Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03551-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03551-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03551-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
28 de agosto de 2025
Demandante: Axia Energía S.A.S
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03551-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03551-00
Demandante: AXIA ENERGÍA S.A.S
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La sociedad Axia Energía S.A.S., actuando a través de apoderado judicial1, inició
acción de tutela2 contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y
el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, en la que solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, de defensa y contradicción.
La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de las providencias emitidas el 5 de diciembre de 2024 y 19 de mayo de
1 Índice 008 y 009 de Samai. El poder fue conferido al abogado Francisco Ripoll Benítez mediante
mensaje de datos, por el señor Sergio Andrés Ordoñez Beltrán, en calidad de representante legal
de Axia Energía S.A.S., tal como obra en el certificado de existencia y representación de la Cámara
de Comercio de Barranquilla.
2 Acción de tutela radicada a través del aplicativo Samai el 10 de junio de 2025 en el Centro de
Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Familia y Laborales, cuya
dependencia la remitió a esta Corporación en la misma fecha bajo el número 2901417.
1
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Demandante: Axia Energía S.A.S
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
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2025 por las autoridades judiciales accionadas en las que se concedieron las
pretensiones del medio de control de controversias contractuales con radicado
63001-23-33-000-2022-00125-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDO: Que se declare que, tanto la sentencia de primera instancia proferida
en fecha(sic) como la decisión del Consejo de Estado incurrieron en DEFECTO
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO, al desconocer una actuación esencial del
proceso y vulnerar el principio de motivación judicial.
TERCERO: Que, en consecuencia, de lo anterior, se deje sin efecto los fallos de
Primera y Segunda Instancia, y se remita el expediente al Tribunal Administrativo
Del Quindío a fin de que valores lo alegatos de conclusión y vuelva a proferir la
decisión de Primera Instancia dentro del proceso con radicado
63001233300020220012500. Como quiera que, incurrió en vicios procesales, que,
por su naturaleza, son insaneables.3
1.3. Hechos
La Empresa de Energía del Quindío S.A., E.S.P., -en adelante EDEQ- a través de
apoderado judicial demandó a las sociedades Axia Energía S.A.S, E.S.P., y Chubb
Seguros Colombia S.A., a través del medio de control de controversias
contractuales, con el fin de que se declarara el incumplimiento del contrato EDEQ
CT-002-2019 celebrado entre EDEQ y AXIA para el suministro de energía y
potencia eléctrica para atender el mercado regulado en 2021 y 2022, que fue
amparado por la póliza número 59802 a cargo de la aseguradora Chubb. En
consecuencia, solicitó hacer efectivo el pago de la indemnización por
incumplimiento contractual, según lo dispuesto en «la Cláusula decima Cuarta
literal b del contrato equivalente a $ 1.086.626.534» y se liquide judicialmente el
convenio.
En primera instancia con radicado 63001-2333-000-2022-00125-00 el proceso se
asignó al Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, que, en
sentencia del 5 de diciembre de 2024 concedió parcialmente las pretensiones de
la demanda y ordenó a Axia a pagar a la demandante, la cláusula penal plasmada
en el contrato EDEQ CT-002-2019.
Lo anterior, en tanto, para el tribunal, la indemnización pretendida por la
3 Transcripción literal que puede contener errores.
2
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demandante debió ser pagada por Axia Energía S.A.S, E.S.P., porque incumplió
el contrato CT-002-2019, y no logró demostrar la existencia de los eximentes de
responsabilidad de fuerza mayor y caso fortuito que alegó, sino que, por el
contrario, consideró que, la variabilidad del precio de la energía usualmente es
inestable, de ahí que este tipo de contratos de suministro sean de tracto sucesivo,
por lo que señaló que la volatilidad del precio de la energía era un evento
predecible y resistible por la demandada.
Por otra parte, consideró que, debido a que la póliza número 59802 otorgada por
Chubb Seguros Colombia S.A., para amparar el convenio CT-002-2019
contemplaba como causal de exclusión de responsabilidad la del pago de multas
o cláusulas penales, esta no tenía cobertura sobre la reclamación elevada que
está dirigida al cobro de la cláusula penal por incumplimiento contractual.
Inconforme con la decisión anterior, Axia interpuso recurso de apelación que fue
resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A4, que mediante
sentencia del 19 de mayo de 2025 confirmó lo decidido en la primera instancia.
Previo a resolver sobre los argumentos del escrito de alzada, el ad quem, como
cuestión previa se pronunció sobre la inconformidad de Axia respecto de la omisión
del a quo frente al memorial de alegatos de conclusión presentado en primera
instancia, dado que en el acápite correspondiente indicó que la demandada
«guardó silencio». Explicó que, el hecho de que el tribunal no hubiera tenido en
cuenta los alegatos presentados por Axia antes de proferir la sentencia no fue
alegado como un cargo del escrito de alzada, tampoco se planteó como una causal
de nulidad, ni se explicó cuál era el impacto en la decisión cuestionada, por lo que
no lo abordó como un reproche.
Ahora bien, respecto del fondo del asunto señaló que, tal como lo concluyó el
tribunal, Axia incumplió el contrato de suministro de energía y no logró acreditar la
existencia de una causal de exclusión de responsabilidad bajo la irresistibilidad o
imprevisibilidad para cumplir el convenio, pese a que alegó que su incumplimiento
derivó de la variabilidad del precio de la energía con ocasión de las dificultades del
proyecto Hidroituango.
Lo anterior, dado que, a su juicio, la parte demandada: (i) conocía el mercado y la
volatilidad de los costos de la energía; (ii) tuvo tiempo de adoptar medidas para
cumplir sus obligaciones contractuales, o; (iii) pedir la revisión del valor del
acuerdo, con base al parágrafo tercero de la cláusula decimocuarta del contrato
CT-002-2019 o con sustento en el artículo 868 del Código de Comercio. Además,
el ad quem advirtió que, previo a la suscripción del convenio, en 2019, Axia conocía
4 La sentencia fue proferida por los consejeros, María Adriana Marín, Fernando Alexei Pardo Flórez
y José Roberto Sáchica Méndez.
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sobre los problemas de la hidroeléctrica Ituango, pues ellos se dieron a conocer
en un comunicado en el año 2018.
El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 29 de mayo
de 20255.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora señaló que las providencias cuestionadas adolecen de los
siguientes defectos:
I. Procedimental absoluto: ya que, a su juicio, el fallador de primera
instancia no tuvo en cuenta los argumentos expuestos por Axia en el
memorial de alegatos de conclusión lo que vulnera sus derechos
fundamentales a la defensa y contradicción y contraría el principio de
igualdad procesal.
Con todo, indicó que el ad quem, pasó por alto este defecto limitándose a
decir que era una nulidad de carácter saneable, no obstante, en su sentir,
tal omisión acarrea una nulidad insaneable en los términos del parágrafo
del artículo 136 del CGP, dado que, el juez pretermitió íntegramente una
instancia porque no valoró el escrito de alegatos propuesto por la parte
actora en el proceso ordinario.
II. Violación de la Constitución Política: para la actora, el a quo omitió por
completo el estudio y valoración del escrito de alegatos, lo que vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción.
1.5. Trámite de la acción de tutela
1.5.1. Manifestación de impedimento
En escrito del 27 de julio de 2025, la magistrada Gloria María Gómez Montoya
manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, invocando el numeral
5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, comoquiera que sostiene
una relación de amistad entrañable con la magistrada Adriana Marín quién hace
parte de la Subsección A, Sección Tercera de esta Corporación, y suscribió la
providencia de segunda instancia enjuiciada al interior de la presente acción de
tutela.
Asimismo, el 9 de julio de 2025 el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez se
manifestó impedido para conocer del asunto, tras considerar que se encontraba
5 Índice 023 de Samai del proceso 63001233300020220012501.
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incurso en la causal prevista en el numeral 5° del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, toda vez que sostiene una amistad íntima con el consejero
Fernando Alexei Pardo Flórez, adscrito a la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado, quien suscribió la sentencia de 19 de mayo de 2025, que es
cuestionada en esta sede.
Sin embargo, mediante providencia del 24 de julio de 2025, los demás integrantes
de la Sección Quinta y dos conjueces que actúan ante esta Corporación declararon
infundados los dos impedimentos manifestados por no encontrar acreditados los
elementos para la configuración de la causal invocada.
1.5.2. Admisión de la tutela
Por medio de auto del 6 de agosto de 2025, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la sociedad accionante6 y, como parte
accionada, al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A7 y al Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión8.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Despacho Segundo del Tribunal Administrativo del
Quindío9 (quién dirigió la audiencia de pruebas), a la Empresa de Energía del
Quindío S.A. E.S.P.10 (extremo activo), a Chubb Seguros Colombia S.A.11
(extremo pasivo) y al procurador Judicial grado II delegado ante el Tribunal
Administrativo del Quindío12.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
6 Índice 037 de Samai. La notificación fue realizada a: notificaciones@axiaenergia.com y
fripollb@hotmail.com.
7 Índice 037 de Samai. La notificación fue realizada a: notifjsachica@consejodeestado.gov.co
notiffpardo@consejodeestado.gov.co; spamplonat@consejodeestado.gov.co
pbastosb@consejodeestado.gov.co; kdiazl@consejodeestado.gov.co
cmartinezg@consejodeestado.gov.co; notiftutelas3@consejodeestado.gov.co,
ces3secr@consejodeestado.gov.co.
8 Índice 037 de Samai. La notificación fue realizada a: sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Índice 037 de Samai. La notificación fue realizada a: sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co
des02taqnd@cendoj.ramajudicial.gov.co.
10 Índice 037 de Samai. La notificación fue realizada a: secretaria_general@edeq.com.co y
edeq@edeq.com.co.
11 Índice 037 de Samai. La notificación fue realizada a:
notificacionesjudicialescolombia@chubb.com.
12 Índice 037 de Samai. La notificación fue realizada a: imfernandez@procuraduria.gov.co.
mmcastro@procuraduria.gov.co.
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1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A 13
El consejero ponente de la decisión cuestionada, mediante memorial radicado el
12 de agosto de 2025 hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso
ordinario.
A renglón seguido, solicitó que se declare improcedente el amparo por carecer de
relevancia constitucional porque la parte actora busca surtir una instancia adicional
sobre un aspecto que debió ser debatido en el proceso ordinario -presentación y
valoración de los alegatos de conclusión de primera instancia- y que fue definido -
expresamente- en la sentencia de segundo grado.
A su vez, refirió que no se cumple con la carga argumentativa, pues la parte
accionante solo controvirtió el criterio jurídico aplicado, sin explicar por qué
constituye una afrenta a sus derechos fundamentales.
Por otro lado, con respecto a las pretensiones de la tutela, indicó que ya fueron
objeto de pronunciamiento en la sentencia de segunda instancia, en la que se
resolvió sobre la inconformidad de la parte actora respecto de la omisión en que
incurrió el a quo con el memorial de alegatos de conclusión aportado por la
demandada al proceso ordinario, por lo que a través de este mecanismo está
reiterando lo que ya fue decidido.
1.6.2. Procuraduría 13 Judicial II para Asuntos Administrativos de Armenia14
El agente del Ministerio Público señaló que intervino ante el medio de control de
controversias contractuales objeto de esta tutela, en el que presentó concepto, con
base en la facultad que le otorga la Carta Política, no obstante, indicó que este no
es vinculante para la decisión que adopta el juez constitucional.
1.6.3. Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.15
La entidad manifestó que en el proceso ordinario quedó demostrado que Axia
incumplió el contrato de suministro de energía y potencia eléctrica CT-002-2019,
por lo que fue condenada a pagar la cláusula penal pactada en este convenio, no
obstante, pretende que las providencias que emitieron condena en su contra se
dejen sin efectos alegando contra estas el defecto procedimental absoluto, sin
embargo, pese a que la sentencia de primera instancia le fue notificada, no invocó
ninguna causal de nulidad contra esta por no haber tenido en cuenta el escrito de
alegatos de conclusión, ni tampoco probó alguna irregularidad decisiva derivada
13 Índice 039 de Samai.
14 Índice 041 de Samai.
15 Índice 042 de Samai.
6
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de ello, máxime cuando el fallador de segunda instancia se pronunció sobre esta
situación y descartó su relevancia para decidir el fondo del asunto.
Por lo expuesto consideró que no está probada la vulneración al debido proceso
de la actora, por lo que solicitó que se niegue el amparo.
1.6.4. Tribunal Administrativo del Quindío16
El magistrado ponente del despacho Segundo solicitó que se declare
improcedente el amparo por carecer de relevancia constitucional porque la actora
plantea un debate meramente legal que debió ventilarse dentro del proceso
ordinario.
Además, consideró que tampoco se cumple con el requisito de subsidiaridad
porque lo que alega en esta sede la parte accionante debió argumentarse en el
recurso de alzada, o, en su defecto, como solicitud de nulidad procesal, con los
requisitos del artículo 135 del CGP, y en base a la causal del artículo 133 de la
misma norma.
Por otro lado, indicó que, el caso no tiene irregularidades procesales que hubieren
sido decisivas en el proceso ordinario, dado que, por un lado, los alegatos de
conclusión, por regla general, no tienen la virtualidad de alterar la decisión de
fondo, ya que la misma se sustenta en lo que resulte probado, y por otro lado, el
tribunal no pretermitió esta etapa, pues en la audiencia de pruebas realizada el 1
de marzo de 2024 se corrió traslado para tal efecto, solo que se omitió incluirlo en
la sentencia de primera instancia.
1.6.5. La aseguradora Chubb Seguros Colombia S.A., a pesar de ser debidamente
notificada, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por Axia Energía S.A.S contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, y el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión,
de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta corporación.
16 Índice 044 de Samai.
7
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2.2 Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde
a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión y el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, vulneraron las
garantías invocadas por la parte actora con ocasión de las providencias
proferidas el 5 de diciembre de 2024 y 19 de mayo de 2025
respectivamente, dentro del medio de control de controversias
contractuales con radicado 63001-23-33-000-2022-00125-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii)
generalidades del defecto alegado, y; (iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201217
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su
procedencia.19
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
19 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
8
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cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202220 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
20 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
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Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal21
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional23.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal24”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales25”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto26, lo que implica verificar que en
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-128 de 2021.
26 Sentencia SU-573 de 2019.
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efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal27.
(Resaltado de la Sala)
2.4. Caso concreto
La parte actora cuestiona las sentencias proferidas en primera y segunda instancia
por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión y el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A respectivamente, dentro del medio de
control de controversias contractuales con radicado 63001-23-33-000-2022-
00125-00/01.
Lo anterior, ya que, a juicio de la parte tutelante, en las providencias cuestionadas
se incurrió en los siguientes defectos: (i) procedimental absoluto, que sustentó en
que el a quo omitió pronunciarse sobre el memorial de alegatos de conclusión que
aportó de forma oportuna, cuya irregularidad se entendió saneada por el ad quem,
por no haberse subsanado a tiempo, sin tener en cuenta que esta es de carácter
insaneable de acuerdo a lo previsto en el parágrafo del artículo 136 del CGP; (ii)
violación de la Constitución Política, ya que, a su juicio, el actuar del juez
contencioso transgrede sus las garantías fundamentales al debido proceso, a la
defensa y contradicción.
Respecto de lo alegado por la actora, la Sala evidencia que los argumentos
planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez contencioso en
segunda instancia, por lo que este mecanismo se torna improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
En primer lugar, de lo acontecido en el proceso ordinario se advierte que, el
Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, al dictar la sentencia
de primera instancia, en el acápite de los alegatos de conclusión indicó que Axia
Energía S.A.S, E.S.P., «guardó silencio», pese a que, esta había radicado el
memorial de alegatos el 15 de febrero de 202428.
En el escrito de alzada presentado por Axia Energía S.A.S, E.S.P., se puso de
presente la omisión del tribunal, pues sí allegó el escrito contentivo de alegatos de
conclusión. A renglón seguido, fundamentó las razones de inconformidad frente a
lo decidido por el a quo.
27 Ibid.
28 Índice 053 de Samai dentro del proceso ordinario 63001233300020220012500.
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Demandante: Axia Energía S.A.S
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03551-00
Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en la
sentencia del 19 de mayo de 2025, previo a resolver el fondo del asunto, incluyó
el acápite denominado: «Cuestión previa: sobre los alegatos de conclusión de
primera instancia» en el que se pronunció respecto de la omisión del a quo frente
a este tema, y explicó que, el demandado no propuso este argumento como un
cargo del recurso de apelación, ni explicó de qué forma dicha eventualidad habría
impactado la decisión de primer grado.
Además, explicó que, pese a que Axia señaló que, con la circunstancia descrita,
el tribunal vulneró su derecho de defensa, no detalló las razones de este
argumento, aunado a que, para el tribunal, esta no era la oportunidad para ampliar
o mejorar las disquisiciones que debieron realizarse en el escrito de alzada, de ahí
que resolvió no considerarlo como un reproche.
De otro lado, el ad quem explicó que, la demandada pudo solicitar un incidente de
nulidad procesal, en los términos del artículo 135 del CGP, bajo las causales que
contempla el artículo 133 de la misma norma, pero no lo hizo, no obstante,
concluyó que, de existir alguna nulidad esta fue saneada, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 136 ibidem, al no formularse de forma
oportuna, y porque el apoderado de Axia siguió actuando en el trámite y aportó el
memorial de alegatos en segunda instancia.
En ese sentido, advierte la Sala que las inconformidades que alega la tutelante
respecto del supuesto yerro en que incurrió el a quo al omitir el memorial de
alegatos de conclusión que radicó Axia, ya fueron expuestas dentro del escrito de
apelación y resueltos por el ad quem en la sentencia de segunda instancia, como
se expuso anteriormente, no obstante, la parte actora disiente del análisis y
conclusión a la que arribó el fallador de segunda instancia y pretende reabrir el
debate ya zanjado por el juez contencioso en segunda instancia y usar esta acción
como una instancia adicional.
Por otra parte, considera la Sección que, pese a que la accionante alegó que con
las providencias cuestionadas se vulneran sus garantías fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, de defensa y contradicción, lo
cierto es que, los argumentos con los que pretende sustentar los defectos,
procedimental absoluto y violación de la Constitución Política no exponen con
suficiencia razones de peso que justifiquen la intromisión del juez de tutela,
cuando, además, no se evidencia, prima facie, la transgresión de las garantías
invocadas, por parte de la autoridad judicial accionada.
La carga argumentativa a la que hace alusión la Corte Constitucional no se
satisface simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución
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Política para cumplir el mencionado ejercicio, aún más cuando se trata de una
providencia de una alta Corporación, tal como se indicó:
[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas cortes son
tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.29
Por último y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
las decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales invocados, en los términos que indicó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-353 de 2020, cuya carga argumentativa no se
satisface de manera plena por la parte actora, pues contrario a ello, por medio de
la presente acción se busca que el juez de tutela adopte una interpretación
favorable a su reclamación .
En este punto resulta pertinente recordar que, si bien la tutela puede ser
procedente para controvertir decisiones de cualquier grado, sin excluir las de las
corporaciones de cierre, también es importante resaltar que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional hace especial énfasis en la carga argumentativa que se debe
tener cuando se pretende dejar sin efectos una decisión de la Sección que la
Constitución Política30 y la Ley31 determinaron como suprema autoridad en la
materia.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-0125 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
30 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de
tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.
[…]» (Énfasis de la Sala).
31 Ver Ley 2430 de 2024, artículo 14 «INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es
el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y
estará integrado por elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que
determina la Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviadas por el Consejo
Superior de la Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria
pública adelantada de conformidad con lo previsto en esta ley.
[…]».
El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma
Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».
(subrayado fuera de texto)
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Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que
el debate planteado por la sociedad accionante busca mutar el amparo
constitucional en una instancia adicional, para que el juez de tutela revise lo
decidido por el ad quem respecto de la inconformidad con el yerro del a quo, al
omitir su escrito de alegatos en primera instancia.
De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, por no satisfacer el requisito
de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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