Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03437-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03437-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03437-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
10 de julio de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 03437 00
Accionante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 03437 00
Accionantes: GLADIS CABARIQUE VASQUEZ Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C, Y OTRO
Tesis: No es procedente la acción de tutela que se interpone
más de seis meses después de la fecha en la que ha sido
notificada la decisión que se considera violatoria de
derechos fundamentales, si la parte actora no presenta
argumentos válidos que justifiquen la tardanza en la
interposición de la solicitud de amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Gladis
Cabarique Vásquez, Sofia Cabarique Vásquez, Leonor Cabarique Vásquez,
Elsa Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez, Egidio Cabarique
Vásquez, Pedro Cabarique Vásquez, Dayanne Luz Plata Cabarique y Claret
Janitza Plata Cabarique, por intermedio de apoderado, contra el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, y el Tribunal Administrativo de
Santander.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, a la reparación integral, a la verdad y a
la justicia, que estimaron vulnerados con ocasión de las sentencias del 18
de noviembre de 2021 y del 28 de octubre de 2024, proferidas por el
Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que denegaron las pretensiones de la demanda de
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Accionante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
reparación directa promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional y Policía Nacional; la Unidad para la Atención y
Reparación a las Víctimas (UARIV) y el Departamento para la Prosperidad
Social1.
1.2. El referido medio de control fue presentado por los aquí accionantes el
29 de julio de 2015. Allí solicitaron que se declarara patrimonialmente
responsable a la parte demandada por los perjuicios sufridos con ocasión
de la muerte del señor Pedro Elías Cabarique Díaz y el desplazamiento
forzado del que fueron víctimas en el Municipio de Zapatoca (Santander),
en hechos atribuidos a grupos armados, ocurridos el 31 de agosto de 1992.
1.3. El asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Santander,
autoridad que, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2021, declaró
no probada la excepción de caducidad propuesta por las demandadas y
denegó las pretensiones del medio de control, al considerar que los
demandantes no acreditaron los hechos en los que las sustentaron.
1.4. Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, a través de providencia del 28 de octubre de 2024, que
modificó la decisión de primera instancia. En su lugar, declaró probada la
excepción de caducidad frente a las pretensiones relacionadas con el
homicidio del señor Pedro Elías Cabarique Díaz y denegó las demás
solicitudes de la demanda.
En concreto, señaló que, de acuerdo con la sentencia de unificación dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, el 29 de enero de 20202, en
los casos en los que se discute la responsabilidad del Estado por delitos
de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, el término de
caducidad se debe computar a partir del momento en que los afectados
conocieron o debieron conocer de la participación del Estado en los
1
Proceso que se identificó con la radicación 680012333000201700203 00/01.
2
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 29 de enero de 2020, radicado 85001-33-33-002-2014-
00144-01 (61.033).
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hechos. Entonces, advirtió que en este caso, de los testimonios
recaudados se podía inferir que los actores tuvieron conocimiento del
homicidio del señor Pedro Elías Cabarique Díaz desde el 31 de agosto de
1992, día en el que se produjo su deceso, y de que los autores del crimen
pertenecían a un grupo al margen de la ley.
En segundo lugar, respecto del desplazamiento forzado, con fundamento
en la SU-254 de 2013 y las providencias del Consejo de Estado, señaló
que, cuando se trata de un hecho continuado, como el desplazamiento
forzado, la caducidad empieza a contar una vez el mismo cesa, situación
de la que no se tuvo certeza en el caso objeto de estudio. Por lo tanto,
manifestó que, en garantía del derecho de acceso a la administración de
justicia de los demandantes y en aplicación de los principios pro homine,
pro actione y pro damato, debía analizarse de fondo el asunto.
En ese orden, consideró que no había prueba de que los hechos
victimizantes hubieran sido previsibles para el Ejército y la Policía
Nacional, toda vez que los demandantes no ostentaban alguna condición
que los hiciera vulnerables de forma especial a los ataques de grupos al
margen de la ley.
Finalmente, consideró que los demandantes no probaron la existencia de
algún daño conexo a la esfera de competencias de la Unidad para la
Atención y Reparación a las Víctimas y el Departamento para la
Prosperidad Social, razón por la cual no había mérito para imponerles
condena.
1.5. La parte accionante adujo en la tutela que la decisión de segunda
instancia incurrió en defecto orgánico, toda vez que debió dar prevalencia
a los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos sobre
el ordenamiento interno. Lo que es aplicable “cuando los tratados prohíben
la limitación de los derechos humanos en estados de excepción (como
ACTOS DE GUERRA, ACTOS DE LESA HUMANIDAD, DAÑOS CONTINUADOS)
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(sic)”. Por lo tanto, a su juicio, no se debió aplicar el numeral 8° del artículo
136 “del cpaca”3, pues con esa actuación “el magistrado viola el Rango
constitucional”.
1.6. Sostuvieron que las decisiones atacadas incurrieron en defecto
fáctico, por falta de valoración de los documentos mediante los cuales la
Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas reconoció su calidad de
víctimas de desplazamiento forzado y del homicidio del señor Elías
Cabarique Díaz, y les otorgó la indemnización administrativa. Agregaron
que una apropiada valoración de dichas pruebas habría llevado a confirmar
la sentencia de primera instancia, evitándose la condena en costas que les
fue impuesta.
1.7. Indicaron que las providencias objeto de debate incurrieron en defecto
procedimental absoluto y en defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, toda vez que no tuvieron en cuenta que “estamos frente
a hechos amparados por art. 93 CN, y la sentencia su254/2013, COMO
ACTOS DE GUERRA, ACTOS DE LESA HUMANIDAD, DAÑOS CONTINUADOS
(sic)”, y porque no interpretaron los derechos fundamentales de
conformidad con los tratados internacionales ratificados por Colombia.
1.8. Finalmente, manifestaron que la condena en costas les está generando
afectaciones al derecho a la salud, dado que la violencia los ha empobrecido
y no tienen los recursos para pagarla.
1.9. Con fundamento en lo expuesto, la parte actora formuló las siguientes
pretensiones4:
“PRIMERO: SIRVASE SEÑOR JUEZ: TUTELAR la vulneración, a la REPARACIÓN
ADMINISTRATIVA, DERECHO A LA IGUALDAD, en conexidad con los DERECHOS A
LA VERDAD Y A LA JUSTICIA, a la Reparación Integral de las víctimas de
desplazamiento forzado Y HOMICIDIO, GLADIS CABARIQUE VASQUEZ, SOFIA
CABARIQUE VASQUEZ, LEONOR CABARIQUE VASQUEZ, ELSA CABARIQUE
VASQUEZ, ARIEL CABARIQUE VASQUEZ, EGIDIO CABARIQUE VASQUEZ, Y PEDRO
CABARIQUE VASQUEZ, Y DAYANNE LUZ Y CLARET JANITZA PLATA CABARIQUE
(Representan a su madre LUCILA CABARIQUE VASQUEZ) dentro del proceso de
3
Dicha norma corresponde al Código Contencioso Administrativo.
4
Se transcribe del texto original aun con posibles errores.
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tutela que nos ocupa, y por tanto la ausencia de garantía del goce efectivo de éste
derecho, en conexidad con los derechos a la verdad y a la justicia, como viene
ordenado por dicha sentencia y sea aplicada, en este asunto, por el derecho a la
igualdad.
SEGUNDO: CONCEDER la acción de tutela de que trata el expediente objeto de
esta acción y proteger el derecho a la reparación integral de la accionante víctimas
de desplazamiento forzado Y HOMICIDIO art. 93 CN, y la sentencia su254/2013,
como ACTOS DE GUERRA, ACTOS DE LESA HUMANIDAD , DAÑOS CONTINUADOS,
la ley 1448/2011 art. 3, lo cual dice la corte constitucional constitucional, y en
consecuencia, (ii) QUE SE declare la Responsabilidad patrimonial DE LA
DEMANDADA, Y SE CONDENE A PAGAR LOS DAÑOS MATERIALES, INMATERIALES
LUCRO CESANTE, DAÑOS MORALES POR LA MUERTE DEL PADRE DE LOS
ACCIONANTES, DAÑO A LA VIDA RELACION, AFECTACIÓN A BIENES
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS como viene
pretendido, (iii) que mis mandantes sean exonerados del pago de costas en ambas
instancias, por ser personas de especial protección constitucional sentencia
SU254/2013.
TERCERO: QUE SE ORDENE A LAS DEMANDADAS SESAR TODO COBRO por causa
de las costas del proceso contra mis mandantes debido a la gravedad de su estado
de salud”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Por auto del 11 de junio de 2025 el despacho admitió la acción de
tutela y ordenó vincular como terceros con interés a la Nación, Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional; a la Unidad para la
Atención y Reparación a las Víctimas y al Departamento para la
Prosperidad Social.
2.2. El Tribunal Administrativo de Santander en su contestación
resumió las consideraciones de la decisión atacada y sostuvo que esta se
profirió conforme a derecho y teniendo en cuenta la jurisprudencia
aplicable al caso. Por lo tanto, solicitó declarar improcedente la solicitud
de amparo al no encontrarse vulneración de los derechos fundamentales
respecto de la sentencia proferida en primera instancia.
2.3. La Policía Nacional manifestó que los accionantes no probaron
encontrarse frente a un perjuicio irremediable derivado de las decisiones
atacadas, y tampoco acreditaron encontrarse frente a la imposibilidad de
demandar, por el contrario, se logró demostrar que los accionantes
desplegaron las acciones judiciales correspondientes para restablecer sus
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derechos, pero lo hicieron por fuera de los términos fijados por la ley. Por
lo tanto, la acción de tutela resulta improcedente al no encontrarse
violación de los derechos fundamentales de la parte actora.
2.5. El Ejército Nacional informó que la acción de tutela no cumple con
el requisito de la inmediatez, dado que la decisión de segunda instancia
fue dictada el 28 de octubre de 2024 y la solicitud de amparo fue radicada
fuera del plazo razonable para presentar dichas acciones contra
providencia judicial, pues se interpuso el 5 de junio de 2025, 8 meses
después de proferida la sentencia atacada.
Además, manifestó que las autoridades judiciales atacadas cumplieron
con su deber de validar las situaciones fácticas y jurídicas presentadas
por las partes, a la hora de dictar las providencias atacadas.
2.7. El Departamento para la Prosperidad Social sostuvo que no
existe legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad, como
quiera que resolver las peticiones de los accionantes no se encuentra
dentro de sus funciones. Y, que en el escrito de tutela no se le atribuye a
la entidad ninguna acción ni omisión que resultara en la vulneración de
los derechos fundamentales de los accionantes. Por lo tanto, solicitó
“declarar improcedente o desvincular de la presente acción de tutela
respecto al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”.
2.8. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas en su contestación sostuvo que la solicitud de amparo carece
del requisito de inmediatez, dado que fue interpuesta luego de 6 meses
de haberse proferido la decisión de segunda instancia, proferida el 24 de
octubre de 20245, notificada el 22 de noviembre del mismo año. Por lo
tanto, el plazo razonable de 6 meses venció el 22 de mayo de 2025.
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Del expediente se advierte que la sentencia de segunda instancia dictada por el Consejo de Estado fue
proferida el 28 de octubre de 2024.
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2.9. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C guardó
silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. El 29 de julio de 2015, los señores Gladis Cabarique Vásquez y otros
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional; la Unidad para la Atención y
Reparación a las Víctimas y el Departamento para la Prosperidad Social, con
la finalidad de obtener la indemnización de los perjuicios causados con el
homicidio del señor Pedro Elías Cabarique Díaz y el desplazamiento forzado
del que fueron víctimas en hechos ocurridos el 31 de agosto de 1992.
3.2.2. El Tribunal Administrativo de Santander, a través sentencia del 18
de noviembre de 2021, declaró no probada la excepción de caducidad
propuesta por las demandadas y denegó las pretensiones de la demanda.
3.2.3. Los demandantes interpusieron recurso de apelación y, mediante
proveído del 28 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, modificó la anterior decisión y, en su lugar, declaró probada
la excepción de caducidad frente a las pretensiones relacionadas con el
homicidio del señor Pedro Elías Cabarique Díaz y denegó las demás
pretensiones de la demanda.
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3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva
La Sala estima que no es procedente acceder a la solicitud de
desvinculación del trámite tutelar formulada por el Departamento para la
Prosperidad Social, pues esa entidad integró la parte accionada en el
proceso que dio origen a las providencias debatidas, razón por la cual las
decisiones que resulten del presente trámite constitucional pueden incidir
en sus intereses.
3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.2.1 El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra
providencias judiciales
3.3.2.1.1. La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que
la finalidad de la tutela es la protección urgente e inmediata de los
derechos fundamentales del solicitante, éste debe formularla en un plazo
razonable y proporcionado que se contabiliza a partir del hecho que
originó la amenaza o vulneración de tales derechos, pues aceptar lo
contrario desvirtuaría el carácter excepcional de la acción de tutela.
Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación, mediante sentencia de unificación 6 de 5 de agosto de 2014,
en lo concerniente a la verificación del cumplimiento del requisito de
inmediatez en los casos que se controvierten providencias judiciales,
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01 (M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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consideró que dicha exigencia, por regla general, se debe tener por
cumplida cuando la acción se interpone dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la providencia que se pretende controvertir.
Este plazo, en todo caso, es indicativo, por lo que deberá ser analizado
en cada caso particular, teniendo en consideración las circunstancias
especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.
A este mismo respecto, en sentencia SU-354 de 2017, la Corte
Constitucional destacó que la importancia de exigir un término razonable
entre la notificación de la sentencia que se controvierte y la interposición
de la acción de tutela radica en que dicho requisito: “[…] (i) garantiza una
protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a
atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y
(iv) desestima las solicitudes negligentes[…]”. En adición, la corporación
reiteró que no existe un término de caducidad para acudir al amparo
constitucional, de manera que cada caso debe ser analizado en concreto,
teniendo en cuenta todos los matices y circunstancias que puedan
presentarse en el curso de los hechos.
Por lo mismo, la Corte Constitucional ha establecido criterios
excepcionales para valorar la admisibilidad de una acción de tutela
presentada luego de que hubiese transcurrido un período superior al
razonable desde que comenzó la vulneración o amenaza de derechos que
se reclama. En ese orden de ideas, uno de tales criterios excepcionales es
el relativo a que el escrito de demanda despliegue un mínimo de carga
argumentativa en aras de acreditar: (i) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; (ii) si esta inactividad vulnera el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si
existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el fundamento de
la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy
alejado de la fecha de interposición.
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Una vez verificado lo anterior, el juez constitucional deberá examinar las
circunstancias propias del caso objeto de su estudio, en aras de establecer
si éstas se adecúan a los criterios excepcionales fijados por la Corte
Constitucional, los cuales pueden responder a parámetros de índole
subjetiva u objetiva según corresponda, a saber: El subjetivo, es aquel
que se circunscribe a las condiciones especiales del sujeto o sujetos que
instauran la acción de tutela. Así pues, el juez constitucional deberá
evaluar: (i) si el demandante pertenece a un grupo vulnerable; (ii) si de
conformidad con la situación personal o coyuntural del actor no era
posible acudir de forma inmediata al juez constitucional; (iii) si el
accionante se encuentra en condiciones de aislamiento geográfico o de
vulnerabilidad económica que le impidieron ejercer la tutela; (iv) si está
en estado de indefensión que le impidió hacer uso de la acción de tutela,
y (v) si la vulneración a los derechos fundamentales ha sido permanente
en el tiempo. Por su parte, el criterio objetivo hace referencia a aquellos
eventos en que la Corte Constitucional haya expresamente determinado
un plazo especial para la interposición del amparo dada las condiciones
propias del caso en concreto.
3.3.3. Caso concreto
En el asunto bajo examen, la Sala advierte que los accionantes atacan la
sentencia del 28 de octubre de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, que declaró parcialmente probada la
excepción de caducidad y denegó las pretensiones de la demanda de
reparación directa adelantada bajo el radicado número 68001 23 33 000
2017 00203 00/01.
Dicha providencia fue notificada a la parte demandante a través de
mensajes de datos el 20 de noviembre de 20247, y a su vez, la solicitud
de amparo fue radicada mediante mensaje de datos el 4 de junio de
7
De acuerdo con los archivos “Soporte notificación Sentencia de fecha 2(.pdf))”, obrantes en los índices 36 y
37 del proceso ordinario de segunda instancia en el aplicativo SAMAI.
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20258, es decir, seis meses y siete días después. Por lo tanto, es claro
que se superó el lapso que la jurisprudencia constitucional ha estimado
como razonable para la interposición de las acciones de tutela contra
providencias judiciales.
En tal sentido, resulta pertinente enfatizar que la actuación desplegada
por la actora no es razonable ni proporcional, pues lo que se persigue a
través de la acción de tutela es la protección urgente e inmediata de los
derechos fundamentales que se estiman conculcados, lo que supone y
amerita una gestión diligente de su parte.
Frente a la demora en la presentación de la solicitud de amparo, la parte
accionante no expuso ninguna justificación.
Ahora bien, respecto a la inmediatez, cabe tener en cuenta que esta
Sección, en sentencia del 26 de septiembre de 20249, analizó una acción
de tutela en la que se atacaban providencias judiciales que habían
resuelto sobre las pretensiones del medio de control de reparación directa
promovido por hechos relacionados con el desplazamiento forzado, y
aplicó el criterio fijado por la Sala Plena del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, ya reseñada, advirtiendo
que no estaba justificada la radicación de la solicitud de amparo fuera del
plazo razonable de seis meses establecido por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y la de esta corporación.
Además, en la sentencia T-004 de 2025, la Corte Constitucional reiteró su
jurisprudencia10 que ha señalado que el plazo razonable para solicitar el
amparo de derechos fundamentales que presuntamente han sido
vulnerados por providencias judiciales es de seis meses, aun cuando la
controversia se origine en hechos catalogados como delitos de lesa
humanidad.
8
Índice 2 del expediente de tutela en SAMAI (archivo “2ED_CorreoElectronico(.pdf) NroActua 2(.pdf))”.
9
Radicado 11001-03-15-000-2024-04566-00, M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes
10
Sentencia SU-108 de 2018 y SU-108 de 2018.
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Siendo así, la Sala encuentra que esta acción de tutela no cumple con el
presupuesto de inmediatez en relación con los fallos cuyos fundamentos
se atacan, razón por la cual resulta completamente innecesario el estudio
sobre el posible cumplimiento de los restantes presupuestos generales de
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por el Departamento para la Prosperidad Social.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por Gladis Cabarique Vásquez, Sofia Cabarique Vásquez, Leonor
Cabarique Vásquez, Elsa Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez,
Egidio Cabarique Vásquez, Pedro Cabarique Vásquez, Dayanne Luz Plata
Cabarique y Claret Janitza Plata Cabarique, contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, y el Tribunal Administrativo de Santander.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Accionante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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