Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2022-00125-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2022-00125-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-23-33-000-2022-00125-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
19 de mayo de 2025
233
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
Temas: COMPETENCIA DEL SUPERIOR – El marco fundamental de competencia del juez de segunda
instancia se circunscribe a las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen en contra de la
decisión de primer grado. Por regla, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están
llamados a excluirse del debate en sede de apelación. PACTO DE REQUISITOS PARA ACUDIR A LA
JURISDICCIÓN – Las estipulaciones que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para
demandar no son obligatorias y su omisión no constituye el incumplimiento del negocio jurídico en el que se
hayan pactado. / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA – Hay lugar a su cobro en los casos en que se hubiere
pactado. El deudor no puede alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha
producido beneficio. / EXTENSIÓN DE LA CONDENA EN SEGUNDA INSTANCIA – No es viable cuando la
sentencia de primera instancia no fija una suma específica.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandada,
Axia Energía S.A.S. E.S.P., en contra de la sentencia del 5 de diciembre de 2024,
dictada por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío,
por la cual se accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. y Axia Energía S.A.S. E.S.P.
suscribieron el contrato CT-002-2019, mediante el cual esta última compañía se
obligó a suministrar parte de la energía y potencia eléctrica requeridas para
atender el mercado regulado de enero de 2021 a diciembre de 2022. Sin
embargo, cuando se intentó registrar el negocio, el Administrador del Sistema
de Intercambios Comerciales negó la solicitud porque la contratista se
encontraba en un proceso de limitación del suministro. Ante ello, la accionada
decidió dar por terminado unilateralmente el referido contrato, con sustento en
la configuración de una causal de fuerza mayor, consistente en la volatilidad del
precio de la energía en bolsa durante 2019 y 2020. En ese contexto, la
contratante interpuso demanda ante esta jurisdicción al considerar que se
presentó un incumplimiento del acuerdo.
ANTECEDENTES
La demanda
3. En escrito presentado el 16 de diciembre de 2022, la Empresa de Energía del
Quindío S.A. E.S.P. (en adelante, la contratante, la demandante, la accionante,
o la EDEQ), interpuso demanda de controversias contractuales en contra de Axia
1
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
Energía S.A.S. E.S.P. (en lo sucesivo, Axia, la demandada o la contratista) y de
Chubb Seguros Colombia S.A. (nombrada como Chubb o la aseguradora), con
las siguientes pretensiones (se transcriben de forma literal, con énfasis y
posibles errores incluidos)1:
“1. Principales
1. Se declare que la sociedad AXIA ENERGÍA S.A.S. incumplió el contrato
EDEQ CT002-2019 celebrado entre la Empresa de Energía del Quindío S.A.
ESP. y la sociedad AXIA ENERGÍA S.A.S.
2 Como consecuencia de la declaración anterior, se declare la ocurrencia del
siniestro a cargo de la Sociedad CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. que
garantizó el contrato EDEQ CT-002-2019 celebrado entre EDEQ y AXIA
mediante el contrato de seguros estipulado en la Póliza número 59802 a favor
de EDEQ como Asegurado y/o Beneficiario.
3 Que se declare que como consecuencia del incumplimiento del contrato
EDEQ CT002-2019 AXIA ENERGÍA S.A.S, conforme a la pactado en la cláusula
Décima Cuarta Literal b, debe pagar a EDEQ el 20% del valor que resulte de
multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio
adjudicado actualizado con IPP serie oferta interna, según aplique, de acuerdo
con los topes horarios contratados, correspondiente a la fecha de presentación
de la demanda a la suma de mil ochenta y siete millones trecientos setenta y
siete mil trecientos cincuenta y nueve pesos ( $1.087.377.359).
4 Como consecuencia de la declaración anterior, se condene a CHUBB
SEGUROS COLOMBIA S.A. y a AXIA ENERGÍA S.A.S. al pago de las
siguientes sumas:
4.1 A la sociedad CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., al pago de la
suma asegurada en cuantía de ciento veinte millones seiscientos treinta y
dos mil cuatrocientos once pesos ($120.632.411.), conforme al contrato
de seguro en el riesgo de cumplimiento.
4.2 A la sociedad AXIA energía S.A.S. en la suma que excede del valor
asegurado en la cuantía de novecientos sesenta y seis millones
setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos
($966.744.948).
5 Se liquide judicialmente el contrato EDEQ CT-002-2019.
6 Se condene al pago indexado de las sumas de dinero a que se condene a las
demandadas.
7 Se condene a las demandadas CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. y AXIA
ENERGÍA S.A.S. a pagar las costas y agencias en derecho.
2. Subsidiarias:
En caso de que la póliza de seguros número 59802 expedida por la aseguradora
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., no cubra la indemnización reclamada, las
pretensiones son las siguientes:
1. Se declare que la sociedad AXIA ENERGÍA S.A.S. incumplió el contrato
EDEQ CT002-2019 celebrado entre la Empresa de Energía del Quindío S.A.
ESP. y la sociedad AXIA ENERGÍA S.A.S.
1 Índice electrónico No. 011 de la primera instancia de SAMAI. Se precisa que la demanda fue inadmitida
mediante auto del 17 de febrero de 2023, porque no cumplía con el requisito de estimación razonada de la
cuantía, pero la accionante subsanó la falencia advertida, por lo que se transcriben y se relacionan las
pretensiones y los hechos referidos en este documento.
2
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
2. Que se declare que como consecuencia del incumplimiento del contrato
EDEQ CT002-2019 AXIA ENERGÍA S.A.S, conforme a la pactado en la cláusula
Décima Cuarta Literal b, debe pagar a EDEQ el 20% del valor que resulte de
multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio
adjudicado actualizado con IPP serie oferta interna, según aplique, de acuerdo
con los topes horarios contratados, correspondiente a la fecha de presentación
de la demanda a la suma de mil ochenta y siete millones trecientos setenta y
siete mil trecientos cincuenta y nueve pesos ( $1.087.377.359)
3. Como consecuencia de la declaración anterior, se condene a AXIA ENERGÍA
S.A.S. al pago de la suma de mil ochenta y siete millones trecientos setenta y
siete mil trecientos cincuenta y nueve pesos ( $1.087.377.359).
4. Se liquide judicialmente el contrato EDEQ CT-002-2019.
5. Se condene al pago indexado de las sumas de dinero a que se condene a
AXIA ENERGÍA S.A.S.
6. Se condene a AXIA ENERGÍA S.A.S. a pagar las costas y agencias en
derecho”.
Los hechos
4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se narraron los siguientes2:
5. Empresas Públicas de Medellín (EPM), en nombre propio y en el de sus filiales
Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P., Central Eléctrica de
Caldas S.A. E.S.P., Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. y
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., realizó la solicitud pública de ofertas
No. PC-2019-00823 para el suministro parcial de la energía y potencia eléctrica
requerido para atender el mercado regulado, incluyendo las pérdidas en el
sistema de transmisión nacional, para el período comprendido entre el 1° de
enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 y, después de realizar la evaluación
de las propuestas, estableció que la de Axia era la mejor.
6. De conformidad con lo anterior, la EDEQ y Axia suscribieron el contrato CT-002-
2019, a través del cual la contratista se obligó a suministrarle a la contratante
parte de la energía y potencia eléctrica requerida para atender su mercado
regulado, según los meses, precios y las cantidades indicadas en el pliego de
condiciones de la solicitud pública de ofertas. El contrato fue suscrito el 16 de
octubre de 2019 por la EDEQ y el 29 de septiembre del mismo año por Axia.
7. Con el fin de amparar el cumplimiento del acuerdo antes referenciado, la
contratista tomó ante Chubb la póliza No. 59802, que fue emitida el 27 de
noviembre de 2019.
8. El 11 de diciembre de 2019, la EDEQ y Axia solicitaron el registro del acuerdo
ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), cuya
función la ejerce la empresa XM S.A. E.S.P. (XM), a través del aplicativo
GESCON. Según se relató, las solicitudes de registro del negocio fueron
consignadas en dicho sistema para los periodos comprendidos entre el 1° de
2 Índice electrónico No. 05 de la primera instancia de SAMAI.
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
enero y el 31 de diciembre de 2021 y entre el 1° de enero y el 31 de diciembre
de 2022.
9. Antes de iniciar con el despacho de energía, XM, al validar los requisitos que
deben cumplir los agentes del mercado, establecidos en el artículo 15 de la
Resolución CREG 157 de 2011, rechazó el registro del contrato CT-002-2019
con el código SIC 39332 (correspondiente a la solicitud realizada para el periodo
2021), mediante el oficio No. 6027-11-20191211007 del 1° de enero de 2021.
10. Ante esta negativa, a través de correo electrónico del 7 de enero de 2021, la
demandante le solicitó a XM que le informara las razones de esa decisión. Esta
petición fue resuelta el 12 del mismo mes, en la que se señaló que la
determinación se adoptó porque Axia se encontraba incursa en un proceso de
limitación de suministro.
11. Por lo expuesto, el 21 de enero de 2021, la EDEQ remitió un aviso de
incumplimiento contractual a Chubb Seguros Colombia S.A.
12. A su vez, el 3 de febrero de 2021, Axia le comunicó a la contratante su decisión
de dar por terminado unilateralmente el referido negocio, con el argumento de
la configuración de una causal de fuerza mayor. Frente a lo anterior, la
accionante respondió que no compartía lo expuesto y que advertía un
incumplimiento del acuerdo CT-002-2019, porque no suministraría la energía a
la que se obligó tanto para el 2021 como para el 2022 y, como consecuencia,
debía pagar lo establecido en literal b) de la cláusula decimocuarta del contrato3.
13. Posteriormente, también en virtud de la solicitud de registro del contrato
presentada el 11 de diciembre de 2019, por oficio No. 1162-11-20191211011
del 1° de enero de 2022, XM rechazó la petición para la vigencia 2022, en tanto
que, en ese momento, debía iniciar la operación de suministro para ese período,
y, por ello, se volvieron a revisar los requisitos previstos para efectuar esa
inscripción del negocio.
14. Como consecuencia de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el literal
b) de la cláusula decimocuarta del negocio, el 28 de noviembre de 2022, la
EDEQ presentó reclamación ante Chubb para que la indemnizara por el
incumplimiento advertido e imputado a Axia, correspondiente al 20% del valor
de la energía adjudicada que se dejó de suministrar multiplicado por el precio
adjudicado actualizado.
3 La misma reza: “DÉCIMA CUARTA: Modificación y Terminación. Además de las causales previstas en la Ley
142 de 1994 y demás disposiciones complementarias sobre modificación y terminación de contratos, el presente
contrato (...) podrá darse por terminado, cuando se presente una de las siguientes circunstancias: (...) b)
Incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, caso en el cual la parte responsable del incumplimiento
cancelará a la otra, el 20% del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar,
por el precio adjudicado actualizado con IPP serie Oferta interna, según aplique, de acuerdo con los topes
horarios contratados; en el caso de que el incumplimiento provenga del CONTRATISTA y este no cancele dicha
suma, EL CONTRATANTE hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del contrato, si lo anterior no
es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual este contrato presta mérito ejecutivo”.
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
Contestaciones de la demanda
15. Axia contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, al considerar que estas
no tenían sustento legal.
16. Para el efecto, propuso la excepción de “ocurrencia de eventos de fuerza mayor
y caso fortuito”, reiterando los argumentos expuestos en el oficio que remitió a
la EDEQ para dar por terminado el contrato, documento en el que indicó que en
el 2019 y 2020 se presentaron desajustes inesperados e irresistibles en la bolsa
de energía, que ocasionaron una volatilidad superior al 200%, lo que desbordó
cualquier proyección y pese a que trató de soportar esa carga, no lo logró y, por
ello, el 30 de enero de 2020 fue retirada del Mercado de Energía Mayorista
(MEM) por disposición del ASIC, situación conocida por todos los agentes
participantes en este sector, incluida la demandante.
17. Así las cosas, señaló que la fuerza mayor se originó con la decisión que la
excluyó del mercado, el 30 de enero de 2020, que se produjo por la afectación
directa de sus finanzas, producto de la volatilidad de los precios en el sector, de
lo cual no pudo recuperarse, por lo que se acogió a un plan de reorganización
empresarial previsto en el Decreto 560 de 2020 y la Ley 1116 de 2006 y esa
suerte la corrieron sus dos vocaciones de servicio, tanto la de generador como
la de comercializador de energía, teniendo en cuenta que eran ejercidas por la
misma sociedad, Axia Energía S.A.S.
18. Sostuvo que la volatilidad de los precios se debió al efecto causado en el MEM
por el retraso del proyecto Hidroituango, que fue un factor exógeno al contrato
suscrito entre las partes, de tal magnitud para el sector, por lo que, incluso, en
el informe del 12 de enero de 2017, dirigido al Consejo Nacional de Operación,
XM resaltó la importancia y el impacto de la entrada en operación de esta planta
sobre los precios de la energía.
19. También propuso las siguientes excepciones: (i) “inexistencia del nexo causal”,
dado que el demandante no probó ni justificó los eventuales daños sufridos con
la falta de ejecución del negocio ni definió el momento de su ocurrencia, así
como tampoco demostró el “grado de culpabilidad del eventual deudor”, es decir,
la relación entre la acción que produjo la afectación y la conducta de la parte
incumplida, más aún cuando la contratante conocía el riesgo de volatilidad de
los precios de la energía, al hacer parte del Grupo EPM, sociedad promotora de
Hidroituango y porque se favoreció al haber adquirido la energía en el 2021 y
2022 con otros proveedores a un menor valor que el contratado; (ii) “ausencia
del perjuicio económico vinculado a la inejecución del contrato de suministro de
energía”, debido a que la demandante solo formuló su ocurrencia de manera
conceptual con sustento en la cláusula penal pactada, sin referirse a la realidad
de la supuesta pérdida económica; y (iii) “limitación de las partes para acudir a
las autoridades en demanda del contrato no ejecutado”, en la medida en que la
cláusula décima octava del acuerdo prevé los mecanismos de solución de
5
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
controversias relacionadas con la fase de ejecución, pero como esta etapa
nunca inició, no era procedente acudir a la administración de justicia 4.
20. Por su parte, Chubb Seguros Colombia S.A. también se opuso a las
pretensiones y alegó la “ausencia de acreditación del incumplimiento imputable
a Axia”, al compartir la configuración de la fuerza mayor por el aumento
desproporcionado del precio de la energía en bolsa y porque, desde el 30 de
enero de 2020, ya se había excluido a la contratista del MEM por XM,
encontrándose en situación de imposibilidad absoluta de cumplir con sus
obligaciones y ello era conocido por los agentes profesionales del sector.
21. Asimismo, propuso la excepción de “ausencia de acreditación de los elementos
indispensables para el reconocimiento de cobertura bajo la póliza de
cumplimiento No. 59802”, al considerar que EDEQ no demostró plenamente la
ocurrencia del siniestro ni la cuantía de las pérdidas, en tanto que, si bien era
evidente que la contratista no suministró la energía acordada, no era claro que
esto se debiera a su voluntad, por cuanto se presentaron circunstancias que
catalogó como imprevisibles e irresistibles que impidieron el cumplimiento de lo
pactado.
22. Adicionalmente, formuló como medios de defensa: “la cobertura de la póliza de
cumplimiento se encontraba limitada en los términos estipulados en las
condiciones de la misma”, “Aplicabilidad de las exclusiones previstas en las
condiciones generales de la póliza” y “la responsabilidad de la aseguradora se
encuentra limitada al valor de la suma asegurada pactada en el contrato de
seguro”, dirigidos a enmarcar el alcance de la cobertura de la póliza, por lo que
indicó que solo en el evento de encontrarse acreditada la responsabilidad de
Axia en los perjuicios ocasionados a la EDEQ y que se resolvieran
desfavorablemente las causales de exclusión alegadas, se le podría condenar
por un máximo de $ 120’632.411,40, al ser este el límite del amparo de
cumplimiento pactado5.
Sentencia de primera instancia
23. El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 5 de diciembre de
2024, declaró el incumplimiento contractual de Axia y accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda en los siguientes términos (se transcribe de forma
literal):
“PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de fondo
formuladas por la sociedad demandada AXIA Energía S.A.S E.S.P,
conforme a lo considerado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDA: DECLARAR probada la excepción de fondo interpuesta por
Chubb Seguros Colombia S.A denominada ‘Aplicabilidad de las exclusiones
previstas en las condiciones generales de la póliza’.
TERCERO: DECLARAR la responsabilidad contractual de la sociedad AXIA
Energía S.A.S E.S.P por incumplimiento del contrato de suministro de
4 Índice electrónico No. 030 de la primera instancia de SAMAI.
5 Índice electrónico No. 026 de la primera instancia de SAMAI.
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
energía y potencia eléctrica Nro. EDEQ CT-002- 2019 suscrito con la
Empresa de Energía del Quindío EDEQ S.A. ESP, conforme a lo expuesto
en la parte considerativa.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA el
reconocimiento y pago de la cláusula penal estipulada en el Contrato EDEQ
CT-002-2019 cláusula décimo Cuarta literal B consistente en el “20% del
valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por
suministrar, por el precio adjudicado actualizado con IPP serie Oferta
Interna, según aplique, de acuerdo con los topes horarios contratados”. Para
lo cual deberá establecerse primero que todo el valor total del contrato que
se obtiene multiplicando la energía contratada por el precio pactado entre
las partes de acuerdo a los días y horas establecido en el anexo del contrato
para los años 2021 y 2022, posteriormente se procede a la actualización de
las sumas de acuerdo al índice de Precios al Producto serie de Oferta
Interna (IPP) de acuerdo con la fórmula Ti= To*(IPPi/PPo) consultando la
cláusula quinta del contrato, después se obtiene el total del valor del contrato
actualizado y se aplica el 20% pactado como cláusula penal pecuniaria.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: NO CONDENAR en costas ni agencias en derecho, por las
consideraciones expuestas.
SÉPTIMO: DAR cumplimiento inmediato a la sentencia una vez en firme.
Además, sobre la suma debida se deberán reconocer intereses moratorios
conforme al art. 192 y 195 del CPACA, y hasta la fecha del pago total y
definitivo. También se deberá indexar la suma de la cláusula penal
pecuniaria resultante como debida, siendo el IPC inicial el vigente al 01 de
enero de 2023 e IPC final el vigente a la fecha de la expedición de la
sentencia”.
24. Previo a abordar la controversia, el a quo precisó que, por la naturaleza de la
EDEQ y según lo pactado por las partes en el contrato CT-002-2019, este se
rigió por el derecho privado y, además, resaltó que su objeto lo enmarcaba como
un típico negocio de suministro, para el caso en concreto, de energía, en los
términos del artículo 968 del Código de Comercio.
25. Posteriormente, el Tribunal señaló que, de conformidad con la jurisprudencia
tanto de esta Corporación como de la Corte Suprema de Justicia, la cláusula
penal pecuniaria se podía pactar como una tasación anticipada de perjuicios
frente al incumplimiento contractual y, ante la ocurrencia de ese evento, no
existía la carga en cabeza del afectado de acreditar el daño y el perjuicio sufrido,
porque las partes, voluntariamente, al suscribir el negocio en esos términos,
aceptaban tal situación y, bajo ese contexto, bastaba con demostrar la omisión
de las obligaciones pactadas en cabeza del deudor para proceder con la
reclamación por ese concepto.
26. Aunado a lo anterior, el Tribunal destacó que la referida cláusula poseía una
naturaleza de carácter anticipativo y que este efecto lo otorgaban quienes
suscribían ese negocio en ejercicio de su autonomía, relevando con ello al
acreedor de referirse a un aspecto distinto al incumplimiento de las obligaciones
de su contraparte. Por ello, concluyó que, en el caso objeto de estudio, no eran
admisibles las excepciones propuestas por Axia sobre la ausencia de prueba de
la afectación padecida por la demandante como un requisito para materializar la
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
consecuencia jurídica de la mencionada disposición que concertaron los
contratantes.
27. En ese orden de ideas, al abordar el incumplimiento endilgado a la contratista,
determinó que este se encontraba demostrado, con sustento en las
comunicaciones expedidas por XM en las que se informó a la EDEQ que Axia
estaba en un proceso de limitación de suministro para los años 2021 y 2022, por
lo que no era posible registrar el contrato CT-002-2019, lo que impidió el
despacho de energía pactado. Esta situación fue confirmada por los testigos a
los cuales se les tomó declaración en la audiencia de pruebas6, al afirmar que
nunca existió la entrega de la energía convenida durante el período acordado, lo
que coincide con lo manifestado por Axia en el interrogatorio de parte que fue
decretado y practicado en el trámite de la primera instancia, en los términos de
los artículos 194 y 198 del Código General del Proceso (CGP).
28. Frente a lo argumentado en relación con la configuración de la fuerza mayor, el
a quo señaló que no se podían catalogar los hechos narrados por la contratista
como imprevisibles e irresistibles porque, según las pruebas obrantes en el
expediente, se evidenciaba que las variaciones en el precio de la energía eran
frecuentes, que presentaban cambios significativos en períodos cortos de tiempo
y esa inestabilidad era la que justificaba que se suscribieran negocios de
suministro a largo plazo y así evitar fluctuaciones fuertes para los usuarios
finales. Indicó que Axia era plenamente consciente de esta situación, por ser una
empresa que participaba activamente en ese mercado, aunado a que esta contó
con al menos un año -tiempo transcurrido entre la suscripción del negocio y la
fecha de inicio de la provisión efectiva de la energía- para adoptar las medidas
necesarias con el fin de cumplir con sus obligaciones. Además, desde el 2018
se conoció que el proyecto hidroeléctrico Hidroituango no entraría en
funcionamiento, es decir, un año antes de celebrarse el contrato CT-002-2019,
por lo que las consecuencias de ese hecho debieron ser previsibles para los
actores de ese sector.
29. De igual forma, el Tribunal encontró que Axia solo se manifestó cuando debía
ejecutar el negocio, por lo que, de pretender dar cumplimiento a este, pudo haber
acudido a lo previsto en el parágrafo 3° de la cláusula decimocuarta del
acuerdo7, para solicitar la revisión de su valor, lo cual también se establece en
el artículo 868 del Código de Comercio. Sin embargo, en el proceso no se
acreditó que se hubiera empleado esa estipulación, como tampoco se demostró
la afectación particular sufrida por la contratista frente a los hechos relacionados
con Hidroituango, ni el alcance de la volatilidad de los costos en el MEM; de
manera que no se encontraba probado el eximente de responsabilidad invocado
y, con ello, reafirmó que el incumplimiento contractual le era imputable a Axia,
por lo que la condenó al pago de la cláusula penal pecuniaria reclamada por la
EDEQ, en los términos estipulados en el negocio.
6 Testificaron dos empleados de la EDEQ, que hicieron parte del equipo auditor del contrato.
7 “PARÁGRAFO 3: Revisión: Cuando se presenten hechos posteriores a la aceptación de la oferta, imprevisibles
o imprevistos, que hagan más gravosa la prestación de futuro cumplimiento de una de las partes, tales como
disposición legal o acto administrativo de carácter superior y de alcance general, entre otras, la parte afectada
solicitará por escrito a la otra una revisión de los términos del contrato, con objeto de restablecer el equilibrio…”.
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
30. También desestimó el argumento de Axia según el cual no era posible poner en
marcha la vía judicial para ventilar la controversia, con sustento en la falta de
ejecución del contrato, dado que precisamente ese hecho era el que habilitaba
a la EDEQ para presentar la reclamación en virtud de lo pactado sobre la
tasación anticipada de perjuicios, independientemente de circunstancias
posteriores y externas, como las invocadas por esta compañía en la contestación
de la demanda frente a los beneficios obtenidos por la demandante al adquirir la
energía con otros proveedores a un menor valor.
31. Frente a las pretensiones dirigidas contra Chubb Seguros Colombia S.A.,
después de revisar la póliza No. 59802, el a quo determinó que una de las
causales de exclusión previstas en ese negocio eran las “sanciones pecuniarias
o económicas de cualquier tipo impuestas al contratista, tales como multas o
cláusulas penales, incluidas en el contrato garantizado las cuales estarán
exclusivamente a cargo del contratista”, con lo cual resultaba evidente la falta de
cobertura respecto de la reclamación presentada por la EDEQ y, por ello,
concluyó que era procedente la excepción formulada sobre este asunto por la
aseguradora en la contestación de la demanda y, como consecuencia, se
abstuvo de condenarla al pago solicitado8.
Recurso de apelación
32. Axia interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primer grado. En ese
documento, previo a exponer sus motivos de inconformidad, advirtió que en la
sentencia se indicó erróneamente que no había presentado alegatos de
conclusión, cuando sí lo hizo, de manera oportuna, a través del canal digital
enunciado en el auto admisorio de la demanda y, en ese sentido, allegó los
soportes de la remisión del mencionado documento.
33. Posteriormente, expuso que en la providencia impugnada se presentó un “falso
juicio de valor sobre la configuración de la fuerza mayor”, debido a que se
desconocieron los elementos constitutivos de esta, según el artículo 64 del
Código Civil y desarrollados en la jurisprudencia de esta Corporación 9, como lo
son la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la exterioridad del hecho, los cuales, a
su juicio, se cumplieron en el caso analizado, porque su retiro del MEM se generó
por un evento ajeno a su voluntad, que no pudo resistir ni prever, producto del
impacto causado por el retraso de la entrada en funcionamiento del proyecto
Hidroituango, lo que afectó sus finanzas.
34. De otra parte, indicó que hubo una “omisión en el análisis de la inejecución
contractual” por parte del Tribunal de primera instancia, dado que no valoró
adecuadamente que el contrato CT-002-2019 nunca se ejecutó, lo cual tenía
incidencia en el análisis efectuado para resolver la controversia. Señaló que, de
conformidad con lo pactado en la cláusula decimoctava del negocio, cualquier
8 Índice electrónico No. 058 de la primera instancia de SAMAI.
9 En el recurso se refiere a una sentencia del 5 de agosto de 2020, que identificó con el radicado 68001-23-33-
000-2011-00683-01; sin embargo, después de consultar la plataforma SAMAI y el sistema de búsqueda de
jurisprudencia, no se encontró una providencia que coincida con estos datos.
9
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
controversia sobre su ejecución debía ser precedida por mecanismos de arreglo
directo antes de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los
cuales no fueron agotados por la demandante, lo que constituyó una omisión
que consideró como sustancial por parte de la EDEQ y afectaba la procedencia
de sus pretensiones, dado que se desconocieron “etapas precontractuales” y,
de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación ese hecho incidía en
la viabilidad de las acciones judiciales interpuestas posteriormente, lo cual
resultaba aplicable al caso analizado.
35. Alegó la “ausencia de pruebas sobre los perjuicios reclamados”, toda vez que el
demandante no demostró con certeza la existencia de perjuicios reales,
tangibles y cuantificables derivados de la inejecución del contrato. Sostuvo que
la jurisprudencia reitera que la carga probatoria de estos corresponde a quien
los reclama10, pero que, en el caso objeto de análisis, no se presentaron pruebas
para acreditarlos, y resaltó que la cláusula penal invocada no podía sustituir la
demostración de los daños11.
36. Adicionalmente, manifestó que se produjo un “desconocimiento del límite de
responsabilidad de la aseguradora”, dado que en la decisión adoptada en
primera instancia se pasaron por alto las exclusiones y límites establecidos en
la póliza No. 59802 otorgada por Chubb12.
37. Finalmente, sostuvo que se evidenció un “incumplimiento bilateral del contrato”
constatado con los testimonios rendidos por los funcionarios de la EDEQ, los
cuales daban cuenta de que la demandante desatendió las prestaciones a su
cargo, pues no comunicó por escrito las diferencias suscitadas con Axia, ni le
concedió el término de 30 días para buscar una solución o arreglo directo, como
lo exigía la cláusula decimoctava del contrato CT-002-2019, lo que impedía que
ahora se reclamaran los efectos de la cláusula penal pecuniaria, según lo
dispuesto en el artículo 1609 del Código Civil13.
Trámite relevante en segunda instancia
38. Tanto la demandante como Axia presentaron escritos que denominaron alegatos
de conclusión en segunda instancia; mientras que Chubb y el Ministerio Público
guardaron silencio.
39. La EDEQ insistió en que la contratista incumplió con el suministro de energía
acordado, por lo que era procedente la condena impuesta frente al pago de la
cláusula penal pecuniaria, con sustento en los argumentos señalados en la
10 Para sustentar esta afirmación citó una sentencia del 14 de febrero de 2018, que identificó con el radicado
No. 25000-23-26-000-2002-00676-01, pero después de revisar el aplicativo SAMAI y de consultar en el
buscador de jurisprudencia de la Corporación, no se encontró alguna providencia que coincida con esos datos.
11 Al respecto, indicó como referencia una sentencia del 29 de septiembre de 2011, con el rad. 11001-03-26-
000-2001-00074-01. Si bien en el buscador de jurisprudencia de la Corporación se identificó la existencia del
proceso mencionado, el cual correspondió a un recurso extraordinario de revisión y fue archivado el 7 de
noviembre de 2002, por lo que no se encuentra registrada la decisión invocada.
12 Frente a los límites de las obligaciones del asegurador, citó una sentencia del 21 de junio de 2016, con el
radicado No. 05001-23-33-000-2003-00248-01; sin embargo, no se encuentra esta providencia ni en la
plataforma SAMAI ni en el buscador de jurisprudencia de la Corporación.
13 Índice electrónico No. 061 de la primera instancia de SAMAI.
10
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
demanda. Además, precisó que se agotó la etapa de negociación directa
pactada en la cláusula decimoctava del negocio, lo que estaba acreditado con
las comunicaciones cruzadas entre las dos empresas remitidas del 3 de febrero
al 19 de mayo de 2021. Precisó que esta no era una obligación que se debiera
cumplir para acudir a la jurisdicción, por lo dispuesto en el artículo 13 del CGP
y, de otra parte, resaltó que, de acuerdo con el artículo 1599 del Código Civil, no
era necesario probar los perjuicios para hacer exigible la pena14.
40. Por su parte, Axia reiteró los cargos expuestos en su recurso de apelación15.
41. El proceso ingresó al Despacho para dictar sentencia el 23 de abril de 202516.
CONSIDERACIONES
42. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad que invalide lo
actuado y se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales relativos
a la jurisdicción, competencia, ejercicio oportuno de la acción, legitimación en la
causa y también los requisitos de la demanda en forma, la Sala procede a decidir
la segunda instancia de la presente litis.
43. Así, la Subsección abordará los siguientes asuntos: (i) el objeto del recurso de
apelación y los problemas jurídicos que se estudiarán; (ii) dado que el Tribunal
afirmó que Axia no presentó alegatos de conclusión, lo que ésta advirtió en su
apelación, ello se desarrollará como cuestión previa, así como el alcance de
dicha circunstancia; (iii) las consideraciones jurídicas relevantes para adoptar la
decisión; (iv) la solución que corresponda al caso concreto; (v) la viabilidad, en
este grado, de extender la condena proferida por el Tribunal; (vi) las
conclusiones; y (vii) el análisis de la procedencia de la condena en costas.
El objeto del recurso de apelación y los problemas jurídicos que se resolverán
44. En esta instancia, a la Sala le corresponde pronunciarse sobre los reparos
concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de
primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad
quem, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa17.
45. Así las cosas, la Sala abordará los siguientes tópicos planteados en el recurso,
y estudiará si los mismos cuentan con la carga argumentativa suficiente para
constituir cargos de apelación: (i) el falso juicio de valor efectuado en la sentencia
de primera instancia en cuanto a los elementos constitutivos de la fuerza mayor;
14 Índice electrónico No. 014 de SAMAI.
15 Índice electrónico No. 009 de SAMAI.
16 Índice electrónico No. 019 de SAMAI.
17 Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación del 6 de
abril de 2018, consideró: “Si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para
revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya
referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador
de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una
decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia
de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su
inconformidad con la providencia censurada” (se destaca). Expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas
Betancourth.
11
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
(ii) la omisión en la que habría incurrido el a quo frente al análisis de la
inejecución contractual; (iii) el supuesto incumplimiento bilateral del contrato; (iv)
la ausencia de pruebas sobre los perjuicios reclamados; y (v) el desconocimiento
del límite de responsabilidad de la aseguradora.
46. En este orden de ideas, los problemas jurídicos a resolver son los siguientes: (i)
¿el Tribunal incurrió en un falso juicio de valor en cuanto a los elementos
constitutivos de la fuerza mayor, al desestimar que el retiro del mercado de Axia
configuraba dicha circunstancia?; (ii) ¿el a quo omitió referirse a la inejecución
del contrato, al no valorar adecuadamente la cláusula decimoctava atinente a los
mecanismos para resolver las diferencias entre las partes en el marco de la
ejecución del acuerdo?; (iii) ¿el fallo apelado prescindió de la valoración de que
la EDEQ debió agotar la negociación directa con Axia, prevista en la cláusula
decimoctava, como un requisito para interponer la demanda, y ello impedía el
reconocimiento de la cláusula penal?; (iv) ¿en la sentencia cuestionada se pasó
por alto la ausencia de pruebas sobre los perjuicios reclamados, lo cual no se
satisfacía con la pretensión de cobro de la cláusula penal pecuniaria?; y (v) ¿en
la providencia impugnada se desconocieron las exclusiones previstas en la
póliza otorgada por la aseguradora?
Cuestión previa: sobre los alegatos de conclusión de primera instancia
47. En primera medida, es necesario pronunciarse sobre lo manifestado por Axia en
su apelación, en cuanto a que, según la sentencia de primera instancia, dicha
sociedad no presentó alegatos de conclusión (en el acápite correspondiente, se
señaló que “guardó silencio”).
48. Al respecto, resulta importante precisar que la contratista no formuló esta
circunstancia como un motivo de la apelación, ni señaló que con ello se le
hubiese vulnerado derecho alguno, dado que solo se refirió al tema para anotar
la situación. En ese sentido, no explicó de qué forma dicha eventualidad habría
impactado la decisión de primer grado, en cuanto a la omisión de argumentos
específicos o la alusión a hechos modificativos o extintivos que se hubiesen
invocado en esa oportunidad. Aun cuando Axia señaló en sus denominados
alegatos de segunda instancia que esta circunstancia “constituye un
desconocimiento del principio del debido proceso y priva a esta parte del derecho
de defensa”, tampoco detalló la razón de su dicho, y, en todo caso, esta no es la
oportunidad para ampliar o mejorar las disquisiciones que debieron realizarse en
el recurso de apelación. Como consecuencia de ello, al margen de que el escrito
de cierre haya sido o no presentado, no hay lugar a abordarlo como un reproche,
al no ser un cargo de la impugnación.
49. De otro lado, la señalada situación tampoco se alegó como una causal de
nulidad procesal, en los términos del artículo 135 del CGP18, pues no se invocó
18 “ARTÍCULO 135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. La parte que alegue una nulidad deberá tener
legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.
12
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
ninguna de las hipótesis dispuestas en el artículo 133 del mismo estatuto19 para
tal efecto. Incluso si se interpretara bajo esta lógica, la eventual nulidad fue
saneada por lo previsto en el numeral 1 del artículo 136 ibidem, al no formularse
oportunamente y dado que el apoderado siguió actuando en el trámite del
recurso adelantado en esta instancia20, al allegar memorial que nombró como
“alegatos de conclusión de segunda instancia”.
Sobre el alegado falso juicio de valor efectuado por el Tribunal en cuanto a los
elementos constitutivos de fuerza mayor
50. El primer cargo de la recurrente es que en la providencia impugnada se presentó
un falso juicio de valor sobre la configuración de la fuerza mayor, al
desconocerse sus elementos constitutivos, porque, a su parecer, estos se
cumplían en el caso. Para ello, reiteró lo expuesto en la contestación de
demanda, en cuanto a que sus finanzas se vieron afectadas por la no entrada
en funcionamiento del proyecto Hidroituango, lo que la llevó a incumplir con los
requisitos exigidos para continuar como agente en el MEM y que,
consecuencialmente, le impidió honrar sus obligaciones con la EDEQ.
51. Frente a lo anterior, es necesario tener en cuenta que, a la luz del artículo 328
del CGP, la competencia del superior al desatar la apelación está circunscrita a
“pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante”. A lo
anterior se suma que, conforme al artículo 320 ejusdem: “El recurso de apelación
tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante”, de forma que
cualquier cuestión diversa a las planteadas en la alzada no puede ser objeto de
No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como
excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el
proceso sin proponerla” (se subraya).
19 “ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido
o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión,
o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado
judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto
admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida,
pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma
establecida en este código.
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece”.
20 “ARTÍCULO 136. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. La nulidad se considerará saneada en los siguientes
casos:
1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla”.
13
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
pronunciamiento por el ad quem, sin perjuicio de aquellos asuntos que deban
resolverse de forma oficiosa.
52. Al respecto, la Sala encuentra que en la sentencia de primera instancia se
desarrolló ampliamente el tema y se desvirtuaron las condiciones de
irresistibilidad e imprevisibilidad del hecho que se consideró como constitutivo
de la causal de exoneración de responsabilidad, al resaltar que la contratista: (i)
conocía el mercado y la volatilidad de los precios de la energía; (ii) contó con el
tiempo suficiente para adoptar medidas tendientes a evitar el incumplimiento
contractual o para pedir la revisión del acuerdo; y (iii) pasó por alto que las
dificultades del proyecto Hidroituango se conocieron desde 2018 y el negocio
con EDEQ se suscribió en el 2019. También se advirtió que no se aportaron
pruebas para acreditar la afectación particular que le hubiese impedido a Axia
cumplir con lo pactado.
53. En el recurso de apelación, Axia no desarrolló el falso juicio de valor al que se
refirió, en función de los elementos de “imprevisibilidad, irresistibilidad y
exterioridad” que caracterizan a la causal eximente de responsabilidad de fuerza
mayor21. Como se reseñó, la apelante solo alegó que el retiro de dicha empresa
del mercado de energía “se debió a un evento externo, imprevisible e irresistible:
el impacto causado por el retraso y posterior fracaso del proyecto Hidroituango”.
No obstante, la recurrente no identificó qué elementos de prueba respaldan su
dicho en cuanto a este punto, ni relacionó lógicamente este tópico con el
razonamiento que adelantó el Tribunal en primera instancia.
54. Lo mismo sucede con el argumento relativo a la afectación de la capacidad
financiera de Axia derivada de ese hecho, al sostener solamente que ello fue
“una situación que excedía su control y que fue comunicada oportunamente a la
demandante”. Sobre ello, nuevamente, no se detallaron qué piezas dan cuenta
de la irresistibilidad de estos hechos, ni de la forma en que ello truncaría el
raciocinio del Tribunal.
55. En ese sentido, la apelante omitió precisar los argumentos que no comparte de
manera particular frente al fallo impugnado. Además, se observa que el a quo
abordó cada una de las razones que expuso esta sociedad en la contestación
de la demanda relacionadas con la configuración de la fuerza mayor. Ante
situaciones como esta, la Sala ha señalado que, de advertirse la falta de
sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, el
superior jerárquico deberá confirmar el fallo apelado, sin evaluar el fondo del
asunto en razón a los raciocinios deficientes que formuló el apelante 22. Por este
motivo, se resuelve de manera negativa el primer problema jurídico planteado.
21 Se reitera que, como soporte de su dicho, la apelante se refirió a una sentencia del 5 de agosto de 2020 que
identificó con el radicado 68001-23-33-000-2011-00683-01, la cual no se encuentra registrada en los sistemas
de consulta de esta jurisdicción y de la Rama Judicial.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del
19 de junio de 2020. Rad. 25000-23-26-000-2012-00979-01 (49572), C.P. María Adriana Marín, reiterada en la
sentencia del 12 de julio de 2024, Rad. 13001-23-33-000-2015-00015-01 (70.692), C.P. Fernando Alexei Pardo
Flórez.
14
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
Sobre la supuesta omisión en el análisis de la inejecución del contrato
56. En este punto, la apelante sostuvo que: “El Honorable Tribunal no valoró
adecuadamente que el contrato EDEQ CT-002-2019 nunca fue ejecutado”, y, a
continuación, reiteró que “cualquier controversia sobre su ejecución debe ser
precedida por mecanismos de arreglo directo, tales como negociaciones o
conciliaciones, los cuales no fueron agotados por la demandante”. A juicio de la
Sala, este cargo debe interpretarse en función de lo argumentado en la
contestación de Axia, en la que se enfatizó en que el contrato de suministro de
energía no fue ejecutado por las partes.
57. Frente a este cargo, resulta importante destacar que, en su formulación, la
recurrente incurrió en una contradicción. Inicialmente, señaló -escuetamente-
que el contrato no se ejecutó (y que el Tribunal no tuvo en cuenta esta situación),
lo cual tornaría inaplicable la citada disposición contractual, dado que ésta
dependería, precisamente, de que la controversia versara sobre una diferencia
relacionada con la ejecución del negocio. Sin embargo, en el mismo escrito,
reprochó que Tribunal Administrativo del Quindío no valoró adecuadamente la
cláusula decimoctava del contrato CT-002-2019, referida a la solución de
controversias presentadas en el marco de la ejecución del negocio, al no tomar
en cuenta que no se agotaron los mecanismos de arreglo directo previstos en
dicha disposición negocial, lo que, en su criterio, impediría poner en marcha el
aparato judicial. Sobre este último punto, refirió que las discrepancias surgidas
entre las partes en esa fase del acuerdo -esto es, la de ejecución- debían estar
precedidas de un trámite de arreglo directo, previsto en la señalada estipulación,
sin que fuese posible acudir al juez del contrato antes agotar ese requerimiento,
lo que evidentemente resulta incompatible con la posición según la cual el
acuerdo no se ejecutó.
58. No obstante, la Subsección estudiará el primer reparo, esto es, la omisión en la
que supuestamente incurrió el a quo frente a la inejecución del contrato. La
segunda parte del cuestionamiento, atinente a la ausencia de agotamiento de la
etapa de arreglo directo, se analizará en el siguiente acápite.
59. Al revisar la sentencia impugnada, se encuentra que el Tribunal se pronunció de
forma expresa frente a este hecho, al señalar que la falta de ejecución del
negocio era lo que habilitaba a la EDEQ para acudir a la vía judicial para resolver
la controversia surgida entre las partes, es decir, no existió una omisión sobre
ese asunto23.
60. Ahora bien, es pertinente señalar que, en la cláusula primera (“antecedentes”),
las partes dispusieron que el suministro de energía sería “para los meses
comprendidos entre el 1°de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022”, pero
23 Sobre ello, se valoró que: “Al respecto también obra prueba testimonial que da cuenta que nunca se recibió
la energía convenida tal y como lo sostuvieron en audiencia pública los testigos (…) quienes depusieron sobre
las condiciones del mercado y también afirmaron que en efecto nunca existió el suministro de la energía y
potencia por parte de la demandada AXIA SAS para los años 2021 y 2022”, y que “en interrogatorio de parte
efectuado al representante legal de AXIA S.A.S E.S.P este confesó que no se suministró la energía pactada en
el contrato CT-002-2019 para los años 2021 y 2022”.
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
que, “en todo caso, la fecha de inicio del contrato será la fecha de registro, de
acuerdo con la regulación vigente en el momento del registro”. Ello debe
entenderse sin perjuicio de la obligación que nació en cabeza de EDEQ de
encargarse del registro del contrato ante el ASIC (parágrafo de la cláusula
décima), de forma que el señalado “inicio” correspondía a la prestación principal
acordada. Asimismo, en la cláusula vigesimocuarta del acuerdo CT-002-2019
(referida al perfeccionamiento y ejecución del contrato24), se previó que “una vez
aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que
no dependen de la firma del contrato” y que “el registro operará como requisito
para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC”. En ese sentido, las partes
reconocieron que el acuerdo de voluntades nació a la vida jurídica, según las
normas del Código de Comercio, con la aceptación de la oferta presentada por
Axia, y a partir de ese momento surgieron las obligaciones contractuales,
mientras que la ejecución de la transmisión de energía estaba supeditada al
registro ante la ASIC (se trató, entonces, de dos eventos separados e
independientes). De igual manera, se estipuló que, de no ser posible el registro
del acuerdo por causas imputables al contratista, se haría efectiva la garantía de
cumplimiento, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de los perjuicios causados (conforme al literal (a) del parágrafo
de la cláusula décima25).
61. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la ejecución de la obligación principal
del negocio no había iniciado, como consecuencia de la imposibilidad de realizar
el registro llevado por XM, motivado por las acciones y omisiones imputables a
Axia, el contrato se perfeccionó, incluso, desde la aceptación de la oferta. Así,
no se advierte que se haya desvirtuado lo considerado por el a quo, en cuanto a
que se configuró un incumplimiento contractual, no solo porque el suministro de
energía pactado nunca ocurrió, sino también por los hechos que originaron la
negativa de inscripción del negocio, por lo que no es posible compartir lo
argumentado por la contratista frente a la supuesta imposibilidad de acudir a la
jurisdicción para demandar esa desatención de las actividades a su cargo en
virtud de lo estipulado en la cláusula decimoctava, con sustento en la inejecución
alegada. Como se desarrollará en el siguiente apartado, las partes pueden iniciar
las actuaciones pertinentes ante el juez natural del contrato para solucionar las
controversias que surjan en desarrollo de lo pactado, sin que la alegada
inejecución negocial pueda ser enrostrada en perjuicio de ello.
62. En este punto, la apelante invocó como sustento de su dicho la sentencia del 17
de octubre de 2023, identificada con el radicado No. 76001-23-31-000-2012-
00560-01, proferida por esta Corporación. Una vez examinada esa providencia,
24 “VIGÉSIMA CUARTA: Perfeccionamiento y Ejecución del Contrato. De acuerdo con el Código de
comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no
dependen de la firma del contrato, y queda claro que el registro operará como requisito para su control,
inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL CONTRATISTA ha cumplido con todas las
obligaciones propias de la etapa contractual”. Índice electrónico No. 005 de la primera instancia de SAMAI.
25 “PARÁGRAFO: a) (…) Si por cualquier causa imputable a EL CONTRATISTA el contrato no se puede
registrar o no se puede despachar durante su ejecución se hace efectiva la Garantía de cumplimiento que
ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causadas
a las mismas y no cubiertos por el valor de la Garantía de Cumplimiento”. Índice electrónico No. 005 de la
primera instancia de SAMAI.
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
se observa que, en la misma, se resolvió una controversia por el incumplimiento
en un contrato de suministro de energía, en la cual se presentaron algunos
supuestos fácticos similares al caso que ahora se analiza, en la medida que
también se produjo el retiro del mercado de una de las contratantes, lo que
impidió que cumpliera con el objeto del negocio. No obstante, no se evidencia
que en esa decisión se aborde el estudio del desconocimiento de las “etapas
precontractuales” y su efecto en las acciones judiciales procedentes para ventilar
los desacuerdos surgidos del negocio, lo que impide tomarla como sustento
válido del reproche que se formula.
63. Así las cosas, el segundo problema jurídico se resuelve de manera negativa.
Sobre la alegada necesidad de agotar los mecanismos de arreglo directo para
acudir a la jurisdicción
64. Para abordar el problema jurídico planteado, resulta necesario analizar la
cláusula decimoctava del contrato CT-002-2019, con el fin de determinar el
alcance de esa estipulación y su incidencia sobre la decisión adoptada en
primera instancia. Dicho apartado se pactó en los siguientes términos:
“DÉCIMA OCTAVA: Ley del Contrato y Controversias: Para todas las
diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución del
presente contrato, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales
como la negociación directa, o la conciliación, esto durante un término de
hasta 30 (treinta) días calendario, contados a partir del día siguiente a aquél
en que una de las partes comunique a la otra por escrito la diferencia, si no
se producen acuerdos las partes acudirán a la jurisdicción contractual”26.
65. Como se observa, esta pauta se refiere a los mecanismos con los que contaban
las partes para solucionar las controversias surgidas en el marco de la ejecución
del negocio. Como se expuso en el anterior acápite, en este caso la fase de
arreglo directo no inició, pues no se logró, siquiera, registrar el acuerdo ante el
ASIC. En ese sentido, esta estipulación no resulta aplicable de entrada para
resolver el presente asunto, es decir, no era necesario agotar el procedimiento
del arreglo directo para demandar ante el juez natural del contrato. La recurrente,
inclusive, aludió a lo anterior en su recurso (aunque de forma escueta) para
señalar que el Tribunal no valoró que el contrato nunca fue ejecutado.
66. No obstante, la Sala considera que esta no es la única razón para llegar a esa
conclusión. Recuérdese que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del
CGP27, las normas procesales son de orden público y estas no podrán
derogarse, modificarse o sustituirse, salvo autorización legal, razón por la cual
los acuerdos que suscriban las partes en los que se incluya el agotamiento de
26 Índice electrónico No. 005 de la primera instancia de SAMAI.
27 “ARTÍCULO 13. OBSERVANCIA DE NORMAS PROCESALES. Las normas procesales son de orden público
y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o
sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.
Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a
cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. El acceso a la justicia sin haberse agotado
dichos requisitos convencionales, no constituirá incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen
establecido, ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda.
Las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo se tendrán por no escritas”.
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Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
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requisitos de procedibilidad para acceder a la justicia no serán de obligatoria
observancia, ni su desatención constituirá un incumplimiento del negocio jurídico
en donde se hubiere pactado.
67. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-602 de 2019, declaró la
exequibilidad de esta disposición al ratificar que “las estipulaciones de las partes
que surjan de la autonomía de su voluntad podrían solo producir efectos entre
estas, en la medida en que deseen honrarlas y asumir su cumplimiento. Pero si
llegaran a establecerse como requisito de procedibilidad para acceder a la
justicia no son de obligatoria observancia, y su inobservancia no constituirá
incumplimiento del negocio jurídico”. Como síntesis de lo anterior, explicó:
“La Sala Plena señaló que, si bien la autonomía de la voluntad privada es un
principio que comprende la decisión de contratar la clase de negocio jurídico, el
contenido del mismo u objeto y con quién se pacta, así como la potestad de
elegir los mecanismos jurisdiccionales o alternativos para dirimir los conflictos
que surgen en la relación contractual, dicho postulado encuentra límites en las
normas procesales de orden público. Sobre este aspecto, sostuvo que las partes
de un negocio jurídico no están facultadas para fijar, crear o convenir requisitos
de procedibilidad para acceder a los operadores de justicia, pues ello
comprometería el espacio de configuración del Legislador y, en tal sentido, los
contratantes no pueden fijar el agotamiento de presupuestos o mecanismos para
acudir a la jurisdicción a través de la diversidad de sus operadores, porque se
estaría obstruyendo el acceso a la administración de justicia”28.
68. Esta postura es concordante con el criterio adoptado por la Sección Tercera de
esta Corporación de tiempo atrás, en cuanto a que el agotamiento previo de una
determinada etapa de arreglo directo “no sería más que la consignación de un
requisito o presupuesto de procedibilidad no previsto en las normas procesales,
para cuyo efecto no se encuentran facultadas las partes”. Al estudiar la
aplicabilidad de dichas cláusulas, se ha establecido que esa exigencia
“constituiría un obstáculo inadmisible para que cada parte pudiere ejercer su
correspondiente derecho fundamental de Acceso a la Administración de Justicia,
consagrado en el artículo 229 constitucional”29, pauta que es plenamente
aplicable al presente litigio.
69. Ello implica que, en el caso analizado, aunque la controversia se presentara en
la fase de ejecución (de haber iniciado), no era necesario promover el
procedimiento previsto para llevar a cabo el arreglo directo como presupuesto
para acudir a la administración de justicia. En ese sentido, la manifestación
según la cual “si no se producen acuerdos las partes acudirán a la jurisdicción
28 Sentencia C-602 de 2019.
29 Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 11001-03-26-000-2006-00029-00(32871), C.P. Mauricio Fajardo
Gómez. Aun cuando dichas consideraciones se dieron en el marco de un recurso extraordinario de anulación
de laudo arbitral, las conclusiones allí plasmadas son plenamente aplicables a este caso, comoquiera que
versan sobre el pacto de requisitos para acceder a la administración de justicia. La Sala recalca que esta
providencia fue referenciada de forma imprecisa por la Corte en la Sentencia C-602 de 2019, pero constituyó
un criterio adicional para declarar la exequibilidad del artículo 13 del CGP previamente citado. Esa postura ha
sido compartida por esta Sección en sede de anulación de laudo arbitral, al señalar que “no haberse cumplido
los trámites o procedimientos previos a la convocatoria del tribunal acordados en el pacto arbitral no configura
la causal 3ª de anulación (…), pues, tal como ha quedado expuesto, no agotar la negociación directa, la
conciliación o la amigable composición con anterioridad a la integración del tribunal respectivo no limita o impide
el derecho de acceso a la administración de justicia” (sentencia del 2 de agosto de 2023, exp. 69.475, C.P.
Nicolás Yepes Corrales).
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Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
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contractual” no puede aplicarse en detrimento del derecho que asiste, en este
caso, a la entidad contratante, para elevar sus pedimentos ante la administración
de justicia.
70. Asimismo, como lo señala la norma en cita, de ser aplicable la cláusula
decimoctava a este caso, el hecho de que la EDEQ omitiera acudir al mecanismo
de solución directa entre las partes no constituyó una transgresión de las
obligaciones del negocio, con lo que se desvirtúa el supuesto incumplimiento
bilateral que, según Axia, impedía la obtención de la indemnización de perjuicios
pretendida en la demanda. Por este motivo, el tercer problema jurídico también
se resuelve de manera negativa.
Sobre la aludida ausencia de pruebas de los perjuicios reclamados
71. En el recurso de apelación, Axia manifestó que no se allegaron pruebas sobre
los perjuicios reclamados, al señalar que la EDEQ no demostró con certeza su
causación, producto de la inejecución del negocio (sostuvo que la accionante
“no demostró con certeza la existencia de perjuicios reales, tangibles y
cuantificables derivados de la inejecución del contrato”). Así, reiteró que la carga
probatoria recaía en quien la alegaba e indicó que la cláusula penal invocada no
podía sustituir la demostración de los daños.
72. Al respecto, la Subsección evidencia que el Tribunal de primera instancia
caracterizó la cláusula penal pecuniaria y diferenció su alcance, dependiendo de
lo acordado por las partes frente a su efecto, para determinar que, en el caso
analizado, este pacto tenía una naturaleza anticipativa, al ser concebida como
una tasación previa de perjuicios y, por ello, lo único que tenía que probar el
acreedor era el incumplimiento de las obligaciones de su contraparte para poder
hacer efectivo su cobro, a la luz del artículo 1599 del Código Civil: “Habrá lugar
a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda
alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio
al acreedor o le ha producido beneficio”.
73. En ese sentido, en la providencia cuestionada no solo se precisó el alcance de
lo estipulado por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, sino que
se aclaró que la consecuencia jurídica de ese pacto relevaba a la contratante de
probar los perjuicios sufridos que ahora reclama, así como su monto, sin que en
la impugnación se cuestionaran los argumentos expuestos por el a quo sobre
ese asunto. Así, se advierte que la recurrente no cumplió con la carga
argumentativa para soportar su desacuerdo, con lo cual no logró desvirtuar las
conclusiones adoptadas respecto del alcance de la cláusula penal pecuniaria
acordada y, por tanto, para efectos de determinar la procedencia del pago de
esa tasación anticipada de perjuicios no resulta determinante el estudio de la
acreditación de esta afectación económica. Aun cuando la apelante aseveró que:
“La cláusula penal invocada no puede sustituir la prueba efectiva de los daños”,
únicamente referenció, como aparente sustento, una sentencia del 29 de
septiembre de 2011, con el radicado 11001-03-26-000-2001-00074-01, pero
dicha providencia, según se observó, no existe conforme a los sistemas de
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Referencia: Controversias contractuales
registro de esta Corporación30. Por ello, el cuarto problema jurídico se resuelve
de manera negativa.
Sobre el supuesto desconocimiento de las exclusiones previstas en la póliza
otorgada por la aseguradora
74. El último cargo formulado por Axia se enmarcó en lo que consideró como una
omisión por parte del Tribunal, debido a que, según afirmó, en la providencia se
desconocieron las exclusiones y límites establecidos en la póliza No. 59802
otorgada por Chubb para asegurar el cumplimiento del contrato CT-002-2019.
Concretamente, sostuvo que: “En este caso, la póliza excluye expresamente
sanciones pecuniarias como la cláusula penal, lo que fue pasado por alto en la
decisión de primera instancia”.
75. La Subsección evidencia que, en la contestación de la demanda presentada por
la aseguradora, esta formuló como excepción la aplicabilidad de las exclusiones
previstas en el contrato que amparó el negocio de suministro de energía. A la
luz de ello, contrario a lo afirmado por la recurrente, el a quo sí abordó el estudio
de esta materia e indicó que, en el caso particular, aplicaba la hipótesis prevista
en la póliza relacionada con las sanciones pecuniarias o económicas de
cualquier tipo impuestas al contratista, tales como multas o cláusulas penales y,
con base en ello, se abstuvo de condenarla al pago de lo previsto en la cláusula
penal pecuniaria.
76. Tampoco es viable concluir que la existencia de esa exclusión impidiese a EDEQ
cobrar la cláusula penal a Axia, pues la previsión de la póliza aplica únicamente
para solicitar su indemnización a la aseguradora, pero no permite, de ninguna
forma, invalidar lo pactado libremente por las partes en el contrato en cuanto a
dicha penalidad. Como lo reconoce la apelante31, las obligaciones del
asegurador están restringidas a los términos previstos en el contrato de seguro,
de manera que no existía otra posibilidad distinta a exonerar a Chubb por ese
concepto.
77. Con base en lo expuesto, no existe fundamento para acoger lo indicado por la
contratista. Por este motivo, el quinto interrogante se contesta de manera
negativa.
Sobre la actualización de la condena impuesta en primera instancia
78. En vista de lo expuesto, se impone confirmar la sentencia de primer grado, en
cuanto a la declaratoria de incumplimiento atribuible a Axia y a la condena
impuesta a ésta por concepto de cláusula penal pecuniaria. Frente a este último
punto, se destaca que el a quo no detalló una suma específica, sino que estipuló
30 Conforme a lo advertido (nota al pie 11 supra), en el buscador de jurisprudencia de la Corporación se identificó
la existencia del proceso mencionado, el cual correspondió a un recurso extraordinario de revisión y fue
archivado el 7 de noviembre de 2002, por lo que no se encuentra registrada la decisión invocada por la
demandada.
31 Se reitera que la sociedad citó una sentencia del 21 de junio de 2016, con el radicado No. 05001-23-33-000-
2003-00248-01, providencia que no se encuentra en la plataforma SAMAI ni en el buscador de jurisprudencia
de la Corporación.
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los parámetros para su cálculo conforme a lo previsto en la cláusula
decimocuarta, literal B, del contrato, en concordancia con la cláusula quinta del
mismo instrumento.
79. En ese sentido, se torna inviable la aplicación del artículo 283 del CGP, según
el cual: “El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto
hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte
beneficiada con ella no hubiese apelado”. Sin embargo, también se advierte que,
para el cumplimiento, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 284
ejusdem, según el cual: “La actualización de las condenas a pagar sumas de
dinero con reajuste monetario, en el lapso comprendido entre la fecha de la
sentencia definitiva y el día del pago, se hará en el momento de efectuarse este”,
a su vez, tomando en consideración que: “Las condenas al pago o devolución
de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de
Precios al Consumidor”, conforme al artículo 187 del CPACA.
Conclusiones
80. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección confirmará la
sentencia de primera instancia, recapitulando que:
81. La no consideración de los alegatos de conclusión en la sentencia de primera
instancia no se formuló como un cargo de la apelación, al no haberse explicado
la forma en que esa omisión habría impactado la decisión. Esa circunstancia
tampoco se planteó como una causal de nulidad procesal, la cual, en todo caso,
habría resultado saneada por la actuación posterior de la parte.
82. La apelante no detalló en qué aspectos radicó el supuesto yerro del Tribunal en
torno a la valoración de los elementos constitutivos de fuerza mayor, ni precisó
en qué pruebas se sustenta su dicho sobre este asunto.
83. La ausencia de ejecución del contrato no puede ser esbozada como un
argumento para alegar la imposibilidad de acudir a la jurisdicción. De
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del CGP, las estipulaciones que
pacten las partes en las que se establezca el agotamiento de requisitos de
procedibilidad para acceder a la jurisdicción no son de obligatoria observancia,
y su desatención no constituye un incumplimiento del negocio en el cual se haya
suscrito este acuerdo. Por ello, en el caso sub examine, el hecho de que no se
hubiese agotado la etapa de arreglo directo entre las partes no modifica la
decisión en cuanto a la procedencia de la condena al pago de la cláusula penal
pecuniaria.
84. La apelante no desestimó la conclusión del Tribunal en torno a la aplicabilidad
de la cláusula penal, en cuanto a que la demostración del incumplimiento de las
obligaciones permite el cobro de su monto sin requerir de demostración adicional
de los perjuicios sufridos por esa circunstancia.
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Referencia: Controversias contractuales
85. El Tribunal no desconoció las exclusiones previstas en la póliza y, por el
contrario, las tuvo en cuenta para absolver de responsabilidad a la aseguradora
por la condena atinente al pago de la cláusula penal.
Condena en costas
86. De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, modificado por la
Ley 2080 de 2021, y según lo establecido en el numeral 3 del artículo 365 del
CGP: “En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de
primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”. De
igual forma, el numeral 8 ejusdem prevé que: “Solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
87. En ese orden de ideas, como en este caso se confirmará en todas sus partes la
sentencia impugnada, se condenará en costas en esta instancia a la recurrente,
es decir, a Axia Energía S.A.S., las cuales serán liquidadas por el Tribunal de
origen, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP32.
88. En cuanto a las agencias en derecho, éstas se causaron, teniendo en cuenta el
tiempo de duración del proceso y los deberes que su trámite implicó. Así, de
conformidad con el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura (vigente para la fecha en que se presentó la demanda),
estas se fijarán en 1 salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta
providencia33, en favor de la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P., quien
intervino en este grado a través de su apoderada.
89. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de diciembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, conforme a las consideraciones de esta
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a Axia Energía S.A.S.,
las cuales serán liquidadas por el Tribunal a quo, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 366 del Código General del Proceso. Las agencias en derecho se fijan en 1
salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta providencia, en favor
de la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
32 Artículo 366 “Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por
el superior, con sujeción a las siguientes reglas (...) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente
un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas (…)” (se destaca).
33 “ARTÍCULO 5: Tarifas: Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN
GENERAL… En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.L.M.V”.
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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00125-01 (72.406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.
Demandados: Axia Energía S.A.S. E.S.P. y otro
Referencia: Controversias contractuales
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada la presente sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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