Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04659-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Amparo: existe identidad de partes, objeto y causa petendi y la acción
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04659-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04659-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04659-00
Accionante: LIZETH MAGALY HERNÁNDEZ BOBADILLA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTROS
Tema: ACCIÓN DE TUTELA – SE DECLARA IMPROCEDENTE EL
AMPARO - Existe identidad de partes, objeto y causa petendi y la acción
de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta, el Tribunal Administrativo del
Magdalena y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud - ADRES.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Lizeth Magaly Hernández Bobadilla, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la seguridad social, a la
igualdad y a la información, cuya vulneración le atribuyó (i) al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Santa Marta y al Tribunal Administrativo del
Magdalena porque no se vinculó a la Secretaría de Movilidad de Santa Marta y a
la E.P.S. Sanitas S.A.S. dentro de la acción de tutela con número de radicación
47001-33-33-006-2025-00087-00/01, y (ii) a la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, por la omisión de dar
respuesta a la petición de 16 de mayo de 2025.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que presentó acción de tutela núm. 47001-33-33-006-2025-00087-00/01
contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla
en Salud - ADRES, por la vulneración al derecho de petición y a la seguridad social,
con ocasión a la solicitud del 16 de mayo de 2025.
2.2. Precisó que el conocimiento de la acción de tutela le fue repartida en primera
instancia al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta, autoridad
judicial, que, mediante sentencia de 16 de junio de 2025 resolvió “[…] DECLARAR
IMPROCEDENTE, por carencia actual de objeto por hecho superado, el amparo de
tutela solicitado […]”.
2.3. Puntualizó que interpuso recurso de impugnación contra la anterior decisión y que
el Tribunal Administrativo del Magdalena a través de providencia de 29 de julio de
2025, modificó la decisión de primera instancia y en su lugar: i) declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado respecto al derecho de petición y ii) declaró
improcedente la acción de tutela contra la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES.
2.4. Indicó que las providencias vulneraron su derecho fundamental al debido proceso,
en razón a que, no vincularon a la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Santa
Marta y a la E.P.S. Sanitas S.A.S. “[…] en consideración a que, la suscrita
demandante en estado convaleciente recibió unos servicios médicos, el día
05/11/2022, como consecuencia del intento de hurto del que fui víctima, por lo que
NO existe croquis de tránsito que permita ilustrar circunstancias de tiempo, modo y
lugar de un “accidente de tránsito” que NO ocurrió, como lo afirma erróneamente la
entidad demandada ADRES, no siendo posible establecer identificación de ningún
vehículo automotor, encontrándose los servicios de salud dentro del Plan Obligatorio
de Salud – POS, como afiliada de la EPS Sanitas S.A.S., siendo aperturado los
servicios médicos bajo el caso número 165905 con consecutivo 297326-1 […]”.
2.5. Señaló que, “[…] la vinculación de la Secretaria (sic) de Movilidad de la ciudad de
Santa Marta, Magdalena, es necesaria para corroborar que al NO existir croquis de
tránsito, le corresponde a la entidad demandada Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, emitir el documento
Certificado de Paz y Salvo a nombre de la suscrita ciudadana Lizeth Magaly
Hernandez (sic) Bobadilla […]”.
2.6. Manifestó que el 16 de mayo de 2025 radicó derecho de petición al ADRES
solicitando certificado de paz y salvo y dado que la solicitud fue contestada fuera
del término de los 10 días “[…] no podrá negar la entrega de dichos documentos al
peticionario, y, en consecuencia, debe expedir paz y salvo […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Se conceda la protección de mis derechos fundamentales
constitucionales a la igualdad, información, derecho de petición, debido
proceso y seguridad social en salud, previsto en los artículos 13, 15, 23, 29
y 49 de la Constitución Política de Colombia.
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Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla
SEGUNDO: Se ORDENE INAPLICAR por excepción de
inconstitucionalidad con efecto inter partes, la norma de inferior jerarquía,
esto es, el artículo 143 de la Ley 1438 de 2011, que contiene dicha
respuesta emitida por ADRES por ser contraria a la Constitución Nacional
(norma superior) y NO corresponder al caso concreto, en razón a que, esa
norma de inferior jerarquía únicamente refiere el procedimiento de
reconocimiento de un presunto accidente de tránsito ante el SOAT con
miras de obtener la indemnización de la cobertura póliza extracontractual
que ofrece la aseguradora y NO ante el ADRES.
Sustento esta pretensión en virtud del artículo 4 de la Carta Política, porque la
prenombrada norma de inferior jerarquía, contraviene preceptos de
rango constitucional, entre ellos, derechos fundamentales
constitucionales y atribuciones constitucionales, previsto en los artículos
15 (Derecho fundamental a la información), 23 (Derecho fundamental de
petición por respuesta incompleta y evasiva), 29 (Derecho fundamental al
debido proceso), 49 (Derecho fundamental a la Seguridad Social en Salud por
encontrarse los servicios médicos dentro de la cobertura del Plan Obligatorio
de Salud a cargo de la EPS Sanitas), 209 (Función Administrativa), 315
(Funciones de alcaldes entes territoriales) de la Constitución Política de
Colombia de 1991 (Norma superior) como lo es, la competencia de las
autoridades de tránsito que deviene de la función administrativa del ente
territorial, pues es la Secretaria de Movilidad de esa ciudad (Santa Marta,
Magdalena), a través de sus agentes de tránsito quienes tienen la potestad
de expedir el medio de prueba idóneo, como es el croquis de tránsito, con el
propósito de demostrar un “accidente de tránsito”, siendo imposible
porque NO ocurrió.
TERCERO: ORDENAR vincular a la Secretaria (sic) de Movilidad de la
ciudad de Santa Marta, Magdalena y a la EPS Sanitas S.A.S., para
corroborar que al NO existir croquis de tránsito, le corresponde a la entidad
demandada Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud – ADRES, emitir el documento Certificado de
Paz y Salvo a nombre de la suscrita ciudadana Lizeth Magaly Hernández
Bobadilla, identificada con cedula (sic) de ciudadanía número […], en razón a
que, lo acaecido el día 05/11/2022 NO corresponde a un accidente de
tránsito, y los servicios de salud que recibí se encuentra dentro de la
cobertura del Plan Obligatorio de Salud – POS como afiliada a la EPS
Sanitas S.A.S.
CUARTO: ORDENAR a ADRES suministre una respuesta de fondo a mi
derecho de petición de fecha 16 de mayo de 2025, en el entendido que, por
encontrarse vencido el plazo legal previsto en el artículo 14 numeral 1 de la
Ley 1755 de 2015, debe expedir el documento certificado de paz y salvo a
nombre de la suscrita ciudadana Lizeth Magaly Hernández Bobadilla,
identificada con cedula (sic) de ciudadanía número […], en razón a que, lo
acaecido el día 05/11/2022 NO corresponde a un accidente de tránsito, y los
servicios de salud que recibí se encuentra dentro de la cobertura del Plan
Obligatorio de Salud – POS como afiliada a la EPS Sanitas S.A.S.
Lo anterior, como garantía de mis derechos fundamentales a la información y
derecho de petición, previstos en los artículos 11, 15, 23, 48 y 49 de nuestra
Constitución Política de Colombia.
QUINTO: ORDENAR a la demandada Entidad del Estado ADRES, se
abstenga de cobrar los servicios médicos que recibí el día 05/11/2022, en
consideración a que, como consecuencia del intento de hurto del que fui
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Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla
víctima, NO existe croquis de tránsito que permita ilustrar circunstancias de
tiempo, modo y lugar dentro de un contexto de “accidente de tránsito”, razón
por la que NO es posible establecer identificación de ningún vehículo
automotor, encontrándose los servicios en salud (médicos, quirúrgicos,
hospitalarios) dentro del Plan Obligatorio de Salud – POS, como afiliada de la
EPS Sanitas S.A.S., siendo aperturado los servicios médicos bajo el caso
número […] con consecutivo […].
SEXTO: ORDENAR a ADRES proceda a desvincular y archivar la
actuación, por las razones expuestas […]”. [Negrilla y mayúscula original
del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 1° de agosto de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron
los siguientes informes:
5.1. LaAdministradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud - ADRES señaló que frente a la pretensión que busca el amparo
al derecho de petición, existe cosa juzgada en razón a que en el Juzgado Sexto
Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena
mediante sentencia de tutela núm. 47001-33-33-006-2025-00087-00/01 declararon
la carencia actual de objeto por hecho superado.
5.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena señaló que la presente acción de
tutela no cumple con los requisitos exigidos para la procedencia del mecanismo de
amparo contra sentencias de tutela, motivo por el cual solicita se denieguen las
pretensiones de la acción constitucional.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00
Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Establecer si la presente acción de tutela es improcedente por compartir
identidad de partes, de objeto y de causa petendi con el proceso núm.
47001-33-33-006-2025-00087-00/01.
c) Determinar si la falta de vinculación de la Secretaría de Movilidad de Santa
Marta y la E.P.S. Sanitas S.A.S. dentro de la acción de tutela con el número
de radicación 47001-33-33-006-2025-00087-00/01, vulneró los derechos
fundamentales de la accionante.
VI.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
8. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico
escrito […]”.
9. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior
no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00
Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
10. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
11. Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción
de tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiariedad.
VI.4. El caso concreto
12. Laseñora Lizeth Magaly Hernández Bobadilla, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la seguridad social, a la
igualdad y a la información, cuya vulneración le atribuyó (i) al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Santa Marta y al Tribunal Administrativo del
Magdalena porque no se vinculó a la Secretaría de Movilidad de Santa Marta y a
la E.P.S. Sanitas S.A.S. dentro de la acción de tutela con número de radicación
47001-33-33-006-2025-00087-00/01, y (ii) a la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, por la omisión de dar
respuesta a la petición de 16 de mayo de 2025.
13. La Sala estudiará la improcedencia de la acción de tutela por compartir
identidad de partes, de objeto y de causa petendi con el proceso núm. 47001-33-
33-006-2025-00087-00/01.
VI.4.1. De la improcedencia de la acción de tutela por compartir parcialmente
identidad de partes, de objeto y de causa petendi con el proceso núm. 47001-
33-33-006-2025-00087-00/01.
14. Enel presente asunto la parte accionante le atribuyó la vulneración de su
derecho fundamental de petición a la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud – ADRES.
15. En su escrito de tutela, la accionante manifestó que había presentado la acción
de tutela núm. 47001-33-33-006-2025-00087-00/01 contra la Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, por la
omisión de dar respuesta a la petición de 16 de mayo de 2025. Sin embargo,
señaló que la respuesta a la petición se realizó por fuera del plazo legal de 10 días
establecidos en la Ley, y en ese sentido, el ADRES “[…] no podrá negar la entrega
[…]” de los documentos solicitados.
16. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud - ADRES, en su informe de tutela indicó que el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante sentencias de tutela proferidas en el proceso con radicación
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00
Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla
núm. 47001-33-33-006-2025-00087-00/01, declararon la carencia actual de objeto
por hecho superado frente a la petición del 16 de mayo de 2025.
17. El artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 señala lo siguiente:
“[…] ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o
su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar […]” [Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto]
18. La Corte Constitucional ha interpretado la norma citada de la siguiente manera:
“[…] .1.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación
temeraria se configura cuando se presenta la misma acción de tutela por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, sin motivo
expresamente justificado. Lo anterior, trae como consecuencia su rechazo o la
decisión desfavorable de todas las solicitudes.
2.1.2. Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación, en
reiterada jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para
abordar su posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben
analizarse los siguientes:
1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos
hechos y la misma solicitud.
2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que
no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado
explícitamente por la ley o la jurisprudencia.
3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser
diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo
argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los
dos procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y
solicitud.
2.1.3. Respecto del primero de los aspectos antes anotado, el juez debe
analizar si hay una triple identidad entre las acciones de tutela presentadas de
manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los siguientes elementos:
1. Identidad de partes, esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representantes y se dirija contra el mismo demandado.
2. Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción
de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00
Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla
3. Identidad de objeto, en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos
derechos fundamentales.
De la misma manera, esta Corporación ha entendido la temeridad desde dos
perspectivas. La primera alude a su estructuración cuando una persona
presenta simultáneamente varias acciones de tutela ante distintas autoridades
judiciales y la segunda extiende la temeridad a aquellos eventos en los cuales
la persona, de mala fe, ejerce de manera sucesiva la misma acción […]”.
19. En ese orden de ideas, se observa que la señora Lizeth Magaly Hernández
Bobadilla presentó la acción de tutela núm. 47001-33-33-006-2025-00087-00/01,
frente a la cual existe parcialmente identidad de partes, de causa petendi y de
hechos; tal como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo:
Proceso núm. 47001-33-33-006- Proceso núm. 11001-03-15-000-
2025-00087-00/01 2025-04659-00 (de la referencia)
Accionante: Lizeth Magaly Accionante: Lizeth Magaly
Hernández Bobadilla Hernández Bobadilla
Accionado: Administradora de los Accionado: Administradora de los
Partes Recursos del Sistema General de Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud – ADRES. Seguridad Social en Salud – ADRES,
Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Santa Marta y el Tribunal
Administrativo del Magdalena.
“[…] PRIMERO: Se conceda la “[…] PRIMERO: Se conceda la
protección de mis derechos protección de mis derechos
fundamentales constitucionales a la fundamentales constitucionales a la
información, derecho de petición, igualdad, información, derecho de
Pretensiones seguridad social en salud, en petición, debido proceso y seguridad
conexidad con la vida e integridad social en salud, previsto en los
física, previsto en los artículos 11, 15, artículos 13, 15, 23, 29 y 49 de la
23, 48 y 49 de la Constitución Política Constitución Política de Colombia.
de Colombia.
[…] CUARTO: ORDENAR a ADRES
SEGUNDO: ORDENAR a Entidad del suministre una respuesta de fondo a
Estado ADRES, suministre una mi derecho de petición de fecha 16 de
respuesta de fondo frente a mi mayo de 2025, en el entendido que,
derecho de petición de fecha 16 de por encontrarse vencido el plazo legal
mayo de 2025. Asimismo, por previsto en el artículo 14 numeral 1 de
encontrarse vencido el término legal la Ley 1755 de 2015, debe expedir el
previsto en el artículo 14 numeral 1 de documento certificado de paz y salvo
la Ley 1755 de 2015, ORDENAR a a nombre de la suscrita ciudadana
Entidad del Estado ADRES se sirva Lizeth Magaly Hernández Bobadilla,
expedir PAZ y SALVO por todo identificada con cedula (sic) de
concepto en favor de la suscrita ciudadanía número […], en razón a
ciudadana Lizeth Magaly Hernandez que, lo acaecido el día 05/11/2022 NO
(sic) Bobadilla, identificada con cedula corresponde a un accidente de
(sic) de ciudadanía No. […] de tránsito, y los servicios de salud que
Acacias – Meta y en favor del recibí se encuentra dentro de la
ciudadano Diego Fabian Mahecha cobertura del Plan Obligatorio de
Camacho, identificado con cedula Salud – POS como afiliada a la EPS
(sic) de ciudadanía número […], en Sanitas S.A.S.
razón a que, lo acaecido el día
05/11/2022 NO corresponde a un Lo anterior, como garantía de mis
accidente de tránsito, y los servicios derechos fundamentales a la
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00
Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla
de salud que recibí se encuentra información y derecho de petición,
dentro de la cobertura del Plan previstos en los artículos 11, 15, 23,
Obligatorio de Salud – POS como 48 y 49 de nuestra Constitución
afiliada a la EPS Sanitas S.A.S. […]”. Política de Colombia.
QUINTO: ORDENAR a la demandada
Entidad del Estado ADRES, se
abstenga de cobrar los servicios
médicos que recibí el día 05/11/2022,
en consideración a que, como
consecuencia del intento de hurto del
que fui víctima, NO existe croquis de
tránsito que permita ilustrar
circunstancias de tiempo, modo y
lugar dentro de un contexto de
“accidente de tránsito”, razón por la
que NO es posible establecer
identificación de ningún vehículo
automotor, encontrándose los
servicios en salud (médicos,
quirúrgicos, hospitalarios) dentro del
Plan Obligatorio de Salud – POS,
como afiliada de la EPS Sanitas
S.A.S., siendo aperturado los servicios
médicos bajo el caso número […] con
consecutivo […].
SEXTO: ORDENAR a ADRES
proceda a desvincular y archivar la
actuación, por las razones expuestas
[…]”.
De acuerdo con el escrito de tutela “[…] 2.1. Relató que presentó acción
allegado por la Directora de la Unidad de tutela núm. 47001-33-33-006-2025-
de Carrera del Consejo Superior de la 00087-00/01 contra la Administradora
Judicatura: de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud -
“[…] El 5 de noviembre de 2022 la ADRES, por la vulneración al derecho
señora Lizeth Hernández se de petición y a la seguridad social, con
encontraba transitando a pie por una ocasión a la solicitud del 16 de mayo
Hechos vía pública de la ciudad de Santa de 2025.
Marta, cuando fue repentinamente
agredida en el rostro por un individuo 2.2. Precisó que el conocimiento de la
desconocido, quien, tras propinarle el acción de tutela le fue repartida en
golpe, emprendió a la huida sin dejar primera instancia al Juzgado Sexto
rastro. Administrativo del Circuito de Santa
Marta, autoridad judicial, que,
Manifestó que, como consecuencia mediante sentencia de 16 de junio de
del impacto, la señora Lizeth requirió 2025 declaró la improcedencia de la
atención médica, siendo trasladada a acción de tutela, por carencia actual
una institución prestadora de servicios de objeto por hecho superado.
de salud, donde recibió tratamiento
para las lesiones sufridas incluidas en 2.3. Puntualizó que interpuso recurso
el Plan Obligatorio de Salud (POS), de impugnación contra la anterior
como afiliada a la EPS Sanitas S.A.S. decisión y que el Tribunal
Administrativo del Magdalena a través
Indicó que, inicialmente el hecho fue de providencia de 29 de julio de 2025,
registrado como un accidente de modificó la decisión de primera
tránsito, posiblemente por la instancia y en su lugar: i) declaró la
confusión generada en el momento de carencia actual de objeto por hecho
la atención médica y la falta de una superado respecto al derecho de
declaración inmediata que aclarara petición y ii) declaró improcedente la
las circunstancias reales del incidente, acción de tutela contra la
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00
Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla
afectada por el golpe y en estado de Administradora de los Recursos del
conmoción que le produjo la agresión, Sistema General de Seguridad Social
no pudo brindar su testimonio de en Salud-ADRES.
forma inmediata, lo que impidió que
se precisara desde el inicio que se […] Los anteriores hechos se
trataba de una agresión y no de un sustentan, en razón a que, el día 16
accidente vial. de mayo de 2025 por vía correo
electrónico con destino a
Manifestó que esta situación derivo correspondencia1@adres.gov.co,
(sic) en un tratamiento administrativo correspondencia2@adres.gov.co,
incorrecto del caso por parte de notificaciones.judiciales@adres.gov.co
ADRES, que posteriormente intento envíe ante ADRES, un derecho de
(sic) cobrar los servicios médicos petición
como si se tratara de una atención
derivada de un accidente vial, a pesar […] Es de aclarar que mi solicitud
de que dichos servicios están derecho de petición de fecha 16 de
cubiertos por el Plan Obligatorio de mayo de 2025 que he enviado con
Salud (POS). destino a los correos electrónicos
correspondencia1@adres.gov.co,
Por tal motivo, el 16 de mayo de 2025 correspondencia2@adres.gov.co,
la señora Lizeth Hernández presentó notificaciones.judiciales@adres.gov.co
un derecho de petición ante ADRES, ante ADRES, mediante el cual solicito
a través del cual solicitó la expedición información y se expida el documento
del paz y salvo de los servicios certificado de paz y salvo, debió
médicos recibidos, así como la resolverse congruentemente dentro
desvinculación del ciudadano Diego del plazo legal de 10 días hábiles,
Fabián Mahecha Camacho quien fue conforme lo ordena el numeral 1 del
vinculado por un error administrativo artículo 14 de la Ley 1755 de 2015:
ya que no estuvo involucrado en el
hecho y, además, reside en otra […] Por tratarse de una solicitud
ciudad. derecho de petición de fecha 16 de
mayo de 2025, mediante el cual,
Finalmente, manifiesta que, al haber solicito (sic) información y se expida el
transcurrido el término legal para documento certificado de paz y salvo,
responder peticiones de información y ADRES, al vencer el plazo legal de 10
documentos, ADRES no emitió días hábiles (viernes 30 de mayo de
respuesta alguna, lo que constituye 2025), no podrá negar la entrega de
una vulneración directa de sus dichos documentos al peticionario, y,
derechos fundamentales […]”. en consecuencia, debe expedir paz y
salvo, dentro de los tres días
siguientes, a más tardar el día jueves
5 de junio de 2025 […]”.
20. Conforme con lo anterior, para la sala no existe duda que entre la presente
acción de tutela y el proceso de tutela número 47001-33-33-006-2025-00087-
00/01 existe parcialmente identidad de partes entre la accionante y el ADRES,
existe identidad de objeto y de causa petendi. Ello obedece a que, en esencia en
ambos trámites se alega la presunta vulneración de los mismos derechos
fundamentales [de petición y a la seguridad social], derivada del mismo hecho
generador: la solicitud del 16 de mayo de 2025.
21. Envirtud del artículo 38 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, se declarará
improcedente la presente acción de tutela.
22. La Sala se abstendrá de imponer las sanciones previstas en la Ley porque no
se encuentra acreditada la mala fe en el presente caso.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00
Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla
23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de subsidiariedad, frente a las demás pretensiones.
VI.4.2. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad frente al Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta y al
Tribunal Administrativo del Magdalena.
24. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
25. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”.
26. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal “[…] acción,
recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea
su naturaleza […]”6, lo que significa que el solicitante tiene la obligación de
interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a
su alcance.
27. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
6
Corte Constitucional, Sala Plena, auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00
Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”7.
28. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”8.
29. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
30. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
31. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales citados supra por no vincular a la Secretaría de Movilidad de Santa
Marta y a la E.P.S. Sanitas S.A.S dentro de la acción de tutela con número de
radicación 47001-33-33-006-2025-00087-00/01.
32. Indicó que “[…] la vinculación de la Secretaria (sic) de Movilidad de la ciudad de
Santa Marta, Magdalena, es necesaria para corroborar que al NO existir croquis de
tránsito, le corresponde a la entidad demandada Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, emitir el documento
Certificado de Paz y Salvo a nombre de la suscrita ciudadana Lizeth Magaly
Hernandez (sic) Bobadilla […]”.
7
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00
Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla
33. Para la Sala en el presente asunto no se cumple con el requisito general de
procedibilidad de subsidiariedad porque la accionante cuenta con la solicitud de
nulidad de conformidad con los artículos 133 y 134 de la Ley 1564 de 12 de julio
de 20129.
34. Alrespecto, el artículo 134 mencionado anteriormente indica que “[…] Las
nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte
sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieren en ella […]”.
35. En ese orden de ideas y comoquiera que la accionante tiene a su disposición
otro mecanismo idóneo de defensa de sus derechos fundamentales, la Sala
concluye que en el presente caso no se satisfizo el requisito general de
procedibilidad relativo a la subsidiariedad. Además, de la revisión del escrito de
tutela no se vislumbra la configuración de un perjuicio irremediable.
36. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por
no cumplir el requisito general de subsidiariedad, por las razones expuestas supra.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
9 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04659-00
Accionante: Lizeth Magaly Hernández Bobadilla
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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