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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00841-01

Fecha
17 de mayo de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00841-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 31 de marzo de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la acción de tutela. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00841-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

17 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00841-01
Accionantes: Juan Álvarez y otro
Se confirma la sentencia de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00841-01
Accionantes: Juan Álvarez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Derecho de petición y reserva
de la información pública / Recurso de insistencia / Se confirma la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la solicitud de amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de impugnación interpuesto por los accionantes
contra la sentencia de primera instancia del 31 de marzo de 2023 proferida por la
Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación. El fallo de tutela impugnado
negó las pretensiones de la solicitud de amparo presentada contra la providencia
del 17 de noviembre de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. En la providencia accionada se
resolvió un recurso de insistencia y se declaró bien denegado uno de los puntos de
la solicitud de información presentada por la parte actora mediante petición del 25
de mayo de 2022 dirigida a la Fiscalía General de la Nación.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Accionantes: Juan Álvarez y otro
Se confirma la sentencia de primera instancia

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 16 de febrero de 2023 los señores Juan Álvarez y Emmanuel Vargas Penagos
interpusieron acción de tutela para obtener la protección de su derecho fundamental
de petición vulnerado, en su concepto, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que consideró bien denegado uno
de los puntos de la petición del 25 de mayo de 2022 dirigida a la Fiscalía General
de la Nación.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

<<1.- Dejar sin efectos la sentencia del 17 de noviembre de 2022 proferida por la
Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
integrado por las honorables magistradas Claudia Elizabeth Lozzi, quien ofició como
ponente, Felipe Alirio Solarte y Elizabeth Cristina Dávila; por medio de la cual se
negó el derecho fundamental de información.

2.- Ordenar a la Fiscalía General de la Nación que responda a cabalidad la décima
pregunta del primer bloque de preguntas que contiene el derecho de petición
enviado el 25 de mayo de 2022 y suministre toda la información relacionada con
dicha pregunta>>.

B. Hechos

3.- Los accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 25 de mayo de 2022 los accionantes elevaron un derecho de petición a la
Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de adelantar una investigación
periodística sobre el desarrollo de la estrategia <<Bolsillos de Cristal>>,
implementada por el ente acusador en materia de investigación y juicio de delitos
relacionados con actos de corrupción. La petición se dividió en treinta y ocho (38)
preguntas o aspectos que debían ser atendidos por la Fiscalía.

3.2.- El 28 de junio de 2022 la Fiscalía General de la Nación respondió las preguntas
o puntos del derecho de petición, con excepción de la pregunta número diez (10).
En esa pregunta se solicitó:

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<<Luego de la reestructuración de la FGN ocurrida con el Decreto Ley 898 de 2017,
y de acuerdo al artículo 15 ––“Funciones del Vicefiscal General de la Nación”––, el
Despacho del Vicefiscal General de la Nación quedó con la función de “Organizar y
adelantar Comités Técnico Jurídicos de Revisión de las Situaciones y los Casos
para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las
investigaciones penales de su competencia”. En estos comités técnico jurídicos, ¿se
tomaron decisiones relacionadas con las oficinas (“delegadas” o “direcciones”) y
los delitos comprendidos dentro del plan o estrategia “Bolsillos de Cristal”? Si la
respuesta es afirmativa, por favor suministrar copia en pdf de todas y cada una de
las actas de estos comités técnico jurídicos en los que se tomaron decisiones
relacionadas con las oficinas (“delegadas” o “direcciones”) y los delitos
comprendidos dentro del plan o estrategia “Bolsillos de Cristal>>.

3.3.- La Fiscalía se negó a responder esa pregunta con fundamento en el artículo 8
de la Resolución No. 1053 de 2017, según el cual las actas de los comités tienen
carácter reservado <<por tratarse de la estrategia procesal de la fiscalía>>.

3.4.- El 5 de julio de 2022 los accionantes presentaron recurso de reposición y en
subsidio de insistencia.

3.5.- El 17 de noviembre de 2022 la Sección Primera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca consideró correcta la decisión de no revelar la
información solicitada. Lo anterior, con fundamento en el artículo 19 de la Ley 1712
de 2014 que exceptúa la publicidad de los documentos que contengan las opiniones
que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, como lo son
las actas de los comités que toman decisiones estratégicas en el marco del plan
<<Bolsillos de Cristal>>.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Los accionantes alegan que el tribunal accionado vulneró su derecho
fundamental de petición porque incurrió en (i) un defecto procedimental absoluto,
(ii) un desconocimiento de las reglas jurisprudenciales y (iii) una violación directa
de la Constitución.

4.1.- A su juicio, se configuró un defecto procedimental absoluto porque el tribunal
accionado no analizó si la respuesta al derecho de petición cumplió con las cargas
argumentativas y probatorias dispuestas en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014.

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Por el contrario, se limitó transcribir la respuesta de la Fiscalía y a afirmar que existe
una norma que justifica la reserva de la información.

4.2.- Igualmente, reprochan que el tribunal no analizó si revelar la información
solicitada generaría un daño presente, probable y específico que supere el interés
público, según el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 y lo conceptuado por la Corte
Constitucional en la sentencia T-330 de 2021.

4.3.- Sostienen que se desconocieron las reglas jurisprudenciales fijadas por la
Corte Constitucional en materia de excepciones legales al acceso a la información
pública y, en particular, las sentencias C-274 de 2013 y C-951 de 2014. Según esas
sentencias, debe primar el principio de máxima divulgación y el acceso a la
información pública. Por lo tanto, la reserva de los documentos públicos es la
excepción y debe aplicarse de forma restrictiva y con debida motivación.

4.4.- Además, la excepción debe tener fundamento en una norma de rango legal o
constitucional, debe ser clara y precisa, y debe obedecer a los principios de
razonabilidad, proporcionalidad, temporalidad y buena fe. Por lo mismo, cuando se
niega el acceso a la información pública, la decisión debe ser debidamente motivada
y fundada en la existencia de un riesgo significativo, presente, probable y específico
que afecte el interés general protegido. Además, la reserva recae sobre el contenido
de los documentos, pero no sobre su existencia. Reprochan que en este caso no se
cumplieron los requisitos o criterios planteados por la jurisprudencia y, por el
contrario, la argumentación para negar el acceso a la información fue escueta.

4.5.- Por último, alegan una violación directa de la Constitución, ya que se
desconocieron los derechos de petición (artículo 23), acceso a la información
pública (artículo 74), todo lo cual se refuerza en el caso de la actividad periodística,
la libertad de expresión (artículo 73) y el principio de publicidad de la administración
pública (artículo 209).

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
(accionado) solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela. Aduce
que la decisión se fundamentó en el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así
como en las pruebas allegadas con el recurso de insistencia y los argumentos

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expuestos por las partes. Reiteró que el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 consagra
como sujetos a reserva los documentos que contienen las opiniones de los
servidores públicos en el marco de sus procesos deliberativos, lo cual se justifica en
la protección de los intereses públicos. Por último, señala que la parte actora
pretende revivir oportunidades procesales que se agotaron en el mecanismo
ordinario con el objeto de establecer una instancia adicional.

6.- La Fiscalía General de la Nación (tercero con interés) se opone a las
pretensiones de la acción de tutela porque (i) no se sustentaron los defectos
alegados contra la providencia judicial; (ii) la decisión del tribunal es adecuada; se
adoptó de conformidad con las pruebas allegadas y con el marco normativo
aplicable; (iii) el recurso de insistencia se agotó según el procedimiento legal
previsto para ese trámite; (iv) no se afectaron los derechos de la parte actora; y (v)
no es posible acudir a este mecanismo constitucional para retrotraer etapas
procesales.

E. Sentencia impugnada

7.- Mediante sentencia del 31 de marzo de 2023 el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A negó las pretensiones de la acción de tutela. Aclaró que lo
que la parte actora denomina <<defecto procedimental absoluto>> realmente
obedece a un <<defecto sustantivo>>.

7.1.- Consideró que la decisión del tribunal fue razonable y se fundó en un estudio
amplio y detallado de la normativa aplicable, tras lo cual concluyó que las actas de
los comités técnico-jurídicos de la Fiscalía contienen opiniones y estrategias
jurídicas del ente acusador para afrontar los delitos objeto del plan <<Bolsillos de
Cristal>>.

7.2.- Además, advirtió que el tribunal accionado sí analizó las razones expuestas
por la Fiscalía cuando negó el acceso a la información en cuestión y fundó su
decisión en el artículo 8 de la Resolución 1057 de 2017, con lo cual acató la carga
impuesta en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014.

7.3.- De igual manera, concluyó que sí se analizó la existencia de un daño presente,
probable y específico que afecte el interés público, pues los documentos solicitados
contienen las estrategias de la Fiscalía para investigar y acusar conductas que

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puedan constituir delitos relacionados con actos de corrupción. Así, acceder a esa
información puede afectar el interés público.

7.4.- Concluyó que no se desconoció el precedente de la Corte Constitucional
invocado por la parte actora, como quiera que la decisión estuvo debidamente
motivada.

F. Impugnación

8.- La parte actora impugna la anterior decisión. Señala que el juez constitucional
de primera instancia no abordó el estudio de los defectos planteados en el escrito
de tutela.

8.1.- Sostiene que no es suficiente con afirmar que las actas solicitadas podrían
contener opiniones de funcionarios públicos o sus estrategias procesales, pues se
trata de una afirmación genérica que no fue acompañada de pruebas, siquiera
sumarias, para sustentar el carácter de reserva. En ese sentido, la <<posibilidad
remota>> de que las actas contengan estrategias jurídicas no demuestra la
existencia de un daño al interés general ni desvirtúa la presunción de información
pública y libre acceso a esos documentos: no basta con citar el texto de la norma
que consagra la reserva, sino que debe probarse la justificación de la misma.

8.2.- Invoca el artículo 2.1.1.4.4.2 del Decreto 1081 de 2015, que dispone los
criterios para definir si existe un daño al interés público: <<Se entenderá que el daño
es presente siempre que no sea remoto ni eventual; probable cuando existan las
circunstancias que harían posible su materialización; y específico solo si puede
individualizarse y no se trate de una afectación genérica>>.

8.3.- Por otro lado, considera que no se estudiaron los precedentes constitucionales
citados en el escrito de tutela, que insisten en la carga de motivación y el análisis
profundo del daño al interés general y su gravedad, para efectos de negar el acceso
a la información pública. Reclama que ni siquiera se señaló si las actas solicitadas
existen o no, según lo establecido por la jurisprudencia constitucional.

8.4.- Sostiene que no se resolvió el cargo por violación directa de la Constitución,
que constituye un defecto autónomo.

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8.5.- Finalmente, reprocha que se recalificara el defecto procedimental como un
defecto sustantivo, pero, en todo caso, también se habría incurrido en un vicio de
este tipo por indebida interpretación de los artículos 19 y 24 de la Ley 1712 de 2014.

II. CONSIDERACIONES

9.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la acción de tutela, pues no se acreditó la configuración de los defectos alegados.
Además, la sala coincide con la primera instancia, en cuanto a que los cargos
presentados bajo el <<defecto procedimental absoluto>> realmente obedecen a un
defecto sustantivo, pues hacen referencia a la aplicación material de normas de
derecho, mas no al seguimiento de las formas propias de un procedimiento.

G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

10.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) los accionantes indicaron de
manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto
es constitucionalmente relevante porque se alega la vulneración del derecho al
debido proceso y acceso a la administración de justicia por un defecto
procedimental, un desconocimiento de las reglas jurisprudenciales y una violación
directa de la Constitución y los cargos no fueron objeto de análisis en el proceso
ordinario, pues el reproche se origina en la sentencia que resolvió el recurso de
insistencia, contra el cual no proceden recursos; (iii) se encuentra cumplido el
requisito de subsidiariedad porque los accionantes utilizaron todos los mecanismos
judiciales a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales y contra
la providencia atacada no procede ningún recurso; (iv) la solicitud se presentó en
un término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión cuestionada se notificó
el 7 de diciembre de 2022 y la tutela se presentó el 16 de febrero de 2023, es decir,
dentro del término de 6 meses precisado tanto por esta Corporación 1 como por la
Corte Constitucional 2; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.

H. No se configuró el defecto sustantivo alegado en el escrito de tutela

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-

01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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11.- Los accionantes sostienen que el tribunal accionado resolvió el recurso de
insistencia sin observar lo previsto en los artículos 19 y 28 de la Ley 1712 de 2014.

11.1.- El artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 señala que la información pública tiene
carácter reservado cuando su revelación puede generar daños al interés público.
Entre los supuestos que contempla la norma se destacan las <<opiniones o puntos
de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos>> así
como los documentos que afecten <<el debido proceso y la igualdad de las partes
en los procesos judiciales>>.

11.2.- Por otro lado, el artículo 28 de la misma norma dispone que la entidad pública
tiene la carga de argumentar y probar el carácter reservado de la información, su
relación con un objetivo legítimo y la existencia de un daño presente, probable y
específico contra el interés público y que justifique la restricción.

11.3.- En la Resolución No. 1053 de 2017 la Fiscalía General de la Nación
reglamentó el funcionamiento de los comités técnico-jurídicos que tienen como
función revisar situaciones, apoyar, dar seguimiento evaluar y controlar las
investigaciones penales a cargo del ente acusador. En la respuesta al recurso de
petición, la Fiscalía hizo referencia a esa resolución para fundamentar la reserva de
las actas de los comités técnico-jurídicos. En efecto, el parágrafo del artículo 8º de
esa resolución establece que:

<<El acta del comité tendrá carácter reservado. En consecuencia, no podrá ser
revelada a ninguna de las partes del proceso. Así las cosas, en ningún caso las
actas de los comités técnico-jurídicos reposaran en las carpetas de los casos de los
fiscales ni se podrá solicitar su descubrimiento como evidencia y, por tratarse de la
estrategia procesal de la fiscalía, no podrá suministrarse en ejercicio de los derechos
de petición>>.

11.4.- A su vez, el tribunal que resolvió el recurso de insistencia interpretó que ese
supuesto se enmarcaba en lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014,
pues esas actas contendrían opiniones de funcionarios públicos en el desarrollo de
los procesos deliberativos y estrategias jurídicas y procesales del ente acusador en
relación con las investigaciones que adelanta y los procesos penales en los cuales
interviene como parte.

11.5.- La anterior interpretación es adecuada, teniendo en cuenta la función de esos
comités y el contenido de sus actas, según la citada resolución. En efecto, en el

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artículo 8 de la Resolución 1053 de 2017 se señala que esas actas deben contener,
entre otros, <<los problemas jurídicos o probatorios discutidos; hipótesis que surjan
de la sesión; compromisos, plan de acción con responsables determinados, los
términos de cumplimiento y su seguimiento; decisión o recomendaciones del comité,
según el caso>>.

11.6.- Como se advierte, esas actas contienen información relacionada con los
elementos materiales probatorios recaudados en una investigación penal, las
personas que podrían estar involucradas, las estrategias o planes del ente
acusador, entre otros.

11.7.- La reserva de esa información garantiza un objetivo legítimo, como lo es que
la Fiscalía pueda adelantar sus funciones de investigación de forma eficiente,
autónoma y en igualdad de armas. En cambio, el daño al interés general que se
causaría con la divulgación de esos documentos es considerable, pues podría
entorpecer la investigación y el proceso penal, así como romper la igualdad de las
partes en el marco de un proceso judicial (que también constituye un factor de
reserva, según el literal e) del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014): implicaría la
divulgación de las hipótesis investigativas de la Fiscalía, las personas implicadas y
los elementos probatorios recaudados, antes del inicio del juicio o, incluso, la
imputación de cargos.

11.8.- La Sala coincide con la primera instancia, con el tribunal accionado y con la
Fiscalía, en cuanto a que sí se agotó la carga de argumentación y prueba prevista
en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014. Esa carga probatoria debe entenderse en
el contexto de la norma que la consagra: la prueba de la causal de reserva no puede
llegar al punto de que se devele o permita inferir el contenido de la información que
se procura reservar, pues así se atentaría contra la finalidad misma de la norma.

I. No se configuró el desconocimiento de las reglas jurisprudenciales alegado
en el escrito de tutela

12.- Contrario a lo afirmado por los actores, el juez de tutela de primera instancia sí
se pronunció frente a las sentencias invocadas como desconocidas. Ahora bien, se
advierte que las subreglas previstas en esas providencias no fueron pasadas por
alto por parte del tribunal accionado, pues como se señaló, interpretó debidamente
los artículos 19 y 28 de la Ley 1712 de 2014. En efecto, esas providencias precisan
el alcance de esas normas y la obligación de fundamentar la decisión que niega el

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acceso a la información pública que, como se señaló en el acápite anterior, fue
debidamente cumplido por el tribunal accionado y la Fiscalía.

13.- Cabe decir que, además, no es cierto que se negara la existencia de las actas
solicitadas, sino que simplemente no se accedió a divulgarlas, con lo cual no se
desconoce lo señalado por la Corte Constitucional.

J. No se configuró una violación directa de la Constitución

14.- Es cierto que la violación directa de la Constitución es un defecto autónomo.
No obstante, en este caso la configuración del mismo se presenta como resultado
de los otros cargos: descartada la configuración de los otros defectos sustantivo y
por desconocimiento del precedente, cabe concluir que no se violó ninguna norma
constitucional.

15.- La decisión del tribunal accionado no pasó por alto el derecho de petición, de
acceso a la información pública, el principio de publicidad de la administración
pública ni el fuero del que goza la actividad periodística. Frente a lo último vale la
pena aclarar que la reserva de las actuaciones penales también es oponible a los
periodistas, pues la norma no hace ninguna distinción al respecto. En ese sentido,
el artículo 212B de la Ley 906 de 2004 dispone: <<Artículo 212B Reserva de la
actuación penal. La indagación será reservada. En todo caso, la Fiscalía podrá
revelar información sobre la actuación por motivos de interés general>> (subraya la
Sala).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 31 de marzo de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de
la acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

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TERCERO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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