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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03823-00

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03823-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03823-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Parte accionada: Presidencia de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03823-00
Asunto: Tutela contra autoridades. Improcedencia por temeridad y por no
existir actuación u omisión de los accionados a la que se le pueda endilgar la
supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la
Unidad Nacional de Protección – UNP, el Consejo Superior de la Judicatura,
la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación
de Medidas de Protección Colectiva – CERREM.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. Mediante la Ley 2273 de 5 de noviembre de 2022 se aprobó el “Acuerdo
regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el
acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el
Caribe”, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

1.2. El 5 de mayo de 2025, el accionante presentó petición ante las
accionadas solicitando “[…] informes detallados sobre las razones

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(normativas, presupuestales, operativas, políticas) por las cuales no se
ha cumplido el Acuerdo de Escazú, incluyendo la falta de una
jurisdicción ambiental […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que las entidades accionadas vulneraron su derecho
fundamental de petición porque no han dado respuesta a la solicitud que radicó
el 5 de mayo de 2025.

De otra parte, argumentó que las entidades accionadas han incumplido el
artículo 8 del Acuerdo de Escazú ante la falta de creación o implementación
de una “[…] jurisdicción ambiental especializada, lo que afecta directamente
los 26 procesos ambientales en los que participo como accionante o
coadyuvante, generando un daño irreparable e inminente a mis derechos
fundamentales y los del colectivo Primera Línea Ambiental Colombia […]”.

Aseveró que “[…] la continuidad de los procesos ambientales en una
jurisdicción no especializada, contraviniendo el Acuerdo de Escazú, genera un
daño irreparable e inminente, dado que estos procesos están conexos con la
protección de la salud y la vida, en un contexto donde la impunidad alcanza el
92% en delitos contra defensores ambientales (Global Witness, 2011-2016) y
donde yo, como defensor desplazado, enfrento amenazas constantes […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Amparar mis derechos fundamentales al derecho de petición,
debido proceso, administración de justicia, igualdad, vida, salud,
integridad personal y acceso a la justicia ambiental, vulnerados por la
inacción institucional en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú,
particularmente en la no creación de una jurisdicción ambiental
especializada, agravada por la omisión de responder al derecho de
petición del 5 de mayo de 2025.

2. Ordenar a las entidades accionadas que, en un plazo no mayor a 48

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horas tras la notificación de este fallo, respondan de fondo, de manera
clara y precisa, a cada una de las solicitudes formales del derecho de
petición del 5 de mayo de 2025, explicando las razones específicas
(normativas, presupuestales, operativas, políticas) del incumplimiento del
Acuerdo de Escazú, incluyendo la no implementación de una jurisdicción
ambiental especializada.

3. Ordenar, como medida provisional conforme al artículo 8 del Decreto
2591 de 1991, la suspensión inmediata de los siguientes procesos
ambientales en trámite o evaluación de admisión, hasta que se
implemente una jurisdicción ambiental especializada:

[…]

4. Ordenar a las entidades accionadas que, en un plazo no mayor a 10
días hábiles, adopten medidas efectivas para cumplir el Acuerdo de
Escazú, incluyendo la creación de tribunales ambientales especializados,
alertas tempranas exclusivas, un registro de víctimas ambientales, y la
modificación del Decreto 1066 de 2015 para proteger a defensores
ambientales.

5. Ordenar la creación de una Comisión de la Verdad para el estallido
social de 2021, garantizando mi participación y la de la Primera Línea
Ambiental Colombia, en un plazo no mayor a 30 días. […]”.

II. INTERVENCIÓN

1. La Fiscalía General de la Nación solicitó negar el amparo deprecado dado
que “[…] tramitó en forma oportuna y de fondo el derecho de petición
presentado por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón el 5 de mayo de 2025,
emitiendo respuesta formal, clara y sustancial el 19 del mismo mes y año […]”.

Igualmente, solicitó su desvinculación del presente asunto “[…] en atención a
que su intervención en los hechos materia de la acción no tuvo incidencia ni
relación causal con la presunta vulneración alegada […]”.

2. La Unidad Nacional de Protección – UNP manifestó que el 18 de junio de
2025 respondió de fondo la petición elevada por el actor ante esa entidad. Por
tanto, advirtió que la vulneración de derechos fundamentales alegada es
inexistente.

3. La Presidencia de la República informó que a través de oficio de 9 de mayo
de 2025 remitió la petición radicada por el actor al Ministerio de Ambiente y

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Desarrollo Sostenible, por considerar que es la entidad competente para emitir
un pronunciamiento de fondo sobre la misma.

Por lo expuesto, manifestó que carece de legitimación en la causa para
atender las pretensiones de amparo, igualmente solicitó negar la acción de
tutela ante la inexistencia de una acción u omisión imputable a la Presidencia
de la República.

4. La Defensoría del Pueblo solicitó declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto de la vulneración atribuida a esa entidad en razón a
que mediante comunicación de 9 de mayo de 2025 respondió la petición del
actor.

5. El Consejo Superior de la Judicatura rindió informe en el que manifestó que
mediante oficio de 23 de mayo de 2025 respondió de fondo la petición elevada
por el actor ante esa entidad, la cual se notificó al peticionario antes de la
radicación de la presente acción de tutela, motivo por el cual no ha vulnerado
sus derechos fundamentales.

6. El Ministerio del Interior informó que la petición presentada por el actor fue
remitida a las siguientes entidades: “[…] 1- Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados - ACNUR. 2- Oficina del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos. 3- Defensoría del Pueblo. 4- Fiscalía
General de la Nación. 5- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 6-
Consejo Superior de la Judicatura. 7- Unidad de Victimas. 8- Unidad Nacional
de Protección. 9- Ministerio del Interior. 10- Policía Nacional. 11-
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República […]”. A partir
de lo anterior adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva.

7. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de amparo en tanto que la petición radicada por el actor
“[…] fue respondida de forma, clara, de fondo y congruente con lo solicitado,
mediante comunicación radicada con el No. 31102025E2021637 del 26 de
junio de 2025 […]”.

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Adicionalmente, advirtió que el actor “[…] con anterioridad a la presente
acción, presentó una tutela con identidad sustancial de hechos, pretensiones
y fundamentos jurídicos ante otra sección del Consejo de Estado, relacionada
con una supuesta vulneración al derecho fundamental de petición. Este
comportamiento podría configurar la causal de temeridad […]”.

8. La Procuraduría General de la Nación advirtió que el actor “[…] interpuso
acción de tutela por hechos similares. Dicha acción fue asignada al Consejo
de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda-
Subsección B, en conocimiento del Consejero JORGE EDISON
PORTOCARRERO BANGUERA con radicación 11001031500020250353600
[…]”.

Sostuvo que respondió la petición del actor por lo que se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado y, en todo caso, el presente mecanismo
de amparo deviene improcedente porque no se le puede endilgar la amenaza
o vulneración de garantías fundamentales.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela1, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19912, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

1 Cabe mencionar que, en este caso particular, la Corte Constitucional mediante auto 1457 de

17 de septiembre de 2025 resolvió el conflicto de competencias suscitado entre esta Sección
y el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá en el sentido de establecer que le
corresponde conocer del presente asunto a esta Sala de Decisión.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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2. Cuestión previa

La Sala advierte que la Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de la
República y el Ministerio del Interior solicitaron su desvinculación dentro del
presente asunto.

Respecto de lo anterior, la Sala considera que, comoquiera que la Fiscalía
General de la Nación, la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior
fueron señaladas en el escrito de tutela como las causantes de la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante, les asiste interés
directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por
la que se les negará las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente caso se configura la temeridad en las acciones de
tutela con ocasión de la petición del 5 de mayo de 2025.

B) Si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante por la presunta “[…] inacción institucional en
el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, particularmente en la no
creación de una jurisdicción ambiental especializada […]”.

4. Caso concreto

En el presente caso, el actor le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a las entidades accionadas con ocasión de la falta de respuesta
a la petición que presentó el 5 de mayo de 2025 y “[…] por la inacción
institucional en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, particularmente en la
no creación de una jurisdicción ambiental especializada […]”.

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La Sala estudiará por separado los motivos de inconformidad planteados por
la parte actora.

4.1. Análisis de la temeridad con ocasión de la petición radicada el 5 de
mayo de 2025

El artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 señala lo siguiente:

“[…] ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán
o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las
demás sanciones a que haya lugar […]”. [Negrilla original del texto y
subrayado fuera del texto]

La Corte Constitucional ha interpretado la norma citada de la siguiente manera:

“[…] 1.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
actuación temeraria se configura cuando se presenta la misma acción de
tutela por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, sin motivo expresamente justificado. Lo anterior, trae como
consecuencia su rechazo o la decisión desfavorable de todas las
solicitudes.

2.1.2. Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación,
en reiterada jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta
para abordar su posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que
deben analizarse los siguientes:

1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las
acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan
una triple identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean
los mismos hechos y la misma solicitud.

2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como
excepcionales que no constituyen una actuación temeraria, de
acuerdo con lo señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia.

3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda
ser diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de
un desarrollo argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que,
en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes, se sustentan en
las mismas razones y solicitud.

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2.1.3. Respecto del primero de los aspectos antes anotado, el juez debe
analizar si hay una triple identidad entre las acciones de tutela
presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los
siguientes elementos:

1. Identidad de partes, esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representantes y se dirija contra el mismo demandado.

2. Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la
acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de
sustento.

3. Identidad de objeto, en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los
mismos derechos fundamentales.

De la misma manera, esta Corporación ha entendido la temeridad
desde dos perspectivas. La primera alude a su estructuración
cuando una persona presenta simultáneamente varias acciones de
tutela ante distintas autoridades judiciales y la segunda extiende la
temeridad a aquellos eventos en los cuales la persona, de mala fe, ejerce
de manera sucesiva la misma acción […]”. [Negrillas por fuera del texto
original]

En el asunto de la referencia, se tiene que la parte aquí accionante previa
interposición del presente mecanismo de amparo presentó acción de tutela
identificada bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-03536-00, cuyas partes,
causa petendi y hechos son los siguientes:

Proceso núm. 11001-03-15- Proceso núm. 11001-03-15-000-
000-2025-03536-00 2025-03823-00 (de la referencia)

Accionante: Ericsson Ernesto Accionante: Ericsson Ernesto Mena
Mena Garzón Garzón

Accionados: Accionados:
Partes
Presidencia de la República. Presidencia de la República.

Ministerio de Ambiente y Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Desarrollo Sostenible. Sostenible.

Ministerio del Interior. Ministerio del Interior.

Ministerio de Justicia y del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Derecho.
Unidad Nacional de Protección –
Unidad Nacional de Protección – UNP.
UNP.
Consejo Superior de la Judicatura.
Consejo Superior de la
Judicatura. Fiscalía General de la Nación.

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Fiscalía General de la Nación. Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría General de la Defensoría del Pueblo.
Nación.
Comité de Evaluación de Riesgo y
Defensoría del Pueblo. Recomendación de Medidas de
Protección Colectiva – CERREM.
Comité de Evaluación de Riesgo
y Recomendación de Medidas
de Protección Colectiva –
CERREM.

“[…] 1. Amparar mis derechos “[…] 1. Amparar mis derechos
fundamentales al derecho de fundamentales al derecho de
petición (Art. 23), debido petición, debido proceso,
proceso (Art. 29), y administración de justicia, igualdad,
Pretensiones administración de justicia (Art. vida, salud, integridad personal y
229), vulnerados por la acceso a la justicia ambiental,
omisión de las entidades vulnerados por la inacción
accionadas. institucional en el cumplimiento del
Acuerdo de Escazú, particularmente
2. Ordenar a las entidades que, en la no creación de una jurisdicción
en un plazo no mayor a 48 horas ambiental especializada, agravada
tras la notificación, respondan por la omisión de responder al
de fondo al derecho de derecho de petición del 5 de mayo
petición del 5 de mayo de de 2025.
2025, con los informes
solicitados sobre el 2. Ordenar a las entidades
incumplimiento del Acuerdo accionadas que, en un plazo no
de Escazú. mayor a 48 horas tras la notificación
de este fallo, respondan de fondo,
3. Ordenar a las entidades que de manera clara y precisa, a cada
informen las medidas para una de las solicitudes formales del
garantizar el cumplimiento de derecho de petición del 5 de mayo
Escazú, particularmente en de 2025, explicando las razones
acceso a la justicia ambiental. específicas (normativas,
presupuestales, operativas, políticas)
4. Requerir a la Procuraduría y del incumplimiento del Acuerdo de
Defensoría que vigilen el Escazú, incluyendo la no
cumplimiento del fallo. implementación de una jurisdicción
ambiental especializada.
5. Disponer que las entidades
remitan copia de sus respuestas 3. Ordenar, como medida provisional
al juez y a mí. […]”. [Se destaca] conforme al artículo 8 del Decreto
2591 de 1991, la suspensión
inmediata de los siguientes procesos
ambientales en trámite o evaluación
de admisión, hasta que se
implemente una jurisdicción
ambiental especializada:

4. Ordenar a las entidades
accionadas que, en un plazo no
mayor a 10 días hábiles, adopten
medidas efectivas para cumplir el
Acuerdo de Escazú, incluyendo la

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creación de tribunales ambientales
especializados, alertas tempranas
exclusivas, un registro de víctimas
ambientales, y la modificación del
Decreto 1066 de 2015 para proteger
a defensores ambientales.

5. Ordenar la creación de una
Comisión de la Verdad para el
estallido social de 2021, garantizando
mi participación y la de la Primera
Línea Ambiental Colombia, en un
plazo no mayor a 30 días.

6. Ordenar que se notifique a las
entidades accionadas el contenido de
esta acción y se les requiera un
informe sobre las razones de su
inacción.

7. Solicitar la vinculación del
ACNUDH y ACNUR como terceros
interesados, dado su rol en el
monitoreo del Acuerdo de Escazú.
[…]”. [Se destaca]

“[…] 1. El 5 de mayo de 2025, “[…] 1. El Acuerdo de Escazú,
presentó un derecho de adoptado el 4 de marzo de 2018,
petición dirigido a las entrado en vigor el 22 de abril de
entidades accionadas, 2021, y ratificado por Colombia
solicitando informes mediante la Ley 2307 de 2023,
detallados sobre las razones establece la justicia ambiental como
del incumplimiento del eje fundamental, obligando al Estado
Acuerdo de Escazú (adoptado a crear mecanismos judiciales
Hechos el 4 de marzo de 2018, especializados, accesibles y efectivos
ratificado por Colombia (Art. 8). Sin embargo, las entidades
mediante la Ley 2307 de 2023), accionadas han incumplido esta
particularmente en relación con obligación, perpetuando la
la falta de protección a inexistencia de una jurisdicción
defensores ambientales, la ambiental especializada, lo
ausencia de tribunales que afecta directamente los 26
ambientales especializados, y la procesos ambientales en los que
omisión de medidas para participo como accionante o
garantizar el acceso a la justicia coadyuvante, generando un daño
ambiental, en un contexto donde irreparable e inminente a mis
Colombia es el país más derechos fundamentales y los del
peligroso para defensores colectivo Primera Línea Ambiental
ambientales, con 79 asesinatos Colombia.
en 2023 y 248 entre 2016 y
2024, según Global Witness. 2. El 5 de mayo de 2025, presenté
un derecho de petición exigiendo
2. En el derecho de petición, informes detallados sobre las
solicite que las respuestas se razones (normativas,
presenten en un plazo máximo presupuestales, operativas,
de 30 días calendario, aunque, políticas) por las cuales no se ha
conforme al artículo 14 de la Ley cumplido el Acuerdo de Escazú,
1437 de 2011, las entidades incluyendo la falta de una jurisdicción
estaban obligadas a responder ambiental, con solicitudes
en un plazo de 15 días hábiles, específicas para cada entidad y un
prorrogables por 10 días plazo máximo de 30 días

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adicionales con notificación calendario para responder,
previa, lo cual no ocurrió. conforme al artículo 14 del Código
de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo
3. A la fecha, 10 de junio de (Ley 1437 de 2011).
2025, han transcurrido más de
15 días hábiles desde la 3. A la fecha, 18 de junio de 2025,
presentación del derecho de ninguna entidad ha respondido,
petición, y ninguna de las agravando la inacción institucional y
entidades accionadas ha perpetuando la vulneración de mis
respondido ni notificado derechos al debido proceso,
prórroga alguna, incurriendo administración de justicia, igualdad,
en una omisión que vulnera mi acceso a la justicia ambiental, vida,
derecho fundamental de salud e integridad personal.
petición (Art. 23, Constitución
Política de Colombia). 4. La continuidad de los procesos
ambientales en una jurisdicción no
4. La falta de respuesta impide especializada, contraviniendo el
conocer las barreras Acuerdo de Escazú, genera un daño
normativas, presupuestales y irreparable e inminente, dado que
operativas que perpetúan el estos procesos están conexos con la
incumplimiento del Acuerdo protección de la salud y la vida, en un
de Escazú, afectando mi contexto donde la impunidad alcanza
capacidad de exigir justicia el 92% en delitos contra defensores
ambiental y protección para ambientales (Global Witness, 2011-
mí y el colectivo Primera Línea 2016) y donde yo, como defensor
Ambiental Colombia, en los 32 desplazado, enfrento amenazas
departamentos y 1.102 constantes.
municipios de Colombia.
5. La omisión de las entidades 5. La inacción institucional en
accionadas constituye una implementar el Acuerdo de Escazú
vulneración de mis derechos desde 2018 constituye la
fundamentales al debido vulneración central, agravada por
proceso (Art. 29) y la la falta de respuesta al derecho de
administración de justicia (Art. petición y la ausencia de una
229), al negarme acceso a jurisdicción ambiental, afectando
información esencial para directamente los procesos listados.
litigar y defender los derechos [Se destaca]
ambientales, en
contravención de los artículos
4, 8 y 9 del Acuerdo de Escazú,
que forman parte del bloque
de constitucionalidad.

6. La no respuesta agrava la
situación de indefensión de
los defensores ambientales,
perpetuando la impunidad en
casos de amenazas y delitos
ambientales (92% de casos sin
resolver entre 2011 y 2016,
según Global Witness), y
limitando mi derecho a participar
en procesos judiciales efectivos.
[…]”. [Se destaca]

De lo anterior, para la Sala resulta claro que entre la presente acción de tutela
y el mecanismo de amparo núm. 11001-03-15-000-2025-03536-00 existe

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identidad de partes y parcialmente identidad de objeto y de causa petendi. Ello
obedece a que, en esencia en ambas acciones se persigue la protección del
derecho fundamental de petición derivado del mismo hecho generador
consistente en la presunta falta de respuesta a la solicitud radicada el 5 de
mayo de 2025.

En atención a lo anterior y en virtud de lo previsto en el artículo 38 del Decreto
Ley núm. 2591 de 1991, se declarará improcedente la presente acción de
tutela respecto de la protección del derecho de petición solicitada por el actor.
Sin embargo, la Sala se abstendrá de imponer las sanciones previstas en dicha
disposición porque no se encuentra acreditada la mala fe.

Cabe destacar que en este mismo sentido se pronunció esta Sección en
reciente sentencia de tutela de 28 de agosto de 20253 en la que declaró
improcedente el mecanismo de amparo por encontrar acreditado, al igual que
en esta oportunidad, los supuestos del artículo 38 del Decreto Ley núm. 2591
de 1991.

4.2. Análisis de la vulneración por la falta de implementación del Acuerdo
de Escazú

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales alegados con
ocasión de la presunta omisión de las accionadas en implementar el Acuerdo
de Escazú, especialmente por la falta de creación de la jurisdicción
especializada en temas ambientales.

Respecto de lo anterior, de entrada, la Sala advierte que el actor fundamentó
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales en apreciaciones
subjetivas carentes de respaldo probatorio, omitiendo el deber de acreditar de
manera concreta cómo las entidades accionadas incurrieron en omisiones que
configuren una transgresión constitucional directa.

3 Expediente 11001-03-15-000-2025-04659-00.

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Cabe recordar que: “[…] en materia de tutela, por regla general, corresponde
a la parte actora la carga probatoria de los hechos que sirven de fundamento
a su solicitud […]”4.

Nótese que el actor en ningún momento indicó expresamente los motivos ni
las circunstancias concretas y reales por las cuales se le estaban vulnerando
sus derechos fundamentales, y mucho menos acreditó de manera sumaria tal
trasgresión. Simplemente afirmó de manera general y abstracta que la falta de
implementación del Acuerdo de Escazú vulnera sus derechos fundamentales.

Lo anterior implica que la presente acción de tutela devenga improcedente
porque, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional “[…] el mecanismo de
amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no
existe una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda
endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales
en cuestión […]”5, ya que “[…] la acción u omisión cometida por los particulares
o por la autoridad pública que vulnere o amenace los derechos fundamentales
es un requisito lógico-jurídico para la procedencia de la acción tuitiva de
derechos fundamentales”6.

Adicionalmente, esta Sala encuentra que lo pretendido por la parte accionante
escapa de la órbita del juez constitucional porque la creación o implementación
de la jurisdicción ambiental en Colombia implica ejercer las funciones del
Congreso de la República y disponer del presupuesto de la Nación.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

4 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia

del 22 de noviembre de 2012, expediente No. 68001-23-31-000-2012-00512-01.
5 Sentencia T-130 de 2014.
6 Corte Constitucional, sentencia T-883 de 2008 y SU-975 de 2003.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03823-00

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de la República y el Ministerio
del Interior, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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