Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03579-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03579-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03579-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
14 de octubre de 2025
Sancionado: Luis Carlos Chía Hernández
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-03579-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 6
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03579-00
Sancionado: LUIS CARLOS CHÍA HERNÁNDEZ
Origen: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SALA
DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
DE ELECCIÓN POPULAR
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a pronunciarse sobre la revisión integral de la actuación
disciplinaria IUS-E-2019-244916/IUC-D-2016-1305789 adelantada por la
Procuraduría General de la Nación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 238B
de la Ley 1952 de 2019, adicionado por la Ley 2094 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. La actuación ante la Procuraduría General de la Nación - Sala Disciplinaria
de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular
1. El 11 de abril de 20191, el personero municipal de Cerinza remitió a la
Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo la queja presentada por el señor
Gabriel Hernando Rincón Lara y otros residentes del municipio, relacionada con la
posible contaminación del Río Toba.
2. El 21 de mayo de 20192, la mencionada Procuraduría Provincial resolvió abrir
indagación preliminar contra el señor Luis Carlos Chía Hernández en su calidad de
alcalde municipal de Cerinza por la «presunta omisión de funciones (…), frente a
las acciones realizadas por la Administración Municipal, tendientes a contrarrestar
la problemática relacionada con la contaminación al Río Toba».
3. El 26 de febrero de 20203, la Procuraduría Provincial ordenó la apertura de
la investigación disciplinaria contra los señores Luis Carlos Chía Hernández y
1
Oficio 097. Expediente administrativo, páginas 1-3. Cuaderno 1.
2
Expediente administrativo, páginas 27- 30. Cuaderno 1.
3
Expediente administrativo, páginas 72- 76. Cuaderno 1.
1
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Sancionado: Luis Carlos Chía Hernández
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Alexandra Yolima Cepeda Corredor, quienes para la época de los hechos
investigados se desempeñaban como alcalde del municipio de Cerinza y
representante legal de la Asociación Comunitaria de Usuarios de los Servicios de
Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Emisiones Contaminantes del municipio de
Cerinza, respectivamente, esto es, para el período 2017-2019.
4. Lo anterior, por la «presunta omisión por parte de la Alcaldía Municipal de
Cerinza y la Asociación Comunitaria de usuarios de los servicios de acueducto,
alcantarillado, aseo y emisiones contaminantes del municipio de Cerinza, frente a la
adopción de medidas tendientes a contrarrestar la afectación de la fuente natural
Río Toba (coordenadas No. 5° 57’ 16.6 “O.72° 57’04.0” a 2753 m.s.n.m del
perímetro urbano del municipio), por la descarga de residuos líquidos provenientes
de una línea de alcantarillado, incumpliéndose la normativa ambiental respecto de
vertimientos, situación dada a conocer por la comunidad a la administración
municipal, desde el año 2017».
5. Mediante auto de 28 de junio de 20214, se profirió pliego de cargos a los
investigados. Conforme al artículo 23 de la Ley 734 de 2002, en el caso del señor
Luis Carlos Chía Hernández, se formuló un cargo único por presunta falta
disciplinaria consistente en el incumplimiento de sus deberes funcionales como
primera autoridad municipal, particularmente los de proteger la vida y la salubridad
pública de la comunidad, durante el período comprendido entre el 19 de septiembre
de 2017 y el 31 de diciembre de 2019.
6. En dicho lapso no habría adelantado gestión alguna para adoptar medidas
que contrarrestaran la afectación del Río Toba ocasionada por la descarga de
residuos líquidos provenientes de una línea de alcantarillado, con desconocimiento
de la normativa ambiental en materia de vertimientos.
7. En tal sentido, la autoridad disciplinaria calificó provisionalmente la falta como
grave, en atención a lo dispuesto en el artículo 48 numeral 38 del CUD, bajo la
modalidad de culpa grave, conforme al artículo 44 de la Ley 734 de 2002.
8. El 12 de agosto de 20215, la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de
Viterbo remitió por competencia la actuación disciplinaria a la Procuraduría Regional
de Boyacá. Posteriormente, con la entrada en vigor del Decreto Ley 1851 de 2021,
la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá dispuso su traslado a la
Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Tunja6, la cual, mediante proveído del
20 de marzo de 20247, avocó conocimiento del asunto.
9. Mediante decisión de 26 de septiembre de 20248, la Procuraduría Provincial
4
Expediente administrativo, páginas 176 – 203. Cuaderno 1.
5
Expediente administrativo, páginas 227 – 228. Cuaderno 1.
6
Expediente administrativo, páginas 246 – 247. Cuaderno 1.
7
Expediente administrativo, páginas 254 – 258. Cuaderno 2.
8
Expediente administrativo, páginas 323 – 344. Cuaderno 2.
2
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de Juzgamiento de Tunja sancionó al señor Luis Carlos Chía Hernández, en su
condición de alcalde de Cerinza, Boyacá, período 2016-2019, con suspensión en el
ejercicio del cargo por 2 meses, al hallarlo responsable de la falta endilgada. En
cuanto a la señora Alexandra Yolima Cepeda Corredor, se declaró la prescripción
de la acción disciplinaria, dado que ejerció como gerente de la asociación
únicamente hasta junio de 2018.
10. En sustento de lo anterior, la autoridad disciplinaria concluyó que se
encontraba probada la falta prevista en el numeral 38 del artículo 48 de la Ley 734
de 20029, aplicable para la época de los hechos. En efecto, consideró que, con su
omisión, el mandatario local desconoció los deberes funcionales en materia de
salubridad pública e incurrió en falta gravísima, al permitir la generación de un grave
riesgo para el medio ambiente y los recursos naturales del Río Toba debido al
vertimiento de aguas contaminadas provenientes de un trazado averiado del
alcantarillado municipal.
11. La problemática ya había sido puesta en conocimiento de la administración
municipal por la comunidad, la Personería y el Concejo, e incluso por la autoridad
ambiental Corpoboyacá, que adelantó un proceso sancionatorio contra la Alcaldía
por contaminación de la fuente hídrica. Todo ello evidenció la ilicitud sustancial de
la conducta, en cuanto implicó el desconocimiento de los principios de la función
pública de moralidad y responsabilidad.
12. La falta disciplinaria se calificó a título de culpa grave, esto es, al estimar que
el investigado desconoció el deber objetivo de cuidado al omitir, durante 3 años, las
gestiones necesarias para el mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado,
conforme al artículo 44 de la Ley 734 de 2002. Asimismo, en aplicación del artículo
47 del mismo código, se consideró como agravante la existencia de antecedentes
disciplinarios, razón por la cual se impuso la sanción de suspensión en el cargo por
el término de 2 meses.
13. El investigado interpuso recurso de apelación10 en el que alegó la existencia
de fuerza mayor, señalando que la contaminación de las aguas constituía un
problema del Estado y no del municipio. Agregó que actuó bajo el convencimiento
de que la competencia para ejecutar las obras y adoptar las medidas que evitaran
el vertimiento de residuos correspondía a la Asociación de Usuarios de Servicios
Públicos de Acueducto y Alcantarillado, por ser la entidad concesionaria encargada
de la prestación del servicio y del recaudo y pago de los usuarios.
14. Sostuvo, además, que el municipio carecía de recursos suficientes para
enfrentar la problemática y que su actuación no obedeció a mala fe. De igual
manera, solicitó declarar la prescripción de la acción e invocó la existencia de hecho
9
Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 38. Omitir o retardar
injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, permitiendo que se origine un
riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales.
10
Expediente administrativo, páginas 370 – 385. Cuaderno 2.
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superado y alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva.
15. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular, por medio de fallo de 10 de abril de 202511, confirmó la decisión de primera
instancia.
16. Analizó la prescripción de la acción disciplinaria conforme a lo dispuesto en
el artículo 33 del CGD, de lo cual concluyó que no se configuró en tanto el fallo de
primera instancia fue dictado el 26 de septiembre de 2024 y notificado el 28 de
octubre del mismo año, razón por la cual el término se interrumpió antes de que se
cumplieran los 5 años previstos en la norma. Asimismo, estableció que contaba
hasta el 28 de octubre de 2026 para proferir decisión en segunda instancia y por tal
motivo, se encontraba en términos para pronunciarse.
17. De otra parte, señaló que se encontraba probada la conducta omisiva del
investigado, la cual ocasionó afectaciones a la salud pública y un daño ambiental.
Resaltó que dicha situación fue puesta en conocimiento del alcalde durante su
mandato, por lo que le correspondía gestionar las acciones necesarias para evitar
los riesgos generados.
18. En cuanto a la ilicitud sustancial, consideró que, además del incumplimiento
de los deberes funcionales, la conducta comprometió la función administrativa por
la inobservancia de los principios de moralidad y responsabilidad, al mostrarse
negligente frente a los requerimientos formulados, sin que mediara causal de
justificación.
19. Respecto de la culpabilidad, valoró que el investigado desplegó algún grado
de diligencia al consultar a la jefa de la Oficina Jurídica y confiar en su formación y
experiencia, motivo por el cual la calificación pasó de falta gravísima a falta grave.
20. Por otra parte, se mantuvo la sanción de suspensión por 2 meses, pese a
advertir que concurrían elementos que evidenciaban un mayor grado de
negligencia, esto es, culpa gravísima. Sin embargo, en aplicación del principio de
no reformatio in pejus, decidió no efectuar modificación alguna en la graduación de
la sanción.
21. Finalmente, precisó que el investigado ostenta nuevamente el cargo de
alcalde del municipio de Cerinza, Boyacá, conforme al acta de escrutinio publicada
en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por tal razón,
consideró procedente el recurso extraordinario de revisión y, en consecuencia,
corrió traslado a los sujetos procesales, con el fin de remitir posteriormente el
expediente a esta Corporación.
11
Expediente administrativo, páginas 397 – 406. Cuaderno 2.
4
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1.2. Del trámite ante el Consejo de Estado
22. El 11 de junio de 202512, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación remitió el
expediente disciplinario a esta Corporación, con el fin de surtir el trámite del recurso
extraordinario de revisión, conforme a lo previsto en el artículo 54 de la Ley 2094 de
2021, cuyo alcance fue modulado por la sentencia C-030 de 2023 de la Corte
Constitucional y, posteriormente, precisado en sus reglas de procedencia y trámite
por el auto de unificación del 3 de diciembre de 2024 proferido por la Sala Plena de
lo Contencioso del Consejo de Estado.
23. Mediante auto del 18 de junio de 202513, el despacho del magistrado ponente
avocó conocimiento de la revisión automática e integral respecto de la sanción
disciplinaria impuesta por la mencionada Sala Disciplinaria, dentro del proceso
radicado IUS E-2019-244916 e IUC D-2019-1305782, promovido contra el servidor
de elección popular Luis Carlos Chía Hernández. En la misma providencia se
ordenaron las notificaciones de rigor.
24. Posteriormente, en auto del 9 de julio de 202514, al advertirse que el
disciplinado no interpuso recurso extraordinario de revisión y que la Procuraduría
General de la Nación tampoco solicitó ni aportó pruebas adicionales, se decretaron
como prueba los documentos que obran en el expediente radicado IUS E-2019-
244916 e IUC D-2019-130578215, por cumplir con los requisitos de conducencia,
pertinencia, utilidad y licitud. Asimismo, se dispuso su traslado a las partes por el
término de 3 días.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
25. Esta Sala Especial de Decisión es competente para decidir de fondo la
revisión automática e integral de la sanción disciplinaria impuesta en el presente
asunto, conforme a lo previsto en el artículo 238B de la Ley 1952 de 2019,
adicionado por el artículo 55 de la Ley 2094 de 2021.
2.2. Características del recurso extraordinario de revisión contra los fallos
sancionatorios de los funcionarios de elección popular
26. El recurso extraordinario de revisión introducido por la Ley 2094 de 2021
constituye un mecanismo de control judicial diseñado para garantizar que las
sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría General de la Nación a
servidores públicos de elección popular sean sometidas al examen integral de la
12
Samai, índice No. 1.
13
Samai, índice No. 4.
14
Samai, índice No. 14.
15
El cual había sido remitido previamente por la PGN, actuación visible en el índice No. 02.
5
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jurisdicción de lo contencioso administrativo. Su configuración responde al estándar
fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desarrollado
posteriormente por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en aras de
asegurar el respeto por la reserva judicial, la protección de los derechos políticos de
elegir y ser elegido, y la plena vigencia de las garantías del debido proceso en el
ámbito disciplinario.
27. En ese marco, resulta pertinente recordar que la vigilancia de la conducta
oficial de los servidores públicos en Colombia ha sido una función asignada
históricamente al Ministerio Público16, como expresión del poder sancionatorio del
Estado. Esta atribución, de larga tradición normativa, se encuentra hoy
constitucionalmente reconocida en los artículos 117, 118 y 275 de la Constitución
Política, los cuales confieren al Procurador General de la Nación la dirección de la
«vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones
públicas, inclusive las de elección popular»17.
28. La consagración de esta competencia responde, a su vez, al propósito de
asegurar la correcta marcha de la función administrativa, en consonancia con los
principios de moralidad, eficacia, igualdad y responsabilidad que rigen la gestión
pública. De allí que el derecho disciplinario se configure como una herramienta
esencial para garantizar que el ejercicio de la función pública se oriente al servicio
de la comunidad y a la protección de los derechos fundamentales de los asociados,
tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional, como se observa a continuación:
3. En múltiples decisiones, esta Corporación ha estudiado la naturaleza y finalidad
del derecho disciplinario y ha concluido que éste es consustancial a la organización
política y absolutamente necesario en un Estado de Derecho (CP art. 1º), por cuanto
de esa manera se busca garantizar la buena marcha y buen nombre de la
administración pública, así como asegurar a los gobernados que la función pública
sea ejercida en beneficio de la comunidad y para la protección de los derechos y
libertades de los asociados (CP arts. 2º y 209). Por ello, el derecho disciplinario ‘está
integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores
públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, ya que
los servidores públicos no sólo responden por la infracción a la Constitución y a las
leyes sino también por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones
(CP Art. 6º)18.
29. De manera concordante, el Consejo de Estado también ha resaltado los
principios constitucionales que justifican el ejercicio de la potestad disciplinaria
respecto de los servidores públicos. La Sala de Consulta y Servicio Civil, ha
16
Ley del 10 de mayo de 1830 «Que detalla las funciones del Ministerio Público». «Artículo 1o: El
ministerio público es un cuerpo de funcionarios i empleados encargados de defender los intereses
del Estado, de promover la ejecución i cumplimiento de las leyes, disposiciones del gobierno i
sentencias de los tribunales; de supervigilar la conducta oficial de los funcionarios i empleados
públicos; i de perseguir los crímenes, delitos ó contravenciones que turban el órden social» (sic a
toda la cita – negrillas adicionales). Consultada en:
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/602/rec/3.
17
Constitución Política, artículo 277, numeral 6a).
18
Corte Constitucional, sentencia C-996 de 2001.
6
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precisado que dicha función se fundamenta en el ius puniendi del Estado y
encuentra sustento en los postulados de la Constitución Política y la ley, como se
advierte del siguiente aparte:
El ius puniendi del Estado está en cabeza de la administración e implica ejercer la
actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos
o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. El poder
punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios
contenidos en la Constitución Política y en la ley.
Esta potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los
servidores públicos, en el desarrollo de sus funciones, cumplan con los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, los
cuales orientan la función administrativa, según se indica en el artículo 209 de la
Constitución Política. Cuando los servidores públicos quebrantan estos principios
incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, en
contra del ordenamiento superior y legal, y por tal razón, se hace necesario que el
Estado intervenga con su actividad disciplinaria19.
30. El control disciplinario de los servidores públicos ha tenido un desarrollo
progresivo en el ordenamiento jurídico. Inicialmente estuvo regulado por la Ley 200
de 1995, primer Código Disciplinario Único, posteriormente por la Ley 734 de 2002,
que consolidó el régimen disciplinario aplicable a todos los servidores públicos y se
mantuvo vigente por casi 2 décadas. Finalmente, con la expedición de la Ley 1952
de 2019 «por la cual se expide el Código General Disciplinario»20, se redefinieron
las reglas sobre competencia, procedimiento, faltas y sanciones, así como los
presupuestos dirigidos, por un lado, a garantizar el debido proceso del investigado
y, por otro, a proteger los bienes jurídicos que fundamentan la existencia misma de
esta potestad estatal.
31. En desarrollo de lo anterior, el artículo 238A de la referida Ley 1952 de 2019,
adicionado por el artículo 54 de la Ley 2094 de 202121, estableció el recurso
extraordinario de revisión contra los fallos sancionatorios proferidos por la
Procuraduría General de la Nación, con el fin de asegurar que la decisión definitiva
sea adoptada por una autoridad judicial, como se precisó en la sentencia del 8 de
julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos22.
19
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, auto de 5 de agosto de 2021, Rad. 11001-
03-06-000-2021-00049-00(C), MP. Edgar González López.
20
Antes Código Disciplinario Único, contenido en la Ley 734 de 2002, bajo el cual se rigió el caso
concreto.
21
Corregido por el artículo 6 del Decreto 1656 de 2021.
22
La Corte IDH consideró que una autoridad administrativa no puede imponer sanciones que limiten
los derechos políticos a elegir y ser elegido, teniendo en cuenta que el artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) admite su reglamentación «por razones
de (...) condena, por juez competente, en proceso penal».
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32. Si bien este recurso fue previsto por el legislador para todos los destinatarios
del régimen disciplinario23 y diseñado con un procedimiento y formalidades
específicas24, la Corte Constitucional, en sentencia C-030 de 202325, al ejercer el
control de constitucionalidad de la Ley 2094 de 2021, precisó que su procedencia
debía entenderse respecto de los funcionarios de elección popular, identificó ciertas
limitaciones en su configuración legal y fijó pautas de corrección, como se expone
a continuación:
335. Como se puede ver, el recurso de revisión permite el ejercicio de las garantías
sustanciales del debido proceso. Lo expuesto, porque le permite al sancionado que,
dentro de los 30 días siguientes a la decisión del órgano de control, pueda ejercer
todas las actuaciones procesales que le permitan controvertir su legalidad, como por
ejemplo solicitar pruebas, refutarlas, presentar las alegaciones correspondientes,
etc. Este mecanismo cumple entonces con los requisitos advertidos en la Sentencia
C-091 de 2022, para que un instrumento de control sobre un acto administrativo sea
conforme a la Constitución, porque permite ejercer razonablemente el derecho de
defensa y someter a una revisión de pleno derecho el acto expedido por la PGN,
para que sea el despacho judicial el que, conforme lo buscó el Legislador, adopte la
decisión correspondiente.
336. Adicionalmente, la Sala destaca que, por mandato de los artículos 1º y 57 de
la Ley 2094 de 2021, cuando se trata de servidores de elección popular, el trámite
del mecanismo de revisión suspende la ejecución de la decisión sancionatoria
impuesta por la PGN, hasta tanto el juez de lo contencioso administrativo se
pronuncie, lo que también asegura la reserva judicial definida por el estándar
derivado del bloque de constitucionalidad y que fue materializada por el Legislador
en la Ley 2094 de 2021. Igualmente, por lo expuesto por esta Corte, dicha decisión
no corresponde a la imposición definitiva de la sanción, la que será tomada por el
juez de lo contencioso administrativo.
337. Se aclara que, dado el espíritu del artículo 23.2 de la CADH y su pretensión de
impedir la posibilidad de que un funcionario de elección popular sea retirado por una
entidad que ejerce funciones administrativas, es necesario entender que la
activación del recurso automático de revisión exige que el sancionado esté en
ejercicio del mandato popular, pues, de no ser así, deberá acudir a los medios de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
338. Sin embargo, esta Corporación evidencia que dicho instrumento de
participación judicial tiene las siguientes limitaciones:
a) Es un recurso, que conforme con lo prescrito en los artículos 54 a 60 analizados,
es de carácter rogado; por lo tanto, de no interponerse, no habría intervención
judicial material y efectiva respecto de la imposición de las sanciones restrictivas del
derecho político de elegir y ser elegido de los funcionarios públicos de elección
popular, con lo cual se desconocería el artículo 23.2 de la Convención Americana
de Derechos Humano.
23
Así se advierte en la exposición de motivos del proyecto de ley 423 de 2021 Senado, «por medio
de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones». Ver: Gaceta del Congreso
234 de 7 de abril de 2021.
24
Ley 2094 de 2021, artículos 238A a 238E.
25
Magistrados ponentes: José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos Cortés González.
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b) Al ser un recurso extraordinario, solo se puede interponer con fundamento en las
causales específicas señaladas en el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, lo cual es
limitativo al derecho de defensa y, adicionalmente, podrían existir eventuales
motivaciones para la imposición de sanciones restrictivas del derecho político de
elegir y ser elegido de los funcionarios de elección popular, por fuera de las causales
legales señaladas, que no podrían ser controladas por el juez competente.
c) El recurso no ordena un examen integral de la decisión de la PGN dirigido a
garantizar que aquella no tenga como finalidad generar una interferencia indebida
en el mandato popular y en los derechos políticos del sancionado.
339. Ante las incompatibilidades o limitaciones advertidas sobre dicho medio judicial,
que afectan su idoneidad y eficacia plena para garantizar los derechos políticos de
los servidores de elección popular en el ejercicio de la acción disciplinaria por parte
de la Procuraduría General de la Nación, es necesario proferir una sentencia que
module los efectos normativos del mencionado recurso en el siguiente sentido:
a) El estándar de garantía constitucional exige que la intervención del juez en la
determinación e imposición de las sanciones analizadas a los servidores de elección
popular sea obligatoria y no rogada. También, debe ser ordinario y siempre estar
presente en la imposición de dichas sanciones, para que estas se concreten en una
sentencia judicial. Por lo tanto, el trámite del recurso de revisión operará de manera
automática e inmediata y no está supeditado a las causales taxativas de
procedencia, permitiéndosele al ciudadano disciplinado el ejercicio de todas las
actividades procesales que estime pertinentes a su defensa, tales como presentar
argumentos a su favor, solicitar pruebas y permitir su contradicción, lo cual podrá
hacer dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia disciplinaria
proferida por la PGN, tal como lo establece el artículo 57 de la Ley 2094 de 2021, el
cual creó el artículo 238 D de la Ley 1952 de 2019. Vencido este término, en el que
el disciplinado puede ejercer de manera efectiva su derecho de defensa y todas sus
garantías procesales, la PGN deberá enviar, inmediatamente, el proceso ante el juez
de lo contencioso administrativo, quien deberá hacer un examen integral de la
actuación disciplinaria adelantada por la PGN, no solo de corrección de legalidad.
b) Las decisiones de la PGN que se refieran a la destitución, suspensión e
inhabilidad de funcionarios de elección popular, no podrán, en ningún caso, ser
impuestas de manera definitiva sin la intervención del juez de lo contencioso
administrativo.
c) Contra la sentencia del juez de lo contencioso administrativo procederán los
recursos de ley consagrados en el CPACA. El sistema de investigación y
juzgamiento disciplinario de servidores de elección popular se complementará con
las normas que se enuncian en el artículo 22 de la Ley 1952 de 2019, entre las que
está el artículo 179 y siguientes del CPACA y las reglas supletivas del Código
General del Proceso.
33. En síntesis, la Corte Constitucional reconoció que el recurso de revisión, tal
como fue diseñado por el legislador, presentaba limitaciones que podían afectar su
idoneidad y eficacia para garantizar los derechos políticos de los funcionarios de
elección popular. Por ello, precisó que este mecanismo debía operar de manera
automática e integral, no como un recurso rogado ni restringido a causales taxativas,
de forma que asegurara un control judicial pleno de las sanciones impuestas por la
Procuraduría General de la Nación.
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34. De igual manera, advirtió que las sanciones de destitución, suspensión e
inhabilidad contra servidores de elección popular no podían adquirir firmeza sin la
intervención de un juez contencioso administrativo, quien debía ejercer un examen
amplio de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación
disciplinaria. Con ello, se reafirmó la garantía de la reserva judicial y se fortaleció la
protección de los derechos políticos de elegir y ser elegido, en consonancia con los
estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
35. Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, mediante auto de unificación jurisprudencial del 3 de diciembre de
202426, precisó las reglas de procedencia y trámite del recurso extraordinario de
revisión, con el fin de armonizar la regulación contenida en la Ley 2094 de 2021 con
los parámetros fijados por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a saber:
Primera regla:
Procedencia:
El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o de
doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que impongan
sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección
popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo de elección
popular al momento de la imposición de la sanción.
Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas
cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con
posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o
ejercer funciones públicas.
Segunda Regla:
Suspensión de la sanción:
La ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el trámite de
revisión, esto es, hasta la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se resuelve el
recurso de revisión.
Tercera regla:
Intervención directa del sancionado:
El servidor público de elección popular, dentro de los treinta días siguientes a la
notificación de la decisión sancionatoria por parte de la Procuraduría General de la
Nación, tendrá derecho a formular cargos, presentar argumentos a su favor, solicitar
pruebas y permitir la contradicción de las practicadas en el procedimiento
administrativo. En tal caso, puede intervenir directamente o través de apoderado
para el ejercicio de sus derechos, sin mayores exigencias formales distintas a la
legitimidad, oportunidad y sustentación de los motivos de inconformidad.
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Radicado 11001-03-15-000-2023-00841-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Cuarta regla:
Auto que avoca conocimiento del trámite de revisión
El trámite judicial del recurso de revisión inicia con el auto que avoca conocimiento,
el cual debe notificarse a la Procuraduría General de la Nación y al disciplinado. El
órgano de disciplina, dentro de los cinco (5) días siguientes, podrá oponerse a los
cargos presentados por el servidor público de elección popular, en su escrito de
intervención, en los términos del artículo 59 de la Ley 2094 de 2021.
Quinta regla:
Procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble conformidad
En el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción
disciplinaria impuesta por la procuraduría, procederá el recurso de doble
conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247 del CPACA.
Sexta regla:
Competencia para resolver el recurso de doble conformidad
El recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión emitidas por las
Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado, se resolverá por la Sala
Especial de Decisión que siga en orden numérico.
Séptima Regla:
Control integral:
El juez contencioso administrativo ejercerá un examen integral sobre la
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación administrativa de la
procuraduría y de sus decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e
inhabilidad de servidores públicos de elección popular.
36. De esta manera, en el auto de unificación se delimitó con claridad los
elementos esenciales del recurso extraordinario de revisión, asegurando su
procedencia únicamente frente a las sanciones que restringen derechos políticos de
los servidores de elección popular, suspendiendo sus efectos hasta tanto se
produzca la decisión judicial, y garantizando la intervención efectiva del disciplinado
dentro de un marco de contradicción y defensa. A su vez, reguló la forma de avocar
conocimiento, la procedencia del recurso de doble conformidad y la competencia
para resolverlo, concluyendo con la exigencia de un control integral por parte del
juez contencioso administrativo.
37. En particular y en lo atinente al control integral previsto en la séptima regla,
la providencia efectuó las siguientes precisiones:
Así las cosas, el control integral, supone que el juez al decidir el asunto no está
sometido únicamente a los cargos o alegaciones señalados por el servidor público
sancionado, sino que [la] garantía de la reserva judicial impone un análisis más
amplio que incluye i) el análisis de la actuación administrativa sancionatoria bajo
los principios rectores de la ley disciplinaria, esto es, legalidad de la falta y de las
sanciones, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad
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humana, presunción de inocencia, culpabilidad, favorabilidad, congruencia,
igualdad, derecho a la defensa, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción,
motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de los principios e
integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y
los convenios internacionales ratificados por Colombia y ii) la posibilidad de variar
la calificación de la falta y la imposición de la sanción, sin afectar el principio de la
no reformatio in pejus27, entre otros aspectos28.
38. De esta forma, el control integral implica que el juez contencioso
administrativo no se limite a verificar los cargos formulados o las alegaciones del
disciplinado, sino que debe efectuar un examen amplio y sustantivo de la actuación
administrativa, a la luz de los principios rectores del derecho disciplinario y de los
estándares internacionales en materia de derechos humanos. De esta manera, se
garantiza que las sanciones disciplinarias impuestas a los servidores de elección
popular respondan a un juicio judicial completo, que puede incluso modificar la
calificación jurídica de la falta y la sanción impuesta, siempre que se respete el
principio de non reformatio in pejus.
39. Adicionalmente, el artículo 238G de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el
artículo 60 de la Ley 2094 de 2021, establece que la sentencia deberá proferirse
dentro de los 6 meses siguientes a la admisión del recurso, con prelación sobre
otros asuntos, salvo los de naturaleza constitucional.
40. Igualmente, la referida disposición prevé que el fallo que declare fundado el
recurso dejará sin efectos la decisión recurrida y dictará en su lugar la providencia
que corresponda.
41. En síntesis, el diseño y aplicación del recurso extraordinario de revisión ha
sido objeto de un proceso de consolidación jurisprudencial en el que confluyen las
decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. La primera, mediante
la sentencia C-030 de 2023, al efectuar el control de constitucionalidad de la Ley
2094 de 2021, precisó que el mecanismo debía operar de manera automática e
integral, y no como un recurso rogado o limitado a causales taxativas, con el
propósito de asegurar la reserva judicial y la protección de los derechos políticos de
los servidores públicos de elección popular. La segunda, a través del auto de
unificación de 3 de diciembre de 2024, fijó las reglas de procedencia y trámite del
recurso, armonizando la regulación legal con los parámetros fijados por la Corte
Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y destacando la
necesidad de un control judicial integral sobre las sanciones disciplinarias impuestas
a funcionarios democráticamente elegidos.
2.3. El caso en concreto
27
Libro I. Parte General. Título I. Principios y normas rectoras de la Ley disciplinaria Ley 1952 de
2019.
28
Ibidem.
12
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42. En el sub examine, se advierte que el disciplinado no interpuso recurso
extraordinario de revisión; no obstante, esta Sala Especial de Decisión debe
efectuar el control automático e integral de la actuación disciplinaria adelantada por
la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo dispuesto en la normativa
vigente y la jurisprudencia modulada por la Corte Constitucional en la sentencia C-
030 de 2023 y desarrollada por el auto de unificación del 3 de diciembre de 2024 de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
43. Como se advirtió previamente, esta revisión no se circunscribe a las causales
previstas en el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, sino que también comprende el
examen de las causales de nulidad de los actos administrativos consagradas en el
artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo en adelante CPACA.
44. En este contexto, la Sala Especial de Decisión analizará si la actuación
administrativa adelantada por la Procuraduría General de la Nación contra el señor
Luis Carlos Chía Hernández, dentro del expediente IUS-E-2019-244916/IUC-D-
2016-1305789, se ajusta a los parámetros constitucionales, convencionales y
legales aplicables.
45. Con fundamento en lo anterior y para efectos metodológicos, el control
integral se desarrollará en el siguiente orden:
2.3.1. Aspectos procesales de la actuación disciplinaria
46. La Sala procede a examinar los aspectos procesales de las actuaciones
disciplinarias sometidas a revisión, en particular: (i) las normas aplicables al
procedimiento; (ii) la competencia de la autoridad que adelantó la actuación; (iii) la
calidad del sujeto disciplinable y; (iv) las instituciones de la prescripción y la
caducidad.
(i) Las normas aplicables al procedimiento
47. De acuerdo con el expediente disciplinario, el reproche formulado al alcalde
sancionado, señor Luis Carlos Chía Hernández, se fundó en la presunta infracción
de las normas que lo obligaban a salvaguardar determinadas condiciones
medioambientales «y a colaborar, para atender con fines de mitigación, los eventos
de contaminación causados por operaciones de su administración»,
específicamente con ocasión del vertimiento de residuos contaminantes al Río
Toba.
48. En este contexto, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
49. El 21 de mayo de 2019 la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo
bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002, ordenó la apertura de indagación
13
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preliminar contra el señor Chía Hernández29. A través de auto del 26 de febrero del
2020, se ordenó la apertura de la investigación disciplinaria30.
50. Dentro del presente proceso, el pliego de cargos fue formulado mediante auto
del 28 de junio de 202131 y la notificación se extendió hasta 7 de julio de 202132.
51. Finalmente, el fallo de primera instancia fue proferido a través de providencia
del 26 de septiembre de 202433 y su proceso de notificación se surtió hasta el 28 de
octubre de la misma anualidad34.
52. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que el Código Único
Disciplinario, Ley 734 de 2002, entró en vigor el 5 de mayo de ese mismo año, de
manera que todos los hechos ocurridos durante su vigencia debían ser tramitados
bajo su amparo. Además, aunque el 29 de diciembre de 2023 entró en vigor la Ley
1952 de 201935, lo cierto es que, conforme a su artículo 263, los procesos que a esa
fecha contaran con pliego de cargos notificado, como en este caso, debían culminar
bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002.
53. En consecuencia, el trámite surtido en el presente asunto se ajustó a la
normativa aplicable, agotando las etapas de indagación preliminar36, apertura y
cierre de la investigación37, formulación de cargos38, descargos39, solicitud y práctica
29
Documento visible en el expediente administrativo, páginas 28-34. Cuaderno 1.
30
Documento visible en el expediente administrativo, páginas 83-92 Cuaderno 1.
31
Documento visible en el expediente administrativo, páginas 249-304. Cuaderno 1.
32
Documento visible en el expediente administrativo, páginas 306-309. Cuaderno 1.
33
Documento visible en el expediente administrativo, páginas 109-152. Cuaderno 2.
34
Documento visible en el expediente administrativo, páginas 180. Cuaderno 2.
35 Artículo 265. Vigencia y derogatoria. <Artículo modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas
en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de
su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus
reformas.
Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las palabras “y la
consulta” que está prevista en el numeral 1 del artículo 59 de la ley 1123 de 2007.
Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las normas relacionadas con la Comisión de
Ética del Congreso conservarán su vigencia.
Parágrafo 1o. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> <Ver Notas del Editor> El artículo 1 de la
presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación.
Parágrafo 2o. El artículo 7o de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su
promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado
por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011.
36
Artículo 150 de la Ley 734 de 2002. Documento visible en el expediente administrativo, páginas
28-34. Cuaderno 1.
37
Artículo 152 y 160 A de la Ley 734 de 2002. Documento visible en el expediente administrativo,
páginas 83-92 y 242- 243. Cuaderno 1.
38
Artículo 162 de la Ley 734 de 2002. Documento visible en el expediente administrativo, páginas
249-304. Cuaderno 1.
39
Artículo 166 de la Ley 734 de 2002. Documento visible en el expediente administrativo, páginas
321-324. Cuaderno 1.
14
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de pruebas40, alegatos de conclusión41, fallo de primera instancia42, e interposición
y resolución del recurso de alzada43, conforme lo exige la Ley 734 de 2002.
(ii) La competencia de la autoridad que adelantó la actuación
54. En lo que respecta al estudio de la competencia, la Sala advierte que, con
ocasión de las reformas introducidas al proceso disciplinario por la Ley 2094 de
2021, se dispuso un ajuste en la estructura y funcionamiento de las dependencias
de la Procuraduría General de la Nación, así como en su planta de personal. Dichos
cambios se materializaron a través del Decreto 1852 de 2021, vigente desde el 29
de marzo de 2022.
55. En consecuencia, para la fecha en que se expidieron las actuaciones
administrativas objeto de revisión, el mencionado Decreto ya se encontraba en
vigor. De acuerdo con lo establecido en sus artículos 22 y 23, que modificaron,
respectivamente, los artículos 76 y 76A del Decreto Ley 262 de 2000, las
autoridades que intervinieron en este caso eran no solo material, sino también
funcionalmente competentes.
56. Lo anterior se corrobora con lo actuado en el expediente, en tanto la
Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo profirió el pliego de cargos contra
el disciplinado mediante auto del 28 de junio de 2021. Posteriormente, una vez
presentados los descargos, el proceso fue remitido a la Procuraduría Regional de
Instrucción de Boyacá, y, en consecuencia, la Procuraduría Provincial de Tunja
avocó conocimiento y profirió el fallo de primera instancia el 26 de septiembre de
2024.
57. En lo que concierne a la decisión de segunda instancia, esta fue proferida el
10 de abril de 2025 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos
de Elección Popular. Al respecto, el literal b) del numeral 3º del artículo 11 del
Decreto 1851 de 2021, que modificó el artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000,
dispuso expresamente que dicha Sala debía «[c]onocer[ía] de los recursos de
apelación y de queja, (…) en etapa de juzgamiento, en los procesos de
conocimiento de los procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales,
en las actuaciones contra servidores públicos de elección popular».
58. Al respecto, la Sala considera oportuno recordar que, en un ejercicio de
armonización entre la Ley 2094 de 2021, la Constitución Política y el bloque de
constitucionalidad, en particular, la Convención Americana sobre Derechos
40
Artículo 168 de la Ley 734 de 2002. Documento visible en el expediente administrativo, páginas 2-
11. Cuaderno 2.
41
Artículo 169 de la Ley 734 de 2002. Documento visible en el expediente administrativo, páginas
102-103. Cuaderno 2.
42
Artículos 169A y 170 de la Ley 734 de 2002. Documento visible en el expediente administrativo,
páginas 109-152. Cuaderno 2.
43
Artículo 171 de la Ley 734 de 2002. Documento visible en el expediente administrativo, páginas
185-216. Cuaderno 2.
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Humanos, la Corte Constitucional ha sostenido que la Procuraduría General de la
Nación es competente para imponer sanciones disciplinarias de suspensión,
inhabilidad y destitución a los servidores públicos de elección popular, siempre que
se respeten las garantías procesales y la reserva judicial de la imposición definitiva
de las sanciones, dentro de las cuales se incluye la procedencia del presente
recurso extraordinario de revisión44.
59. Esta interpretación fue reiterada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en el auto de unificación del 3 de diciembre
de 2024 (radicado No. 11001-03-15-000-2023-00871-00), en el cual se señaló que
el juicio efectuado por la Corte Constitucional respecto de la competencia45 hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional.
60. Cabe advertir que no existe contradicción entre la aplicación del
procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002 y la intervención de autoridades
distintas a las originalmente previstas en dicho estatuto. En efecto, mientras la Ley
734 conservó su vigencia ultractiva46 para regir las etapas procesales del presente
asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019,
la competencia orgánica de las dependencias de la Procuraduría se encontraba
determinada por las modificaciones introducidas por la Ley 2094 de 2021 y
desarrolladas en los Decretos 1851 y 1852 de 2021.
61. De esta manera, aunque el trámite se surtió bajo las reglas procedimentales
de la Ley 734 de 2002, la distribución interna de competencias correspondió a la
estructura vigente al momento de las decisiones, en virtud de las reformas
introducidas por la Ley 2094 de 2021 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, la
Sala concluye que la competencia de las autoridades que intervinieron en el proceso
disciplinario se ajustó en su integridad al ordenamiento jurídico aplicable.
(iii) La calidad del sujeto disciplinable
62. En lo que concierne a la calidad del sujeto disciplinable, el artículo 25 de la
Ley 734 de 2002 dispone:
Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se
encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53
del Libro Tercero de este código.
63. A su turno, el artículo 123 de la Constitución Política dispone que son
servidores públicos «los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios».
44
Al respecto revisar las sentencias C-500 de 2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C- 086 de
2019, C-030 de 2023.
45
Ibidem.
46
La ultraactividad se refiere a la prolongación de los efectos jurídicos de una norma legal una vez
que ha sido derogada o ha perdido su vigencia.
16
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64. En igual sentido, el artículo 314 ibidem prevé que:
En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante
legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos institucionales de
cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente.
65. De esta manera, conforme a la normativa citada y a lo probado en el
expediente, el proceso disciplinario recayó sobre el señor Luis Carlos Chía
Hernández, quien ejerció el cargo de alcalde del municipio de Cerinza, Boyacá, para
el período 2016-201947, por lo tanto, ostentaba la calidad de servidor público de
elección popular, razón por la cual era destinatario del régimen disciplinario y, en
consecuencia, podía ser investigado por la Procuraduría General de la Nación.
66. Esta conclusión resulta concordante con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, que en la sentencia C-030 de 2023 precisó que los servidores
públicos de elección popular, entre ellos los alcaldes, son destinatarios de la acción
disciplinaria ejercida por la Procuraduría General de la Nación, siempre que se
garantice la revisión judicial integral de las sanciones.
67. Del mismo modo, en el referido auto de unificación del 3 de diciembre de
2024, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado reiteró
que el juicio efectuado por la Corte Constitucional en esta materia hizo tránsito a
cosa juzgada constitucional, despejando toda duda acerca de la sujeción
disciplinaria de los servidores de elección popular.
(iv) Prescripción y caducidad
68. Por último, corresponde a la Sala examinar la prescripción y la caducidad de
la acción disciplinaria en el presente caso.
68. Como se indicó en el numeral anterior, la actuación administrativa se adelantó
correctamente bajo las reglas de la Ley 734 de 2002, en virtud de la ultractividad
reconocida por el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019.
69. El artículo 33 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la Ley
1474 de 2011, regula la prescripción y la caducidad de la acción disciplinaria, en los
siguientes términos:
La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia
de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este
término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización
del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.
47
Valga la pena aclarar que del mencionado estudio también se evidenció que el disciplinado se
encuentra nuevamente en el cargo de alcalde del municipio de Cerinza para el periodo 2024-2027.
17
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La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de
apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en
un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de
ellas.
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique.
70. De acuerdo con dicha norma, para que no se configure la caducidad de la
acción disciplinaria, el auto de apertura de investigación debe ser expedido dentro
de los 5 años siguientes a la ocurrencia de la falta; y para que no opere la
prescripción, el fallo de primera instancia debe proferirse dentro de los 5 años
posteriores al auto de apertura.
71. Frente al primer escenario, es decir, la caducidad, en el caso en concreto, el
término de caducidad comenzó a contarse a partir del 31 de diciembre de 2019,
fecha en que cesó el ejercicio del cargo de alcalde por parte del disciplinado.
72. El auto de apertura de investigación48 fue proferido el 26 de febrero del 2020
y al ser una falta de carácter continuado, se tomó como fecha para iniciar el conteo
el último día que el sancionado ejerció como alcalde, esto es, 31 de diciembre de
2019, razón por la cual no se configuró la caducidad de la acción disciplinaria.
73. En cuanto a la prescripción, el artículo 33 señala que esta se interrumpe con
la notificación del fallo de primera instancia. En el presente caso, dicho fallo se
profirió el 26 de septiembre de 2024 y fue notificado el 28 de octubre de ese año,
de modo que la acción disciplinaria se interrumpió oportunamente.
74. Esta interpretación ha sido reiterada por esta Corporación en sentencia del
29 de septiembre de 2009, en la cual se precisó que basta con la expedición y
notificación del fallo de primera instancia para interrumpir la prescripción, sin que
sea necesario que dentro del mismo término se decidan los recursos interpuestos.
75. En el mismo sentido, la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación, en providencia del 4 de septiembre de 201749, reafirmó que la decisión
principal de primera instancia es suficiente para interrumpir el término prescriptivo
con la respectiva notificación, como se observa a continuación:
Ahora, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 29
de septiembre de 2009 señaló que la autoridad competente dentro de los cinco años
siguientes al cometimiento de la conducta investigada, únicamente debía concluir la
actuación administrativa, lo que se traduce en que basta con la expedición y
notificación del acto administrativo principal (primera instancia) pues es el que
resuelve de fondo el proceso sancionatorio, para evitar que prescriba la acción
disciplinaria.
48
De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.
49
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez, radicado
11001- 03-25-000-2012-00118-00 (0524-12).
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Conforme a esa postura, no es necesario que dentro del término señalado se
decidan los recursos interpuestos contra la decisión principal.
76. Ahora bien, conviene resaltar que la Ley 734 de 2002 fue derogada por la
Ley 1952 de 2019, posteriormente modificada por la Ley 2094 de 2021, cuyo artículo
7 reformó el régimen de prescripción.
77. En esta nueva regulación, además de mantener el término general de 5 años,
se introdujo una regla de interrupción vinculada a la notificación del fallo de primera
instancia, estableciendo plazos adicionales para la decisión de segunda instancia,
tal y como se advierte del siguiente texto normativo:
Artículo 7. Prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribirá
en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación, para las de carácter permanente o continuado, desde la realización
del último hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción
se cumple independientemente para cada una de ellas.
La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años desde
la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda
instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de
prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se interrumpirá
con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta
se producirá si transcurridos tres (3) años desde la notificación del fallo de primera
instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia50.
78. Así entonces, el citado artículo entró en vigor a partir del 29 de diciembre del
2023 de acuerdo con lo establecido por el parágrafo segundo del artículo 73 ibidem.
79. Con todo, incluso si se aplicara de manera hipotética el régimen introducido
por la Ley 2094 de 2021, en virtud del principio de favorabilidad y de su aplicación
como principio rector de obligatorio cumplimiento dentro de la ley disciplinaria, la
conclusión sería la misma, esto es, la prescripción no se configuró.
80. Lo anterior, puesto que en el presente asunto el fallo de primera instancia se
profirió el 26 de septiembre de 2024 y su proceso de notificación se surtió hasta el
28 de octubre de 2024, por lo tanto, para que no se configurara la prescripción el
fallo de segunda instancia debió ser proferido y notificado antes del 28 de octubre
de 2026, situación que como bien se sabe aconteció, pues la providencia fue dictada
el 10 de abril de 2025 y notificada el 11 de abril de la misma anualidad51.
50
Al respecto, se precisa que la redacción del texto original del artículo 33 de la Ley 1952 de 2019
señalaba que el término de prescripción se contabilizaba «a partir del día siguiente del vencimiento
para impugnar la decisión», no obstante, con la modificación de la Ley 2094 de 2021 este se computa
«desde la notificación del fallo de primera instancia».
51
Documento visible en el expediente administrativo, páginas 251-252. Cuaderno 2.
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2.3.2. Violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho o de
derecho en la apreciación de las pruebas
81. En este acápite, la Sala examinará el análisis que realizaron las autoridades
competentes respecto de las pruebas obrantes dentro del proceso disciplinario, las
cuales sirvieron de fundamento para adoptar la decisión cuestionada.
82. El régimen probatorio aplicable en el proceso disciplinario está regulado en
los artículos 128 a 142 de la Ley 734 de 2002, disposiciones que consagran, entre
otros aspectos, la libertad de medios de prueba, el principio de contradicción y las
reglas de valoración. En este sentido, la Sala constata que las autoridades
disciplinarias adelantaron la etapa probatoria en armonía con lo previsto en la
normativa mencionada.
83. Tal como señala la ley sustancial aplicable, en el caso en concreto se emitió
la decisión de segunda instancia con base en un estudio en conjunto de las pruebas
allegadas al proceso y de acuerdo con las reglas de la sana crítica52, lo que permitió
que se llegara a la certeza de la existencia de la conducta reprochada y de la
responsabilidad del sancionado53.
84. Entre las pruebas legalmente allegadas al expediente, la Procuraduría
General de la Nación destacó, entre otras, las siguientes:
85. El informe del 18 de noviembre de 2018 y una declaración rendida54 dentro
del trámite de primera instancia, de los cuales consta que desde el año 2017 la
comunidad le había puesto de presente tanto al señor Chía Hernández, alcalde del
municipio, a la Secretaría de Gobierno, a la Asociación de Usuarios del Servicio de
Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Cerinza, como a la gerente de la empresa de
Servicios Públicos Municipales de la ruptura del tubo de alcantarillado que estaba
permitiendo los hechos contaminantes en el Río Toba.
86. Asimismo, el oficio del 8 de febrero de 2017, y sus escritos de reiteración del
24 de julio y del 17 de noviembre del mismo año, mediante los cuales la gerente y
representante legal de la Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto y
Alcantarillado y Aseo de Cerinza le requerían a la administración municipal las
gestiones para el arreglo y renovación de la infraestructura de acueducto y
alcantarillado.
87. Copia del acta de sesión del Concejo Municipal de 1 de junio de 2017, en la
cual consta que con asistencia del alcalde se discutió la «urgente necesidad de
realizar mantenimiento e inversión en infraestructura de acueducto y alcantarillado».
52
Artículo 141 de la Ley 734 de 2002.
53
De acuerdo con lo señalado en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002.
54
Por parte del señor Ángel Gustavo Rojas Chocontá.
20
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88. Del mismo modo, se resaltaron los oficios CMC-172 del 24 de julio de 2018
y 376 del 5 de diciembre de 2018 mediante los cuales la presidenta del Concejo
Municipal y el personero municipal, respectivamente, le requirieron información
sobre las acciones realizadas por su administración para atender el evento de
contaminación que significaba una afectación a la salud pública.
89. Además, en el mencionado oficio el personero fue enfático en señalar que el
ahora sancionado conocía la situación de primera mano, pues asistieron juntos a
una visita técnica en la que se detectaron las causas del vertimiento y se adquirieron
unos compromisos para mitigar el impacto ambiental. Sin embargo, indicó que ni el
alcalde ni la asociación prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado
emprendieron acciones efectivas para contrarrestar la situación.
90. Finalmente, se resaltó lo plasmado de la visita realizada el 20 de junio de
2018 por parte de la autoridad ambiental Corpoboyacá, la cual culminó con la
apertura de un proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio55.
91. Igualmente, resulta relevante señalar que en la decisión de segunda instancia
se concluyó que el análisis integral del acervo probatorio permitía evidenciar, en
grado de certeza, la conducta omisiva atribuida al sancionado, consistente en la
inacción frente a los requerimientos de las autoridades y de la comunidad, sin que
mediara justificación alguna. En otras palabras, se consideró acreditada la
configuración de la falta disciplinaria al permitir un grave riesgo para el medio
ambiente y los recursos naturales.
92. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el conjunto probatorio
reseñado pone de manifiesto que el disciplinado tenía conocimiento directo y
reiterado de la situación, no solo porque fue informado por la comunidad y las
autoridades locales, sino también porque participó personalmente en reuniones y
visitas técnicas en las que se identificaron las causas del vertimiento y se
adquirieron compromisos para mitigarlo, por lo que el alcalde no podía alegar
desconocimiento de los hechos.
93. Asimismo, la reiteración de los oficios enviados por la Asociación de
Usuarios, el Concejo Municipal, el personero y la autoridad ambiental demuestra
que la conducta atribuida no obedeció a un hecho aislado, sino a una omisión
persistente en el cumplimiento de sus deberes, la cual generó un riesgo cierto y
grave para el medio ambiente y la salud pública.
94. En este contexto, la Sala concluye que los medios de convicción fueron
apreciados de manera integral por las autoridades competentes, sin que se advierta
error de hecho o de derecho en su valoración. Por el contrario, se verificó que las
pruebas fueron analizadas conforme a las reglas de la sana crítica y a las directrices
establecidas en los artículos 128 a 142 de la Ley 734 de 2002, ajustándose así al
55
Representado legalmente por el señor Chía Hernández.
21
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régimen jurídico aplicable al caso concreto.
2.3.3. Incongruencia entre el pliego de cargo y la decisión
95. Para determinar si en el proceso disciplinario se respetó el principio de
congruencia, resulta necesario confrontar el pliego de cargos con la decisión
sancionatoria, lo que implica analizar, dentro de ese marco, los elementos
constitutivos de la responsabilidad disciplinaria: tipicidad, ilicitud sustancial,
culpabilidad y causales eximentes de responsabilidad.
96. El principio de congruencia «refleja la concreción del derecho a la defensa
para quien ha sido investigado, de modo que tenga la certeza sobre los extremos
fácticos, subjetivos y jurídicos, a partir de los cuales se estructuró el proceso
disciplinario y que fueron el fundamento de la sanción. La congruencia constituye a
la vez una garantía del sujeto pasivo de la acción y un límite para quien detenta la
potestad disciplinaria, pues la decisión no puede referirse a conductas que no
hicieron parte de la imputación fáctica»56.
97. En la investigación que se adelantó contra Luis Carlos Chía Hernández,
alcalde de Cerinza período 2016-2019 el cargo formulado fue el siguiente:
«presuntamente pueda estar incurso en falta disciplinaria, porque dentro del período
comprendido entre el 19 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019,
posiblemente incumplió los deberes funcionales que, como primera autoridad
municipal, le eran impuestos; pues está dentro de sus funciones proteger la vida, la
salubridad pública de su comunidad, situación esta, que al parecer no cumplió».
98. Explicó que, aunque el alcalde conocía la problemática causada por la
descarga de residuos líquidos provenientes de una línea de alcantarillado, no
adelantó acción alguna teniente a contrarrestar la afectación del Rio Toba.
99. Precisó que era al primer mandatario local a quien le correspondía realizar
las gestiones necesarias para prevenir el deterioro ambiental, puesto que, aunque
el servicio de alcantarillado estaba en concesión con una asociación comunitaria de
usuarios, en su calidad de primera autoridad de policía tenía a su cargo las
funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de los recursos naturales,
para garantizar a los habitantes del municipio el derecho a gozar de un ambiente
sano, conforme a lo establecido en el numeral 6 del articulo 65 de la Ley 99 de 1993.
100. Además, resaltó que el Rio Toba es una fuente hídrica de consumo para las
personas que viven en el territorio, los animales y es utilizado para el riego de
cultivos, de ahí la importancia del deber de vigilancia y cuidado desconocido por el
disciplinado.
56
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de mayo de
2019, Rad. 11001-03-25-000-2011-00371-00(IJ), M.P. César Palomino Cortés.
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101. En consecuencia, la Procuraduría le atribuyó la omisión consistente en «no
adelantar gestión alguna desde el mes de septiembre de 2017 y hasta el mes de
diciembre de 2019, relacionada con la adopción de medidas tendientes a
contrarrestar la afectación de la fuente natural Río Toba (…), por la descarga de
residuos líquidos provenientes de una línea de alcantarillado municipal de Cerinza,
incumpliéndose la normatividad ambiental respecto a vertimientos. Esta situación
fue dada a conocer por la comunidad a la administración municipal, desde el año
2017, manteniéndose la misma hasta la culminación de su mandato. Igualmente fue
corroborada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”,
mediante visita técnica practicada el 20 de junio de 2018 y por la cual se formuló
cargos en contra de los implicados mediante Resolución No.1841 de 22 de octubre
de 2020».
102. En ese sentido, refirió las normas que sustentaban el cargo único para lo cual
hizo alusión al artículo 23 de la Ley 734 de 200257 frente a las conductas o
comportamientos que conlleven al incumplimiento de deberes, extralimitación en el
ejercicio de funciones, prohibiciones y violación al régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses sin estar amparados por
las causales de exclusión de la responsabilidad.
103. Bajo el anterior contexto, citó los artículos 6, 209, 366 de la Constitución, el
artículo 5.1 de la Ley 142 de 1994, el numeral 6 del articulo 65 de la Ley 99 de 1993,
los artículos 2.2.3.2.20.5 del Decreto único Reglamentario 1076 de 2015, los
numerales 7 y 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 38 del artículo
48 de la Ley 734 de 2002.
104. Siguiendo con el estudio de congruencia, se observa que la decisión de
primera instancia, confirmada por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación
tuvo como fundamento, el incumplimiento del señor Luis Carlos Chía Hernández,
en su calidad de alcalde del municipio de Cerinza Boyacá para el periodo 2016 a
2019, de las obligaciones que le atribuía la Constitución Política y la Ley, como
consecuencia de la omisión en el ejercicio de las funciones que le fueron
encomendadas en relación con la vigilancia y control del medio ambiente y la
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, toda vez que «no adelantó
la gestión relacionada con la adopción de medidas tendientes a contrarrestar la
afectación de la fuente natural Río Toba por la descarga de residuos líquidos
provenientes de una línea de alcantarillado municipal de Cerinza, incumpliéndose
la normatividad ambiental respecto a vertimientos situación que llevo a la
contaminación del rio Toba».
57
Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e
imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o
comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación
en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las
causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.
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105. Como se extrae de la lectura del pliego de cargos y las decisiones de primera
y segunda instancia, el comportamiento imputado, el fundamento normativo y el
juicio de responsabilidad formulados en el pliego de cargos, correspondió con los
análisis efectuados al momento de decidir de fondo sobre la responsabilidad
disciplinaria del alcalde investigado.
106. Ahora bien, en lo que respecta a la tipicidad la Sala observa que el reproche
formulado por la Procuraduría se sustentó en la infracción de los deberes
funcionales que imponían al alcalde la obligación de salvaguardar las condiciones
medioambientales y adoptar medidas de mitigación frente a los eventos de
contaminación derivados de operaciones de su administración.
107. Se le atribuyó haber incurrido en la falta gravísima prevista en el numeral 38
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistente en «omitir o retardar
injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, permitiendo que
se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente o
los recursos naturales».
108. La conducta reprochada se adecúa al tipo disciplinario dado que el alcalde
omitió adelantar las gestiones que se encontraban a su alcance para contrarrestar
la contaminación del Río Toba, ocasionada por el trazado averiado del alcantarillado
municipal.
109. El acervo probatorio que obra en el expediente demuestra que, pese a
conocer de manera reiterada la problemática, el señor Chía Hernández desatendió
sus deberes legales como primera autoridad de policía del municipio y garante del
saneamiento, la salubridad pública y el medio ambiente, en tanto le correspondía
adoptar mecanismos para corregir la situación y velar por el cumplimiento de los
deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental.
110. En este sentido, se cuestionó que, a pesar de que la situación fue advertida
oportunamente por la comunidad afectada, la Personería Municipal y la Gerencia
de la Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto y Alcantarillado, el
disciplinado incumplió sus deberes funcionales en materia de salubridad pública.
111. En consecuencia, la Sala concluye que, de acuerdo con los supuestos
fácticos y las pruebas recaudadas, la conducta omisiva atribuida al disciplinado se
subsume en la descripción de la falta gravísima contenida en el numeral 38 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
112. Ahora bien, frente a la ilicitud sustancial las pruebas dan cuenta de que con
la omisión de sus deberes funcionales el alcalde desconoció principios esenciales
de la función pública – administrativa, particularmente la moralidad y la
responsabilidad. El primero, porque debía actuar con rectitud y diligencia en la
gestión de soluciones frente a la problemática ambiental, y el segundo, porque
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desatendió los reiterados requerimientos efectuados por la comunidad y las
autoridades, así como las normas que lo obligaban a adoptar medidas oportunas
para mitigar el daño al medio ambiente, lo cual produjo un impacto evidente en los
recursos naturales.
113. Tal negligencia se reflejó también en la actuación de Corpoboyacá, que
mediante la Resolución No. 1841 del 22 de octubre de 202058 formuló cargos al
disciplinado dentro de un procedimiento sancionatorio ambiental, al considerar que,
sin justificación alguna, incumplió los deberes propios de su cargo. Dichos deberes
se encuentran expresamente previstos tanto en los mandatos constitucionales59 y
legales60 como en el manual de funciones de la Alcaldía, que asigna al alcalde la
labor de planificar, organizar y dirigir la acción administrativa para garantizar la
adecuada prestación de los servicios públicos y como primera autoridad de policía
ejercer las acciones de vigilancia y control del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
114. En consecuencia, el proceder negligente del disciplinado no solo afectó el
interés general en materia ambiental, de saneamiento y salubridad de la población,
sino que también comprometió el cumplimiento de los fines esenciales de la
administración pública.
115. Respecto a la ocurrencia de causales de justificación, la Procuraduría
analizó si los argumentos expuestos por el señor Chía Hernández tenía vocación
de prosperidad, en concreto, se refirió a la presunta situación de fuerza mayor, ante
la ausencia de recursos para contrarrestar la contingencia y la alegación de su
convencimiento en que la responsabilidad de contrarrestar el vertimiento de
residuos contaminantes era exclusivamente de la Asociación prestadora del servicio
de acueducto y alcantarillado.
116. Bajo el referido contexto, la autoridad disciplinaria analizó el numeral 1 del
artículo 28 de la Ley 734 de 2002, que contempla la fuerza mayor o caso fortuito
como casual de justificación cuando se presentan circunstancias externas a la
voluntad del disciplinable, para concluir que en el caso objeto de estudio no ocurrió
puesto que el alcalde no se encontraba en una situación imposible de resistir o de
prevenir, si se tiene en cuenta que fue informado de manera reiterada de la situación
de emergencia para que adoptara los mecanismos y adelantara las gestiones
necesarias para obtener los recursos que se requerían, sin embargo actúo de forma
negligente amparado en no contar con medios económicos para desplegar un plan
de acción.
117. Tampoco se trató de manera alguna en una causa extraña o externa máxime
si se tiene en cuenta que el disciplinable tuvo alrededor de 3 años para atender la
58
Expediente administrativo, páginas 164- 170. Cuaderno 1.
59
Artículos 209, 365 y 366 de la Constitución Política.
60
Artículos 3-5 de la Ley 136 de 1994, Artículo 5-1 de la Ley 142 de 1994 y Artículos 3-4 de la Ley
489 de 1998, numeral 6 del Articulo 65 de la Ley 99 de 1993.
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contingencia frente a la contaminación del Río.
118. Igualmente, la Procuraduría estudió la causal de error invencible prevista en
el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002. Al respecto, consideró que no
era posible predicar un error imposible de superar, en tanto el alcalde debía conocer
ampliamente las funciones propias de su cargo y su responsabilidad en la prestación
de los servicios básicos a cargo del municipio, incluso cuando estos se ejecuten a
través de terceros. Como ordenador del gasto con iniciativa presupuestal, tenía el
deber de adoptar medidas correctivas, como la elaboración de un plan maestro de
acueducto y alcantarillado para gestionar los recursos necesarios, de modo que no
podía ampararse en un desconocimiento de la situación para justificar su omisión.
119. En relación con la culpabilidad, se encontró que la falta atribuida se encausó
a título de culpa grave al desconocer el deber objetivo de cuidado toda vez que
durante su mandato dejó de adelantar las labores de mantenimiento para la red de
acueducto y alcantarillado lo que produjo contaminación.
120. Al respecto, se precisa que la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular cuestionó que la imputación se hubiera
considerado en primer instancia como negligente, pues el acervo probatorio
demostraba que el disciplinado permitió que se siguiera causando una afectación
de alto impacto en la fuente hídrica por lo que no se trataba de una falta culposa
grave como si se tratara de un descuido de un ciudadano del común, por el contrario
era exigible una mayor diligencia que pudo haberse estudiado como culpa gravísima
por desatención elemental, sin embargo, en virtud del principio de la no reformatio
in pejus no realizó variación alguna.
121. Asimismo, reprochó que para efectos de la graduación de la sanción no se
tuvo en cuenta la jerarquía ni el poder de mando del disciplinado, así como la
afectación demostrada de los recursos naturales y el impacto social para en cambio
acudir a la existencia de antecedentes del disciplinado como la prevista en el
numeral 1 del literal a) del artículo 47 del CDU, esto es, que el procesado no hubiese
sido sancionado dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que
se investigó, que para el caso concreto fue con anterioridad a 31 de diciembre de
2019, la cual no se configuró pues la anotación que se registra fue posterior61.
122. En este contexto, aunque la Sala comparte los fundamentos de la decisión
adoptada en segunda instancia, debe reiterarse que el recurso extraordinario de
revisión no constituye una nueva instancia ni un escenario para revaluar la
imputación o modificar el título de la sanción. Su alcance se limita al control de
legalidad de la actuación disciplinaria, de manera que no resulta procedente
efectuar cambios en la calificación jurídica ni en la dosificación de la sanción
impuesta.
61
Expediente administrativo, página 395. Cuaderno 2.
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123. En suma, del análisis realizado sobre los elementos de la responsabilidad
disciplinaria, tipicidad, ilicitud sustancial, culpabilidad y ausencia de causales
eximentes, la Sala constata que el fallo se ajustó a los límites fijados en el pliego de
cargos, sin que se hubieran introducido hechos, fundamentos normativos o
imputaciones diferentes a las originalmente formuladas. En consecuencia, se
encuentra acreditado que el proceso disciplinario respetó el principio de
congruencia y que la decisión sancionatoria mantuvo plena correspondencia con la
acusación inicial.
2.3.4. Nulidad originada en el curso del proceso
124. En lo que respecta a las nulidades dentro del proceso disciplinario, el artículo
143 de la Ley 734 de 2002 establece:
ARTÍCULO 143. CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad las siguientes:
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
PARÁGRAFO. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su
convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a
este procedimiento.
125. En relación con la primera causal, esto es, la falta de competencia del
funcionario para proferir el fallo, la Sala reitera lo expuesto en apartados anteriores,
en cuanto de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y de lo establecido en la
Ley 2094 de 2021 y en los Decretos 1851 y 1852 de 2021, la Procuraduría General
de la Nación ostenta competencia para sancionar disciplinariamente a los
servidores públicos de elección popular.
126. Del mismo modo, así como se señaló anteriormente, de acuerdo con la
normativa aplicable en el presente asunto tanto la Procuraduría Provincial de Santa
Rosa de Viterbo, Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Tunja y la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de elección popular eran
material y funcionalmente competentes para adelantar los trámites y proferir los
fallos dentro del presente asunto disciplinario.
127. En cuanto a las causales segunda y tercera62, la Sala también constata, como
se expuso en acápites anteriores, que el proceso se adelantó bajo las reglas de la
Ley 734 de 2002, con respeto de todas sus etapas procesales.
128. Lo anterior significa que esta Sala no encontró que se hubiese vulnerado de
manera alguna el derecho de defensa del señor Chía, como tampoco encontró
irregularidades sustanciales que afectaran su debido proceso.
62
«Violación del derecho de defensa del investigado» y «la existencia de irregularidades sustanciales
que afecten el debido proceso».
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129. Por el contrario, el expediente evidencia que el disciplinado contó con todas
las oportunidades de defensa, las cuales ejerció de manera efectiva: fue notificado
de las providencias, actuó mediante apoderado judicial, presentó descargos, solicitó
pruebas, formuló alegatos de conclusión y apeló el fallo de primera instancia.
130. Asimismo, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular en cumplimiento a lo ordenado por la sentencia C-030 de 2023 y
el auto de unificación proferido por la Sala Plena de lo Contencioso de esta
Corporación63, corrió traslado por el término de 30 días para que los sujetos
procesales ejercieran el derecho de defensa y todas las garantías procesales, previo
a que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conociera el control integral de
la actuación disciplinaria.
131. En conclusión, esta Sala descarta la configuración de alguna causal de
nulidad en el curso de la actuación disciplinaria.
2.3.5. Dosificación de la sanción disciplinaria y aplicación de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad
132. En el caso concreto, como se ha expuesto, el proceso disciplinario se rigió
por las normas de la Ley 734 de 2002. El artículo 47 menciona algunos de los
criterios para la graduación de la sanción que permanecen en la norma vigente.
133. En consecuencia, en primera instancia se advirtió que de acuerdo con lo
establecido en el numeral 3 del artículo 44 del CDU la sanción correspondiente para
la falta cometida por el alcalde era la suspensión en el ejercicio del cargo, la cual
podía establecerse entre 1 y 12 meses con arreglo al artículo 46 de la referida ley.
134. Asimismo, se observa de la decisión de primera instancia que para
determinar la graduación de la falta y de la sanción se realizó una consulta de los
antecedentes disciplinarios del sancionado, con la cual evidenció que aparecían
registrados antecedentes «en su calidad de alcalde de Cerinza – Boyacá para el
periodo 2016 al 2019, y para la época de los hechos septiembre de 2017 al 31 de
diciembre de 2019».
135. Así, del análisis de la normativa señalada, especialmente del artículo 47
ibidem, y en conjunto con el estudio de los antecedentes disciplinarios arrojados de
la señalada consulta, la Sala concluyó que la sanción de suspensión en el ejercicio
del cargo contra el señor Luis Carlos Chía Hernández, en su calidad de alcalde del
municipio de Cerinza, debía ser impuesta por el término de 2 meses.
136. Por otra parte, si bien la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
63
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de diciembre de
2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-00841-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Públicos de Elección Popular en la sentencia de segunda instancia no modificó la
dosificación de la sanción disciplinaria impuesta en primera instancia, lo cierto es
que señaló no compartir el título de imputación realizado y resaltó que no efectuaría
una modificación solo en atención al principio de no reformatio in pejus.
137. Igualmente, se observa que el cuerpo colegiado no compartió la imputación
realizada en la cual se le atribuyó subjetivamente la falta al disciplinado como
culposa grave, puesto que para esa Sala se encontraban presentes los elementos
para que se configurara un mayor grado de negligencia como la culpa gravísima por
desatención elemental.
138. Al respecto, resaltó que el «robusto acervo probatorio» permitía evidenciar
que el comportamiento del disciplinado fue una determinación consciente que este
tomó al permitir consistentemente que el daño ambiental siguiera causándose a
pesar de conocer que debía atender la situación.
139. En ese sentido indicó:
Asimismo, no soslaya la Sala, el por qué (sic) estando comprobadas situaciones de
afectación a los recursos naturales, con el consecuente impacto social, así como la
jerarquía y mando que ostentaba el investigado, no se tuvieron en cuenta para
efectos de la graduación de la sanción. Para, en cambio aludir a un criterio que no
se configuraba, como el alusivo a la existencia de antecedentes del procesado.
Ellos, en la medida que no obra, tal y como lo exige el numeral 1º literal a) del artículo
47 del CDU, que el procesado hubiese sido sancionado dentro de los cinco años
anteriores a la comisión de conducta que se investigó en el presente caso, esto es
contabilizando con anterioridad al 31 de diciembre de 2019, pues la anotación que
registra es posterior.
140. Ahora, como también se expuso en líneas anteriores, esta Sala encuentra
que le asiste razón a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos
de Elección Popular en la medida que el acervo probatorio permite demostrar que
el sancionado actuó de manera más gravosa que por un simple descuido de un
ciudadano del común.
141. De los testimonios y de los oficios allegados dentro del proceso disciplinario
se evidenció que no solo el alcalde tenía conocimiento y que le fue comunicado el
evento que produjo el vertimiento de residuos al Río Toba desde el año 2017, sino
que además, desde el año 2018 la comunidad afectada, la Personería Municipal, la
Gerencia de usuarios prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado de la
localidad lo requirieron para que coordinara acciones encaminadas a la búsqueda
de recursos que permitieran contener la afectación al medio ambiente y realizar el
mantenimiento a la red con el objetivo de evitar futuros eventos contaminantes,
acciones a las cuales se comprometió el disciplinado e incumplió.
142. De lo anterior, no solo se desprende que el señor Chía Hernández con su
actuar cometió una infracción a sus deberes funcionales, puesto que la preservación
del medio ambiente es su obligación legal, sino que además afectó la función
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administrativa al inobservar los postulados de moralidad y responsabilidad.
143. Esto pues, como está demostrado, ignoró los requerimientos que se le
hicieron como representante de la administración para buscar una solución frente al
vertimiento de residuos al Río Toba, que, además, valga la pena aclarar fueron
ocasionados por el rompimiento de la línea de alcantarillado como consecuencia de
una obra ejecutada por la Alcaldía del municipio de Cerinza.
144. Por lo tanto, la Sala comparte la conclusión respecto a la dosificación de la
sanción a la cual arribó la decisión de segunda instancia, en tanto no se entiende
por qué no se tuvo en cuenta para efectos de la graduación de la sanción la jerarquía
y el nivel de mando que ostentaba el señor Chía, así como el hecho de que se
comprobó la afectación de los recursos naturales y el consecuente impacto social
que esta problemática produjo.
145. Por el contrario, si se tuvo en cuenta una situación de agravación que no
estaba configurada, en tanto las sanciones presentes en los antecedentes
disciplinarios que se tomaron en cuenta al momento de graduar la sanción no fueron
impuestas dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta investigada,
tal y como lo establece el artículo 47 del CDU, sino que eran posteriores a la fecha
en la cual culminó la falta continuada del alcalde, es decir el 31 de diciembre de
2019, último día de su periodo constitucional.
146. En consecuencia, esta Sala encuentra que a pesar de que en primera
instancia efectivamente se realizó de manera correcta la imputación del cargo y se
comprobó que existía ilicitud sustancial, se incurrió en una imprecisión al momento
de graduar la sanción de acuerdo con lo establecido por el artículo 47 de la Ley 734
de 2002, en lo referente al examen de los criterios de atenuación y de agravación,
especialmente en lo ateniente a los antecedentes disciplinarios.
147. Al respecto esta Corporación se pronunció en un caso similar al que aquí se
revisa y señaló64:
Así, considerando que los operadores disciplinarios solo encontraron acreditado un
criterio de agravación, y ninguno de atenuación, la tasación de la inhabilidad general
debió moverse en el cuarto máximo de la pena (entre 210 y 240 meses), y no en el
cuarto mínimo (entre 120 y 150 meses) como ocurrió. Sin embargo, la Sala no puede
sacrificar la garantía que le asiste al señor Domínguez Carrascal de que la revisión
de las decisiones disciplinarias que aquí se efectúa se entienda en favor del
sancionado65 y, por ello, no está habilitada para agravar una situación jurídica que
le resultó más beneficiosa que aquella que correspondía si se hubiera aplicado de
64
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No 25, sentencia de 18 de julio de 2025, Rad.
11001-03-15-000-2022-06702-00 (10685), MP. Fernando Alexei Pardo Flórez.
65
De conformidad con la séptima regla de unificación establecida por la Sala Plena, juez de la
revisión tiene «la posibilidad de variar la calificación de la falta y la imposición de la sanción, sin
afectar el principio de la no reformatio in pejus».
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forma estricta el esquema punitivo empleado por la Procuraduría; razón suficiente
para mantener inalterada la sanción que se revisa.
148. Entonces, de acuerdo con el antecedente en cita, y, tal y como se señaló en
segunda instancia la sanción de suspensión en el cargo del señor Luis Carlos Chía
Hernández por un término de 2 meses no será modificada en sede de revisión, pues
de realizarse la graduación de la sanción de acuerdo con lo establecido en los
literales g) y h) del mencionado artículo 47 se violaría el principio no reformatio in
pejus.
2.3.6. Otras causales previstas en el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021
149. Procede la Sala a efectuar el estudio de las causales previstas en el artículo
56 de la Ley 2094 de 2021, el mismo se hará desde la causal 6 en adelante toda
vez que los escenarios establecidos en los numerales precedentes ya han sido
analizados a lo largo de la presente providencia.
150. La causal 6 establece: «Haberse encontrado o recobrado después de dictada
la decisión, documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de tercero».
151. En el presente asunto no se encontró configurada dicha causal, pues no obra
en el expediente documento alguno recobrado o allegado con posterioridad a la
decisión que hubiese podido modificar el sentido del fallo, ni el sancionado allegó
elementos de convicción adicionales en sede de revisión. Por el contrario, guardó
silencio a lo largo del trámite y no presentó escrito oportuno dentro del término
procesal concedido para el efecto.
152. La causal 7 prevé: «Haberse dictado la decisión con fundamento en
documentos falsos».
153. Se descarta la configuración de la causal señalada en tanto, del estudio del
expediente disciplinario no se encontró que ninguno de los documentos analizados
por las autoridades competentes careciese de autenticidad y validez, para
sospechar que fuesen falsos. En cambio, se encontró que todas las pruebas
documentales fueron estudiadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica al
momento de tomar la decisión de segunda instancia, y que las mismas gozaban de
armonía y coherencia entre sí.
154. La causal 8 contempla la procedencia de la revisión «cuando se demuestre,
mediante decisión en firme, que la decisión fue determinada por un delito del
funcionario que la profirió o de un tercero».
155. Así como se indicó en el numeral anterior, también se descarta la
configuración de la citada causal, en tanto, no existe prueba que demuestre que los
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funcionarios que profirieron los fallos disciplinarios, aquí revisados, hubiesen
cometido conductas delictivas al momento de proferirlos, ni decisión en firme que
así lo hubiese reconocido.
156. Finalmente, la causal 9 prevé la revisión cuando «por precedente de la Corte
Constitucional o del Consejo de Estado se modifique favorablemente el criterio en
el que se fundamentó la decisión recurrida».
157. En este aspecto, la Sala constata que para la fecha en la que se profiere la
presente providencia que ni el alto tribunal Constitucional o esta Corporación hayan
modificado los criterios bajo los cuales se analizaron las decisiones disciplinarias
del presente asunto, así como tampoco se impuso su modificación en el marco del
recurso extraordinario de revisión, por lo cual es posible concluir que la presente
causal tampoco está llamada a prosperar.
2.3.7. Las causales previstas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011
158. Finalmente, corresponde a la Sala pronunciarse sobre las causales de
nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA, cuyo tenor literal dispone que los
actos administrativos de carácter general pueden ser anulados cuando hayan sido
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, sin competencia,
en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de la
autoridad que los profirió.
159. Sobre el particular y tal como se advirtió al inicio de las consideraciones de
esta providencia, el presente recurso extraordinario de revisión no se circunscribe
únicamente a las causales del artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, sino que también
comprende el examen de las hipótesis de nulidad de los actos administrativos
previstas en el artículo 137 del CPACA.
160. No obstante, la Sala advierte que los supuestos de nulidad previstos en el
referido artículo ya fueron examinados a lo largo de esta providencia, como se
observa a continuación:
• Al analizar la competencia de las autoridades disciplinarias (causal de
nulidad por falta de competencia), se concluyó que las decisiones fueron
proferidas por funcionarios material y funcionalmente habilitados.
• Respecto del derecho de audiencia y defensa, se constató que el investigado
contó con todas las oportunidades procesales para ejercerlo plenamente.
• En cuanto a expedición irregular o la existencia de irregularidades
sustanciales, se verificó que el trámite disciplinario observó las etapas y
garantías establecidas en la Ley 734 de 2002.
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• Adicionalmente, no se encontró acreditada falsa motivación, pues las
decisiones se sustentaron en un acervo probatorio suficiente y debidamente
valorado, ni tampoco desviación de poder, en tanto las sanciones se
adoptaron en el marco de las competencias legales y con el fin de
salvaguardar los intereses generales comprometidos.
• Finalmente, el estudio efectuado sobre la dosificación de la sanción permitió
constatar que esta fue impuesta con sujeción a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, atendiendo a la gravedad de la falta, al nivel
de jerarquía del disciplinado y al impacto ambiental y social de la conducta,
sin perjuicio de que en sede de revisión no resulte posible modificar la
calificación ni agravar la sanción en virtud del principio de la non reformatio
in pejus.
161. De este modo, no se acreditan en el caso concreto las causales de nulidad
consagradas en el artículo 137 del CPACA.
2.4. Conclusiones
162. De acuerdo con el control integral de legalidad efectuado a la actuación
disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación en el marco del
proceso con radicado IUS-E-2019-244916/IUC-D-2016-1305789, la Sala Especial
de Decisión No. 6 encuentra que las decisiones del 26 de septiembre de 2024
proferida por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Tunja que sancionó al
señor Luis Carlos Chía Hernández, en su condición de alcalde de Cerinza, Boyacá,
período 2016-2019, por la comisión de la falta endilgada, con suspensión en el
ejercicio del cargo por 2 meses y confirmada por la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, mediante fallo del 10 de
abril de 2025, se ajustan al ordenamiento jurídico.
163. De este modo, el estudio integral efectuado por esta Sala permitió verificar
que el proceso disciplinario se adelantó dentro del marco normativo aplicable y con
pleno respeto de los principios y garantías que orientan el derecho sancionador.
164. Asimismo, se constató que las decisiones adoptadas no adolecen de nulidad
ni desconocen lo previsto en la Ley 734 de 2002, la Ley 1952 de 2019, la Ley 2094
de 2021 o el artículo 137 del CPACA
En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Decisión No. 6, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-03579-00
RESUELVE
Primero: DECLARAR ajustado al ordenamiento jurídico la actuación disciplinaria
adelantada por la Procuraduría General de la Nación dentro del expediente IUS-E-
2019-244916/IUC-D-2016-1305789 que culminó con la providencia dictada por la
Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular el 10
de abril de 2025, en la que se dispuso confirmar la decisión del 26 de septiembre
de 2024 proferida por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Tunja que
declaró responsable disciplinariamente del cargo imputado al señor Luis Carlos
Chía Hernández, en calidad de alcalde de Cerinza, Boyacá, para la época de los
hechos, con suspensión en el ejercicio del cargo por 2 meses, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Segundo: COMUNICAR a la Procuraduría General de la Nación, que, ejecutoriada
esta decisión, informe al funcionario competente a fin de ejecutar la sanción
impuesta y se proceda con el registro de que trata el artículo 238 de la Ley 1952 de
2019.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia ARCHIVAR el proceso dejando las
anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Magistrado Magistrado
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Magistrada Magistrado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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