Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07642-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07642-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07642-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Municipio de Trinidad – Secretaría de Planeación e información
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07642-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por temeridad
y subsidiariedad
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Yopal.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
A) De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente
se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes respecto
del expediente con radicado núm. 85001-33-33-001-2023-00033-01:
1.1. El señor Rafael Quesada Martínez en ejercicio del medio de control
de nulidad presentó demanda contra el Municipio de Trinidad Casanare
– Concejo Municipal, con el fin de que se declarara la nulidad de los
Acuerdos 006 de 2011, 018 de 2011, 015 de 2012 y 009 de 2017 que
modificaron algunas normas urbanísticas contenidas en el esquema de
ordenamiento territorial del ente territorial y, en consecuencia, se ordene
expedir un nuevo esquema de ordenamiento territorial convocando un
cabildo abierto.
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1.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal, mediante
sentencia de 19 de febrero de 2024, declaró la nulidad del Acuerdo núm.
006 de 2011 por no haberse acreditado la citación y materialización del
cabildo abierto y negó las demás pretensiones de la demanda, al
considerar que de conformidad con el numeral 2 del artículo 91 del CPACA
dichos actos perdieron fuerza de ejecutoria lo cual no constituye en si una
causal de nulidad.
1.3. Contra la decisión de primera instancia la accionante presentó
recurso de apelación.
1.4. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 29
de mayo de 2025, confirmó la decisión de primera instancia al considerar
que, pese a haber demostrado que realizó algunas reuniones con la
comunidad, no se acreditó la citación y materialización del cabildo
abierto.
B) Los supuestos fácticos jurídicamente relevantes respecto del expediente
con radicado núm. 85001-33-33-002-2024-00087-00:
1.1. El señor Juan Pablo Betancourt barrera en ejercicio del medio de
control de nulidad presentó demanda contra el Municipio de Trinidad
Csanare – Concejo Municipal, con el fin de que se declarara la nulidad de
los Acuerdos 019 de 2000, 012 de 2007, 006 de 2011, 018 de 2011, 015
de 2012, 005 de 2014 y 009 de 2017 por medio de los cuales se hacen
ajustes al esquema de ordenamiento territorial y se modifica la división
política territorial de dicho municipio.
1.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, mediante
sentencia de 10 de noviembre de 2025, declaró probada la excepción de
cosa juzgada respecto del Acuerdo núm. 006 de 2011 y declaró la nulidad
de los actos administrativos núm. 019 de 2000, 012 de 2007, 018 de 2011,
015 de 2012, 005 de 2014 y 009 de 2017 por no haberse verificado la
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convocatoria y realización de un cabildo abierto de manera previa a la
aprobación de los mismos.
1.3. Respecto de la anterior decisión de primera instancia la accionante
presentó solicitud de adición respecto de los alcances de la decisión
indicando si los efectos son “ex nunc o ex tunc”, y desde que fecha se
debía aplicar.
1.4. El 13 de enero de 2026, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Yopal corrió traslado a las partes de la solicitud de adición.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que las autoridades accionadas incurrieron en
defecto fáctico al omitir el análisis de las pruebas relacionadas con “[…] el
funcionamiento actual de la Secretaría de Planeación y los efectos sociales,
económicos y administrativos del vacío normativo […]”.
Aseguró que las accionadas incurrieron en defecto sustantivo por violación
directa de la Constitución porque las sentencias cuestionadas desconocieron
los artículos 287, 311, 209, 339 y 342 de la Constitución Política que se refieren
a la autonomía territorial, a la función pública continua y al principio de
planeación.
Agregó que la nulidad sin transición dejó sin instrumento de planificación a un
municipio entero afectando su capacidad de gobernanza y gestión pública.
Afirmó que las autoridades accionadas incurrieron en defecto procedimental
por exceso de ritual manifiesto porque anularon el esquema de organización
territorial sin valorar el impacto constitucional, el deber de continuidad, la
necesidad de adoptar un régimen de transición y la existencia de mecanismos
menos lesivos.
Aseguró que el tribunal y el juzgado accionado incurrieron en violación del
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precedente porque desconocieron la jurisprudencia obligatoria sobre la “[…]
continuidad de la planeación territorial (SU-095/2018), evitar la producción de
vacíos normativos (C-149/2010) y la protección de la autonomía territorial (C-
635/2012; C-578/2001) […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Amparo constitucional
Que el Consejo de Estado proteja los derechos fundamentales
invocados.
2. Suspensión inmediata de los efectos de las sentencias judiciales
Como medida provisional (art. 7 Decreto 2591 de 1991):
• Suspender provisionalmente los efectos de las sentencias del
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Yopal y del Tribunal
Administrativo de Casanare.
• Levantar medidas cautelares urbanísticas o administrativas
actualmente vigentes.
3. Restablecimiento de la continuidad de la planeación municipal
Ordenar que:
• El EOT o su estructura básica permanezcan vigentes
provisionalmente, mientras se subsanan las falencias.
• No se paralicen los trámites de planeación ni el proceso de formulación
del POT.
4. Ordenar la realización del Cabildo Abierto
En coordinación entre la Secretaría de Planeación y el Concejo Municipal,
conforme a la Ley 507 de 1999, para:
• Subsanar falencias detectadas.
• Actualizar el EOT ajustado a la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de
2015.
5. Ordenar al Tribunal y al Juzgado emitir sentencia integradora
Respetando:
• Autonomía territorial,
• Continuidad administrativa,
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• Planeación progresiva del territorio,
• Proporcionalidad de la decisión judicial. […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 11 de diciembre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó al Concejo Municipal de Trinidad – Casanare, al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Yopal, a los señores Rafael Quesada
Martínez y Juan Pablo Betancourt Barrera, en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso. En dicha providencia se negó la medida
provisional solicitada por la parte actora.
III. INTERVENCIONES
1. El Tribunal Administrativo de Casanare rindió informe en el que solicitó se
declare improcedente la acción de tutela porque no se cumple con el requisito
general de subsidiariedad el cual exige que se hayan agotado todos los
medios, lo cual no sucedió porque el Municipio de Trinidad Casanare no
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal el 19 de
febrero de 2024.
Asimismo, el tribunal accionado puso de presente que el Municipio de Trinidad
– Casanare promovió otra acción de tutela por hechos y pretensiones similares
respecto de la providencia de segunda instancia de 29 de mayo de 2025
proferida dentro del expediente de nulidad con núm. de radicado 85001-33-33-
001-2023-00033-01 la cual fue conocida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, correspondiéndole el núm. de radicado 11001-03-15-000-2025-
07460-00.
2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal señaló que la
presente acción de tutela carece del requisito general de procedibilidad
relacionada con la inmediatez por cuanto desde el momento en que se profirió
la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad con número
de radicado esto es el 29 de mayo dentro del proceso de nulidad con núm. de
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radicado 202585001-33-33-001-2023-00033-01 y a la fecha de la presentación
de la acción constitucional transcurrieron más de 6 meses.
Finalmente indicó que “[…] por los mismos hechos cursa acción de tutela en
Sección Tercera Subsección A del H. Consejo de Estado, radicado No 11001-
03-15-000-2025-07460-00, siendo C.P. el doctor JOSÉ ROBERTO SÁCHICA
MÉNDEZ […]”.
3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal realizó una breve
descripción de las actuaciones surtidas dentro del expediente de nulidad con
núm. de radicado 85001-33-33-002-2024-00087-00 y, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela toda vez que esa autoridad judicial profirió
sentencia de primera instancia el 10 de noviembre de 2025 la cual hasta el
momento no cobra ejecutoria y después de resolverse la solicitud de adición,
puede ser objeto de recursos ante el superior funcional.
4. El señor Juan Pablo Betancourt Barrera solicitó declarar la improcedencia
de la presente acción constitucional toda vez que carece de legitimación en la
causa por activa porque el accionante no es el titular del derecho fundamental
que alega como vulnerado con las providencias judiciales.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente caso se configura la temeridad en las acciones de
tutela respecto de la vulneración atribuida a la providencia de 29 de
mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare
dentro del expediente de nulidad 85001-33-33-001-2023-00033-01.
B) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
C) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
La Sala advierte que en el presente caso la parte accionante pretende que se
dejen sin efectos providencias proferidas en procesos distintos, motivo por el
cual se efectuará el análisis de los requisitos de procedibilidad de manera
separada.
3.1. Análisis de la temeridad respecto de la vulneración atribuida a la
providencia de 29 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare dentro del expediente de nulidad 85001-33-
33-001-2023-00033-01
El artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 señala lo siguiente:
“[…] ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán
o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la
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suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las
demás sanciones a que haya lugar […]”. [Negrilla original del texto y
subrayado fuera del texto]
La Corte Constitucional ha interpretado la norma citada de la siguiente manera:
“[…] 1.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
actuación temeraria se configura cuando se presenta la misma acción de
tutela por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, sin motivo expresamente justificado. Lo anterior, trae como
consecuencia su rechazo o la decisión desfavorable de todas las
solicitudes.
2.1.2. Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación,
en reiterada jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta
para abordar su posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que
deben analizarse los siguientes:
1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las
acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan
una triple identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean
los mismos hechos y la misma solicitud.
2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como
excepcionales que no constituyen una actuación temeraria, de
acuerdo con lo señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia.
3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda
ser diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de
un desarrollo argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que,
en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes, se sustentan en
las mismas razones y solicitud.
2.1.3. Respecto del primero de los aspectos antes anotado, el juez debe
analizar si hay una triple identidad entre las acciones de tutela
presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los
siguientes elementos:
1. Identidad de partes, esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representantes y se dirija contra el mismo demandado.
2. Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la
acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de
sustento.
3. Identidad de objeto, en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los
mismos derechos fundamentales.
De la misma manera, esta Corporación ha entendido la temeridad
desde dos perspectivas. La primera alude a su estructuración
cuando una persona presenta simultáneamente varias acciones de
tutela ante distintas autoridades judiciales y la segunda extiende la
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temeridad a aquellos eventos en los cuales la persona, de mala fe, ejerce
de manera sucesiva la misma acción […]”. [Negrillas por fuera del texto
original]
En el asunto de la referencia, se tiene que la parte aquí accionante previa
interposición del presente mecanismo de amparo presentó acción de tutela
identificada bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-07460-00, cuyas partes,
causa petendi y hechos son los siguientes:
Proceso núm. 11001-03-15- Proceso núm. 11001-03-15-000-
000-2025-07460-00 2025-07642-00 (de la referencia)
Accionante: Municipio de Accionante: Municipio de Trinidad -
Trinidad - Casanare Casanare
Accionados: Accionados:
Partes
Tribunal Administrativo de Tribunal Administrativo de Casanare
Casanare y Juzgado Primero y Juzgado Segundo Administrativo de
Administrativo de Yopal Yopal
“[…] 1. Que se amparen los “[…] 1. Amparo constitucional
derechos fundamentales
invocados. Que el Consejo de Estado proteja los
derechos fundamentales invocados.
Pretensiones 2. Que se dejen sin efectos:
• la sentencia del Tribunal 2. Suspensión inmediata de los
Administrativo de Casanare (29 efectos de las sentencias judiciales
de mayo
de 2025), Como medida provisional (art. 7
• la sentencia del Juzgado Decreto 2591 de 1991):
Primero Administrativo de Yopal
(19 de • Suspender provisionalmente los
febrero de 2024), efectos de las sentencias del Juzgado
Segundo Administrativo Oral de
3. Que se ordene rehacer las Yopal y del Tribunal Administrativo de
providencias con: Casanare.
• respeto al precedente, […]
• análisis adecuado de la Ley 5. Ordenar al Tribunal y al Juzgado
507/1999, emitir sentencia integradora
• ponderación de la autonomía Respetando:
territorial […]”.
• Autonomía territorial,
•Continuidad administrativa,
• Planeación progresiva del
territorio,
• Proporcionalidad de la decisión
judicial.
[…]”
Los hechos se sintetizan en que: Los hechos se sintetizan en que:
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07642-00
“[…] 1. En el proceso 2023- 1. El señor Rafael Quesada Martínez
00033-00 el juez accionado y el en ejercicio del medio de control de
Tribunal de Casanare, analizó la nulidad presentó demanda contra el
legalidad de varios Acuerdos del Municipio de Trinidad Casanare –
Concejo Municipal de Trinidad Concejo Municipal, con el fin de que se
que conforman y modifican el declarara la nulidad de los Acuerdos
Hechos Esquema de Ordenamiento Núm. 006 de 2011, 018 de 2011, 015
Territorial (EOT) entre los años de 2012 y 009 de 2017 que modificaron
2011 y 2017. algunas normas urbanísticas
contenidas en el esquema de
2. El Tribunal Administrativo ordenamiento territorial del Municipio
de Casanare, mediante de Trinidad – Casanare.
sentencia del 29 de mayo de
2025, confirmó la sentencia de 2. El Juzgado Primero Administrativo
primera instancia de anulación del Circuito de Yopal, mediante
del Acuerdo 006 de 2011 por sentencia de 19 de febrero de 2024,
ausencia de cabildo abierto. declaró la nulidad del Acuerdo núm.
006 de 2011 por no haberse acreditado
[…] la citación y materialización del cabildo
abierto y, negó las demás pretensiones
5.Las sentencias desconocen al considerar que de conformidad con
jurisprudencia vinculante del el numeral 2 del artículo 91 del CPACA
Consejo de Estado relativa a los dichos actos perdieron fuerza de
efectos diferidos, la ejecutoria lo cual no constituye en si
conservación del acto, la no una causal de nulidad.
regresividad en materia de
ordenamiento territorial, y la 4. El Tribunal Administrativo de
prohibición de dejar un Casanare, mediante sentencia de 29
municipio sin instrumento de mayo de 2025, confirmó la
técnico vigente […]”. decisión de primera instancia al
considerar que, pese a haber
demostrado que realizó algunas
reuniones con la comunidad, no se
acreditó la citación y materialización
del cabildo abierto.
De lo anterior, para la Sala resulta claro que entre la presente acción de tutela
y el mecanismo de amparo núm. 11001-03-15-000-2025-07460-00 existe
parcialmente identidad de partes identidad, de objeto y de causa petendi. Ello
obedece a que, en esencia en ambas acciones se persigue la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía territorial
derivados de la providencia de 29 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare dentro del medio de control de nulidad dentro del
expediente de radicado núm. 85001-33-33-001-2023-00033-01.
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En atención a lo anterior y en virtud de lo previsto en el artículo 38 del Decreto
Ley núm. 2591 de 19912, se declarará improcedente la presente acción de
tutela respecto de la vulneración atribuida a la providencia de 29 de mayo de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del
expediente de nulidad 85001-33-33-001-2023-00033-01. Sin embargo, la Sala
se abstendrá de imponer las sanciones previstas en dicha disposición porque
no se encuentra acreditada la mala fe.
Cabe destacar que en este mismo sentido se pronunció esta Sección en
reciente sentencia de tutela de 28 de agosto de 20253 en la que declaró
improcedente el mecanismo de amparo por encontrar acreditado, al igual que
en esta oportunidad, los supuestos del artículo 38 del Decreto Ley núm. 2591
de 1991.
3.2. Análisis del cumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto
de la vulneración atribuida a la providencia de 10 de noviembre de 2025
proferida dentro del expediente núm. 85001-33-33-002-2024-00087-00
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional4 como del Consejo
de Estado5 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
2 “ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
3 Expediente 11001-03-15-000-2025-04659-00.
4 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
5 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)
y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
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tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Respecto del requisito de la subsidiariedad resulta preciso recordar que esta
acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario, es
decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.
El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba
ser conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable,
para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho6.
De acuerdo con lo expuesto, se tiene que para acudir a la acción de amparo
el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal
(acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial
cualquiera que sea su naturaleza7), lo que significa que la parte accionante
tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley
o las acciones que estén a su alcance.
Adicionalmente, esta Sección8, de manera reiterada, ha considerado,
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, que el requisito
de subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite el
proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela.
En el caso objeto de estudio, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
6 Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
7 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
15 de diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de
radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00.
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fundamentales y, en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia de primera
instancia de 10 de noviembre de 2025 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Yopal dentro del medio de control de nulidad con
número de radicación 85001-33-33-002-2024-00087-00.
Nótese que la providencia a la cual la parte actora le atribuyó la supuesta
afectación de sus garantías fundamentales no se encuentra ejecutoriada, dado
que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de adición que se
presentó, por lo que el proceso se encuentra en curso.
Por tanto, la intervención del juez constitucional en este asunto se encuentra
vedada, en razón a que, tal como lo ha considerado esta Sección: “[…] cuando
el proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es procedente para
cuestionar cualquier decisión adversa a las partes, aún luego de agotados los
recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del
medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza
de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión
que pone fin al proceso […]”9. [Negrillas de la Sala]
Adicionalmente, la sentencia que es objeto de la presente acción puede ser
controvertida por medio de los mecanismos ordinarios -recurso de apelación-,
circunstancia que ratifica la improcedencia del mecanismo de amparo para
controvertir la decisión de primera instancia adoptada dentro del medio de
control de nulidad con número de radicación 85001-33-33-002-2024-00087-00.
Así las cosas, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo deviene
improcedente por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, máxime
cuando de la revisión del escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de un
perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional como
mecanismo transitorio.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
15 de diciembre de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07642-00
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección declarará improcedente la
acción de tutela de la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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