Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04249-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04249-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04249-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04249-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
28 de julio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiocho (28) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: FERNEY CARDOZO
Demandados: SUBSECCIÓN F DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
PERSONAL DEL CUERPO DE CUSTODIA Y
VIGILANCIA DEL INPEC. SE DECLARA
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL FRENTE AL DEFECTO
SUSTANTIVO Y SE NIEGA RESPECTO DEL
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
Síntesis del caso: el actor reprochó la providencia judicial que negó la reliquidación de su
pensión de vejez con la inclusión de todos los factores cotizados durante el último año de
servicios. La Sala declara improcedente la acción de tutela respecto del defecto sustantivo y
niega el amparo frente al desconocimiento del precedente judicial.
La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por el señor Ferney
Cardozo1 contra la providencia emitida el 27 de mayo de 2025 por la Subsección F
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la
cual se revocó la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho orientada a obtener la
reliquidación de su pensión, con el fin de que se protejan sus derechos
constitucionales fundamentales de la igualdad, debido proceso, legalidad y seguridad
social, a su juicio, en la providencia cuestionada se incurrió en los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial.
1
Escrito radicado el 9 de julio de 2025
2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Prestó sus servicios como miembro del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del
INPEC entre el 17 de noviembre de 1987 y el 31 de diciembre de 2020.
2) A partir del 1 de julio del 2014, el INPEC efectuó aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones sobre los factores salariales previstos en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978 como así consta en los certificados laborales CETIL
expedidos por la entidad, en los cuales se evidencia que las cotizaciones se hicieron
respecto de los siguientes conceptos: asignación básica, sobresueldo, auxilio de
transporte, subsidio de alimentación, bonificación por servicios, prima de navidad,
prima de capacitación, prima de servicios, prima de vacaciones y vacaciones.
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), mediante las
resoluciones RDP 036466 del 28 de septiembre de 2016, RDP 003163 del 30 de
enero de 2017, RDP 003463 del 15 de febrero de 2021, RDP 011430 del 5 de mayo
de 2021, RDP 020347 del 14 de agosto de 2023 y RDP 025978 del 26 de octubre de
2023, le reconoció y reliquidó su pensión especial de jubilación conforme al artículo
96 de la Ley 32 de 1986 y para ello aplicó una tasa de remplazo del 75% y determinó
el ingreso base de liquidación (IBL), con base en el promedio de los salarios
cotizados durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación,
conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, únicamente con los factores
enlistados en el Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, bonificación por
servicios prestados y sobresueldo.
3) Inconforme con dicha liquidación, presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra las resoluciones citadas para que se declarara su nulidad y se
reliquidara su pensión, tomando como base el 75% del promedio de todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
4) El Juzgado 21 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá mediante fallo del 23
de septiembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones y para efectos de la
liquidación consideró el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 con los
factores de: asignación básica mensual, bonificación por servicios prestados, prima
de servicios, prima de vacaciones, subsidio de alimentación, subsidio de transporte y
prima de navidad. Excluyó el sobresueldo y las vacaciones por considerar que no
están incluidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
5) Ambas partes interpusieron recurso de apelación. La demandante sostuvo que no
era aplicable el Decreto 1158 de 1994 por cuanto rige únicamente para los afiliados
al régimen general de la Ley 100 de 1993, del cual se encuentra exceptuado por
estar amparado por el régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986, por lo cual
alegó que la liquidación de su pensión debía considerar todos los factores sobre los
cuales efectuó aportes, incluyendo los establecidos en el Decreto 446 de 1994. Por
su parte, la entidad demandada solicitó se revocara y negara las pretensiones de la
demanda porque a la actora se le aplica el IBL establecido en la Ley 100 de 1993.
6) La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante providencia del 27 de mayo de 2025, revocó la decisión de
primera instancia en consideración a que la prestación había sido correctamente
reconocida con base en el promedio de los aportes efectuados durante los últimos
diez años de servicio y con los tres factores salariales previstos en el Decreto 1158
de 1994: asignación básica mensual, sobresueldo y bonificación por servicios.
2. El fundamento de la vulneración
La parte actora afirmó que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales con ocasión de la providencia que revocó y negó las
pretensiones formuladas en la demanda, por cuanto -a su juicio-, incurrieron en los
defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial.
Respecto del defecto sustantivo, sostuvo que la demandada interpretó erradamente
las normas aplicables al caso, al determinar el IBL de su pensión con fundamento en
los artículos 21, 34 y 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales previstos en
el Decreto 1158 de 1994 -esto es, asignación básica mensual, bonificación por
4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
servicios prestados y sobresueldo-. A su juicio, dicha interpretación desconoció el
régimen especial que cobija su derecho prestacional se apoya en normas erróneas y
no aplicables a su situación.
En particular, alegó que la decisión del tribunal omitió aplicar los incisos 6°, 7° así
como el parágrafo transitorio no. 5 del Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el
artículo 48 de la Constitución Política, en los cuales se ordenó que las pensiones
deben liquidarse con base en la totalidad de los factores salariales objeto de
cotización, y reconocen el carácter especial del régimen aplicable a los funcionarios
adscritos al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional.
Si el INPEC efectuó aportes por todos los factores salariales enlistados en el artículo
45 del Decreto 1045 de 19782, la liquidación pensional se realizó únicamente con tres
de ellos -asignación básica, sobresueldo y bonificación por servicios prestados-, lo
cual constituyó una vulneración a sus derechos laborales.
Las decisiones judiciales aceptaron que se encuentra cobijado por un régimen
pensional especial, regulado en la Ley 32 de 1986; sin embargo, criticó que para
efectos de la liquidación del IBL se haya acudido a los artículos 21 y 36 de la Ley 100
de 1993 y al artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, con lo cual desconoció el régimen
especial aplicable.
En cuando al desconocimiento del precedente judicial señaló que se desatendió la
sentencia T-012 del 21 de enero de 2022 de la Corte Constitucional, en la cual se
estableció que los funcionarios del INPEC que hayan ingresado antes de la entrada
en vigencia del Decreto 2090 de 2003 (28 de julio de 2003) pueden acceder a la
pensión de jubilación conforme a la Ley 32 de 1986.
Adicionalmente, indicó que se ignoraron algunos precedentes del Consejo de
Estado3, en los cuales se reconoció que, ante la ausencia de reglas específicas
2
Asignación básica mensual, sobresueldo, auxilio de transporte, subsidio de alimentación,
bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones y
sueldo de vacaciones.
3
Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, sentencia del 30 de octubre de 2024,
radicado 08001-23-33-000-2021-00064-01 (7181-2023).
5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
sobre la forma de liquidación de la pensión en el régimen del INPEC, esta debe
calcularse con el 75% del promedio mensual del último año de servicios,
considerando los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994.
Finalmente, sostuvo que no le resulta aplicable la Sentencia de Unificación SU-395
de 2017 proferida por la Corte Constitucional, en tanto esta resolvió supuestos de
hecho y de derecho distintos a los de su caso.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“Se Ordene revocar la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca expedir una
sentencia de reemplazo en los términos de la proferida por el Juzgado 21
Administrativo del Circuito de Bogotá, incluyendo además de los factores
salariales reconocidos en ella (asignación básica mensual, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones,
subsidio de alimentación, subsidio de transporte y prima de navidad)
los factores de sobresueldo y las vacaciones, sobre los cuales también hizo
aportes para pensión mi poderdante, no solo en el último año sino durante
toda su vida laboral. O en otros términos, se ordene que el ad quem realice
una sentencia de reemplazo conforme los siguientes parámetros: con todos
los factores salariales sobre los que hizo aportes el demandante durante el
último año de servicio.” (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI índice 2 – mayúsculas y negrillas del original)
4. Actuación procesal
Mediante auto del 10 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al titular del Juzgado
21 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al presidente de Colpensiones,
con el fin de que rindieran informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la
acción.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
5. Actuación de las autoridades demandadas
La directora jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones4
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por cuanto no se ha
configurado ningún vicio, defecto o vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el demandante.
La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el titular del Juzgado 21 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá allegaron copia del expediente digital, pero no se pronunciaron sobre los
hechos que motivaron la presente acción.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
4
Índice 10 del aplicativo SAMAI
7
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por ocasión
de la providencia que revocó la sentencia de primera instancia mediante la cual se
había accedió parcialmente a las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, orientada a obtener la reliquidación de una pensión y
en su lugar las negó; el actor solicitó que se protegieran sus derechos
constitucionales fundamentales de la igualdad, debido proceso, legalidad y seguridad
social, por cuanto, a su juicio, dicha providencia incurrió en los defectos sustantivo y
por desconocimiento del precedente judicial.
Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que, si bien en el proceso de
acción de tutela se demandó al Juzgado 21 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, lo cierto es que las pretensiones están encaminadas a que se deje sin
efectos la decisión de segunda instancia proferida por la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que será frente a ella
que se resuelvan los cargos formulados en la demanda y por cuanto fue la que
definió la situación jurídica particular.
En los términos en que ha sido planteada la controversia, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, respecto del alegado defecto sustantivo, y negará el amparo invocado
por desconocimiento del precedente judicial, por las razones que procederán a
exponerse:
3.1 La falta de relevancia constitucional del defecto sustantivo
1) En el presente caso el actor sostuvo que la autoridad judicial interpretó
erradamente las normas aplicables al determinar el IBL de su pensión con base en
8
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
los artículos 21, 34 y 36 de la Ley 100 de 1993, y en los factores salariales
contenidos en el Decreto 1158 de 1994 (asignación básica mensual, bonificación por
servicios prestados y sobresueldo), por cuanto, a su juicio, dicha interpretación
desconoció el régimen especial que cobija su derecho prestacional y se fundamenta
en normas y premisas jurídicas inaplicables.
2) Alegó además que el tribunal omitió aplicar los incisos 6° y 7°, así como el
parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005, mediante los cuales se
adicionó el artículo 48 de la Constitución Política y se estableció que las pensiones
de los empleados del INPEC deben liquidarse con base en la totalidad de los
factores salariales objeto de cotización al Sistema de Seguridad Social en Pensiones,
correspondiente al último año de servicio.
3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela se dirigen exclusivamente a reabrir una discusión
que ya fue debatida, analizada y resuelta en el trámite del recurso de apelación
presentado en contra del fallo 23 de septiembre de 2024.
4) En el proceso ordinario, el actor solicitó la reliquidación de su pensión de jubilación
con la inclusión de todos los factores salariales devengados y cotizados durante el
último año de servicio, conforme a lo previsto en el Decreto 1045 de 1978, teniendo
en cuenta que los funcionarios del INPEC están cobijados por un régimen especial
por actividades de alto riesgo, conforme a los artículos 96 de la Ley 32 de 1986 y los
Decretos 407 y 446 de 1994.
5) En efecto, en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el actor indicó,
en los mismos términos que ahora invoca en sede de tutela, que el juez tuvo en
cuenta que en la reliquidación de la pensión la UGPP incluyó la asignación básica,
bonificación por servicios prestados y también sobresueldo, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1158 de 1994; sin embargo, en virtud de estar amparado
por un régimen especial, la liquidación de su pensión debía efectuarse con base en
los factores establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y sobre los
cuales efectivamente cotizó, es decir el juzgado también debió reconocer el
sobresueldo y las vacaciones y demás factores sobre los cuales hizo los aportes.
9
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
6) Por su parte, en la providencia del 27 de mayo de 2025 la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de
primera instancia, al considerar que, si bien el actor estaba cobijado por un régimen
especial por su condición de servidor del INPEC, los únicos factores salariales que
debían considerarse eran aquellos sobre los cuales se hubiesen efectuado
cotizaciones al Sistema General de Pensiones, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 1158 de 1994, en los siguientes términos:
“Así las cosas, aquellos funcionarios del INPEC que al 28 de julio de 2003,
fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, se encontraban
prestando sus servicios en esa Institución Penitenciaria en el Cuerpo de
Custodia son beneficiarios del régimen especial de pensiones contemplado
en la Ley 32 de 1986.
En este orden de ideas, se tiene que el artículo 96 de la Ley 32 de 1986
solamente regula los requisitos de edad y tiempo de servicios, dado que
consagra que para tener derecho a la pensión es necesario 20 años de
servicios sin tener en cuenta la edad, pero no hace referencia al monto o
tasa de retorno, ingreso base de liquidación, al periodo de liquidación que
se debe tener en cuenta ni a los factores salariales que se deben incluir. No
obstante, dicha Ley en el artículo 114 reguló que lo no previsto se sujetaría
a las normas de los empleados públicos nacionales, así:
ARTÍCULO 114. NORMAS SUBSIDIARIAS. En los aspectos no previstos
en esta Ley o en sus decretos reglamentarios, a los miembros del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se les aplicarán las normas
vigentes para los empleados públicos nacionales.
En principio, se podría entender que la norma aplicable es la Ley 33 de
1985. Sin embargo, el artículo 1º de esta de forma expresa precisa que
dicha Ley no resulta aplicable a quienes disfruten de un régimen especial
de pensiones.
Bajo ese entendido se tiene que, en un primer momento se consideró que
la norma aplicable para efectos de determinar el IBL correspondía al
artículo 4º de la Ley 4ª de 1966 que dice:
ARTÍCULO 4º: A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de
jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o
más entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como
base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en
el último año de servicio.
10
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
Luego, se consideró que se debían tener en cuenta los factores enunciados
en el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978.
Posteriormente, respecto de los factores salariales que deben incluirse en
la liquidación pensional de los miembros del INPEC, a quienes se les aplica
el régimen especial de la Ley 32 de 1985, la H. Corte Constitucional, en la
sentencia SU-395 de 2017 (…) los servidores públicos del INPEC están
cobijados por el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, por lo que su pensión debe liquidarse con los factores
salariales de que trata el Decreto 1158 de 1994 y el IBL regulado en la
mencionada Ley 100.
(…)
Se aclara que la transición a que tienen derecho los miembros del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia del INPEC ocurre en virtud de lo dispuesto en el
parágrafo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2005, citado en
precedencia, pero, como se dejó expuesto, con la forma de liquidación del
IBL regulada en la Ley 100 de 1993 y los factores salariales del Decreto
1158 de 1994 y las normas que los adicionan.”. (archivo disponible en
medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).
7) Ahora bien, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el
mecanismo constitucional, la parte demandante reiteró los planteamientos expuestos
en el recurso de apelación, dirigidos de manera exclusiva a reabrir la discusión sobre
la posibilidad de reliquidar su pensión de jubilación con la inclusión de todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicio, por cuanto no se
encuentra amparado por el régimen de transición, sino por un régimen especial, lo
cual -a su juicio- le otorga el derecho a que su pensión sea reliquidada con base en
la totalidad de los factores sobre los cuales efectuó aportes, incluidos aquellos que le
fueron excluidos. De manera expresa señaló:
“Dijo que el artículo 185 del Decreto Ley 407 de 1994 y 446, establece las
prestaciones sociales reconocidas por la Ley 32 de 1986, entre ellas, el
sobresueldo regulado en los Decretos 1302 de 1978 y 447 de 1984.
Argumentó que la UGPP en la reliquidación de la pensión incluyó la
asignación básica, bonificación por servicios prestados y también
sobresueldo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994.
En cuanto a las vacaciones, expuso que el demandante efectuó aportes a
pensión sobre ese factor, tal como consta en el CETIL.”. (archivo disponible
en medio magnético a través del aplicativo SAMA-).
8) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
11
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en
el recurso de apelación, los cuales fueron resueltos en el fallo del 27 de mayo de
2025 y se dirigieron de manera exclusiva a que se reliquidara la pensión de jubilación
con el 75 % del promedio del último año de servicio, con la inclusión de todos los
factores salariales.
9) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial
demandada en la providencia objeto de tutela concluyó que la pensión debía ser
liquidada con los factores salariales sobre los que se hubieren efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones, consagrados en el Decreto 1158 de 1994.
10) En la providencia cuestionada se concluyó, de manera razonada y en un claro
ejercicio de la autonomía judicial que, de acuerdo con la interpretación vigente de la
Corte Constitucional, el IBL debe calcularse conforme a los artículos 21 y 36 de la
Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta los factores establecidos en el Decreto 1158 de
1994 y sus normas complementarias y se aclaró que la transición prevista para los
miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, en virtud del parágrafo
transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2005, no altera la forma de calcular el IBL,
que sigue sujeta a las disposiciones de Ley 100 de 1993 y a los factores definidos en
el Decreto 1158 de 1994 y las normas que lo adicionan.
11) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque su objeto es reabrir un debate
que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional le está
vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
3.2 Análisis del desconocimiento del precedente judicial en el caso concreto
En lo que respecta al presunto desconocimiento del precedente judicial, la Sala
advierte que el caso cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad
enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los
medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la
inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses
12
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
siguientes a la notificación de la providencia atacada5; (iii) el presente caso no se
trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto determinante
en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte
actora; (iv) el demandante identificó de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, (v) no se ataca
una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la cuestión que se discute reviste relevancia
constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos
fundamentales derivada de la providencia que revocó la sentencia de primera
instancia para en su lugar negar la reliquidación pensional; además, los argumentos
esgrimidos por el actor no constituyen una repetición de lo discutido en el proceso
ordinario, pues se dirigen específicamente a cuestionar el desconocimiento de
precedentes judiciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la
materia.
Superado ese examen preliminar la Sala procede a analizar si la sentencia objeto de
tutela incurrió en el desconocimiento del precedente judicial invocado.
1) El demandante sostuvo que se desconoció la sentencia T-012 del 21 de enero de
2022, emitida por la Corte Constitucional, en la que se estableció que los
funcionarios del INPEC que hubiesen ingresado antes de la entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003 -esto es, antes del 28 de julio de 2003- pueden acceder a la
pensión de jubilación conforme a lo previsto en la Ley 32 de 1986.
2) De igual manera, afirmó que no se tuvo en cuenta la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado6, en la cual se ha
indicado que, ante la ausencia de disposiciones específicas sobre la forma de
liquidación de la pensión en el régimen especial del INPEC, para los beneficiarios de
la Ley 32 de 1986, esta debe realizarse con el 75% del promedio mensual del último
año de servicios, con la inclusión de los factores salariales establecidos en el Decreto
446 de 1994.
5
La sentencia de segunda instancia fue notificada el 19 de junio de 2025 y la demanda fue
presentada el 9 de julio de 2025.
6
Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, sentencia del 30 de octubre de 2024,
radicado 08001-23-33-000-2021-00064-01 (7181-2023).
13
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
3) No obstante, en relación con la sentencia T-012 de 2022, la Sala considera que el
defecto alegado no tiene vocación de prosperidad, toda vez que el análisis efectuado
en dicha providencia se centró en establecer si la demandante tenía derecho a
acceder al régimen especial del INPEC previsto en la Ley 32 de 1986. En cambio, en
el presente caso, no está en discusión la aplicabilidad del régimen especial, sino la
procedencia de la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de
determinados factores salariales. Por tanto, no se trata de un precedente con
supuestos fácticos y jurídicos similares, por lo cual no es vinculante.
4) En cuanto al presunto desconocimiento del precedente de la sentencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala constató que, si
bien dicha decisión ratificó el criterio del actor, según el cual los beneficiarios de la
Ley 32 de 1986, cuentan con un derecho pensional que se debía liquidar con el 75%
del promedio mensual obtenido en el último año de servicios y con los factores del
Decreto 446 de 1994, no existe actualmente una postura unificada de la Sección
Segunda sobre dicha materia, por lo que no puede predicarse la existencia de una
regla jurisprudencial obligatoria.
5) En efecto, la Sala resalta que la Subsección B de la misma Sección Segunda ha
adoptado7 una postura contraria, según la cual el IBL de los beneficiarios del régimen
de la Ley 32 de 1986 debe establecerse conforme al artículo 21 de la Ley 100 de
1993 y con los factores contemplados en el Decreto 1158 de 1994, siempre que
sobre estos se hayan efectuado aportes al Sistema General de Pensiones.
6) En consecuencia, al no existir un criterio jurisprudencial unificado sobre la materia,
corresponde al juez, en ejercicio de su autonomía, acoger la posición que considere
más adecuada para resolver el caso concreto.
7) Adicionalmente, se advierte que en la providencia cuestionada el tribunal
manifestó de manera explícita que pese a que “el H. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A” varió su tesis en torno a los factores que se deben incluir
7
Sentencia del 2 de marzo de 2023, radicación 68001-23-33-000-2019-00535-01 (3410-2021), MP
Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia del 3 de noviembre de 2022, radicación 76001-33-33-005-2014-
01135-01, MP César Palomino Cortés; sentencia del 20 de enero de 2020, radicación 11001-03-15-
000-2019-04604-01(AC), MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
en el IBL de los miembros del INPEC, esta Sala considera que debe seguir aplicando
el criterio expuesto por la H. Corte Constitucional en la sentencia SU-395 de 2017,
citada anteriormente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del CPACA, y
la Sentencia C-816 de 2011 de la H. Corte Constitucional.”.
Si bien el demandante afirma que no le resulta aplicable la Sentencia de Unificación
SU-395 de 2017 proferida por la Corte Constitucional, en tanto esta resolvió
supuestos de hecho y de derecho distintos a los de su caso, lo cierto es que tribunal
explicó que “[De] acuerdo con esta sentencia, los servidores públicos del INPEC
están cobijados por el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, por lo que su pensión debe liquidarse con los factores salariales de que
trata el Decreto 1158 de 1994 y el IBL regulado en la mencionada Ley 100 porque el
alcance del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, según el cual sólo deben mantenerse las prerrogativas de los regímenes
anteriores en cuanto a (i) edad, (ii) tiempo de servicios y (iii) monto de la pensión,
entendido como tasa de reemplazo. De manera que el ingreso base de liquidación y
los factores salariales por aplicar deben ser los consagrados en la Ley 100 de 1993 y
el desarrollo normativo posterior (Decreto 1158 de 1994).”
8) En ese orden de ideas, para la Sala el defecto alegado no tiene vocación de
prosperidad.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional frente al defecto sustantivo, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Niégase la acción de tutela presentada por la parte actora, respecto del
desconocimiento del precedente judicial, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
15
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04249-00
Demandante: Ferney Cardozo
Acción de tutela
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ (E) ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.