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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03534-00

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03534-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03534-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03534-00
Demandante: ANGELA JUDITH ZAMBRANO RAMÓN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial — relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 2015.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Ángela Judith Zambrano Ramón, por medio de apoderada
judicial, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Huila
y del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva. Con la
solicitud de amparo pretende que se protejan los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la
providencia del 6 de diciembre de 2024, proferida por el tribunal accionado.
Mediante esta decisión confirmó el auto del 22 de julio de 2024, dictado por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, que rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera
instancia1.

1.2. Pretensión constitucional

3. En el escrito de tutela se formularon las siguientes pretensiones:

1. Que se declare que el Juzgado Primero Administrativo de Neiva, trasgredió los
derechos fundamentales del Debido Proceso, el Acceso a la Administración de
Justicia y al Principio de Prevalencia de las normas sustanciales.

1 Ello, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-

001-2019-00369-00/01.

Demandante: Ángela Judith Zambrano Ramón
Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03534-00

2. Que se declare que el Tribunal Contencioso Administrativo Del Huila ,
trasgredió los derechos fundamentales del Debido Proceso, el Acceso a la
Administración de Justicia y al Principio de Prevalencia de las normas
sustanciales.
3. Que se deje sin efectos el auto del Tribunal Contencioso Administrativo del
Huila, notificado el 9 de diciembre de 2024, y en su lugar se ordene a dicha
autoridad judicial que en un término prudencial, profiera una decisión de
reemplazo en la que se deje sin efectos el auto de fecha 24 de junio de 2024
expedido por el Juzgado Primero Administrativo de Neiva y se ordene la
concesión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia, dictada dentro del proceso 41001333300120190036900. (sic a toda la
cita)

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:

5. El 14 de enero de 2020, la parte actora interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio de Neiva y el Concejo
Municipal de Neiva, con el fin de que se declarara la nulidad del Acta No. 142 del
5 de julio de 20192.

6. El proceso se identificó con el radicado 41001-33-33-001-2019-00369-00
y le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Neiva, que, mediante sentencia del 7 de junio de 2024, negó las
pretensiones de la demanda3.

7. Inconforme con lo expuesto, el 2 de julio de 2024 a las 5:20pm, la parte
actora interpuso recurso de apelación mediante el memorial enviado al correo
electrónico del juzgado4.

8. Por medio de auto del 22 de julio de 2024, la autoridad judicial referida
rechazó por extemporánea la apelación. Esto, teniendo en cuenta que el término
para recurrir la sentencia de primera instancia venció el 2 de julio de 2024 a las
5:00pm.

9. Contra la anterior decisión, la señora Zambrano Ramón presentó recurso
de reposición y, en subsidio, de queja. Indicó que a las 4:51pm del 2 de julio de
2024, había enviado el memorial que contenía la apelación a varias direcciones
electrónicas del juzgado accionado5, no obstante, debido a que se le notificó que
el correo no se pudo entregar, reenvió el mensaje de datos al buzón
adm01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co. Ello, con el fin de que se evidenciara la

2 Mediante la cual, el Concejo Municipal de Neiva se abstuvo de elegir a la señora Zambrano

Ramón como contralora Municipal para lo que restaba del periodo 2016-2019.
3 La sentencia fue notificada electrónicamente el 13 de junio de 2024.
4 adm01nei@cendoj.ramajudicial.goc.co.
5 jadmin01nva@notificacionesrj.gov.co y adm01neiv@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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trazabilidad del mensaje enviado dentro del término para interponer la apelación
contra la sentencia del 7 de junio de 2024. Igualmente, puso de presente que
tuvo problemas para radicar el memorial a través del aplicativo Samai.

10. Mediante la providencia del 20 de agosto de 2024 el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva decidió no reponer el auto del 22 de
julio de 2024 y concedió el recurso de queja. Respecto de la remisión del
memorial que contenía la apelación contra la sentencia de primera instancia,
concluyó que la parte actora: (i) lo envió al correo de notificaciones del juzgado,
el cual, no está habilitado para recibir mensajes; (ii) lo remitió a una dirección
electrónica errada6; y (iii) no utilizó en debida forma la ventanilla de atención
virtual del aplicativo Samai.

11. El Tribunal Administrativo del Huila, el 6 de diciembre de 2024, declaró
bien negado el recurso de apelación contra el fallo del 7 de junio del mismo año.
Esto, al concluir que fue presentado de manera extemporánea, debido a que el
memorial fue radicado en la fecha límite, pero después de la hora en la cual
vencía el término para recurrir la sentencia referida. Destacó que si bien la parte
actora envió un correo a las 4:51pm del 2 de julio de 2024, este fue remitido a
direcciones electrónicas erradas.

1.4. Sustento de la vulneración

12. La parte actora afirmó que las autoridades judiciales accionadas, al proferir
las providencias controvertidas incurrieron en los defectos fáctico y procedimental
por exceso ritual manifiesto, por los motivos que a continuación se exponen.

• Defecto fáctico: el recurso de apelación contra la sentencia del 7 de junio
de 2024 fue enviado dentro del término legal establecido a direcciones
electrónicas que pertenecen al juzgado accionado, a pesar de que no
estén destinadas a la recepción de memoriales.

• Defecto procedimental: el tribunal accionado al aplicar estrictamente el
inciso 4 del artículo 109 del Código General del Proceso7, teniendo en
cuenta que la administración de justicia está en transformación digital,
incurrió en un exceso ritual manifiesto. Esto, pues la norma se promulgó

6 Se destaca que la accionante tuvo un error de digitación al redactar el correo electrónico del

juzgado destinado para la recepción de memoriales. Por esa razón, la autoridad judicial no recibió
el mensaje el 2 de julio de 2024 a las 4:51pm.
7 Artículo 109. Presentación y trámite de memoriales e incorporación de escritos y

comunicaciones. El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales
y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará
inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de
audiencia. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga
señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con
todas las partes.
[…]
Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si
son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término. (Énfasis de la Sala)

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en un contexto de presencialidad.

13. En ese orden, consideró que, por no haberse tenido en cuenta los
memoriales que radicó el 2 de julio de 2024, las autoridades judiciales accionadas
están vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. Por auto del 2 de julio de 2025, se admitió la acción constitucional de la
referencia8. En consecuencia, se ordenó notificar como accionados al Tribunal
Administrativo del Huila y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Neiva. Asimismo, se vinculó como terceros con interés al: (i) municipio de
Neiva; (ii) al Concejo Municipal de Neiva; y (iii) al Ministerio Público.

15. Igualmente, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Huila

16. Concluyó que la parte actora no presentó correctamente el recurso de
apelación contra la sentencia del 7 de junio de 2024 y, por ende, sus garantías
fundamentales no se vieron afectadas. Puso de presente que en el oficio que se
le notificó el fallo aludido, se advirtió que el medio dispuesto para la radicación
de memoriales era la ventanilla de atención virtual del aplicativo Samai. Situación
que la apoderada judicial de la accionante debió cumplir al momento de recurrir
la decisión referida.

1.6.2. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva

17. Pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda, pues no vulneró
derecho fundamental alguno de la señora Zambrano Ramón. De hecho, afirmó
que ha sido un despacho garantista debido a que sigue tramitando los
memoriales que llegan al correo electrónico del juzgado a pesar del Acuerdo
PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023 expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura9.

8 Por medio del auto de 16 de junio de 2025, se inadmitió la solicitud de amparo para que la

abogada Jennifer Constanza Suaza Sáenz allegara el poder especial para actuar como
apoderada judicial de la accionante.
9 Por el cual se dispone el uso obligatorio del aplicativo SAMAI en la jurisdicción de lo contencioso

administrativo, como solución de transición tecnológica dentro del Plan Estratégico de
Transformación Digital de la Rama Judicial.

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1.6.3. Municipio de Neiva

18. Consideró que las providencias controvertidas no transgredieron las
garantías constitucionales de la accionante y por ello no se debe acceder al
amparo solicitado.

1.6.4. A pesar de que el Concejo Municipal de Neiva y el Ministerio Público fueron
notificados debidamente, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

19. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del
Huila y del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

20. La Sala advierte que la parte demandante adjudica tanto al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, como al Tribunal
Administrativo del Huila la vulneración de sus garantías constitucionales con
ocasión de los autos proferidos el 22 de julio de 2024 y 6 de diciembre de 2024,
respectivamente.

21. No obstante, esta Sala de decisión se limitará a analizar la providencia
proferida por el tribunal referido, comoquiera que fue la que puso fin al medio de
control con radicado 41001-33-33-001-2019-00369-00/01.

2.3. Legitimación en la causa

22. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

23. La Sala advierte que Ángela Judith Zambrano Ramón está legitimada en
la causa por activa, porque fue la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia que se cuestiona
mediante la presente acción constitucional.

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24. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Huila se
encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad que profirió la
decisión reprochada en esta oportunidad.

2.4. Problema jurídico

25. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; la Sala deberá
resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

26. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte
actora con ocasión del auto proferido el 6 de diciembre de 202410?

27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los temas a
saber: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201211. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema12. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales.

29. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201413. En esta sentencia

10 Ello, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-

001-2019-00369-00/01.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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se establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial.

30. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

31. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

32. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

33. Bajo las anteriores directrices, se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional

34. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin

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que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional14.

35. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

36. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

37. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».

2.7. Relevancia constitucional en el caso concreto

38. La Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito de la
relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte actora presentó argumentos
tendientes a buscar una instancia adicional del proceso, con lo que se pretende
reabrir las etapas procesales de la controversia ya zanjada por el juez natural de
la causa.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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39. Como quedó expuesto en el acápite de antecedentes, la señora Zambrano
Ramón cuestionó el auto del 6 de diciembre de 2024 proferido por el Tribunal
Administrativo del Huila. En este se declaró bien negado el recurso de apelación
interpuesto por la accionante contra la sentencia de primera instancia dictada por
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva15.

40. A juicio de la accionante, la providencia incurrió en los defectos fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto. En concreto, indicó que el tribunal,
partiendo de que la administración de justicia está en transformación digital,
aplicó de manera estricta el inciso 4 del artículo 109 del Código General del
Proceso16. Asimismo, adujo que en el expediente hay constancia de que allegó
el memorial, que contenía el recurso aludido, el 2 de julio de 2024 antes de las
5:00pm.

41. De hecho, se evidencia que, en la providencia controvertida en esta sede,
el Tribunal Administrativo del Huila argumentó porqué el recurso de apelación fue
presentado manera extemporánea. En particular, destacó que aun cuando la
parte actora envió un correo a las 4:51pm del 2 de julio de 2024, este fue remitido
a direcciones electrónicas erradas.

42. Igualmente, resaltó que la apoderada judicial de la señora Zambrano
Ramón: (i) no presentó el memorial a través del medio electrónico dispuesto para
tal fin, es decir, la ventanilla de atención virtual del aplicativo Samai; y (ii) si bien
radicó la apelación el día en el que vencía el término legal para recurrir la decisión
del 7 de junio de 2024, fue allegada una vez terminado el horario judicial
legalmente establecido, esto es, las 5:00pm.

43. Resulta pertinente poner de presente que los recursos en el marco de un
proceso ordinario deben interponerse por los sujetos procesales de la litis, en la
oportunidad correspondiente, esto es, dentro del término establecido y ante los
canales virtuales determinados, por las autoridades judiciales, para tal fin17.

44. Así pues, de la revisión del oficio que notificó la sentencia del 7 de junio
de 2024, el juzgado accionado indicó lo siguiente:

15 Ello, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-

001-2019-00369-00/01.
16 Artículo 109. Presentación y trámite de memoriales e incorporación de escritos y

comunicaciones. El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales
y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará
inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de
audiencia. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga
señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con
todas las partes.
[…]
Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si
son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término. (Énfasis de la Sala)
17 Aunado a los requisitos especiales que establezca la norma para cada uno de los recursos.

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Demandante: Ángela Judith Zambrano Ramón
Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03534-00

Apreciado usuario en cumplimiento del Acuerdo PCSJA23-12068 del 16/05/2023,
se informa que el medio dispuesto para la radicación de memoriales, solicitud de
acceso virtual a los expedientes, solicitudes de citas, copias, entre otros, es la
ventanilla de atención virtual, a la que podrá ingresar a través del siguiente enlace
a la Ventanilla de Atención Virtual: URL Ventanilla de Atención Virtual.

45. En este sentido, debe recordarse que el Consejo Superior de la Judicatura,
mediante el Acuerdo PCSJA23-12068 de 2023 y la Circular PCSJC24-1 de 2024,
ordenó el uso obligatorio del aplicativo SAMAI para la gestión de todos los
procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a partir del 22 de
enero de 2024. En este contexto, esta Sección ha reiterado que el uso adecuado
de los canales electrónicos oficiales constituye una carga procesal para las
partes, so pena de que los memoriales presentados por medios distintos deben
tenerse por no radicados18.

46. Así las cosas, se evidencia que lo perseguido por la parte actora con esta
acción constitucional es insistir en una controversia que ya fue resuelta por el
juez natural de la causa. Esto, ante la evidente manifestación de inconformidad
con el criterio adoptado por la autoridad judicial accionada, buscando entonces
obtener una decisión favorable a sus pretensiones, sin plantear un debate que
busque la protección de sus derechos fundamentales que justifique la
intervención del juez de tutela.

47. En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo, al no encontrar acreditado el presupuesto de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

18 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 20 de marzo de 2025. Rad. No. 13001-23-

33-000-2025-00028-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Demandante: Ángela Judith Zambrano Ramón
Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03534-00

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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