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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03465-01

Fecha
31 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03465-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 21 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03465-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

31 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03465-01
Accionante: Ary Armando Nieto Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 21
de agosto de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 5 de junio de 20251 Ary Armando Nieto Dorado, a través de apoderado, interpuso
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados
por el Juzgado Primero Administrativo de Popayán y el Tribunal Administrativo del
Cauca, debido a que, mediante sentencia del 18 de mayo de 2021, el primero negó
las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el segundo el 14
de noviembre de 2024, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 19001-33-33-010-2020-00163-00/01.

2. Hechos

2.1. El hoy accionante interpuso demanda3 contra la Administradora Colombiana de
Pensiones (COLPENSIONES), con el fin de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones GNR 538 y DIR 10583 de 2017. A título de restablecimiento del derecho,
solicitó, entre otras cosas, ordenar a la referida entidad: i) reconocer una pensión
de jubilación en cuantía de $1.622.927,02, a partir del 1.º de diciembre de 2013,
equivalente al 75 % de los factores salariales devengados en el último año de

1
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 9AB9DFA6A035FA4D 2C4BB6530367F3E6
E4B00D0039D88D29 06309D8741C879D7.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
E4FD7BAFA7EDBA89 B47FB803AE2E52AD BF6597A0C978FF25 7EB68DF7214D68CA.
3
Archivo denominado “01 demanda anexos […]”, de la sub carpeta “2018-154 Lega […]”, sub carpeta “C01 Principal”, carpeta
“01 Primera Instancia”, visible a índice 16 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 852E39FCE7C922D1
BFD7E86F5A6C7CCE E71E870F2FFDE961 AA8BED5E7F0365BC.

2

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03465-01
Accionante: Ary Armando Nieto Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

servicio, esto es, las primas de riesgo, de vacaciones, de navidad y de servicios, los
subsidios de transporte y de alimentación y la bonificación por servicios, en los
términos de la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994; y ii) pagar el retroactivo
pensional debidamente indexado.

2.2. El 18 de mayo de 20214 el Juzgado Primero Administrativo de Popayán, en
sentencia de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Inconforme con la decisión, el señor Nieto Dorado interpuso recurso de
apelación.

2.4. Mediante providencia del 14 de noviembre de 20245, el Tribunal Administrativo
del Cauca profirió sentencia de segunda instancia en la que confirmó la providencia
apelada.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. Las providencias censuradas incurrieron en un defecto sustantivo, porque si
bien reconocieron que el entonces demandante era beneficiario y pertenecía al
régimen especial del INPEC, desconocieron que su situación fáctica se regía por el
Decreto 1045 de 1978. Así, las autoridades judiciales accionadas señalaron que,
pese a no haberse establecido la forma de liquidación de una pensión de ese
régimen especial, el 75 % del promedio obtenido en el año anterior al retiro debía
liquidarse teniendo en cuenta los factores salariales contemplados en el Decreto
1158 de 1994, lo que transgredió el principio de favorabilidad.

3.2. Las reglas contenidas en los precedentes jurisprudenciales citados por las
autoridades accionadas, verbigracia la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 28 de agosto de 2018, no pueden aplicarse al régimen especial del actor,
y menos aún cuando desempeñó una función bajo un riesgo inminente, dado que

4
Archivo denominado “004 Acta audiencia inicial y Sentencia”, de la sub carpeta “C01 Principal”, carpeta “01 Primera
Instancia”, visible a índice 16 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 852E39FCE7C922D1
BFD7E86F5A6C7CCE E71E870F2FFDE961 AA8BED5E7F0365BC.
5
Archivo denominado “06 Fallo segunda instancia”, de la sub carpeta “C01 Principal”, carpeta “02 Segunda Instancia”, visible
a índice 16 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 852E39FCE7C922D1 BFD7E86F5A6C7CCE
E71E870F2FFDE961 AA8BED5E7F0365BC.

3

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Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

dicha providencia únicamente hace referencia al régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En ese orden de ideas, la pensión de jubilación de aquellos servidores del DAS y del
INPEC debe ser liquidada con el 75 % del salario promedio devengado durante el

último año de servicio, según lo previsto en el Decreto Ley 3135 de 1968,
reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, y en cuanto a los factores salariales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

3.3. Las sentencias que niegan la reliquidación de las pensiones con todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio, de conformidad con el
Decreto 1045 de 1978, transgreden el principio de inescindibilidad de la norma.

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“1. AMPARAR los derechos DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURÍDICA, EXPECTATIVAS
LEGÍTIMAS, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD NORMATIVA E IGUALDAD PROCESAL, entre
otros de ese mismo orden del señor ARY ARMANDO NIETO DORADO.

2. ORDENAR AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, en amparo a los derechos
enunciados, revocar la sentencia proferida el 18 de mayo de 2021, haciendo un adecuado análisis
normativo y probatorio, y utilizando la normatividad y jurisprudencial realmente aplicable al caso.
En consecuencia en la sentencia de segunda instancia se ordene reliquidar la pensión de mi
asistida conforme hay lugar según los preceptos legales y pronunciamos de ese órgano de cierre
según la situación concreta de la pensión de la actora

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí
tutelados.”6

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 25 de junio de 20257 se admitió la acción de tutela y se vinculó
a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES). También se dispuso
la notificación a las partes y a la vinculada.

5.2. El Juzgado Primero Administrativo de Popayán8 hizo un recuento de las
actuaciones surtidas en esa instancia y precisó que no transgredió ningún derecho

6
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado E4FD7BAFA7EDBA89 B47FB803AE2E52AD
BF6597A0C978FF25 7EB68DF7214D68CA, folio 23.
7
Índice 11 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado 3586E3BE2D9EA7AB
6AB4A383B6C05320 D929D28876E3147D 69E6F569E881466B.
8
Índice 16 de SAMAI, certificado E82DDF5D424DE980 94AEDCC578976A69 034B335478A9D378 7E867364CE418E9F,
ibid.

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Accionante: Ary Armando Nieto Dorado
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fundamental del actor, pues garantizó el debido proceso, respetó el derecho de
defensa y contradicción, y desde su autonomía analizó los presupuestos procesales
que condujeron a la aplicación de la normatividad y de los precedentes
jurisprudenciales atinentes al caso concreto.

5.3. La Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)9 señaló que el
accionante pretende reabrir el debate que culminó en sede ordinaria, sin que se
observe vulneración de derechos o un perjuicio irremediable. Finalmente, aseveró
que se configura la cosa juzgada, comoquiera que el estudio del sub lite fue agotado
por el juez ordinario.

5.4. El Tribunal Administrativo del Cauca no se pronunció.10

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 21 de agosto de 202511 el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró
improcedente la acción de tutela al no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.

El a quo constitucional consideró que no se cumplía con el requisito de relevancia
constitucional, pues el accionante pretende reabrir un debate propio del juez natural
sobre una situación definida y consolidada. Por su parte, en cuanto al presunto
desconocimiento del precedente, determinó que, si bien el actor hizo referencia a
sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 29 de agosto de
2024, radicado 05001-33-33-015-2016-00298-01, y el 31 de enero de 2025,
radicado 05001-33-33-023-2016-00809-01, lo cierto era que dichas providencias
fueron dictadas por un tribunal diferente al accionado, por lo que no constituyen
precedente para dicha corporación.

9
Índice 17 de SAMAI, certificado 49B66B2B2F864068 0BCBA71D6415477F 74463AAA3B5264C4 90C2BE3D7B61B9F4,
ibid.
10
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Tribunal Administrativo del Cauca hubiera
rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida obrante a índice 14 de SAMAI, ibid.
11
Índice 19 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado
F5891444C7EB6AAD E149DEA37E88AFED A90BDB4D92098411 9E1428E16C56C2B8.

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7. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 12,
en el que manifestó lo siguiente:

7.1. El a quo constitucional desconoció que negar la reliquidación pensional
conforme al régimen especial de una institución como el INPEC, transgrede los
derechos fundamentales invocados.

7.2. La acción de tutela sí contiene una argumentación completa, pues no solo se
enfatizó en el desconocimiento por parte del juez de los derechos fundamentales,
sino que se desarrolló cada uno de ellos.

7.3. Las autoridades judiciales accionadas fundamentaron sus decisiones en
precedentes jurisprudenciales que no son aplicables a su situación fáctica porque
perteneció a un régimen especial, con lo cual se desconoció el principio de
favorabilidad.

8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 9 de septiembre de 202513 el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 21 de agosto de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Primera.

12
Índice 23 de SAMAI, certificado BCC824EFED6BEA1A 68E5AB734D94F9E8 6DEB2CAC2D2BB259
01D9C00929E9EBD9, ibid.
13
Índice 26 de SAMAI, certificado 6F5F4F2098355532 9F5F5E1802CD921A 14D4FA7388827CBB 9C339B875CB71603,
ibid.

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2. Cuestión previa

A pesar de que el tutelante atacó las providencias de primera instancia del 18 de
mayo de 2021 y la del 14 de noviembre de 2024, que la confirmó, la Sala analizará
únicamente la segunda en mención, puesto que se observa que esta fue la que
concluyó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
19001-33-33-010-2020-00163-00/01.

3. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales y, en caso afirmativo, establecerá
si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad14 y de procedencia15 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

5.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.16

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario

14
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
15
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.

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examinar dos elementos, a saber17: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202218, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

5.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos formulados no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un intento de
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

5.3. En el caso concreto, el señor Nieto Dorado cuestiona, en esencia, que el
Tribunal Administrativo del Cauca, si bien reconoció que era beneficiario y
pertenecía al régimen especial del INPEC, desconoció que su situación fáctica se
regía por el Decreto 1045 de 1978. Señala que dicha autoridad afirmó que, pese a
que no fue establecida la forma de liquidación de una pensión de ese régimen
especial, el 75 % del promedio obtenido en el último año de servicio debía liquidarse
teniendo en cuenta los factores salariales contemplados en el Decreto 1158 de
1994, con lo cual transgredió los principios de favorabilidad y de inescindibilidad
normativa.

Adujo que las reglas contenidas en los precedentes jurisprudenciales tenidos en
cuenta por el tribunal; verbigracia, la sentencia de unificación del Consejo de Estado
del 28 de agosto de 2018, no pueden aplicarse al régimen especial del actor, mucho
menos por haber desempeñado una función bajo un riesgo inminente, dado que

17
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
18
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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dicha providencia solamente hace referencia al régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.

5.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 14 de
noviembre de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo del Cauca, se observa el
siguiente análisis textual:

“Se destaca que la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 28
de julio de 2022 estudió el ingreso base de liquidación de los beneficiarios de las pensiones
especial de riesgo, en virtud de la transición prevista en el Decreto 2090 de 2003. Si bien en dicha
providencia se analizó el régimen pensional del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS,
las consideraciones sobre el ingreso base de liquidación son vinculantes frente al régimen
pensional del INPEC, regulado en la Ley 32 de 1986. Lo anterior, en tanto, en dicha providencia
estableció en la regla de unificación que el ingreso base de liquidación de los servidores cobijados
por el régimen de transición del Decreto 2090 de 2003 es el previsto por los artículos 21 y 36 de
la Ley 100 de 1993.

[…] Así se indicó por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de sentencias
de 06 de octubre de 2022 y 03 de noviembre de 2022.

Ahora bien, diversas providencias de tutela interpuestas contra fallos de Tribunales que han
negado la reliquidación de pensión del personal del INPEC, el Consejo de Estado ha concluido
que la segunda subregla prevista en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, es
extensiva para todos los regímenes, tanto para el general como para los regidos por normas
especiales de jubilación.

[…] No obstante, de manera disímil, en algunas providencias con ponencia del magistrado Rafael
Francisco Suárez Vargas se ha admitido que “debido a que en el régimen específico del INPEC
no se estableció la forma en la que se debe liquidar la pensión, esta Sala concluye que, para
quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho pensional se debe liquidar con el 75%
del promedio mensual obtenido en el último año de servicios con los factores establecidos en el
Decreto 446 de 1994.”

Sin embargo, encuentra esta Sala que esta última postura se trata de una tesis aislada, pues de
forma mayoritaria, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que la pensión de
quienes hicieron parte del cuerpo de custodia del INPEC y se vincularon con anterioridad al 28
de junio de 2003, la pensión debía liquidarse conforme el artículo 21 de la Ley 100 de 1992 y el
Decreto 1158 de 1994.

[…] Asimismo, se certifica que devengó asignación básica mensual y “remuneración por servicios
prestados”, conforme la casilla 30D. En ese mismo formato se aclara que “la COLUMNA No. 30D,
CORRESPONDE A LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS”

La Sala observa que el demandante estaba habilitado para acceder a su pensión conforme los
postulados del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, comoquiera que, al 28 de julio de 2003, fecha
entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, contaba con 627,99 semanas (superior a 500
semanas).

En tal virtud, para efectos del reconocimiento pensional debía acudirse al régimen especial que
regía para los empleados del INPEC, contenido en la Ley 32 de 1986. Esto, en con el artículo 168
del Decreto 407 de 1994, derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003, que estableció
que los miembros de dicho instituto, que a la fecha de su entrada en vigencia se encontraran
prestando sus servicios, tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos
establecidos en el artículo 96 de la citada Ley 32 de 1986.

Así, siguiendo la tesis mayoritaria del Consejo de Estado, como se vio en precedencia, según la
cual, dado que la Ley 32 de 1986 no contempló los factores a tener en cuenta, se debe atender
a la remisión de los artículos 114 ibídem, que señala que en los aspectos no previstos en ellas,
se aplicarán las normas vigentes para los empleados públicos nacionales. Entonces, como quiera
que el actor adquirió su estatus pensional el 11 de agosto de 2011, la norma en rigor para los

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empleados del orden nacional es la Ley 100 de 1993. Por tanto, en cuanto a los factores salariales
es necesario acudir al Decreto 1158 de 1994. Ello en atención a la tesis planteada por el Consejo
de Estado, en las sentencias de unificación vistas en acápite anterior, dejando atrás otra posición
que se hubiese podido adquirir en oportunidad anterior.

[…] Según se vio, el actor devengó asignación básica y bonificación por servicios prestados, y en
la resolución que reconoció la prestación, textualmente se determinó que “no se tomaron en
cuenta los valores incluidos por concepto de bonificación por recreación, la prima de navidad y la
Prim. ser.” Luego, contrario a lo afirmado en la alzada, resulta posible inferir que el factor que se
alega como desconocido, fue en efecto incluido dentro de la liquidación, máxime cuando
correspondía a la parte actora, en virtud del artículo 167 del CPG, probar lo contrario.

Así las cosas, tal como lo concluyó el a quo, la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad
sobre los actos demandados, pues la pensión se liquidó tomando una tasa de reemplazo del 75%
de los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994, por lo que se impone confirmar
la sentencia de instancia.”19

5.5. Luego de lo relatado, se observa que en sede de tutela la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia de segunda instancia censurada.

Pues bien, el Tribunal Administrativo del Cauca realizó un recuento normativo y
jurisprudencial sobre la forma de liquidación de las pensiones de jubilación en
regímenes especiales de actividades de alto riesgo como el DAS y el INPEC.

Para tal efecto, entre otras, citó la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022,
emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que, si bien analizó el
régimen de los funcionarios del DAS, el tribunal sostuvo que las consideraciones ahí
contenidas sobre el ingreso base de liquidación eran vinculantes para el régimen
pensional del INPEC, regulado en la Ley 32 de 1986. Dicha conclusión tuvo
fundamento en sentencias emitidas por la Sección Segunda de esta corporación el
6 de octubre, radicado 25000-23-42-000-2018-01644-01 (2966-2020), y el 3 de
noviembre de 2022, radicado 76001-33-33-005-2014-01135-01 (2331-2020), que
expresamente trajo a colación.

Así, determinó que: a. la regla de unificación contenida en la sentencia del 28 de
julio de 2022, según la cual el ingreso base de liquidación de los servidores
cobijados por el régimen de transición del Decreto 2090 de 2003 es el previsto en
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y b. la segunda subregla de la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018, eran aplicables a las pensiones de quienes
hicieron parte del Cuerpo de Custodia del INPEC y se vincularon con anterioridad al
28 de junio de 2003. En consecuencia, aseveró que dicha prestación debía

19
Archivo denominado “06 Fallo segunda instancia”, de la sub carpeta “C01 Principal”, carpeta “02 Segunda Instancia”, visible
a índice 16 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 852E39FCE7C922D1 BFD7E86F5A6C7CCE
E71E870F2FFDE961 AA8BED5E7F0365BC.

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Accionante: Ary Armando Nieto Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

liquidarse conforme con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de
1994.

Por su parte, puso de presente que existía una posición aislada al interior de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual, para quienes son
beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho pensional debía liquidarse con el 75
% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios, teniendo en cuenta
los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994. No obstante, precisó que la
postura mayoritaria era la referida líneas atrás.

Por otro lado, encontró probado que el entonces demandante era beneficiario del
artículo 98 de la Ley 32 de 1986, comoquiera que, para la fecha de entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003, contaba con 627,99 semanas —superior a 500
semanas—. En cuanto a los factores salariales a incluir, indicó que debían ser los
contemplados en el Decreto 1158 de 1994.

Finalmente, concluyó que, en la liquidación de la prestación, se tuvieron en cuenta
la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, factores que fueron
devengados por el señor Nieto Dorado. En consecuencia, no se desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos demandados, toda vez que la pensión se
liquidó con una tasa de reemplazo del 75 % de los factores salariales previstos en
el Decreto 1158 de 1994.

5.6. Así, para esta Subsección es claro que el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se observó, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate
que tuvo lugar en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
el fin de que prevalezca su interpretación sobre la acogida por el Tribunal
Administrativo del Cauca en el proceso 19001-33-33-010-2020-00163-00/01.
Cuestión distinta es que la parte accionante no comparta el sentido de la decisión
adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia del juez constitucional,
en tanto no le corresponde definir la forma en que el juez natural debe decidir.

Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de

11

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03465-01
Accionante: Ary Armando Nieto Dorado
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro

corrección” de la decisión cuestionada20, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario.21

6. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de relevancia constitucional. En consecuencia, la acción tuitiva resulta
improcedente, como lo concluyó el a quo, razón por la cual se confirmará el proveído
impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 21 de agosto de 2025, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado

20
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
21
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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