Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03536-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03536-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03536-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., cinco (05) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-03536-001
Demandante : Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado : Presidencia de la República y otros
Vinculados : Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –
UARIV, a la Oficina Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados – ACNUR y a la Policía Nacional
Acción : Tutela
Derechos : Petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia
Tema : Falta de respuesta en petición relacionada con el Acuerdo de Escazú
Decisión : Niega y declara la carencia actual de objeto
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por Ericsson Ernesto Mena Garzón en contra de la Presidencia de la República, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Unidad Nacional de Protección – UNP, el Consejo Superior de
la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de
Medidas de Protección Colectiva – CERREM, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de
justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante
frente a la vulneración alegada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03536-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Presidencia de la Republica y otros
1.2 La demanda de tutela.
El accionante interpone esta acción de tutela, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados por la Presidencia de la República, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo sostenible, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, la Unidad Nacional de Protección – UNP, el Consejo Superior de la Judicatura,
la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas de Protección
Colectiva – CERREM.
Por consiguiente, solicitó:
2. Ordenar a las entidades que, en un plazo no mayor a 48 horas tras la notificación,
respondan de fondo al derecho de petición del 5 de mayo de 2025, con los informes solicitados
sobre el incumplimiento del Acuerdo de Escazú.
3. Ordenar a las entidades que informen las medidas para garantizar el cumplimiento de
Escazú, particularmente en acceso a la justicia ambiental.
4. Requerir a la Procuraduría y Defensoría que vigilen el cumplimiento del fallo.
1.3 Hechos2.
Relató el accionante que, el 5 de mayo de 2025, radicó un derecho de petición dirigido a
varias entidades nacionales e internacionales, entre ellas la Presidencia de la República,
Ministerio de Ambiente, Ministerio del Interior, UNP, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y
Agencias de la ONU, solicitando informe detallado sobre el incumplimiento del Acuerdo
de Escazú, que fue adoptado el 4 de marzo de 2018 y ratificado en Colombia por la Ley
2307 de 2023.
Que, a la fecha de presentación de la tutela, no ha recibido respuesta alguna.
1.4 Argumentos de la tutela.
La parte actora manifestó su inconformidad por la falta de respuesta de las accionadas a
su petición radicada el 5 de mayo de 2025. Sostiene que, esta omisión vulnera sus
derechos fundamentales de petición (Art. 23 C.P.), debido proceso (Art. 29) y
administración de justicia (Art. 229), impidiéndole acceder a información clave para su
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Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03536-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Presidencia de la Republica y otros
labor como defensor y para procesos judiciales ambientales como la acción popular con
radicado 25000-23-41-000-2022-00645-00.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación a través de auto del 16 de junio
del 20253, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó notificar a
la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, al
Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Unidad Nacional de
Protección – UNP, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la
Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Comité
de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas de Protección Colectiva –
CERREM como accionado.
Posteriormente, mediante auto del 9 de julio del 20254 se vinculó a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, a la Oficina Alto Comisionado de
la ONU para los Derechos Humanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados – ACNUR y a la Policía Nacional como terceros con interés.
2.1 Contestación de la acción.
2.1.1 El Ministerio de Justicia y del Derecho5 solicitó que se nieguen las pretensiones
al considerar que, mediante el oficio MJD-OFI25-0021882-GALC-30110 del 16 de mayo
de 2025, remitió la petición elevada por el accionante a la Presidencia de la República, al
Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, a la Unidad de Víctimas, a la
Policía Nacional, a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo Superior de la
Judicatura, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Fiscalía General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Oficina Alto Comisionario de la ONU para los
derechos humanos y a la Oficina Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, al ser
las competentes para resolverla. razón por la cual, considera que, no ha vulnerado
derecho fundamental alguno.
2.1.2 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible6 pidió que se declare la
carencia actual de objeto, teniendo en cuenta que mediante comunicación radicada con
3
Expediente digital en SAMAI, índice 5.
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Expediente digital en SAMAI, índice 26.
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Expediente digital en SAMAI, índice 12.
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Expediente digital en SAMAI, índice 14.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03536-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
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el número 31102025E2021637 del 25 de junio del 2025 brindó respuesta clara, completa
y de fondo al accionante según el marco de sus competencias.
2.1.3 La Unidad Nacional de Protección7 informó que mediante memorial OFI-2025-
00006435 del 18 de junio de 2025 le dio respuesta clara y de fondo a la petición del
accionante.
2.1.4 La Defensoría del Pueblo8 solicitó ser desvinculada del trámite constitucional por
carecer de legitimación en la causa por pasiva, sin ahondar en las razones de esa
afirmación, pero frente a la petición manifestó que «Una vez consultados los sistemas de
información misional VISION WEB, IRIS y ORFEO, esta entidad procedió a dar respuesta
a la petición que da origen a la acción constitucional, mediante radicado
202500408002290301 en la cual se procede a replicar de manera clara, oportuna y
precisa, cada una de las pretensiones del accionante, razón por la cual no existe
vulneración alguna por parte de esta entidad. (Anexo 1)».
2.1.5 La Presidencia de la República9 informó que la petición del actor ya había sido
contestada de fondo mediante oficio OFI25-00106934 / GFPU 13150001 del 06 de junio
de 2025, en el cual, le informó que, dado que esa entidad no tenía competencia frente a
lo solicitado remitió la petición al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.
2.1.6 El Consejo Superior de la Judicatura10 si bien, el informe presentado no
corresponde al caso sometido a estudio en esa ocasión, de los anexos de la respuesta
se puede evidenciar que mediante oficio UDAEO25-1881 del 23 de mayo del 2025, la
entidad le brindó al accionante la información que solicitó en la petición.
2.1.7 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas11 manifestó
que carece de legitimación en la causa por pasiva, al no tener injerencia en la
implementación de las políticas relacionadas con el acuerdo de Escazú y frente a la
petición manifestó que aquella no le había sido remitida.
2.1.8 La Procuraduría General de la Nación12 indicó que, mediante escrito del 16 de
julio del 2025, le brindó respuesta al actor según las solicitudes realizadas y solo frente a
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Expediente digital en SAMAI, índice 15.
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Expediente digital en SAMAI, índice 16.
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Expediente digital en SAMAI, índices 17 al 20.
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Expediente digital en SAMAI, índice 24.
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Expediente digital en SAMAI, índice 34.
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Expediente digital en SAMAI, índice 35.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03536-00
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lo que constituía el marco de sus competencias; por lo que, consideró que se ha
configurado la carencia actual de objeto por hecho superado.
Las demás entidades accionadas y vinculadas fueron debidamente notificadas, pero no
brindaron respuesta alguna.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.
3.2 Problema jurídico.
Le corresponde a esta Subsección determinar, si la acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad; de ser así, se deberá establecer si las accionadas y
vinculadas vulneran el derecho de petición del accionante al no resolver de fondo la
solicitud del 5 de mayo de 2025 dentro de los términos legales.
3.3 La acción.
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como
un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio,
frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos
respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas
que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que
su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
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amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que
de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho.
3.4 La acción de tutela frente al derecho fundamental de petición.
El derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política en los siguientes términos:
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos
de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar
su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha sostenido:
Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido abundante y reiterativa
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al considerar que el núcleo esencial de este
derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud.
En este sentido, esta Corporación ha manifestado:
(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como
los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable,
el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general,
se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio
administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y
acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es
distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha
violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del
deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar
su respuesta al interesado.
De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el derecho de petición
exige, por parte de las autoridades competentes, una decisión de fondo a lo requerido por el
ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o abstractas, sin querer decir
con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un estudio
sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad
frente a la que ha sido presentada la petición13.
Asimismo, la aludida Corporación ha expresado que «una respuesta es suficiente cuando
resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que
se plantea; y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la
solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de
13
Sentencia T-1130 del 13 de noviembre de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03536-00
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suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta»14.
De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es vulnerado
cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no emite una pronta respuesta,
conforme a los términos que directamente fija el legislador y (iii) no cumple con su deber
de notificar la respuesta.
3.5 La carencia de objeto por hecho superado.
La acción de tutela se encuentra orientada a garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales de las personas, cuando ellos sean vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una autoridad pública15; sin embargo, si la circunstancia que dio
origen a la trasgresión desaparece, se configura el fenómeno que se conoce como hecho
superado, el cual, da como resultado una carencia de objeto para decidir de fondo el
asunto. Al respecto, la Corte Constitucional16 ha definido este fenómeno jurídico en los
siguientes términos:
35. La carencia actual de objeto en los trámites de tutela. La carencia actual de objeto es un
fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de amparo se
extingue o “ha cesado”17 y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez de tutela frente a las
pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que “no tendría efecto alguno”
o “caería en el vacío”18. Este fenómeno puede configurarse en tres hipótesis: (i) daño
consumado, el cual tiene lugar cuando “se ha perfeccionado la afectación que con la tutela
se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el juez de tutela dé una orden para
retrotraer la situación”19 ; (ii) hecho sobreviniente, el cual se presenta cuando acaece una
situación que acarrea la “inocuidad de las pretensiones” 20 y que no “tiene origen en una
actuación de la parte accionada dentro del trámite de tutela” 21 ; y (iii) hecho superado, que
ocurre cuando la “pretensión contenida en la acción de tutela” se satisfizo por completo por
un acto voluntario del responsable22. La Corte Constitucional ha aclarado que el hecho
superado se configura cuando la satisfacción del derecho parte de ‘una decisión voluntaria y
jurídicamente consciente del demandado23, por razones ajenas a la intervención del juez
constitucional24. El cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces de instancia no configura
la carencia actual de objeto en sede de revisión. (Destaca la Sala)
14
Ver las sentencias T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-350 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-682 de 20
de noviembre de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado Y T-587-06, M. P. Jaime Araujo Rentería.
15
Artículo 86 de la Constitución Política
16
Corte Constitucional Sentencia T-70 de 24 de febrero de 2022
17
Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.
18
Corte Constitucional, sentencia T-533 de 2009.
19
Corte Constitucional, sentencia SU- 522 de 2019.
20
Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2011.
21
Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2018 y SU-440 de 2021. Ver también, Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019.
«El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que
ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se
enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta
ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada. A
manera de ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que
no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado
que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles
a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la Litis».
22
Corte Constitucional, sentencias T-321 de 216 y T-154 de 2017
23
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 2019. En el mismo sentido se encuentra la sentencia T-104 de 2020.
24
Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2016. En el mismo sentido se encuentran las sentencias T-154 de 2017, T-715 de 2017 y
T-104 de 2020.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03536-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Presidencia de la Republica y otros
Conforme a lo anterior, resulta necesario analizar si la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados en el caso sub examine aún persisten o si, por el
contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha, esto es,
si se configuró el fenómeno jurídico de carencia actual de objeto por hecho superado.
3.6 Solución al caso concreto.
El caso en concreto, supera los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela25, por
cuanto (i) se encuentra plenamente acreditada la legitimación en la causa por pasiva y
por activa de las partes26, (ii) al tratarse de una pretensión encaminada a que se resuelva
el derecho de petición radicado el 5 de mayo del 2025, la vulneración es actual, porque
se afirma que no se ha dado respuesta de fondo, constituyéndose así en una omisión
que permite superar el requisito de inmediatez, y por último, (iii) en cuánto a la
subsidiariedad, no existe recurso u otro mecanismo judicial principal al que el actor pueda
acudir directamente.
Del material probatorio aportado al proceso, se observa que, la solicitud elevada por el
accionante junto con la constancia de envío no fue aportada, pese a ser requerido; así
como tampoco, indicó el objeto perseguido en su petición o lo que pretendía, de modo
que, no existe manera de identificar las autoridades frente a las cuales el accionante
radicó la petición cuyo amparo solicita.
Como se pudo evidenciar en el apartado de consideraciones, el derecho de petición
posee un núcleo esencial que «[…] se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta
resolución, a la existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario» 27,
con lo que, el primer paso para alegar su ejercicio es demostrar ante el juez de tutela la
existencia de la petición y su radicación, de modo que, el simple dicho del actor no es
suficiente para suplir este elemento.
No obstante, se observa que, la Presidencia de la República en su contestación, adjuntó
copia digital de la petición, la cual, también fue remitida a la Unidad Nacional de
Protección (UNP), al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas
(CERPM), a la Fiscalía general de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, al
25
Que para el caso en concreto son la «(i) legitimación en la causa, (ii) inmediatez y (iii) subsidiariedad», de acuerdo con la sentencia
T 005 del 2022.
26
Si bien el accionante alega ser «defensor ambiental y fundador de la Primera Línea Ambiental Colombia», no remitió documentos
que permitieran evidenciar la existencia y representación del colectivo, por lo que la legitimación por activa solo se predicará del señor
Ericsson Ernesto Mena Garzón como persona natural.
27
Corte Constitucional, sentencia T 230 del 2020.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03536-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Presidencia de la Republica y otros
Ministerio del Interior y la Policía Nacional, pero no existe evidencia sobre la radicación
de esta solicitud ante las demás entidades, dado que, los documentos de trazabilidad
remitidos no contienen la cadena de correos utilizada para dar traslado a la solicitud.
Sin embargo, dentro de este trámite constitucional las siguientes entidades demostraron
haber recibido y brindado respuesta al accionante así:
Entidad Respuesta Fecha
Presidencia de la Manifestó que, de acuerdo con el marco de sus competencias, no 9/05/2025
República le correspondía a esa entidad brindar respuesta de fondo a la
solicitud del señor Mena Garzón, por lo que ordenó remitir la
petición al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Ministerio de Le contestó informándole que el Estado debe realizar un proceso 25/06/2025
Ambiente y de adecuación interno primero de conformidad con las exigencias
Desarrollo del acuerdo de Escazú, adicionalmente le indicó que acciones
Sostenible concretas se han venido realizando al respecto.
Ministerio de Indicó que, por carecer de competencia para responder la petición 16/05/2025
Justicia y del de fondo, la remitió a la Presidencia de la República, el Ministerio
Derecho del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de
Víctimas, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la
Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo, la Oficina Alto Comisionario de la ONU
para los derechos humanos y la Oficina Alto Comisionado de la
ONU para los refugiados.
Unidad Nacional de Contestó refiriendo que, el actor contaba con un chaleco antibalas 18/06/2025
Protección – UNP y un medio de comunicación otorgado por la UNP, pero debido a
que el mismo impidió realizar la reevaluación del nivel de riesgo al
que se encontraba sometido, no fue posible extender las medidas
de protección.
Procuraduría Le contestó indicando las acciones concretas realizadas por esa 16/07/2025
General de la Nación entidad en favor de la divulgación y defensa del acuerdo de Escazú
Defensoría del Comentó que, de acuerdo con la misionalidad de la entidad, viene 9/05/2025
Pueblo haciendo acompañamiento al interior de la Comisión
Interinstitucional, que son un grupo de entidades que se
coordinarán para crear condiciones habilitantes para la
reglamentación e implementación del acuerdo de Escazú. Por otra
parte, le remitió información sobre las alertas tempranas que desde
el 2018 se han emitido y donde se vea afectado algún grupo
específico relacionado con la defensa de los derechos
ambientales.
Como puede observarse, el Ministerio de Justicia28 y del Derecho, la Presidencia de la
República29 y la Defensoría del Pueblo30 dieron respuesta a la petición del accionante,
previo a que éste acudiera a la acción de tutela31, remitiéndola a otras entidades al
considerar que no eran los competentes. La anterior actuación, se surtió en aplicación a
lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 1437 del 2011, el cual dispone que, si el funcionario
al que se dirige la petición carece de competencia para pronunciarse de fondo sobre el
28
Expediente judicial en SAMAI, índice 12.
29
Expediente judicial en SAMAI, índices 17 a 20, en los anexos 6 a 11 de cada índice.
30
Expediente judicial en SAMAI, índice 34.
31
Que fue radicada el 10 de junio del 2025 según consta en el expediente judicial en SAMAI.
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03536-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Presidencia de la Republica y otros
asunto, deberá remitirla a la entidad que esté obligada a resolver la solicitud de fondo. En
efecto establece:
ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito.
Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio
remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará.
Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de
la Petición por la autoridad competente.
La remisión efectuada le fue comunicada al accionante, por lo que, estas entidades no
vulneraron su derecho fundamental de petición.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible32, la Unidad Nacional de
Protección – UNP33 y la Procuraduría General de la Nación34, acreditaron que resolvieron
la petición del accionante según el marco de sus competencias, pero, con posterioridad
a la radicación de la acción de tutela, por lo que, si bien existió una eventual vulneración
de los derechos fundamentales del señor Mena Garzón, la omisión lesiva cesó,
configurándose la carencia actual de objeto por hecho superado.
Respecto al Ministerio del Interior, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía
General de la Nación, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas
de Protección Colectiva – CERREM, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas – UARIV, la Oficina Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR y
la Policía Nacional no demostraron dar respuesta a la petición del accionante; sin
embargo, y como quiera que, no se acreditó la radicación de la solicitud ante éstas o la
trazabilidad de la remisión de la misma, no existe certeza35 frente a la cual, determinar la
existencia de la vulneración efectiva del derecho fundamental del actor, por lo que, se
negará el amparo respecto a estas entidades.
Finalmente, y teniendo en cuenta que las pretensiones 3 y 4 de esta acción de tutela, van
encaminadas a solicitar el reconocimiento de lo solicitado en la petición que allegó la
Presidencia de la República, esta Sala no puede pronunciarse sobre ello, teniendo en
32
Expediente judicial en SAMAI, índice 14.
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Expediente judicial en SAMAI, índice 15.
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Expediente judicial en SAMAI, índice 35.
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Sobre este punto, si bien el Ministerio del Interior había remitido con su contestación una constancia escrita sobre la remisión de la
petición a otras entidades e instituciones de acuerdo con su competencia, en la misma no había una guía de remisión bien sea por
correo electrónico o por correo certificado, solo constaba la declaración del ministerio frente a la remisión, lo que no permite entrever
la veracidad de la misma.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03536-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Presidencia de la Republica y otros
cuenta que, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que existen claras diferencias
entre el derecho de petición, como derecho fundamental y lo pedido.
El artículo 23 de la Constitución Política36 que establece el derecho de petición y la Ley
1755 del 2015, que lo regula, no establecen como uno de sus elementos definitorios el
acceder a lo solicitado. Lo que, si resulta relevante en estos casos, es la obtención de
una respuesta fundamentada y suficiente, en efecto, la Corte Constitucional ha indicado:
Ahora bien, en materia de respuesta de fondo a las solicitudes, la Corte ha advertido que la
resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el interesado. Lo anterior, en razón
de que existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a lo pedido, que consiste
en que: “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta. No se decide
propiamente sobre él [materia de la petición], en cambio si se decide por ejemplo sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo invocado ante la administración para la
adjudicación de un baldío, el registro de una marca, o el pago de una obligación a cargo de
la administración”. Así, el derecho a lo pedido implica el reconocimiento de un derecho o un
acto a favor del interesado, es decir el objeto y contenido de la solicitud, la pretensión
sustantiva. Por ello, responder el derecho de petición no implica otorgar la materia de la
solicitud.
Esa postura ha sido inflexible, al menos desde el 200837 se impuso en la jurisprudencia
constitucional que en materia de derecho de petición «[…] la respuesta no implica aceptación
de lo solicitado». Esto tiene su explicación, en que, las entidades públicas se ciñen al marco
normativo para desarrollar sus acciones, puede ocurrir que en ocasiones lo solicitado
implique actuar fuera del contexto jurídico, o que, vayan encaminadas a generar gasto
público, de modo que, la entidad encargada de responder lo deberá hacer considerando
al menos estos elementos.
III. DECISIÓN
La Sala, declarará la carencia actual de objeto por hecho superado frente a las
pretensiones dirigidas contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad
Nacional de Protección – UNP y la Procuraduría General de la Nación y se negarán las
pretensiones frente a las demás accionadas y vinculadas por las razones expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
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«ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar
los derechos fundamentales».
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Corte Constitucional, sentencia T-1130 del 2008.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Presidencia de la Republica y otros
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, frente a las pretensiones dirigidas contra el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la Unidad Nacional de Protección – UNP y la Procuraduría General
de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NEGAR las pretensiones respecto de las demás accionadas y vinculadas,
por lo expuesto.
TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como
lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
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