Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00284-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 23001-23-33-000-2016-00284-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00284-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2016-00284-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
9 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., 9 de junio de 2022.
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00284-01
N° Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)1
Tema: Reliquidación pensión – Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario (INPEC)2 - Miembros del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011
Teniendo en cuenta que no existen irregularidades, vulneración a las garantías
de las partes, ni nulidades procesales, decide la Sala3 el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de febrero de
2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, sala tercera de decisión,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Pretensiones
1. El señor Gustavo Alonso Arrieta Machado demanda con la finalidad de obtener
la nulidad de la Resolución GNR 233007 del 12 de septiembre de 2013, por
medio de la cual la gerente nacional de reconocimiento de la vicepresidencia de
beneficios y prestaciones de COLPENSIONES le reconoció la pensión de
jubilación, y de los actos fictos producto del silencio administrativo negativo por la
omisión de este ente de previsión de resolver los recursos de reposición y
apelación que interpuso en contra del acto inicial.
1 En lo que sigue UGPP.
2 En adelante INPEC.
3 El expediente ingresó al Despacho el 30 de marzo de 2022, según informe secretarial visible a folio 295.
2
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
2. A título de restablecimiento del derecho solicita ordenar al ente previsional
demandado a que reliquide su pensión de jubilación, a partir del 1º de enero de
2012, y no del 1º de septiembre de 2013 como se consideró, con el 75% del
promedio mensual de todos los factores devengados en el último año de servicios
y que se encuentran establecidos en el artículo 45 de decreto 1045 de 1978, el
pago de las diferencias que surjan debidamente ajustado e indexado, dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de
2011 y condenar en costas.
Hechos
3. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación la Sala ilustra la
situación fáctica expuesta en la demanda.
4. El actor nació el 25 de junio de 1966 4 y laboró al servicio del INPEC en calidad
de miembro del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional desde el 17 de noviembre de 1987 al 31 de diciembre de 2011 5, cuando
le fue aceptada su renuncia como dragoneante código 4114, grado 11, por el
director de la entidad a través de la Resolución 5582 del 13 de diciembre de
20116, cumpliendo 20 años de labores el 17 de noviembre de 2007.
5. Por medio de la Resolución GNR 233007 del 12 de septiembre de 2013 7, el
gerente nacional de reconocimiento de la vicepresidencia de beneficios y
prestaciones de COLPENSIONES le reconoció al accionante la pensión de
jubilación, conforme al régimen del INPEC dispuesto en la Ley 32 de 1986 y el
Decreto 407 de 1994, con el promedio de lo cotizado el los 10 últimos años de
servicios, con inclusión de la asignación básica, el sobresueldo y la bonificación
por servicios prestados, como lo preceptúa el artículo 21 de la Ley 100 de 1993
en armonía con los emolumentos establecidos en los Decretos 691 y 1158 de
1994 como ingreso base de cotización (IBC), a partir del 1º de septiembre de
2013 y en cuantía de $1.111.623.
4 Según cédula de ciudadanía visible a folio 61 y 178.
5 Conforme al certificado de información laboral del 21 de enero de 2016, visible a folio 62. Durante dicho
periodo, realizó aportes a la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) entre el 17 de noviembre
de 1987 y el 31 de diciembre de 2009 y al liquidado Instituto de Seguro Social (ISS) del 1 de agosto de ese
año al 31 de diciembre de 2011.
6 Visible a folio 85.
7 Visible a folios 79 a 83.
3
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
6. A través de escrito del 2 de octubre de 2013 8, el actor interpuso los recursos
de reposición y apelación en contra del anterior acto administrativo, para que su
pensión fuera reliquidada con el 75% del promedio mensual de lo devengado
durante el último año de servicios de acuerdo a los factores establecidos y
enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, los cuales no fueron
resueltos por la entidad de previsión, configurándose así los actos fictos producto
del silencio administrativo negativo.
Normas vulneradas y concepto de violación
7. La parte demandante cimenta sus pretensiones en los artículos 1, 2, 4, 6, 13,
25, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; 96 y 114 de la Ley 32 de 1986, 172
(numeral 6) de la Ley 65 de 1993; 8, 115, 117, 168 y 185 del Decreto 407 de
1994; 45 del Decreto 1045 de 1978, 4 de la Ley 4ª de 1966; 11, 140 y 289 de la
Ley 100 de 1993; el Decreto 1743 de 1966; la Ley 5ª de 1969; y el parágrafo
transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005.
8. Al respecto, en síntesis, sostiene el ente de previsión demandado desconoció
que al ser destinatario del régimen especial para los empleados del INPEC, el
cual se encuentra establecido en las Leyes 32 de 1986 y 407 de 1994, entre
otras normas, le asiste el derecho a que la pensión de jubilación sea reconocida
con el 75% del promedio mensual de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicio dispuestos en el Decreto 1045 de 1978,
cuestionando así el derecho otorgado en vía gubernativa, en donde se dio
aplicación al artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
9. Manifiesta, que el ente de previsión demandado en el acto de reconocimiento
de la pensión de jubilación erró al establecer como su fecha de efectividad el 1º
de septiembre de 2013, cuando la correcta es a partir del día siguiente a la
ocurrencia del retiro del servicio, el cual ocurrió el 31 de diciembre de 2011, es
decir, que el disfrute de la prestación es desde el 1º de enero de 2012.
10. Por lo dicho, estima que tiene derecho a que se reliquide su pensión de
jubilación, a partir del 1º de enero de 2012, con el 75% del promedio mensual de
todos los factores devengados en el último año de servicios y que se encuentran
establecidos en el artículo 45 del decreto 1045 de 1978.
8 Visible a folios 86 a 90.
4
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
Contestación de la demanda
11. El ente previsional demandado se opone a la prosperidad de las pretensiones
al considerar que el acto de reconocimiento pensional a favor del demandante se
encuentra ajustado a derecho, toda vez que en este, en cuanto a la edad y
tiempo de servicio, se debía aplicar la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994,
y en lo referente al ingreso base de liquidación (IBL) la Ley 100 de 1993 en su
artículo 21 con los factores del Decreto 1158 de 1994, conforme lo expuesto por
la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-
395 de 2017.
La sentencia de primera instancia
12. El a quo accede parcialmente a las pretensiones de la demanda en lo que
tiene que ver con la fecha de efectividad de la pensión, para lo cual declara la
nulidad parcial de la resolución acusada en el entendido que la ocurrencia del
retiro del servicio público que le prestaba al INPEC el accionante fue a partir del
1º de enero de 2012 y, en consecuencia, ordena al ente de previsión demandado
a pagar al actor las mesadas causadas desde este día hasta el 30 de agosto de
2013.
13. Lo anterior, toda vez que en la resolución de reconocimiento se dispuso que
la efectividad de la pensión de jubilación sería a partir del 1º de septiembre de
2013, desconociéndose que esta debería ser a partir del retiro del servicio, lo cual
aconteció el 1º de enero de 2012 según la Resolución 5582 del 13 de diciembre
de 2011, suscrita por el director general del INPEC.
14. Considera, que al demandante no le asiste el derecho a la reliquidación con
la inclusión de los factores salariales devengados en el último año de servicios y
que se encuentran enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, toda
vez que no acredita los requisitos dispuestos en el artículo 6º del Decreto 2090
de 2003 para que le sea aplicada la Ley 32 de 1986 para el reconocimiento
pensional, pues no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, puesto que al 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de
esta ley, no tenía 40 años de edad ni 15 de servicios, siéndole aplicable lo
dispuesto en el Decreto 2090 de 2003.
5
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
15. En cuanto a las costas, determina su improcedencia al establecer que no
existe prueba de su causación.
Recurso de apelación
16. El actor interpone recurso de apelación con el propósito que sea revocado el
fallo de primera instancia y, en su lugar, se acceda a la totalidad de las
pretensiones, en lo que tiene que ver con la reliquidación de su pensión de
jubilación con el 75% del promedio mensual de todos los factores devengados en
el último año de servicios y que se encuentran establecidos en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978.
17. Para el efecto, sostiene el a quo desconoció que al ser destinatario del
régimen especial para los empleados del INPEC establecido en las Leyes 32 de
1986 y 407 de 1994, al ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, toda vez que acredita más de
500 semanas de cotización al 28 de julio de 2003, le asiste el derecho a que la
pensión de jubilación sea reconocida con el 75% del promedio mensual de todos
los factores salariales devengados durante el último año de servicio dispuestos
en el Decreto 1045 de 1978, cuestionando así el derecho otorgado en vía
gubernativa, en donde se dio aplicación al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y se
dejó de incluir los factores salariales como las primas de riesgo, de servicios,
vacaciones, alimentación y navidad, subsidio familiar, bonificación especial y
derecho a transportes y pasajes.
Alegatos en segunda instancia, concepto del Ministerio Público e
intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
18. Conforme al numeral 3º del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto
de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar, no obstante, la
demandada lo hace reiterando sus argumentos del recurso de apelación que
interpuso contra la sentencia de primera instancia.
19. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no
se pronuncian en la etapa procesal.
6
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR
Problema Jurídico
20. De acuerdo con los argumentos de la sentencia de primera instancia y los
cargos formulados en la alzada, le corresponde a la Sala determinar si: ¿el
demandante, en su condición de exdragoneante del INPEC, cumple con los
requisitos del régimen de transición del Decreto 2090 del 2003 y así obtener el
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con las
Leyes 32 de 1986 y 407 de 1994?; y de ser cierto, establecer si ¿hay lugar a
ordenar la liquidación pensional con la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último año de servicios que se encuentran enlistados en
el Decreto 1045 de 1978?
21. Para resolver lo anterior, la Sala tendrá en cuenta: i) el régimen de transición
pensional previsto en la Ley 100 de 1993; ii) el marco normativo de la pensión de
jubilación reconocida a los empleados del INPEC; y iii) el análisis del caso
concreto.
Régimen de transición pensional previsto en la Ley 100 de 1993
22. Con anterioridad a la Ley 100 de 1993, «(p)or la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», el legislador fijó requisitos y
condiciones para acceder a la pensión, entre otras disposiciones, en la Ley 6ª de
1945, el Decreto 3135 de 1968, el Decreto 546 de 1971, la Ley 33 de 1985, la
Ley 71 de 1998 y el Acuerdo 049 de 1990 Reglamento General del Seguro Social
Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
23. Con la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema General de Pensiones para todos
los habitantes del territorio nacional con el fin de garantizar, con amplia cobertura,
a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte. Asimismo, para unificar la normativa en cuanto a la
diversidad de regímenes pensionales especiales existentes, entre otros 9.
24. No obstante lo anterior, con el objetivo de evitar un perjuicio a los derechos
de las personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen
9
La fecha de entrada en vigencia del sistema de pensiones fue el 1 de abril de 1994 para el sector privado y el sector
público nacional; y el 30 de junio de 1995 para el sector público territorial, salvo que la respectiva autoridad territorial
anticipara la citada fecha (Ley 100/93, art. 151).
7
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
cierto tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que dispuso:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el
inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho,
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del Indice de Precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.». (Negrilla fuera del texto original).
25. Como se observa, en dicha norma se dispuso que las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema de Seguridad Social Integral (1° de abril
de 1994) contaran con 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de
edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, se les reconocería la
pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban
afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio
y monto se les aplicaría el régimen anterior.
26. Ahora, en lo que tiene que ver con el IBL pensional, el inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los beneficiarios del régimen de
transición «(…) que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE»
(se subraya).
27. Respecto de esta norma, la Corte Constitucional en sentencia C-258 de
2013, precisó:
«(…) En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador al
introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 199310, tal como se desprende del texto
10
El artículo 36 indica: «ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez,
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en
8
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de
transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de
pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas
personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una
autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se
encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de
servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación
no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto
del artículo 36 (…)
Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación
prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció
dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les
faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar
el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si
este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás
casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les
faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a
falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo
ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes
especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de
reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el
cual indica:
“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por
ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el
tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o
sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre
los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto
en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y
cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.”».
28. El anterior derrotero fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado, al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de
la pensión de jubilación en virtud de la Ley 33 de 1985, mediante sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-
01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés, en la que se fijaron
las siguientes reglas de interpretación en torno al tema, así:
«(…) Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de transición
la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. || La edad
para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la
pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más
años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios
cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente
Ley. || El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare
menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice
de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE» (negrilla fuera del texto).
9
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
pensional, lo siguiente:
1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez
de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».
29. Lo anterior, al considerar que:
«A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el
régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto
pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.
86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición prorrogó la
vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos
constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban
afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional.
Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.
87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley
100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL,
que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos
aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los
principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la
viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta
que el periodo de transición abarcaría varias décadas11.
88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las condiciones para
acceder a la pensión, es importante que ese cambio no resulte traumático o
desafortunado para aquellas personas que, si bien no alcanzaron a consolidar su
derecho pensional bajo el régimen anterior, sí estaban próximos a adquirir tal
derecho y venían cotizando con la confianza legítima que se pensionarían en las
condiciones que los cobijaban.
11
«En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el 31 de julio de
2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que los beneficiarios contaran con 750 semanas
de cotización o su equivalente en tiempo de servicios al momento de la entrada en vigencia de dicho Acto Legislativo.»
10
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en poder conciliar la
finalidad que motiva la reforma pensional con la confianza y la expectativa de los
ciudadanos que están próximos a pensionarse, es decir, garantizar el interés
general sin sacrificar del todo el interés particular. Es importante precisar que un
cambio en el sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento de
requisitos y condiciones, en principio, menos favorables, para adquirir la pensión,
por eso se requiere un periodo de transición que permita implementar de manera
ponderada y equilibrada el nuevo régimen, concretamente, para aquellas personas
que, bajo las condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en un
corto periodo de tiempo.».
30. Por lo dicho, se tiene que en criterio de la Corte Constitucional y la sala de lo
contencioso-administrativo del Consejo de Estado en el inciso 3° del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, el legislador excluyó del régimen de transición la
expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el
IBL que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliados al entrar
en vigor aquella.
31. Por esta razón, en virtud del principio de favorabilidad, la correspondiente
entidad de previsión social, al momento de la liquidación pensional deberá
determinar el IBL que le fuera más benéfico al pensionado, en la medida en que
la Ley 100 de 1993 permite optar por: i) el promedio de lo cotizado durante el
tiempo que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1° de abril de
1994) y la adquisición del estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; ii) el
promedio de lo aportado durante todo el tiempo, si el monto es superior,
actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o iii) el
promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, conforme al artículo 21
ibídem.
32. Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se
debieron efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994,
reglamentario de la Ley 100 de 1993, se incorporaron el sistema general de
pensiones a los servidores públicos i) de la rama ejecutiva del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;
y ii) del Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría General
de la República.
33. Es de señalar, que en su artículo 6° se estableció el salario mensual base
para calcular las cotizaciones al sistema de tales servidores, modificado por el
Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes factores sobre los que se debe
11
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
efectuar aportes: a) asignación básica mensual; b) gastos de representación; c)
prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional
y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras,
o realizado en jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
Marco normativo pensión de jubilación reconocida a los empleados del
INPEC
34. Sea lo primero de indicar, que las pensiones que gozan de un régimen
especial no se rigen por las disposiciones previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985,
por lo tanto, a la pensión de jubilación reconocida a los empleados del INPEC, bajo
los requisitos de la Ley 32 de 1986 y 407 de 1994, no les es aplicable dicha
normativa. Así se encuentra consignado en el artículo inicial de la Ley 33 de 1985,
cuyo texto, en lo pertinente, dispone:
«Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servicio veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55), tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial
de pensiones.».
35. En atención a lo anterior, se expidió la Ley 32 de 1986, «(p)or la cual se adopta
el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y vigilancia», que reguló todo lo
relativo al ingreso, formación, capacitación, ascensos, traslados, retiros,
administración y régimen prestacional del personal de Custodia y Vigilancia y
Penitenciaria Nacional.
36. Dicha ley, en su artículo 96 estableció los requisitos para acceder a la
pensión de jubilación, así:
«Artículo 36. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de
jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al
servicio de la Guardia Nacional sin tener en cuenta su edad.».
12
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
37. Por lo dicho, se tiene que los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
del INPEC gozan de un régimen prestacional especial para efectos de la pensión de
jubilación, consistente en que tendrán derecho a que se les reconozca tal
prestación al cumplir 20 años de edad a cualquier edad.
38. Posteriormente, fue expedida Ley 65 de 1993, «(p)or la cual se expide el
Código Penitenciario y Carcelario», en donde se le otorgaron facultades
extraordinarias al Gobierno Nacional para dictar normas con fuerza de ley, entre
otros aspectos, sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal de
seguridad del INPEC, oportunidad en la que el legislador dejó expresamente
consignado que las nuevas disposiciones no podían desmejorar los derechos y
garantías de quienes para ese momento ya prestaban sus servicios al instituto.
39. En desarrollo de dichas facultades, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 407
de 1994, «(p)or el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario», norma que en su artículo 168 dispuso:
«ARTÍCULO 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC,
tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en
el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza
pública se tendrá en cuenta para estos efectos.
Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el
Gobierno Nacional.
PARAGRAFO 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto,
al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán
derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno
Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de
alto riesgo.
PARAGRAFO 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas
establecidas en la Ley 100 de 1993.»
40. Así las cosas, los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC
que para el 21 de febrero de 1994, fecha de entrada en vigencia del Decreto 407
de 1994, que se encontraran prestando sus servicios a la entidad tendrían
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el
artículo 96 de la Ley 32 de 1986. Por el contrario, quienes ingresaron a laborar
como guardias de dicha institución con posterioridad a la mencionada fecha, la
prestación será reconocida conforme a lo dispuesto por el Gobierno Nacional
sobre la materia en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993.
13
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
41. Es de señalar, que la Ley 100 de 1993 en su artículo 139 estableció que el
Gobierno Nacional debía determinar cuáles eran las actividades de alto riesgo
que requerían de un tratamiento especial respecto el número de semanas
cotizadas y el monto de la pensión, fue así como en el artículo 32 ibídem catalogó
estas actividades de los servidores públicos así:
«ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional
expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto
riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de
semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como
actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos
sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria.
Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de
cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada
actividad.»
42. Este artículo, catalogó la actividad desarrollada por el cuerpo de custodia y
vigilancia del INPEC como de alto riesgo y dispuso nuevamente que será el
Gobierno Nacional quien debe expedir un régimen para este tipo de servidores,
teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de
semanas de cotización, o ambos requisitos.
43. Ahora bien, el presidente de la República, en uso de las facultades
extraordinarias otorgadas en el artículo 17 (numeral 2) 12 de la Ley 797 de 2003,
que reformó «(…) algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales», expidió el Decreto 2090 de 2003, «(p)or
el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se
modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de
pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades» 13, el cual en su
artículo 2º, numeral 7º, enlistó como actividad de alto riesgo para la salud del
trabajador la desarrollada en el INPEC. Veamos:
«ARTÍCULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL
TRABAJADOR. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los
12
«Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la
Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para:
(…)
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de
alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la
definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida
saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar
el equilibrio financiero del sistema
(…).»
13
Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003.
14
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
trabajadores las siguientes:
(…)
7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del
personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de
reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo,
el personal que labore en las actividades antes señaladas en otros
establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la
fuerza pública.».
44. A su vez, en los artículos 3º y 4º ídem se establecieron las condiciones y
requisitos para ser beneficiario de la pensión especial de jubilación, así:
«Artículo 3º.Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima
Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen
en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo
anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización
especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas,
tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos
establecidos en el artículo siguiente.
Artículo 4º.Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial
de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.
La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por
cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas
en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a
cincuenta (50) años.».
45. El artículo 6º del Decreto 2090 de 2003, consagró un régimen de transición
de la siguiente forma:
«Artículo 6º.Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia
del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida
en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban
las actividades de alto riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición,
deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los
previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 18 14 de
la Ley 797 de 2003.».
14 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
15
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
46. El primer inciso de esta última norma fue declarado exequible
condicionadamente por la Corte Constitucional mediante sentencia C-633 de 29
de agosto de 200715, «en el entendido de que para el cómputo de las ‘500 semanas de
cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en
cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo.».
47. Esta norma ha sido analizada por la jurisprudencia de esta Corporación 16,
para señalar que acreditar 500 semanas de cotización en actividades de alto
riesgo para la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, concede el derecho
a acceder a la prestación en los términos de la norma inmediatamente anterior y
lo que debe entenderse del parágrafo del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 es
que la intención del legislador fue la de adicionar este requisito en armonía con el
régimen general de pensiones.
48. Igualmente, interpretó que exigir, adicionalmente, el estar cobijado por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso
cuando el servidor aspira al reconocimiento en los términos de la norma anterior,
por cuanto conllevan una situación más desventajosa en virtud del tránsito
legislativo. Adicionalmente, destacó que la finalidad de un régimen de transición
consiste en que el legislador defina un sistema de protección para que los
cambios producidos por una reforma en la normativa no afecten a quienes, pese
a no haber adquirido el derecho a la pensión porque les falta reunir todos los
requisitos, sí tiene una expectativa legítima de adquirir el derecho.
49. Así las cosas, se ha entendido que como el artículo 6º del Decreto 2090 de
2003 establece unos supuestos para la transición de un régimen especial y al
mismo tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más
favorezca al servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la regla
de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de
jubilación, con fundamento en el principio de favorabilidad, consagrado en el
artículo 53 de la Constitución Política, para lo cual se destaca el siguiente aparte
de la mencionada sentencia C-663 de 2007: «en el hipotético caso en que en una
situación concreta un trabajador se vea amparado por ambos regímenes de transición, el
de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas
vigentes y aplicables para una misma situación, debe prevalecer a la luz de la
15 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
16 En este sentido se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de
junio de 2017, radicación: 08001-23-33-000-2012-00082-01(0391-14), demandante: Gilberto Antonio Rondón
Sepúlveda.
16
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
Constitución aquel régimen que resulte más favorable y benéfico para el trabajador
involucrado, por tratarse de disposiciones pensionales.».
50. De esta manera, cuando resulta más favorable, se ha optado por dar
aplicación al primer inciso del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 cuando se
acreditan 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio
de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 200317. En
consecuencia, los siguientes son los requisitos de la transición en comento:
Para el 28 de Cuando menos 500 semanas en cualquier actividad que haya
julio de 2003 sido calificada jurídicamente como de alto riesgo
Cotizaciones Deben cumplir con “el número mínimo de semanas exigido por
la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es, un
mínimo de 1000 semanas, como lo establece el numeral 2 del
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
Este mínimo de 1000 semanas de cotización debe entenderse
como requisito necesario para ser beneficiario de la transición
y no como un requisito para acceder al derecho pensional18.
51. Así, cumplido lo anterior tendrán el derecho a que la pensión les sea
reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que
regulaban las actividades de alto riesgo.
52. No desconoce esta subsección que la regla de interpretación propuesta se
aparta de la que en anteriores providencias se había expuesto, como la contenida
en la providencia del 12 de junio de 2014 que sostuvo:
«(…) el Decreto 2090 de 2003 al establecer el régimen de transición especial de
las actividades de alto riesgo permite a los beneficiarios acceder a la pensión de
vejez en las condiciones dispuestas en el régimen anterior excepto en lo que tiene
que ver con el tiempo de servicio, dado que la especialidad del régimen exige la
acreditación del mínimo de semanas de cotización dispuesto en la Ley 100 de
1993, que es más exigente que el dispuesto en las Leyes anteriores, dado que
pasó de 20 años a 1050 semanas en 2005 y 25 adicionales por año desde el 2006
hasta llegar a 1300 en 2015.»19.
53. Luego, en sentencia de 22 de abril de 2015, la subsección A, aplicó el
régimen de transición previsto en el inciso primero del artículo 6º del Decreto
2090 de 2003, refiriéndose al requisito de cumplir el número mínimo de semanas
17
En este mismo sentido, se pueden consultar, entre otras, las sentencias de la Subsección B, sentencia de 12 de junio de
2014, número interno: 3287-2013 y de la Subsección A, sentencia de 22 de abril de 2015, número interno: 2555-13.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicación:
08001-23-33-000-2012-00082-01(0391-14), demandante: Gilberto Antonio Rondón Sepúlveda.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2014 Radicación:
050012331000201200100-01(3287-2013), demandante: Jaime Alberto Villamil Castro.
17
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
exigido por la Ley 797 de 2003, como el equivalente al previsto en el artículo 9º
de la citada Ley 797, esto es, 1000 semanas 20.
54. Lo anterior, llevó a la subsección B a precisar la regla hermenéutica del inciso
primero del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 en los términos ya señalados,
puesto que expone una interpretación de la norma que se acompasa en mayor
medida con el principio de favorabilidad del artículo 53 de la Constitución Política,
según el cual, si una norma tiene varias interpretaciones posibles se debe optar
por la que resulte más favorable al trabajador.
55. En esas condiciones, se concluye que los servidores públicos que ejercen
actividades de alto riesgo, les fue concedido un régimen de transición con el
Decreto 2090 de 2003 consistente en que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren
cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a que una vez cumplidas 1000
semanas cotizadas21, la pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en la norma anterior que regula las actividades de alto
riesgo.
Caso concreto
56. Es importante recordar, que la discusión del presente asunto se contrae a
establecer si el demandante, en su condición de exdragoneante del INPEC,
cumple con los requisitos del régimen de transición del Decreto 2090 del 2003 y
así obtener el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de
conformidad con las Leyes 32 de 1986 y 407 de 1994; y de ser cierto, establecer
si hay lugar a ordenar la liquidación pensional con la totalidad de los factores
salariales devengados durante el último año de servicios que se encuentran
enlistados en el Decreto 1045 de 1978.
57. Para resolver, es de recordar para obtener el derecho pensional bajo la Ley
32 de 1986, en virtud del régimen de transición del artículo 6º del Decreto 2090
de 2003, visto con anterioridad, se debía acreditar a la fecha de entrada en
vigencia de este decreto, esto es, el 28 de julio de 2003, cuando menos 500
20Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2015, radicación:
250002325000201100807-01(2555-2013); demandante: Fernando Sandoval Cabrera.
21
Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. «(a) partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50
y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».
18
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
semanas de cotización especial y cumplir en adición los requisitos del artículo 36
de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 18 22 de la Ley 797 de 2003.
58. Es de indicarse, que frente al segundo supuesto, es decir, con relación al
cumplimiento de los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta
Corporación ha establecido, como se dijo con anterioridad, que exigirlo resulta
desproporcionado y más gravoso cuando el servidor aspira al reconocimiento en
los términos de la norma anterior, por cuanto conllevan una situación más
desventajosa en virtud del tránsito legislativo, razón por la que en el asunto no
interesa que el accionante para la fecha en que entró en vigencia del el Sistema
de Seguridad Integral de que trata la Ley 100 de 1993, esto es, el 1º de abril de
1994, no acreditara 40 años de edad o 15 de servicios.
59. Así entonces, en casos como el que ocupa la atención de la Sala, lo
procedente para el reconocimiento de las pensiones bajo el régimen anterior, que
regulaba las actividades de alto riesgo, es el estudio del cumplimiento del primer
supuesto, esto es, acreditar cuando menos 500 semanas de cotización especial
al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003.
60. En el sub judice, teniendo en cuenta lo hechos anunciados, se tiene que el
actor inició labores en el INPEC el 17 de noviembre de 1987, por lo que al 28 de
julio de 2003, fecha en la que entro a regir el Decreto 2090 de 2003, acreditaba
823 semanas de cotización, cumpliendo los supuestos de la norma para, en
virtud del régimen de transición del mencionado decreto, obtener el derecho
pensional bajo las disposiciones de la Ley 32 de 1986.
61. Así las cosas, se tiene que el ente de previsión acertó al reconocerle la
pensión de jubilación al actor, por medio de la Resolución GNR 233007 del 12 de
septiembre de 2013, con los requisitos de edad y tiempo, así como con la tasa
pensional (75%), contenidos en la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994.
62. Dicha prestación, fue calculada sobre el promedio de lo cotizado en los 10
últimos años de servicios, con inclusión de la asignación básica, el sobresueldo y
la bonificación por servicios prestados, como lo preceptúa el artículo 21 de la Ley
100 de 1993 en armonía con los emolumentos establecidos en los Decretos 691
y 1158 de 1994 como ingreso base de cotización (IBC).
22
Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
19
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
63. Así las cosas, se tiene que al accionante le fue calculada su pensión de
jubilación con fundamento en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 en armonía
con los emolumentos establecidos en los Decretos 691 y 1158 de 1994 como
ingreso base de cotización (IBC), en atención a las reglas de interpretación
fijadas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado,
establecidas en las sentencias citadas en el acápite precedente, en el sentido de
que en tal inciso el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de
las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de
liquidación (IBL) que consagraba el régimen anterior al que se encontraban
afiliados al entrar en vigor aquella, por lo que se someten a lo dispuesto en la
mencionada norma o en el inciso 3º del artículo 36 ibídem, según corresponda,
tal como lo hizo COLPENSIONES en el presente caso; lo que además guarda
relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone que «(p)ara la liquidación de
las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones (…).».
64. Es de indicar, que los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, mencionados con anterioridad, en los cuales se precisó la aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en particular, en lo que tiene que
ver con el ingreso base de liquidación (IBL) pensional, la sala plena de esta
Corporación advirtió que «(…) por regla general, ha dado aplicación al precedente en
forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en
virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
65. Consonantes con el análisis aquí realizado, habrá de confirmarse la
sentencia apelada que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de febrero de 2021, proferida por el
20
Expediente No. 23001-23-33-000-2016-00284-01
No. Interno: 4595-2021
Demandante: Gustavo Alonso Arrieta Machado
Demandado: COLPENSIONES
Tribunal Administrativo de Córdoba, sala tercera de decisión, que accedió de
manera parcial a las súplicas de la demanda, conforme a la parte motiva.
SEGUNDO: Por la secretaría de la sección segunda, regresar el expediente al
tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión. Los Consejeros,
Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
(Ausente en comisión)
Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.