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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2014-00234-01

Fecha
18 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2014-00234-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida el 31 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, cuya parte resolutiva quedará así: «1. Se niegan las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Se condena en costas en esta instancia a la parte demandante vencida. Liquídense por la Secretaría de esta Corporación. 3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el remanente de la cuota de gastos si a ello hubiere lugar y, archívese el expediente». SEGUNDO: CONDÉNASE a los apelantes en costas y agencias en derecho, las cuales se fijarán y liquidarán por el tribunal de primera instancia de conformidad con la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 66001-23-33-000-2014-00234-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

18 de noviembre de 2024

Radicado: 660012333000201400234 01 (61065)
Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011
Radicación: 660012333000201400234 01 (61065)
Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros
Demandados: Invías – Municipio de Dosquebradas

Tema: Responsabilidad del Estado por la muerte de un peatón en un
accidente de tránsito con una motocicleta. Se confirma la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
porque los demandantes no probaron que las omisiones que le
imputan a las entidades demandadas fueran la causa del daño.
Este se produjo por el exceso de velocidad en el que se desplazaba
la motociclista que atropelló a la víctima.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la
sentencia dictada el 31 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.

La sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia según
el artículo 150 del CPACA porque resuelve un recurso de apelación interpuesto
contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo. El Tribunal
Administrativo de Risaralda era competente para conocer el proceso en primera
instancia en razón de la cuantía, según el numeral 6 del artículo 152 del mismo
código1.

El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 19 de abril de
20182. En auto del 24 de mayo de 2018 se dio traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran alegatos de conclusión3. La parte demandante4, el

1 Esta norma en su texto original establecía: «ARTÍCULO 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en

primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes
judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes».
2Fl.490, cuaderno principal.
3 Fl.499, cuaderno principal.
4 Fls.505-511, cuaderno principal.

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Radicado: 660012333000201400234 01 (61065)
Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros

Invías5 y el Municipio de Dosquebradas6 presentaron oportunamente sus
alegatos de conclusión. El Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 17 de junio de 2014
por los familiares de Ezequiel Martínez Pineda (en adelante, «la víctima
directa»)7. Se dirigió contra el Instituto Nacional de Vías (en adelante, el «Invías»)
y el Municipio de Dosquebradas (en adelante «el Municipio») para obtener la
indemnización de los perjuicios ocasionados por la muerte de la víctima directa.
El señor Martínez Pineda falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en
un accidente de tránsito, cuando fue atropellado por una motocicleta al cruzar la
intersección vial de la Avenida Simón Bolívar con calle 65 del municipio de
Dosquebradas, Risaralda.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

« La demanda pretende la declaratoria de responsabilidad administrativa y
solidaria del MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS (Rda.) (…) y del INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS- (…) en la muerte del señor EZEQUIEL
MARTÍNEZ PINEDA, ocurrida en las circunstancias de lugar, tiempo y modo
indicadas, y por contera, la indemnización de los perjuicios morales
ocasionados a EMMA HERNÁNDEZ DE MARTÍNEZ (esposa), EZEQUIEL
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, HÉCTOR JAIME MARTÍNEZ HERNÁNDEZ,
JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, MARTHA SOFÍA MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ, CLAUDIA PATRICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, CARLOS
ARTURO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, LUIS ALBERTO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ y LUZ AMPARO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ (hijos), RODOLFO
DE JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ y MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ
FERNÁNDEZ (nietos), así como a la sucesión de Ezequiel Martínez Pineda.

Corolario de la declaración anterior, serán estas o similares CONDENAS:

1.1. Por Perjuicios Morales.

1.1.1 Se reconocerán y pagarán a favor de EMMA HERNÁNDEZ DE
MARTÍNEZ (esposa), EZEQUIEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, HÉCTOR
JAIME MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ, MARTHA SOFÍA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, CLAUDIA
PATRICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, CARLOS ARTURO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ, LUIS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y LUZ
AMPARO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ (hijos), RODOLFO DE JESÚS
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ y MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
(nietos), o a favor de quien o quienes sus derechos representen, el
valor equivalente a QUINIENTOS DIEZ SALARIOS MÍNIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES (510 s.m.m.l.v.) para la fecha de
ejecutoria de la sentencia (…)

5 Fls.514-517, cuaderno principal.
6 Fls.543-548, cuaderno principal.
7 Fls.13-54, C.1.

2

Radicado: 660012333000201400234 01 (61065)
Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros

1.1.2 Perjuicios morales a favor de la víctima directa EZEQUIEL
MARTÍNEZ PINEDA (por sus lesiones, sufrimiento y padecimiento).

A EZEQUIEL MARTÍNEZ PINEDA – víctima-, quien fuera atropellado y
seriamente lesionado el 27 de septiembre de 2012 y falleciera el 1º de octubre
de esa anualidad en el Hospital Departamental de Cartago, esto es, cuatro (4)
días después; periodo durante el cual luchó por su vida y tuvo una expectativa
de superación del trauma múltiple que finalmente lo derrotó. Se le reconocerá
indemnización por el perjuicio moral derivado del indudable sufrimiento, la tristeza
y desesperación que le generó su postración hospitalaria con ocasión de las
lesiones físicas recibidas.

(…) se solicita el reconocimiento indemnizatorio de este perjuicio a favor de la
sucesión del señor Martínez Pineda, en un monto equivalente a QUINIENTOS
DIEZ SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (510 s.m.m.l.v.)
a la fecha de ejecutoria del fallo (…)

1.2. Por intereses.

En los términos del artículo 192-3 de la Ley 1437 de 2011, se pagarán interese
moratorios a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia de declaración de
responsabilidad administrativa y condenas que ponga fin al proceso.

1.3. Cumplimiento.

Las autoridades demandadas darán cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de
declaración de responsabilidad administrativa y condena en la forma indicada
ne el artículo 192 del Código de Porcediemiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (…)

1.4. Costas.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y normas
concordantes del Código de Procedimeinto Civil y las que regulan la materia
vigentes al momento del fallo, solicito se condene a los demandados al pago
de las costas del proceso, entre ellas claro está, las agencias en derecho
respectivas»

3.- Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Los demandantes son la cónyuge, los hijos y los nietos de la víctima directa8.

3.2.-. El 27 de septiembre de 2012, a las ocho de la mañana, la víctima directa
fue atropellada por una motocicleta cuando cruzaba la intersección vial de la
Avenida Simón Bolívar con calle 65 del municipio de Dosquebradas, Risaralda.

3.3.- La víctima directa fue remitida a la UCI del Hospital Departamental de
Cartago y allí falleció el 1º de octubre de 2012, esto es, cuatro días después,
debido a politrauma severo por las lesiones cerebrales sufridas en el accidente.

8 El grupo familiar de la víctima directa está conformado por Emma Martínez Hernández (cónyuge), Ezequiel

Martínez Hernández, Héctor Jaime Martínez Hernández, Jesús Antonio Martínez Hernández, Martha Sofía
Martínez Hernández, Claudia Patricia Martínez Hernández, Carlos Arturo Martínez Hernández, Luis Alberto
Martínez Hernández y Luz Amparo Martínez Hernández (hijos) y Rodolfo de Jesús Martínez Fernández,
Mónica María Martínez Fernández (nietos).

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Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros

3.4.- Según los demandantes, la causa determinante del daño fueron las
omisiones en las que incurrieron las entidades demandadas, las cuales crearon
un «riesgo permanente» para los usuarios de la vía:

a. El Invías por: i) la falta de señalización que restringiera el paso peatonal o
advirtiera el peligro de la intersección; y ii) la ausencia de un separador apto para
los peatones y de un puente peatonal en el sector.

b. El Municipio de Dosquebradas por: i) la falta de mantenimiento de los
semáforos de la vía, que al momento de los hechos estaban apagados; y ii) la
ausencia de agentes de tránsito en el lugar para suplir los semáforos y controlar
el tráfico vehicular y peatonal.

3.5.- En relación con los perjuicios, los demandantes indicaron que sufrieron: (i)
perjuicios morales por «los intensos padecimientos y tristezas, dolores y
angustias» ocasionados a cada uno de ellos con la muerte de su familiar y (ii) la
víctima directa sufrió perjuicios morales durante su tiempo de hospitalización por
«la tristeza y desesperación que le generó con ocasión de las lesiones físicas
recibidas».

B.- Posición de las entidades demandadas

4.- El Municipio de Dosquebradas se opuso a las pretensiones de la demanda y
propuso las excepciones de: (i) hecho de un tercero, porque la conducta de la
motociclista fue la causa del daño y esta no se le puede imputar a la entidad y (ii)
culpa de la víctima, porque su conducta incidió en el resultado dañoso al no tomar
las debidas precauciones para cruzar la vía, teniendo en cuenta que los
semáforos estaban apagados.

5.- El Invías se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción
de hecho de un tercero. Argumentó que:

5.1.- La acción u omisión de la entidad no incidió en la producción del daño; este
fue efectivamente causado por el exceso de velocidad y la imprudencia de un
tercero.

5.2.- Para la fecha del accidente, la vía no presentaba daños ni fisuras que
pusieran en riesgo la seguridad de los usuarios. En el informe del accidente de
tránsito se señaló que el estado de la vía era bueno y que no tenía huecos; como
hipótesis de la causa del accidente se plantearon: el exceso de velocidad de la
motocicleta y que el peatón era un adulto mayor sin acompañante.

5.3.- Según el informe allegado por el administrador vial, la vía contaba con los
respectivos pasos peatonales y, de acuerdo con el croquis del accidente, estos
no fueron utilizados por la víctima.

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Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros

C.- Sentencia recurrida

6.- En la sentencia del 31 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo de
Risaralda negó las pretensiones de la demanda. Consideró probada «la
concurrencia de las eximentes de responsabilidad, propuestas por las entidades
accionadas, del hecho de un tercero – atribuible a la conductora de la motocicleta-
y de culpa de la víctima» y condenó en costas a la parte demandante9.

6.1.- Respecto del Invías, estableció que si bien estaba probado que la vía estaba
a cargo de esta entidad, según el informe de la policía de tránsito se encontraba
en buen estado, tenía la señalización respectiva y estaba en condiciones
normales para su tránsito. El contenido del informe fue ratificado con los
testimonios de los agentes que atendieron el accidente y con un informe remitido
por el Invías. Con fundamento en estas pruebas, concluyó que el estado de la vía
no influyó en el accidente que le causó la muerte a la víctima y por ello estaba
desvirtuada la «falla del servicio» que se imputó al Invías.

6.2.- En relación con el Municipio de Dosquebradas, consideró que estaba
acreditado que hubo una «falla en la prestación del servicio de regulación del
tránsito y la seguridad ciudadana» porque los semáforos de la intersección
estaban apagados. Sin embargo, esta no fue la causa determinante del daño,
pues el accidente se produjo por el incumplimiento de las normas de tránsito por
parte de la víctima y de la conductora de la motocicleta. El daño tuvo origen en
(i) la conducta imprudente de la motociclista, quien no disminuyó la velocidad al
acercarse a la intersección y (ii) la conducta de la víctima, quien tenía el deber
de cuidado y de ser precavido al cruzar la vía y hacerlo por el lugar permitido para
ello, ya que los semáforos no estaban funcionando y era un sector de alto flujo
vehicular.

6.3.- Según el informe de tránsito, las hipótesis de la causa del accidente fueron
«116 exceso de velocidad y el artículo 59 de la ley 769 de 2002» que prevé que
los adultos mayores deben ir acompañados al cruzar vías por personas mayores
de 16 años. En este caso se demostró que la víctima era un adulto mayor que no
iba acompañado, que atravesó la calle por un lugar que no estaba destinado para
ello y que evadió los separadores dispuestos para el uso de los peatones.

6.4.- La hipótesis del croquis no fue objetada, lo que corroboraba que la
motociclista se desplazaba a una velocidad que excedía los 30 kilómetros por
hora permitidos cuando se acercó a la intersección; si su velocidad hubiese
estado dentro del límite permitido habría podido frenar y, según el informe de
tránsito, la moto recorrió una distancia después del impacto. Así las cosas, no
podía atribuirse responsabilidad al Municipio y mucho menos al Invías porque el
daño fue causado por conductas de terceros ajenos a ellas.

9 Fls.444-455, cuaderno principal.

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Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros

D.- Recurso de apelación

7.- En su recurso de apelación10, los demandantes solicitan que se revoque la
sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda.
Sus reparos son los siguientes:

7.1.- El tribunal desconoce el principio de congruencia porque no estudió las
omisiones del Invías y del Municipio respecto de las obligaciones de señalizar,
conservar y mantener seguras las vías que se imputan a las demandadas, las
cuales están probadas y su nexo causal con el daño es innegable.

7.2.- El tribunal desconoce los hechos y pretensiones expuestos por los
demandantes y no estudia el título de imputación puesto a su consideración, pues
estos en ningún momento discuten el estado de la vía, por ello dicho análisis no
desvirtúa la falla del servicio que se imputa al Invías. La falla que se alega
respecto de esta entidad es la omisión en sus obligaciones de señalización, la
inexistencia de un puente peatonal en el sector y la conservación de un separador
adecuado. Dichas omisiones «incidieron ostensiblemente en la creación del
riesgo y la vulneración de la seguridad de los usuarios de la intersección vial».

7.3.- El tribunal se equivoca al concluir que, pese a que los semáforos de la
intersección no se encontraban en funcionamiento, ello no fue determinante en
la causación del daño.

a.- Dicha conclusión parte de un análisis incompleto e inadecuado de las
conductas atribuidas a la víctima y a la motociclista, pues la sentencia no analiza
la incidencia de este hecho en la ocurrencia del resultado dañoso.

b.- Tampoco tuvo en cuenta que esta intersección es un sector de alto flujo
vehicular, con diversos sentidos de circulación y de mucho tráfico peatonal y que
no se dispuso de personal de tránsito para regular el tráfico ante la falta de
semáforos.

c.- El fallo se basa en una «valoración incompleta y poco convincente» del
informe policial del accidente de tránsito, pues toma las hipótesis allí propuestas
como prueba directa y determinante de la causa del daño, justificando que no
fueron objetadas por los demandantes. Ignora que estas no pasan de ser
hipótesis en un caso donde no hubo testigos presenciales ni autoridad de tránsito
en el lugar. Este informe no es un dictamen pericial que pueda objetarse en las
oportunidades procesales por cualquiera de las partes.

7.4.- Está probado que el daño fue producto de la concreción del riesgo creado
por las demandadas con sus omisiones de las obligaciones de mantenimiento,

10 Fls.457-478, cuaderno principal.

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Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros

conservación, señalización, semaforización y control vehicular y peatonal en la
intersección.

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

8.- La sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos
años previsto en el artículo 164 del CPACA. El daño se causó el 1° de octubre
de 2012, fecha en la que murió la víctima directa11. El término de caducidad
empezó a correr a partir del 2 de octubre de 2012 y vencía el 2 de octubre de
2014. La parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 21
de noviembre de 2013, la audiencia de conciliación se celebró el 17 de febrero
de 2014 y se declaró fallida conforme a la constancia expedida en esa misma
fecha12. Por lo tanto, la demanda presentada el 17 de junio de 2014 fue oportuna.

F. Decisión a adoptar

9.- La sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda porque los demandantes no probaron que las
omisiones que le imputan a las entidades demandadas fueran determinantes en
la causación del daño. En el proceso, por el contrario, se acreditó que el daño era
atribuible al exceso de velocidad de la motociclista que atropelló a la víctima
directa.

10.- En este caso no está demostrada la relación de causalidad entre el daño,
esto es, la muerte de la víctima, y las omisiones que le imputan a las entidades
demandadas. La sala resalta que la responsabilidad del Estado se basa en la
causación de daños antijurídicos (art. 90 de la CP), no en la omisión de deberes;
por eso para estructurar la responsabilidad del Estado no basta acreditar una
«falla del servicio»: es necesario verificar la existencia de un nexo de causalidad
entre el daño padecido por la víctima directa y la acción u omisión que se imputa
a las demandadas13.

11 Según consta en el registro civil de defunción obrante a fl.12, C.2, pruebas.
12 Fls.8-12, C.1.
13 El nexo de causalidad puede existir sin la culpa, y solo tras haber establecido el nexo entre el hecho y el

daño tendría objeto -bajo un régimen de responsabilidad subjetiva- estudiar la culpa. En ese sentido
Fernando Hinestrosa señala: «En este terreno forzoso es tornar a la distinción nítida al extremo entre culpa
y relación de causalidad. El daño lo causó o no lo causó el demandado, es el interrogante aquí formulado.
Si se le sindica además de haber sido malicioso, imprudente, negligente o falto de pericia, es cosa diferente
que a este propósito nada importa. Para saber si un individuo produjo un daño nada tiene que ver
su preparación, cuidado o mala fe, pues lo único que se examina es su participación física en los
hechos. Que si media culpa se considera mayor la intervención que si no se le puede achacar error de
conducta, constituye planteamiento tremendamente equivocado, proveniente de confusión entre dos
aspectos independientes de un mismo problema (…)
Quizás la mentalidad infantil, no por inferiormente desarrollada menos aguda, distingue más fácilmente los
dos aspectos del problema: si se pregunta al niño por la ruptura del adorno familiar, responderá que él no
fue, sindicando al hermano, al sirviente, al animal, al viento como autores del daño, o dirá que nada sabe, si

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Radicado: 660012333000201400234 01 (61065)
Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros

11.- En este caso está probado que el accidente en el que murió la víctima directa
ocurrió porque la conductora de la motocicleta que la atropelló no disminuyó la
velocidad al acercarse a la intersección conforme con lo establecido en el artículo
74 del Código Nacional de Tránsito. La motociclista desconoció la norma de
tránsito y esta fue la causa del daño.

12.- Lo anterior está acreditado con los siguientes medios de pueba: i) el informe
policial del accidente de tránsito y el croquis14; ii) los testimonios de los agentes
de tránsito que atendieron el accidente y realizaron el informe, quienes ratificaron
su contenido15; iii) el informe pericial de necropsia de la víctima16; iv) el testimonio
de Elkin Mejía Cárcamo, ingeniero civil del Invías (entidad que tenía a cargo la
vía)17 y v) el formato de informe ejecutivo de la Fiscalía18.

13.- En el informe policial del accidente de tránsito y el croquis19, consta que la
hipótesis de la causa del accidente fue el exceso de velocidad, pues se registró
como hipótesis «116» código que hace referencia al exceso de velocidad y
«art.59» del Código Nacional de Tránsito que prevé que los «ancianos» por ser
peatones especiales deben ir acompañados al cruzar las vías. Igualmente se
evidencia que solo transcurrieron 20 minutos entre el momento en que ocurrió
del accidente y el momento en que se levantó el croquis y se hizo el informe y
que existe una distancia significativa entre el lugar en el que quedó la motocicleta
y el lugar del impacto con la víctima. El croquis es el siguiente:

él considera que en verdad no participó en el suceso. En cambio, si obra en la conciencia de haber quebrado
el objeto contestará: no tuve la culpa, me empujaron, estaba oscura la habitación, o con justificación similar.
Por el contrario, en la vida corriente se confunden los conceptos de causa y culpa en forma impresionante:
aglomerada la gente a contemplar la colisión de vehículos que acaba de suceder, la pregunta obligada es
¿quién tuvo la culpa?, en la cual involucran dos imputaciones, preocupándose más por quién fue el autor,
que por cómo obro él». Hinestrosa, Curso de Obligaciones [conferencias], p. 359. citado en Corcione, Op.
Cit, p. 180.
14 Fls.110-111, C.2, pruebas.
15 CD Audiencia de pruebas, obrante a fl.360, C.1.1.
16 Fls.120-124, C.2., pruebas.
17
CD Audiencia de pruebas, obrante a fl.360, C.1.1.
18 Fl.112,C.2., pruebas
19 Fls.110-111, C.2, pruebas.

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Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros

14.- El anterior informe está corroborado por los testimonios de los agentes de
tránsito Diana Patricia Bustos y John Edward Beltrán20, quienes atendieron el
accidente y elaboraron dichos documentos. En ese sentido Diana Patricia Bustos
manifestó:

«Cuando llegué al lugar solamente encontré una motocicleta sobre la vía, los
semáforos estaban apagados los semáforos de la capilla, la persona que resultó
lesionada ya no estaba ahí ya había sido retirada del accidente de tránsito y
coloqué como hipótesis 116 que quiere decir exceso de velocidad de acuerdo al
manual de accidentes de tránsito y el artículo 59 que habla de que las personas
mayores (…) adultos mayores deben ir acompañados de una persona para
desplazarse en las vías públicas. ¿Ud realizó el trabajo de elaboración del croquis
y la recolección de información? Sí señor, en compañía del agente Jhon Edward
Beltrán. Punto de impacto ¿cómo lo constató? Por el lago hemático que había y
las partículas de la motocicleta dónde atropelló al peatón, la motocicleta
transitaba sentido Dosquebradas – Pereira (…) por el carril izquierdo de la vía.
¿Cómo determina ud la alta velocidad de la motocicleta? Pues presumo que a
razón del «patrón lesional» que presentó el peatón y los posibles daños que
presenta la motocicleta».

Y John Edward Beltrán indicó:

«Atendí un accidente que nos reportaron en la calle 65 con cra 16, nos dijeron
que había un accidente, los semáforos estaban apagados (…) un auxiliar que
debía estar en el sitio de los hechos fue el que nos avisó, cuando llegamos a la
escena el señor ya lo habían trasladado ya habían llegado ambulancias al sitio,
se tomaron medidas, la visibilidad era buena, los semáforos estaban apagados
estaban dañados para ser más exacto, por eso tenían un auxiliar que estaba
pendiente (…) La vía estaba buena no estaba lisa, no había llovido en la última
hora, no había ningún elemento que obstaculizara la visibilidad ni había un
impedimento visual (…) PREGUNTADO: cómo determinan el punto de impacto.
CONTESTÓ: El punto de impacto se determina porque es donde se encuentra
sangre o elementos de la motocicleta donde se arroja la mayor parte de los

20 CD Audiencia de pruebas, obrante a fl.360, C.1.1.

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Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros

elementos que deja un choque. PREGUNTADO: Igualmente en el informe se
hace referencia a un exceso de velocidad como posible causa del daño cómo
llegaron a esa conclusión. CONTESTÓ: En el Código Nacional de tránsito se dice
que al llegar a una intersección o cruce se debe disminuir la velocidad.
PREGUNTADO: ¿recuerda si había señales restrictivas de velocidad? Las
señales más indicativas el semáforo y el cruce, la velocidad máxima es de 30
km/h es una zona residencial barrio santa teresita. PREGUNTADO: La persona
que fue lesionada más o menos por qué zona iba cruzando. CONTESTÓ: según
nos manifiestan los señores de una panadería que hay en la esquina el señor
estaba fuera de la cebra, la cebra siempre está antes del semáforo no después
del semáforo. El punto de impacto estaba por fuera del semáforo (…)
PREGUNTA APODERADO DEL MUNICIPIO: En el informe hay un croquis,
desde el punto de impacto hasta el lugar donde quedó la moto ¿cuánta distancia
existió? CONTESTÓ: Estamos hablando más o menos de unos 10 metros.
PREGUNTA APODERADO DEL MUNICIPIO: Entonces de acuerdo con su
experiencia ¿se permite concluir que la moto iba en exceso de velocidad?.
CONTESTADO: Sí señor, vuelvo y reitero la ley 769 en uno de sus artículos dice
que al acercarse y al cruzar una intersección debe disminuir la velocidad para
poder tener mayor maniobrabilidad del vehículo y mayor certeza al frenado (…)
PREGUNTA APODERADO DEL INVÍAS: Para la fecha de los hechos ¿qué
limitaciones había para el paso peatonal? CONTESTÓ: Ninguno.
PREGUNTADO:¿Cuál es la fx de las cebras? CONTESTÓ: Es para pasar los
peatones, para disminuir la velocidad, para darle la confianza al peatón de que
pasa por una zona segura. PREGUNTADO: A la hora de los hechos cómo era el
tráfico vehicular, o en el intervalo de tiempo que ud estuvo ahí ejerciendo su
función. CONTESTÓ: Después de las 7:30 baja mucho el tráfico vehicular de ese
sitio (…)PREGUNTADO:En relación con el croquis que ud tiene a disposición nos
puede indicar el sentido en que se dirigía la moto así como el camino.
CONTESTÓ: Se dirigía sentido Dosquebradas Pereira, y el peatón de la calle de
la capilla hacia el barrio santa teresita el carril utilizado por la moto el carril
izquierdo. La motocicleta debe utilizar carril derecho a menos de un metro de la
cebra».

15.- En el informe pericial de necropsia21 consta que la causa de la muerte de la
víctima fue «politrauma severo en accidente de tránsito que ocasiona lesiones
cerebrales secundarias, shock neurogénico, falla multiorgánica y desencadena la
muerte».

16.- Elkin Mejía Cárcamo, ingeniero civil del Invías (entidad que tenía a cargo la
vía) en su declaración22 manifestó que en los inventarios viales tenían una señal
SR30 que indica el límite de velocidad máxima en la margen derecha de la vía y
en el km4+530 en la margen izquierda y que, en la georreferenciación, el sitio del
accidente es aproximadamente el 4+550, de manera que antes y después de la
intersección del accidente había señalización reglamentaria que indicaba que la
velocidad máxima era 30 km/h. En ese sentido indicó:

«(…)La necesidad de este paso cebrado es porque se instaló el semáforo y eso
es competencia del Municipio, ellos lo construyen lo ponen y el Invías lo demarca.
(…) PREGUNTADO: ¿Qué alternativas se ofrecen en materia de seguridad vial
al peatón cuando no funciona la semaforización, sobre todo siendo el propietario
de la vía? CONTESTÓ: La avenida Simón Bolívar es un paso nacional, a lado y

21 Fls.120-124, C.2., pruebas.
22
CD Audiencia de pruebas, obrante a fl.360, C.1.1.

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Radicado: 660012333000201400234 01 (61065)
Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros

lado hay casas. El Código de Tránsito definió que en pasos urbanos como es
este caso la velocidad máxima permitida está entre 30 y 60 km/h es decir el
comportamiento del usuario cuando entra a un paso nacional así no haya
señalización, el comportamiento de este obliga a que reduzca la velocidad entre
30 y 60 km/h. Sea motociclista o sea vehículo, ahora afortunadamente nosotros
teníamos señales verticales que advertían que la velocidad máxima en ese sitio
eran 30 km/h y la tenemos en el sector, mucho antes del lugar donde ocurrió el
accidente (…) De manera que aún si no hubiera semáforo allí y que no sirviera,
1) el usuario de la vía es decir el conductor de la motocicleta o vehículo tiene que
tener una conducta referente a que hay un paso que es semaforizado así él no
sepa que no está funcionando, pero debe reducir la velocidad, 2) había señales
verticales que le indicaban al usuario que la velocidad máxima permitida era de
30 KM/H, 3) el peatón que va a cruzar una vía que está semaforizada, que tiene
cebra por lógica entenderá que ese sitio es de cuidado, tiene que tener abiertos
sus 5 sentidos (…) y si está el paso cebrado indica que debe ser un paso seguro
para el peatón. Si viene un vehículo a 30 km/h y la vía estaba en buenas
condiciones y ve que cruza un peatón intempestivamente tiene la oportunidad de
frenar, ahora el comportamiento que dice la ley es que el peatón tiene la prioridad
o sea debo reducir la velocidad».

Dicha declaración está corroborada con el oficio del 6 de octubre de 2016 en el
que el Invías23 responde al exhorto del tribunal en el que se indica que sobre la
vía existen señales verticales que son para los vehículos y que en la calzada
donde ocurrió el accidente hay una señal de velocidad máxima 30 k/h en la
margen izquierda, otra señal igual en el separador central, demarcación de línea
de borde continua color blanco, discontinua y continua color amarilla contigua al
separador central y paso cebrado en las dos esquinas de la intersección y que
estas señales fueron instaladas en febrero de 2008, esto es 9 meses antes de
que ocurriera el accidente.

17.- En el formato de informe ejecutivo de la Fiscalía24 suscrito por los agentes
de tránsito que atendieron el accidente, consta que «un peatón iba a cruzar por
la calle 65 con cra 16 cuando una motocicleta atropella al peatón en todo el
semáforo en zona peatonal y en un cruce altamente peligroso sin disminuir la
velocidad».

18.- Los demandantes aducen que el daño fue causado por las omisiones que le
imputan al Invías y al Municipio de Dosquebradas por la falta de señalización, la
inexistencia de un puente peatonal, la inexistencia de un separador adecuado
para los peatones, la falta de mantenimiento de la red de semáforos y no haber
dispuesto personal de tránsito para regular el tráfico y suplir los semáforos.

19.- En el expediente no obra prueba alguna que demuestre que dichas
omisiones fueron las causas determinantes del daño. Al contrario, los medios de
prueba acreditan que algunas de estas imputaciones no son ciertas y que, si bien
hay una que está probada (semáforos que no funcionaban), dicha omisión no

23 Fls.90-91 C.2.1. pruebas
24 Fl.112,C.2., pruebas

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Radicado: 660012333000201400234 01 (61065)
Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros

incidió en la causación del daño. Por lo anterior, la causa del daño no puede
atribuirse a las entidades demandadas.

a.- En cuanto a la falta de señalización, la inexistencia de un puente peatonal y
de un separador adecuado para los peatones, está probado que el Invías tenía
la vía a su cargo y que el estado de la misma era bueno y tenía la señalización
adecuada tanto para vehículos como para peatones25. Los demandantes no
solicitaron ni allegaron prueba alguna que acredite que en ese sector se requería
un puente peatonal y que la ausencia del mismo generaba inseguridad a los
usuarios de la vía. Además, dicha entidad no tenía a su cargo ninguna función
relacionada con la red de semáforos26. Tampoco acreditaron que el separador de
la intersección no tuviera las características adecuadas para que los peatones
hicieran uso del mismo.

b.- En relación con la falta de personal de tránsito que supliera los semáforos que
estaban apagados, con los testimonios rendidos por Diana Patricia Bustos Muñoz
y Jhon Edward Beltrán Lesmes27, agentes de tránsito que atendieron el
accidente, se demostró que al momento del accidente sí había un auxiliar de
tránsito en la intersección y que fue este quien les reportó del accidente.

c.- Si bien está acreditado que los semáforos de la intersección no estaban
funcionando28 y que ello puede configurar una «falla del servicio» del Municipio
de Dosquebradas, lo cierto es que no está demostrado que dicha omisión hubiera
sido la causa determinante del daño.

20.- Los demandantes tenían la carga de probar la relación de causalidad entre
el daño y las omisiones imputadas a las demandadas y, en este caso, ni siquiera
demostraron todas las omisiones que les imputan.

G. Costas

21.- Como el recurso de apelación no prosperó, los apelantes deben ser
condenados en costas y agencias en derecho, de conformidad con lo ordenado
en el artículo 188 del CPACA. Estas serán tasadas y liquidadas por el tribunal de
primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.

25 Según el oficio remitido por el Invías en el que consta que la vía era una carretera nacional no
concesionada a cargo del Invías, obrante a fls.13-14, C.2 pruebas y de acuerdo con lo declarado por Elkin
Mejía Cárcamo, ingeniero civil del Invías, CD Audiencia de pruebas, obrante a fl.360, C.1.1.
26 Según consta en la copia de la respuesta a una petición ante la Secretaría de Obras Públicas e

Infraestructura, que fue aportada por los demandantes, en la que la entidad indica que «el funcionamiento,
operación, mantenimiento y conservación de los semáforos vehiculares y los semáforos peatonales
ubicados en la vía son competencia de la Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad» del Municipio de
Dosquebradas.
27 CD Audiencia de pruebas, obrante a fl.360, C.1.1.
28 Según consta en el informe policial de tránsito y en las declaraciones de los agentes de tránsito que

atendieron el accidente, obrante a fls.110-111, C.2, pruebas y CD Audiencia de pruebas, fl.360, C.1.1.

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Radicado: 660012333000201400234 01 (61065)
Demandantes: Emma Hernández de Martínez y otros

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida el 31 de agosto de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, cuya parte resolutiva quedará así:

«1. Se niegan las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

2. Se condena en costas en esta instancia a la parte demandante vencida.
Liquídense por la Secretaría de esta Corporación.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el remanente de la cuota de gastos
si a ello hubiere lugar y, archívese el expediente».

SEGUNDO: CONDÉNASE a los apelantes en costas y agencias en derecho, las
cuales se fijarán y liquidarán por el tribunal de primera instancia de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

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