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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2017-00203-01

El daño: entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito es el

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2017-00203-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia del 18 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en los siguientes términos: DECLARAR la caducidad de las pretensiones relacionadas con el hecho victimizante del homicidio del señor Pedro Elías Cabarique Díaz, conforme lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, por lo expuesto en las consideraciones de esta providencia. TERCERO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por el Tribunal de primera 46 Radicación 68001233300020170020301 (68154) Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas y otros Acción: Reparación directa instancia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en segunda instancia, se fija la suma de $5.655.405, en favor de la Nación- Rama Judicial. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2017-00203-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

28 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladys Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Unidad
para la Atención y Reparación de las Víctimas y otros
Proceso: Reparación Directa

EL DAÑO- entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito es el
primer elemento que debe quedar certera y suficientemente probado/FLEXIBILIDAD
PROBATORIA EN MATERIA DE NEXO CAUSAL- la jurisprudencia ha establecido un criterio de
flexibilidad probatoria en hechos relacionados con el conflicto armado, por el cual el demandante
sigue teniendo la carga de probar el nexo causal, pero su cumplimiento se valora sin el rigorismo
que se aplica a los demás casos de responsabilidad del Estado/RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO POR OMISIÓN DE PROTECCIÓN- Si bien la fuerza pública tiene un deber general de
protección de la vida e integridad de todos los habitantes del territorio colombiano, es el
conocimiento de la situación el que hace exigible la acción del Estado, conocimiento que se obtiene
‘ya sea porque el interesado solicitó protección especial o porque su vulnerabilidad resultó
evidente’.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 18 de noviembre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, que resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta
por las entidades accionadas, de acuerdo a las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en
las consideraciones de esta providencia.
TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia procesal de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO: Una vez en firme esta providencia sin que las partes promuevan
recurso alguno, por secretaría de la Corporación y previas las constancias de
rigor en el Sistema Justicia Siglo XXI, archívese el expediente”.

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

SÍNTESIS DEL CASO

El día 31 de agosto de 1992, un grupo ilegal entró a la residencia rural del señor
Pedro Elías Cabarique Díaz, ubicada en una vereda del municipio de Zapatoca
Santander, y atentó contra su vida, causando la muerte violenta. Situación que
forzó a la familia a desplazarse a la ciudad de Cartagena, a otras zonas aledañas
dentro del departamento de Bolívar y al casco urbano del municipio de Zapatoca.

ANTECEDENTES

El 29 de julio de 2015, Gladys Cabarique Vásquez, Sofia Cabarique Vásquez,
Leonor Cabarique Vásquez, Elsa Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez,
Egidio Cabarique Vásquez, Lucila Cabarique Vásquez y Pedro Fermín Cabarique
Vásquez, a través de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa, con el fin de declarar patrimonialmente
responsables a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Policía
Nacional, Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, la cual fue subsanada el 7 de abril de
2017 y en los siguientes términos se presentaron las pretensiones:

PRIMERO: Declarar patrimonialmente responsable a LA NACIÓN
COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL –
POLICIA NACIONAL por los daños ocasionados a los demandantes, con
motivo de la muerte del señor (PEDRO ELIAS CABARIQUE DIAZ
Q.E.P.D.); y la destrucción y abandono y hurto de la casa de habitación y
la finca y todo sus cosechas y crías de animales, por la falta y falla en el
servicio, por hechos tildados de acuerdo a las investigaciones realizadas
por la Fiscalía General de la Nación, estos hechos fueron atribuidos a
grupos ilegales al margen de la ley, el día 31 de agosto del año 1992,
cuando vivían, mis mandantes, en el municipio de zapatoca del Dto,
Santander, llegó el grupo armado ilegal al margen de la ley, denominado la
guerrilla a la finca (los patios) de propiedad del finado (PEDRO ELIAS
CABARIQUE DIAZ Q.E.P.D) quien en vida era padre de mis defendidos y
se lo llevaron, y lo asesinaron a unos escasos metros de la finca.

SEGUNDO: Condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJERCITO NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – a pagar, a
los señores SOFIA, LEONOR, ELSA, GLADYS, ARIEL, AGIDIO, LUZCILA,
PEDRO CABARIQUE VASQUEZ, a título de indemnización por los daños
materiales, los cuales se estiman en la suma de $674.605.000.00, el valor

2

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

de los bienes del finado al momento de ocurrido los hechos, valor que
debe ser dividido en partes iguales entre los demandantes.

TERCERO: Condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJERCITO NACIONAL – POLICÍA NACIONAL -, a pagar a
los señores SOFIA, LEONOR, ELSA, GLADYS, ARIEL, EGIDIO, LUZCILA,
PEDRO CABARIQUE VASQUEZ, a título de indemnización por el DAÑOS
MATERIALES (FUTURO O LUCRO CESANTE), los cuales se estiman en
la suma de $3.692.100.000.00, el valor de los bienes dejados de recibir,
del finado desde que ocurrieron los hechos hasta la esperanza de vida
según dane, valor que debe ser dividido en partes iguales entre los
demandantes. Este valor se toma en base a lo producido por el finado en
la finca como viene detallado en el hecho primero de los daños materiales:

1.-C: TENIA SEMBRADO DE PAN COGER EN LA FINCA, de:
• Sembraba café-producción anual, (140) cargas de café anual, por la
suma de $92.855.000.00
• Sembraba plátano-producción anual (144) cargas de plátano anual, por la
suma de $14.450.000.00
• Sembraba naranja-producción anual (96) cargas de naranjas anual, por
la suma de $7.500.000.00
• Sembraba yuca-producción anual (96) cargas de yuca anual, por la suma
de $7.500.000.00
• Sembraba caña-producción anual (100) cargas de panelas, anual, por la
suma de $14.450.000.00
TOTAL $136.755.000.00

1.-D: TENIA UNA CRIA de animales (aves de corral) en la finca, de:
• 18 vacas paridas, con un avalúo, por la suma de $36.000.000.00
• Un galpón, con 150 pollos de levante, avaluados en $1.500.000.00
• Un galpón con 150 gallinas de levante, avaluados en $2.250.000.00
• Un galpón, con 18 paridos de levante, avaluados en $8.100.000.00
• TOTAL INVERSION EN SEMOVIENTES $47.850.000.00

Total producción entre sembrados y crías al año la suma de
$184.605.000.00
Fórmula: Producción al año $184.605.000.00*20.69 años adicionales
(esperanza de vida) a los ya vividos según certificado expedido por el
DANE para un total de dinero dejado de percibir de $3.692.100.000.00
Valor para cada uno de mis mandantes:

SOFIA CABARIQUE VASQUEZ -------------------------------- $461.512.500.00
LEONOR CABARIQUE VASQUEZ ----------------------------- $461.512.500.00
ELSA CABARIQUE VASQUEZ ---------------------------------- $461.512.500.00
GLADYS CABARIQUE VASQUEZ ------------------------------ $461.512.500.00
ARIEL CABARIQUE VASQUEZ --------------------------------- $461.512.500.00
EGIDIO CABARIQUE VASQUEZ ------------------------------- $461.512.500.00
LUZCILA CABARIQUE VASQUEZ ----------------------------- $461.512.500.00

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Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

PEDRO CABARIQUE VASQUEZ ------------------------------ $461.512.500.00

CUARTO: Condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJERCITO NACIONAL – POLICIA NACIONAL - a pagar, a
título de indemnización, daño moral sufrido por el desplazamiento, A
($32.217.500.000) salarios mínimos alegales vigentes, a cada uno del
núcleo:
SOFIA CABARIQUE VASQUEZ -------------------------------- $32.217.500.00
LEONOR CABARIQUE VASQUEZ ----------------------------- $32.217.500.00
ELSA CABARIQUE VASQUEZ ---------------------------------- $32.217.500.00
GLADYS CABARIQUE VASQUEZ ------------------------------ $32.217.500.00
ARIEL CABARIQUE VASQUEZ --------------------------------- $32.217.500.00
EGIDIO CABARIQUE VASQUEZ ------------------------------- $32.217.500.00
LUZCILA CABARIQUE VASQUEZ ----------------------------- $32.217.500.00
PEDRO CABARIQUE VASQUEZ ------------------------------ $32.217.500.00
TOTAL ----------------------------------------------------------------- $257.740.000.oo

QUINTO: Condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJERCITO NACIONAL – POLICIA NACIONAL - a pagar, a
título de indemnización, daño moral sufrido por la muerte, por la falla y falta
del servicio, no prestados, que son estimados en la suma de 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes A ($64.435.000.00).

SOFIA CABARIQUE VASQUEZ -------------------------------- $64.435.000.00
LEONOR CABARIQUE VASQUEZ ----------------------------- $64.435.000.00
ELSA CABARIQUE VASQUEZ ---------------------------------- $64.435.000.00
GLADYS CABARIQUE VASQUEZ ------------------------------ $64.435.000.00
ARIEL CABARIQUE VASQUEZ --------------------------------- $64.435.000.00
EGIDIO CABARIQUE VASQUEZ ------------------------------- $64.435.000.00
LUZCILA CABARIQUE VASQUEZ ----------------------------- $64.435.000.00
PEDRO CABARIQUE VASQUEZ ---------------------------------$64.435.000.00
$515.480.000.00

SEXTO: Condénese a LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJERCITO NACIONAL – POLICIA NACIONAL - a pagar, a
título de indemnización, por el DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN DE SU
FINADO padre, por la falla y falta del servicio, no prestados, que son
estimados en la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, equivalente a SESENTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS ($64.435.000.00), a
cada uno del miembro familiar
SOFIA CABARIQUE VASQUEZ -------------------------------- $64.435.000.00
LEONOR CABARIQUE VASQUEZ ----------------------------- $64.435.000.00
ELSA CABARIQUE VASQUEZ ---------------------------------- $64.435.000.00
GLADYS CABARIQUE VASQUEZ ------------------------------ $64.435.000.00
ARIEL CABARIQUE VASQUEZ --------------------------------- $64.435.000.00
EGIDIO CABARIQUE VASQUEZ ------------------------------- $64.435.000.00
LUZCILA CABARIQUE VASQUEZ ----------------------------- $64.435.000.00
PEDRO CABARIQUE VASQUEZ---------------------------------$64.435.000.00

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Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

$515.480.000.00.

SÉPTIMO: Que en todo caso se repare integralmente los perjuicios sufridos
conforme lo indica el artículo 16 de la ley 446 de 1.998, así como bajo los
cánones de la reciente jurisprudencia contencioso administrativa.

OCTAVO: Que el valor de las condenas aquí señaladas, sean actualizadas
al ejecutoriarse la sentencia con base en la valoración porcentual del IPC
para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda
(art. 192 del CPACA)

NOVENO: Que la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la
demanda, se le dé cumplimiento en los términos del artículo 192 del código
de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

DÉCIMO: Que se condene al demandado al pago de las costas y agencias
en derecho”.

Hechos

La demandante indicó como hechos base de sus pretensiones los que a
continuación se indican:

El 31 de agosto de 1992, un grupo armado al margen de la ley, denominado
‘guerrilla’ ingresó a la finca ‘los Patios’, localizada en el municipio de Zapatoca del
departamento de Santander, de propiedad del señor Pedro Elías Cabarique Díaz y
a unos metros de la casa dispararon contra él, ocasionándole la muerte.

Añadió el demandante que el señor Cabarique Díaz había sido amenazado días
antes de este suceso. Igualmente, que la familia del difunto también había sufrido
amenazas, por lo que, luego del suceso, se vieron obligados a desplazarse a la
ciudad de Cartagena.

Adujo que, desde el 7 de febrero de 2004, los demandantes se encontraban
incluidos en el Registro Único de Víctimas- RUV.

Finalmente, indicó que el daño debía ser imputado a la Administración, por haber
omitido su deber de protección en dicha zona, lugar en el que no había presencia
del Ejército ni de la Policía.

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Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

Reforma de la demanda:

El 18 de enero de 2019, el Tribunal admitió la reforma de la demanda. En ella, la
parte activa precisó que la acción no había caducado porque el homicidio del
señor Cabarique Díaz se trataba de un delito de lesa humanidad. Aclaró que la
Unidad de Víctimas pagó a cada uno de los demandantes la suma de $2’800.000
por el hecho victimizante del homicidio1.

Contestaciones de la demanda

Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas2

Inició por aclarar que los demandantes se encontraban incluidos en el Registro
Único de Víctimas, tanto por el desplazamiento forzoso, como por el homicidio del
padre, señor Pedro Elías Cabarique Díaz.

Adujo, como medio de defensa, que frente al hecho victimizante del homicidio del
señor Cabarique Díaz, ya se había pagado la totalidad de la indemnización
administrativa a los ocho beneficiarios que acreditaron el parentesco con la
víctima. Aclaró que, conforme al artículo 3 del Decreto 1290 de 2008 y el artículo
20 de la Ley 1488 de 2011, se prohibía reconocer una doble reparación a los
demandantes, teniendo en cuenta que ya se había indemnizado por el mismo
hecho.

Finalmente señaló que, los hechos base de la acción, como el homicidio del señor
Cabarique Diaz y el desplazamiento forzado de los demandantes, no eran
imputables a la Unidad, sino a los grupos al margen de la ley y, en este sentido,
solicitó que se declarara la falta de legitimación por pasiva.

1 SAMAI, 036Reformademanda.pdf.
2 SAMAI, 68001233300020170020301270111270035.

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Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

Nación - Ministerio de Defensa Nacional–Policía Nacional3

Argumentó que no existía prueba, si quiera sumaria, que acreditara que el
homicidio del señor Cabarique Díaz fue efectuado por el grupo que el demandante
señaló como ‘guerrilla’, así como tampoco había prueba de denuncias, quejas o
solicitudes ante las autoridades que permitieran sostener que la víctima del
homicidio y su familia eran amenazados por este supuesto grupo al margen de la
ley.

Manifestó que, tampoco se había acreditado que los demandantes fueran
dependientes económicos del difunto, ni el desplazamiento de los demandantes a
Cartagena.

Afirmó que el hecho de que los demandantes se encontraran inscritos en el
Registro Único de Víctimas no les confería automáticamente la condición de
víctimas de desplazamiento forzoso, pues esta era una condición fáctica no
jurídica, la cual se establecía por medio de un conjunto de hechos probados y no
por la simple inscripción en dicho registro.

Igualmente precisó que, la acción se encontraba caducada, porque además el
homicidio del señor Cabarique Díaz no era un delito de lesa humanidad, exento de
dicho conteo, en tanto no reunía los requisitos establecidos por la ley para ser
tenido como tal.

Contestación a la reforma de la demanda:

La Nación - Ministerio De Defensa – Ejército Nacional4

Destacó la inexistencia del nexo causal entre el daño deprecado y alguna
actuación u omisión por parte del Ejército. Agregó que, la acción se encontraba
caducada.

3 Ibidem.
4 SAMAI, 048ContestacionReformaDemandaEjercito.pdf

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Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

Igualmente, indicó que el inmueble denominado ‘los Patios’ fue objeto de un
proceso de sucesión, por lo que fue adjudicado a los demandantes, quienes
decidieron venderlo al señor José del Carmen Velásquez el 11 de julio de 1994,
como constaba en la escritura pública 274 del 7 de julio de 1994, a partir de lo cual
el demandado concluyó que dicho documento demostraba: “que este inmueble
nunca fue ni abandonado mucho menos despojado de manera irregular con
ocasión al presunto desplazamiento forzado que vivieron los demandantes”.

La Nación - Ministerio De Defensa – Policía Nacional

Reiteró varios de los argumentos expuestos en la contestación a la demanda
inicial y esgrimió que la acción había caducado, incluso si se tuviera en cuenta el
nuevo conteo a partir de la sentencia SU- 254 de 2013, puesto que, en su
entender: “si se tiene que el término de ejecutoria de la sentencia SU-254 del 2013
[sic] fue el 19 de mayo de 2015, se puede evidenciar que la parte demandante
radica solicitud de conciliación extrajudicial el día 15 de abril de 2015,
suspendiendo el término en 34 días antes de la configuración de la caducidad; por
lo que al expedir la constancia la Procuraduría 66 Judicial I Para Asuntos
Administrativos el día 17 de junio de 2015, tenía para presentar la demanda hasta
el 21 de julio de 2015, por lo que al radicar dicha demanda de reparación directa el
29 de agosto de 2015, no cabe duda que también operó el fenómeno de la
caducidad”5.

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- DPS:

Sostuvo que si la pretensión de la parte activa era la reparación administrativa, la
jurisdicción Contenciosa Administrativa no era competente para el efecto, pues la
vía que se debía adoptar era la establecida en la Ley 1448 de 2011 y en el
Decreto 1084 de 2015.

Invocó la excepción de caducidad, teniendo en cuenta que la demanda se
presentó 26 años después de corridos y conocidos los hechos. Alegó que no era
la entidad legitimada en la causa por pasiva, pues la Unidad de Atención y

5 SAMAI, 049ContestacionReformaDemandaPolicia.pdf

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Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

Reparación Integral a las Víctimas era quien tenía a su cargo la reparación
administrativa de las víctimas del conflicto armado6.

Sentencia de primera instancia

El 18 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Santander profirió
sentencia en los términos transcritos al inicio de esta providencia, negando las
pretensiones de la demanda por considerar que: “no es posible atribuir
responsabilidad patrimonial a la administración por omisión en el cumplimiento del
deber de brindar seguridad y protección a las personas al no haberse demostrado
que: i) las entidades accionadas tuvieran conocimiento de una situación de riesgo
o amenaza padecida por el señor Pedro Elías Cabarique Díaz o por su familia, ii)
se hubiesen solicitado medidas de protección especial, iii) existieran
circunstancias de vulnerabilidad que afectaran directamente a los accionantes, lo
cual hiciera exigible la acción del Estado, y iv) fueran los grupos al margen de la
ley señalados en la demanda los que ocasionaron la muerte del señor Cabarique
(q.e.p.d) y el consecuente desplazamiento forzado de los demandantes”.

Adicionalmente, encontró acreditado que “el 02 de mayo de 2012 los accionantes
solicitaron a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la
reparación administrativa por los hechos victimizantes de homicidio y
desplazamiento forzado derivado de la muerte del señor Pedro Elías Cabarique
Díaz (q.e.p.d), los cuales fueron reconocidos por la dicha entidad […] en el oficio
No. F-OAP-018-CAR en el que se refiere particularmente a los actos por medio de
los cuales se ordenaron las indemnizaciones y el estado de cada una de las
mismas frente a los actores”.

Recurso de apelación presentado por la parte demandante

La parte activa censuró el fallo de primera instancia por estimar que:

• Quedó probada la existencia del daño y que fueron los grupos al margen de
la ley los causantes del mismo.

6 SAMAI, 042ContestacionDemandaDescorreTrasladosDPS.pdf

9

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

• Ni la parte pasiva ni el Tribunal “probaron dentro de este expediente que la
entidad demandada encargada de realizar el procedimiento administrativo lo
hayan realizado a mis mandantes, lo que Indica […] que el A QUO, está afirmando
que existe un incumplimiento administrativo por parte de la entidad administradora
de los recursos de las victimas (UARIV), pero, el a quo se niega a
responsabilizarla o condenarla por esta falla administrativa, es decir, reconoce que
a mis mandantes no se les ha pagado por falta de un procedimiento que debe
realizar la entidad demandada (UARIV), pero que la juez se abstiene de
condenarla por dicha falla”.

• Había una situación de alteración de orden público generalizada en el
municipio de Zapatoca, causada por los grupos al margen de la ley. A lo que
sumó: “por la falta de protección, de parte del estado (policía y ejército nacional)
muy a pesar que las autoridades nacionales, departamentales y municipales
sabían de la presencia y de las incursiones a la población civil, no evitaron la
muerte del sr cabarique, ni mucho menos impidieron el desplazamiento de sus
hijos hoy demandantes”, por lo que, según su entender, era suficiente para que las
autoridades tuvieran el deber de evitar el daño sufrido por los demandantes, sin
que les fuera exigible denunciar las amenazas, en la medida en que esto hubiera
puesto en peligro la vida de sus representados.

• Llevó a cabo un análisis de la caducidad en materia de desplazamiento
forzoso, de lo cual concluyó que no había operado, al punto que la excepción de
caducidad no prosperó en primera instancia.

Trámite de segunda instancia

El 13 de diciembre de 2021, el Tribunal concedió el recurso de apelación7 y el 27
de mayo de 2022, el Despacho lo admitió8 y en consideración a que no se
solicitaron pruebas, no se corrió traslado a las partes, tal como lo dispuso el
Decreto 2080 de 2021.

7 SAMAI, 161AutoConcedeRecursoApelacion.pdf
8 SAMAI, índice 4.

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Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

CONSIDERACIONES

1. Habida consideración que la demanda se presentó el 29 de julio de 2015, el
régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012.
Adicionalmente, conforme al artículo 306 del CPACA, en los aspectos no
regulados se seguirá el Código General del Proceso9, en lo que sea compatible
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1.Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción Contencioso Administrativa, como guardián del orden
jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño
cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104
CPACA.

3. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer
del presente asunto, de conformidad con el artículo 150 del CPACA, según el cual
conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión mayor, que
corresponde a $3.692’100.000.00, supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo
152.6 del CPACA, esto es $322.175.000.

9 Debe recordarse la providencia del Consejo de Estado, Sala Plena, Auto del 25 de junio 2014, M.

P. Enrique Gil Botero, expediente 25000233600020120039501 (49299), en donde se indicó: “la
Sala unifica su jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la ley 1564 de 2012, para
señalar que su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en
materia arbitral relacionada con temas estatales, es a partir del 1º de enero de 2014”.

11

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

2. Medio de control procedente

4. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo ilegal, en este caso
por acciones y omisiones imputables a una entidad pública, de conformidad con el
artículo 140 del CPACA.

En este sentido, las pretensiones se fundan en una supuesta omisión de
protección de parte del Estado y, como base de este petitum, relató hechos
relacionados con el homicidio del señor Cabarique Diaz y el desplazamiento
forzado sufrido por los demandantes, por lo que, en efecto, el medio de control
procedente es la reparación directa.

3. Demanda en tiempo

5. El término para formular pretensiones en ejercicio del medio de control de
reparación directa, según el artículo 164 numeral 2 literal i del CPACA, es de dos
años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior.

6. Teniendo en cuenta que el hecho dañoso se concreta en la ocurrencia de dos
supuestos diferentes, es necesario efectuar un análisis profundo de la caducidad
por separado del hecho victimizante del homicidio del señor Pedro Elías
Cabarique Díaz y del desplazamiento forzoso.

Caducidad frente a las pretensiones relacionadas con el homicidio del señor Pedro
Elías Cabarique Díaz

7. Sobre la caducidad del medio de control procedente para los daños generados
por el conflicto armado, esta Corporación unificó su criterio en Sentencia de
Unificación del 29 de enero de 2020, en el siguiente sentido:

12

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

“…a modo de conclusión, la Sección Tercera aclara que, mientras no se
cuente con elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en
la acción u omisión causante del daño y que le era imputable el daño, el plazo
de caducidad de la reparación directa no resulta exigible, pero si el
interesado estaba en condiciones de inferir tal situación y, pese a ello no
acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo debe
declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo, bien sea al
analizar la admisión de la demanda, al resolver las excepciones en la
audiencia inicial o al dictar sentencia, según el caso. Lo expuesto resulta
aplicable a todos los asuntos de reparación directa, al margen de que se trate
de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el Decreto 01
de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 establecen una regla especial frente a estas
conductas, salvo lo referente al delito de desaparición forzada”10 (Se resalta)

Posición que fue reiterada por la Corte Constitucional, en la sentencia SU 312 de
202011.

8. Así, quedó demostrado, partir del registro civil de defunción12, que el señor
Pedro Elías Cabarique Díaz falleció el 31 de agosto de 1992.

En el Acta de Levantamiento de Cadáver del señor Pedro Elías Cabarique Díaz se
indicó que la causa de la muerte había sido violenta por arma de fuego 13.

Este suceso fue conocido por los demandantes, tal como se desprende con
claridad del relato de la demanda al señalar en el hecho primero que “un grupo
armado al margen de la ley denominado la guerrilla, [llegaron] a la finca “Los
Patios” de propiedad del finado (PEDRO ELIAS CABARIQUE DÍAZ) (…) y se lo
llevaron y lo asesinaron a pocos metros de la finca” y se reitera en el recurso de
apelación14, donde además se indicó que los demandantes, para el momento de
los hechos, infirieron que el perpetrador del homicidio había sido ‘la guerrilla’.
Igualmente, este conocimiento del hecho y la inferencia de la autoría tiene soporte
en el testimonio del señor José Vicente Rondón Vásquez, pariente de la esposa

10 Consejo de Estado, Sentencia del 29 de enero de 2020, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033)
11Corte Constitucional, Sentencia de Unificación 312 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
12 SAMAI, 005AnexosDemanda.pdf (página 35)
13 SAMAI, 005AnexosDemanda.pdf (página 25)
14 Folio 12 del escrito de impugnación.

13

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

del señor Cabarique Díaz15, quien en audiencia de pruebas adelantada el 23 de
junio de 202116 ante el Tribunal de origen, declaró:

“(…) y yo no sé, de un momento a otro llegaron a decirnos que habían
matado a PEDRO ELIAS CABARIQUE, y se pudo averiguar y fue la guerrilla,
porque eso allá operaban tres grupos; a uno les decían los paramilitares,
había otro grupo que les decían los masetos y otro grupo que le decían los
guerrilleros, creo que a él lo mataron los guerrilleros. A él lo mataron en la
tarde el 31 de agosto de 1992 a las 5 de la tarde, yo me enteré de eso como a
las 8 o 9 de la noche”.

Igualmente, en el testimonio de la señora Orfelina Vásquez Rueda, pariente en
tercer grado de los demandantes, quien indicó:

“PREGUNTADO: Háganos un relato de todo lo que le conste, preciso,
detallado. CONTESTÓ: La verdad, yo me enteré al día siguiente. Esa tarde
había llovido muchísimo, a él como que lo asesinaron a las 5 de la tarde, yo
no me enteré sino hasta el otro día como al mediodía porque siempre vivo
retirada de donde ellos vivían, entonces me enteré tarde, pero el comentario
que fue la guerrilla, la verdad yo creo que de pronto sí pudo ser porque en
ese tiempo estaban como muy afiebrados ahí por esa vereda”17.

Y el testimonio del señor Josué Acevedo Gómez, vecino del señor Cabarique Díaz
para el momento de los hechos, quien informó:

“PREGUNTADO: Cómo se enteró del hecho del homicidio del señor PEDRO
ELIAS. CONTESTÓ: Nosotros supimos al otro día, cuando estaban todos los
de la costa por aquí en el entierro y nosotros no sabíamos y éramos vecinos.
Gente que estaba por ahí, vecinos por ahí lindando, nos gritaron que si no
íbamos a ir al entierro y preguntamos de quién y ahí fue que dijeron que se
había muerto PEDRO y nosotros nos vinimos para el pueblo. PREGUNTADO:
Se enteró quién había ocasionado ese homicidio. CONTESTÓ: Eso si fue la
guerrilla, quién más, esos andaban por ahí armados”18.

15 La Sala no pasa desapercibido que el testigo, al ser pariente de los demandantes, puede ser un

testigo sospechoso, en razón a que, relación directa con los hechos aquí juzgados puede afectar
su imparcialidad. No obstante, según lo ha considerado la jurisprudencia el juez apreciará los
testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso y que no se pueden
desechar de plano, sino que deben ser analizados con mayor rigurosidad 15. Aunque es un testigo
sospechoso, su versión de los hechos es clara, precisa, no se aprecian contradicciones y, además,
sus afirmaciones tienen respaldo probatorio en otros medios documentales.
16 SAMAI, 152AudicenciaPruebasParte1.mp4
17 SAMAI, 153AudicenciaPruebasParte2.mp4
18 Ibidem.

14

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

La referida afirmación contenida en la demanda, como los medios de prueba
antes citados dan cuenta del conocimiento que tenían las personas cercanas al
difunto sobre el suceso de su muerte y la conjetura de que los autores de este
acto habían sido integrantes del grupo al margen de la ley conocido como ‘la
guerrilla’, de esto se puede inferir que los demandantes tuvieron conocimiento del
homicidio del señor Pedro Elías Cabarique Díaz inmediatamente ocurrió el suceso
y que lo atribuyeron al mencionado grupo terrorista19.

Lo anterior también encuentra soporte en el dicho de los demandantes, cuando se
indicó en el libelo demandatorio que, desde el 7 de febrero de 2004, estos hechos
habían sido puestos en conocimiento de la Unidad de Víctimas e incluidos en el
Registro Único de Víctimas.

9. Así entonces, de esta situación fáctica contrastada con la prenotada sentencia
de unificación proferida por esta Corporación, la Sala encuentra que el medio de
control de reparación directa se presentó cuando ya había ocurrido la caducidad.

Esto, por cuanto, desde el 31 de agosto de 1992, los demandantes contaban con
el conocimiento del hecho, infirieron que éste había sido causado por un grupo al
margen de la ley y que, en esta medida, el Estado podría tener responsabilidad,
en razón a una posible omisión de protección, sin que presentaran prueba que
acreditara la imposibilidad de llegar a dicho conocimiento, por lo que desde la
fecha indicada “los interesado[s] estaba[n] en condiciones de inferir tal situación y,
pese a ello no acudieron a esta jurisdicción” y tampoco allegaron pruebas que
demostraran que se encontraban en una imposibilidad material para accionar.

10. Todo lo contrario, el hecho de que la demanda se hubiera presentado
veintitrés años después de los sucesos no fue justificado, solamente se intentó
argumentar que no había lugar a declarar la caducidad por el solo hecho de que

19 Debe tenerse en cuenta que “en tratándose de asuntos en los que se trata de delitos cometidos

por grupo subversivos al margen de la Ley, esta Corporación ha sido enfática en afirmar que las
pruebas indirectas como el testimonio de oídas pueden ser útiles para reconstruir la verdad
material y aclarar el contexto de los delitos cometidos, tal como se lee a continuación”. Consejo de
Estado, Sentencia 16 de marzo de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado: 11001-03-15-
000-2016-00351-00(AC).

15

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

el homicidio del señor Cabarique Díaz tenía la entidad de ser un delito de lesa
humanidad. No obstante, tal como esta Corporación estableció en el referido fallo
de unificación, la caducidad “resulta aplicable a todos los asuntos de reparación
directa, al margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de
guerra, pues ni el Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 establecen una
regla especial frente a estas conductas, salvo lo referente al delito de
desaparición forzada”20.

El anterior aserto se explica por cuanto el hecho de que el delito de lesa
humanidad sea imprescriptible en materia penal no implica que igualmente lo sea
la acción patrimonial que conoce la jurisdicción Contencioso-administrativa por la
eventual responsabilidad del Estado que tales hechos puedan configurar, toda vez
que se trata de dos materias jurídicas independientes, con normas autónomas y
con jueces naturales distintos, por lo que hasta tanto las disposiciones legales que
rigen la materia Contenciosa no consagren una excepción de la caducidad para
delitos de lesa humanidad, no puede esta jurisdicción aplicar normas ajenas a ella
y propias del derecho penal.

11. En tal virtud, la Sala declarará la caducidad de las pretensiones
relacionadas con la responsabilidad del Estado en la muerte del señor Cabarique
Díaz, en razón a que para el efecto tenía dos años, contados a partir del 31 de
agosto de 1992. No obstante, sin acreditar condiciones especiales decidió acudir
al juez veintitrés años después del surgimiento de su alegado derecho
indemnizatorio.

Caducidad frente a las pretensiones relacionadas con el desplazamiento forzado

12. La situación de desplazamiento forzado ha recibido un especial tratamiento
por parte de la ley y la jurisprudencia. En esta materia, la Corte Constitucional
profirió la Sentencia de Unificación 254 del 24 de abril de 2013, en donde analizó
ampliamente la reparación integral y demás derechos que debían serle
reconocidos a las víctimas de desplazamiento forzado, unificando la posición

20Consejo de Estado, Sentencia del 29 de enero de 2020, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
expediente 61033.

16

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
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Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

sobre el alcance del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, en lo relativo a la
indemnización administrativa a favor de las víctimas del mencionado delito.

En esta oportunidad, la Corte Constitucional también unificó la regla del conteo de
la caducidad para las acciones derivadas de los hechos de desplazamiento
forzado y, en esta medida, estableció:

“Ahora bien, teniendo en cuenta que por primera vez la Corte Constitucional,
a través de una sentencia de unificación de su jurisprudencia, fija el sentido y
alcance del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena precisa que
los términos de caducidad para población desplazada, en cuanto hace
referencia a futuros procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso
administrativa, sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del presente
fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por
tratarse, como antes se explicó, de sujetos de especial protección
constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y
debilidad manifiesta”.

En mérito de lo anotado, resolvió:

“VIGÉSIMO CUARTO. - DETERMINAR que para efectos de la caducidad
de futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán
computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en
cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial
protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad
extrema y debilidad manifiesta”.

Así entonces, la regla impuesta por esta providencia consistió en que el término de
la caducidad del medio de control de reparación directa, que como se anunció
previamente, corresponde a dos años, se contaría desde la ejecutoria de la
sentencia. Dicha ejecutoria se produjo el 19 de mayo de 2013, día en que se
publicó la providencia en un periódico de amplia circulación del país, tal como lo
indicó la misma Corte en el Auto 182 del 13 de junio de 201421.

13. En este sentido, los interesados cuyos hechos hubieran ocurrido antes de la
ejecutoria de la sentencia, tenían hasta el 19 de mayo de 2015 para acudir ante la

21 Cabe anotar que la fecha del 19 de mayo de 2013 ha sido tenida en cuenta para el conteo de la

caducidad en la Sección Tercera del Consejo de Estado, verbi gratia en la providencia del 23 de
noviembre de 2022, con ponencia del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, expediente 63777.

17

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Salvo que el hecho del
desplazamiento forzoso no hubiera cesado, pues debe recordarse que: “el
desplazamiento forzado constituye un daño continuado, en virtud del cual el
término de caducidad de la demanda de reparación se cuenta a partir de la
condena de sus responsables o desde el momento en el que este cesa, lo primero
que ocurra, es decir, cuando están dadas las condiciones de seguridad para que
se produzca el retorno o el restablecimiento al lugar de origen,
independientemente de que los afectados procedan o no de conformidad”22 o
cuando “se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su
lugar de origen o en las zonas de reasentamiento”, conforme al artículo 18 de la
Ley 387 de 1997.

En contraste con lo anterior, debe advertirse que, con apego a la jurisprudencia de
esta Corporación “Lo que resulta determinante para contabilizar el término para
acudir ante esta Jurisdicción, a través de la reparación directa, es la cesación del
desplazamiento”23

De ahí que, en los eventos en los que no ha cesado el desplazamiento forzado no
se resulta posible iniciar el cómputo del término de caducidad que dicha sentencia
consagró.

14. Ahora bien, la Sala no pasa inadvertida la Sentencia de Unificación del 29
de enero de 2020 que trajo la siguiente regla de unificación:

“UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en
tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene
regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial,

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 25 de julio de 2019, exp: 50.364.
23 Consejo de Estado, Providencia del 19 de julio de 2017, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,

expediente 58480.

18

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una
vez superadas, empezará a correr el plazo de ley”24.

No obstante, esta regla no aplica al sub lite por cuanto, como se advirtió, cuando
se trata de un desplazamiento forzado, la caducidad debe atender a la naturaleza
de este acto que, por antonomasia se trata de un hecho continuado, por lo tanto
mientras el daño siga produciéndose, la víctima puede acudir a la jurisdicción en
cualquier momento y solo cuando este ha cesado25 aplica la regla sobre el conteo
de la caducidad consagrada en la ley, a la que se refiere la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, proferida por esta Corporación, se dirige en general a
cualquier asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado, mientras que la Corte Constitucional en la aludida Sentencia
de Unificación 254 del 24 de abril de 2013 sí se refiere de forma puntual y
concreta al desplazamiento forzado, es por ello que esta última providencia resulta
aplicable al sub lite.

En todo caso, bajo ninguna de las sentencias en cita, en los eventos en los que no
ha cesado el desplazamiento, resulta inviable fijar el inicio del conteo del término
de caducidad, puesto que, justamente, el daño continúa generándose.

15. Ahora bien, en el caso concreto, los demandantes apoyan parte de sus
pretensiones en el desplazamiento forzado del que, sostienen, fueron víctimas a
partir del 31 de agosto de 1992, cuando abandonaron su residencia rural ubicada
en la finca ‘Los Patios’ del municipio de Zapatoca, Santander.

Situación que fue probada a partir del documento aportado por la Unidad para la
Atención y Reparación a las Víctimas, identificado con el número F-OAP-018-

24 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2020,
expediente 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
25 Consejo de Estado, Providencia del 19 de julio de 2017, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,

expediente 58480, de conformidad con la cual, se reitera: “Lo que resulta determinante para
contabilizar el término para acudir ante esta Jurisdicción, a través de la reparación directa, es la
cesación del desplazamiento”.

19

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

CAR, con asunto ‘Respuesta decreto de pruebas audiencia inicial’, del 22 de junio
de 2021, en cuyo contenido consta que los demandantes, a excepción de Lucila y
Pedro Cabarique Vásquez, se encontraban incluidos en el Registro Único de
Víctimas por el hecho victimizante del desplazamiento forzado 26. Igualmente, a
partir de los testimonios recaudados en el curso del proceso27, que sirven para
esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desenvolvió la
situación fáctica que sustenta esta acción. Elementos probatorios que serán
analizados con detalle en el curso de esta providencia.

16. No se allegó prueba alguna al proceso de la cesación del desplazamiento
forzado, pues no se evidenció que los demandantes retornaran a su lugar de
origen o que estuvieran reunidas las condiciones para dicho retorno; por el
contrario, de acuerdo con las pruebas del plenario, los demandantes residen,
algunos, en la ciudad de Cartagena y, otros, en el casco urbano del municipio de
Zapatoca. Tampoco se acreditó que se encontraran en una situación de
estabilidad socioeconómica28.

17. Ante este panorama, no obran elementos para colegir que frente a este
hecho se ha configurado la caducidad del medio de control, pues, como se
advirtió, con fundamento en la ya citada Sentencia de Unificación 254 del 24 de
abril de 2013 y las providencias del Consejo de Estado, cuando se trata de un
hecho continuado, como el desplazamiento forzado, el término de caducidad no
empieza a contar hasta cuando el mismo no cesa, situación, esta última, de la cual
no se tiene certeza en el sub lite. En consecuencia, la Sala considera que se debe
analizar de fondo el asunto bajo estudio, como garantía del derecho de acceso a
la administración de justicia de los demandantes, tal como lo ha hecho esta

26 SAMAI, 150DeclaracionGladysCabarique.pdf
27 Testimonio de la señora Orfelina Vásquez Rueda, de Josué Acevedo Gómez y de José Vicente

Rondón Vásquez, rendidos en audiencia de pruebas del 23 de junio de 2021 llevada a cabo
durante la primera instancia.
28 La Sala no pasa inadvertidas las pruebas que demuestran que la finca ‘Los Patios’ fue vendida

por los demandantes, adjudicatarios de dicho predio por vía de un proceso sucesorio
(135MatriculaInmobiliaria.pdf). No obstante, a diferencia de como lo muestra el apoderado del
Ejército, de este mero hecho no se puede sostener que “que este inmueble nunca fue ni
abandonada mucho menos despojado de manera irregular con ocasión al presunto desplazamiento
forzado que vivieron los demandantes”, todo lo contrario, es un indicio más de que los
demandantes se desplazaron a otras zonas del país.

20

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
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Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

Corporación en asuntos similares29 y, especialmente, a partir de los principios de
derecho internacional humanitario- pro homine, pro actione y pro damato30.

18. Finalmente, la Sala observa que los demandantes presentaron solicitud de
conciliación extrajudicial el 15 de abril de 2015 y la Procuraduría 66 Judicial I para
Asuntos Administrativos expidió la constancia de no acuerdo por ausencia de
ánimo conciliatorio el 17 de junio de 201531.

4. Legitimación en la causa

Por activa

19. Gladys Cabarique Vásquez, Sofia Cabarique Vásquez, Leonor Cabarique
Vásquez, Elsa Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez, Egidio Cabarique
Vásquez han invocado la condición de desplazados forzosos, como base de sus

29Consejo de Estado, Sentencia del 5 de marzo de 2021, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
expediente 64563. En esta oportunidad, la Corporación consideró:

“[…] como lo certificó la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, todos los
demandantes se encuentran incluidos en el Registro Único de Víctimas por desplazamiento forzado
desde el 25 de septiembre de 2002, a excepción de Daniel Yesith Arias Jaramillo, sin que se
demostrara que dicha situación hubiera cambiado.

Con base en todo lo anterior, no es posible determinar si la demanda de reparación directa se
presentó dentro del término de caducidad, razón por la cual la Sala considera que se debe analizar
de fondo el asunto bajo estudio, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de
justicia de los demandantes, como lo ha señalado en otros asuntos similares”.

30 Al respecto de estos principios, esta Corporación ha señalado: “Esta Corporación, en todas sus

secciones y en relación con buena parte de los medios de control, ha aplicado los principios pro
actione, pro damato y pro homine como criterios ilustradores de la interpretación judicial más
adecuada en el análisis de la presentación oportuna de la demanda. Son estos los criterios para
atemperar la aplicación inmediata de los términos de caducidad, sobre todo en etapas tempranas
del proceso (v.gr. admisión de la demanda). Vale decir que estas pautas de interpretación
desarrollan supuestos diferenciados. El principio pro homine es un criterio hermenéutico propio de
los sistemas de protección y garantía de eficacia de los derechos humanos y, como tal, constituye
un parámetro para la aplicación de normas procesales, entendidas como vías de amparo a los
derechos inalienables de la persona, lo que justifica el empleo de una interpretación más favorable
a su materialización. (…) El principio pro actione o pro proceso es un criterio de interpretación
favorable al acceso a la administración de justicia y expresa el principio de primacía de la realidad
sobre las formas. Bajo esta fórmula, si en el caso concreto existe duda u oscuridad en la aplicación
de normas adjetivas deberá prevalecer aquella que posibilite la discusión judicial del asunto.
Mientras que el principio pro damato pertenece al ámbito de los procesos encaminados a la
reparación de daños, auxilia a quienes acuden al trámite judicial en calidad de víctimas de estos”.
Consejo de Estado, Sentencia del 1 de agosto de 2019, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas,
expediente 62009.
31 SAMAI, Expediente digital, índice 2, documento 68001233300020170020301270111270035, que

remite al link contentivo de la carpeta ‘Primera Instancia’ y en ella se en encuentra el documento
‘005AnexosDemanda.pdf’, página 1.

21

Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

pretensiones. Para la Sala esta situación se encuentra probada32, sin perjuicio del
análisis de fondo que más adelante se llevará cabo sobre dicho material
probatorio.

Frente a Lucila Cabarique Vásquez y Pedro Cabarique Vásquez la Sala los halla
legitimados en la causa por activa, pues en la demanda alegan haber sido
víctimas de desplazamiento forzado, por lo que, en garantía del principio de
administración de justicia, la Sala se reserva el análisis puntual de la condición de
víctima de ambos sujetos para el estudio de fondo y, al menos en este estadio
inicial les reconoce el interés para actuar.

En tal virtud, los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por pasiva

20. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Policía Nacional se
encuentran legitimados en la causa por pasiva pues los demandantes les
atribuyen a estas entidades el daño sufrido.

21. En relación con la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas y
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, debe señalarse que,
aunque la demanda no es clara sobre los hechos que se les imputan a dichas
entidades, lo cierto es que se encuentran integradas en el contenido del libelo
introductorio o y uno de los cargos de la apelación se dirige en contra de ellas, por
lo que la Sala las encuentra legitimadas en la causa por pasiva.

32 Situación que se encuentra acreditada a partir del Testimonio de la señora Orfelina Vásquez

Rueda, de Josué Acevedo Gómez y de José Vicente Rondón Vásquez, rendidos en audiencia de
pruebas del 23 de junio de 2021 llevada a cabo durante la primera instancia y del documento
aportado por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, identificado con el número F-
OAP-018-CAR, con asunto ‘Respuesta decreto de pruebas audiencia inicial’, del 22 de junio de
2021, en cuyo contenido consta que los demandantes, a excepción de Lucila y Pedro Cabarique
Vásquez, se encontraban incluidos en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante del
desplazamiento forzado.

Obran en SAMAI, Expediente digital, índice 2, documento
68001233300020170020301270111270035, que remite al link contentivo de la carpeta ‘Primera
Instancia’.

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Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

5. Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar si las demandadas son responsables
patrimonialmente por el desplazamiento forzoso sufrido por los demandantes.

6. Análisis de la Sala

23. Con el objetivo de dar solución al problema jurídico anunciado, la Sala
abordará el análisis de las generalidades de la responsabilidad del Estado por
omisión al deber de protección (6.1.), para continuar con el estudio del daño, como
primer presupuesto de la responsabilidad del Estado (6.2.), se proseguirá con el
examen del nexo causal (6.3.), para establecer si hay lugar a declarar
responsables al Ejército y a la Policía Nacional por omisión en el deber de
protección (6.4) y de la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas y del
Departamento para la Prosperidad Social (6.5). Finalmente, se ocupará de la
Resolución sobre costas y agencias en derecho (6.6).

6.1. Responsabilidad del Estado por omisión al deber de protección

24. El Estado, a través de sus fuerzas públicas, integradas por el Ejército y la
Policía Nacional33, tiene el deber y la finalidad primordial de defender la soberanía,
la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional34, así
como el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas35.

25. Frente a lo anunciado, la Corporación ha indicado: “estos deberes no
implican que el Estado sea un “asegurador general” contra daños, tampoco
entrañan una responsabilidad automática derivada exclusivamente de la
afectación de un derecho y que encuentran su límite en los recursos materiales y
humanos de que dispone las autoridades para disuadir y, en últimas, garantizar la
seguridad e integridad”36.

33 Artículo 216 de la Constitución Política.
34 Artículo 217 de la Constitución Política.
35 Artículo 218 de la Constitución Política.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 1998, Rad. 10.747

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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

En el mismo sentido, esta Subsección ha señalado:

“La Sala reitera que en estos eventos en que se imputa omisión, debe tenerse
en cuenta que la capacidad de acción de las autoridades no es ilimitada para
disuadir la acción de los grupos ilegales. Lo contrario significaría que las
autoridades estarían obligadas a lo imposible, esto es, a poner a disposición
de los ciudadanos víctimas de estos delitos, de manera permanente, la
compleja capacidad institucional que se requiere para evitar que este tipo de
ataques sucedan”37.

Guardando coherencia con esa postura, la Sección Tercera ha sostenido que:

“si bien es deber del Estado brindar protección a todas las personas
residentes en el país, la Sala ha considerado que no le son imputables
todos los daños a la vida o a los bienes de las personas, porque sus
obligaciones son relativas, en tanto limitadas por las capacidades que en
cada caso concreto se puedan desarrollar, dado que “nadie está
obligado a lo imposible”. De igual manera se ha aclarado que la relatividad
de las obligaciones del Estado no excusa de manera absoluta su
incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue
imposible cumplir aquellas que según el caso concreto le correspondían”38

26. Ahora bien, el incumplimiento de los deberes del Estado engendra su
responsabilidad patrimonial a título de falla del servicio, así lo ha considerado el
Consejo de Estado, al señalar que:

“Esta Sección del Consejo de Estado ha reiterado en varios pronunciamientos
que en casos -como el que ahora ocupa la atención de la Sala- en los cuales
se endilga a la Administración una omisión derivada del presunto
incumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente a su cargo, el título
de imputación aplicable es el de la falla del servicio”39.

6.2. El daño: primer presupuesto de la responsabilidad del Estado

27. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión las autoridades públicas. En desarrollo de
este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad

37 Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección C, Sentencia del 27 de abril de 2020, M.P.
Guillermo Sánchez Luque, expediente 37803.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 27040, C.P.

Hernán Andrade Rincón.
39 Consejo de Estado, Sentencia 18 de febrero de 2010, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente

18.436. Igualmente, en: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 8 de marzo de 2007,
Expediente No. 27.434 y del 15 de agosto de 2007. Expedientes 2002-00004-01(AG) y 2003-
00385-01 (AG).

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patrimonial del Estado corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que
estando debidamente demostrado determina el posterior juicio de imputación para
efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.
En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad
patrimonial de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración
de un daño sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de
los demás requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto
para un juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación de
antijuridicidad a las voces del artículo 90 C.P.

28. De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación,
vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito 40 41 es el primer elemento que
debe quedar certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-
sin cuya existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este
sentido la doctrina nacional expone:

“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la
reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y
su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos,
en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede
determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo
adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor
resultará necio e inútil”42.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023,
Expediente 61.340.
41 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los

intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos
individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como
alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de
reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de
reparar- se encuentran reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile
extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, universidad
de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el
artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación
sustancial en todas las acciones contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva
“La responsabilidad extracontractual del Estado”. XVI jornadas internacionales de derecho
administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35.
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020
42 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por

Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.

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29. El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto43, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe
ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 44. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.

30. El daño que se analiza en el caso concreto es el desplazamiento forzado,
situación entendida por la jurisprudencia en los siguientes términos:

“la situación del desplazamiento forzado es una cuestión de hecho, que tiene
lugar cuando concurren las circunstancias fácticas de: (i) la coacción ejercida
que hacen necesario el traslado; y (ii) la permanencia dentro de las fronteras
de la propia nación[49]. Esta situación y no un reconocimiento por parte de las
entidades del Estado es la que activa la protección especial para ese grupo
poblacional, que consiste en un conjunto de derechos y beneficios
consagrados en el ordenamiento legal, para garantizar sus derechos a la vida
en condiciones dignas y al mínimo vital”45.

31. Así entonces, frente a la condición de los demandantes de víctimas directas
del desplazamiento forzado, la Sala entra a analizar los siguientes medios
probatorios:

• Documento aportado por la Unidad para la Atención y Reparación a las
Víctimas, identificado con el número F-OAP-018-CAR, con asunto “Respuesta
decreto de pruebas audiencia inicial”, del 22 de junio de 202146, se informó que
por el hecho victimizante del desplazamiento forzado las siguientes personas se
encontraban en estado ‘incluido’ en el Registro Único de Víctimas:

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No.

13.186 “…el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún
modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad pública”.
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000,
Expediente No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis
de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el
perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”
44 Henao Pérez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio

1998, P. 88 y 104.
45
Corte Constitucional, Sentencia T-689 de2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
46 SAMAI, 150DeclaracionGladysCabarique.pdf

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(i) Gladys Cabarique Vásquez, fecha de valoración 15 de octubre de 2014,
declaración rendida el 15 de julio del mismo año en Cartagena Bolívar. Consta
que se encuentra incluida en el RUV como víctima directa del desplazamiento
forzado.

(ii) Sofía Cabarique Vásquez, fecha de valoración 14 de noviembre de 2014,
declaración rendida el 31 de julio de 2014 en Zapatoca Santander. Registra que
está incluida en el RUV como víctima directa del desplazamiento forzado.

(iii) Ariel Cabarique Vásquez, fecha de valoración 31 de julio de 2014,
declaración rendida el 26 de junio de 2014 en Bolívar Cartagena. Certifica que
se halla incluido en el RUV como víctima directa del desplazamiento forzado.

(iv) Egidio Cabarique Vásquez, fecha de valoración 31 de julio de 2014,
declaración rendida el 26 de junio de 2014 en Bolívar Cartagena. Da cuenta que
se relaciona en el RUV como víctima directa del desplazamiento forzado.

(v) Leonor Cabarique Vásquez, fecha de valoración 31 de julio de 2014,
declaración rendida el 26 de junio de 2014 en Bolívar Cartagena. Evidencia que
se enlista en el RUV como víctima directa del desplazamiento forzado.

(vi) Elsa Cabarique Vásquez, fecha de valoración 16 de septiembre de 2015,
declaración rendida el 15 de diciembre de 2014. Consta que se encuentra
incluida en el RUV como víctima directa del desplazamiento forzado.

Ahora, la valoración del documento que acredita la inclusión de los demandantes
que se relacionaron en el Registro Único de Víctimas debe ser efectuada teniendo
en cuenta el alcance que la ley y la jurisprudencia han otorgado a dicho registro
frente a la situación de desplazamiento forzado, en los siguientes términos:

“…el punto de partida para cualificar a quienes ostenten dicha calidad se
materializa con el derecho a ser inscrito en el Registro Único de la Población
Desplazada –RUPD- hoy Registro Único de Víctimas –RUV-, el cual se
constituyó como una herramienta técnica, que busca identificar a la
población afectada por el desplazamiento y sus características, y tiene
como objeto, que la población desplazada acceda a los beneficios

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consagrados en la Ley 387 de 1997, el Decreto 2569 de 2000 y las demás
normas concordantes, siendo el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social la entidad responsable del manejo del señalado registro”47.

Así, el Registro Único de Víctimas es la herramienta institucional para identificar a
las personas que han sido víctimas, entre otros, del desplazamiento forzado.
Condición que es acreditada por el mencionado instrumento, en tanto la
procedencia de su incorporación en dicho listado está sujeta a la respectiva
valoración probatoria de la entidad competente48. Esto, conforme a los artículos 5
y 158 de la Ley 1448 de 2011.

32. Sobre la prueba de la condición del desplazamiento forzado, debe tenerse
en cuenta que:

“…no se le puede exigir a la población desplazada por la violencia
plena prueba acerca de su situación, sino que basta una prueba
sumaria, en donde los indicios son válidos y se configuran, por ejemplo,
cuando una persona abandona sus bienes y una comunidad. No es
necesario, así, la certeza de los hechos ocurridos como si se tratara de un
juicio ordinario, pues algunas veces la violencia que genera el
desplazamiento es silenciosa y por ende la tarea de probar sería imposible
de ejecutar”49 (Se resalta)

33. Visto lo anterior, la Sala constata la condición de desplazados forzados de
la señora Gladys Cabarique Vásquez, Sofía Cabarique Vásquez, Leonor
Cabarique Vásquez, Elsa Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez, Egidio
Cabarique Vásquez, por motivo de la muerte violenta de su padre, señor Pedro
Elías Cabarique Díaz acaecida a inmediaciones de su lugar de residencia.
Situación que se demostró con la inclusión de los mismos como víctimas directas
de desplazamiento forzado en el Registro Único de Víctimas.

34. Igualmente, es necesario analizar los siguientes testimonios:

47 Consejo de Estado, Sentencia del 10 de abril de 2012, M.P. Gustavo Eduardo Gómez,
expediente 25000- 23- 25- 000- 2012- 00106-01(AC)
48 Conforme al numeral 19 del artículo 3 del Decreto 4802 de 2011.
49 Corte Constitucional, Sentencia T-265 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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• Testimonio de la señora Orfelina Vásquez Rueda recaudado en audiencia de
pruebas del 23 de junio de 2021, que en relación con los hechos que ocupan la
atención de la Sala, relató:

“Los muchachos pues ellos pobrecitos, asustados se fueron, dejaron la
finca sola PREGUNTADO: En el año 1992 qué tan frecuente era la presencia
de la guerrilla en esa zona. CONTESTÓ: Terrible, terriblemente, a toda hora
se veía. PREGUNTADO: Qué pasó con los hijos del señor PEDRO
después del asesinato de él. CONTESTÓ: Ellos todos asustados
abandonaron allá, dejaron solo, salieron. Después se apareció un señor
que les quiso comprar, entonces ellos vendieron a bajo precio.
PREGUNTADO: La vida económica, social y familiar que había entre los
Cabariques cómo era antes y después de la muerte del señor PEDRO.
CONTESTÓ: Pues ellos todos estaban ahí colaborando, primero murió la
mamá de un infarto algo así fue o un derrame cerebral, entonces ya
empezaron a buscar los modos de poder subsistir…, pero mientras estuvo
PEDRO, ellos estaban ahí con él colaborándole, aunque ya se habían
casado dos de las mujeres, pero los que estaban ahí con él, después de
eso decidieron abandonar, hasta que apareció el comprador.
PREGUNTADO: Después de que ellos se fueron del sitio, han regresado
a la vereda o a visitarla. CONTESTÓ: Sí de vez en cuando, pero hace
ratos que no me visita” (Se resalta)50.

• Declaración del del señor Josué Acevedo Gómez, recibida en audiencia de
pruebas del 23 de junio de 2021, quien depuso:

“PREGUNTADO: Después de la muerte qué pasó con los hijos.
CONTESTÓ: Ellos arrancaron para la costa, por allá estaban todos.
PREGUNTADO: Qué pasó con los cultivos, el ganado, la finca.
CONTESTÓ: Tocó dejar que se llenara de maleza.
[…] PREGUNTADO: Usted ha vuelta a tener contacto con ellos vía telefónica
o ha tenido una conversación con alguno de ellos. CONTESTÓ: Poco, porque
como ellos están para la costa y vienen y no se demoran por aquí, se van otra
vez. PREGUNTADO: Entonces sí han retornado a la vereda. CONTESTÓ:
No, pues que yo sepa no, ellos vienen, pero al pueblo”51 (Se resalta)

• Testimonio de José Vicente Rondón Vásquez, escuchado en audiencia del 23
de junio de 2021, quien declaró:

“PREGUNTADO: Qué hacen la esposa y los hijos después de la muerte
del señor PEDRO. CONTESTÓ: La familia del señor PEDRO… ellos se
fueron, unos para la costa, otros para Bucaramanga, otros se quedaron

50 SAMAI, 153AudienciaPruebasParte2.mp4
51 SAMAI, 153AudienciaPruebasParte2.mp4

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aquí en el pueblo, la esposa ya estaba muerta cuando a él lo mataron.
PREGUNTADO: Quiénes se fueron para la costa. CONTESTÓ: Para la costa
se fue EGIDIO, PEDRO, GLADYS, LEONOR y aquí se quedaron SOFÍA,
LUZCILA, ELSA, LEONOR y dos de los varones más menores, se
llamaban ARIEL Y PEDRO”52 (Se resalta)

35. Sobre la aptitud de los testimonios en cita para acreditar los hechos que se
debaten en el sub lite, debe tenerse en cuenta el siguiente pronunciamiento, a
saber:

“Ahora bien, en tratándose de asuntos en los que se trata de delitos
cometidos por grupo subversivos al margen de la Ley, esta Corporación ha
sido enfática en afirmar que las pruebas indirectas como el testimonio de
oídas pueden ser útiles para reconstruir la verdad material y aclarar el
contexto de los delitos cometidos, tal como se lee a continuación”53.

Con este criterio serán valorados los testimonios recaudados.

36. En esta medida, del testimonio de la señora Orfelina Vásquez Rueda se
resalta que, por el hecho del homicidio del señor Cabarique Díaz, sus hijos
‘dejaron la finca sola’. Señaló además que “ya se habían casado dos de las
mujeres, pero los que estaban ahí con él, después de eso decidieron abandonar”,
sin especificar a quiénes de ellas se refería.

Frente a este último punto se evidencia que no se identificaron las mujeres
casadas y, en todo caso, lo que sí quedó probado es que todas las hijas, a
excepción de Lucila, fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas.

37. Por su parte, el señor Josué Acevedo Gómez indicó que después de dicho
homicidio, los hijos ‘arrancaron para la costa’, pero valorando esta declaración en
conjunto con el testimonio del señor José Vicente Rondón Vásquez, quien indicó
que: “La familia del señor PEDRO… ellos se fueron, unos para la costa, otros para
Bucaramanga, otros se quedaron aquí en el pueblo, […] Para la costa se fue
EGIDIO, PEDRO, GLADYS, LEONOR y aquí se quedaron SOFÍA, LUZCILA,

52 SAMAI, 153AudienciaPruebasParte2.mp4 y 152AudienciaPruebasParte1.mp4
53Consejo de Estado, Sentencia 16 de marzo de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado:

11001-03-15-000-2016-00351-00(AC).

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ELSA, LEONOR y dos de los varones más menores, se llamaban ARIEL Y
PEDRO”, es claro que no todos los hijos se desplazaron para la costa.

38. No obstante, pese a que hizo un esfuerzo por aclarar cuáles de ellos se
habían quedado en el pueblo de Zapatoca y cuáles, por el contrario, se habían
trasladado a dicha región, lo cierto es que su declaración es confusa, tanto así
que, por un lado, incluyó a Pedro dentro del grupo que se fue y luego lo incorporó
dentro de aquellos que se quedaron y después de afirmar lo anterior, señaló:
“PREGUNTADO: ¿Leonor se fue para la costa o se quedó? CONTESTÓ: ¿Quién?
La verdad estoy como confundido, ya no me acuerdo bien, pero unos se fueron
para la costa y otros se quedaron aquí, los más menores se quedaron aquí”54.

Por tal razón, de dichas declaraciones la Sala rescata que el núcleo familiar se
desplazó, algunos de ellos para la costa y otros se quedaron en el pueblo, pero en
todo caso abandonaron la finca en la que residían con su padre, señor Cabarique
Díaz. Situación que igualmente constituye un desplazamiento forzado, pues para
el efecto solo es necesario el desarraigo del hogar o, lo que es lo mismo, el
traslado forzado a un lugar distinto a su residencia. Así lo ha entendido la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, al señalar:

“Los Principios Rectores de los desplazamientos internos, proferidos por el
Representante del Secretario General de las Naciones Unidas en
1998, resultan particularmente relevantes para determinar el alcance y
contenido del artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, los cuales definen que “se entiende por desplazados internos
las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia
habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto
armado, de situaciones de violencia generalizada, [o] de violaciones de los
derechos humanos [...], y que no han cruzado una frontera estatal
internacionalmente reconocida”55.

54 Minuto 2:45:00
55 Fuente: E/CN.4/1998/53/Add.2 de 11 de febrero de 1998.

O.N.U., Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Extraída de: Corte Constitucional,
sentencia T- 689 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

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Atención y Reparación de las Víctimas
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Acción: Reparación directa

39. En síntesis, siendo la inclusión en el Registro Único de Víctimas, la prueba
a la que esta Sala le ha otorgado el mayor peso acreditativo frente a la condición
de desplazados forzosos de Gladys Cabarique Vásquez, Sofía Cabarique
Vásquez, Leonor Cabarique Vásquez, Elsa Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique
Vásquez, Egidio Cabarique Vásquez, una vez valorados los testimonios, la Sala
también les otorga credibilidad -a excepción del testigo Rondón Vásquez dado su
carácter confuso y contradictorio- , en la medida en que sirven para apoyar y
dilucidar los hechos por los que los prenotados demandantes fueron reconocidos
en el Registro Único de Víctimas.

No obstante, la misma conclusión no se predica de Lucila y Pedro Fermín
Cabarique Vásquez, pues se advirtió que el citado documento allegado por la
Unidad de Víctimas no da cuenta de su inclusión en el Registro Único de Víctimas.
Y, aunque este mero hecho no es suficiente para negar su condición de víctimas
de desplazamiento forzado, toda vez que: “el Registro Único de Víctimas tiene
naturaleza declarativa, más no constitutiva de la condición de desplazado” 56, lo
cierto es que, tampoco aportaron pruebas que dieran cuenta de haber sido
víctimas directas de desplazamiento forzado, pues, se insiste, los testimonios solo
sirvieron de apoyo para esclarecer los hechos que dieron lugar a la inclusión de
los otros demandantes en el registro de víctimas, pero no tienen la entidad
suficiente para extender esa condición a Lucila y Pedro Fermín Cabarique
Vásquez.

En igual sentido, aunque se encuentre probado que Lucila Cabarique Vásquez y
Pedro Fermín Cabarique Vásquez eran hijos del señor Pedro Elías Cabarique
Díaz57, de esto no se puede derivar que fueron víctimas de dicho desplazamiento.
Tan es así, que precisamente no fueron reconocidos por la Unidad de Víctimas o,
al menos, de ello no obra prueba. Circunstancia que permite a la Sala establecer
que, en dicho escenario administrativo, los citados accionantes, no aportaron
prueba si quiera sumaria de esta calidad, como tampoco lo hicieron en esta
instancia judicial.

56 Corte Constitucional, sentencia T-689/14, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
57 Según consta en la página 17 y 29 del documento 149DeclaracionBeneficiarios.pdf

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En adición a lo anterior, se debe precisar que, si bien la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha establecido:

“La valoración del acervo probatorio obrante en el expediente “debe hacerse
conforme con los estándares convencionales de protección”, para garantizar
“el acceso a la justicia en todo su contenido como garantía convencional y
constitucional, casos en los que los jueces contenciosos deben obrar como
juez de convencionalidad”. Lo anterior, implica que “la labor del juez debe ser
más rigurosa, garantista y valerse de los instrumentos a su alcance en aras
de buscar el esclarecimiento de la verdad y evitar una posible revictimización
por incurrir en excesos rituales manifiestos”; y que “el juez administrativo,
consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles,
privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias
lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de
reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos
fundamentales a la verdad, justicia reparación de las personas afectadas”58
(Se resalta).

Y a pesar de que la Sala ha adoptado el criterio flexible de valoración de la prueba
del desplazamiento forzado, no por ello puede considerarse acreditada una
situación cuando no obra si quiera prueba sumaria de su configuración. En
consecuencia, no se reconoce la condición de desplazados forzosos ni a Lucila
Cabarique Vásquez ni a Pedro Fermín Cabarique Vásquez, lo que comporta la
ausencia de acreditación del daño por estos alegados.

40. Por el contrario, la Sala encuentra probada la existencia del daño de los
demandantes, Gladys Cabarique Vásquez, Sofía Cabarique Vásquez, Leonor
Cabarique Vásquez, Elsa Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez, Egidio
Cabarique Vásquez, materializado en el hecho del desplazamiento forzado del
cual fueron víctimas.

6.3. Del nexo causal

41. La exigencia de acreditación del nexo causal supone una carga probatoria
del demandante, en los términos del artículo 167 del CGP, como se advirtió, que le
impone por regla general, además de acreditar el daño y su hecho generador, la
relación de causalidad existente entre estos dos elementos. En este caso, entre el

58 Corte Constitucional, Sentencia T -2014 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
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desplazamiento forzado y los actos violentos del grupo al margen de la ley que
acabaron con la vida de su progenitor.

42. No obstante, cuando se trata de hechos relacionados con el
desplazamiento forzoso, la jurisprudencia ha atenuado esta carga probatoria, sin
que ello implique que ha desaparecido el nexo causal como elemento necesario
que debe ser acreditado por el peticionario, solo que, tal como se anunció, no se
exige con rigor una prueba que lleve al mismo grado de certeza como se requiere
en otros escenarios de responsabilidad del Estado. En efecto, esta Corporación ha
dicho:

“Por consiguiente, cuando se trata de situaciones tales como el
desplazamiento forzado, el juez administrativo deberá recurrir a todos los
medios probatorios disponibles (flexibilización de la admisión de las pruebas)
y a una valoración de las pruebas con base en el criterios flexibles y
razonables, que le permitan formar su criterio respecto de la responsabilidad
del Estado en circunstancias en las que se han presentado graves violaciones
de derechos humanos y en las que comporten un acervo que resulte débil en
atención a las circunstancias de la víctima.

En ese contexto, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Tolima,
desconociendo la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a la
flexibilización en la apreciación y valoración de los medios de prueba frente a
graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, en una clara manifestación de exceso de rigor
manifiesto, determinó como no acreditado el nexo causal necesario para la
imputación de responsabilidad del Estado en los hechos de desplazamiento
forzado del que fuera víctima el actor”59.

Así entonces, la carga del demandante en la acreditación del nexo causal se
cumple con la aportación de pruebas incluso sumarias, a partir de las cuales el
fallador pueda construir indicios que sirvan para el establecimiento de la
causalidad adecuada. En esta medida, orientada en un criterio flexible en materia
probatoria, la Sala valoró los medios probatorios que fueron analizados en apartes
precedentes, como el documento aportado por la Unidad para la Atención y
Reparación a las Víctimas, identificado con el número F-OAP-018-CAR, con
asunto “Respuesta decreto de pruebas audiencia inicial”, del 22 de junio de 202160

59 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de junio de 2017, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés,

expediente: 11001-03-15-000-2017-00836-00(AC)
60 SAMAI, 150DeclaracionGladysCabarique.pdf

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Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
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y los testimonios de los señores Orfelina Vásquez Rueda, Josué Acevedo Gómez
y José Vicente Rondón Vásquez, antes trascritos, los cuales revelan que Gladys
Cabarique Vásquez, Sofía Cabarique Vásquez, Leonor Cabarique Vásquez, Elsa
Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez y Egidio Cabarique Vásquez
abandonaron su lugar de residencia por el miedo y el temor infundido por los actos
violentos cometidos por el grupo subversivo y que en contra de su núcleo familiar
se materializaron con el homicidio de su progenitor, señor Cabarique Díaz.

43. Como se advirtió, es la inclusión en el Registro Único de Víctimas lo que
acredita con mayor fuerza el nexo causal entre el desplazamiento forzado y el
accionar de grupos al margen de la ley, en virtud de que el mismo está dirigido a
víctimas del conflicto armado, situación que, de no haberse verificado por parte de
la Unidad de Víctimas, la inclusión hubiera sido negada y, en este punto, las
declaraciones testimoniales prenotadas solo contribuyen a que esta Sala tenga
claridad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron a la Unidad
de Víctimas a tener a los demandantes61 por víctimas del desplazamiento forzado,
producto del accionar de un grupo al margen de la ley en el marco del conflicto
armado y que no se debió a causas ajenas a este escenario.

44. En tal virtud, la Sala encuentra acreditado el nexo causal entre el daño
antijurídico, desplazamiento forzado y el actuar de un grupo al margen de la ley,
dentro del marco del conflicto armado colombiano.

45. Ante este panorama, es menester que la Sala analice si dicho daño
antijurídico puede ser imputado a las fuerzas públicas, Ejército y Policía Nacional,
en virtud de una posible omisión de sus funciones de protección.

6.4. Imputación a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército y a la Policía
Nacional por omisión del deber de protección

46. Como se advirtió en párrafos iniciales de esta providencia, el Ejército tiene la
función de defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio

61Haciendo referencia únicamente a Gladys Cabarique Vásquez, Sofía Cabarique Vásquez,
Leonor Cabarique Vásquez, Elsa Cabarique Vásquez, Ariel Cabarique Vásquez, Egidio Cabarique
Vásquez, pues solo ellos fueron reconocidos en el Registro Único de Víctimas.

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nacional y el orden constitucional62. Por su parte, la función de la Policía Nacional
es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas63. Funciones e instituciones que se entrelazan para
cumplir una misión armonizada de defender y proteger a la población que habita
en el territorio colombiano.

47. En línea con este entendimiento, cuando el Estado, representado en el
Ejército y la Policía Nacional no cumple con sus funciones de protección hay lugar
a declarar su responsabilidad patrimonial a título de falla del servicio.

48. Ahora bien, la falla del servicio en este escenario puede verse comprometida
por acción o por omisión. La primera se refiere a una actuación directa de las
prenotadas entidades que causa un daño antijurídico a un individuo, mientras que
la segunda, a contrario sensu, es la inacción en el cumplimiento de sus deberes
que permite que terceros causen el daño antijurídico a la población.

49. Así, resulta palmario que, una vez establecido el nexo causal entre el
desplazamiento forzado sufrido por los demandantes, como daño antijurídico y la
actuación de un grupo al margen de la ley, causante de dicho daño, el estudio
subsiguiente se orienta a dilucidar si la situación dañosa puede ser imputada al
Estado por la omisión de sus funciones, más no por una acción directa de su
parte.

50. Para el efecto, es necesario traer a colación el siguiente pronunciamiento:

62 Artículo 217 de la Constitución Política.
63 Artículo 218 de la Constitución Política.

Además, se aclara que la Policía Nacional también tiene la obligación de cumplir dichas funciones
en las zonas rurales del país, tal como se dispuso en el artículo 19 de la Ley 62 de 1993, en los
siguientes términos: “ARTÍCULO 19. Funciones Generales. La Policía Nacional está instituida para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades
públicas y los derechos que de éstas se deriven, prestar el auxilio que requiere la ejecución de las
leyes y las providencias judiciales y administrativas y ejercer, de manera permanente, las funciones
de: Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones: educativa, a través de orientación a
la comunidad en el respecto a la ley; preventiva, de la comisión de hechos punibles; de solidaridad
entre la Policía y la comunidad; de atención al menor, de vigilancia urbana, rural y cívica; de
coordinación penitenciaria; y, de vigilancia y protección de los recursos naturales relacionados con
la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en los ámbitos urbano y rural” (Se
resalta).

Igualmente, conforme al artículo 27 del Decreto 2203 de 1993 que consagra la existencia de la
‘Policía Rural’ o ‘Carabineros’.

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Atención y Reparación de las Víctimas
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“La Administración debe responder patrimonialmente a título de falla en el
servicio por omisión en el deber de prestar seguridad y protección a las
personas, por lo menos en dos eventos: i) cuando se solicita protección
especial con indicación de las especiales condiciones de riesgo en las
cuales se encuentra la persona y ii) cuando sin que medie solicitud de
protección alguna, de todas maneras, resulta evidente que la persona la
necesitaba en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos
que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o
expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus
funciones”64.

Entendimiento que se ha reiterado en múltiples providencias, entre ellas la que a
continuación se ilustra:

“El Estado es responsable patrimonialmente a título de falla del servicio por
omisión en el deber de prestar seguridad […] cuando: i) se solicita protección
especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo ante un
acto de esta naturaleza y las autoridades, competentes y con la capacidad
para contener el ataque, omiten ese deber o brindan las condiciones de
seguridad de forma insuficientes o tardía y ii) la población, blanco del ataque,
no solicitó las medidas referidas, no obstante, el acto terrorista era previsible
en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el
momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar
de forma eficiente y oportuna el ataque teniendo la capacidad de hacerlo”65.

De lo anterior se desprende que, si bien la fuerza pública tiene el deber de evitar,
proteger y salvaguardar a los habitantes del territorio colombiano de los daños
antijurídicos a los que se vean expuestos por cuenta de la actuación de terceros,
también es verdad que este deber no es genérico y omnicomprensivo, en la
medida en que está circunscrito a dos situaciones: (i) cuando previo al
acaecimiento de la situación dañosa el particular ha solicitado la protección de las
autoridades o (ii) cuando, pese a que el particular no acudió a las autoridades
para solicitar su protección por hechos concretos que amenazaran su vida e
integridad, la situación dañosa ‘era previsible en razón a las especiales
circunstancias fácticas que se vivían en el momento’.

64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 13 de mayo de 2014, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 76001-23-31-000-
1996-05208-01(23128).
65 Consejo de Estado, Sentencia del 18 de agosto de 2020, M.P. Guillermo Sánchez Luque,

expediente 41795.

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51. Así entonces, la Sala se ocupará de analizar ambas circunstancias para
establecer si hubo o no un incumplimiento funcional en el deber de protección de
la fuerza pública en el caso concreto.

52. En primer lugar, no se evidencia en el plenario que, previo a la situación de
desplazamiento hubiere mediado alguna solicitud de protección por parte de los
demandantes, o de otra persona, alertando a las autoridades concernientes sobre
la eventual condición de amenaza o peligro en que se hallaban los demandantes
para la época de la ocurrencia del hecho dañoso.

53. En segundo lugar, tampoco se acreditó que los daños antijurídicos referidos
fueran previsibles para la fuerza pública de la zona. Esto, por cuanto si bien en la
sector rural del municipio de Zapatoca, Santander era de conocimiento público la
presencia de grupos al margen de la ley que llevaban a cabo actuaciones
terroristas, tal como quedó demostrado a partir de los testimonios citados, esto no
deriva en que fuera previsible para el Ejército y la Policía los hechos ocurridos el
31 de agosto de 1992, dado que tampoco se comprobó la existencia de
‘especiales circunstancias fácticas’, como el conocimiento de amenazas previas
dirigidas a uno o varios miembros del grupo familiar o que el señor Cabarique
Díaz tuviera una calidad especial que lo convirtiera en persona altamente
vulnerable, verbi gratia que ostentara una posición de líder comunitario, entre
otras.

Nada de ello fue acreditado en el sub lite. Como se advirtió, la sola presencia de
estos grupos al margen de la ley en la vereda donde habitaban los demandantes
no es constitutivo per se de una situación especial de vulnerabilidad, en el
entendido que toda la población de la zona y de gran parte del territorio
colombiano era vulnerable a dicha amenaza. De ahí que no resultaría razonable
exigir a la fuerza pública brindar una protección especial para cada miembro del
territorio colombiano, en razón a que la amenaza de los grupos ilegales era
generalizada.

54. En soporte de lo anterior, debe tenerse presente que, tal como lo ha
considerado esta Corporación en providencias anteriores, si bien la fuerza pública
tiene un deber general de protección de la vida e integridad de todos los

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habitantes del territorio colombiano, es el conocimiento de la situación el que hace
exigible la acción del Estado, conocimiento que se obtiene ‘ya sea porque el
interesado solicitó protección especial o porque su vulnerabilidad resultó
evidente’66.

55. En tal medida, el cargo de la apelación en relación con que el daño deprecado
por los actores era supuestamente previsible para las autoridades no prospera,
por las razones ya expuestas y las que a continuación se aúnan:

55.1. Frente al apartado de la apelación titulado “1.- A: situación de orden público
por parte de grupos al margen de la ley en Colombia – Bolívar”, en donde el
recurrente puso de presente una noticia del periódico el Tiempo, en la cual se
relataba el estado de amenaza en el que se encontraba el alcalde del municipio
del Carmen de Bolívar, por causa de las acciones contra la población civil
cometidas por grupos al margen de la ley en esta zona, se reitera lo que esta
Corporación ha dicho en diversas ocasiones: “no es posible dar pleno valor
probatorio a la información difundida en los diferentes medios de comunicación, ya
que los recortes de prensa aportados al proceso no generan, por sí solos, certeza
sobre la ocurrencia y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos
referidos”67.

De manera que, ni siquiera se pueden tener por ciertos los hechos que se
relataron en dicha nota periodística. No obstante, el hecho de su veracidad o no
tampoco merece un análisis en esta instancia, como quiera que se trata de hechos
ajenos a los del caso, que ni siquiera se relacionan con la misma zona de los
hechos del sub lite.

55.2. En relación con el segmento de la impugnación rotulado “1.- B: Situación de
orden público por parte de grupos al margen de la ley en Colombia – Zapatoca -
Santander”, en este aparte el censor citó una sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras,
proferida el 13 de agosto de 2019, en la cual se consideró que: “hay derecho a la

66 Ibidem.
67Consejo de Estado, Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2013, Sección Tercera -
Subsección C, Rad 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P., Enrique Gil Botero.

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restitución de los bienes que se disputan por que se probó el hecho de violencia
en el municipio de Zapatoca, por los grupos al margen de la ley, existiendo una
desprotección, a los solicitantes, lo cual llevo a perder sus tierras”.

Esta decisión, en manera alguna vincula al fallador de esta instancia, por no
tratarse de jurisprudencia ni doctrina probable68, ni constituir un precedente69.
Sumado a que, naturalmente no se puede reprochar la no aplicación a un caso
concreto de las consideraciones que otro operador judicial llevó a cabo frente a
otra situación jurídica independiente, precisamente en razón de la individualidad
de los hechos y de las circunstancias fácticas.

55.3. En cuanto al fragmento denominado “1.-D: Derecho a la igualdad frente a
esta sentencia del tribunal superior del Distrito Judicial de Cúcuta Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras”.

En esta parte del recurso, el apelante indicó que debía ser aplicado el fallo
descrito en el numeral anterior, esta vez por vía del derecho a la igualdad. No
obstante, este argumento tampoco prospera, por las mismas razones expuestas
en el apartado anterior, pues solo cuando se cumplen las exigencias para
considerar que un fallo es precedente, jurisprudencia o doctrina probable puede
predicarse, en principio, un deber por parte del fallador de decidir en el mismo
sentido, sin perjuicio de que el juez también tiene la posibilidad de apartarse
motivadamente de decisiones de este tipo70. Así, como la providencia aludida por
el censor no se erige como precedente ni jurisprudencia ni doctrina probable, no
puede pretenderse una supuesta violación al principio de igualdad.

68 Esto se refiera “al conjunto de decisiones que no provienen de cualquier juez, sino de aquel que

en la pirámide jerárquica ocupa la mayor posición y que, por su naturaleza y funciones, es decir,
por ser el órgano de cierre y/o de casación, de unificación, tiene la capacidad de orientar la
actividad interpretativa de los demás jueces”. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11
de febrero de 2016, M.P. Rocio Araujo Oñate. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-03358-
00(AC)
69 Teniendo en cuenta que: “es improcedente catalogar como precedentes judiciales, decisiones

proferidas por los juzgados y tribunales. Así las cosas, las sentencias aludidas en esta solicitud no
constituyen precedente vinculante para otros operadores judiciales y, en esa medida no le asiste
razón al argumento de la tutelante”. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11 de
febrero de 2016, M.P. Rocio Araujo Oñate. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-03358-
00(AC)
70
Corte Constitucional, SU 354 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.

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De manera que, los cargos de disenso expuestos por el apelante y abordados por
la Sala no son razones válidas para considerar que el hecho de la muerte del
señor Cabarique Diaz y el desplazamiento de sus hijos fuera previsible para las
autoridades y entidades demandadas. Como se indicó, ni el señor Cabarique Díaz
ni su familia ostentaban alguna condición que los hiciera vulnerables de forma
especial a los ataques de grupos al margen de la ley, tampoco se puso en
conocimiento de las autoridades amenazas de las que supuestamente fueron
víctimas días antes de ocurridos los hechos, al menos de estos dos aspectos no
obra prueba en el plenario, como se advirtió.

En tal virtud, se reitera que no hay prueba de que los hechos victimizantes que
acá se ventilan fueran previsibles para las autoridades.

56. De este modo y habida consideración que “para que el Estado responda por el
incumplimiento de la obligación de brindar protección y seguridad, se debe
establecer que las autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo o
peligro en que se encontraba la víctima”71, como esto no fue acreditado la Sala no
halla responsable a la fuerza pública, Ejército y Policía Nacional.

57. En tal virtud, frente a la censura del apelante, encaminada a que el Ejército y la
Policía Nacional incumplieron el deber de protección, en razón a que había una
situación de alteración de orden público generalizada en el municipio de Zapatoca,
causada por los grupos al margen de la ley, se declara impróspera por las razones
ampliamente explicadas en este acápite.

6.5. De la responsabilidad de la Unidad para la Atención y Reparación de las
Víctimas y el Departamento para la Prosperidad Social

58. En este punto, la Sala observa que el demandante invocó como hecho
segundo y tercero del libelo demandatorio, que sus mandantes se encontraban
incluidos en el Registro Único de Víctimas, desde el 7 de febrero de 2004, según
documento que anexaría; sin embargo, no fue anexado. De lo anterior, derivó que

71Consejo de Estado, Sentencia del 5 de marzo de 2021, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
expediente 44001-23-33-000-2015-00086-01 (64563)

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sus representados tenían derecho a la indemnización administrativa, sin explicar si
lo que pretendía era imputarles un hecho, omisión u operación administrativa
vinculada con el trámite de esa indemnización.

59. En el recurso de apelación, nuevamente hizo alusión a dichas entidades
señalando que:

“Ahora la señora juez y la parte demandada no probaron dentro de este
expediente que la entidad demandada encargada de realizar el procedimiento
administrativo lo hayan realizado a mis mandantes, lo que Indica A LA LUZ
MERIDIANA, que el A QUO, está afirmando que existe un incumplimiento
administrativo por parte de la entidad administradora de los recursos de las
victima (UARIV), pero, el a quo se niega a responsabilizarla o condenarla por
esta falla administrativa, es decir, reconoce que a mis mandantes no se les ha
pagado por falta de un procedimiento que debe realizar la entidad demandada
(UARIV), pero que la juez se abstiene de condenarla por dicha falla.

Adicionó que el medio probatorio procedente para obtener una condena en este
sentido era la reparación directa, porque niegan indemnizaciones por vía de
tutela.

60. Al respecto, en primer lugar, cabe precisar que, contrario a lo sostenido por el
recurrente, el a quo no tiene ninguna carga probatoria, esta compete
exclusivamente a las partes. El deber del fallador se restringe a valorar en derecho
dicho material provisto por los extremos de la litis.

61. En segundo lugar, la Sala advierte que en el documento aportado por la
Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas se basó en la existencia de
la Resolución 1862 de 2012, de la Resolución 527 de 2018 y de la Resolución
2320 de 2018, por las cuales se reconoció a favor de los demandantes incluidos
en el Registro Único de Víctimas la indemnización administrativa por los hechos
victimizantes de homicidio del señor Cabarique Díaz y por el desplazamiento
forzoso, como víctimas directas.

Y a pesar de que el link, por medio del cual los aludidos actos administrativos
fueron allegados al proceso, no permite el acceso a esta Sala, esto no le resta
importancia ni valor a la prueba documental en sí misma, en donde se anexaron

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imágenes del aplicativo ‘Vivanto’ de la Unidad para la Atención y Reparación de
las Víctimas, en la que consta información del Registro Único de Víctimas y,
puntualmente, se evidenció que en dicho sistema se incorporaron datos relativos a
los pagos indemnizatorios por desplazamiento forzado y el posterior cobro que los
beneficiarios llevaron a cabo de dicho pago.

62. En este sentido, era carga del demandante demostrar que la información allí
contenida era falsa o errónea. No obstante, no cumplió con ella, por lo que la Sala
no encuentra mérito para condenar a la Unidad para la Atención y Reparación de
las Víctimas al pago de la indemnización pecuniaria, cuando no hay prueba de
dicho incumplimiento y, aun cuando estuviera probado que la indemnización
administrativa no ha sido cancelada, debe tenerse en cuenta que la solicitud de
dicho pago debía dirigirse directamente a la entidad responsable del Registro
Único de Víctimas, esto es la Unidad para la Atención y Reparación de las
Víctimas, conforme al procedimiento especial establecido en el artículo 2.2.7.3.6
del Decreto 1084 de 201572, trámite que tampoco fue acreditado por el
demandante.

Derivado de ello, y solo para fines ilustrativos, se deja claro que es la nulidad y
restablecimiento del derecho73 el medio de control procedente para atacar una
hipotética decisión de la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas de
no acceder a la indemnización administrativa, una vez surtido el trámite descrito
en el artículo 2.2.7.3.6 del mencionado Decreto. No la reparación directa, como se
estableció desde el primer aparte de consideraciones de esta providencia.

63. De manera que, no hay mérito alguno para condenar a la Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas, pues ningún daño conexo a su esfera
funcional fue probado. Igual conclusión cabe frente al Departamento para la

72 Para mejor referencia se cita el aparte de la norma en cita: “Procedimiento para la solicitud de

indemnización. Las personas que hayan sido inscritas en el Registro Único de Víctimas podrán
solicitarle a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
la entrega de la indemnización administrativa a través del formulario que esta disponga para el
efecto, sin que se requiera aportar documentación adicional salvo datos de contacto o apertura de
una cuenta bancaria o depósito electrónico, si la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas lo considera pertinente. Desde el momento en que la persona
realiza la solicitud de indemnización administrativa se activará el Programa de Acompañamiento
para la Inversión Adecuada de los Recursos de que trata el presente Capítulo”.
73 Artículo 138 del CPACA.

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Prosperidad Social, quien ni siquiera es responsable del Registro Único de
Víctimas, como se estableció.

6.6. Resolución sobre costas y agencias en derecho

6.6.1. Costas

64. El artículo 188 del CPACA74 remitió en el tema de costas procesales al Código
de Procedimiento Civil, actualmente Código General del Proceso. En el artículo
365 del CGP, se establece un criterio objetivo de condena en costas, que impone
condenar en este asunto a la parte vencida en este litigio.

65. Así las cosas, el artículo 361 del CGP establece que las costas están
integradas por la totalidad de las expensas sufragadas durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho.

66. El artículo 365 del cuerpo normativo citado, en el numeral 1, dispone que se
“condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación”.

67. En consecuencia, se condenará en costas a la parte demandante, quien
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
debido a que este no prosperó.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en
los términos del artículo 366 del Código General del Proceso75.

6.6.2. Agencias en derecho

68. Para la condena en agencias en derecho correspondientes a esta instancia,
conforme lo consagrado en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en
cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del

74 Con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, que entró en vigencia el 25 de enero de

2021, es decir, antes de la interposición del recurso de apelación que conoce esta instancia.
75 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.

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Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. En ese sentido se
observa que:

(i) Se trata de un proceso de reparación directa, cuyas pretensiones equivalían
a la suma de $674.605.000 por concepto de daños materiales, el monto de
$3.692.100.000 por daños inmateriales, $257.740.000 por daño moral derivado del
desplazamiento forzado, $515.480.000 por daño moral derivado del homicidio de
Pedro Elías Cabarique Díaz y $515.480.000 por daño a la vida en relación. Cuya
sumatoria corresponde a $5.655.405.000.

(ii) En cuanto a la duración y la complejidad de la gestión procesal, se observa
que, si bien las entidades demandadas no fueron convocadas para presentar
alegatos de conclusión, dicha circunstancia no desvirtúa que, en todo caso, debió
atender el proceso de manera diligente y oportuna, a través de sus apoderados
judiciales.

(iii) De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura
en el acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda76, en materia
de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente:

ACUERDO 1887 DE 2003
(Junio 26)
Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho

(…)

Artículo 2º—Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de
las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a
cargo de quien pierda el proceso el incidente o trámite especial por él
promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, (…).

Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las
tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en
cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía
de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean
equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente
al valor de las pretensiones. (…).

76 La demanda se presentó el 29 de julio de 2015. El Acuerdo 1887 de 2003 se encontraba vigente

para ese momento.

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Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

Artículo 5º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho
se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en
porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o
negadas en la sentencia.

Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…).

III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (…)

3.1.3. Segunda instancia.

Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia.

69. A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda
instancia en el 0,1% de las pretensiones correspondientes a $5.655.405.000,00,
es decir, la suma de $5.655.405. Esta condena deberá incluirse en el auto de
liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia del 18 de noviembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en los siguientes
términos:

DECLARAR la caducidad de las pretensiones relacionadas con el
hecho victimizante del homicidio del señor Pedro Elías Cabarique Díaz,
conforme lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, por lo
expuesto en las consideraciones de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte
demandante, las cuales serán liquidadas por el Tribunal de primera

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Radicación 68001233300020170020301 (68154)
Demandante: Gladis Cabarique Vásquez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, Unidad para la
Atención y Reparación de las Víctimas
y otros
Acción: Reparación directa

instancia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 366 del Código General del
Proceso.

Como agencias en derecho en segunda instancia, se fija la suma de
$5.655.405, en favor de la Nación- Rama Judicial.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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