Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-33-33-005-2014-01135-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-33-33-005-2014-01135-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-33-33-005-2014-01135-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
3 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Radicado : 76001-33-33-005-2014-01135-01
Número interno : 2331-2020
Actor : Neftaly Sánchez Mina
Demandado :/Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Medio de control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho –
Ley 1437 de 2011
Asunto :/El IBL del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de //transición especial de los servidores del INPEC que realizan actividades de alto riesgo – Solo se incluyen los factores salariales sobre los que se hayan efectuado los/aportes o cotizaciones al Sistema General de Pensiones.
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia del 30 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
l. ANTECEDENTES
Demanda
Pretensiones
El señor Neftaly Sánchez Mina acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
-La Resolución núm. 26698 del 17 de junio de 2008, mediante la cual se le reconoció una pensión mensual vitalicia de vejez.
-La Resolución núm. PAP 006285 del 12 de julio de 2010, por la cual se reliquidó la pensión por nuevos factores salariales.
-La Resolución núm. PAP 048454 del 15 de abril de 2011, que le negó la reliquidación de la pensión.
A título restablecimiento del derecho pidió que se ordene a la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación tomando como base los factores salariales de asignación básica, sobresueldo nacional, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de riesgo, subsidio unidad familiar 7%, bonificación servicios prestados, prima de servicios, sueldo vacacional, prima de vacaciones, sobresueldo municipal, prima de navidad y bonificación de recreación, devengados en el último año de servicios, de conformidad con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, efectiva desde el 1 de noviembre de 2008.
También requirió el pago de las diferencias que resulten entre la pensión reliquidada y las mesadas que se venían cancelando; el reconocimiento de los intereses moratorios y la indexación a que haya lugar; y que se condene en costas y gastos del proceso a la entidad demandada.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:
El señor Neftaly Sánchez Mina nació el 21 de julio de 1964; laboró en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC desde el 1 de agosto de 1986 hasta el 1 de noviembre de 2008, con un total de 22 años.
La Caja Nacional de Previsión Social, mediante Resolución núm. 26698 del 17 de junio de 2008, le reconoció una pensión mensual vitalicia de vejez en cuantía de $1.000.072.
A través de la Resolución núm. 006285 del 12 de julio de 2010, la entidad reliquidó la pensión de vejez por nuevos factores de salario, tomando como base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicio, incluyendo la asignación básica, bonificación por servicios prestados y sobresueldo, elevando la cuantía a una suma de $1.073.039.
Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 48, 53 y 90.
Del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 21.
De la Ley 33 de 1985, el artículo 1°.
De la Ley 32 de 1986, los artículos 49, 51, 73, 96 y 114.
Del Decreto 407 de 1994, el artículo 184.
De la Ley 4 de 1996, el artículo 4°.
Del Decreto 1045 de 1978, el artículo 45.
La sentencia del 10 de agosto de 2006 proferida por el Consejo de Estado.
Al explicar el concepto de violación indicó que al 21 de febrero de 1994, fecha en que entró a regir el Decreto 407 de 1994, se encontraba prestando sus servicios al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria, por lo que le es aplicable el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
Agregó que antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 la disposición en materia pensional vigente para los empleados oficiales del orden nacional era la Ley 33 de 1985, que excluyó a los empleados oficiales que disfrutaban de un régimen especial de pensiones como el de los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciara Nacional del INPEC.
Adujo que por gozar de un régimen especial consagrado en la Ley 32 de 1986 y por remisión del Decreto 407 de 1994, se le debe aplicar el régimen vigente para los empleados públicos del orden nacional; esto es, la Ley 4 de 1966, la cual ordena que la pensión de jubilación especial se liquide sobre todos los factores salariales devengados en el último año de servicio en concordancia con lo preceptuado por el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que los actos acusados se ajustaron al ordenamiento jurídico.
Manifestó que el actor es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; por lo cual, es procedente liquidar la prestación conforme la Ley 32 de 1986, teniendo en cuenta que se mantienen las condiciones previstas del régimen anterior, pero únicamente en cuanto a la edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de pensiones; mientras que, la base salarial sobre la cual se liquida la prestación se rige por la Ley 100 conforme los artículos 18 y 21, y en cuanto a los factores salariales la norma aplicable es el artículo 6 del Decreto 1158 de 1994.
Consideró que, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 446 de 1994, la prima de riesgo no constituye factor de salario y solo se podría tener en cuenta si se certifica como un factor salarial, con el correspondiente descuento del 5%.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido, ausencia de vicios en el acto administrativo demandado y prescripción.
La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en fallo del 30 de agosto de 2019, negó las pretensiones de la demanda.
Destacó que al actor le es aplicable la Ley 32 de 1986, en virtud de la cual tiene derecho a pensionarse al cumplir el tiempo de servicios; sin embargo, los aspectos no regulados en la norma en cita se rigen por las disposiciones pensionales vigentes para los empleados del orden nacional.
Precisó que en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005 y el Decreto 1950 del mismo año, los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria del INPEC vinculados hasta el 27 de julio de 2003, están regidos por la Ley 32 de 1986, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
En virtud de lo anterior, adujo que en el caso concreto la pensión se debe liquidar de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994, al ser las normas vigentes a la fecha de adquisición del estatus.
4. Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación en los siguientes términos.
Sostuvo que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria adscritos al INPEC que ingresaron con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, se le aplica el régimen especial dispuesto en la Ley 32 de 1986 en su integridad.
Alegó que para el reconocimiento de la pensión los aspectos no previstos en la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994 se rigen por las normas vigentes para los servidores públicos nacionales. En ese sentido, se deben tener en cuenta los factores salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
5. Alegatos de conclusión
La parte actora insistió en que tiene derecho a la reliquidación de la pensión con el régimen previsto en la Ley 32 de 1986, en concordancia con la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1045 de 1978.
La entidad demandada adujo que la pensión se reconoció en aplicación de la Ley 32 de 1986; la cual no estableció la forma de liquidación, por lo tanto, se acude a los postulados del artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
6. El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación presentado por la parte actora, corresponde a la Sala determinar si revoca el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto se analizará si el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del actor, reconocida conforme la Ley 32 de 1986, por haber prestado sus servicios en el INPEC, incluye la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, o si por el contrario se rige por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.
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Lo probado en el proceso
El señor Neftaly Sánchez Mina nació el 21 de julio de 1964 según copia de cedula de ciudadanía.
Laboró al servicio del INPEC desde el 1 de agosto de 1986 al 31 de octubre de 2008, periodo de tiempo en el cual se realizaron cotizaciones a Cajanal, según consta en el Certificado de Información Laboral -Formato No. 1 del 9 noviembre de 2015.
Ahora bien, obra en el expediente Certificación de Salarios Mes a Mes en Formato No. 3 (B) del 23 de noviembre de 2015, expedida por el INPEC, mediante el cual se constata que el actor cotizó sobre los siguientes factores salariales en consonancia con el Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual y bonificación por servicios prestados.
El Coordinador del Grupo de Tesorería de Valores Pagados certificó el 7 de diciembre de 2015 que el actor devengó entre enero de 1994 y septiembre de 2008 los factores por concepto de: prima de riesgo, subsidio de alimentación, subsidio unidad familiar, auxilio de transporte, bonificación por recreación, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios, prima capacitación dragoneante y prima seguridad.
La Caja Nacional de Previsión Social, mediante la Resolución núm. 26698 del 17 de junio de 2008, le reconoció al accionante una pensión de vejez en cuantía de $1.000.072, efectiva a partir del 1 de septiembre de 2007, condicionada al retiro definitivo del servicio teniendo en cuenta lo siguiente:
El peticionario laboró un total de 7590 días, 1084 semanas, así:
ENTIDAD LABORO
DESDE
HASTA
DIAS
INPEC
1986-08-01
2007-08-30
7590
Nació el 21 de julio de 1964 y cuenta con 43 años edad.
Adquirió el status jurídico el 30 de julio de 2006.
La liquidación se efectúa con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con los factores de asignación básica, bonificación por servicios prestados y sobresueldo.
Que le es aplicable el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 en virtud de lo establecido en el parágrafo transitorio 5° del Acto Legislativo 01 de 2005.
Por medio de la Resolución núm. PAP 006285 del 12 de julio de 2010, la entidad reliquidó la pensión de vejez en suma equivalente a $1.073.039, efectiva a partir del 1 de octubre de 2008, condicionada al retiro definitivo del servicio.
En dicho acto se indicó que no es procedente la reliquidación con todos los factores de salario devengados en el último año de servicio, toda vez que el peticionario adquirió el estatus jurídico el 30 de julio de 2006 y le es aplicable la Ley 100 de 1993, por remisión expresa del Decreto 2090 de 2003.
Agregó que los factores de prima de navidad, prima de vacaciones y prima de servicios no se encuentran enlistados en el Decreto 1158 de 1994. Así las cosas, la reliquidación se efectuó con el 75% del salario promedio devengado entre el 1 de octubre de 1998 hasta el 30 de septiembre de 2008, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores de asignación básica, bonificación por servicios prestados y sobresueldo.
A través de la Resolución núm. PAP 048454 del 15 de abril de 2011 la demandada negó la reliquidación de la pensión por considerar que el Decreto 1045 de 1978 solo es aplicable para las personas que adquieren el status jurídico de pensionado antes del 29 de enero de 1985. Igualmente, sostuvo que la prima de riesgo no constituye factor salarial en consonancia con el Decreto 446 de 1994.
Solución del caso concreto
En el asunto bajo análisis, la entidad accionada reconoció la pensión aplicando la Ley 32 de 1986 “por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”, el IBL de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994.
El accionante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron la reliquidación de la pensión, para que sea liquidada con todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
El Tribunal de instancia negó las pretensiones de la demanda por considerar que los funcionarios del INPEC, que ingresaron antes del 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003 tienen derecho a que se les aplique el régimen anterior, esto es, la Ley 32 de 1986 que exige 20 años de servicios, pero no para determinar el IBL, el cual es regulado por la Ley 100 de 1993.
Inconforme con esta decisión, la parte demandante solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, para que se liquide la pensión con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.
Para dar respuesta al problema jurídico planteado, lo primero que ha de advertirse es que el accionante se encuentra amparado por la transición establecida en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, toda vez que para el 28 de julio de 2003 contaba con más de 500 semanas cotizadas y pertenecía a la planta de personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, en calidad de inspector.
Ahora bien, la pensión de vejez del actor fue liquidada de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y con los factores salariales enlistados el Decreto 1158 de 1994, teniendo en cuenta que el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de que la pensión de los beneficiarios de la transición se calculara con el ingreso base de liquidación dispuesto en el régimen anterior que les fuera aplicable. Lo anterior, en concordancia con el artículo 48 de la Constitución Política, en cuanto dispone que “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (...)”.
Sobre el particular, la Sala observa que, en efecto, el señor Neftaly Sánchez Mina estuvo vinculado como funcionario del INPEC desde el 1 de agosto de 1986 hasta el 31 de octubre de 2008. En tal virtud, para efectos del reconocimiento pensional, debía acudirse al régimen especial que regía para los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional - INPEC, esto es, las normas consagradas en la Ley 32 de 1986. Esto, en concordancia con el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003, que estableció que los miembros de dicho Cuerpo, que a la fecha de su entrada en vigencia se encontraran prestando sus servicios al referido Instituto, tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la citada Ley 32 de 1986.
Así, mismo, teniendo en cuenta que la Ley 32 de 1986 no contempló los factores a tener en cuenta para su liquidación, se debe atender a la remisión de los artículos 114 de la Ley 32 de 1986 y 184 del Decreto 407 de 1994, que señalan que en los aspectos no previstos en ellas, se aplicarán las normas vigentes para los empleados públicos nacionales. Entonces, como quiera que el actor adquirió su estatus pensional el 30 de julio de 2006, la norma en rigor para los empleados del orden nacional es la Ley 100 de 1993. Por tanto, en cuanto a los factores salariales es necesario acudir a los Decretos 691 de 1994 y 1158 de 1994 cuyo artículo 1, dispuso como factores salariales, los siguientes:
“ARTÍCULO 1º. El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así:
"Base de cotización".
El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados”.
Se destaca que la Sección Segunda en sentencia de unificación de 28 de julio de 2022 estudió el ingreso base de liquidación de los beneficiarios de las pensiones especial de riesgo, en virtud de la transición prevista en el Decreto 2090 de 2003. Si bien en dicha providencia se analizó el régimen pensional del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, las consideraciones sobre el ingreso base de liquidación son vinculantes frente al régimen pensional del INPEC, regulado en la Ley 32 de 1986. Lo anterior, en tanto, en dicha provincia estableció en la regla de unificación que el ingreso base de liquidación de los servidores cobijados por el régimen de transición del Decreto 2090 de 2003 es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
Así pues, la tesis que plantea esta Sala para dar respuesta al problema jurídico en el caso concreto es la siguiente:
El señor Neftaly Sánchez Mina no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio, porque al ser beneficiario del régimen de transición especial del Decreto 2090 de 2003, adquirió el estatus pensional conforme la Ley 32 de 1986 sobre un ingreso de liquidación IBL equivalente “al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.
Con fundamento en lo anterior, la Sala precisa que la reliquidación de la pensión del actor, bajo el régimen de transición debe tener en cuenta el periodo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores que conforman la base de cotización. Razón por la cual no procede la reliquidación pensional tomando como ingreso base de liquidación la totalidad de los factores devengados en el último año de servicio.
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Por ello, al observar que en el trámite del proceso no se causaron, es improcedente ordenar su pago.
DECISIÓN
Bajo estas consideraciones se debe confirmar el fallo apelado, que negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CARMELO PERDOMO CUÉTER
AUSENTE CON EXCUSA (Firmado electrónicamente)
Folios 51-64.
Folios 99-106.
Folios 269-278.
Folios 285-292.
Memorial electrónico allegado en el aplicativo Samai visible a índice 17.
Memorial electrónico allegado en el aplicativo Samai visible a índice 16.
Folio 4.
Folios 94-101 del expediente administrativo.
Folios 103-106 del expediente administrativo.
Folios 6-12.
Folios 13-19.
Folios 20-23.
Según certificado laboral visible a folio 92 del expediente administrativo.
Expediente: 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014). Demandante: Margenys del Socorro Enríquez Erazo. Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP.
Se le aplica el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 porque a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho.
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Número Interno: 2331-2020
Demandante: Neftaly Sánchez Mina
Demandado: UGPP
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