Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03437-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03437-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03437-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-03437-01
Demandante GLADIS CABARIQUE VÁSQUEZ Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Y
OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Defecto por desconocimiento del precedente.
Caducidad de la acción en eventos que involucran crímenes de lesa
humanidad. Condena en costas en sentencia de segunda instancia.
Víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el apoderado de los señores Gladis
Cabarique Vásquez y otros, contra el fallo de tutela del 10 de julio de 2025, proferido
por la Sección Primera del Consejo de Estado, que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada
por el Departamento para la Prosperidad Social.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Gladis
Cabarique Vásquez, Sofia Cabarique Vásquez, Leonor Cabarique Vásquez, Elsa Cabarique
Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez, Egidio Cabarique Vásquez, Pedro Cabarique Vásquez,
Dayanne Luz Plata Cabarique y Claret Janitza Plata Cabarique, contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, y el Tribunal Administrativo de Santander. […]»
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 4 de junio de 20251, los señores Gladis Cabarique Vásquez, Sofia Cabarique
Vásquez, Leonor Cabarique Vásquez, Elsa Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique
Vásquez, Egidio Cabarique Vásquez, Pedro Cabarique Vásquez, Dayanne Luz
Plata Cabarique y Claret Janitza Plata Cabarique, actuando a través de apoderado
judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander
y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
verdad y a la justicia con la sentencia del 18 de noviembre de 2021 y del 28 de
octubre de 2024 en el medio de control de reparación directa 68001-23-33-000-2017-
00203-00/01.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: SIRVASE (sic) SEÑOR JUEZ: TUTELAR la vulneración, a la REPARACIÓN
ADMINISTRATIVA, DERECHO A LA IGUALDAD, en conexidad con los DERECHOS A LA
VERDAD Y A LA JUSTICIA, a la Reparación Integral de las víctimas de desplazamiento
forzado Y HOMICIDIO, GLADIS CABARIQUE VASQUEZ (sic), SOFIA CABARIQUE
VASQUEZ (sic), LEONOR CABARIQUE VASQUEZ (sic), ELSA CABARIQUE VASQUEZ
(sic), ARIEL CABARIQUE VASQUEZ (sic), EGIDIO CABARIQUE VASQUEZ (sic), Y PEDRO
CABARIQUE VASQUEZ (sic), Y DAYANNE LUZ Y CLARET JANITZA PLATA CABARIQUE
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Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2025-03437-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03437-01
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
(Representan a su madre LUCILA CABARIQUE VASQUEZ (sic)) dentro del proceso de
tutela que nos ocupa, y por tanto la ausencia de garantía del goce efectivo de éste derecho,
en conexidad con los derechos a la verdad y a la justicia, como viene ordenado por dicha
sentencia y sea aplicada, en este asunto, por el derecho a la igualdad.
SEGUNDO: CONCEDER la acción de tutela de que trata el expediente objeto de esta acción
y proteger el derecho a la reparación integral de la accionante víctimas de desplazamiento
forzado Y HOMICIDIO art. 93 CN, y la sentencia su254/2013, como ACTOS DE GUERRA,
ACTOS DE LESA HUMANIDAD, DAÑOS CONTINUADOS, la ley 1448/2011 art. 3,lo cual
dice la corte constitucional, y en consecuencia, (ii) QUE SE declare la Responsabilidad
patrimonial DE LA DEMANDADA, Y SE CONDENE A PAGAR LOS DAÑOS MATERIALES,
INMATERIALES LUCRO CESANTE, DAÑOS MORALES POR LA MUERTE DEL PADRE
DE LOS ACCIONANTES, DAÑO A LA VIDA RELACION (sic), AFECTACIÓN A BIENES
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS como viene pretendido, (iii)
que mis mandantes sean exonerados del pago de costas en ambas instancias, por ser
personas de especial protección constitucional sentencia SU254/2013.
TERCERO: QUE SE ORDENE A LAS DEMANDADAS SESAR (sic) TODO COBRO por causa
de las costas del proceso contra mis mandantes debido a la gravedad de su estado de salud.»2
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Los señores Gladis Cabarique Vásquez, Sofia Cabarique Vásquez, Leonor
Cabarique Vásquez, Elsa Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez,
Egidio Cabarique Vásquez, Pedro Cabarique Vásquez, Dayanne Luz Plata
Cabarique y Claret Janitza Plata Cabarique promovieron medio de control de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército y Policía
Nacional; la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
UARIV, y el Departamento para la Prosperidad Social DPS, pretendiendo que
se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial, por la muerte
violenta del señor Pedro Elías Cabarique Díaz en hechos ocurridos el 31 de
agosto de 1992, así como el subsiguiente desplazamiento forzado del que
fueron víctimas sus familiares en el municipio de Zapatoca (Santander), por
parte del frente 33 de las FARC.
2.2. En principio el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Quinto
Administrativo de Cartagena3 que, remitió el asunto por competencia al
Tribunal Administrativo de Santander (Expediente 68001-23-33-000-2017-00203-
00).
2.3. El 18 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Santander dictó
sentencia de primera instancia en la que declaró no probada la excepción de
caducidad propuesta por las entidades accionadas, negó las pretensiones de
la demanda y no profirió condena en costas.
Frente a la oportunidad para interponer la demanda de reparación directa, el
tribunal indicó que no se probó que hubiera cesado la circunstancia que
ocasionó el desplazamiento forzado de los accionantes, pues según testigos
«los demandantes han visitado en algunas oportunidades el pueblo (Zapatoca) y que se
encuentran radicados en diferentes zonas del país», por ello se contabilizó el término
de caducidad de 2 años a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia
SU-254 de 2013 (23 de mayo de 2013) dictada por la Corte Constitucional en pro
de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia.
En este sentido, estimó que los demandantes tenían como plazo para
interponer el medio de control hasta el 23 de mayo de 2015, no obstante, la
solicitud de conciliación presentada el 15 de abril de 2015 interrumpió el
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Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2025-03437-00.
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El número de radicado que se le asignó al proceso inicialmente fue 13001-33-33-005-2015-00435-00.
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Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
término hasta el 17 de junio de 2015 (fecha de expedición de la constancia), por
lo que la oportunidad para demandar se extendió hasta el 5 de agosto de
2015 y la demanda fue radicada el 29 de julio de 2015, es decir dentro de la
oportunidad establecida en la ley. Por lo que, procedió a realizar el estudio de
fondo.
Señaló que, aunque se encontró acreditado el daño consistente en la muerte
del señor Pedro Elías Cabarique Díaz y el desplazamiento forzado de los
accionantes, no existía fundamento para condenar a las entidades
demandadas porque no se acreditó el incumplimiento del deber general de
protección de la vida, la honra y los bienes de los demandantes.
Explicó que no existieron elementos que permitieran determinar que la muerte
del señor Pedro Elías Cabarique Díaz fue atribuible a grupos al margen de la
ley, ni se acreditó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que
sucedió el consecuente desplazamiento forzado de sus familiares, que
permitiera concluir que era atribuible al Estado. Por lo que, concluyó que la
parte actora no cumplió con la carga procesal para acreditar los
acontecimientos sobre los cuales fundamentó las pretensiones.
Contra esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.
2.4. En sentencia del 28 de octubre de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado modificó el numeral primero del fallo del 18 de
noviembre de 2021 para, en su lugar, declarar la caducidad de las
pretensiones relacionadas con el hecho victimizante del homicidio del señor
Pedro Elías Cabarique Díaz. A su vez negó las demás pretensiones de la
demanda y condenó en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Consideró que para estudiar si la demanda fue presentada en tiempo, era
necesario tener en cuenta que el hecho dañoso se concretó en dos supuestos
diferentes:
(i) Frente al homicidio del señor Pedro Elías Cabarique Díaz, indicó que los
demandantes tuvieron conocimiento inmediato del suceso el cual
atribuyeron a la guerrilla, lo que demostró, conforme a la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, que el medio de
control se presentó veintitrés años después, cuando ya había ocurrido la
caducidad y tampoco se acreditó que existiera imposibilidad de accionar.
(ii) Respecto al desplazamiento forzado de la familia de la víctima directa,
señaló que si bien la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 hacía
referencia a cualquier asunto en el que se pudiera solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado, lo cierto era que la sentencia más
ajustada al caso resultaba ser la SU-254 de 2013 por referirse puntualmente
al desplazamiento forzado. Por ello indicó que como en este caso no se tenía
certeza de que hubiera cesado el desplazamiento forzado, no era posible
determinar a partir de qué momento debía contarse el término de caducidad,
en consecuencia la Sección Tercera optó por analizar de fondo este
segundo aspecto en aplicación de los «principios de derecho internacional
humanitario- pro homine, pro actione y pro damnato».
Del estudio de fondo explicó que, con la inclusión de los demandantes como
víctimas directas de desplazamiento forzado en el Registro Único de Víctimas
se probó tal condición (salvo Lucila y Pedro Fermín Cabarique Vásquez), así como
también se demostró la existencia del nexo causal entre el daño antijurídico
de desplazamiento forzado y el actuar de un grupo al margen de la ley, en el
marco del conflicto armado colombiano.
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Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Sin embargo, no le resultó imputable al Ejército Nacional ni a la Policía
Nacional la situación dañosa porque no se evidenció que previo a la situación
de desplazamiento hubiera mediado alguna solicitud de protección por parte
de los demandantes, pues no resultaba previsible para las autoridades.
Frente a la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas UARIV, indicó
que si lo pretendido era cuestionar un acto administrativo de esta autoridad el
medio de control indicado era el de nulidad y restablecimiento del derecho y
no la reparación directa. Agregó que no se probó la existencia de un daño
relacionado con la esfera funcional de esa entidad. A igual conclusión se llegó
respecto del Departamento para la Prosperidad Social DPS, pues ni siquiera
es responsable del Registro Único de Víctimas.
Por último, se condenó en costas a la parte demandante, fijando las agencias
en derecho en la suma de $5.655.405, en razón a que el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia no prosperó.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora alegó que las autoridades accionadas debían haber analizado este
caso desde la perspectiva de «actos de guerra, actos de lesa humanidad, daños
continuados» lo cual no ocurrió, pues se pasó por alto que en este caso se estaba
ante víctimas del desplazamiento forzado, desconociendo tajantemente la sentencia
SU-254 de 2013, según la cual, los derechos constitucionales debían ser
interpretados a la luz de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia.
Explicaron que un grupo ilegal ingresó a la residencia rural del señor Pedro Elías
Cabarique Díaz ubicada en el municipio de Zapatoca (Santander), atentaron contra
su vida causándole la muerte; situación que llevó a su familia a desplazarse por la
violencia ubicándose en otros lugares del país.
Precisaron que esta situación es un hecho continuado pues la finca de la que fueron
desplazados continúa en manos del Frente 33 de las FARC, pues durante el
desplazamiento esta propiedad fue vendida de manera irregular (conforme a los
testimonios que se aportaron al proceso ordinario), y aseguraron que los demandados
no probaron lo contrario a esta afirmación en el proceso.
Precisaron que en las sentencias cuestionadas las autoridades accionadas
incurrieron en un defecto orgánico, fáctico y procedimental.
3.1. Defecto orgánico: Se configuró cuando la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado optó por dar aplicación a la normatividad
interna en materia de caducidad del medio de control sin dar la debida
aplicación a las normas internacionales que regulan ese asunto cuando se
trata de crímenes de guerra y de lesa humanidad y actos continuados.
Precisó que el Consejo de Estado «no debió aplicar el DEL orden interno, el Artículo
136. Caducidad de las acciones numeral 8 del CPACA, es decir, el magistrado viola el
Rango constitucional.».
3.2. Defecto fáctico. Afirmaron que tanto el tribunal como el Consejo de Estado
dejaron de valorar las pruebas aportadas en el proceso, específicamente:
(i) El reconocimiento que se le hizo a los demandantes como «Víctimas de
Desplazamiento Forzado, Continuado y homicidio del padre» al punto de que les fue
reconocida la indemnización administrativa.
(ii) El certificado de tradición y libertad (folio 40 y 41), que prueba que la finca «Los
Patios» fue transferida bajo amenazas al señor José del Carmen Velázquez
(anotación N°.7), y que actualmente se encuentra ocupada por este grupo ilegal.
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Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Explicó que de haberse valorado esas pruebas y «aplicado el art. 93 CN, y la
sentencia SU254/2013, COMO ACTOS DE GUERRA, ACTOS DE LESA HUMANIDAD,
DAÑOS CONTINUADOS, la Sentencia de Primera instancia habría sido confirmada.» y no
se les hubiera condenado en costas.
3.3. Defecto procedimental (absoluto y por exceso ritual manifiesto). Que se
materializó cuando las autoridades accionadas consideraron que en este caso
había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control, conforme a
la normatividad interna (artículo 164, numeral 2, literal i)4, pasando por alto que
la situación en estudio era un crimen de guerra o lesa humanidad, que es
imprescriptible desde la perspectiva del derecho internacional, por lo que debió
interpretarse conforme a los tratados de derechos humanos ratificados por
Colombia (artículo 93 de la Constitución Política y sentencia SU 254 de 2013).
Añadieron que si el juez de segunda instancia hubiera realizado un estudio de
fondo habría revocado la decisión del tribunal.
A su vez, manifestaron su inconformidad con la condena en costas en segunda
instancia, cuando no recuperaron la finca y la preocupación de que esa condena
está afectando su salud. Como fundamento citaron los artículos 13, 29, 86 y 93 de
la Constitución Política, las leyes 387 de 1997, 707 de 2001, 1448 de 2011, el
decreto 2591 de 1991 y la sentencia SU-254 de 2013.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 11 de junio de 20255, el despacho ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela presentada por los señores Gladis Cabarique
Vásquez, Sofia Cabarique Vásquez, Leonor Cabarique Vásquez, Elsa
Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez, Egidio Cabarique Vásquez,
Pedro Cabarique Vásquez, Dayanne Luz Plata Cabarique y Claret Janitza
Plata Cabarique contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Se vinculó en calidad de terceros con interés, a la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército y Policía Nacional; a la Unidad para la Atención y Reparación
de las Víctimas UARIV; al Departamento para la Prosperidad Social DPS; y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se ofició al Tribunal
Administrativo de Santander para que allegara el expediente de reparación
directa 68001-23-33-000-2017-00203-00/01. Se reconoció personería al abogado
de los demandantes. Y se ordenó la notificación a las partes.
4.2. El Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional6 rindió informe en el
que manifestó que esta acción es improcedente por no cumplir con el requisito
general de procedencia de la inmediatez.
Explicó que la sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado fue dictada el 28 de octubre de 2024, por lo que al haber radicado
esta acción de tutela el 5 de junio de 2025, se entiende superado el término
de 6 meses que ha establecido la jurisprudencia para discutir providencias
judiciales a través de este mecanismo, pues transcurrieron 8 meses desde que
se resolvió la segunda instancia en el medio de control, sin que se hubieran
planteado los motivos por los cuales se demoró su interposición.
Añadió que la tutela de la referencia resulta temeraria pues los accionantes no
presentaron recurso contra la condena en costas, y ahora pretenden revivir la
discusión que no se planteó con anterioridad.
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Se precisa que los accionantes citaron «el Artículo 136. Caducidad de las acciones numeral 8 del CPACA», no obstante,
se corrigió esa imprecisión.
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Samai, índice 4. Expediente 11001-03-15-000-2025-03437-00.
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Samai, índice 9 y 11. Expediente 11001-03-15-000-2025-03437-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03437-01
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
4.3. El Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional7 indicó que en este
caso no se vulneran los derechos fundamentales alegados por los
accionantes, por lo que no se deben conceder las pretensiones y, en
consecuencia, se debe declarar la improcedencia de la acción.
Indicó que los demandantes siempre tuvieron la posibilidad de acudir a la
administración para instaurar la demanda de reparación directa, sin embargo,
esto solo ocurrió 23 años después de los sucesos, sin que existiera
justificación o prueba que demostrara la imposibilidad material para ejercer su
derecho de acción. Aun así, en el trámite del proceso se evidenció que estos
desplegaron una serie de acciones para el restablecimiento de sus derechos
obviando presentar la demanda de reparación directa en los términos fijados
por los precedentes, por lo que resultó evidente que se configuró la caducidad
del medio de control. De ahí que no sea posible despachar favorablemente las
pretensiones de los accionantes.
Señaló que no se considera que se esté ante el acontecimiento de un perjuicio
irremediable o una amenaza inminente e injustificada, que amerite la
procedencia de la tutela como un mecanismo para acceder al reconocimiento
de las pretensiones solicitadas por los accionantes, pues este es un
mecanismo subsidiario de protección.
4.4. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV8
señaló que tanto el Tribunal Administrativo de Santander como la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado actuaron conforme a derecho,
respetando las formas propias del medio de control, luego no vulneraron los
derechos fundamentales de los accionantes.
Añadió que esta acción de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez
dado que la interposición de la acción de tutela se realizó pasados seis meses
desde la presunta vulneración de los derechos (24 de octubre de 2024). Resaltó
que la sentencia de segunda instancia fue dictada el 24 de octubre de 2024 y
notificada mediante estado de noviembre 22 de 2024, habiendo enviado
previamente comunicaciones el 20 de noviembre de 2024, motivo por el cual
los seis meses vencieron el día 22 de mayo de 2025. De ahí que solicitó la
declaratoria de la improcedencia de la acción.
4.5. El Tribunal Administrativo de Santander9 señaló que lo cuestionado por los
accionantes es la sentencia de segunda instancia dictada por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado al declarar probada la excepción
caducidad de las pretensiones relacionadas con el hecho victimizante del
homicidio del señor Pedro Elías Cabarique Diaz, pues incurrió en un defecto
por desconocimiento del precedente, fáctico y procedimental al no haber
considerado que los actos de guerra y de lesa humanidad constituyen un daño
continuado.
Precisó que la parte actora no realizó ningún reparo respecto de la sentencia
de primera instancia, por lo que no daría argumentos adicionales de defensa,
más allá de indicar que el análisis jurídico y probatorio del caso se encuentra
en el «capítulo V de la sentencia».
Frente a la excepción de la caducidad, recordó que en su oportunidad concluyó
que no había lugar a declararla porque conforme a la sentencia SU-254 de
2013 el término de caducidad por hechos relacionados con el desplazamiento
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Samai, índice 10. Expediente 11001-03-15-000-2025-03437-00.
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Samai, índice 13. Expediente 11001-03-15-000-2025-03437-00.
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Samai, índice 8, 14 y 16. Expediente 11001-03-15-000-2025-03437-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03437-01
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
forzado únicamente podía contabilizarse a partir de la ejecutoria de dicha
decisión judicial (22 de mayo de 2013). Por tanto, como la demanda se presentó
dentro de los dos años siguientes a esa fecha, se estableció que no había
operado este fenómeno.
A su vez, respecto a la responsabilidad se determinó que, si bien se acreditó
el daño derivado de la muerte del señor Cabarique Díaz y el desplazamiento
forzado, ese daño no le era imputable al Estado al no haberse probado las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en donde ocurrieron los hechos, ni se
demostró que las demandadas hubieran desconocido su deber de brindar
seguridad a los demandantes.
Por último, dijo que se debía rechazar por improcedente la solicitud de amparo
al no existir hechos vulneradores de los derechos fundamentales respecto de
la sentencia de primera instancia la cual se dictó con aplicación de la ley y la
Constitución. A su vez adjuntó las piezas procesales del expediente y un
enlace de consulta de este.
4.6. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS10
manifestó que del escrito de tutela no era posible advertir que los accionantes
le hubieran atribuido alguna acción u omisión vulneradora de derechos a esa
entidad y ninguna pretensión fue dirigida contra ellos, por lo que solicitó que
fuera declarada improcedente esta acción y se le desvinculara por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
4.7. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio a pesar de
haber sido notificadas en debida forma11.
5. Providencia impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 10 de julio de
2025, declaró no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por
el Departamento para la Prosperidad Social e improcedente la acción de tutela
porque no satisfacía el requisito de la inmediatez.
Como primer aspecto indicó que no era procedente acceder a la solicitud de
desvinculación del Departamento para la Prosperidad Social, pues ellos integraron
la parte accionada en el proceso que dio origen a las providencias debatidas, luego
las decisiones que resultaran del trámite constitucional podrían tener incidencia en
sus intereses.
Al estudiar el caso concreto precisó que la providencia atacada era la sentencia del
28 de octubre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, en la cual se declaró parcialmente probada la excepción de
caducidad y denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa en el
proceso 68001-23-33-000-2017-00203-00/01. Indicó que esa providencia fue
notificada a la parte demandante el 20 de noviembre de 2024 (índice 36 y 37 de Samai
Consejo de Estado) y la acción de tutela fue radicada el 4 de junio de 2025, es decir
seis meses y siete días después, por lo tanto, se superó el lapso que la
jurisprudencia ha estimado como razonable.
Añadió que, esa misma sección en un caso similar (1001-03-15-000-2024-04566-00) en
donde se atacaban providencias judiciales que habían resuelto sobre las
pretensiones del medio de control de reparación directa promovido por hechos
10
Samai, índice 15. Expediente 11001-03-15-000-2025-03437-00.
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Samai, índice 7. Expediente 11001-03-15-000-2025-03437-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03437-01
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
relacionados con el desplazamiento forzado, aplicó el criterio fijado por la Sala Plena
del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014,
advirtiendo que no estaba justificada la radicación de la solicitud de amparo fuera
del plazo razonable de seis meses. En igual sentido citó la sentencia T-004 de 2025,
dictada por la Corte Constitucional.
Frente a la demora en la presentación de la solicitud de amparo, la parte accionante
no expuso ninguna justificación. En consecuencia, al no cumplirse con el requisito
de la inmediatez era innecesario el estudio sobre el posible cumplimiento de los
demás presupuestos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
6. Impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó el fallo de primera instancia.
Consideró que no fue correcta la decisión que adoptó la Sección Primera del
Consejo de Estado dado que se tomó una fecha errada de notificación de la
sentencia de segunda instancia. Explicó que el fallo que dictó la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado data del 28 de octubre de 2024, y asegura
que solo le «fue notificado al suscrito al suscrito (sic) el día 17/02/2025, notificación que
llegó a mi correo electrónico» («erlinmemedinap@hotmail.com»). Adjuntó un enlace de
consulta de Outlook, y la siguiente captura de pantalla (señaló que allegaba los dos
folios del correo en la página 8 y 9 del escrito de impugnación), así:
Por lo que, el término de los seis meses se debió contabilizar desde el 17 de febrero
de 2025, fecha en la cual «el suscrito y mis mandantes tenían conocimiento de la sentencia
en mención», de ahí que el término para presentar la acción de tutela vencía el 17 de
agosto de 2025, lo que demuestra que esta acción de tutela se presentó dentro del
término de la inmediatez.
Resaltó que no se puede perder de vista que en este caso involucra víctimas de
desplazamiento forzado, lo que implica que se debe dar una protección especial
constitucional. Mencionó la sentencia T-014 de 2025 para referenciar un proceso con
similitud fáctica en donde asegura la orden está dada con efectos inter comunis, por
lo que los hoy accionantes deben ser beneficiarios de esa decisión de la Corte
Constitucional y en consecuencia se debe ordenar a la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado modificar su decisión.
Por último, anexó en la página 8 y 9 del escrito dos capturas de pantalla poco claras,
pero de las cuales se pueden tratar de interpretar su contenido, que están
direccionadas a demostrar la fecha de notificación de una providencia en el medio
de control de reparación directa 68001-23-33-000-2017-00203-00/01.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199112, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y el escrito de impugnación, le
corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera
instancia al declarar improcedente esta acción, por considerar que no se cumplió
12
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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con el requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
De superarse la anterior exigencia y los demás requisitos generales, la Sala pasará
a determinar si la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
incurrió en los defectos especiales alegados con ocasión a las sentencias dictadas
en el mencionado medio de control de reparación directa 68001-23-33-000-2017-
00203-00/01.
En el evento de realizarse el estudio de fondo este se concretará en los cargos
expuestos contra la sentencia de segunda instancia, en tanto que es la que decidió
de manera definitiva la controversia propuesta en el medio de control, delimitación
que obedece a que las inconformidades contra la providencia de primera instancia
se deben presentar ante la autoridad competente en ejercicio del recurso idóneo,
para este caso, el de apelación.
4. Verificación de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales
4.1. En este caso el amparo solicitado gira en torno a una acción de tutela contra
providencia judicial, específicamente contra la sentencia del 28 de octubre de
2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en
la cual se declaró parcialmente probada la excepción de caducidad, se
denegaron las pretensiones de la demanda de reparación directa en el proceso
68001-23-33-000-2017-00203-00/01 y se condenó en costas en segunda
instancia a los demandantes, lo que implica, que tal como lo ha establecido la
jurisprudencia se debe cumplir unos requisitos generales y especiales.
4.2. La parte actora planteó como uno de los argumentos del escrito de
impugnación que no fue correcta la decisión de declarar improcedente la
acción de tutela por considerar que no se cumplió con el requisito de
inmediatez. Indicó que la sentencia de segunda instancia le fue notificada a
los demandantes al correo electrónico el 17 de febrero de 2025, por lo que, el
término de los seis meses se debió contabilizar desde esa fecha, de ahí que
el plazo para presentar la acción vencía el 17 de agosto de 2025, lo que
demostraría que este mecanismo se presentó dentro del término establecido
en la jurisprudencia toda vez que se radicó el 4 de junio de 2025. Como prueba
de su afirmación se aportó: (i) enlace de consulta de Outlook; (ii) una captura
de pantalla de un correo electrónico que data del 17 de febrero de 2025 cuyo
asunto es: «NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2017-00203-00»; y (iii) dos
capturas de pantalla poco claras.
De la revisión del expediente 68001-23-33-000-2017-00203-01 en el Sistema de
Gestión Samai del Consejo de Estado se determinó que la sentencia fue
notificada por estado electrónico el 22 de noviembre de 2024 (Samai, índice 38)13.
A su vez, en el índice 37 de Samai en el trámite de segunda instancia del medio
de control obran las constancias de comunicación que remitió la Secretaría
General al apoderado de los hoy tutelantes con números 116838, 116839,
116840, 116841 y 116842, las cuales le fueron enviadas el 20 de noviembre de
2024 a los correos electrónicos: erlinmedinaperez@gmail.com y
erlinmemedinap@hotmail.com en donde se puso en conocimiento de la parte
demandante la existencia de la sentencia de segunda instancia. De estas
13
Consulta que se puede realizar a través de la siguiente página web: https://samai.consejodeestado.gov.co/Default.aspx /
notificaciones / estados / Consejo de Estado Sección Tercera / magistrado William Edgardo Barrera Muñoz.
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mismas comunicaciones (previas a la fijación del estado) obran las constancias
de entrega (Samai, índice 37).
A su vez, de la revisión de las tres capturas de pantalla que allegó el apoderado
en la impugnación se precisa que estas no corresponden a la notificación que
realizó la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado de la
sentencia de segunda instancia, pues de la imagen Nro. 1 (folio 2 impugnación)
se observa que se trata de un correo electrónico remitido el lunes 17 de febrero
de 2025, que envió la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander
desde el correo electrónico: sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co al apoderado a las
direcciones: erlinmemedinap@hptmail.com y erlinmedinaperez@gmail.com, cuyo asunto
dice «NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2017-00203-00».
Por su parte de las imágenes Nro. 2 y 3, a pesar de que son un poco borrosas,
se logra establecer que corresponden a la notificación del «Auto de Obedézcase
y Cúmplase» que fue notificado el 17 de febrero de 2025.
En efecto al consultar el Samai del Tribunal Administrativo de Santander se
observó que en el índice 112, 115 y 116 obra el auto que ordenó obedecer y
cumplir lo dictado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, junto con la
notificación por estado que se surtió el 17 de febrero de 2025 y la comunicación
enviada en esa misma fecha a los correos.
Por lo anterior, el correo electrónico que recibió el 17 de febrero de 2025 el
apoderado de los hoy tutelantes no corresponde a la notificación de la
sentencia de segunda instancia en el medio de control 68001-23-33-000-2017-
00203-00/01, sino a la notificación que realizó el Tribunal Administrativo de
Santander del auto que ordenó obedecer y cumplir lo ordenado por la segunda
instancia, una vez el expediente regresó del Consejo de Estado.
Como la acción de tutela se radicó el 4 de junio de 2025, es claro que la
petición de amparo se realizó a los 6 meses y 10 días de haber sido notificada,
superando el plazo razonable de 6 meses establecido por la jurisprudencia de
la Sala Plena del Consejo de Estado14 para cuestionar sentencias vía tutela.
Este término se estableció considerando «la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios
contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las
situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad»15.
4.3. Sin embargo, las anteriores reglas de decisión deben analizarse en armonía
con lo establecido por la Corte constitucional en la sentencia SU-391 de 2016
donde aseguró que «no existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de
la razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a
la luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término
razonable».
Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios a considerar: (i) la situación personal del peticionario; (ii)
si la vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la
naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela;
y (v) los efectos de la tutela.
Adicional a lo anterior, en la Sentencia T-619 de 2019 la Corte Constitucional
estimó que «el juez debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por
estar en riesgo la seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado
(6 meses), lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se
14
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
15
Ibidem.
11
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debe acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya
valoración le corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que caractericen al
caso concreto» (negrillas y subrayas intencionales).
Aunado a ello, el máximo tribunal constitucional ha sostenido16 que es posible
flexibilizar el requisito referido cuando el solicitante del amparo sea un sujeto
de especial protección constitucional, en atención al artículo 13 de la
Constitución Política, como lo son, entre otros: los adultos mayores, las
víctimas del conflicto armado, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres
y padres cabeza de familia y las personas en condición de discapacidad.
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde verificar, además
del transcurso del tiempo, si existe alguna de las circunstancias definidas
jurisprudencialmente que permita determinar que la acción de tutela fue
presentada en un término razonable o si existe alguna situación que permita
la flexibilización del estudio de la inmediatez, a pesar de que la solicitud no
haya sido presentada dentro del término de los seis meses.
De acuerdo con lo expuesto, para esta Sala es posible flexibilizar el requisito
de inmediatez al considerar las particularidades de este caso a la luz de los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la jurisprudencia
constitucional citada.
Son varios los factores a considerar en el asunto en estudio y que justifican
que no se aplique con rigurosidad el presupuesto de la inmediatez. En primera
medida, se tiene en cuenta la «situación personal de los peticionarios», pues estos
fueron reconocidos en el proceso ordinario como víctimas del conflicto armado
en tanto padecieron el hecho victimizante de desplazamiento forzado, así lo
reconocieron los jueces de la causa en cada una de las instancias del proceso
ordinario de reparación directa, sumado a la complejidad del proceso que
involucra la situación de desarraigo de una familia que procuraba la reparación
del Estado por los hechos que se describieron en el acápite de antecedentes.
De otro lado, se analizaron «los efectos de la tutela» como se verá más adelante,
en donde se determinó que no se presenta una afectación a los terceros que
tienen una expectativa legítima a que se proteja su seguridad jurídica en caso
de que la acción se declare procedente.
Así las cosas, considerando la calidad de víctimas del conflicto armado de los
demandantes y la complejidad misma del asunto que se expone, esta Sala
estima que es posible flexibilizar en el caso particular el presupuesto de
inmediatez. Más aún cuando se trata de un asunto en el que no transcurrió un
período irrazonable desde que se concretó la vulneración ius fundamental
alegada, pues no se evidencia desproporción en el tiempo que permita concluir
negligencia, desinterés o desidia, pues no se trata de un plazo muy alejado de
la fecha de interposición.
En la sentencia SU-254 de 2013, la Corte Constitucional advirtió la vulneración
múltiple de derechos que implica el fenómeno de desplazamiento forzado y el
estado de vulnerabilidad en el que quedan sus víctimas. Recordemos:
«la jurisprudencia constitucional ha reconocido el drama humanitario que causa el
desplazamiento forzado como un hecho notorio, así como la dimensión desproporcionada del
daño antijurídico que causa este grave delito, el cual ha calificado como (i) una vulneración
múltiple, masiva, sistemática y continua de los derechos fundamentales de las víctimas de
desplazamiento; (ii) una pérdida o afectación grave de todos los derechos fundamentales y
de los bienes jurídicos y materiales de esta población, que produce desarraigo, pérdida de la
pertenencia, de la autonomía personal, y por tanto dependencia, marginalidad, exclusión
social y discriminación de esta población; y (iii) por consiguiente como una situación de
16
Ver entre otras: Corte Constitucional. Sentencias T-678 de 2016, SU-184 de 2019 y T-495 de 2024.
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extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de inusual y gravísima desprotección e
indefensión de las víctimas de este delito.».
Así las cosas, una vez analizadas las particularidades del caso, la Sala tendrá
como superado el requisito de inmediatez, ya que los accionantes gozan de
una especial protección debido a su condición de víctimas del conflicto
armado, además porque se trata de una acción judicial que presenta una
especial complejidad y porque no se presenta una afectación a los terceros
que tienen una expectativa legítima respecto de su seguridad jurídica. De
acuerdo con lo anterior, los 10 días por los que se superó el periodo de 6
meses establecido en la jurisprudencia de esta Corporación, no se traducen
en un lapso desproporcionado ni irrazonable, considerando que no se trata de
una tardanza excesiva y que la tutela fue incoada por víctimas del conflicto
armado.
4.4. Frente a los demás requisitos generales de procedibilidad se estima pertinente
indicar que este caso cumple a cabalidad con cada uno de ellos así: (i) el caso
bajo estudio reviste relevancia constitucional, en la medida en que se invoca
la protección de los derechos fundamentales de los accionantes, quienes
afirmaron ser víctimas de graves violaciones de derechos humanos, pues
entre otros fundamentos alegan el presunto desconocimiento del precedente
jurisprudencial frente a la caducidad del medio de control de reparación directa
en crímenes de guerra y lesa humanidad y la condena en costas en segunda
instancia, situaciones que inciden de manera directa en la garantía de acceso
a la administración de justicia y el derecho al debido proceso; (ii) contra la
sentencia acusada no procede recurso ordinario o extraordinario que permita
la protección de los derechos que se estiman desconocidos; (iii) en el escrito
de tutela se hace una narración clara de los hechos y de los defectos de los
que la parte actora considera que adolece la providencia; (iv) a pesar de que
los accionantes manifiestan la existencia de un defecto procedimental, lo cierto
es que los argumentos que se exponen en este corresponden a un defecto por
desconocimiento del precedente, luego no se advierte una irregularidad
procesal que sea determinante; y (v) finalmente, se observa que la providencia
cuestionada no corresponde a una decisión dictada en trámite de tutela.
5. Alcance de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente
judicial
5.1. Previo a entrar en el estudio del caso se debe precisar que los accionantes
cuestionaron la sentencia del 28 de octubre de 2024 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al considerar que esta autoridad
judicial incurrió en los siguientes defectos: (i) defecto orgánico al optar por dar
aplicación a la normatividad interna en materia de caducidad del medio de
control de reparación directa sin dar prevalencia a las normas internacionales
que se relacionan con crímenes de guerra, de lesa humanidad y actos
continuados, para ello precisó que el Consejo de Estado «no debió aplicar el DEL
(sic) orden interno, el Artículo 136. Caducidad de las acciones numeral 8 del CPACA, es
decir, el magistrado viola el Rango constitucional.»; (ii) defecto fáctico al no valorar
las siguientes pruebas: el reconocimiento que se le hizo a los demandantes
como «Víctimas de Desplazamiento Forzado, Continuado y homicidio del padre» al punto
de que les fue reconocida la indemnización administrativa; y el certificado de
tradición y libertad (folio 40 y 41), que prueba que la finca «Los Patios» fue
transferida bajo amenazas al señor José del Carmen Velázquez (anotación N°.7),
y que actualmente se encuentra ocupada por este grupo ilegal. Explicó que de
haberse valorado esas pruebas y «aplicado el art. 93 CN, y la sentencia SU254/2013
[…] la Sentencia de Primera instancia habría sido confirmada.» y no se les hubiera
condenado en costas; y (iii) defecto procedimental al señalar que en este caso
había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control, conforme a
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la normatividad interna «el Artículo 136. Caducidad de las acciones numeral 8 del
CPACA», pasando por alto que la situación en estudio era un crimen de guerra
o lesa humanidad, que es imprescriptible desde la perspectiva del derecho
internacional, por lo que debió interpretarse conforme a los tratados de
derechos humanos ratificados por Colombia (artículo 93 de la Constitución Política y
sentencia SU 254 de 2013).
Sin embargo, los argumentos expuestos en el defecto orgánico y
procedimental no corresponden en esencia a cada una de estas causales
específicas, sino a un defecto por desconocimiento del precedente judicial
respecto a la aplicación de la sentencia SU-254 de 2013 dictada por la Corte
Constitucional, pues lo cuestionado es la forma en la que se le dio aplicación
al término de caducidad del medio de control de reparación directa dando
prelación del ordenamiento interno, específicamente «el Artículo 136. Caducidad
de las acciones numeral 8 del CPACA», omitiendo las normas internacionales que se
relacionan con crímenes de guerra, de lesa humanidad y actos continuados.
Por esta razón, la Sala estudiará los planteamientos de los accionantes
respecto a estos defectos desde la perspectiva del desconocimiento del
precedente judicial.
5.2. Ahora bien, el defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario
que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna
manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión
que se cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo
probatorio en que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta
absolutamente inadecuado para el caso concreto17.
La jurisprudencia constitucional ha indicado que, la acción de tutela contra
providencias judiciales es de carácter «estrictamente excepcional»18 a fin de
proteger los principios de autonomía, especialidad e independencia judicial,
así como los de seguridad jurídica y cosa juzgada. En consecuencia, es
pacífico concluir que los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Dicho esto, es dable declarar que el estudio de la acción de tutela adquiere
especial connotación y se torna más riguroso frente al defecto fáctico, pues es
pacífico19 que el juicio de valoración probatoria desplegado por el juez natural
de la causa está prevalido de un amplio margen de discrecionalidad propio del
sistema de libre valoración acogido en el Código General del Proceso20.
Lo anterior no quiere decir que aquella discrecionalidad sea ilimitada, es decir,
no equivale a arbitrariedad o capricho, lo que implica es que corresponde al
juez de la causa analizar y establecer si una hipótesis fáctica está o no
respaldada en las pruebas del proceso. En este ejercicio de análisis y
apreciación debe servirse de las reglas de la sana crítica21 y la exigencia de
necesidad de la prueba y motivación de la decisión.
17
Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de
hecho, pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.
18
Sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
19
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-129 de 2021. M.P. Jorge Enrique Ibáñez (párr. 56); sentencia SU132 de
2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis; sentencia T-117 de 2013 M.P. (acápite 3.4)
20
Artículos 165. Medios de prueba y 176. Apreciación de las pruebas.
21
Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994.
14
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Establecido lo anterior, es útil recordar que el defecto fáctico22 tiene dos
dimensiones: la negativa que se produce por omisiones del juez, como por
ejemplo, (i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso23; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión24; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo25.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión26;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia27.
5.3. Los accionantes afirman que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C incurrió en un defecto fáctico, en la dimensión negativa, porque
no valoró algunos documentos que, en su concepto, eran relevantes en su
caso.
Los mencionados documentos son los siguientes: (i) el reconocimiento que se
le hizo a los demandantes como «Víctimas de Desplazamiento Forzado, Continuado y
homicidio del padre» al punto de que les fue reconocida la indemnización
administrativa; y (ii) el certificado de tradición y libertad (folio 40 y 41), que prueba
que la finca «Los Patios» fue transferida bajo amenazas al señor José del
Carmen Velázquez (anotación N°.7), y que actualmente se encuentra ocupada
por este grupo ilegal.
Sea lo primero indicar que en la sentencia del 28 de octubre de 2024 la
autoridad accionada en sus consideraciones determinó que el hecho dañoso
en este caso se concretaba en dos supuestos diferentes, de un lado frente a
«las pretensiones relacionadas con el homicidio del señor Pedro Elías Cabarique Díaz» y
del otro respecto a las «pretensiones relacionadas con el desplazamiento forzado».
Al realizar el estudio de la caducidad respecto al homicidio se indicó que una
de las pruebas que se tuvo en cuenta para determinar la fecha desde la cual
se tenía conocimiento del hecho fue la demanda en la que se indicó que los
hechos «habían sido puestos en conocimiento de la Unidad de Víctimas e incluidos en
el Registro Único de Víctimas». Por su parte en el estudio de la caducidad en los
hechos relacionados con el desplazamiento forzado se tuvieron como pruebas
que los demandantes son víctimas de desplazamiento el «documento aportado
por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, identificado con el número F-
OAP-018- CAR […] en cuyo contenido consta que los demandantes, a excepción de Lucila
y Pedro Cabarique Vásquez, se encontraban incluidos en el Registro Único de Víctimas
por el hecho victimizante del desplazamiento forzado» (Énfasis propio).
A su vez, la Subsección C de la Sección Tercera en el estudio del daño para
establecer la condición de víctimas directas de desplazamiento forzado analizó
como medio probatorios el documento F-OAP-018-CAR aportado por la
Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, el Registro Único de
Víctimas, los testimonios de los señores Orfelia Vásquez Rueda, Josué
Acevedo Gómez, y José Vicente Rondón Vásquez, como se observa a
continuación (Nro. 31):
22
Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
23
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
24
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
25
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
26
Ibidem. Óp. Cit. 10
27
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.
15
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Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
«- Documento aportado por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas,
identificado con el número F-OAP-018-CAR, con asunto Respuesta decreto de pruebas
audiencia inicial, del 22 de junio de 2021, se informó que por el hecho victimizante del
desplazamiento forzado las siguientes personas se encontraban en estado “incluido” en el
Registro Único de Víctimas: […]
33. Visto lo anterior, la Sala constata la condición de desplazados forzados de la señora
Gladys Cabarique Vásquez, Sofía Cabarique Vásquez, Leonor Cabarique Vásquez, Elsa
Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez, Egidio Cabarique Vásquez, por motivo de la
muerte violenta de su padre, señor Pedro Elías Cabarique Díaz acaecida a inmediaciones de
su lugar de residencia. Situación que se demostró con la inclusión de los mismos como
víctimas directas de desplazamiento forzado en el Registro Único de Víctimas. […]
39. En síntesis, siendo la inclusión en el Registro Único de Víctimas, la prueba a la que esta
Sala le ha otorgado el mayor peso acreditativo frente a la condición de desplazados forzosos
de Gladys Cabarique Vásquez, Sofía Cabarique Vásquez, Leonor Cabarique Vásquez, Elsa
Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez, Egidio Cabarique Vásquez, una vez valorados
los testimonios, la Sala también les otorga credibilidad -a excepción del testigo Rondón
Vásquez dado su carácter confuso y contradictorio- , en la medida en que sirven para apoyar
y dilucidar los hechos por los que los prenotados demandantes fueron reconocidos en el
Registro Único de Víctimas.» (Énfasis propio)
La autoridad judicial accionada concluyó de estos medios probatorios que el
núcleo familiar se desplazó, algunos para la costa y otros se quedaron en la
zona urbana del municipio, pero en todo caso abandonaron la finca en la que
residían con su padre, situación que constituyó un desplazamiento forzado al
existir desarraigo del hogar.
Lo anterior demuestra que el juez de segunda instancia sí valoró el « Registro
Único de Víctimas» e indicó que era la prueba a la que mayor valor se le dio para
determinar la existencia del daño respecto de seis de los demandantes, lo que
demostraba que fueron víctimas de desplazamiento forzado. Incluso esa
prueba fue utilizada para acreditar el nexo causal entre el desplazamiento
forzado y el accionar de grupos al margen de la ley, pues se precisó que
cuando se trata de hechos relacionados con el desplazamiento forzoso la
jurisprudencia ha atenuado la carga probatoria, ya que no se exige con rigor
una prueba que lleve al mismo grado de certeza como se requiere en otros
escenarios de responsabilidad del Estado, para ello la Sección Tercera indicó
que: «cuando se trata de situaciones tales como el desplazamiento forzado, el juez
administrativo deberá recurrir a todos los medios probatorios disponibles
(flexibilización de la admisión de las pruebas) y a una valoración de las pruebas con
base en el criterios flexibles y razonables, que le permitan formar su criterio respecto
de la responsabilidad del Estado en circunstancias en las que se han presentado
graves violaciones de derechos humanos y en las que comporten un acervo que
resulte débil en atención a las circunstancias de la víctima.», en consecuencia se
concluyó que:
« Como se advirtió, es la inclusión en el Registro Único de Víctimas lo que acredita con mayor
fuerza el nexo causal entre el desplazamiento forzado y el accionar de grupos al margen de
la ley, en virtud de que el mismo está dirigido a víctimas del conflicto armado, situación que,
de no haberse verificado por parte de la Unidad de Víctimas, la inclusión hubiera sido negada
y, en este punto, las declaraciones testimoniales prenotadas solo contribuyen a que esta Sala
tenga claridad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron a la Unidad de
Víctimas a tener a los demandantes por víctimas del desplazamiento forzado, producto del
accionar de un grupo al margen de la ley en el marco del conflicto armado y que no se debió
a causas ajenas a este escenario.».
Respecto de la prueba del certificado de tradición y libertad de la finca «Los
Patios», se debe indicar que los accionantes cuestionaron la ausencia de
valoración respecto de los jueces de ambas instancias. Sin embargo, como se
precisó en el problema jurídico el estudio se centraría en el análisis del juez de
segunda instancia.
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Lo anterior no obsta para mencionar que esta prueba fue tenida en cuenta por
el Tribunal Administrativo de Santander cuando se enunciaron los «Hechos
relevantes probados», así: «Certificado de tradición del inmueble identificado con
matrícula 326-212 en el que se indica que el 11 de julio de 1994 se realizó compraventa
del inmueble al a señor José del Carmen Velásquez» información que se utilizó por
tal autoridad judicial para determinar que no se logró probar que hubiera
cesado las circunstancias que dieron lugar el desplazamiento forzado.
Por su parte el Consejo de Estado, no hizo una mención particular de esta
prueba, sino que resolvió cada uno de los cargos planteados en el recurso de
apelación mediante la utilización de otros medios probatorios que fueron
tenidos como tales desde la primera instancia, lo que permitió llegar a las
conclusiones obtenidas. Se debe indicar que lo que no se logró probar en el
caso fue la imputación al Estado, situación que no era posible haber
demostrado con esta prueba.
En consecuencia, esta Sala considera que no se concreta la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia desde el defecto fáctico alegado.
5.4. El defecto por desconocimiento del precedente judicial alude a que un
caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y sirve como referente para que
se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia,
debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia
del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la
autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por
tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial
que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente vinculante
(contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el juez de instancia no
presente una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.
La Corte Constitucional ha distinguido dos tipos de precedente: el horizontal y
el vertical. Los jueces incurren en desconocimiento del precedente horizontal
cuando se alejan de las tesis desarrolladas en sus propias decisiones 28. De
otra parte, el precedente vertical refiera a los lineamientos establecidos por
instancias superiores, es decir, por los órganos de cierre de cada jurisdicción
o por la Corte Constitucional29.
Entonces, por regla general, corresponde a las autoridades judiciales, en
garantía del derecho a la igualdad, seguir el principio o reglas de decisión
establecidas previamente en casos similares; no obstante, es posible que los
jueces se aparten del precedente vigente siempre que cumplan con las cargas
de transparencia y suficiencia para tal fin.
La carga de transparencia exige exponer de manera clara, precisa y detallada
cual es y en qué consiste el precedente del que se aparta. De otra parte, la
carga de suficiencia argumentativa supone que el operador judicial presente
razones «especialmente poderosas», que no simples desacuerdos que
justifiquen el apartamiento y la afectación de los principios de seguridad
jurídica, igualdad, buena fe y coherencia. Asimismo, la jurisprudencia
28
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-029 de 2024.M.P. Jorge Enrique Ibáñez.
29
Cfr. Corte Constitucional de Colombia. SU113 de 2018; T-309 de 2015 y T-794 de 2011.
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constitucional exige que el juez justifique por qué la tesis disidente desarrolla
de mejor manera el contenido de los derechos fundamentales en litigio.
5.5. Ahora bien, en lo referente al defecto por desconocimiento del precedente
judicial esta Sala no comparte los planteamientos de los demandantes según
los cuales la Sección Tercera del Consejo de Estado no dio aplicación a la
sentencia SU-254 de 2013 dictada por la Corte Constitucional, como pasa a
explicarse.
De la sentencia del 28 de octubre de 2024 se advierte que la subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado al realizar el análisis de la caducidad
por el hecho del desplazamiento forzado, precisó que este asunto tiene un
tratamiento especial por parte de la ley y la jurisprudencia. Al respecto indicó
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013 unificó la regla de
conteo de la caducidad para acciones derivadas de los hechos de
desplazamiento forzado, así:
«VIGÉSIMO CUARTO. - DETERMINAR que para efectos de la caducidad de futuros procesos
judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población
desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de
tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección
constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad
manifiesta.»
Por lo que, los interesados cuyos hechos hubieran ocurrido antes de la
ejecutoria de la sentencia (19 de mayo de 2015) tenían hasta esa fecha para
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, salvo que el hecho del
desplazamiento forzado no hubiera cesado.
A su vez, señaló que no pasaba por alto la existencia de la Sentencia de
Unificación del 29 de enero de 2020 que en relación con la caducidad de las
pretensiones indemnizatorias formuladas en casos de delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra resultaba aplicable el término establecido por
la ley, salvo en casos de desaparición forzada, y para ello transcribió la regla
de unificación de la sentencia así:
«UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la
caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales
eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo,
salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término
pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente
el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.».
Sin embargo, a renglón seguido la Subsección C precisó que la regla
establecida en la sentencia del 29 de enero de 2020 no aplicaba en este caso
porque «no obran elementos para colegir que frente a este hecho se ha configurado la
caducidad del medio de control, pues, como se advirtió, con fundamento en la ya citada
Sentencia de Unificación 254 del 24 de abril de 2013 y las providencias del Consejo de
Estado, cuando se trata de un hecho continuado, como el desplazamiento forzado, el
término de caducidad no empieza a contar hasta cuando el mismo no cesa, situación,
esta última, de la cual no se tiene certeza en el sub lite. En consecuencia, la Sala
considera que se debe analizar de fondo el asunto bajo estudio, como garantía del
derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes» (Énfasis propio).
Lo que demuestra que la autoridad accionada dio aplicación al precedente
aplicable al caso, al punto de que frente a este hecho dañoso aplicó la
sentencia SU-254 de 2013 al considerar que en el caso de los demandantes
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no existía certeza de que el desplazamiento forzado hubiera cesado, por lo
que no era posible realizar el conteo del término de la caducidad y, en su lugar,
como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia se
realizaría el estudio de fondo, como en efecto se realizó.
De igual forma al realizar el estudio de la caducidad del medio de control del
hecho victimizante del homicidio del señor Pedro Elías Cabarique Díaz se citó
la mencionada Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 proferida
por el Consejo de Estado, en donde se expuso que la postura allí fijada
indicaba que mientras no se cuente con los elementos que permitan inferir que
el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y que le
es imputable, el plazo de caducidad de la reparación directa no resulta exigible,
pero si el interesado estaba en condiciones de inferir tal situación y no acudió
a la jurisdicción, el juez debía declarar que el derecho de acción no se ejerció
en tiempo, regla que sería aplicable a «todos los asuntos de reparación directa, al
margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el
Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 establecen una regla especial frente a estas
conductas, salvo lo referente al delito de desaparición forzada» (Énfasis propio), postura
que aseguró fue reiterada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 312
de 2020.
Teniendo como presupuesto lo anterior, la Subsección C indicó que conforme
al registro civil de defunción, el acta de levantamiento del cadáver (pruebas que
fueron aportadas con la demanda), los testimonios de los señores José Vicente
Rondón Vásquez, Orfelia Vásquez Rueda y Josué Acevedo Gómez, y los
hechos de la demanda en donde se mencionó que se puso en conocimiento
de la Unidad de Víctimas «e incluidos en el Registro Único de Víctimas», se pudo
determinar que las personas cercanas al señor Pedro Elías Cabarique Díaz
tenían conocimiento del suceso y de «la conjetura de que los autores de este acto
habían sido integrantes del grupo al margen de la ley conocido como “la guerrilla” », lo
que demostraría que el medio de control respecto de este hecho se presentó
cuando ya había ocurrido la caducidad, esto en los siguientes términos:
«Esto, por cuanto, desde el 31 de agosto de 1992, los demandantes contaban con el
conocimiento del hecho, infirieron que éste había sido causado por un grupo al margen de la
ley y que, en esta medida, el Estado podría tener responsabilidad, en razón a una posible
omisión de protección, sin que presentaran prueba que acreditara la imposibilidad de llegar a
dicho conocimiento, por lo que desde la fecha indicada “los interesado[s] estaba[n] en
condiciones de inferir tal situación y, pese a ello no acudieron a esta jurisdicción” y tampoco
allegaron pruebas que demostraran que se encontraban en una imposibilidad material para
accionar
10. Todo lo contrario, el hecho de que la demanda se hubiera presentado veintitrés años
después de los sucesos no fue justificado, solamente se intentó argumentar que no había
lugar a declarar la caducidad por el solo hecho de que el homicidio del señor Cabarique Díaz
tenía la entidad de ser un delito de lesa humanidad. No obstante, tal como esta Corporación
estableció en el referido fallo de unificación, la caducidad “resulta aplicable a todos los asuntos
de reparación directa, al margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes
de guerra, pues ni el Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 establecen una regla especial
frente a estas conductas, salvo lo referente al delito de desaparición forzada.”» (Énfasis propio)
Y se explicó que, si bien los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en
materia penal, no implica que lo fueran también en la acción patrimonial que
conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo por la eventual
responsabilidad del Estado, pues se tratan de dos materias jurídicas
independientes.
Todo lo anterior, demuestra que la Subsección C de la Sección Tercera estudió
de forma independiente cada uno de los dos supuestos que configuraron el
hecho dañoso y en cada uno de ellos dio aplicación a la jurisprudencia
correspondiente según el caso, como se acaba de mencionar.
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Por lo que, esta Sala considera que el juez de segunda instancia en el medio
de control sí dio aplicación a la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte
constitucional, contrario a lo afirmado por los accionantes, pues se determinó
que en efecto se trataba de un caso de desplazamiento forzado en donde no
existía certeza de que este hubiera cesado, razón por la cual no se declaró la
caducidad y se procedió a realizar el estudio de fondo en lo referente a este
hecho, lo que resulta más favorable a los demandantes.
Por su parte, en lo relacionado con el homicidio expuso las razones por las
cuales le era aplicable la regla fijada en la Sentencia de Unificación del 29 de
enero de 2020 según la cual al tenerse conocimiento de los hechos se contaría
el término de caducidad establecido por el legislador para el medio de control
de reparación directa, dado que en este evento no es posible aplicar la misma
regla que fijó la sentencia SU-254 de 2013 únicamente para el desplazamiento
forzado.
Se debe precisar que si bien en el escrito de tutela los accionantes
manifestaron su inconformidad con la aplicación del «Artículo 136. Caducidad de
las acciones numeral 8 del CPACA», lo cierto es esa norma correspondía al Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), norma que fue derogada y no
es aplicable al caso, no obstante, esta Sala interpreta que la referencia que se
pretendía hacer es al numeral 2, literal i) del artículo 164 del CPACA, el cual fija
la regla general del término de 2 años para demandar en ejercicio del medio
de control de reparación directa contados a partir del momento en el que los
demandantes tuvieron conocimiento de la acción causante del daño, pero que
ha sido desarrollado por la jurisprudencia para determinar ciertas reglas, como
las mencionadas anteriormente en la sentencia SU-254 de 2013 y en la
Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020.
Luego no se advierte que haya existido una indebida aplicación del precedente
en el caso en estudio.
5.6. Frente al argumento de que en el caso en estudio no se dio aplicación a los
efectos inter comunis de la sentencia T-014 de 2025 dictada por la Corte
Constitucional, la cual aseguran tiene similitud fáctica con el caso en estudio,
en primer lugar, se debe indicar que este resulta ser un nuevo argumento que
se planteó en el escrito de impugnación y que no fue propuesto en el escrito
inicial.
No obstante, de la revisión de la sentencia T-014 de 2025 de la Corte
Constitucional se advierte que no guarda identidad fáctica con la situación en
estudio pues si bien trata de un grupo de víctimas de desplazamiento forzado
que demandaron en ejercicio del medio de control de reparación directa, en
donde en primera y segunda instancia del proceso contencioso se negaron las
pretensiones de la demanda al considerar que los hechos alegados no estaban
probados y que no se demostró el daño consistente en el desplazamiento
forzado; ante ello en el trámite de la acción de tutela contra las providencias
judiciales ordinarias se amparó y se ordenó dictar una sentencia de reemplazo
teniendo en cuenta criterios de flexibilización probatoria; frente a lo cual la
autoridad judicial ordinaria negó nuevamente las pretensiones; por lo que, se
presentó una segunda acción de tutela que fue revisada por la Corte
Constitucional en la que se «ordenó que se profiriera un fallo de reemplazo que tuviera
en cuenta criterios de flexibilización probatoria»; respecto a lo cual la autoridad
judicial ordinaria negó las pretensiones nuevamente; luego se presentó una
tercera acción de tutela que fue objeto de revisión por la Corte Constitucional
ordenando «al Tribunal Administrativo de Bolívar proferir una nueva decisión de
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reemplazo, en un término perentorio, que se base en unos parámetros específicos
desarrollados en la parte considerativa y resolutiva de esta providencia».
Frente al anterior recuento de los hechos del caso estudiado por la Corte, se
debe indicar que no es posible realizar un estudio de fondo en el caso de la
señora Cabarique y otros como se pretende pues no se superaron los
requisitos generales de procedibilidad como se mencionó en el numeral
anterior.
Adicionalmente, en el caso de la Corte Constitucional no se debatió el tema de
la caducidad pues se estudió el asunto de fondo, mientras que en el caso de
la señora Gladis Cabarique Vásquez y otros el asunto giró en gran medida en
la determinación de la existencia de caducidad del medio de control de
reparación directa. Aspectos que hacen que ambos casos resulten diferentes
y que no sea posible acceder a las pretensiones de esta acción.
6. De la condena en costas a los demandantes
Por último, otro de los argumentos de disenso de esta acción de tutela fue la
condena en costas en segunda instancia, pues manifestaron que no lograron
recuperar la finca y se les condenó en costas cuando son víctimas de
desplazamiento forzado, sumado a que la preocupación de la condena está
afectando su salud.
Debe decirse que las costas procesales corresponden a las erogaciones
económicas que debe efectuar la parte que resulte vencida en un proceso judicial y
que se corresponden con las expensas asumidas por la contraparte (pagos por
honorarios de peritos, traslado de testigos, publicaciones, emplazamientos,
etcétera) y las agencias en derecho (honorarios de abogados).
La condena en costas busca, entre otras, «evitar el crecimiento desmesurado de la
litigiosidad, impedir que los ciudadanos arrojen sobre audiencias y juzgados una masa de pleitos
insostenibles que harían insostenible la misma administración de justicia; por esta razón las
legislaciones mantienen la onerosidad de los procesos, pero dentro de este sistema hay que
buscar una fórmula que haga posible el acceso a la justicia de quienes no pueden pagar las
costas»30.
El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
relativo a la condena en costas, dispone:
«Artículo 188. – Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Esta norma establece, entonces, que la condena en costas debe ser un asunto
sobre el cual el juez disponga en la sentencia, de acuerdo con las normas del
Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso.
Por su parte, el artículo 365 del CGP fija las reglas a las que se sujetará la condena
en costas, en los siguientes términos:
«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión
que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
30
De Casso Alberto, Las Litis Expensas, Ed. Nauta, Barcelona, 1964, páginas 16 y 17.
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Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo
de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar
en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará
en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán
distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos
se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las
liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin
embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o
transacción.»
Es del caso resaltar que en la Corporación actualmente no existe un criterio
unificado ni una línea decisoria pacífica en cuanto a la imposición de costas en el
proceso contencioso administrativo, a partir de la interpretación del artículo 188 del
CPACA. Por el contrario, existen varias interpretaciones actuales y divergentes,
respecto del contenido de ese artículo que regula la condena en costas en el
proceso contencioso administrativo, de las cuales se destacan dos:
(i) La que defiende la tesis según la cual, la imposición de costas en los procesos
contencioso administrativo se rige por el criterio objetivo, esto es, que al juez
le corresponde imponer las costas a la parte vencida; y
(ii) La interpretación que defiende el criterio objetivo valorativo, según el cual,
corresponde al juez disponer de la condena en costas, esto es, si las impone
o no en el respectivo proceso, y además lo habilita para analizar aspectos
como la conducta y calidad de las partes en el proceso y la real causación y
acreditación de las costas en el expediente.
Ahora bien, específicamente tratándose de casos que persiguen el resarcimiento a
las víctimas del conflicto armado colombiano, en la sentencia SU-241 de 2024 la
Corte Constitucional fijó una regla puntual para la condena en costas en esos
asuntos.
En esa sentencia los accionantes, quienes fueron víctimas de desplazamiento
forzado, alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso efectivo a la administración de justicia y a la reparación integral.
Controvirtieron la decisión de segunda instancia que revocó el fallo en el que se
había accedió parcialmente a las pretensiones formuladas. Y respecto de la
condena en costas, los accionantes de dicha tutela consideraron que su imposición
en segunda instancia estructuraba un defecto sustantivo, porque la autoridad judicial
no hizo ningún análisis material de su procedencia en el asunto.
En la referida sentencia SU-241 de 2024, la Corte Constitucional consideró que la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al condenar a la parte
actora al pago de las costas procesales, puesto que pasó por alto la excepción
contenida en el artículo 188 del CPACA, según la cual no habrá lugar a disponer
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sobre costas en asuntos que ventilen un interés público. Con base en esa premisa,
la Corte reprochó la condena en costas en los asuntos que versan sobre el
resarcimiento a las víctimas del conflicto armado, pues según el Acto Legislativo 01
de 2017 estos constituyen casos de interés público y, por ende, estarían
exceptuados de condena en costas. En consecuencia, se concluyó que el análisis
normativo efectuado por la autoridad judicial accionada debió tener en
consideración la calidad de las partes. Veamos lo expuesto por la Corte:
«5.13.2. En la acción de tutela los actores alegaron que la condena en costas no procede de
manera automática, sino que debe analizarse el actuar de la parte vencida en el proceso con
el fin de determinar si existió mala fe o temeridad por no existir un fundamento legal para
ejercer el medio de control. En esa medida, la parte accionante le estarían solicitando a la
Corte valorar la procedencia de la condena en costas con fundamento en un criterio subjetivo
que, tal como quedó expuesto en la parte motiva, era el que se aplicaba antes de la entrada
en vigencia de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, no es posible aplicar el criterio subjetivo que
regía bajo la aplicación del Código Contencioso Administrativo.
5.13.3. No obstante, observa la Sala plena que, aunque la autoridad judicial aplicó un criterio
objetivo- valorativo para la imposición de la condena en costas ya que dispuso sobre las costas
procesales y explicó por qué fueron causadas y efectivamente probadas, a juicio de esta
Corporación dadas las particularidades del caso bajo estudio dicha condena resulta
irrazonable y desproporcionada. Lo anterior, porque el ordenamiento jurídico consagra
excepciones para la aplicación de dicha figura procesal a las que hubiese podido acudir la
autoridad judicial, en aras de asegurar el respeto y la realización de los principios, derechos y
deberes constitucionales a favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos, como es el caso de los demandantes, quienes tienen la calidad de apelantes únicos
en segunda instancia.
5.13.4. Cabe enfatizar que el artículo 188 del CPACA, contiene una excepción a la regla
general de disponer sobre la condena en costas, en aquellos casos donde “se ventile
un interés público”. Y, también señala que, en todo caso, se decidirá sobre su imposición
cuando la demanda se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal»
5.13.5. Específicamente, en el caso objeto de análisis el defecto sustantivo se configuró
porque el Juzgado 4º al realizar el proceso interpretativo de las normas aplicables para
imponer la condena en costas no tomó en consideración la calidad de sujetos de
protección constitucional reforzada de la actora y de su familia. Circunstancia que daba
lugar a aplicar la excepción contemplada en el artículo 188 del CPACA. Esto porque en
este caso se ventila una cuestión de interés público en la medida en que, en virtud de
lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017, es de interés público el resarcimiento a
las víctimas del conflicto armado y porque, de las pruebas obrantes en el plenario, se
observa que la demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.
5.13.6. Así las cosas, la Corte coincide con el argumento expuesto por los demandantes y
las demás integrantes de la Sala que salvaron su voto en segunda instancia como jueces de
tutela, en el sentido de que la fijación en costas debe guardar un criterio de razonabilidad y
proporcionalidad sobre todo atendiendo la calidad de víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos que ostentan los accionantes, pues puede desincentivar el ejercicio de la
acción de reparación directa de otras víctimas ante el temor de ser condenados en costas por
los jueces administrativos» (énfasis propio).
Se considera, entonces, que la sentencia SU-241 de 2024 es un precedente judicial
vinculante para la interpretación de las normas sobre costas en el medio de control
de reparación directa instaurado por víctimas de graves violaciones a derechos
humanos. De tal providencia se desprende que, tratándose de víctimas de crímenes
de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos,
para la condena en costas no basta la simple constatación de quién resultó vencido
en el juicio.
Por el contrario, es necesario analizar si el caso supone una cuestión de interés
público, como sucede en los asuntos relacionados con el resarcimiento de víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos.
Una interpretación restrictiva en ese tipo de asuntos puede hacer nugatorio su
derecho a reclamar la reparación de perjuicios, ante el temor a ser condenados al
pago de costas por una eventual sentencia denegatoria de sus pretensiones, sin
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Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
ningún análisis distinto del éxito o fracaso de las pretensiones o apelación. Se reitera
que en el caso en estudio los accionantes fueron reconocidos en el proceso
ordinario como víctimas del conflicto armado en tanto padecieron el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, tal y como se reconoció por los jueces de
la causa en ambas instancias del proceso de reparación directa.
Adicionalmente, se considera que en casos que comprometan asuntos de crímenes
de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos,
derechos de los niños, niñas y adolescentes, sujetos de especial protección
constitucional, entre otros, por razones de justicia y equidad, es posible acudir a
principios constitucionales. Conforme con lo anterior, en esos asuntos la
interpretación del artículo 188 del CPACA que mejor se acompasa con el respeto
por el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia consiste en que
el juez debe considerar, para la condena en costas, aspectos como la calidad de las
partes y la naturaleza del litigio.
Así las cosas, si bien se reconoce la pluralidad de interpretaciones existentes en
materia de costas, se encuentra que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C pasó por alto la regla jurisprudencial de la Corte Constitucional
aplicable en asuntos que versen sobre el resarcimiento de víctimas del conflicto
armado.
Según esta última, cuando se alega la existencia de hechos que pueden ser
calificados como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves
violaciones de derechos humanos, la imposición de costas debe tener en
consideración un tratamiento diferenciado, a fin de brindar las mayores garantías
posibles de acceso a la administración de justicia y de protección a las víctimas.
Por lo expuesto, se considera que el Consejo de Estado Sección Tercera,
Subsección C incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial al (i)
apartarse del precedente contenido en la sentencia SU-241 de 2024 sin justificación
alguna, según el cual para la imposición de costas debe tenerse en cuenta que el
resarcimiento a las víctimas del conflicto armado es un asunto de interés público,
(ii) pasar por alto la excepción contenida en el artículo 188 del CPACA referente a
la condena en costas en asuntos de interés público, y (iii) no tomar en consideración
la calidad de víctimas de graves violaciones de derechos humanos alegada por los
demandantes, quienes gozan de especial protección constitucional.
En suma, la interpretación adoptada por la autoridad judicial accionada significa un
sacrificio grave del derecho al acceso a la administración de justicia de los
tutelantes.
6. Conclusión
Por lo anterior, esta Sala concluye que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial en lo
relacionado con la condena en costas.
Por lo anterior, la Sala revocará la decisión impugnada, proferida el 10 de julio de
2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado para, en su lugar, amparar el
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia en lo relacionado con
la condena en costas impuesta a los demandantes en la segunda instancia del
medio de control de reparación directa con radicado 68001-23-33-000-2017-00203-01.
En consecuencia, se dejará sin efectos el numeral tercero de la sentencia de
segunda instancia de 28 de octubre de 2024, relativo a la condena en costas a los
demandantes, de acuerdo con las consideraciones expuestas.
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Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Se negarán las demás pretensiones de la demanda de tutela de la referencia, por
las razones explicadas en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada proferida el 10 de julio de 2025 por la
Sección Primera del Consejo de Estado y, en su lugar, amparar el derecho al
acceso a la administración de justicia de los señores los señores Gladis
Cabarique Vásquez, Sofia Cabarique Vásquez, Leonor Cabarique Vásquez,
Elsa Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez, Egidio Cabarique
Vásquez, Pedro Cabarique Vásquez, Dayanne Luz Plata Cabarique y Claret
Janitza Plata Cabarique, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. En consecuencia, dejar sin efectos el numeral tercero de la sentencia de
segunda instancia de 28 de octubre de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, relativo a la condena en costas, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. Negar las demás pretensiones de la demanda de tutela interpuesta, por las
razones expuestas en la presente providencia.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Salva el voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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