados (96) coinciden plenamente con el
número de congresistas que efectivamente participaron en la decisión, circunstancia
que descarta la existencia de inconsistencias en el registro o en el cómputo de la
votación.

126. Contrario a lo considerado y de aceptar la tesis propuesta por los demandantes,
conduciría al equívoco de que un congresista se registre como presente en una
votación y, aun teniendo el deber funcional, decida retirarse del recinto o abstenerse
de votar para que se conduzca a la declaratoria de nulidad de lo decidido por la
corporación pública.

127. De aplicarse la norma en dicho sentido, se propiciaría una práctica lesiva en las
votaciones adelantadas por el Congreso de la República, en tanto se permitiría
bloquear deliberadamente las decisiones parlamentarias mediante situaciones de la
autodeterminación propia del congresista que tendrían entidad suficiente para afectar
la eficacia del procedimiento de votación y la autonomía funcional del órgano
legislativo.

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128. En ese orden de ideas, es posible concluir que la regla contenida en el ordinal
4.° del artículo 123 de la Ley 5.° de 1992 implica la anulación y repetición de la votación
en aquellos eventos en que la falta de coincidencia entre el número de votos y el de
congresistas presentes obedece a errores o irregularidades en el registro del
congresista o en el conteo de los sufragios y no por la abstención o el retiro voluntario
de aquel, tal como se probó en el presente caso. Así las cosas, al no configurarse el
supuesto de hecho previsto en la norma referenciada, el cargo analizado no está
llamado a prosperar.

2.2.2. Modificación del sentido del voto emitido por el senador Édgar Díaz
Contreras

129. Por su parte, los accionantes sostuvieron el desconocimiento del artículo 133
de la Ley 5.° de 1992 por cuanto, a juicio de ellos, el secretario general del Senado de
la República modificó el sentido del voto del senador Édgar Díaz Contreras luego de
cerrado el registro de la votación. De manera textual, dicha disposición normativa
establece lo siguiente:

ARTÍCULO 133. EXPLICACIÓN DEL VOTO. Durante las votaciones no se podrá
explicar el voto. La constancia pertinente podrá presentarse en la discusión del asunto
de que se trate, o en la misma sesión dejándola por escrito para consignarse
textualmente en el acta de la sesión.

130. Al respecto, se advierte de la prueba documental allegada por el Senado de la
República (videograbación)43 a partir del cual se puede evidenciar que el senador
Édgar Díaz Contreras ingresa al recinto a las 3:59 p. m., alza su brazo hacia la mesa
directiva de la corporación pública, hace un gesto de mover sus dedos índice y medio
hacia abajo44, así:

131. Luego, se escucha que el presidente del Senado de la República, Efraín
Cepeda Sarabia, dispone que el secretario cierre el registro de la votación y anuncie
el resultado. Previo a ello, se escucha a este último mencionar «[…] con el voto manual
del senador Édgar Díaz por el sí […]» y al unísono se percibe a algunos miembros de

43 «https://www.youtube.com/watch?v=0OCCqX2B6uI».
44 Así,se advierte de la probanza allegada por el Senado de la República (índice 79 Samai del
expediente principal. Archivo: «VotacionConsulta.mp4»).

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la corporación «[…] por el no, por el no […]», posterior a dicho momento, el secretario
general indica «[…] con el voto manual del senador Édgar Díaz por el no […]».

132. Finalmente, se anunció el resultado de la votación así: «[…] tengo un voto
manual del senador Cepeda por el sí, un voto manual de la senadora Sonia por el sí,
tengo un voto por el no del senador Guerra […] de manera manual y tengo el voto
manual del senador Édgar Díaz que pregunté públicamente, yo dije vota sí y él me
aclaró y me dijo voto no. Entonces, así las cosas, 47 votos por el sí y 49 votos por el
no. En consecuencia, ha sido negado».

133. Asimismo, se tiene que en el certificado de la votación y en la Gaceta 989 del
13 de junio de 2025 quedó consignado que el voto del senador Édgar de Jesús Díaz
Contreras fue por el «no». En este sentido, se puede observar:

134. En consecuencia, lo que se desprende de lo probado y valorado en este punto
es que el sentido del voto del senador en comento fue objeto de ambigüedades (lo
manifestó, en un principio, mediante gestos) y no modificación por parte del secretario
general de la corporación pública, pues, en un primer momento adujo que fue por el
«sí»; sin embargo, al momento de dicha afirmación, el mismo congresista le indica
que ello no es así, que su voto fue por el «no».

135. Por tanto, no es dable concluir que lo acontecido obedeció a una «explicación
del voto», lo cual está expresamente prohibido por la Ley 5.° de 1992 (artículo 133), y
consiste en dar las razones de por qué se decide en uno u otro sentido, sino a una
confusión del secretario general que fue enmendada inmediatamente previo al
anuncio del resultado. De manera textual, se plasmó en la Gaceta 989 que contiene
el acta de la sesión plenaria del 14 de mayo de 2025, así:

La Presidencia cierra la votación e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e
informar el resultado.

Antes de realizar el anuncio oficial del resultado de la votación el Secretario General de
la Corporación, doctor Diego Alejandro González González de manera pública aclara
los votos manuales de los Senadores que no votaron de manera electrónica.

Por el voto manual del Senador Édgar Díaz por el SÍ, por el SÍ, por el voto manual del
Senador Édgar Díaz por el NO, espere un segundo. Pero es que, perdón, perdón,
Senador perdón, es que el voto es manual y puede hacer su aclaración, pero es manual
Senador.

136. Así, se observa que en ningún momento el senador Díaz Contreras brinda a la
plenaria los motivos o razones por los cuales depositó su voto por el «no», pues tan
solo reafirma este último ante la manifestación del secretario general del Senado de
la República, lo cual, se insiste no se enmarca en una «explicación del voto».

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137. En ese sentido, no advierte la Sala una modificación del voto depositado por el
senador Díaz Contreras frente a la solicitud de dar concepto favorable a una consulta
popular del orden nacional, ni mucho menos que aquel haya explicado lo decidido
durante el desarrollo de la votación.

2.2.3. Lectura de la proposición objeto de debate y votación en la sesión del 14
de mayo de 2025

138. Sobre este punto, los accionantes alegaron la infracción de los artículos 29 de
la Constitución Política45 y 125 de la Ley 5.° de 1992, esta última disposición normativa
que dispone lo siguiente: «[c]errada la discusión se dará lectura nuevamente a la
proposición que haya de votarse».

139. Para el efecto, afirmaron que, en la sesión del 14 de mayo de 2025, previo a la
votación a la solicitud del concepto favorable frente a una consulta popular del orden
nacional, no se informó, por parte del presidente del Senado de la República ni del
secretario general, la proposición objeto de votación.

140. En relación con lo expuesto, se acreditó en el proceso que a las 3:57:28 p. m.
de la sesión objeto de análisis, el senador Efraín Cepeda Sarabia le solicitó al
secretario general continuar con el siguiente punto del orden del día, así:

La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día.

Por Secretaría se da lectura al siguiente punto del orden del día.

Votación de la solicitud de concepto favorable del Senado de la República sobre
convocatoria a Consulta Popular de carácter nacional presentada por el señor
Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego y sus ministros el 1° de mayo
de 2025.

El Presidente de la Corporación honorable Senador Efraín José Cepeda Sarabia,
informa:

Señor Secretario, abra el registro para votar, hicimos debate ayer de 9 horas y damos
al final el uso de la palabra, con mucho gusto, abra el registro.

El Secretario General de la Corporación, doctor Diego Alejandro González
González, manifiesta:

Está abierto el registro señor Presidente. Por favor los señores asistentes del recinto
ayudar a los Senadores para que puedan ejercer el derecho al voto.

45 «El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá

ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la
ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho,
la prueba obtenida con violación del debido proceso».

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La Presidencia somete a consideración de la plenaria a la solicitud de concepto
favorable del Senado de la República sobre convocatoria a consulta popular de carácter
nacional presentada por el señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro
Urrego y sus ministros el 1° de mayo de 2025 y, cerrada su discusión, abre la votación
e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e
informar el resultado. [negrillas son del original].

141. Conforme se desprende de lo acontecido en la sesión del 14 de mayo de 2025,
se advierte que el presidente del Senado de la República le ordena al secretario
general continuar con el orden del día propuesto para dicha fecha, esto es, la votación
de la solicitud elevada por el presidente de la República y sus ministros el 1.º de mayo
de ese mismo año.

142. Luego, el señor Cepeda Sarabia dispone que se abra el registro de la votación
y se procede por parte de aquellos a la respectiva decisión. Nótese así que, en estricto
sentido, no se escucha con palabras textuales que se haya efectuado la lectura,
nuevamente, de una proposición que fue objeto de votación.

143. Pese lo expuesto, se tiene que el artículo 125 de la Ley 5.º de 1992 dispone
que: «[c]errada la discusión se dará lectura nuevamente a la proposición que haya de
votarse», esta (proposición) entendida en el sentido del conjunto de iniciativas o
mociones que los congresistas formulan en el transcurso del debate y discusiones al
interior de la corporación pública, con el propósito de que esta última decida en torno
a lo propuesto.

144. En ese sentido, la Sala estima pertinente acotar que las proposiciones
constituyen instrumentos propios del debate legislativo, pues, por medio de ellas, los
congresistas proponen, a la plenaria o comisión, discutir, adicionar, suspender,
ordenar o modificar un asunto propio de la función prevista en el ordinal 2.° del artículo
6.° de la Ley 5.° de 1992. En este sentido, el legislador orgánico las clasificó como a
continuación se expone:

CLASIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. Las proposiciones se clasifican, para su
trámite, en:

1. Proposición principal. Es la moción o iniciativa que se presenta por primera vez a la
consideración y decisión de una Comisión o de una de las Cámaras.

2. Proposición sustitutiva. Es la que tiende a reemplazar a la principal, y se discute y
decide primero en lugar de la que se pretende sustituir. Aprobada la sustitutiva,
desaparece la principal.

3. Proposición suspensiva. Es la que tiene por objeto suspender el debate mientras se
considera otro asunto que deba decidirse con prelación, pero para volver a él una vez
resuelto el caso que motiva la suspensión.

Se discute y resuelve separadamente de la principal y con prelación a cualquiera otra
que no sea de sesión permanente.

4. Proposición modificativa. Es la que aclara la principal; varía su redacción sin
cambiarle el contenido esencial de la misma; hace dos o más de la principal para su

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mayor comprensión o claridad; obtiene que dos o más temas, dos o más artículos que
versen sobre materia igual, o similar, se discutan y resuelvan en una sola; o traslada lo
que se discute a otro lugar del proyecto, o tema que se debate, por razones de
conveniencia o coordinación que se aduzcan.

5. Proposición especial. Es la que no admite discusión, y puede presentarse oralmente.
Se considera la de suficiente ilustración, la de sesión permanente y la de alteración del
orden del día.

PARÁGRAFO. No puede hacerse proposición sustitutiva de sustitutiva, ni modificativa
de modificativa, ni suspensiva de suspensiva, ni más de una proposición de las
contempladas en este artículo fuera de la principal.

145. En ese orden de ideas, lo que se desprende del caso concreto es que el asunto
sometido a consideración y votación de la plenaria del Senado de la República del 14
de mayo de 2025, en principio, no encuadra en la definición de proposición, pues, la
solicitud de concepto favorable a una consulta popular de carácter nacional no es una
moción o iniciativa de algún congresista, sino del presidente de la República y sus
ministros, en los términos del artículo 104 de la Constitución Política.

146. En efecto, el mecanismo de participación ciudadana a iniciativa del Gobierno
es un trámite constitucional especial que no admite plenamente el esquema tradicional
del procedimiento legislativo, en especial, de las proposiciones cuyo fin último es servir
al debate parlamentario. De manera textual lo ha considerado la Corte
Constitucional46:

144. En términos generales, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la
publicidad de las proposiciones se debe garantizar en los términos del artículo 125 de
la Ley 5ª de 1992, según el cual estas deben ser leídas en dos oportunidades; una vez
antes del debate respectivo y otra antes de la votación. Adicionalmente, amparada en
el principio de instrumentalidad de las formas, la Corte ha reconocido que, si esto no ha
ocurrido, existen formas de subsanación durante el trámite legislativo[47]. Con todo, para
que la publicidad de las proposiciones resulte válida, es necesario que se garantice la
adecuada formación de la voluntad democrática, es decir, que la “forma” vaya dirigida a
que los congresistas puedan conocer, con la debida antelación y de manera suficiente,
el contenido de las modificaciones propuestas.

147. Con todo, la Sala advierte que la solicitud elevada por el presidente de la
República y sus ministros el 1.º de mayo de 2025 surtió su publicación en la gaceta
604 del día siguiente; se incluyó como punto del orden del día en las sesiones del 13
y 14 de mayo del mismo año (con lo que se introdujo el asunto objeto de análisis); se
discutió, según el dicho del presidente del Senado, «[…] por más de nueve (9) horas
[…]»48 y, por último, se decidió, conforme las reglas de las mayorías, dar concepto
desfavorable. En ese sentido, se acreditó que los congresistas tuvieron conocimiento
previo y evidente del asunto sometido a votación.

148. A partir del escenario propuesto, deriva la Sala que, conforme a las pruebas
obrantes en el expediente, las finalidades de publicidad y conocimiento, propias de las

46 Corte Constitucional, Sentencia C-109 del 19 de abril de 2023, MP. Paola Andrea Meneses Mosquera.
47 «Sentencias C-481 de 2019 y C-415 de 2020. Cfr. Sentencias C-131 de 2009, C-537 de 2012 y C-

084 de 2018».
48 Gaceta 989 del 13 de junio de 2025.

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Demandantes: Raymundo Francisco Marenco y otro
Demandado: Senado de la República
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00072-00
11001-03-28-000-2025-00076-00

proposiciones, se cumplieron en el caso concreto. Lo anterior, en tanto se dio lectura
expresa que la plenaria del Senado procedería a la votación de la solicitud de
concepto favorable a la consulta popular de carácter nacional presentada por el
presidente de la República y sus ministros el 1.º de mayo de 2025. Y, acto seguido,
se dispuso la apertura del registro para la votación nominal y pública, procedimiento
que fue adelantado por la Secretaría General.

149. De esta manera, si bien no era procedente la lectura de una proposición, en
tanto la decisión recayó sobre la conveniencia o no de un mecanismo de participación
ciudadana y no respecto de la elaboración, interpretación, reforma y derogatoria de
leyes, lo cierto es que el objeto de la votación fue anunciado de manera expresa y
precisa ante la plenaria, circunstancia que permitió a los senadores conocer con
claridad la decisión sometida a consideración.

150. Así las cosas, la Sala concluye que el procedimiento adelantado no vulneró el
artículo 125 de la Ley 5.° de 1992 ni el derecho al debido proceso previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, puesto que la votación adelantada no consistía en una
proposición y, con todo, aun en ausencia de esta última, el trámite aseguró los
principios de publicidad y conocimiento que justifican la regla invocada por los
demandantes. Por consiguiente, el cargo formulado no está llamado a prosperar.

2.2.4. Participación del senador Ciro Ramírez Cortés en la sesión del 14 de mayo
de 2025

151. Para los demandantes se infringieron los artículos 2949 y 13350 de la
Constitución Política en tanto que, en la sesión del 14 de mayo de 2025, se permitió
la participación del senador Ciro Ramírez pese a que se le había decretado la «[…]
pérdida de investidura […]».

152. Frente a este punto, se observa en la Gaceta 989 del 13 de junio de 2025 el
registro de asistencia del senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés en la sesión del 14
de mayo de ese mismo año, incluso se advierte que intervino y ejerció su derecho al
voto frente a la «votación nominal a la solicitud de concepto favorable del Senado de
la República sobre convocatoria a Consulta Popular de carácter nacional presentada
por el señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego y sus ministros
el 1° de mayo de 2025».

49 «El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá

ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la
ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho,
la prueba obtenida con violación del debido proceso».
50 «Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar

consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los
casos que determine la ley. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus
electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura».

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Demandantes: Raymundo Francisco Marenco y otro
Demandado: Senado de la República
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153. No obstante, al expediente no se allegó ninguna prueba de la que se desprenda
que al senador Ramírez Cortés se le haya decretado la pérdida de su investidura.
Contrario a ello, se arrimó la Resolución 385 del 9 de mayo de 2025, por medio de la
cual «[…] se imparten instrucciones para garantizar el ejercicio de las funciones de un
Senador de la República, en virtud de la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución
No. 240 del 19 de febrero de 2024».

154. De los antecedentes de aquella, se tiene que a dicho senador se le había
suspendido el ejercicio de la investidura congresional, como consecuencia de la
medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta por la Sala de Instrucción
de la Corte Suprema de Justicia51, la cual, luego, fue revocada por la Sala Especial de
Primera Instancia de la misma corporación judicial, mediante auto «AEP-057-2025 del
2 de mayo de 2025».

155. En ese orden de ideas, se expidió la Resolución 385 del 9 de mayo de 2025 a
través de la cual se resolvió levantar la suspensión temporal del ejercicio del cargo del
senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, de ahí que no resulte cierto para la Sala de
lo Electoral que el Senado de la República permitió la participación de un senador al
que se le había decretado la pérdida de investidura, en concreto, del señor Ramírez
Cortés, pues lo probado es que aquel desde el 9 de mayo de 2025 (previo a la sesión
objeto de análisis) asumió el ejercicio de sus funciones del cargo para el cual resultó
elegido.

156. Por consiguiente, el cargo propuesto y analizado no tiene vocación de
prosperidad.

2.2.5. Tiempo que transcurrió para depositar el voto, trámite de las recusaciones
y certificación del cuórum decisorio

157. Finalmente, alegaron los demandantes el vicio consistente en la expedición
irregular del acto demandado por cuenta de que solo se dispuso, para efectos de
adelantar la votación al concepto favorable a la consulta popular del orden nacional,
tres (3) minutos. Además, afirmaron que no se garantizó el trámite adecuado de las
recusaciones ni se certificó el cuórum decisorio previo al punto del orden del día
referenciado.

158. Sobre el primero de ellos, se tiene que en el punto del orden del día referido al
concepto favorable a una consulta popular del orden nacional se dispuso, por parte
de la mesa directiva del Senado de la República, lo siguiente:

51 Conforme lo establece el artículo 277 de la Ley 5.º de 1992, así: «SUSPENSIÓN DE LA CONDICIÓN

CONGRESIONAL. El ejercicio de la función de Congresista puede ser suspendido en virtud de una
decisión judicial en firme. En este evento, la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista conocerá de
tal decisión que contendrá la solicitud de suspensión a la Cámara a la cual se pertenezca. La Comisión
dispondrá de cinco (5) días para expedir su dictamen y lo comunicará a la Corporación legislativa, para
que ésta, en el mismo término, adopte la decisión pertinente. Si transcurridos estos términos no hubiere
pronunciamiento legal, la respectiva Mesa Directiva ordenará la suspensión en el ejercicio de la
investidura congresal, la cual se extenderá hasta el momento en que lo determine la autoridad judicial
competente».

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La Presidencia somete a consideración de la plenaria a la solicitud de concepto
favorable del Senado de la República sobre convocatoria a consulta popular de carácter
nacional presentada por el señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro
Urrego y sus ministros el 1° de mayo de 2025 y, cerrada su discusión, abre la votación
e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma
nominal. [énfasis no es del original].

159. Sobre este tipo de votación (nominal), el artículo 130 de la Ley 5.° de 1992 no
dispuso un tiempo mínimo para ejercer el derecho, pero si uno máximo de «[…] treinta
(30) minutos […]». Al respecto, se encuentra acreditado en el proceso que el registro
de la votación se abrió a las 3:58:09 p. m. y se cerró a las 4:00:21 p.m., esto es,
cuando de los treinta (30) minutos dispuestos habían transcurrido 2 minutos y 12
segundos. Así, se advierte de la videograbación:

160. Conforme a lo expuesto, resulta evidente para la Sala que, si bien dicho lapso
fue, incluso, menor a los 3 minutos, lo cierto es que ello no implica la expedición
irregular del acto por medio del cual el Senado de la República decidió dar concepto
desfavorable a una consulta popular del orden nacional, bajo el entendido de que lo
reprochado por el Reglamento del Congreso es que el tiempo para efectuar la votación

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nominal no exceda de treinta (30) minutos, situación que, en el caso concreto, no se
acreditó.

161. Con todo, tampoco se encuentra configurado dicho vicio por cuanto el cierre de
la votación se produjo una vez todos los senadores presentes materialmente en el
recinto ejercieron su derecho al voto.

162. Ciertamente, como se anotó en un acápite anterior, el registro final da cuenta
de que participaron 96 congresistas, cifra coincidente con el número de presentes
habilitados para votar en ese momento, lo cual evidenciaba que la voluntad de la
plenaria ya se había formado en su integridad. Así, al haberse agotado la participación
efectiva de todos los asistentes, resultaba procedente que la Mesa Directiva
dispusiera el cierre del registro, sin que ello implique la vulneración del artículo 130 de
la Ley 5.º de 1992 ni constituya irregularidad alguna en la expedición del acto
demandado.

163. Por otra parte, en lo atinente al trámite de las recusaciones y el cuorúm
decisorio, los demandantes sostuvieron que se trasgredieron «[...] las normas sobre
declaratoria de quórum [sic], resolución de impedimentos y garantías de publicidad y
deliberación»; sin embargo, lo que resultó del recaudo probatorio es que,
puntualmente, en el desarrollo del punto del orden del día consistente en el concepto
favorable a una consulta popular del orden nacional, efectuada en la sesión plenaria
del 14 de mayo de 2025, no se presentó ningún impedimento ni recusación por parte
de los senadores de la República.

164. Al respecto, conviene precisar que en dicha sesión se propuso una recusación
contra el presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda Sarabia, la cual se
remitió a la Comisión de Ética. Asimismo, se discutieron y votaron los impedimentos
manifestados por los senadores Norma Hurtado Sánchez, Omar de Jesús Restrepo
Correa, Ferney Silva Idrobo y Martha Isabel Peralta Epiayú; sin embargo, todas
aquellas situaciones se referían a aspectos distintos a la votación del concepto
favorable a una consulta popular del orden nacional.

165. A su vez, tampoco se advierte que el Senado de la República certificó el cuórum
decisorio previo al punto del orden del día referenciado; no obstante, se tiene que
dicho aspecto es una facultad con la que cuentan los miembros de las respectivas
cámaras, en el desarrollo de una sesión, tal como lo establece el artículo 109 de la
Ley 5.º de 1992, así:

SUSPENSIÓN. Los miembros de las respectivas Cámaras podrán proponer, en el
desarrollo de una sesión, que ella sea suspendida o levantada, en razón de una moción
de duelo o por circunstancias de fuerza mayor. Estas proposiciones, sin necesidad de
debate alguno, se someterán a votación.

De la misma manera podrán solicitar, en cualquier momento, la verificación del
quórum, a lo cual procederá de inmediato la Presidencia. Comprobada la falta de
quórum se levantará la sesión. [énfasis propio de la Sala].

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166. En efecto, lo que se advierte es que ningún senador de la República efectúo
una solicitud en el sentido propuesto por los demandantes, de ahí que no resultara
obligatorio que la votación del concepto favorable estuviera precedida de una
verificación del cuórum, pues, se insiste, ninguno de aquellos lo propuso.

167. En gracia de discusión, se debe reiterar, tal como se expuso en los
considerandos del primer cargo resuelto, que al momento de decidir el punto del orden
del día objeto de análisis estaban presentes 97 senadores de la República, lo cual
denota que asistían la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación pública,
en los términos previstos en el artículo 116 de la Ley 5.º de 199252.

168. Conforme a lo expuesto, se concluye que no se acreditó la expedición irregular
del acto demandado alegada por los accionantes.

2.3. Síntesis del caso y conclusiones

169. La sentencia resuelve las demandas de nulidad contra la votación por medio
de la cual el Senado de la República, el 14 de mayo de 2025, negó el concepto previo
favorable a una consulta popular del orden nacional.

170. En ese orden, se tiene que los demandantes alegaron múltiples irregularidades
procedimentales, específicamente: i) la discrepancia entre senadores presentes y
votos depositados; ii) afectaciones al derecho al voto de algunos senadores; iii) la
modificación del voto del senador Díaz Contreras, luego de ser explicado; iv) la falta
de lectura de la proposición previo a su votación; v) la participación indebida de un
senador presuntamente inhabilitado (Ciro Ramírez Cortés); vi) el tiempo de votación;
y vii) la ausencia de certificación del cuórum decisorio.

171. Tras analizar las pruebas, esta Sala de lo Electoral concluyó que ninguno de
los cargos prosperó, en tanto, se estableció que: i) la diferencia entre senadores
presentes y votos depositados obedeció al retiro voluntario de uno de aquellos; ii) no
hubo explicación ni modificación del voto del senador Díaz Contreras; iii) la solicitud
de concepto previo no constituía una proposición, con todo, la votación cumplió con
los principios de publicidad y conocimiento; iv) el senador Ramírez Cortés podía
participar en la sesión del 14 de mayo de 2025; y v) el tiempo de votación y manejo
del cuórum se ajustaron a las prescripciones de la Ley 5.º de 1992.

52 «QUÓRUM. CONCEPTO Y CLASES. El quórum es el número mínimo de miembros asistentes que

se requieren en las Corporaciones legislativas para poder deliberar o decidir. Se presentan dos clases
de quórum, a saber:
1. Quórum deliberatorio. Para deliberar sobre cualquier asunto se requiere la presencia de por lo menos
la cuarta parte de los miembros de la respectiva Corporación o Comisión Permanente.
2. Quórum decisorio, que puede ser:
• Ordinario. Las decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de
la respectiva Corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente.
• Calificado. Las decisiones pueden adoptarse con la asistencia, al menos, de las dos terceras partes
de los miembros de la Corporación legislativa.
• Especial. Las decisiones podrán tomarse con la asistencia de las tres cuartas partes de los
integrantes.
PARÁGRAFO. Tratándose de sesiones conjuntas de las Comisiones Constitucionales Permanentes, el
quórum decisorio será el que se requiera para cada una de las Comisiones individualmente
consideradas».

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Demandantes: Raymundo Francisco Marenco y otro
Demandado: Senado de la República
Radicados: 11001-03-28-000-2025-00072-00
11001-03-28-000-2025-00076-00

172. En consecuencia, la Sala mantuvo la validez del acto mediante el cual el
Senado de la República negó el concepto previo favorable a la consulta popular de
carácter nacional y se negaron todas las pretensiones de las demandas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas, conforme lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta sentencia, ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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