Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03410-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03410-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03410-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
5 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025- 03410-01
Accionante: EZEQUIEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA
SUBSECCION B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
TUTELA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso
ordinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta en contra del fallo emitido el 10 de julio
de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que a su vez resolvió la acción
de tutela interpuesta en contra la providencia de segunda instancia proferida 18 de
noviembre de 2024 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro de un medio de control de reparación directa1.
1. Solicitud
El accionante, a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra
del fallo proferido el 18 de noviembre de 2024 por la Subsección B, Sección Tercera
del Consejo de Estado, dentro del medio de control de reparación directa2, con el fin
que se le protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia.
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66001-23-33-000-2014-00234-01
2
idem
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Radicación no 11001-03-15-000-2025- 03410-01
Accionantes: Ezequiel Martínez Pineda y otros
Acción de tutela
El peticionario solicitó revocar el fallo proferido por la Sección Tercera Subsección B
del Consejo de Estado y ordenar que se emita una nueva providencia que atienda
los argumentos del recurso de apelación. Esa tutela fue conocida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción.
Finalmente, los demandantes formularon recurso de impugnación contra el fallo de
tutela de la Sección Quinta.
2. Hechos relevantes
El señor Ezequiel Martínez Pineda murió el 1 de octubre de 2012 a causa de las
heridas que sufrió en un accidente de tránsito, que ocurrió el 27 de septiembre del
mismo año en la intersección de la avenida Simón Bolívar y calle 65 en el municipio
de Dosquebradas (Risaralda).
Por esos hechos los familiares de la víctima, Ezequiel Martínez Hernández; Emma
Hernández de Martínez; Héctor Jaime, Jesús Antonio, Marta Sofía, Claudia Patricia,
Carlos Arturo, Luis Alberto y Luz Amparo Martínez Hernández; Rodolfo Jesús
Martínez Fernández y Mónica María Martínez Fernández, interpusieron demanda en
contra del INVIAS y del municipio de Dosquebradas por ser los propietarios,
respetivamente, de la Avenida Simón Bolívar -carrera 16- y de la calle 65 del
mencionado municipio. En esa demanda buscaban la reparación del daño a título de
imputación en la falla del servicio por omisión.
El 31 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las
pretensiones de la demanda, porque existieron eximentes de responsabilidad, como
la culpa de un tercero, ya que el conductor de la moto conducía con exceso de
velocidad, así como culpa de la víctima, por cruzar la avenida en un sector que no
estaba permitido. Además de lo anterior, también se negaron las pretensiones de la
demanda, toda vez no se probó el nexo causal.
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Radicación no 11001-03-15-000-2025- 03410-01
Accionantes: Ezequiel Martínez Pineda y otros
Acción de tutela
Los demandantes interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia del
Tribunal Administrativo de Risaralda. En fallo del 18 de noviembre de 2025 la
Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, modificó la decisión de
primera instancia, aunque mantuvo la negativa de las súplicas, toda vez que los
demandantes tenían la carga de probar la relación de causalidad entre el daño y las
imputaciones a título de omisión hechas a las demandantes, carga que fue
incumplida en el trámite procesal.
El fallo del ad quem resaltó que las omisiones imputadas a los demandantes debían
ser probadas como determinantes de la causación del daño. Sin embargo, como
resultado del proceso, quedó probado el daño fue atribuible a un tercero, la
conductora de la moto que conducía con exceso de velocidad, quien chocó contra el
señor Martínez Pineda.
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela, en la que
solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia.
Los cargos de la acción de tutela fueron: (i) defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial en materia responsabilidad administrativa de falla en el
servicio por omisión, toda vez que las demandadas no acataron la Constitución ni la
Ley, y (ii) defecto fáctico por supuesta omisión e indebida valoración probatoria.
4. Trámite de tutela
Admitida la acción de tutela, se ordenó notificar a los honorables consejeros de la
Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado que profirieron el fallo en
respuesta a la apelación del fallo ordinario, así como a los demandantes y
demandados en el trámite ordinario, a Liberty Seguros S.A. y a MAPFRE Seguros
Generales de Colombia S.A.
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Radicación no 11001-03-15-000-2025- 03410-01
Accionantes: Ezequiel Martínez Pineda y otros
Acción de tutela
El Consejero Ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, pues en su opinión no se
cumple el requisito de relevancia constitucional. Advierte que se pretende crear una
indebida e injustificada tercera instancia. Considera que sí se hizo un debido análisis
fáctico, probatorio y jurídico, que el fallo del trámite ordinario fue emitido en derecho
y sustentado en los medios de prueba que se valoraron de manera conjunta y
racional. También afirma que en el fallo demandado hubo una tarea juiciosa en la
que se expuso detalladamente el análisis de lo probado en el proceso, especialmente
en relación con la falta de prueba de la relación de causalidad entre el daño y las
omisiones que imputaron a las demandadas. Finalmente reiteró que con la acción de
tutela se busca reabrir el debate probatorio y así mismo una tercera instancia.
MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A. indicó que se oponía a las
pretensiones de la acción de tutela pues todas las pruebas fueron debidamente
valoradas en conjunto bajo las reglas de la sana crítica y el análisis integral de las
mismas. Indicó también que no hubo violación al debido proceso porque los
demandantes en el proceso ordinario contaron en todo momento con la oportunidad
de manifestar cualquier irregularidad que pudiera vulnerar sus derechos
fundamentales. También sostuvo que en el proceso lo que se probó fue que, tanto el
INVIAS como el municipio, no tuvieron injerencia en la producción del daño, por el
contrario, lo que se demostró fue una exoneración por la culpa de un tercero (la
conductora de la motocicleta que conducía con exceso de velocidad).
Por último, el INVIAS se manifestó oponiéndose a la prosperidad de la acción de
tutela. Indicó que la acción está encaminada a reabrir un debate sobre la negativa
en ambas instancias de las pretensiones del trámite ordinario. Afirmó que los
demandantes no probaron los hechos en que se basaban sus pretensiones.
Respecto el defecto fáctico por omisión y por indebida valoración probatoria, indicó
que existe una diferencia entre no valorar las pruebas existentes y que no existan
pruebas que permitan probar que las omisiones alegadas fueran la causa
determinante en la producción del daño. Para el INVIAS, los jueces en el trámite
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Radicación no 11001-03-15-000-2025- 03410-01
Accionantes: Ezequiel Martínez Pineda y otros
Acción de tutela
ordinario dieron el alcance probatorio que fue posible a las pruebas aportadas por
los demandantes, pero estas no permitieron concluir un nexo causal entre los hechos
y la responsabilidad a título de omisión.
Para el INVIAS en accidentes de tránsito “influyen varios factores, así: factor
humano, factor ambiental y factor mecánico”. En este caso para la entidad
demandada la causa directa del daño fue el factor humano, toda vez que la
conductora de la motocicleta no atendió las normas de tránsito y el peatón tampoco,
toda vez que este cruzó la vía de forma imprudente.
Afirmó que con las pruebas aportadas y las practicadas dentro del proceso se probó
quién administraba la vía donde ocurrió el accidente, quién era el encargado de la
semaforización y regulación del tránsito vehicular y peatonal, entre otras, pero no
probaron las omisiones en que, supuestamente, incurrieron las demandadas y que
eso hubiera causado el daño.
Finalmente la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante providencia de 10 de
julio de 2025 declaró improcedente la acción de tutela.
Esa Sección resaltó que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia
del 31 de julio de 20123 unificó los criterios que la corporación tenía acerca de este
asunto.
Afirmó que es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política.
Indicó que la acción de tutela en contra de providencias judiciales debe cumplir con
cuatro requisitos dentro de los cuales está i. La relevancia constitucional, ii. Que no
se trate de tutela contra tutela, iii. Inmediatez y iv. Subsidiariedad.
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Radicación no 11001-03-15-000-2025- 03410-01
Accionantes: Ezequiel Martínez Pineda y otros
Acción de tutela
En el caso concreto la Sección Quinta declaró improcedente la acción de tutela al
considerar que no se cumplía con los criterios de relevancia constitucional ni de
subsidiariedad.
El 24 de julio de 2025 se presentó la impugnación, la cual fue admitida el 28 de julio.
CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar el fallo de
10 de julio de 2025 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
2. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la impugnación de la acción de tutela, de
conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la
impugnación contra el fallo con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991 y el Acuerdo N°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental4. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
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Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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Acción de tutela
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que ésta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela5.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional6: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes
expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
5
Ibidem.
6
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación no 11001-03-15-000-2025- 03410-01
Accionantes: Ezequiel Martínez Pineda y otros
Acción de tutela
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
En la acción de tutela, el demandante en primer lugar considera que hay defecto
fáctico por omisión y por indebida valoración probatoria. En términos del fallo T535
de 2015 de la Corte Constitucional aprecia que la Sección B, de la Sección Tercera
de esta Corporación “valora de manera arbitraria, irracional o caprichosa u omite su
valoración y sin una razón justificada considera que no se encuentra probado el
hecho o la circunstancia que de la misma se deriva objetivamente”.
También acude al fallo T-237 de 2017, del cual resalta que el fallo atacado en sede
de tutela “a pesar de que en el proceso existen elementos probatorios, omite
considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva”.
Las anteriores referencias son un marco que usa el demandante para indicar que
sólo se usaron 5 pruebas para encontrar probada la culpa de un tercero y que los
demandantes en el trámite ordinario no cumplieron con la carga de probar las
omisiones que endilgaron a las demandantes.
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Radicación no 11001-03-15-000-2025- 03410-01
Accionantes: Ezequiel Martínez Pineda y otros
Acción de tutela
Luego, bajo el cargo de configuración del defecto fáctico por omisión, invoca el fallo
SU-172 de 2015 para subrayar que “omite o ignora la valoración de una prueba
determinante”, para afirmar que este defecto, en su dimensión negativa, soporta que
el fallo va en contra de toda la jurisprudencia que ha citado de esta Sección del
Consejo de Estado acerca de la falla del servicio por omisión le daría la razón al
demandante en tutela y que no está de acuerdo que con el análisis de cinco pruebas
se haya podido desacreditar las pretensiones.
Como tercer cargo, presenta el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente jurisprudencial horizontal, para indicar que sobre este asunto de falla en
el servicio por omisión, hay varios antecedentes horizontales, los cuales analiza para
afirmar que, inclusive con las mismas partes demandadas y con hechos idénticos,
se analizaron las omisiones endilgadas para efectivamente asignar responsabilidad
al Estado.
Ahora bien, en cuanto a la impugnación, el accionante sostiene que el fallo de la
acción de tutela de la Sección Quinta de esta Corporación no satisface sus intereses:
«… no se tuvieron en cuenta en su expedición: a) los supuestos fácticos de la demanda; b)
el título de imputación jurídica elegido como mecanismo para determinar o no el compromiso
administrativo de los demandados; c) la postura pacífica de la jurisprudencia de la propia
Sección Tercera en relación con la responsabilidad extracontractual del Estado en aquellos
eventos en que se demuestra que no se cumplieron las obligaciones constitucionales y
legales, pedida en aplicación y d) las pruebas del proceso que acreditaron las situaciones
fácticas de la demanda en relación con la demostración del incumplimiento al contenido
normativo y su incidencia, a tono con esa jurisprudencia de la Sección Tercera, en la creación
del riesgo que finalmente se materializa en un daño antijurídico».
Sin embargo, frente a los cargos de la acción de tutela y el recurso de impugnación:
• Es necesario recordar que en el escrito en que los demandantes formularon y
sustentaron el recurso de apelación (numeral 2.1) contra del fallo del Tribunal
Administrativo de Risaralda, iniciaron el debate acerca del régimen imputable de
responsabilidad, pues el fallo recurrido indicó que se necesita de la prueba y nexo
causal, más allá de su enunciado.
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Accionantes: Ezequiel Martínez Pineda y otros
Acción de tutela
• Para los demandantes era suficiente anunciar el título de imputación. En este
fallo se cuestiona por parte del ad quem el título de imputación usado. Indican
que se trata de sustentar y probar, no solo enunciar.
• En el numeral 2.2. del mismo documento, los demandantes reprocharon el fallo
de primera instancia ordinaria, pues insisten que el título de omisión le acarreaba
al juzgador una carga argumentativa para sostener, porque no había
responsabilidad pues ellos afirman y concluyen que no hubo ningún análisis
acerca del título “omisión” y el acervo probatorio allegado, razón por la cual el
fallo en vía ordinaria del tribunal debía haberlo estudiado bajo esa óptica.
Afirmaron los apelantes:
«Sin embargo, pese a ese direccionamiento de la demanda en la determinación de
responsabilidad administrativa bajo el título específico e inconfundible de falla del servicio por
omisión, sustentado en el incumplimiento de una obligación a cargo del demandado, así como
en la mayor o menor previsibilidad y los medios al alcance de que disponían las autoridades
para contrarrestarlo, parafraseando términos contenidos en jurisprudencia del H. Consejo de
Estado sobre esta temática, el fallo que se ataca obvió referirse a tales omisiones incidentes
notoriamente en la causación del daño reclamado en resarcimiento».
• Ahora bien, frente el fallo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, que modificó el fallo pero mantuvo la negativa hacia las pretensiones de la
acción de tutela sostuvo los mismos argumentos que en la sustentación del
recurso de apelación.
«Remata la sentencia que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, la
responsabilidad del Estado se basa en la producción de daños antijurídicos y “no en la omisión
de deberes”, por lo que no basta con acreditar una supuesta falla del servicio, sino que es
menester verificar la existencia de un nexo de causalidad entre el daño padecido por la víctima
y la acción u omisión que se imputa».
• En la impugnación del fallo de tutela, el impugnante presentó, una vez más, el
mismo argumento, esta vez bajo el rótulo de “defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente jurisprudencial horizontal en materia de falla del
servicio en casos de omisión en el cumplimiento de obligaciones a cargo”. Este
aparte del fallo resume el cargo:
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Acción de tutela
«Refirió que este precedente extensamente copiado en algunos de sus apartes resulta en
todo aplicable y pertinente para los efectos y propósitos de la presente acción constitucional
por cuanto: a) a pesar de estudiarse una causalidad distinta en la producción de los daños en
uno y otro caso, la elección del régimen de responsabilidad de la falla del servicio es la idónea;
b) y en la revisión de su configuración, se ocupa del estudio de las omisiones en que
incurrieron los demandados con fundamento en las pruebas del proceso; c) define la
incidencia que tuvo la omisión en la ocurrencia del daño y su grado de intervención en el
proceso causal de imputación a las autoridades demandades; d) establece el nexo causal
entre la omisión probada y la ocurrencia del daño, a partir de las pruebas del proceso».
• Hasta aquí se tiene la misma discusión de tipo legal, lo cual impide que se estudie
la tutela al no cumplir el requisito de relevancia constitucional
• En materia de pruebas ocurre lo mismo. El fallo de primera instancia del proceso
ordinario indicó que las pretensiones no se habían probado y que se le había
dado el alcance que era posible a cada una de ellas. Sin embargo, los
demandantes argumentaron en el escrito de apelación que:
«Efectivamente ello se corresponde con un enfoque parcial de la verdad procesal, donde
primó un análisis incompleto, por demás injustificado, de las pruebas del proceso, ya que se
echa mano para forzar este exabrupto consecuencial a un escenario irreal, acomodado,
donde no se hace el más mínimo esfuerzo de valoración sobre las condiciones reales del
sector para ese día 29 de septiembre de 2012 en punto a la falta de un regulador técnico
(semáforos) o humano (agentes de tránsito) ante su carencia».
• Por su parte, en la acción de tutela en contra de la sentencia de la Subsección B,
Sección Tercera de esta corporación se indicó:
«En solo cinco (5) medios de prueba de todos los que fueron aportados con la demanda,
decretados y practicados en el proceso, se apoyó el fallo de la Subsección B, Sección Tercera
del Consejo de Estado de 18 de noviembre de 2012, notificado el 11 de diciembre de ese año
para negar las pretensiones, encontrar probada la culpa de un tercero en la producción del
daño antijurídico pedido en resarcimiento y atribuir a los actores su incumplimiento en la carga
de probar las omisiones que presentó como gestoras de dicho daño».
• En el escrito de impugnación, los impugnantes sostuvieron que:
«Se cumplieron con las exigencias jurisprudenciales al enunciar el defecto fáctico de
indebida valoración probatoria que hace la sentencia de la Subsección B, que sólo toma
cinco (5) medios de prueba de todas las pruebas del proceso para fincar con ellas el sentido
y definición de su decisión, y a pesar de esa pírrica y arbitraria selección, se observa cómo
se obvia un análisis y apreciación en conjunto entre ellos.
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Accionantes: Ezequiel Martínez Pineda y otros
Acción de tutela
Además, se advirtió la configuración en la sentencia de una omisión probatoria en que se
incurrió por la Subsección B al dejar de considerar más de diez pruebas debidamente
incorporadas a la actuación procesal, esto es, el desconocimiento de su existencia como
medios de prueba aportados y practicados legal y oportunamente, pero desdeñados
caprichosamente por el operador judicial colegiado, quien ni siquiera los mencionó en el fallo
y mucho menos los analizó, ni apreció individual ni conjuntamente, bien entre ellos, bien entre
ellos y los cinco medios probatorios que escogió. Omisión que en términos de la
jurisprudencia constitucional atinente a la violación al derecho fundamental del debido
proceso, comporta la materialización de dicha transgresión y es susceptible de cesar a través
de una decisión de tutela».
• No es cierto que la Sección Tercera, Subsección B, en el fallo que resolvió la
apelación, no tuviera en cuenta el título de imputación jurídica. En ese fallo se
indicó:
«10.- En este caso no está demostrada la relación de causalidad entre el daño, esto es, la
muerte de la víctima, y las omisiones que le imputan a las entidades demandadas. La sala
resalta que la responsabilidad del Estado se basa en la causación de daños antijurídicos (art.
90 de la CP), no en la omisión de deberes; por eso para estructurar la responsabilidad del
Estado no basta acreditar una «falla del servicio»: es necesario verificar la existencia de un
nexo de causalidad entre el daño padecido por la víctima directa y la acción u omisión que se
imputa a las demandadas.13
11.- En este caso está probado que el accidente en el que murió la víctima directa ocurrió
porque la conductora de la motocicleta que la atropelló no disminuyó la velocidad al acercarse
a la intersección conforme con lo establecido en el artículo 74 del Código Nacional de
Tránsito. La motociclista desconoció la norma de tránsito y esta fue la causa del daño».
Ese párrafo tiene el siguiente pie de nota, con el número 13:
«El nexo de causalidad puede existir sin la culpa, y solo tras haber establecido el nexo entre
el hecho y el daño tendría objeto -bajo un régimen de responsabilidad subjetiva- estudiar la
culpa. En ese sentido Fernando Hinestrosa señala: «En este terreno forzoso es tornar a la
distinción nítida al extremo entre culpa y relación de causalidad. El daño lo causó o no lo
causó el demandado, es el interrogante aquí formulado. Si se le sindica además de haber
sido malicioso, imprudente, negligente o falto de pericia, es cosa diferente que a este
propósito nada importa. Para saber si un individuo produjo un daño nada tiene que ver
su preparación, cuidado o mala fe, pues lo único que se examina es su participación
física en los hechos. Que si media culpa se considera mayor la intervención que si no se le
puede achacar error de conducta, constituye planteamiento tremendamente equivocado,
proveniente de confusión entre dos aspectos independientes de un mismo problema (...)
Quizás la mentalidad infantil, no por inferiormente desarrollada menos aguda, distingue más
fácilmente los dos aspectos del problema: si se pregunta al niño por la ruptura del adorno
familiar, responderá que él no fue, sindicando al hermano, al sirviente, al animal, al viento
como autores del daño, o dirá que nada sabe, si él considera que en verdad no participó en
el suceso. En cambio, si obra en la conciencia de haber quebrado el objeto contestará: no
tuve la culpa, me empujaron, estaba oscura la habitación, o con justificación similar. Por el
contrario, en la vida corriente se confunden los conceptos de causa y culpa en forma
impresionante: aglomerada la gente a contemplar la colisión de vehículos que acaba de
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suceder, la pregunta obligada es ¿quién tuvo la culpa?, en la cual involucran dos
imputaciones, preocupándose más por quién fue el autor, que por cómo obro él». Hinestrosa,
Curso de Obligaciones [conferencias], p. 359. citado en Corcione, Op. Cit, p. 180».
(Negrillas y subrayas originales de la cita)
• El anterior es el punto de debate que no se puede reabrir mediante la acción de
tutela.
• Es necesario indicar el título de imputación, sea por acción u omisión, sino que
es también necesario unir mediante el nexo causal los hechos y el daño acaecido
para que la acción proceda, pues en gracia de discusión puede haber ocurrido la
omisión sobre el cumplimiento de esas normas, pero no se probó de ninguna
manera cómo el incumplimiento de una de las normas citadas conlleva
directamente a la muerte del demandante, cuando además el señor Ezequiel
Martínez trataba de cruzar la avenida de manera imprudente y fue atropellado por
un vehículo que excedía los límites de velocidad.
• Finalmente el accionante también se refirió a una omisión en el estudio de las
pruebas que obran en el proceso, pues para él era claro que había un mandato
de ley que debía acatarse por parte de las demandadas y que no se hizo, lo cual
en su opinión directamente conllevó al accidente en el cual perdió la vida el
demandante. Pero olvida que, como ya se dijo, en la decisión de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado hubo espacio, no solamente para
analizar los hechos y las pruebas, sino también para estudiar estrictamente
cuáles pruebas realmente permitieron probar algo.
«De igual manera, se encuentra que el análisis probatorio de la autoridad judicial cuestionada
se sustentó en los siguientes medios de prueba: i) el informe policial del accidente de tránsito
y el croquis; ii) los testimonios de los agentes de tránsito que atendieron el accidente y
realizaron el informe, quienes ratificaron su contenido; iii) el informe pericial de necropsia de
la víctima; iv) el testimonio de Elkin Mejía Cárcamo, ingeniero civil del INVIAS (entidad que
tenía a cargo la vía) y v) el formato de informe ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación.
Adicionalmente, se advierte que en la providencia acusada se analizaron dichos medios de
prueba en razón a cada una de las omisiones imputadas en la demanda, a partir de lo cual
se concluyó que ninguno de ellos demostraba dichas conductas omisivas ni su relación de
causalidad con el daño, sino que, por el contrario, acreditaban que la causa determinante del
daño fue la infracción de tránsito en la que incurrió la motociclista».
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Accionantes: Ezequiel Martínez Pineda y otros
Acción de tutela
Los jueces del proceso ordinario efectivamente realizaron el análisis probatorio sobre
todos los elementos que permitieron demostrar algunos hechos como por ejemplo
quién era el propietario de cada una de las vías, quién debía hacer la semaforización,
el mantenimiento, entre otras.
La Sala advierte que los argumentos presentados por el accionante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal referentes a la aplicación de la ley. Se evidencia una
inconformidad con el fallo de segunda instancia con lo cual se busca materializar la
acción constitucional de tutela como una tercera instancia.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracteriza las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, toda vez que se pretende volver a discutir lo ya probado y
fallado tanto en primera como segunda instancia, así como en el fallo de tutela.
Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
15
Radicación no 11001-03-15-000-2025- 03410-01
Accionantes: Ezequiel Martínez Pineda y otros
Acción de tutela
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de julio de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
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