Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01363-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01363-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01363-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
29 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 29 de abril de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01363-00
Accionante: Jaquelin Torres Tole
Accionados: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto sustantivo - Declara
improcedente | Desconocimiento del precedente y defecto procedimental - Niega
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las sentencias que negaron las pretensiones de
una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, relativas, entre otras, a la
reliquidación de una pensión de vejez.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Jaquelin Torres Tole en
contra del Tribunal Administrativo de Tolima y el Juzgado 12 Administrativo
de Ibagué.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vinculados.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 19 de marzo de 2024, Jaquelin Torres Tole presentó una acción de
tutela en contra del Juzgado 12 Administrativo de Ibagué y el Tribunal
Administrativo de Tolima, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social (se trascribe) “entre
otros”, con ocasión de las Sentencias de 5 de diciembre de 2019 y 19 de
octubre de 20232, proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 73001-33-33-012-2018-00022-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“Se conceda la presente acción de tutela por la abierta vulneración de los
derechos fundamentales expuestos en el escrito de tutela.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificada a través del mensaje de datos enviado el 24 de octubre de 2023.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01363-00
Accionante: Jaquelin Torres Tole
Accionados: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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Se revoque las Sentencias de 5 de diciembre de 2019 y de 19 de octubre de
2023 proferidas por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente. En su defecto se acceda a
las pretensiones de la demanda”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) Jaquelin Torres Tole trabajó en el Cuerpo de Custodia y Vigilancia
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desde el 28 de
febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 2013.
5. 2) El 8 de julio de 2013, la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) reconoció una pensión de vejez a la señora Torres Tole, a
través de la Resolución No. 2012_1579454 y, el 16 de mayo de 2014, la incluyó
en su nómina; esto último con la Resolución No. 2013_8446335.
6. 3) El 14 de agosto de 2017, Colpensiones negó una solicitud de
reliquidación de la pensión (Res. No. 2017_3836455); y el 29 de septiembre
de 2017, confirmó la anterior decisión (Res. No. 2017_9535310).
7. 4) El 25 de enero de 2018, Jaquelin Torres Tole presentó una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Colpensiones, en la
que solicitó que se declarara la nulidad parcial de los anteriores actos
administrativos y, a título de restablecimiento del derecho, entre otros, que
se declarara que tenía derecho a los intereses de mora previstos en el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, así como que se reliquidara su pensión
con base en el 75% de los factores salariales3 devengados en el último año
de servicio.
8. 5) El 5 de diciembre de 2019, el Juzgado 12 Administrativo de Ibagué
profirió la sentencia, en la que negó las pretensiones de la demanda.
Aseguró que la accionante no tenía derecho a que su pensión fuera
reliquidada conforme con lo establecido en la Ley 32 de 1986 y el Decreto
407 de 1993, porque no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de
los regímenes de transición previstos en los artículos 36 de la Ley 100 de 1993
y 6 del Decreto Ley 2090 de 2003. Asimismo, señaló que no había lugar al
reconocimiento de los intereses moratorios, ya que la demandada no
incumplió los plazos de las Leyes 700 de 2001 y 797 de 2003.
9. 6) Contra esa decisión, la parte actora presentó un recurso de
apelación, en el cual sostuvo que (a) se valoró de forma indebida el
parágrafo transitorio 5 del artículo 48 de la Constitución; (b) para ser
3 Como pretensión principal, solicitó que la reliquidación se hiciera con base en los factores salariales de la Ley 32
de 1986, a la cual remite el parágrafo transitorio 5 del artículo 48 de la Constitución. Como pretensión subsidiaria,
pidió que en la reliquidación tuviera en cuenta los factores salariales del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
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Accionante: Jaquelin Torres Tole
Accionados: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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beneficiaria de la Ley 32 de 1986, no tenía que estar cobijada por el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993; y (c) su pensión debía ser reconocida,
al menos, con los factores salariales del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
10. 7) El 19 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Tolima
confirmó la sentencia apelada. Sostuvo que el reconocimiento y liquidación
de la pensión por parte de Colpensiones fue adecuado, ya que (se
trascribe) “se reconoció con 20 años de servicio sin importar su edad, con
un monto o tasa de reemplazo de 75%, conforme lo indica la Ley 32 de 1986
y su IBL se calculó con base en lo previsto en los artículos 21 y 34 de la Ley
100 de 1993 y en el Decreto 1158 de 1994 aplicando jurisprudencialmente la
remisión efectuada para ese efecto en el artículo 114 de la ley 32 de 1986”.
En relación con los intereses moratorios, compartió las consideraciones del
juzgado.
11. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la accionante, en
que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en (1) un (se trascribe)
“defecto sustantivo por violación directa de la Constitución”4, comoquiera
que, al aplicar normas de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, se
desconoció el (se trascribe) “régimen especial de los funcionarios del
cuerpo de custodia que ingresaron antes del 28 de julio de 2003”5.
12. (2) El desconocimiento del precedente contenido en la Sentencia de
19 de enero de 2023 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, Rad. 20001-23-33-000-2018-00321-01, sobre la forma como se
liquida la pensión de miembros del INPEC que ingresaron antes del 28 de
julio de 20036.
13. Alegó los siguientes reparos sin encuadrarlos en un defecto específico:
(3) Se desconoció el principio de congruencia (citó los artículos 320 y 328 del
CGP), ya que el recurso de apelación fue resuelto (se trascribe) “en términos
diferentes a los presentados en él y a los que no se refirió en nada el juez de
primera instancia”; (4) se vulneraron los principios de (se trascribe)
“favorabilidad, protector, pro homine” porque no se usó la norma más
favorable (artículo 45 del Decreto 1045 de 1978); (5) no procedía la condena
en costas porque no actuó de mala fe, el Tribunal accionado cambió su
postura frente al reconocimiento de las pensiones de vejez de los
funcionarios del INPEC, (se trascribe) “se vulneró el criterio del Consejo de
Estado” (no mencionó cuál) y “[no se] desestimaron las previsiones del inciso
segundo del artículo 188 del CPACA”; (6) debía reconocérsele intereses
4 También encuadró este reparo en un (se trascribe) “defecto fáctico”.
5 Establecido, según la actora, (se trascribe) “en los parágrafos transitorios 2 y 5 del Acto Legislativo 01 de 2005 que
no es otro que el artículo 48 Constitucional”, “en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, Decretos 407 y 446 de 1994,
Decreto 1950 de 2005 y artículo 176 numeral 6 de la Ley 65 de 1993”.
6 Agregó (se trascribe) “Mientras que en la sentencia que acciono, el Tribunal Administrativo del Tolima la remisión
normativa del artículo 114 de la Ley 32 de 1986 y la del artículo 184 del Decreto 407 de 1994 la orienta hacia la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, el Consejo de Estado en esta sentencia la remite al artículo 4 de la Ley 4
de 1966 y al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 o al Decreto 446 de 1994.”
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moratorios porque la primera mesada pensional fue pagada de forma
extemporánea; y (7) con base en algunas sentencias del Consejo de Estado7
en las que, según la actora, se liquidó la pensión de algunos miembros del
INPEC con base en los factores salariales del artículo 45 del Decreto 1045 de
1978, alegó la vulneración del (se trascribe) “principio de igualdad”.
1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados8
14. El Juzgado 12 Administrativo de Ibagué solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela, por considerar que no se vulneraron los
derechos fundamentales alegados y que se pretendió usar este mecanismo
constitucional como una tercera instancia.
15. Colpensiones solicitó que se (se trascribe) “negara” la acción de tutela
porque no se cumplió con los requisitos de procedibilidad y no se vulneraron
los derechos fundamentales alegados.
16. El Tribunal Administrativo de Tolima, pese a haber sido debidamente
notificado9, guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Identificación de
defectos. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.6. Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
17. La Sala centrará el análisis en los reparos invocados respecto de la
Sentencia de 19 de octubre de 2023, pues, aunque también se enjuició la
sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado 12 Administrativo
de Ibagué, lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la
decisión del Tribunal Administrativo de Tolima fue la que resolvió el litigio.
Aunado a ello, ante una eventual decisión favorable a las súplicas de
amparo, será la autoridad que resolvió la controversia en segunda instancia,
la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
2.2. Identificación de los defectos
7 Solo se tendrán en cuenta las providencias respecto de las cuales se proporcionaron los datos para identificarlas.
Sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de 24 de febrero de 2012, rad. 11001-03-15-
000-2012-00166-00; 12 de mayo de 2014, rad. 5001-23-31-000-2008-00239-01; 18 de mayo de 2023, rad. 63001-23-33-
000-2019-00128-01; y 1 de septiembre de 2022, rad 25000-23-42-000-2015-05761-02.
8 Mediante Auto de 21 de marzo de 2024, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como parte demandada al Juzgado 12 Administrativo de Ibagué y al Tribunal Administrativo
de Tolima, y (3) vincular, en calidad de tercero interesado, a Colpensiones.
9 Índice 8 Samai.
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18. La Sala estudiará los siguientes reparos de cara a un posible defecto
sustantivo: (a) Se desconoció el (se trascribe) “régimen especial de los
funcionarios del cuerpo de custodia que ingresaron antes del 28 de julio de
2003”10; (b) no procedía la condena en costas, entre otras razones, porque
la accionante no actuó de mala fe; y (c) los intereses moratorios sí se
causaron porque la primera mesada se pagó de forma extemporánea.
19. El desconocimiento del precedente se analizará en relación con las
Sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de 19
de enero de 2023, Rad. 20001-23-33-000-2018-00321-01; 24 de febrero de
2012, Rad. 11001-03-15-000-2012-00166-00; 12 de mayo de 2014, Rad. 5001-
23-31-000-2008-00239-01; 18 de mayo de 2023, Rad. 63001-23-33-000-2019-
00128-01; y 1 de septiembre de 2022, Rad. 25000-23-42-000-2015-05761-02.
20. Por último, se examinará un defecto procedimental por la supuesta
transgresión del principio de congruencia al resolver el recurso de apelación.
2.3. Fijación de la controversia
21. Determinar, una vez verificados los requisitos de la acción de tutela
contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de Tolima, al proferir
la Sentencia de 19 de octubre de 2023, incurrió en (1) un defecto sustantivo,
al (a) desconocer el (se trascribe) “régimen especial de los funcionarios del
cuerpo de custodia que ingresaron antes del 28 de julio de 2003”; (b)
condenar en costas a la parte actora y (c) negar los intereses de mora
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; (2) el desconocimiento del
precedente del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sobre
la liquidación de pensiones concedidas a favor de miembros del cuerpo de
custodia del INPEC (providencias relacionadas en el párrafo 19); y/o (3) un
defecto procedimental por haberse vulnerado el principio de congruencia
al resolver el recurso de apelación.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
22. 1) La Sala declarará improcedente el defecto sustantivo, por no
cumplirse con el requisito de relevancia constitucional11. Esto obedece a
que, luego de consultar el expediente, la Sala advirtió que Jaquelin Torres
10 Si bien la actora alegó que se vulneraron algunos principios por no liquidar su pensión con los factores salariales
del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 (norma que consideró más favorable), lo cierto es que ello resulta ser una
reiteración del reparo relativo a que se desconoció su régimen pensional, por lo que solo se estudiará este último.
11 Según la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez de tutela no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tengan una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en la
Sentencia de 5 de agosto de 2014, sostuvo que el requisito en comento requería la conjunción de 2 elementos: (1)
la carga argumentativa del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el juez de tutela
y (2) que la solicitud de amparo no se presente con objeto de obtener una nueva instancia; y que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad. Asimismo, la Corte Constitucional ha
señalado que la relevancia constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e independencia del
juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que
esta se convierta en una instancia adicional [Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019].
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Tole pretendió someter su pleito a una instancia adicional, ya que reiteró, en
el escrito de tutela, los argumentos que había planteado en el recurso de
apelación, en relación con el régimen que debía tenerse en cuenta para la
reliquidación de su pensión, los intereses de mora del artículo 141 de la Ley
100 de 1993 y la condena en costas, y los cuales fueron resueltos por el
Tribunal Administrativo de Tolima en la Sentencia de 19 de octubre de 2023.
23. En el recurso de apelación, la parte actora alegó (se trascribe):
“La sentencia de primera instancia desconoce que el Acto Legislativo 01 de
2005 ‘es una norma posterior, y de superior jerarquía’, siguiendo lo dicho por el
Consejo de Estado, y por tanto esa es la norma a aplicar en el presente caso,
en virtud de la primacía de la Constitución como norma de normas. Y si el
despacho encontrare alguna incompatibilidad entre el Acto Legislativo 01 de
2005 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con respecto a la pensión de los
funcionarios del cuerpo de custodia […], debió acoger lo establecido en el
parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo, por orden del artículo 4
constitucional. Pero no, el despacho optó por hacer una interpretación
restrictiva de los derechos de la demandante, en contravía de la propia
jurisprudencia del Consejo de Estado […].
La pensión de mi poderdante se debe reconocer al menos con los factores
salariales del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 […]”.
“En la sentencia de primera instancia se niegan los intereses moratorios del
artículo 141 de la Ley 100 de 1993 […], siendo que es un hecho cierto e
indiscutible que a mi prohijada se le pagó la primera mesada pensional hasta
julio de 2014 habiéndose retirado del INPEC el 31 de diciembre de 2013 y su
prestación había sido reconocida con anterioridad y además había realizado
todos los trámites administrativos con antelación para que su pensión hubiera
sido incluida en nómina a partir de enero de 2014 y la entidad sin razón legal
alguna postergó el pago de la primera mesada”.
“[N]o se comparte la condena en costas […]. Siendo que la actuación se
encuentra ajustada a los principios de buena fe y que en casos como este el
Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima de manera regular no impone
esta clase de condenas”.
24. En el escrito de tutela, se reiteraron esos reparos, así (se trascribe):
“[A]demás de vulnerar de manera directa el Decreto 1950 de 2005 y el artículo
48 de la Constitución Nacional parágrafo 2º y 5º del Acto Legislativo 01 de 2005
también se vulnera el más reciente precedente jurisprudencial del Consejo de
Estado acerca de la forma cómo se liquida la pensión de los miembros del
cuerpo de custodia y vigilancia que ingresamos antes del 28 de julio de 2003.
[…]
Esta norma [numeral 6 del artículo 172 de la Ley 65 de 1993] remite a otras como
el artículo 4º de la Ley 4 de 1966, artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y a la Ley
33 de 1985, por lo que insisto, la pensión de la suscrita sí debió liquidarse y
reconocerse con todos los factores salariales del artículo 45 del Decreto 1045 de
1978 devengados durante el último año de servicios, no solo porque ingresé al
cuerpo de custodia en el año 1992, antes de la expedición del Código
Penitenciario y Carcelario (Ley 65/93), pero también, y principalmente, porque
ingresé al cuerpo de custodia antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090
de 2003, conforme el parágrafo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2005, por
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ser una norma posterior y de superior jerarquía. Que es abiertamente
desconocida por las sentencias accionadas.
[E]l Magistrado ponente […] continúa disminuyendo los derechos de tales
pensionados, adoptando interpretaciones restrictivas y contrarias a los
principios constitucionales que rigen el derecho laboral administrativo.”
“Otro aspecto que fue presentado en la demanda y en el recurso de apelación
es el cobro de intereses moratorios por parte de la suscrita. [L]a suscrita informó
a Colpensiones a finales del mes de octubre de 2013 que el 31 de diciembre de
2013 me retiraría del servicio y para ello allegué la resolución número 003149 de
18 de octubre de 2013 proferida por el Director General del INPEC en la que se
aceptaba mi renuncia al cargo de Dragoneante, y sólo fui incluida en nómina
de pensionados a partir del 1º de julio de 2014, presentándose una mora del
pago de la mesada de seis meses. Lo que se puede corroborar con la […]
resolución número GNR 173594 del 16 de mayo de 2014 expedida por
Colpensiones que ordena la inclusión en nómina de pensionados. […]”.
“[S]i había una postura jurisprudencial unificada y pacífica en el momento en
que interpuse la demanda, y después esta varía y luego vuelve a su cauce
inicial, entonces por qué en el presente caso se impone condena en costas de
primera y segunda instancia, siendo que tales demandas venían siendo falladas
a favor de los pensionados […], y cuando además no se me demostró una
actuación de mala fe. Al menos algunos Magistrados de ese mismo Tribunal no
están imponiendo costas en casos como este, reconociendo, precisamente, el
cambio de postura jurisprudencial. Sigo pensando que es exagerado imponer
costas procesales en primera instancia y a pesar de que en el recurso de
apelación se recurrieron las mismas, el Despacho en segunda instancia
confirma la sentencia e impone otro [SMLMV] como costas procesales.
[E]l a quo ni el ad quem desestimaron las previsiones del inciso segundo del
artículo 188 del CPACA […]. Con lo que considero que se está vulnerando el
criterio del Consejo de Estado.”
25. Estas inconformidades fueron resueltas por el Tribunal Administrativo
de Tolima, de la siguiente manera (se trascribe):
“Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala resulta acertada la forma como
se le reconoció la pensión a la demandante por parte de la administradora de
pensiones, toda vez que se le reconoció con 20 años de servicio sin tener en
cuenta la edad, conforme lo preceptúa el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, y
como se vinculó a una actividad con régimen de alto riesgo a partir del 28 de
febrero de 1992, el Ingreso base de liquidación de esa pensión debía calcularse
como el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicios, en
aplicación de lo previsto en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, por ser esta Ley
la norma vigente para los servidores públicos nacionales a la que remite el
artículo 114 de la Ley 32 de 1986, en el momento de adquirir el estatus pensional.
[E]n relación con los factores salariales a incluir dentro de tal liquidación, en
aplicación de lo dispuesto en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, estos
deben ser los señalados en el Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6
del Decreto 691 de 1994, y en el que textualmente se establece: […]
[E]n dicha relación no se encuentran incluidos factores diferentes a los
reconocidos, asignación básica y bonificación por servicios prestados, cuya
inclusión se pretende en la demanda como factores de liquidación pensional.
[S]e concluye que el reconocimiento de la pensión del demandante se efectuó
correctamente por parte de la demandada, con base en la normatividad
aplicable, pues esta se reconoció con 20 años de servicio sin importar su edad,
con un monto o tasa de reemplazo de 75%, conforme lo indica la Ley 32 de 1986
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Decisión: Declara improcedencia y niega
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y su IBL se calculó con base en lo previsto en los artículos 21 y 34 de la Ley 100
de 1993 y en el Decreto 1158 de 1994 aplicando jurisprudencialmente la remisión
efectuada para ese efecto en el artículo 114 de la ley 32 de 1986.”
“[E]stos [los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993] se causan
cuando con posterioridad al reconocimiento pensional la entidad de previsión
social incurre en mora en el pago de las mesadas pensionales, lo que no ocurre
en el presente caso, habida cuenta que dicho reconocimiento se origina en la
Resolución No. GNR 175041 del 8 de julio de 2013, el cual estuvo supeditado al
retiro del servicio, reliquidándose dicho reconocimiento a través de la
Resolución SUB GNR 173594 del 16 de mayo de 2014, y fue incluido para el pago
en la nómina del mes de junio del mismo año, para ser pagada en Julio,
cancelándose el respectivo retroactivo pensional correspondiente.”
“En ese orden de ideas, atendiendo a la disposición normativa contenida en el
numeral 1 del artículo 365 del CGP, según la cual se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso, deberá confirmarse la condena en costas
impuesta a la parte demandada y el valor que fijó respecto de las agencias en
derecho a favor de la parte demandada.”
26. Así, se advierte que la actora alegó, vía constitucional, aspectos que
ya había expuesto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
y analizados, en su momento, por el juez natural de la causa, lo cual impide
al juez de tutela pronunciarse sobre los mismos.
27. En todo caso, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre la demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, una justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué
el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional12.
28. 2) En relación con el desconocimiento del precedente y el defecto
procedimental absoluto, la Sala considera que la acción de tutela es
procedente porque: (1) No existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a
la parte actora alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la
defensa de los derechos presuntamente vulnerados. (2) Hubo un plazo
razonable entre la fecha en que se notificó la providencia enjuiciada
(26/10/2023)13 y la interposición de la presente tutela (19/3/2024). (3) No se
enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relaciona con una
sentencia proferida en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (5) La controversia tiene
relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación de los
derechos al debido proceso y a la seguridad social, con ocasión del
12 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
13 El mensaje de datos fue enviado el 24 de octubre de 2023
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01363-00
Accionante: Jaquelin Torres Tole
Accionados: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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desconocimiento de unos precedentes contenidos en sentencias del
Consejo de Estado y de la vulneración del principio de congruencia al
resolverse el recurso de apelación.
2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
29. La Sala negará, en lo restante, la acción de tutela, por no haberse
configurado el (1) desconocimiento del precedente ni (2) el defecto
procedimental absoluto.
30. (1) En la Sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 20001-23-33-000-2018-
00321-01, se abordó el problema jurídico relativo a si una persona, (se
trascribe) “para beneficiarse del régimen consagrado en el artículo 96 de la
Ley 32 de 1986 en materia pensional, debía acreditar los requisitos
establecidos en el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993”; y se concluyó que no era necesario, tal y como lo hizo
el Tribunal Administrativo de Tolima en la providencia enjuiciada14. Además,
debe señalarse que, en el escrito de tutela, el supuesto desconocimiento se
sustentó en extractos que fueron el obiter dicta de dicha sentencia, lo cual,
vale la pena recordar, no tiene fuerza vinculante.
31. El desconocimiento alegado en relación con las Sentencias de 12 de
mayo de 2014, Rad. 2008-00239-01, 1 de septiembre de 2022, Rad. 2015-
05761-02, y 18 de mayo de 2023, Rad. 2019-00128-01, consistió en que dichas
providencias tuvieron en cuenta los factores salariales del artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, mientras que la Sentencia enjuiciada resolvió el caso
conforme a los factores salariales previstos en el artículo 6 del Decreto 691
de 1994, modificado por el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
32. Aunque en las 3 Sentencias en estudio se resolvieron casos similares al
de la señora Torres Tole, la Sala considera que no se configuró un
desconocimiento del precedente. Esto obedece, principalmente, a que el
Tribunal Administrativo de Tolima sustentó su decisión en otro precedente,
contenido en las Sentencias de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado de 9 de junio de 2022, Rad. 23001-23-33-000-2016-00284-
01 y 3 de noviembre de 2022, Rad. 76001-33-33-005-2014-01135-01, los cuales
son igualmente válidos y vigentes. En ese orden de ideas, al no existir un
precedente consolidado, la autoridad judicial accionada podía sustentar su
decisión en uno u otro precedente, en virtud de la autonomía judicial.
14 (Se trascribe) “[L]a Sala confirmará la decisión de primera instancia, pero por las razones expuestas en la presente
providencia, sin considerar en esta pensión el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
pues se concluye que el reconocimiento de la pensión del demandante se efectuó correctamente por parte de
la demandada, con base en la normatividad aplicable, pues esta se reconoció con 20 años de servicio sin importar
su edad, con un monto o tasa de reemplazo de 75%, conforme lo indica la Ley 32 de 1986 y su IBL se calculó con
base en lo previsto en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1158 de 1994 aplicando
jurisprudencialmente la remisión efectuada para ese efecto en el artículo 114 de la ley 32 de 1986.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01363-00
Accionante: Jaquelin Torres Tole
Accionados: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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33. Además, frente a la Sentencia de 24 de febrero de 2012, Rad. 2012-
00166-00, debe indicarse que corresponde a una decisión proferida en el
marco de un proceso de acción de tutela, que resolvió un asunto particular
y que determinó que se configuró un defecto para ese caso concreto, por
lo cual, tal como lo dispone el artículo 48 (numeral 2) de la Ley 270 de 1996,
tuvo efectos entre las partes de ese proceso y no se puede predicar su
aplicación respecto de todos los casos similares.
34. (2) En relación con el defecto procedimental, la parte actora alegó la
vulneración del principio de congruencia, por haberse resuelto el recurso de
apelación (se trascribe) “en términos diferentes a los presentados en él y a
los que no se refirió en nada el juez de primera instancia”.
35. La Sala negará el defecto, pues considera que el Tribunal
Administrativo de Tolima se limitó a estudiar los reparos planteados en el
recurso de apelación, dirigidos a que se revocaran las decisiones de primera
instancia relacionadas con la reliquidación de la pensión, los intereses
moratorios del artículo 141 del CPACA y la condena en costas. Además, la
parte accionante se refirió de manera general, sin explicar que aspectos
apelados, de manera puntual, no fueron resueltos.
2.6. Conclusión
36. La Sala declarará improcedente el defecto sustantivo, por no
cumplirse con el requisito de relevancia constitucional, y negará, en lo
restante, la acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por
Jaquelin Torres Tole, en relación con el defecto sustantivo, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR, en lo restante, la acción de tutela presentada por
Jaqueline Torres Tole, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01363-00
Accionante: Jaquelin Torres Tole
Accionados: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con salvamento parcial de voto Con aclaración parcial de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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