Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03518-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03518-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03518-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
21 de agosto de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 03518 00
Accionante: Fausto Martínez Useche
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 03518 00
Accionante: FAUSTO MARTÍNEZ USECHE
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Fausto Martínez
Useche en contra de la sentencia proferida el 3 de abril de 2025 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado nro. 25000 23 41 000 2023 01696 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Fausto Martínez Useche, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para
ello formuló las siguientes pretensiones1:
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03518 00.
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Accionante: Fausto Martínez Useche
“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, los
derechos políticos a ser elegido y a la eficacia del voto del concejal
FAUSTO MARTÍNEZ USECHE y de sus electores.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicito dejar sin efectos la
sentencia del 03 de abril de 2024 (sic) proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso radicado No.
25000234100020230169601, mediante la cual se anuló la elección
del accionante como concejal del municipio de El Colegio,
Cundinamarca.
3. Disponer y ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado
que, en el término que estime conveniente, dicte una nueva
providencia que se ajuste a los parámetros constitucionales, en
particular al respeto por el debido proceso y la protección de los
derechos políticos del accionante y de la ciudadanía que lo eligió
[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que, en las elecciones territoriales del 27 de octubre
de 2019, fue elegido concejal del municipio de El Colegio (Cundinamarca)
para el período 2020 – 2023 con el aval del Partido Alianza Social
Independiente (ASI).
Manifestó que, el 20 de junio de 2022 radicó la renuncia a su curul porque
decidió postularse nuevamente como candidato al concejo municipal para
el período 2024 – 2027, pero esta vez, con el aval del Partido Liberal
Colombiano.
Aseguró que, desde la presentación de su renuncia, cesó de manera
voluntaria y definitiva en el ejercicio de sus funciones públicas,
absteniéndose de asistir a sesiones o realizar cualquier acto como
concejal.
Señaló que, “en razón a que el concejo municipal se encontraba en receso
ordinario para ese momento, el alcalde municipal de El Colegio aceptó
formalmente la renuncia mediante Decreto No. 199 del 19 de julio de
2022, en ejercicio de las competencias previstas en el numeral 8 del
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Accionante: Fausto Martínez Useche
artículo 91 de la Ley 136 de 1994”2. Agregó que, “posteriormente, el
presidente del concejo municipal expidió la Resolución No. 038 del 28 de
julio de 2022, en la cual también se aceptó la renuncia y se declaró la
vacancia absoluta de la curul, del concejal FAUSTO MARTÍNEZ USECHE”3.
Indicó que, de forma paralela, presentó renuncia a su militancia en el
partido ASI la cual fue aceptada por dicha colectividad mediante oficio
identificado con el radicado REN-18-07-2022 del 18 de julio de 2022.
Anotó que, para el momento de su inscripción como candidato por el
Partido Liberal Colombiano y para la fecha de la elección, esto es el 29 de
octubre de 2023, no tenía ningún vínculo con el partido ASI, por lo que
aseveró que no pertenecía simultáneamente a más de una colectividad
política en los términos del artículo 107 de la Constitución Política.
Advirtió que, previo a las elecciones, el ciudadano Gilberto Moreno Vargas
presentó ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de revocatoria
de su inscripción como candidato al Concejo Municipal de El Colegio
(Cundinamarca), argumentando una supuesta doble militancia; sin
embargo, precisó que mediante la Resolución nro. 10496 del 21 de
septiembre de 2023, el Consejo Nacional Electoral negó dicha solicitud.
Continuó relatando que el 29 de octubre de 2023 fue elegido concejal del
municipio de El Colegio (Cundinamarca) para el periodo 2024 – 2027, lo
cual fue formalizado mediante la expedición del formulario E-26CO por
parte de la Comisión Escrutadora Municipal.
Expuso que el mismo ciudadano mencionado previamente, el señor
Gilberto Moreno Vargas, promovió demanda de nulidad electoral contra
su acto de elección aduciendo que la renuncia no fue aceptada dentro del
plazo legal de 12 meses antes de su inscripción, por lo que se habría
configurado la causal de doble militancia.
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03518 00.
3
Ibidem.
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Accionante: Fausto Martínez Useche
La demanda correspondió a la Subsección B, Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia del 28 de noviembre
de 2024 negó las pretensiones.
Inconformes con la decisión anterior, el Ministerio Público y la parte
demandante interpusieron recurso de apelación y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 3 de abril de 2025, la revocó
y, en su lugar, declaró la nulidad de la elección del señor Fausto Martínez
Useche como concejal del municipio de El Colegio (Cundinamarca).
El accionante mencionó que “(…) dentro del término de ejecutoria de la
sentencia de segunda (…), la defensa del concejal FAUSTO MARTÍNEZ
USECHE presentó solicitud formal de adición de la providencia, conforme
al artículo 287 del Código General del Proceso (…). Dicha solicitud fue
negada, sin que el fallo se corrigiera o complementara en los extremos
requeridos, afectando la debida motivación y claridad del
pronunciamiento judicial en aspectos sustanciales del debate (…)”4.
Alegó que la sentencia acusada desconoció de forma flagrante lo
dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política y el artículo 2 de la
Ley 1475 de 2011, que imponen como única exigencia la presentación de
la renuncia con una antelación mínima de doce meses al primer día de
inscripciones, y no su aceptación.
Sostuvo que “(…) la decisión se fundamentó en una interpretación amplia
y extensiva del régimen de inhabilidades y restricciones electorales,
contrariando el principio de taxatividad y de interpretación restrictiva que
rige en el ámbito sancionatorio electoral (…)”5.
En el acápite del escrito de tutela denominado “Requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias”, aseveró que su
solicitud de amparo cumple con estos requisitos, comoquiera que, por una
parte, (i) “(…) la decisión judicial que hoy se ataca, ha comprometido: el
4
Ibidem.
5
Ibidem.
4
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Accionante: Fausto Martínez Useche
debido proceso, los derechos políticos a ser elegido y a la eficacia del voto
del concejal FAUSTO MARTÍNEZ USECHE y de sus electores, situación que
es de bulto, ostensible, notoria e incontrovertible, por lo que se satisface
plenamente el requisito de relevancia constitucional exigido por la Corte
Constitucional, para sustentar la procedencia de la presente acción
superior. Sin que se esté planteando con esta acción de tutela, una
discusión legal, reglamentaria o trivial, sino iusfundamental” (…)”6; y por
otra, (ii) “(…) mi poderdante no cuenta con otros medios de defensa
judicial (ordinarios o extraordinarios) idóneos para buscar la protección
formal y material adecuada de sus garantías fundamentales
menoscabadas por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado
conforme a la sentencia del 03 de abril de 2025 (incluyendo una solicitud
de adición de providencia) (…)”7.
En cuanto a los requisitos especiales de procedencia, manifestó que la
sentencia acusada incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la constitución.
(i) Frente al defecto sustantivo, argumentó que se encuentra configurado
“porque la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, el 3 de abril de 2025, dentro del proceso de nulidad
electoral radicado bajo el radicado No. 250002341000-20230169601,
impuso una exigencia no contemplada en la Constitución ni en la ley, al
considerar que la renuncia del concejal FAUSTO MARTÍNEZ USECHE solo
surtió efectos desde su aceptación formal, debido a que la carta no
contenía una fecha interna. Esta premisa constituye una interpretación
manifiestamente irrazonable, desproporcionada y contraria a los
principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, lo que configura
con claridad el defecto sustantivo en los términos establecidos por la
jurisprudencia constitucional”8.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
5
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03518 00
Accionante: Fausto Martínez Useche
Explicó que “la providencia impugnada sostuvo que la renuncia
presentada por mi representado no cumplió con el plazo exigido, porque
-según la Sala- no contenía fecha en su texto y, por tanto, solo surtió
efectos desde su aceptación formal posterior. Esta interpretación es
jurídica y constitucionalmente inadmisible”9 porque “no existe disposición
alguna en el ordenamiento jurídico que exija que la carta de renuncia
contenga fecha interna para que produzca efectos. El requisito legal
consiste, exclusivamente, en la presentación de la renuncia con al menos
doce meses de antelación al primer día de inscripciones, como lo establece
de forma clara y directa el inciso final del artículo 107 de la Constitución
y el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011”10.
Agregó que “(…) la misma providencia incurre en un segundo exceso
normativo, al dar por configurada la doble militancia por el hecho de no
haber acreditado -según la Sala- que la renuncia al partido anterior se
hubiera formalizado también dentro del término de los doce meses. Esta
exigencia desconoce que el régimen constitucional solo prohíbe la
pertenencia simultánea a más de un partido al momento de la elección, y
no establece ninguna exigencia temporal respecto de la renuncia a la
militancia anterior (…)”11.
Destacó que la autoridad judicial accionada “citó como sustento parcial la
sentencia del Consejo de Estado del 22 de julio de 2021, radicado
25000234100020190108901, la cual no es un precedente, sino un
antecedente, no es una sentencia de unificación, no ha sido reiterada y,
por lo mismo, no tiene efectos vinculantes, y cuya lectura -lejos de apoyar
la tesis de la nulidad- reafirma expresamente que la Constitución y la ley
solo exigen la presentación de la renuncia (nada más), sin que su
aceptación sea necesaria para el cumplimiento del término” 12.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
6
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Accionante: Fausto Martínez Useche
Arguyó que “(…) resulta entonces inadmisible que, partiendo de un fallo
no unificador, cuya ratio decidendi coincide con lo decidido en primera
instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado haya introducido en un
párrafo aislado y sin desarrollo argumentativo, una nueva regla contraria
al texto constitucional y a la doctrina previa de la propia corporación, con
lo cual configuró de forma clara y grave el defecto sustantivo que aquí se
denuncia. En definitiva, la interpretación contenida en la sentencia del 3
de abril de 2025 es contra legem, por cuanto desconoce abiertamente el
contenido expreso del artículo 107 de la Constitución Política y del artículo
2° de la Ley 1475 de 2011, norma estatutaria que regula de manera
directa el régimen de participación en política y la transición entre
partidos. La Sala exigió requisitos no previstos ni por la norma superior
ni por la ley estatutaria, excediendo así el marco interpretativo legítimo
de cualquier juez de la República, cuyo ejercicio hermenéutico está
limitado -precisamente- por la literalidad, finalidad y alcance de las
normas constitucionales y legales vigentes (…)”13.
(ii) Sobre el desconocimiento del precedente, adujo que la autoridad
judicial accionada “[ignoró] abiertamente el contenido obligatorio de la
sentencia C-303 de 2010 de la Corte Constitucional, que realizó el control
abstracto de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2009, mediante
el cual se modificó el artículo 107 de la Constitución Política, introduciendo
una regla de inhabilidad para quienes, ostentando una curul por un
partido político, deseen aspirar por una colectividad distinta en el
siguiente período electoral. La Corte fue categórica al precisar que el único
requisito exigido por la reforma constitucional es que el servidor público
renuncie a su curul con al menos un año de antelación al primer día de
inscripciones. No se exige la aceptación formal, ni la dejación formal o
material del cargo, ni ningún acto de tercero que condicione el efecto de
esa renuncia”14.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
7
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Accionante: Fausto Martínez Useche
Señaló que “la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 3
de abril de 2025, desconoció ese precedente al considerar que el concejal
FAUSTO MARTÍNEZ USECHE solo “dejó su investidura” cuando el alcalde
aceptó su renuncia mediante Decreto 199 del 19 de julio de 2023, y que,
por tanto, no cumplió el plazo constitucional. Con ello, la Sala impuso de
manera injustificada dos exigencias que no se derivan ni del texto
constitucional ni del precedente obligatorio”15.
Anotó que “(…) ni el artículo 107 de la Constitución, ni el artículo 2º de la
Ley 1475 de 2011, ni la sentencia C-303 de 2010, exigen como condición
para evitar la inhabilidad por doble militancia que el servidor público deje
material o formalmente su cargo. La exigencia está limitada
exclusivamente a la presentación de la renuncia con la antelación
señalada, y eso fue precisamente lo que hizo el concejal demandado el
20 de junio de 2022, más de doce meses antes del primer día de
inscripciones (…)”16.
(iii) Finalmente, respecto a la violación directa de la constitución, indicó
que la providencia acusada desconoció los artículos 29, 40 y 107 de la
Constitución Política, referentes al derecho fundamental al debido
proceso, al derecho a elegir y ser elegido u ocupar cargos de elección
popular, y a las garantías de organizar y desarrollar partidos y
movimientos políticos y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 9 de junio de 202517 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 16 de junio de
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03518 00.
8
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Accionante: Fausto Martínez Useche
202518 la admitió, negó la medida provisional solicitada y dispuso
notificar19 a la Sección Quinta del Consejo de Estado, como parte
accionada; así como vincular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B20 y al señor Gilberto Moreno Vargas21,
como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B y a la Sección Quinta del Consejo de
Estado, para que allegaran copia digital del expediente correspondiente
al proceso identificado con el radicado nro. 25000 23 41 000 2023 01696
00/01, el cual fue remitido22.
3.2. La auxiliar judicial del despacho 02 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca allegó escrito23 en el que solicitó que se nieguen las
pretensiones del accionante o, en su defecto, que se declare improcedente
la acción de tutela, comoquiera que, según aseveró, lo pretendido por la
parte actora es utilizar este mecanismo constitucional como una tercera
instancia.
Inicialmente explicó que el magistrado titular de dicho despacho se
encontraba de permiso, otorgado por la presidencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, los días 20, 24, 25, 26 y 27 de junio y
1, 2, 3 y 4 de julio del 2025, por motivos personales.
Posteriormente hizo un breve recuento del trámite impartido en primera
instancia al proceso ordinario objeto de debate y sostuvo que “el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” en el
18
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03518 00.
19
Esta orden se cumplió el 20 de junio de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03518 00.
20
Ibidem.
21
Esta orden se cumplió el 27 de junio de 2025. Visto en el índice 12 de la Sede
Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03518
00.
22
Visto en los índices 8 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03518 00.
23
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03518 00.
9
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Accionante: Fausto Martínez Useche
marco del proceso electoral Nro. 25000 23 41 000 2023 01696 00 ha
actuado con observancia al debido proceso y les ha garantizado a las
partes su derecho de defensa y contradicción”.
3.3. La magistrada ponente de la sentencia acusada rindió informe24 en
el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional o, en su defecto,
que se niegue el amparo deprecado por el accionante.
Para ello, advirtió que “(…) la parte actora se limita a exponer su
inconformidad con las consideraciones de la sentencia cuestionada,
reiterando, incluso, argumentos que fueron atendidos por esta
corporación judicial, sin que materialmente, refiera a una verdadera
situación que conlleve la transgresión de sus garantías fundamentales,
buscando con ello la creación de una instancia adicional al medio de
control de nulidad electoral en la cual se revisen los argumentos
esbozados en ese trámite ordinario (…)”.
Adicionalmente, aseguró que, la providencia cuestionada expone los
argumentos normativos, probatorios y jurisprudenciales que, de forma
razonable, conllevaron a la nulidad del acto demandado.
3.4. El señor Gilberto Moreno Vargas guardó silencio.
3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 9 de julio de 202525.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
24
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03518 00.
25
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 03518 00.
10
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Accionante: Fausto Martínez Useche
noviembre de 199126 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,27 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202128, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201929, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente30:
4.2.1. El señor Gilberto Moreno Vargas promovió demanda a través del
medio de control de nulidad electoral en contra del acto mediante el cual
fue elegido el señor Fausto Martínez Useche como concejal municipal de
El Colegio (Cundinamarca), para el período 2024 – 2027, contenido en el
formulario E-26 CON del 29 de octubre de 2023.
4.2.2. La demanda fue asignada al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Bogotá que, por auto del 11 de diciembre de 2023 declaró la
falta de competencia para conocer del asunto y ordenó remitirlo al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
4.2.3. Teniendo en cuenta lo anterior, la demanda correspondió por nuevo
reparto a la Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, en sentencia del 28 de noviembre de 2024 negó las
pretensiones.
26
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
27
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
28
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
29
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
30
Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado nro. 25000 23 41 000 2023 01696 00/01. Visto en los índices
8 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 03518 00.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03518 00
Accionante: Fausto Martínez Useche
4.2.4. Inconformes con la decisión anterior, la Procuraduría séptima
Judicial II Administrativa y el demandante interpusieron recurso de
apelación y la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 3
de abril de 2025 la revocó y, en su lugar, declaró la nulidad de la elección
del señor Fausto Martínez Useche como concejal del municipio de El
Colegio (Cundinamarca) contenido en el formulario E26CO del 29 de
octubre de 2023, al considerar, entre otras cosas, lo siguiente:
“[…] 2.4. Caso concreto
53. El punto central de la discusión que se plantea en esta instancia
responde al momento en que se materializó la renuncia a la curul
que ocupaba el señor Fausto Martínez Useche en representación
del partido Alianza Social Independiente y sus efectos (…).
(…)
58. Actualmente, la Ley 136 de 1994, en su capítulo IV y la Ley
1551 del 2012, constituyen el parámetro normativo que fija el
régimen de los concejales. El literal b) del artículo 51 de la primera
de las disposiciones jurídicas mencionadas, establece como causal
de falta absoluta «la renuncia aceptada», norma que debe
interpretarse en armonía con el artículo 63 Ibidem, que consagra:
«Las vacancias absolutas de los concejales serán ocupadas
por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de
inscripción, sucesiva y descendente. El Presidente del Concejo,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la declaratoria,
llamará a los candidatos que se encuentren en dicha
situación para que tomen posesión del cargo vacante que
corresponde». (énfasis propio)
59. De acuerdo con la preceptiva anterior, se debe concluir que la
aceptación de la renuncia como causal de falta absoluta de un
concejal, es requisito para que la curul quede vacante y, de esa
forma, poder proveer la plaza con el candidato que corresponda.
60. A su turno, el artículo 53 de la Ley 136 de 1994, establece que
«la renuncia de un concejal se produce cuando él mismo manifiesta
en forma escrita e inequívoca su voluntad de hacer dejación
definitiva de su investidura como tal. La renuncia deberá
presentarse ante el Presidente del Concejo, y en ella se
determinará la fecha a partir de la cual se quiere hacer». (énfasis
propio)
61. Esta Sección, ha reconocido que «la redacción del enunciado
transcrito da lugar a colegir que la renuncia de un concejal se
produce, esto es, se materializa, al momento en que manifiesta por
escrito su voluntad de apartarse de su investidura, a partir de una
fecha determinada. Como bien se observa, la norma es clara en
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señalar que la carga del dimitente se agota en el momento mismo
de la manifestación que en ese sentido presenta, sin
condicionamiento expreso o tácito a su aceptación».
62. A pesar de lo anterior, en la sentencia reseñada, que además
es el fundamento de la impugnación presentada por el Ministerio
Público, esta judicatura expuso la necesidad de integrar e
interpretar efectivamente las condiciones en que se debe presentar
la renuncia de un miembro de corporación pública, tesis que se
reitera en esta oportunidad, pues el marco normativo aplicable en
dicho fallo está vigente.
(…)
64. La tesis expuesta no amplía el contenido del artículo 2º de la
Ley 1475 del 2011, como lo expone el apoderado del demandado
en sus alegatos de segunda instancia, quien considera que solo se
exige la renuncia a la curul o cargo de elección popular, sin que se
requiera la aceptación para efectos de purgar la prohibición de
doble militancia.
65. La lectura que propone la parte desconocería otros elementos
normativos que deben integrarse para interpretar adecuadamente
el precepto mencionado, pues de lo contrario, perdería su
contenido y eficacia. Así las cosas, el acto de renuncia que hoy en
día consagra la norma electoral, no puede leerse sin el efecto que
aquello tiene respecto de otras instituciones como el mandato
popular y representativo que implica ocupar la curul, el derecho del
partido a llenar el espacio que se deja, la vacancia absoluta de
aquella y el llamamiento a ocuparla, como fue señalado en párrafos
precedentes.
66. De otra parte, aceptar la visión del accionado, conllevaría a
desconocer la pretensión de la norma, consistente en que quien
acceder al cargo por voto popular y decide aspirar con el aval de
una organización política diferente se desvincule de la
representación que implica ocupar la curul o el cargo en nombre de
un partido o movimiento determinado y, por ende, romper con la
identificación entre aquellos y el elegido.
67. Ello se extrae del contenido del artículo 2 de la Ley 1475 de
2011, en donde se estableció que «[l]os candidatos que resulten
electos…, deberán pertenecer al que los inscribió mientras
ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la
siguiente elección por un partido o movimiento político distinto,
deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del
primer día de inscripciones».
68. Es decir, que mientras sigan en los cargos o corporaciones en
las cuales fueron electos, pertenecerán al partido que los eligió y
con ello, se mantiene el vínculo que la ley pretende romper para
poder postularse por otra colectividad (…).
69. Por ello, tampoco es de recibo el argumento con el cual se
busca asimilar la renuncia a la militancia en partido o movimiento
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político con aquella que se presenta para la dejación de un cargo
de elección popular, dado que en este último evento se predica una
mayor responsabilidad y el ordenamiento jurídico ha impuesto unas
limitaciones al actuar de esas personas que se derivan
precisamente de esa condición, lo cual no se equipara con la
circunstancia de quien simplemente se encuentra afiliado a un
colectivo político.
70. En decisión reciente, esta judicatura expuso:
«De otra parte, la conclusión a la que se arriba en los párrafos
precedentes, no resulta contraria a las garantías de participación
política en favor del aquí demandado. Aquellas no son absolutas y,
por lo tanto, se admiten restricciones razonables y proporcionales,
fijadas por el legislador en el ámbito de su poder de configuración,
tal y como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional,
e incluso, instancias internacionales como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
En esa línea, es claro que quien asume una posición en el ejercicio
democrático, especialmente, la de elegido en representación de
una determinada organización política para un cargo al que se
ingresa por voto popular, se somete a las reglas que rigen dicha
decisión y, por lo tanto, es de su conocimiento que su libertad y el
ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 40
Constitucional, están limitadas por la exigencias que sobre el
particular imponen el mismo texto superior y la ley estatutarias ya
mencionada».
71. En esta oportunidad, se recuerda que la norma electoral no
restringe la decisión de quien quiera aspirar con el aval de un
partido o movimiento diferente, sólo que, en atención a los altos
fines que la Ley 1475 del 2011 persigue, se busca que ello ocurra
en el marco de unas circunstancias específicas que, en últimas,
propenden por la garantía del sistema democrático.
72. Precisado lo anterior, en el expediente, obran los siguientes
elementos de convicción: (…)
73. De las pruebas documentales reseñadas, la Sala puede concluir
lo siguiente:
• De conformidad con el informe rendido por el Concejo Municipal
de El Colegio, el demandado radicó documento de renuncia el 20
de junio del 2022, a las 10:05 am. Esta fecha se corrobora con
el sello de recibido del documento, razón por la cual, no existe
reparo sobre este tema.
• Es cierto que otros elementos de prueba aportados al proceso
dan cuenta de otras fechas, ello no impide tener por acreditado que
el demandado radicó su renuncia en el momento en que fue
marcado en el sello mencionado.
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• Además, la renuncia fue debidamente aceptada el 19 de julio del
2022, fecha en la que se firmó el decreto por el primer mandatario
municipal.
74. Acorde con lo expuesto, la renuncia no señaló el momento a
partir del cual surtiría sus efectos, como lo exige el artículo 53 de
la Ley 136 de 1994, lo cual resulta necesario para evitar que se
configure la prohibición de doble militancia por el elemento
temporal.
75. Por lo tanto, el demandado no precisó ante el Concejo Municipal
de El Colegio, la fecha en la cual dejaría su curul, razón por la que
resulta razonable que luego fue necesaria su reiteración y la
aceptación de esta se diera casi un mes después de radicada.
76. A lo anterior, se suma que renunció a la militancia del Partido
ASI el 17 de julio del 2022, lo cual era necesario para entender que
el señor Martínez Useche, se desprendía de su investidura en
representación de esa colectividad y buscaba una posterior
aspiración con el aval de otra.
77. Es claro que la dimisión se materializó cuando el alcalde
municipal dictó el correspondiente acto administrativo en el cual la
aceptó y posteriormente remitió la actuación a la corporación
pública para la declaratoria de la vacancia absoluta y designación
del correspondiente reemplazo.
78. Así las cosas, la Sala no comparte la tesis sostenida por el
tribunal de instancia, conforme a la cual, con la renuncia
presentada el 20 de junio del 2022 el accionado manifestó su
intención antes del inicio del período de la prohibición legal que se
analiza.
79. Ahora bien, la Registraduría Nacional del Estado Civil, por
medio de la Resolución 28229 del 14 de octubre del 2022,
estableció el calendario electoral para las elecciones territoriales
que se celebraron en el año 2023, fijando como fecha de inicio del
período de inscripciones 29 de junio del 2023, por lo que para
efectos de acogerse a la posibilidad que consagra el artículo 2º de
la Ley 1475 del 2011, la renuncia a la curul debió ocurrir antes del
29 de junio del 2022.
80. Así las cosas, en aplicación del criterio jurisprudencial expuesto
en párrafos precedentes, el señor Fausto Martínez Useche dejó su
investidura como concejal del municipio de El Colegio
(Cundinamarca) el día 19 de julio del 2023, fecha en la que se dictó
el Decreto 199 por parte del primer mandatario de dicha localidad,
lo que conlleva a concluir que no se acogió el parámetro temporal
que exige la norma electoral para permitir su posterior postulación
democrática por un partido o movimiento político diferente de
aquel por el cual fue inicialmente electo.
81. Por lo expuesto, la Sala considera que le asiste razón al
apelante Ministerio Público en su impugnación, dado que, en
efecto, el señor Fausto Martínez Useche se desvinculó de su curul
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el 19 de julio del 2023, es decir que no se efectuó 12 meses antes
del 29 de junio de 2022, cuando inició el período de inscripciones
para las elecciones territoriales del año 2023 […]”. (Negrillas
originales de la providencia. Resaltado fuera de texto).
4.2.5. Mediante escrito radicado el 10 de abril de 2025, el señor Martínez
Useche, actuando por conducto de su apoderado, solicitó adición de la
precitada sentencia, comoquiera que, bajo su consideración, “(…) el
despacho (…) nada dijo sobre: (i) cuál es el soporte constitucional o legal
que le exige expresamente a un concejal que pretende cambiar de partido
en la próximas elecciones, que se le debe aceptar la renuncia a su curul
un año antes del primer día de inscripciones, para no incurrir en la
prohibición de doble militancia (sin que baste su sola presentación), (ii)
en el mismo sentido, cuál es el soporte constitucional o legal que le exige
expresamente a un concejal que pretende cambiar de partido en la
próximas elecciones, renunciar en el mismo término -ya referenciada- al
partido al que pertenecía para ese entonces, so pena de incurrir en doble
militancia, y (iii) sobre el análisis obligatorio relacionado con la aplicación
en el caso en concreto del principio pro homine (entre la interpretación
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la del Consejo de Estado),
y de los principios de taxatividad e interpretación restrictiva en tratándose
de sanciones o medidas restrictivas a los derechos fundamentales (como
el derecho a ser elegido y la eficacia del voto, contenidas en el artículo 40
de la Constitución Política), producto de la anulación de una elección
popular (…)”.
4.2.6. Por auto del 8 de mayo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado negó la precitada solicitud de adición, al considerar lo siguiente:
“[…] 13. Revisados los argumentos del memorialista frente al
contenido de la sentencia del 3 de abril del 2025, se puede concluir
en esa oportunidad, se resolvieron todos los aspectos puestos de
presente en el trámite de segunda instancia.
14. Así las cosas, a partir del párrafo 55 de la providencia, se
expuso el razonamiento normativo (leyes 136 de 1994 y 1475 de
2011) que llevó a la Sala a concluir la necesidad, en el caso
concreto, de la aceptación de la renuncia por parte de la autoridad
competente, lo cual igualmente, se fundamentó en un antecedente
jurisprudencial que fue acogido a efectos de resolver el caso
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concreto, del que se concluye que «tanto la presentación de la
renuncia a la curul, como la fecha a partir de la cual esta produce
efectos, debe contemplar la antelación de doce meses previos al
inicio de las inscripciones para la próxima elección».
15. A su vez, desde la consideración 64, se presentaron las razones
por las cuales la interpretación anterior no resulta extensiva
respecto del contenido del artículo 2º de la Ley 1475 del 2011, lo
cual tuvo como fundamento la finalidad de la regulación allí
contenida y la necesidad de realizar una lectura de la misma frente
a otras instituciones « como el mandato popular y representativo
que implica ocupar la curul, el derecho del partido a llenar el
espacio que se deja, la vacancia absoluta de aquella y el
llamamiento a ocuparla».
16. De otra parte, en el párrafo 70, se reiteró la tesis sostenida por
esta Sección en fallos anteriores sobre la compatibilidad de la
restricción de doble militancia contenida en la norma antes
mencionada frente a los derechos políticos de quien pretende
acceder a un cargo por elección popular, recordando que «la norma
electoral no restringe la decisión de quien quiera aspirar con el aval
de un partido o movimiento diferente, sólo que, en atención a los
altos fines que la Ley 1475 del 2011 persigue, se busca que ello
ocurra en el marco de unas circunstancias específicas que, en
últimas, propenden por la garantía del sistema democrático».
17. Como consecuencia de lo expuesto, la Sala estima que no es
procedente acceder a la petición de adición de la sentencia, en
tanto como se señaló, no se presenta en dicha providencia algún
aspecto o extremo de la litis respecto del cual se hubiere dejado de
resolver que así lo amerite […]”.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe
verificar es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá
en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
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4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”31.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional32.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades33:
31
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
32
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
33
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia34. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional,
analizará el tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que “la tutela no
es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal” En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
34
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios” (…)”35. (Se
destaca).
En la sentencia SU 215 de 202236, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”. (Se destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.
35
Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
36
Corte Constitucional. Sentencia SU 215 del 16 de junio de 2022. M.P.: Natalia Ángel
Cabo.
20
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Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora
pretende reabrir el debate que se surtió en el proceso de nulidad electoral,
dado que sus inconformidades están encaminadas a cuestionar lo resuelto
por la autoridad judicial accionada frente a la interpretación de las normas
aplicables al caso, en tanto que alega que “(…) la decisión se fundamentó
en una interpretación amplia y extensiva del régimen de inhabilidades y
restricciones electorales (…)”37.
En ese sentido adujo que la sentencia acusada “(…) impuso una exigencia
no contemplada en la Constitución ni en la ley, al considerar que la
renuncia del concejal FAUSTO MARTÍNEZ USECHE solo surtió efectos
desde su aceptación formal, debido a que la carta no contenía una fecha
interna (…)”38.
Expuso que “(…) esta interpretación es jurídica y constitucionalmente
inadmisible”39 porque “no existe disposición alguna en el ordenamiento
jurídico que exija que la carta de renuncia contenga fecha interna para
que produzca efectos. El requisito legal consiste, exclusivamente, en la
presentación de la renuncia con al menos doce meses de antelación al
primer día de inscripciones, como lo establece de forma clara y directa el
inciso final del artículo 107 de la Constitución y el artículo 2° de la Ley
1475 de 2011 (…)”40.
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo
utilizada como una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para
controvertir lo resuelto por el juez natural de la causa, respecto al
momento a partir del cual surtió efectos la renuncia del señor Fausto
Martínez Useche, hoy accionante, a la curul que ocupaba en el Concejo
Municipal de El Colegio (Cundinamarca), lo cual ya fue objeto de debate
en el proceso de nulidad electoral, por lo que se concluye que, de acuerdo
37
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 033518 00.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
Ibidem.
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con la jurisprudencia constitucional citada previamente, la petición de
amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.
Ahora, en cuanto al argumento del accionante sobre el supuesto
desconocimiento del precedente por parte de la autoridad judicial
accionada, debido a que, según sostuvo, “[ignoró] abiertamente el
contenido obligatorio de la sentencia C-303 de 2010 de la Corte
Constitucional, que realizó el control abstracto de constitucionalidad del
Acto Legislativo 01 de 2009, mediante el cual se modificó el artículo 107
de la Constitución Política”41, la Sala advierte que dicho reproche en
realidad está orientado a controvertir la interpretación que la Sección
Quinta del Consejo de Estado hizo sobre dicha sentencia de
constitucionalidad, comoquiera que en la providencia acusada, en el
acápite denominado “2.3 Doble militancia política: modalidad consagrada
en el inciso 12 del artículo 107 Constitucional, en concordancia con el
artículo 2 inciso 2 de la Ley 1475 del 2011”, se hizo referencia a aquella,
de la siguiente manera:
“[…] 47. La Corte Constitucional, en sentencia C-303 del 2010,
resaltó la importante finalidad de la reforma al texto fundamental
a que se ha hecho referencia, para concluir que:
«la modificación introducida por la reforma política de 2009
fortalece el sistema de partidos y, por ende, la
representación democrática en al menos cuatro planos
diferencias: (i) el mantenimiento de la prohibición de la doble
militancia, instaurada en la reforma política de 2009; (ii) el
establecimiento de un régimen sancionatorio estricto, pues va
hasta la pérdida de la personería jurídica, para los partidos y
movimientos políticos que avalen candidatos, elegidos o no
elegidos, que resulten condenados por delitos relacionados con el
vínculo a grupos armados ilegales o al narcotráfico; (iii) la
promoción de los mecanismos democráticos internos de partidos y
movimientos políticos, dirigidos a la adopción de decisiones y la
definición de candidatos a cargos de elección popular; (iv) la
constitucionalización de una regla estricta para el cambio de
partido con miras a la siguiente elección, que obliga a que
los miembros de las corporaciones públicas que opten por
esa posibilidad, a renunciar a la curul que ostentan al menos
un año antes del primer día de inscripciones de las
candidaturas para el periodo siguiente». (Se resalta)
41
Ibidem.
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48. La prohibición que analiza la Sala, también fue objeto de
regulación estatutaria, en tanto el artículo 2 de la Ley 1475 del
2011, complementó la normativa constitucional al disponer que
«[l]os candidatos que resulten electos, siempre que fueren
inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer
al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si
deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o
movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos
doce (12) meses antes del primer día de inscripciones».
49. Tanto a nivel constitucional como legal, se fijó un mandato para
los miembros de corporaciones públicas que decidan cambiar de
colectividad política (…).
(…)
52. Por lo dicho, la normativa electoral exige que, el elegido en una
corporación pública, que decida postularse en la siguiente elección
con el aval de un partido o movimiento político diferente, deberá
renunciar con la anticipación que consagra la norma, esto es, doce
meses antes del inicio del período de inscripciones, so pena de
incurrir en la prohibición allí dispuesta, con las consecuencias
legales que ello conlleva […]”. (Negrillas originales de la
providencia).
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 03518 00
Accionante: Fausto Martínez Useche
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida; pero ese no es el
supuesto en el caso que aquí se examina, ya que la parte accionante no
alega que el juez se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto
en el proceso.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.
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Accionante: Fausto Martínez Useche
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Fausto Martínez Useche, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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