RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05540-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05540-00

Fecha
14 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05540-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE Primero: DECLARAR ajustada al ordenamiento jurídico la actuación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación dentro del expediente IUS E- 2021-527175 y IUC D- 2021-2087000 que culminó con la providencia dictada por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular el 3 de julio de 2025, en la que se dispuso confirmar la decisión del 18 de noviembre de 2024 proferida por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Facatativá, mediante la cual se declaró responsable disciplinariamente del cargo imputado al servidor de elección popular Carlos Alberto Ospina Díaz, concejal del municipio de Soacha, Cundinamarca, para la época de los hechos, con suspensión en el ejercicio del cargo por 2 meses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo: COMUNICAR a la Procuraduría General de la Nación, que, ejecutoriada esta decisión, informe al funcionario competente a fin de ejecutar la sanción impuesta y se proceda con el registro de que trata el artículo 238 de la Ley 1952 de 2019. 40 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz Origen: Procuraduría General de la Nación Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00 Tercero: Ejecutoriada esta providencia ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05540-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

14 de noviembre de 2025

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 6

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05540-00
Sancionado: CARLOS ALBERTO OSPINA DÍAZ
Origen: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SALA
DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO DE SERVIDORES
PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a pronunciarse sobre la revisión integral de la actuación disciplinaria
IUS E- 2021-527175 y IUC D- 2021-2087000 promovida contra el servidor de
elección popular Carlos Alberto Ospina Díaz, concejal del municipio de Soacha,
Cundinamarca adelantada por la Procuraduría General de la Nación, atendiendo a
lo dispuesto en el artículo 238B de la Ley 1952 de 2019, adicionado por la Ley 2094
de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. La actuación ante la Procuraduría General de la Nación - Sala Disciplinaria
de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular

1. El 24 de septiembre de 20211, el director de Control Fiscal de la Contraloría
Municipal de Soacha, Cundinamarca, trasladó a la Procuraduría Provincial la queja
instaurada por la señora María Rojas, quien informó a esa entidad sobre presuntas
irregularidades en los procesos de contratación de la vigencia 2020 por parte del
señor Carlos Alberto Ospina Díaz.

2. El 20 de octubre de 20212, la Procuraduría Provincial de Instrucción de
Fusagasugá ordenó la apertura de la investigación disciplinaria contra el referido
concejal y ordenó la práctica de pruebas.

3. Mediante auto de 10 de mayo de 20233, dispuso la prórroga del término de

1 Radicado E-21-527175. Expediente administrativo, archivo 005.
2 Expediente administrativo, archivo 005, Páginas 54-58.
3 Expediente administrativo, archivo 005, páginas 88-100.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

la investigación disciplinaria por 6 meses y decretó la práctica de algunas de las
pruebas solicitadas por el investigado.

4. Por auto del 29 de abril de 20244, se dispuso el cierre de la investigación para
evaluar el mérito de esta y se concedió un término de 10 días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la notificación, para presentar alegatos precalificatorios.

5. El 5 de junio de 20245 la procuraduría formuló cargo único contra el señor
Ospina Díaz por presuntamente incurrir en la falta disciplinaria gravísima prevista
en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, consistente en suscribir el contrato y
participar en la etapa contractual, con desconocimiento de los principios que
regulan la contratación estatal, y archivó la investigación por las demás faltas
investigadas.

6. Señaló que el investigado al parecer habría intervenido en la celebración y la
actividad contractual del contrato CD-028-COM-001-2020, sin aplicar en forma
completa el proceso de selección que correspondía, actuación con la que inobservó
principios de transparencia, economía y selección objetiva.

7. La falta fue calificada provisionalmente como gravísima, en atención a lo
dispuesto en el artículo 48 numeral 31 del CUD, bajo la modalidad de culpa
gravísima, conforme al parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002.

8. El 17 de junio de 20246, la Procuraduría Provincial de Instrucción de
Fusagasugá remitió por competencia la actuación disciplinaria a la Procuraduría
Provincial de Juzgamiento de Facatativá. Dicho despacho, mediante proveído del
11 de julio de 20247, avocó conocimiento del asunto con radicación IUS E - 2021 -
527175 IUC D - 2021 - 2087000, de conformidad con lo establecido en la Ley 1952
de 2019 y concedió a los sujetos procesales el término de 15 días, para presentar
descargos, aportar y solicitar pruebas. El 2 de octubre siguiente, corrió traslado para
presentar alegatos de conclusión8.

9. Mediante decisión del 18 de noviembre de 20249, la Procuraduría Provincial
de Juzgamiento de Facatativá sancionó al señor Carlos Alberto Ospina Díaz, en su
condición de concejal de Soacha, período 2020-2023, con suspensión en el ejercicio
del cargo por 6 meses, al hallarlo responsable disciplinariamente de la falta prevista
en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el

4 Expediente administrativo, archivo 005, páginas 166-167.
5 Expediente administrativo, archivo 005, páginas 176-210.
6 Expediente administrativo, archivo 005, páginas 218-219.
7 Expediente administrativo, archivo 005, páginas 229-232.
8 Expediente administrativo, archivo 005, páginas 238-239.
9 Expediente administrativo, archivo 005, páginas 256-280.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

articulo 2310 y el numeral 1 del artículo 34 ibidem11, aplicable para la época de los
hechos.

10. Advirtió que el señor Ospina Díaz participó de forma activa en la
suscripción del contrato CD-028-COM-001-2020 del 24 de noviembre de 2020
suscrito entre el Concejo Municipal de Soacha, Cundinamarca y MANGER
INDUSTRIAL Y CIA SAS, aplicando la modalidad de contratación directa sin que se
cumplieran los requisitos contemplados en la Ley 1150 de 2007 (artículo 2, numeral
4, literal g) que establece esa modalidad cuando no hay pluralidad de oferentes y el
artículo 2.2.1.2.1.4. del Decreto 1082 de 2025, puesto que, por el contrario, lo que
se indicó en la etapa precontractual era que se debía adelantar un proceso de
selección de mínima cuantía que inició y se terminó de manera irregular.

11. Consideró que la conducta observada era típica porque no se apegó al estricto
cumplimiento de las normas y principios que regulan la contratación estatal, dado
que el proceso contractual seguido por el disciplinado no cumplió con los
parámetros y exigencias que determina la norma para acudir a dicha forma de
selección.

12. Expuso que el procesado, en su calidad de concejal y presidente del Concejo
Municipal de Soacha tenía la necesidad de adquirir unos elementos de dotación
para los empleados de planta de la corporación que presidía (calzado y vestido de
labor) y para el efecto llevó a cabo un estudio previo, a partir del cual se determinó
que debía adelantar un proceso de selección de mínima cuantía, a través de una
convocatoria pública, para garantizar la concurrencia de varios oferentes; sin
embargo, el investigado decidió separarse del referido proceso de selección y, en
su lugar, contrató de manera directa, bajo el argumento de que no existía pluralidad
de oferentes, pese a que en los estudios previos no se hizo mención a esa situación
particular y, al parecer, el contratista no era el único proveedor.

13. El anterior análisis llevó a concluir que la conducta cometida era ilícita
sustancialmente ya que, con ella, el investigado inobservó los principios de la
función pública y la contratación estatal, entre ellos, los de economía y
transparencia, sin que existiera prueba que justificara su comportamiento.

14. La conducta fue calificada en su aspecto subjetivo como grave, en aplicación

10 Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e

imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o
comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación
en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las
causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.
11 Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos,
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y
los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1952 de 201912, por tratarse
de una falta gravísima cometida con culpa grave.

15. En efecto, pese a que la conducta imputada fue calificada con culpa gravísima
en el pliego de cargos, el despacho varió la calificación a culpa grave, en
consideración a que en la celebración del contrato no detectó detrimento al
patrimonio público.

16. Finalmente, impuso al concejal una sanción de suspensión por 6 meses,
atendiendo la configuración de 2 de las circunstancias agravantes señaladas en el
artículo 50 de la Ley 1952 de 2019, ya que la conducta fue realizada por el
presidente de la corporación, con pleno conocimiento de su ilicitud, como
consecuencia de la inobservancia de los principios que rigen la contratación estatal,
y por existir un atenuante, relativo a la ausencia de antecedentes.

17. El investigado interpuso recurso de apelación13 en el que indicó que en la etapa
de pruebas no se accedió a valorar el Decreto 537 de 2020, un concepto de la
Procuraduría General de la Nación y la sentencia C-181 de 2020 proferida por la
Corte Constitucional, con las que buscaba demostrar que estaba facultado para
adelantar la contratación directa por la pandemia global ocasionada por Covid19.

18. Alegó que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá, mediate
auto del 10 de mayo de 2023 decidió prorrogar la etapa de investigación disciplinaria
bajo el fundamento jurídico de los artículos 263 y 265 de la Ley 1952 de 2019
modificada por la ley 2094 de 2021, cuando ya habían pasado cerca de 7 meses
desde que había fenecido el término de la investigación disciplinaria (el 20 de
octubre de 2022).

19. Refirió que el pliego de cargo se fundamentó en una norma ya derogada para
la época de la estructuración, puesto que el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734
de 2002 (Código Disciplinario Único), en su parte sustancial y procedimental estaba
derogado desde el 29 de marzo de 2022.

20. Narró que previo a la celebración del contrato CD-028-COM-001-2020 con el
objeto «adquisición de dotación personal de planta del concejo municipal de
Soacha» por valor de $1.704.480, se inició el proceso de selección de mínima
cuantía MC-011-2020, publicado en la plataforma SECOP, el día 20 de octubre de
2020, al cual se presentó el proponente DEPORTIVOS FEDETEX, cuya propuesta
tuvo que ser rechazada porque no cumplía con los requisitos habilitantes, lo que
llevó a expedir la Resolución 374 del 29 de octubre de 2020 que declaró desierto el
proceso.

12 Artículo 47. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria. Las faltas

gravísimas están taxativamente señaladas en la ley. Se determinará si la falta es grave o leve de
conformidad con los siguientes criterios: (…) 9. La realización típica de una falta objetivamente
gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave.
13 Expediente administrativo, archivo 002, páginas 4-44.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

21. Afirmó que, al momento de analizar la conducta imputada no se tuvo en cuenta
que el investigado estaba facultado para acceder a la modalidad de contratación
directa conforme a lo establecido en el Decreto 537 de 2020.

22. Adujo que en la sentencia no se valoraron las declaraciones practicadas.
Expuso que Jhon Henry Mendoza Mora, asesor en contratación del Concejo
Municipal de Soacha para la vigencia 2020, indicó que se aplicó la contratación
directa en aplicación del Decreto 537 de 2020, que lo autorizaba por la emergencia
del Covid19, para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la pandemia;
como el caso estudiado, pues dentro de los elementos adquiridos en noviembre 24
de 2020 con el contrato CD-028-COM-001-2020 se encontraba el material antifluido
para el personal de aseo a fin de prevenir el contagio del virus. Indicó que tampoco
se tuvo en cuenta, al momento de decidir sobre la responsabilidad del disciplinado,
que según lo narrado por Sandra Camila Valencia Rojas era el área de contratación
quien definía el proceso de selección a utilizarse y que el concejal no intervenía en
dicha decisión.

23. Alegó que en el pliego de cargos no se siguieron los criterios señalados en el
numeral 1 del artículo 34 del CDU, los elementos determinantes de la culpabilidad
y si esta puede ser vencible o invencible y sus efectos jurídicos, o los motivos por
los que se descartaría la imputación dolosa, dado que al investigado le asiste el
derecho de conocer, no solamente el comportamiento y las faltas que se le imputan,
sino los motivos que llevan a la instancia disciplinaria a evaluar la falta de una
determinada manera y el valor probatorio que se asigna a la prueba allegada y que
le permite conferirle la suficiente entidad como para sustentar la decisión en
cuestión.

24. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular, por medio de fallo del 3 de julio de 202514, confirmó la decisión de primera
instancia en cuanto a la responsabilidad disciplinaria, pero modificó la sanción a 1
mes de suspensión en el ejercicio del cargo.

25. Resolvió los argumentos presentados por el disciplinado, en primer lugar,
negó la solicitud de nulidad elevada, al considerar que la prórroga ordenada con
auto del 10 de mayo de 2023 tuvo como finalidad resolver la petición probatoria
presentada por el disciplinado. Además, consideró que el vencimiento del término
de la investigación o de cualquier otra etapa procesal no conlleva la nulidad de la
actuación ni la privación de la competencia del servidor público que la conduce, a
menos que, se hubiere ocasionado una vulneración insalvable de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales, lo que no sucedió en este caso.

26. Explicó que los fundamentos de la decisión de primera instancia, tanto en lo
sustancial como lo procesal, se encuentran ajustados a los presupuestos
normativos del caso.

14 Expediente administrativo, archivo 002, páginas 58-91.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

27. Señaló que para la fecha de la notificación del pliego de cargos estaba
vigente el CGD, por tanto, el juicio debía seguir con esas normas procesales, pero
como quiera que los hechos tuvieron ocurrencia en vigencia del CDU, en lo
sustancial se regía por dicho estatuto.

28. Indicó que la contratación directa en la contratación estatal es una modalidad
excepcional y taxativa, es decir, solo se puede acudir a aquella en los eventos que
la ley (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios) ha definido
expresamente, entre los cuales no se encuentra la declaración de desierto de un
proceso de selección (sea de mínima cuantía, selección abreviada o licitación
pública).

29. Expuso que, cuando se declara desierto un proceso de mínima cuantía a
través de un acto administrativo motivado, la entidad debe decidir cómo avanzar
para satisfacer la necesidad, por lo que puede revisar las condiciones de la
invitación inicial (presupuesto, alcance, plazos, requisitos) para hacerla más
atractiva o realista y, luego, convocar nuevamente un proceso similar bajo la misma
modalidad de mínima cuantía.

30. Refirió que, aunque la Ley 1150 de 2007 establece entre las causales de
contratación directa que no exista pluralidad de oferentes en el mercado respecto a
los bienes o servicios a adquirir, los que fueron adquiridos a través del contrato CD-
028-COM-001-2020, no revisten las características técnicas para determinar que en
el mercado no existe pluralidad de oferentes, menos, considerando la ubicación y la
categoría de un municipio como Soacha, pues no se trata de aquellos que deban
ser suministrados por un proveedor exclusivo.

31. Indicó que la contratación directa de las entidades públicas debía tener
conexidad directa y probada con la emergencia, es decir, la existencia de una
relación clara y demostrable con la atención, prevención, contención y mitigación la
pandemia, como aquellos cuyo objetivo era salvar vidas, proteger la salud pública,
como ambulancias y transporte sanitario, personal de salud, alimentos y mercados,
elementos de aseo e higiene personal, entre otros.

32. Precisó que, aunque los argumentos defensivos eran reiterativos en que la
modalidad de contratación directa se dio con ocasión al estado de emergencia
decretado por la Covid-19 y por autorización expresa del Decreto 537 de 2020, de
la lectura integral de la Resolución 416 de 2020, por la cual se autorizó contratar
directamente y del texto del contrato no se advierte consideración alguna sobre ello,
por el contrario, se señaló expresamente que se optó por dicha modalidad de
selección debido a la declaratoria de desierto del proceso de mínima cuantía MC-
011-2020, justificación que no cuenta con sustento legal.

33. Finalmente determinó, que la conducta del disciplinable estuvo dada por la
culpabilidad, conducta enmarcada en la negligencia o el descuido, lo cual se
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

contrapone a un comportamiento con el conocimiento de la ilicitud y la voluntad de
no adecuar su conducta a las exigencias legales; de manera que, el agravante del
literal e) del artículo 50 del Código General Disciplinario no era aplicable, lo que llevó
a reducir el término de suspensión impuesto como sanción.

34. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular de la Procuraduría General de la Nación, ordenó correr traslado a los
sujetos procesales para que, en el término de 30 días, contados a partir del día
siguiente de la notificación de la decisión15, ejercieran su derecho de defensa y que,
una vez vencido este término, se remitiera a esta Corporación para cumplir con el
control integral de las actuaciones disciplinarias IUS E- 2021-527175 y IUC D- 2021-
2087000 de acuerdo con lo establecido en el auto de unificación del 3 de diciembre
del 2024.

35. De acuerdo con el expediente administrativo, el señor Carlos Alberto Ospina
Díaz no presentó escrito alguno16.

36. Mediante oficio SDJ- SEP núm. 466 del 3 de septiembre de 2025, la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular remitió el
expediente disciplinario a esta Corporación para que se tramitara el recurso
extraordinario de revisión automático.

1.2. Del trámite ante el Consejo de Estado

37. El 4 de septiembre de 202517, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación
remitió el expediente disciplinario a esta Corporación con el fin de surtir el trámite
del recurso extraordinario de revisión, conforme a lo previsto en el artículo 54 de la
Ley 2094 de 2021, cuyo alcance fue modulado por la sentencia C-030 de 2023 de
la Corte Constitucional y, posteriormente, precisado en sus reglas de procedencia y
trámite por el auto de unificación del 3 de diciembre de 2024 proferido por la Sala
Plena de lo Contencioso del Consejo de Estado.

38. Mediante auto del 22 de septiembre de 202518, el despacho del magistrado
ponente avocó conocimiento de la revisión automática e integral respecto de la
sanción disciplinaria impuesta por la mencionada Sala Disciplinaria, dentro del
proceso radicado US E- 2021-527175 y IUC D- 2021-2087000, promovido contra el
servidor de elección popular Carlos Alberto Ospina Díaz. En la misma providencia,
se ordenaron las notificaciones de rigor.

15 La cual fue notificada el 7 de julio de 2025, según consta en los documentos visibles en el índice
No. 02 del aplicativo Samai en el folio 92 del archivo 002ED.
16 Conforme a la constancia secretarial del 27 de agosto de 2025, el término corrió del 8 de julio al

21 de agosto de 2025, sin pronunciamiento alguno.
17 Samai, índice 02.
18 Samai, índice 04.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

39. Dentro del término conferido, el apoderado del señor Carlos Alberto Ospina
Díaz manifestó que la Procuraduría General de la Nación no valoró de forma integral
las pruebas, en especial, el Decreto 537 de 2020 y la sentencia C-181 de 2020.

40. Expuso que el Decreto 537 de 2020, expedido durante la emergencia
económica y social por la pandemia de Covid-19, autorizaba a las entidades del
orden municipal a recurrir a la contratación de urgencia o contratación directa para
la adquisición de bienes y servicios con el fin de prevenir y mitigar los efectos del
virus.

41. Refirió que el contrato en cuestión se llevó a cabo bajo la modalidad de
contratación directa después de que un proceso de mínima cuantía previo (MC-011-
2020) fuera declarado desierto y que su objeto consistía en la dotación a los
funcionarios de la corporación que incluía materiales antifluido para el personal de
aseo, aspecto relacionado con la mitigación del virus que justificaban la urgencia
manifiesta.

42. Alegó que, según las declaraciones de asesores jurídicos y la secretaria
general (Jhon Henry Mendoza Mora y Sandra Camila Valencia Rojas) la decisión
de utilizar la contratación directa fue tomada por el Comité Jurídico, Financiero y
Administrativo, y no por el disciplinado, quien solo actuó como ordenador del gasto
firmando el contrato.

43. Sostuvo que hubo un vencimiento de términos y una aplicación indebida del
régimen de transición, dado que la investigación se abrió el 20 de octubre de 2021
bajo la Ley 734 de 2002, que establecía un término de 12 meses, el cual venció el
20 de octubre de 2022; sin embargo, 7 meses después de vencido el término inicial,
la Procuraduría Provincial prorrogó la etapa de investigación (el 10 de mayo de
2023) basándose en las nuevas disposiciones del Código General Disciplinario
(CGD, Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021).

44. Expresó que, según el régimen de transición (que entró a regir el 29 de marzo
de 2022), los procesos en etapas anteriores a la notificación del pliego de cargos
debían ajustarse al procedimiento del CGD, el cual reduce el término de
investigación a 6 meses, por tanto, la prórroga fue ilegal al darse cuando el término
original ya había fenecido.

45. Aseveró que los términos procesales no se pueden revivir caprichosamente
bajo el argumento de que no se pudieron recaudar todas las pruebas decretadas en
el auto de apertura de la investigación disciplinaria, por tanto, se debía cerrar la
etapa, dar traslado para presentar alegatos previos y, posteriormente, evaluar la
investigación y, en caso de que no existiese prueba para formular pliego de cargos,
dar por terminado el proceso y ordenar el archivo definitivo.

46. Por su parte, la apoderada de la Procuraduría General de la Nación señaló
que las decisiones disciplinarias se encuentran ajustadas a derecho, que no
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

vulneraron las garantías del sancionado y que en el proceso se logró demostrar la
tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta imputada.

47. Aseguró que para que el recurso prospere, el recurrente debe cumplir con la
carga mínima de fundamentar alguna de las causales previstas en el artículo 238 C
del Código General Disciplinario y en este caso el sancionado no sustentó el recurso
de revisión dentro del término legal de 30 días, por lo que no hay argumento que
permita establecer la configuración de alguna causal.

48. Adicionalmente, reafirmó su competencia constitucional para investigar y
sancionar a servidores públicos de elección popular, conforme los artículos 118, 277
y 278 de la Constitución Política que le atribuyen las funciones de ejercer la
vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones
públicas, incluyendo los de elección popular, y de ejercer preferentemente el poder
disciplinario.

49. Mediante auto del 10 de octubre de 202519, se decretó como prueba el
expediente disciplinario remitido por la Procuraduría General de la Nación, por
cumplir con los requisitos de conducencia y pertinencia. Asimismo, se negó la
declaración solicitada por el apoderado del disciplinado en consideración a que la
referida prueba fue practicada y valorada al momento de proferir las sentencias de
primera y segunda instancia.

50. Finalmente, se ordenó correr traslado a las partes por el termino de 3 días.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

51. Esta Sala Especial de Decisión es competente para decidir de fondo la
revisión automática e integral de la sanción disciplinaria impuesta en el presente
asunto, conforme a lo previsto en el artículo 238B de la Ley 1952 de 2019,
adicionado por el artículo 55 de la Ley 2094 de 2021.

2.2. Características del recurso extraordinario de revisión contra los fallos
sancionatorios de los funcionarios de elección popular

52. El recurso extraordinario de revisión introducido por la Ley 2094 de 2021
constituye un mecanismo de control judicial diseñado para garantizar que las
sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría General de la Nación a
servidores públicos de elección popular sean sometidas al examen integral de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Su configuración responde al estándar
fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desarrollado

19 Samai, índice 14.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

posteriormente por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en aras de
asegurar el respeto por la reserva judicial, la protección de los derechos políticos de
elegir y ser elegido, y la plena vigencia de las garantías del debido proceso en el
ámbito disciplinario.

53. En ese marco, resulta pertinente recordar que la vigilancia de la conducta
oficial de los servidores públicos en Colombia ha sido una función asignada
históricamente al Ministerio Público20, como expresión del poder sancionatorio del
Estado. Esta atribución, de larga tradición normativa, se encuentra hoy
constitucionalmente reconocida en los artículos 117, 118 y 275 de la Constitución
Política, los cuales confieren al Procurador General de la Nación la dirección de la
«vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones
públicas, inclusive las de elección popular»21.

54. La consagración de esta competencia responde, a su vez, al propósito de
asegurar la correcta marcha de la función administrativa, en consonancia con los
principios de moralidad, eficacia, igualdad y responsabilidad que rigen la gestión
pública. De allí que el derecho disciplinario se configure como una herramienta
esencial para garantizar que el ejercicio de la función pública se oriente al servicio
de la comunidad y a la protección de los derechos fundamentales de los asociados,
tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional, como se observa a continuación:

3. En múltiples decisiones, esta Corporación ha estudiado la naturaleza y finalidad
del derecho disciplinario y ha concluido que éste es consustancial a la organización
política y absolutamente necesario en un Estado de Derecho (CP art. 1º), por cuanto
de esa manera se busca garantizar la buena marcha y buen nombre de la
administración pública, así como asegurar a los gobernados que la función pública
sea ejercida en beneficio de la comunidad y para la protección de los derechos y
libertades de los asociados (CP arts. 2º y 209). Por ello, el derecho disciplinario ‘está
integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores
públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, ya que
los servidores públicos no sólo responden por la infracción a la Constitución y a las
leyes sino también por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones
(CP Art. 6º)22.

55. De manera concordante, el Consejo de Estado también ha resaltado los
principios constitucionales que justifican el ejercicio de la potestad disciplinaria
respecto de los servidores públicos. En su jurisprudencia, ha precisado que dicha
función se fundamenta en el ius puniendi del Estado y encuentra sustento en los
postulados de la Constitución Política y la ley, como se advierte del siguiente aparte:

20 Ley del 10 de mayo de 1830 «Que detalla las funciones del Ministerio Público». «Artículo 1o: El

ministerio público es un cuerpo de funcionarios i empleados encargados de defender los intereses
del Estado, de promover la ejecución i cumplimiento de las leyes, disposiciones del gobierno i
sentencias de los tribunales; de supervigilar la conducta oficial de los funcionarios i empleados
públicos; i de perseguir los crímenes, delitos ó contravenciones que turban el órden social» (sic a
toda la cita – negrillas adicionales). Consultada en:
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/602/rec/3.
21 Constitución Política, artículo 277, numeral 6a).
22 Corte Constitucional, sentencia C-996 de 2001.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

El ius puniendi del Estado está en cabeza de la administración e implica ejercer la
actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos
o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. El poder
punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios
contenidos en la Constitución Política y en la ley.

Esta potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los
servidores públicos, en el desarrollo de sus funciones, cumplan con los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, los
cuales orientan la función administrativa, según se indica en el artículo 209 de la
Constitución Política. Cuando los servidores públicos quebrantan estos principios
incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, en
contra del ordenamiento superior y legal, y por tal razón, se hace necesario que el
Estado intervenga con su actividad disciplinaria23.

56. El control disciplinario de los servidores públicos ha tenido un desarrollo
progresivo en el ordenamiento jurídico. Inicialmente estuvo regulado por la Ley 200
de 1995, primer Código Disciplinario Único, posteriormente por la Ley 734 de 2002,
que consolidó el régimen disciplinario aplicable a todos los servidores públicos y se
mantuvo vigente por casi 2 décadas. Finalmente, con la expedición de la Ley 1952
de 2019 «por la cual se expide el Código General Disciplinario»24, se redefinieron
las reglas sobre competencia, procedimiento, faltas y sanciones, así como los
presupuestos dirigidos, por un lado, a garantizar el debido proceso del investigado
y, por otro, a proteger los bienes jurídicos que fundamentan la existencia misma de
esta potestad estatal.

57. En desarrollo de lo anterior, el artículo 238A de la referida Ley 1952 de 2019,
adicionado por el artículo 54 de la Ley 2094 de 202125, estableció el recurso
extraordinario de revisión contra los fallos sancionatorios proferidos por la
Procuraduría General de la Nación, con el fin de asegurar que la decisión definitiva
sea adoptada por una autoridad judicial, como se precisó en la sentencia del 8 de
julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos26.

58. Si bien este recurso fue previsto por el legislador para todos los destinatarios
del régimen disciplinario27 y diseñado con un procedimiento y formalidades
específicas28, la Corte Constitucional, en sentencia C-030 de 202329, al ejercer el
control de constitucionalidad de la Ley 2094 de 2021, precisó que su procedencia

23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, auto de 5 de agosto de 2021, Rad. 11001-

03-06-000-2021-00049-00(C), MP. Edgar González López.
24 Antes Código Disciplinario Único, contenido en la Ley 734 de 2002, bajo el cual se rigió el caso

concreto.
25 Corregido por el artículo 6 del Decreto 1656 de 2021.
26 La Corte IDH consideró que una autoridad administrativa no puede imponer sanciones que limiten

los derechos políticos a elegir y ser elegido, teniendo en cuenta que el artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) admite su reglamentación «por razones
de (...) condena, por juez competente, en proceso penal».
27 Así se advierte en la exposición de motivos del proyecto de ley 423 de 2021 Senado, «por medio

de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones». Ver: Gaceta del Congreso
234 de 7 de abril de 2021.
28 Ley 2094 de 2021, artículos 238A a 238E.
29 Magistrados ponentes: José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos Cortés González.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

debía entenderse respecto de los funcionarios de elección popular, identificó ciertas
limitaciones en su configuración legal y fijó pautas de corrección, como se expone
a continuación:

335. Como se puede ver, el recurso de revisión permite el ejercicio de las garantías
sustanciales del debido proceso. Lo expuesto, porque le permite al sancionado que,
dentro de los 30 días siguientes a la decisión del órgano de control, pueda ejercer
todas las actuaciones procesales que le permitan controvertir su legalidad, como por
ejemplo solicitar pruebas, refutarlas, presentar las alegaciones correspondientes,
etc. Este mecanismo cumple entonces con los requisitos advertidos en la Sentencia
C-091 de 2022, para que un instrumento de control sobre un acto administrativo sea
conforme a la Constitución, porque permite ejercer razonablemente el derecho de
defensa y someter a una revisión de pleno derecho el acto expedido por la PGN,
para que sea el despacho judicial el que, conforme lo buscó el Legislador, adopte la
decisión correspondiente.

336. Adicionalmente, la Sala destaca que, por mandato de los artículos 1º y 57 de
la Ley 2094 de 2021, cuando se trata de servidores de elección popular, el trámite
del mecanismo de revisión suspende la ejecución de la decisión sancionatoria
impuesta por la PGN, hasta tanto el juez de lo contencioso administrativo se
pronuncie, lo que también asegura la reserva judicial definida por el estándar
derivado del bloque de constitucionalidad y que fue materializada por el Legislador
en la Ley 2094 de 2021. Igualmente, por lo expuesto por esta Corte, dicha decisión
no corresponde a la imposición definitiva de la sanción, la que será tomada por el
juez de lo contencioso administrativo.

337. Se aclara que, dado el espíritu del artículo 23.2 de la CADH y su pretensión de
impedir la posibilidad de que un funcionario de elección popular sea retirado por una
entidad que ejerce funciones administrativas, es necesario entender que la
activación del recurso automático de revisión exige que el sancionado esté en
ejercicio del mandato popular, pues, de no ser así, deberá acudir a los medios de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

338. Sin embargo, esta Corporación evidencia que dicho instrumento de
participación judicial tiene las siguientes limitaciones:

a) Es un recurso, que conforme con lo prescrito en los artículos 54 a 60 analizados,
es de carácter rogado; por lo tanto, de no interponerse, no habría intervención
judicial material y efectiva respecto de la imposición de las sanciones restrictivas del
derecho político de elegir y ser elegido de los funcionarios públicos de elección
popular, con lo cual se desconocería el artículo 23.2 de la Convención Americana
de Derechos Humano.

b) Al ser un recurso extraordinario, solo se puede interponer con fundamento en las
causales específicas señaladas en el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, lo cual es
limitativo al derecho de defensa y, adicionalmente, podrían existir eventuales
motivaciones para la imposición de sanciones restrictivas del derecho político de
elegir y ser elegido de los funcionarios de elección popular, por fuera de las causales
legales señaladas, que no podrían ser controladas por el juez competente.

c) El recurso no ordena un examen integral de la decisión de la PGN dirigido a
garantizar que aquella no tenga como finalidad generar una interferencia indebida
en el mandato popular y en los derechos políticos del sancionado.

339. Ante las incompatibilidades o limitaciones advertidas sobre dicho medio judicial,
que afectan su idoneidad y eficacia plena para garantizar los derechos políticos de
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

los servidores de elección popular en el ejercicio de la acción disciplinaria por parte
de la Procuraduría General de la Nación, es necesario proferir una sentencia que
module los efectos normativos del mencionado recurso en el siguiente sentido:

a) El estándar de garantía constitucional exige que la intervención del juez en la
determinación e imposición de las sanciones analizadas a los servidores de elección
popular sea obligatoria y no rogada. También, debe ser ordinario y siempre estar
presente en la imposición de dichas sanciones, para que estas se concreten en una
sentencia judicial. Por lo tanto, el trámite del recurso de revisión operará de manera
automática e inmediata y no está supeditado a las causales taxativas de
procedencia, permitiéndosele al ciudadano disciplinado el ejercicio de todas las
actividades procesales que estime pertinentes a su defensa, tales como presentar
argumentos a su favor, solicitar pruebas y permitir su contradicción, lo cual podrá
hacer dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia disciplinaria
proferida por la PGN, tal como lo establece el artículo 57 de la Ley 2094 de 2021, el
cual creó el artículo 238 D de la Ley 1952 de 2019. Vencido este término, en el que
el disciplinado puede ejercer de manera efectiva su derecho de defensa y todas sus
garantías procesales, la PGN deberá enviar, inmediatamente, el proceso ante el juez
de lo contencioso administrativo, quien deberá hacer un examen integral de la
actuación disciplinaria adelantada por la PGN, no solo de corrección de legalidad.

b) Las decisiones de la PGN que se refieran a la destitución, suspensión e
inhabilidad de funcionarios de elección popular, no podrán, en ningún caso, ser
impuestas de manera definitiva sin la intervención del juez de lo contencioso
administrativo.

c) Contra la sentencia del juez de lo contencioso administrativo procederán los
recursos de ley consagrados en el CPACA. El sistema de investigación y
juzgamiento disciplinario de servidores de elección popular se complementará con
las normas que se enuncian en el artículo 22 de la Ley 1952 de 2019, entre las que
está el artículo 179 y siguientes del CPACA y las reglas supletivas del Código
General del Proceso.

59. En síntesis, la Corte Constitucional reconoció que el recurso de revisión, tal
como fue diseñado por el legislador, presentaba limitaciones que podían afectar su
idoneidad y eficacia para garantizar los derechos políticos de los funcionarios de
elección popular. Por ello, precisó que este mecanismo debía operar de manera
automática e integral, no como un recurso rogado ni restringido a causales taxativas,
de forma que asegurara un control judicial pleno de las sanciones impuestas por la
Procuraduría General de la Nación.

60. De igual manera, advirtió que las sanciones de destitución, suspensión e
inhabilidad contra servidores de elección popular no podían adquirir firmeza sin la
intervención de un juez contencioso administrativo, quien debía ejercer un examen
amplio de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación
disciplinaria. Con ello, se reafirmó la garantía de la reserva judicial y se fortaleció la
protección de los derechos políticos de elegir y ser elegido, en consonancia con los
estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

61. Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, mediante auto de unificación jurisprudencial del 3 de diciembre de

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

202430, precisó las reglas de procedencia y trámite del recurso extraordinario de
revisión, con el fin de armonizar la regulación contenida en la Ley 2094 de 2021 con
los parámetros fijados por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a saber:

Primera regla:

Procedencia:

El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o de
doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que impongan
sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección
popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo de elección
popular al momento de la imposición de la sanción.

Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas
cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con
posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o
ejercer funciones públicas.

Segunda Regla:

Suspensión de la sanción:

La ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el trámite de
revisión, esto es, hasta la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se resuelve el
recurso de revisión.

Tercera regla:

Intervención directa del sancionado:

El servidor público de elección popular, dentro de los treinta días siguientes a la
notificación de la decisión sancionatoria por parte de la Procuraduría General de la
Nación, tendrá derecho a formular cargos, presentar argumentos a su favor, solicitar
pruebas y permitir la contradicción de las practicadas en el procedimiento
administrativo. En tal caso, puede intervenir directamente o través de apoderado
para el ejercicio de sus derechos, sin mayores exigencias formales distintas a la
legitimidad, oportunidad y sustentación de los motivos de inconformidad.

Cuarta regla:

Auto que avoca conocimiento del trámite de revisión

El trámite judicial del recurso de revisión inicia con el auto que avoca conocimiento,
el cual debe notificarse a la Procuraduría General de la Nación y al disciplinado. El
órgano de disciplina, dentro de los cinco (5) días siguientes, podrá oponerse a los
cargos presentados por el servidor público de elección popular, en su escrito de
intervención, en los términos del artículo 59 de la Ley 2094 de 2021.

Quinta regla:

Procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble conformidad

30 Radicado 11001-03-15-000-2023-00841-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

En el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción
disciplinaria impuesta por la procuraduría, procederá el recurso de doble
conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247 del CPACA.

Sexta regla:

Competencia para resolver el recurso de doble conformidad

El recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión emitidas por las
Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado, se resolverá por la Sala
Especial de Decisión que siga en orden numérico.

Séptima Regla:

Control integral:

El juez contencioso administrativo ejercerá un examen integral sobre la
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación administrativa de la
procuraduría y de sus decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e
inhabilidad de servidores públicos de elección popular.

62. De esta manera, el auto de unificación delimitó con claridad los elementos
esenciales del recurso extraordinario de revisión y delimitó su procedencia
únicamente frente a las sanciones que restringen derechos políticos de los
servidores de elección popular suspendiendo sus efectos hasta tanto se produzca
la decisión judicial, con el fin de garantizar la intervención efectiva del disciplinado
dentro de un marco de contradicción y defensa. A su vez, reguló la forma de avocar
conocimiento, la procedencia del recurso de doble conformidad y la competencia
para resolverlo, concluyendo con la exigencia de un control integral por parte del
juez contencioso administrativo.

63. En particular y en lo atinente al control integral previsto en la séptima regla,
la providencia efectuó las siguientes precisiones:

Así las cosas, el control integral, supone que el juez al decidir el asunto no está
sometido únicamente a los cargos o alegaciones señalados por el servidor público
sancionado, sino que [la] garantía de la reserva judicial impone un análisis más
amplio que incluye i) el análisis de la actuación administrativa sancionatoria bajo
los principios rectores de la ley disciplinaria, esto es, legalidad de la falta y de las
sanciones, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad
humana, presunción de inocencia, culpabilidad, favorabilidad, congruencia,
igualdad, derecho a la defensa, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción,
motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de los principios e
integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y
los convenios internacionales ratificados por Colombia y ii) la posibilidad de variar
la calificación de la falta y la imposición de la sanción, sin afectar el principio de la
no reformatio in pejus31, entre otros aspectos32.

31 Libro I. Parte General. Título I. Principios y normas rectoras de la Ley disciplinaria Ley 1952 de

2019.
32 Ibidem.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

64. De esta forma, el control integral implica que el juez contencioso
administrativo no se limite a verificar los cargos formulados o las alegaciones del
disciplinado, sino que debe efectuar un examen amplio y sustantivo de la actuación
administrativa, a la luz de los principios rectores del derecho disciplinario y de los
estándares internacionales en materia de derechos humanos. De esta manera, se
garantiza que las sanciones disciplinarias impuestas a los servidores de elección
popular respondan a un juicio judicial completo, que puede incluso modificar la
calificación jurídica de la falta y la sanción impuesta, siempre que se respete el
principio de non reformatio in pejus.

65. Adicionalmente, el artículo 238G de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el
artículo 60 de la Ley 2094 de 2021, establece que la sentencia deberá proferirse
dentro de los 6 meses siguientes a la admisión del recurso, con prelación sobre
otros asuntos, salvo los de naturaleza constitucional.

66. Igualmente, la referida disposición prevé que el fallo que declare fundado el
recurso dejará sin efectos la decisión recurrida y dictará en su lugar la providencia
que corresponda.

67. En síntesis, el diseño y aplicación del recurso extraordinario de revisión ha
sido objeto de un proceso de consolidación jurisprudencial en el que confluyen las
decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. La primera, mediante
la sentencia C-030 de 2023, al efectuar el control de constitucionalidad de la Ley
2094 de 2021, precisó que el mecanismo debía operar de manera automática e
integral, y no como un recurso rogado o limitado a causales taxativas, con el
propósito de asegurar la reserva judicial y la protección de los derechos políticos de
los servidores públicos de elección popular. La segunda, a través del auto de
unificación de 3 de diciembre de 2024, fijó las reglas de procedencia y trámite del
recurso, armonizó la regulación legal con los parámetros fijados por la Corte
Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y destacó la
necesidad de un control judicial integral sobre las sanciones disciplinarias impuestas
a funcionarios democráticamente elegidos.

2.3. El caso en concreto

68. En el sub examine, se advierte que el disciplinado no interpuso recurso
extraordinario de revisión; no obstante, esta Sala Especial de Decisión debe
efectuar el control automático e integral de la actuación disciplinaria adelantada por
la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo dispuesto en la normativa
vigente y la jurisprudencia modulada por la Corte Constitucional en la sentencia C-
030 de 2023 y reglamentada por el auto de unificación del 3 de diciembre de 2024
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

69. Como se advirtió previamente, esta revisión no se circunscribe a las causales
previstas en el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, sino que también comprende el
examen de las causales de nulidad de los actos administrativos consagradas en el
16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo en adelante CPACA.

70. Ahora bien, el investigado se pronunció frente al recurso dentro del término de
traslado de la providencia que avocó conocimiento. En resumen, argumentó lo
siguiente: i) manifestó que la PGN no valoró de forma integral las pruebas, en
especial, el Decreto 537 de 2020 y la sentencia C-181 de 2020; ii) expuso que el
Decreto 537 de 2020, expedido durante la emergencia económica y social por la
pandemia de Covid-19, autorizaba a las entidades del orden municipal a recurrir a
la contratación de urgencia o contratación directa para la adquisición de bienes y
servicios con el fin de prevenir y mitigar los efectos del virus; iii) refirió que el contrato
en cuestión se llevó a cabo bajo la modalidad de contratación directa después de
que un proceso de mínima cuantía previo (MC-011-2020) fuera declarado desierto
y que su objeto consistía en la dotación a los funcionarios de la corporación que
incluía materiales antifluido para el personal de aseo, aspecto relacionado con la
mitigación del virus que justificaban la urgencia manifiesta; iv) alegó que, según las
declaraciones de asesores jurídicos y la secretaria general (Jhon Henry Mendoza
Mora y Sandra Camila Valencia Rojas) la decisión de utilizar la contratación directa
fue tomada por el Comité Jurídico, Financiero y Administrativo, y no por el
disciplinado, quien solo actuó como ordenador del gasto firmando el contrato; v)
sostuvo que hubo un vencimiento de términos y una aplicación indebida del régimen
de transición, dado que la investigación se abrió el 20 de octubre de 2021 bajo la
Ley 734 de 2002, que establecía un término de 12 meses, el cual venció el 20 de
octubre de 2022; sin embargo, 7 meses después de vencido el término inicial, la
Procuraduría Provincial prorrogó la etapa de investigación (el 10 de mayo de 2023).

71. En este contexto, la Sala Especial de Decisión analizará si la actuación
administrativa adelantada por la Procuraduría General de la Nación contra el señor
Carlos Alberto Ospina Díaz, dentro del expediente IUS E- 2021-527175 y IUC D-
2021-2087000, se ajustó a los parámetros constitucionales, convencionales y
legales aplicables.

72. Además, se abordarán, al momento de estudiar la tipicidad, antijuridicidad y
culpabilidad, los argumentos esbozados por el disciplinado. Finalmente, se
estudiarán las alegaciones relacionadas con la prórroga de la investigación
efectuada por la procuraduría, cuando se revise el trámite surtido en las actuaciones
disciplinarias.

73. Con fundamento en lo anterior y para efectos metodológicos, el control
integral se desarrollará en el siguiente orden:

2.3.1. Aspectos procesales de la actuación disciplinaria

74. La Sala procede a examinar los aspectos procesales de las actuaciones
disciplinarias sometidas a revisión, en particular: (i) las normas aplicables al

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

procedimiento; (ii) la competencia de la autoridad que adelantó la actuación; (iii) la
calidad del sujeto disciplinable y; (iv) las instituciones de la prescripción y la
caducidad.

(i) Las normas aplicables al procedimiento

75. De acuerdo con el expediente disciplinario, el reproche formulado al concejal
sancionado se fundó en la presunta infracción de las normas que regulan las
modalidades de selección en la contratación estatal, en la medida en que el
investigado habría intervenido en la actividad contractual del contrato CD-028-COM-
001-2020, sin aplicar en forma completa el proceso de selección de mínima cuantía
establecido en la Ley 1150 de 2007, actuación con la que inobservó principios de la
contratación estatal como transparencia, economía y selección objetiva.

76. Revisado el expediente disciplinario se encuentra que se llevaron a cabo las
siguientes actuaciones:

77. El 20 de octubre de 202133, la Procuraduría Provincial de Instrucción de
Fusagasugá ordenó la apertura de la investigación disciplinaria contra el referido
concejal, quien para la época de los hechos investigados también desempeñaba
ese cargo en la corporación municipal, la que además presidía, y ordenó la práctica
de pruebas.

78. Por auto del 29 de abril de 202434, dispuso el cierre de la investigación para
evaluar el mérito de esta y concedió un término de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la notificación, para presentar alegatos precalificatorios.

79. El 5 de junio de 202435 formuló cargo único contra el señor Ospina Díaz por
presuntamente incurrir en la falta disciplinaria gravísima prevista en el numeral 31
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistente en participar en la etapa
contractual, con desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal y ordenó el archivo de la investigación por las demás faltas investigadas.

80. El fallo de primera instancia fue proferido el 18 de noviembre de 202436, por
la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Facatativá; el disciplinado fue
notificado el 12 de diciembre de 2024 y el término para interponer recursos
transcurrió del 13 al 27 del mismo mes y año37.

81. Para determinar cuáles eran las normas aplicables al proceso seguido contra
el concejal se debe partir del momento en que tuvo lugar la conducta investigada,
en este caso, el 24 de noviembre de 2020, cuando se celebró el contrato CD-028-
COM-001-2020.

33 Expediente administrativo, archivo 005, Páginas 54-58.
34 Expediente administrativo, archivo 005, páginas 166-167.
35 Expediente administrativo, archivo 005, páginas 176-210.
36 Expediente administrativo, páginas 323 – 344. Cuaderno 2.
37 Constancia de notificación, Expediente administrativo, archivo 005, página 288.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

82. Para esa fecha se encontraba en vigencia la Ley 734 de 2002, Código
Disciplinario Único. Con posterioridad se expidió la Ley 1952 de 2019, Código
General Disciplinario, cuya vigencia se reguló en los siguientes términos:

ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO. Los procesos disciplinarios en los que
se haya proferido auto de apertura de investigación disciplinaria o de citación a
audiencia al entrar en vigencia la presente ley continuarán tramitándose de
conformidad con las ritualidades consagradas en el procedimiento anterior.

Las indagaciones preliminares que estén en curso al momento de entrada de la
vigencia de la presente ley, se ajustarán al trámite previsto en este código.

83. Luego, con la expedición de la Ley 2094 de 2021 se prorrogó la entrada en
vigor de la ley 1952 de 2019 al 29 de marzo de 2022, es decir, 9 meses después de
su promulgación (29 de junio de 2021). Salvo el artículo 1 relativo a las funciones
jurisdiccionales, que entró a regir de forma inmediata y el artículo 7 que inició su
vigencia 30 meses después de su promulgación (29 de diciembre de 2023).

84. De acuerdo con lo expuesto, para el 6 de junio de 2024, cuando se notificó
pliego de cargos, ya estaba en vigencia el Código General Disciplinario (29 de
marzo de 2022); por consiguiente, el procedimiento debía adelantarse bajo la egida
normativa, como acertadamente lo determinó la Procuraduría General de la Nación
al surtir ambas instancias. No obstante, los aspectos sustanciales siguieron
regulándose por el Código Único Disciplinario, por ser la norma vigente al momento
en que se llevó a cabo el comportamiento reprochado.

85. En consecuencia, el trámite surtido en el presente asunto se ajustó a las
normas aplicables, pues se agotaron las etapas de apertura y cierre de la
investigación38, alegatos precalificatorios39, formulación de cargos40, fijación del
juicio a seguir, descargos, solicitud y práctica de pruebas41, alegatos de
conclusión42, fallo de primera instancia43, e interposición y resolución del recurso de
alzada44, conforme lo exige el CGD (Ley 1952 de 2019).

(ii) La competencia de la autoridad que adelantó la actuación

86. En lo que respecta al estudio de la competencia, la Sala advierte que, con
ocasión de las reformas introducidas al proceso disciplinario por la Ley 2094 de
2021, se dispuso un ajuste en la estructura y funcionamiento de las dependencias
de la Procuraduría General de la Nación, así como en su planta de personal. Dichos

38 Artículo 211 del CGD. Expediente administrativo, archivo 005, páginas 54-58 y 170-172.
39 Artículo 220 del CGD. Expediente administrativo, archivo 005, páginas 170-172.
40 Artículo 221 – 225 del CGD. Expediente administrativo, archivo 005, páginas 176-210.
41 Artículo 225ª y 225B del CGD. Expediente administrativo, archivo 005, páginas 229-232.
42 Artículo 225E del CGD. Expediente administrativo, archivo 005, páginas 238-239.
43 Artículo 225F del CGD. Expediente administrativo, archivo 005, páginas 256-280.
44 Artículo 225G del CGD. Expediente administrativo, archivo 002, páginas 4-44.

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

cambios se materializaron a través del Decreto 1852 de 2021, vigente desde el 29
de marzo de 2022.
87. En consecuencia, para la fecha en que se expidieron las actuaciones
administrativas objeto de revisión, el mencionado Decreto ya se encontraba en
vigor. De acuerdo con lo establecido en sus artículos 22 y 23, que modificaron,
respectivamente, los artículos 76 y 76A del Decreto Ley 262 de 2000, las
autoridades que intervinieron en este caso eran no solo material, sino también
funcionalmente competentes.

88. Lo anterior, se corrobora con lo actuado en el expediente en tanto la
Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá profirió el pliego de cargos
contra el disciplinado mediante auto del 5 de junio de 2024. Posteriormente, el
proceso fue remitido a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Facatativá,
despacho que avocó conocimiento y profirió el fallo de primera instancia.

89. En lo que concierne a la decisión de segunda instancia, esta fue proferida el
3 de julio de 202545, por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos
de Elección Popular. Al respecto, el literal b) del numeral 3 del artículo 11 del
Decreto 1851 de 2021, que modificó el artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000,
dispuso expresamente que dicha Sala debía «[c]onocer[ía] de los recursos de
apelación y de queja, (…) en etapa de juzgamiento, en los procesos de
conocimiento de los procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales,
en las actuaciones contra servidores públicos de elección popular».

90. La Sala considera oportuno recordar que, en un ejercicio de armonización
entre la Ley 2094 de 2021, la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad,
en particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte
Constitucional ha sostenido que la Procuraduría General de la Nación es
competente para imponer sanciones disciplinarias de suspensión, inhabilidad y
destitución a los servidores públicos de elección popular, siempre que se respeten
las garantías procesales y la reserva judicial de la imposición definitiva de las
sanciones, dentro de las cuales se incluye la procedencia del presente recurso
extraordinario de revisión46.

91. Esta interpretación fue reiterada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en el citado auto de unificación del 3 de
diciembre de 2024 radicado 11001-03-15-000-2023-00871-00, en el cual se señaló
que el juicio efectuado por la Corte Constitucional respecto de la competencia47 hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional.

92. Cabe advertir que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 de la
Ley 1952 de 2019, la competencia orgánica de las dependencias de la Procuraduría

45 Expediente administrativo, archivo 002, páginas 58-91.
46 Al respecto revisar las sentencias C-500 de 2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C- 086 de

2019, C-030 de 2023.
47 Ibidem.

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

se encontraba determinada por las modificaciones introducidas por la Ley 2094 de
2021 y desarrolladas en los Decretos 1851 y 1852 de 2021.

93. De esta manera, la distribución interna de competencias correspondió a la
estructura vigente al momento de las decisiones, en virtud de las reformas
introducidas por la Ley 2094 de 2021 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, la
Sala concluye que la competencia de las autoridades que intervinieron en el proceso
disciplinario se ajustó en su integridad al ordenamiento jurídico aplicable.

(iii) La calidad del sujeto disciplinable

94. En lo que concierne a la calidad del sujeto disciplinable, el artículo 25 de la
Ley 734 de 2002 dispone:

Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se
encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53
del Libro Tercero de este código.

95. A su turno, el artículo 123 de la Constitución Política dispone que son
servidores públicos «los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios».

96. El artículo 312 ibidem prevé que:

ARTICULO 312. <Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2007.
El nuevo texto es el siguiente:> En cada municipio habrá una corporación político-
administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se
denominará concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros
según lo determine la ley de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación
podrá ejercer control político sobre la administración municipal.
La ley determinará las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades de los
concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no
tendrán la calidad de empleados públicos. (…).

97. De esta manera, conforme a la normativa citada y a lo probado en el
expediente, el proceso disciplinario recayó sobre el señor Carlos Alberto Ospina
Díaz, quien ejerció el cargo de concejal del municipio de Soacha, para el período
2020-202348, conforme al formulario E-27 del 2 de noviembre de 2019 expedida por
la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo tanto, ostentaba la calidad de
servidor público, razón por la cual era destinatario del régimen disciplinario y, en
consecuencia, podía ser investigado por la Procuraduría General de la Nación.
Además, se desempeñó como presidente de la corporación durante el año 2020.

98. Esta conclusión resulta concordante con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, que en la sentencia C-030 de 2023 precisó que los servidores

48 Valga la pena aclarar que del mencionado estudio también se evidenció que el disciplinado se

encuentra ejerciendo dicho cargo nuevamente para el periodo 2024-2027.
21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

públicos de elección popular, entre ellos los concejales, son destinatarios de la
acción disciplinaria ejercida por la Procuraduría General de la Nación, siempre que
se garantice la revisión judicial integral de las sanciones.

99. Del mismo modo, en el referido auto de unificación del 3 de diciembre de
2024, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado reiteró
que el juicio efectuado por la Corte Constitucional en esta materia hizo tránsito a
cosa juzgada constitucional, despejando toda duda acerca de la sujeción
disciplinaria de los servidores de elección popular.

(iv) Prescripción y caducidad

100. Por último, corresponde a la Sala examinar la prescripción y la caducidad de
la acción disciplinaria en el presente caso.

101. Como se indicó en el numeral anterior, la actuación administrativa se
adelantó correctamente bajo las reglas de la Ley 1952 de 2019, norma que podría
resultar más favorable para el disciplinado en la medida en que reguló la
prescripción de la acción disciplinaria en su artículo 7 (disposición que entró en vigor
el 29 de diciembre de 2023) en el sentido de mantener el término general de 5 años
e introducir una regla de interrupción vinculada a la notificación del fallo de primera
instancia, además de establecer plazos adicionales para la decisión de segunda
instancia, por lo que el estudio se realizará, primero, con la prescripción regulada
en dicha disposición:

Artículo 7. Prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribirá
en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación, para las de carácter permanente o continuado, desde la realización
del último hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción
se cumple independientemente para cada una de ellas.

La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años desde
la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda
instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de
prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se interrumpirá
con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta
se producirá si transcurridos tres (3) años desde la notificación del fallo de primera
instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia49.

102. Así entonces, el citado artículo entró en vigor a partir del 29 de diciembre del
2023, de acuerdo con lo establecido por el parágrafo segundo del artículo 73 ibidem,
fecha para la cual50 no se había proferido el fallo de segunda instancia en el proceso

49 Al respecto, se precisa que la redacción del texto original del artículo 33 de la Ley 1952 de 2019

señalaba que el término de prescripción se contabilizaba «a partir del día siguiente del vencimiento
para impugnar la decisión», no obstante, con la modificación de la Ley 2094 de 2021 este se computa
«desde la notificación del fallo de primera instancia».
50 Esto es 10 de abril de 2025.

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

disciplinario en revisión.

103. En efecto, la conducta endilgada al disciplinado tuvo lugar el 24 de noviembre
de 2020, el fallo de primera instancia se profirió el 18 de noviembre de 2024 y se
notificó el 12 de diciembre de 2024, es decir, dentro de los 5 años siguientes.
Mientras que el fallo de segunda instancia se dictó el 3 de julio de 2025 y se notificó
el 7 del mismo mes y año, de modo que, observó el plazo de 2 años establecidos
en la norma en cita.

104. Ahora bien, el artículo 33 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo
132 de la Ley 1474 de 2011, regulaba la prescripción y la caducidad de la acción
disciplinaria de la siguiente forma:

La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia
de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este
término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización
del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de
apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en
un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de
ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique.

105. De acuerdo con dicha norma, para que no se configure la caducidad de la
acción disciplinaria, el auto de apertura de investigación debe ser expedido dentro
de los 5 años siguientes a la ocurrencia de la falta; y para que no opere la
prescripción, el fallo de primera instancia debe proferirse dentro de los 5 años
posteriores al auto de apertura.

106. Ahora, si el cálculo se realizara con la Ley 734 de 2002, norma vigente para
la fecha de ocurrencia de los hechos y para el momento de inicio de la
investigación, se tendría que el término de caducidad comenzó a contarse a partir
del 24 de noviembre de 2020, fecha en que el sancionado suscribió el contrato
cuestionado, el auto de apertura de investigación se dictó el 20 de octubre de 2021
(dentro de los 5 años siguientes).

107. En cuanto a la prescripción, el artículo 33 señalaba que esta se interrumpía
con la notificación del fallo de primera instancia. En el presente caso, el fallo se
profirió el 18 de noviembre de 2024 y se notificó el 12 de diciembre de 2024, es
decir, dentro de los 5 años siguientes a la apertura, de modo que la acción
disciplinaria se interrumpió oportunamente.

2.3.2. Violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho o de
derecho en la apreciación de las pruebas

23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

108. En este acápite, la Sala examinará el análisis que realizaron las autoridades
competentes respecto de las pruebas obrantes dentro del proceso disciplinario, las
cuales sirvieron de fundamento para adoptar la decisión cuestionada.

109. El CDU y el CGD establecen que toda decisión interlocutoria y el fallo
disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al
proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. Además,
asignan al Estado la carga de la prueba.

110. En el mismo sentido, consagran un estándar probatorio de certeza sobre la
existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado para proferir fallo
sancionatorio.

111. La búsqueda, práctica y valoración de la prueba, de acuerdo con el régimen
disciplinario, debe observar, entre otros, principios como la imparcialidad, el
aseguramiento, la contradicción, el cumplimiento de las formalidades sustanciales
y derechos fundamentales en su recaudo, la libertad de medios probatorios y la
apreciación integral.

112. Revisadas las actuaciones adelantadas por la Procuraduría General de la
Nación se encuentra que la etapa probatoria observó los anteriores lineamientos al
momento de recaudar, practicar y valorar las pruebas solicitadas y decretadas.

113. En la investigación se formuló el siguiente cargo: «que el investigado intervino
en la actividad contractual con la firma del contrato CD-028-COM-001-2020, y
que, al parecer, lo hizo indebidamente al omitir principios de la contratación estatal
(transparencia, economía y selección objetiva), ya que no se aplicó en forma
completa el proceso correspondía, se colige que tal conducta encuadra
expresamente en la falta consagrada en el artículo 48.31 de Ley 734 de 200251»
(Negrilla fuera de texto).

114. El reproche se fundamentó en que el concejal suscribió el contrato e intervino
en el proceso contractual sin seguir la modalidad de selección procedente para la
adquisición de las prendas de dotación que requería el personal de la corporación
que presidía, esto es, la mínima cuantía y, en su lugar, optó por contratar de manera
directa.

115. La procuraduría explicó que en el texto del contrato se invocó la modalidad de
contratación directa sin que se cumplieran los requisitos contemplados en la Ley

51 Artículo 48. Faltas gravísimas. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo

265 de la Ley 1952 de 2019> Son faltas gravísimas las siguientes:
31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la etapa precontractual o en
la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley.
24

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

1150 de 2007 (artículo 2, numeral 4, literal g) y el artículo 2.2.1.2.1.4. del Decreto
1082 de 2025, que establece esa modalidad cuando no hay pluralidad de oferentes,
puesto que, según lo determinado en la etapa precontractual, se debía adelantar un
proceso de selección de mínima cuantía que inició y se terminó de manera irregular.

116. Con dicha actuación desconoció los principios de economía, transparencia y
selección objetiva.

117. Entre las pruebas legalmente allegadas al expediente, la Procuraduría
General de la Nación destacó las siguientes:

118. Resolución 374 del 29 de octubre de 2020, suscrita, entre otros, por el
presidente del concejo Carlos Alberto Ospina Díaz, mediante la cual se declaró
desierto el proceso de selección de mínima cuantía MC-011-2020, que tenía por
objeto: «la adquisición de dotación personal de planta del Concejo Municipal de
Soacha».

119. Resolución 416 del 20 de noviembre de 2020, firmada también por el
disciplinado, por la cual, el Concejo Municipal de Soacha ordenó adelantar la
contratación directa para «la adquisición de dotación personal de planta del Concejo
Municipal de Soacha», como se observa en la siguiente imagen:

25

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

120. Documento del 23 de noviembre de 2020, contentivo de estudios previos para
la «adquisición de dotación»; en modalidad de selección de mínima cuantía, suscrito
por el concejal investigado y otros funcionarios.

121. Contrato CD-028-COM-001-2020 del 24 de noviembre de 2020, para «la
adquisición de dotación personal de planta del Concejo Municipal de Soacha», por
un valor de $1.704.480,00, firmado por Carlos Alberto Ospina Díaz, en su condición
de presidente del Concejo Municipal de Soacha, y la empresa MAGNER
INDUSTRIAL Y CIA S.A.S.

122. En el contrato se plasmaron las siguientes consideraciones52:

a . Que de conformidad con la Ley 1150 de 2007, el artículo 2, numeral 5, literal g.
Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.
b . Que por su parte el artículo 2.2.1.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, preceptúa las
entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa "Se
considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona
que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad
industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio
nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la
contratación"53.
c . Que la empresa MAGNER INDUSTRIAL Y CIA S.A.S, es la única interesada en
participar en el proceso y suministrar la dotación.
d . Que en cumplimiento de los establecido por el Decreto 1082 de 2015, en su artículo
2.2.1.2.1.4.1, se expide el acto administrativo que acompaña el presente contrato.
e . Que existen los recursos presupuestales necesarios para atender el pago del valor
de este contrato, de acuerdo con el CDP N° 258 de octubre 6 de 2020, por un valor
de UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE ($ 1.704.480,00), incluido IVA.
f. Que habiéndose dado cumplimiento a los trámites y requisitos legales, es
procedente la celebración del presente contrato de prestación de servicios, el cual se
regirá por las siguientes clausulas (…).

123. A partir del análisis de los anteriores elementos probatorios, la Procuraduría
Provincial de Juzgamiento determinó que la Resolución 416 de 2020, que ordenó la
contratación en forma directa no se encontraba justificada en las causales de
procedencia de dicha modalidad de contratación.

124. También precisó que la suscripción del contrato no se ajustó a lo establecido
en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 201554 que regula la contratación
directa cuando no existe pluralidad de oferentes, disposición invocada en la parte
considerativa del aludido acto.

52 La norma a la que se hace referencia que consagra la contratación directa cuando no hay
pluralidad de oferentes es el artículo 2, numeral 4, literal g.
53 Este contenido está consagrado en el artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015.
54 Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera

que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el
bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor,
o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el
estudio previo que soporta la contratación.

26

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

125. En la decisión de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular volvió sobre el contenido de dichos
documentos y reiteró que el investigado cometió la falta gravísima señalada en el
numeral 31 del artículo 48 del CDU, puesto que no adelantó el proceso de selección
de mínima cuantía señalado en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

126. Explicó que, después de la declaración de desierto del proceso de mínima
cuantía, lo que se debía hacer era reiniciar el proceso de selección, más no acudir
a la contratación directa, por tratarse de una modalidad excepcional y taxativa, que
no tiene entre sus causales, la declaración de desierto de un proceso de selección.

127. Indicó que tras haberse declarado desierto el proceso de mínima cuantía se
debían revisar las condiciones de la invitación inicial (presupuesto, alcance, plazos,
requisitos) para hacerla más atractiva o realista y, luego, volver a convocarlo, más
no, realizar un cambio de modalidad.

128. Además, explicó que los bienes adquiridos a través del contrato en cuestión
no tenían las características técnicas para considerarse que en el mercado no
existían otros oferentes que los comercializaran.

129. Advirtió también que, en el documento de estudios previos del 23 de
noviembre de 2020, suscrito por el concejal y otros funcionarios, con la finalidad de
adquirir los elementos de dotación, se definió que se debía adelantar un proceso de
selección de mínima cuantía, por lo que no está justificado que, posteriormente, se
celebrara el contrato de manera directa, bajo el argumento referente a que no existía
pluralidad de oferentes, menos aún, teniendo en cuenta que en los estudios previos
no se hizo mención a tal situación particular.

130. Frente a la justificación planteada por el sancionado, relativa a que la
contratación se adelantó de manera directa en aplicación de la autorización legal
conferida por virtud del Decreto 537 de 202055 vigente hasta el 30 de junio de 2022,
que reguló la contratación de urgencia con ocasión de la declaratoria del estado de
emergencia sanitaria por el Covid-19, encontró demostrado que dicho precepto no
fue invocado para proferir la Resolución 416 de 2020, ni para suscribir el contrato;
por el contrario, en ambos documentos se indicó expresamente que se optaba por
dicha modalidad de selección debido a la declaratoria de desierto del proceso de
mínima cuantía MC-011-2020.

131. En este punto es importante señalar que, como lo precisó en su momento
esta Corporación56, la contratación directa autorizada en el aludido decreto, a
diferencia de la regulada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, parte de que se
encuentran probados los supuestos de hecho que dan lugar a la declaratoria de

55 Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de

Emergencia Económica, Social y Ecológica.
56 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.

25, consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez, radicación: 11001-03-15-000-2025-00616-00.
27

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

urgencia manifiesta durante el estado de excepción, lo que significa que para la
celebración de contratos con dicha modalidad no se requería adelantar unos
estudios previos específicos adicionales, pues el lugar de tales documentos lo tenía
el mismo acto de declaratoria de emergencia.

132. Sin embargo, lo que echó de menos la Procuraduría en este caso fue que, ni
en el acto administrativo que determinó la modalidad a seguir ni en el contrato, se
justificó la contratación en la emergencia sanitaria y ni siquiera se hizo referencia
alguna a dicha circunstancia; aunado a ello, se realizó un documento de «estudios
previos» que determinaba que la modalidad a seguir era la de mínima cuantía.

133. Dichos elementos, a juicio de la autoridad disciplinaria, resultaban
contradictorios y no permitían tener por acreditado que el proceso de selección se
fundamentó en la autorización de contratación directa con ocasión de la pandemia.

134. Adicionalmente, en la segunda instancia se determinó que los elementos
adquiridos a través del contrato CD-028-COM-001-2020 (vestidos sastre, blusas,
zapatos y uniforme de servicios generales) no tenían relación con la necesidad de
atender la emergencia sanitaria.

135. En efecto, salvo el uniforme de microfibra antifluido, los demás elementos
contratados destinados a dotación no tenían relación alguna con las medidas
adoptadas frente al COVID-19. Con todo, es importante recordar que el Decreto 537
de 2020 fue expedido en el mes de abril de ese año, mientras que el proceso de
mínima cuantía se abrió el 20 de octubre de 2020. Por tanto, si el propósito hubiese
sido atender la situación extraordinaria derivada de la emergencia sanitaria, no se
habría acudido a un procedimiento ordinario de contratación de mínima cuantía,
sino a alguno de los mecanismos excepcionales previstos para tal fin.

136. Frente a los testimonios practicados, la Procuraduría Provincial de
Juzgamiento, luego de hacer referencia a su contenido al momento de proferir el
pliego de cargos, determinó que dichas declaraciones acreditaban que el
investigado señor Carlos Alberto Ospina Díaz fungió como presidente del concejo
en el año 2020 y que, en esa calidad, le correspondía firmar los contratos, pero que
no obró con el debido cuidado y diligencia, máxime en este caso, en que ya en los
estudios estaba definido el proceso de selección a aplicar, de lo cual no debió
separarse.

137. Por su parte, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular señaló que, aunque pueden dar cuenta de las circunstancias
fácticas que rodearon la celebración del contrato, los testimonios no tienen la
capacidad de suplir la exigencia legal de una solemnidad o requisito o sustituir el
procedimiento que la ley exige para la selección de la modalidad establecida para
escoger al contratista.

138. En sede del recurso extraordinario, el despacho sustanciador negó la
28

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

declaración de la señora Sandra Camila Valencia Rojas, en atención a que lo que
el investigado pretendía con dicha declaración era acreditar que el objeto del
contrato se cumplió. En contraste, en el presente proceso se discute si la
intervención del concejal en la celebración del contrato desconoció los principios de
la contratación estatal y los fines de la función administrativa porque aplicó una
modalidad de contratación diferente a la que contempla la ley para ese tipo de
contratos. Es decir, la falta atribuida no se refiere al incumplimiento del objeto
contractual o a la ausencia de supervisión sobre su ejecución, sino a su celebración,
que se adelantó sin observar la modalidad de contratación aplicable.

139. Del recuento probatorio antes realizado se extrae que la autoridad
disciplinaria determinó que el sancionado incumplió los deberes funcionales que le
eran exigibles en su condición de presidente del concejo municipal y ordenador del
gasto de la corporación, al suscribir el contrato bajo la modalidad de selección de
contratación directa sin que se cumplieran los presupuestos legales para su
procedencia.

140. Además, con dicho comportamiento vulneró los principios de transparencia y
economía y el deber de selección objetiva en contratación estatal, sin que existieran
pruebas que justificaran dicha trasgresión.

141. Como se observa, en el caso en concreto las decisiones de primera y
segunda instancia se profirieron con base en un estudio en conjunto de las pruebas
allegadas al proceso y de acuerdo con las reglas de la sana crítica57.

142. En este contexto, la Sala concluye que los medios de convicción fueron
apreciados de manera integral por las autoridades competentes, sin que se advierta
error de hecho o de derecho en su valoración. Por el contrario, se verificó que las
pruebas fueron analizadas conforme a las reglas de la sana crítica y a los principios
probatorios que sustentan el ius puniendi.

2.3.3. Congruencia entre el pliego de cargo y la decisión

143. Para determinar si en el proceso disciplinario se respetó el principio de
congruencia, resulta necesario confrontar el pliego de cargos con la decisión
sancionatoria, lo que implica analizar, dentro de ese marco, los elementos
constitutivos de la responsabilidad disciplinaria: tipicidad, ilicitud sustancial,
culpabilidad y causales eximentes de responsabilidad.

144. El principio de congruencia «refleja la concreción del derecho a la defensa
para quien ha sido investigado, de modo que tenga la certeza sobre los extremos
fácticos, subjetivos y jurídicos, a partir de los cuales se estructuró el proceso
disciplinario y que fueron el fundamento de la sanción. La congruencia constituye a
la vez una garantía del sujeto pasivo de la acción y un límite para quien detenta la

57 Artículo 141 de la Ley 734 de 2002.

29

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

potestad disciplinaria, pues la decisión no puede referirse a conductas que no
hicieron parte de la imputación fáctica»58.

145. En la investigación que se adelantó contra Carlos Alberto Ospina Díaz,
concejal período 2020-2023 el cargo formulado fue el siguiente: «que el investigado
intervino en la actividad contractual con la firma del contrato CD-028-COM-001-
2020, y que al parecer, lo hizo indebidamente al omitir principios de la contratación
estatal (transparencia, economía y selección objetiva), ya que no se aplicó en forma
completa el proceso correspondía, se colige que tal conducta encuadra
expresamente en la falta consagrada en el artículo 48.31 de Ley 734 de 2002 59»
(Negrilla fuera de texto).

146. El reproche se fundamentó en que el concejal intervino en el proceso
contractual sin seguir la modalidad de selección procedente para la adquisición de
las prendas de dotación que requería el personal de la corporación que presidía,
esto es, la mínima cuantía y, en su lugar, optó por contratar de manera directa,
modalidad que no era procedente en ese caso. Con dicha actuación desconoció los
principios de economía, transparencia y selección objetiva.

147. Lo primero que se advierte al comparar el pliego y las decisiones es, que el
comportamiento imputado, el fundamento normativo y el juicio de responsabilidad
formulados, correspondió con el análisis efectuado en las providencias de primera
y segunda instancia.

148. Lo anterior implica que existe identidad sustancial entre las decisiones en
relación con la infracción disciplinaria atribuida, es decir, el deber desconocido por
parte del concejal, la forma de dicho incumplimiento, la ausencia de justificación
válida y la culpabilidad. Vale la pena precisar que la variación en la calificación
subjetiva de la conducta no afecta la congruencia procesal, porque además de
haber sido sustentada, no vulneró el derecho de defensa ni el principio de legalidad,
pues la degradación de gravísima a grave no perjudicó al investigado y corresponde
a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1952 de 2019.

149. Establecida la congruencia entre el pliego de cargos y las providencias, en lo
que respecta a la tipicidad se encuentra que la falta gravísima imputada el
cuestionado conforme al numeral 31 del artículo 48 del CDU se compone de 2
acciones: participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que

58 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de mayo de

2019, Rad. 11001-03-25-000-2011-00371-00(IJ), M.P. César Palomino Cortés.
59 Artículo 48. Faltas gravísimas. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo

265 de la Ley 1952 de 2019> Son faltas gravísimas las siguientes:
31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la etapa precontractual o en
la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley.
30

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley.

150. De lo dicho se desprende que la estructura típica de la falta gravísima
endilgada al concejal se consumaba con la participación en las etapas anteriores al
contrato o las contractuales y la inobservancia de las normas que regulan la
contratación estatal, en este caso, la Ley 1150 de 2007 (en el numeral 5 artículo 2).

151. Al concejal se le atribuyó desde el pliego de cargos, el comportamiento
consistente en participar en la actividad contractual del contrato CD-028-COM-
001-2020 desconociendo el proceso de selección de mínima cuantía y contratando
de manera directa de forma injustificada, con lo que inobservó los principios de
transparencia, economía y selección objetiva en la contratación estatal, conforme
los artículos 2360, 24 numeral 861 y 25 numeral 262 de la ley 80 de 1993 y los artículos
2 numeral 5 literales a, b, c y d y 5 de la Ley 1150 de 200763.

152. Las pruebas aportadas y valoradas por la Procuraduría demuestran, primero,
que el disciplinado participó en el proceso contractual, desde que suscribió los actos
que declararon desierto el proceso de mínima cuantía y ordenaron la contratación
directa, hasta la celebración del contrato. Además de firmar un estudio previo que
determinó que era la mínima cuantía la modalidad aplicable para la adquisición de
los productos, la cual finalmente desconoció para contratar de manera directa.

60 Artículo 23.- De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las

actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los
principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que
rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios
generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.
61 Artículo 24.- Del principio de Transparencia. En virtud de este principio:

8o. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias
exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los
procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto.
62 Artículo 25.-Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 1996. En

virtud de este principio:
2o. Las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den
ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse
de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias
inhibitorias.
63 Artículo 2o. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con

arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
5. Contratación mínima cuantía. <Numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020. El
nuevo texto es el siguiente:> La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor
cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las
siguientes reglas:
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el
objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas;
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil;
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el
menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.

31

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

153. En segundo lugar, se encuentra acreditado que para la adquisición de
dotación personal de planta del Concejo Municipal de Soacha se inició un proceso
de mínima cuantía, con invitación pública, el día 20 de octubre de 2020 que cerró el
23 de octubre siguiente, con constancia de presentación de una propuesta por parte
de DEPORTIVOS FEDETEX. Según figura en los documentos aportados al
proceso, al evaluar la propuesta se determinó que no cumplía los requisitos y se
rechazó.

154. Mediante la Resolución 374 del 29 de octubre de 2020 se declaró desierto el
proceso y, a través de la Resolución 416 del 20 de noviembre siguiente, el
sancionado dispuso que la contratación se hiciera de forma directa.

155. El 24 de noviembre del mismo año, el concejal suscribió el contrato CD-028-
COM-001-2020. En la parte considerativa de este documento indicó que se
celebraba de manera directa conforme al artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de
2015, en consideración a que no existía pluralidad de oferentes.

156. El análisis de la Procuraduría General de la Nación se circunscribió a
determinar si este cambio del proceso de selección de mínima cuantía a
contratación directa (explicado en el texto mismo del contrato) se sustentaba en las
causales legales que establece el numeral el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150
de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015 (disposiciones citadas
en el contrato).

157. Luego de un estudio detallado de las pruebas practicadas y las normas que
regulan ambos procesos de selección, identificadas desde el pliego de cargos,
explicó que la contratación directa cuando no existe pluralidad de oferentes regulada
en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 200764 y el artículo 2.2.1.2.1.4.8.65
del Decreto 1082 de 2015 se presenta cuando en el territorio nacional existe un
proveedor exclusivo del bien (por razones técnicas, derechos de autor, patentes o
exclusividad), características que no tenían las prendas de vestir para dotación
laboral adquiridas por el Concejo Municipal de Soacha.

158. En todo caso, de haberse presentado esta eventualidad, lo que debía era
justificarse que tras el proceso de selección se logró determinar que el producto solo
podía ser suministrado por un único proveedor en el mercado, lo que configuraría la

64 Artículo 2o. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con

arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en
los siguientes casos:
g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado; (…).
65 Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera

que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el
bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor,
o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el
estudio previo que soporta la contratación.
32

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

causal legal para aplicar la modalidad de contratación directa.

159. La improcedencia de la contratación directa en este caso se sumó al hecho
de que el proceso de selección de mínima cuantía, que era el procedente para la
adquisición de los productos requeridos por la corporación, como lo determinaron
los estudios previos practicados, había iniciado, pero fue modificado por otra
modalidad de selección sin justificar la ausencia de pluralidad de oferentes, sin que
estuviera justificada dicha alteración a la modalidad de contratación puesto que los
objetos a adquirir no estaban directamente relacionadas con la emergencia
sanitaria66.

160. De lo expuesto se infiere que el comportamiento del señor Ospina Díaz
encuadra en la descripción típica del numeral 31 del artículo 48 del CDU y, en
consecuencia, en falta gravísima, al tenor de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007,
y en las demás disposiciones endilgadas por la Procuraduría; por lo que merece
reproche disciplinario pues intervino en la celebración de un contrato con
desconocimiento del principio de selección objetiva y otras normas rectoras de la
función administrativa y la contratación estatal.

161. Frente a la ilicitud sustancial la autoridad disciplinaria encontró que la
conducta censurada del investigado es sustancialmente ilícita puesto que implicó el
incumplimiento de los deberes funcionales que le eran exigibles en su condición de
presidente del concejo municipal y ordenador del gasto de la corporación,
comoquiera que aplicó la modalidad de selección de contratación directa y
quebrantó los principios de transparencia y economía, así como el deber de
selección objetiva de la contratación estatal.

162. El artículo 5 de la Ley 734 de 2002 (artículo 9 de la Ley 1952 de 2019),
establece que la conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte
sustancialmente el deber funcional «sin justificación alguna».

163. La Corte Constitucional en la sentencia C-452 de 2016, señaló: «Este
concepto opera no solo como una limitación constitucional del derecho disciplinario,
sino también como una exigencia prevista por el legislador como presupuesto para
la justificación de la falta disciplinaria. En ese sentido, lo que se exige es que la
conducta de la cual se predique ese juicio de desvalor deba estar necesariamente
vinculada con la afectación del deber funcional. Así, en caso de que esa relación no
se acredite, se estará ante un exceso en el ejercicio del poder disciplinario y, por la
misma razón, ante la inconstitucionalidad de la norma legal correspondiente, al
mostrarse contraria con el principio de proporcionalidad aplicable a las diferentes
manifestaciones del ius puniendi del Estado».

164. En este caso, la Sala concuerda con la conclusión a la que arribó la autoridad

66 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.

25, consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez, radicación: 11001-03-15-000-2025-00616-00.
33

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

disciplinaria en la medida en que, con su comportamiento, el disciplinado quebrantó
los deberes funcionales que le fueron encargados en razón de su cargo y con ello
afectó los principios esenciales de la función pública, particularmente la
transparencia, la economía y la selección objetiva.

165. Así, se entiende configurada la ilicitud sustancial dado que las pruebas
referidas anteriormente, analizadas en conjunto, llevan a constatar el
incumplimiento por parte del disciplinado, de los deberes funcionales67 que le
imponía el ordenamiento jurídico en su calidad de presidente del Concejo Municipal
de Soacha y, desde el punto de vista axiológico, está acreditado que con su
proceder negligente inobservó los principios de la contratación estatal y también
comprometió el cumplimiento de los fines esenciales de la administración pública.

166. Respecto a la ocurrencia de causales de justificación, la Procuraduría
concluyó que en el caso objeto de estudio no ocurrió ninguna situación que
justificara su proceder dado que, como ordenador del gasto y presidente del
Concejo Municipal de Soacha no podía predicar el desconocimiento de la situación
para justificar su omisión.

167. La sala advierte que los argumentos presentados por el investigado no
apuntan a sustentar alguna de las situaciones enumeradas en el artículo 28 de la
Ley 734 de 2002, por lo que se descarta la exclusión de responsabilidad por las
causales legalmente consagradas.

168. En relación con el juicio de reproche en sede de culpabilidad, la autoridad
disciplinaria señaló que el sancionado, en su condición de presidente del Concejo
Municipal de Soacha, debió haber observado el cuidado necesario en orden de
verificar y profundizar en el análisis que realizó para justificar la modalidad de
selección, conducta exigible justamente, en la calidad el ordenador del gasto, por lo
que su comportamiento fue producto de la culpa grave.

169. En este punto acabe advertir, que el investigado señaló en el término de
traslado de la providencia que avocó el conocimiento de la revisión integral y
automática de la actuación disciplinaria seguida en su contra, que las declaraciones
de los asesores jurídicos y la Secretaria General (Jhon Henry Mendoza Mora y
Sandra Camila Valencia Rojas) indican que la decisión de utilizar la contratación
directa fue tomada por el Comité Jurídico, Financiero y Administrativo, y no por él,
quien solo actuó como ordenador del gasto firmando el contrato.

170. Al respecto se tiene que el sancionado, en su calidad de ordenador del gasto
del Concejo Municipal de Soacha (calidad que nunca fue desconocida por el
investigado), era quien tenía la capacidad de contratar y comprometer a nombre de

67 Artículos 209, 312 y 313 de la Constitución Política y artículos 3-5 de la Ley 136 de 1994, artículos

3-4 de la Ley 489 de 1998.
34

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

la corporación que preside y ordenar el gasto68, por tanto, los conceptos de los
profesionales que conforman el comité jurídico de la corporación no eximen al
investigado de la responsabilidad de observar los principios que rigen la
contratación estatal al momento de su celebración.

171. En este contexto, a partir de la verificación del nexo psicológico entre el
sancionado y la conducta desplegada en contraste con el comportamiento que le
era exigible, se concluye que la diferencia entre ambos obedeció a la falta al deber
objetivo de cuidado por parte del concejal, quien intervino en la celebración del
contrato sin revisar la modalidad de selección aplicable y omitió, de manera
negligente, que el proceso de selección de mínima cuantía había iniciado y no era
procedente modificarlo sin cumplir los presupuestos legales.

172. En suma, del análisis realizado sobre los elementos de la responsabilidad
disciplinaria, tipicidad, ilicitud sustancial, culpabilidad y ausencia de causales
eximentes, la Sala constata que las decisiones se ajustaron a los límites fijados en
el pliego de cargos, sin que se hubieran introducido hechos, fundamentos
normativos o imputaciones diferentes a las originalmente formuladas. En
consecuencia, se encuentra acreditado que el proceso disciplinario respetó el
principio de congruencia y que la decisión sancionatoria mantuvo plena
correspondencia con la acusación inicial.

2.3.4. Nulidad originada en el curso del proceso

173. En lo que respecta a las nulidades dentro del proceso disciplinario, el artículo
143 de la Ley 734 de 2002 establece:

ARTÍCULO 143. CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad las siguientes:

1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

PARÁGRAFO. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su
convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a
este procedimiento.

174. En relación con la primera causal, esto es, la falta de competencia del
funcionario para proferir el fallo, la Sala reitera lo expuesto en apartados anteriores,
en cuanto de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y de lo establecido en la
Ley 2094 de 2021 y en los Decretos 1851 y 1852 de 2021, la Procuraduría General
de la Nación ostenta competencia para sancionar disciplinariamente a los
servidores públicos de elección popular.

175. Del mismo modo, así como se señaló anteriormente, de acuerdo con la
normativa aplicable en el presente asunto tanto la Procuraduría Provincial de

68 Artículo 110 del Decreto 111 de 1996.

35

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

Instrucción de Fusagasugá, como la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de
Facatativá y la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de elección
popular eran material y funcionalmente competentes para adelantar los trámites y
proferir los fallos dentro del presente asunto disciplinario.

176. En cuanto a las causales segunda y tercera69, la Sala también constata, como
se expuso en acápites anteriores, que el proceso se adelantó bajo las reglas
procesales del CGD con respeto de todas sus etapas procesales.

177. Frente a la prórroga de la investigación disciplinaria, se advierte que, como
lo determinó la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular, el vencimiento de los plazos de la investigación no conduce a
anular automáticamente el proceso ni invalida la autoridad al funcionario que lo
conoce, salvo que, con dicho plazo se hayan trasgredido los derechos
fundamentales del procesado.

178. En efecto, revisado en detalle el expediente se advierte que la prórroga se
ordenó para practicar las pruebas solicitadas por el investigado, de modo que, con
dicha decisión se buscó proteger sus garantías fundamentales y, en todo caso, la
acción disciplinaria se adelantó dentro del plazo de prescripción, único fenómeno
que legalmente puede extinguirla.

179. Lo anterior significa que esta Sala no encontró que se hubiese vulnerado de
manera alguna el derecho de defensa del señor Ospina Díaz, como tampoco advirtió
irregularidades sustanciales que afectaran su debido proceso.

180. Por el contrario, de la lectura de las actuaciones disciplinarias se evidencia
que el disciplinado contó con todas las oportunidades de defensa, las cuales ejerció
de manera efectiva: fue notificado de las providencias, actuó mediante apoderado
judicial, presentó descargos, solicitó pruebas, formuló alegatos de conclusión y
apeló el fallo de primera instancia.

181. Asimismo, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular en cumplimiento a lo ordenado por la sentencia C-030 de 2023 y
el auto de unificación proferido por la Sala Plena de lo Contencioso de esta
Corporación70, corrió traslado por el término de 30 días para que los sujetos
procesales ejercieran el derecho de defensa y todas las garantías procesales, previo
a que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conociera el control integral de
la actuación disciplinaria.

182. En conclusión, esta Sala descarta la configuración de alguna causal de
nulidad en el curso de la actuación disciplinaria.

69 «Violación del derecho de defensa del investigado» y «la existencia de irregularidades sustanciales

que afecten el debido proceso».
70 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de diciembre de

2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-00841-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
36

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

2.3.5. Dosificación de la sanción disciplinaria y aplicación de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad

183. En el caso concreto, como se ha expuesto, el proceso disciplinario se rigió
por las normas del CGD, norma que en el artículo 50 establece los criterios para la
graduación de la sanción. Entre los atenuantes se encuentra la ausencia de
antecedentes (numeral 1 literal a)), y como agravantes, pertenecer el servidor al
nivel directivo de la entidad y tener conocimiento de ilicitud (numeral 2 literal e) y f)).

184. En este aspecto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos
de Elección Popular modificó la dosificación de la sanción impuesta por la
Procuraduría Provincial porque no encontró demostrado uno de los agravantes
identificados por la primera instancia, referidos al conocimiento de la ilicitud. Para
adoptar esa determinación, consideró que este elemento no operaba porque el
comportamiento fue calificado subjetivamente como culposo.

185. La Sala comparte la conclusión respecto a la dosificación de la sanción a la
cual arribó la segunda instancia, en tanto, el estudio de culpabilidad arrojó que el
investigado tuvo una actuación culposa por inobservancia al deber objetivo de
cuidado, porque debido a su incuria, intervino en la etapa contractual sin aplicar la
modalidad de selección procedente. Sin embargo, dicho comportamiento no fue un
acto que llevó a cabo el investigado aun a sabiendas de que podría producir una
violación a los deberes funcionales y los principios de la función pública, sino que
su proceder fue una consecuencia de una desatención a sus deberes
constitucionales y legales.

186. Para dosificar la sanción la autoridad disciplinaria tuvo en cuenta los
parámetros establecidos en el artículo 61 del Código Penal, de lo cual concluyó que
al existir un atenuante y un agravante, la sanción debía ubicarse en el cuarto
mínimo, es decir, 1 mes de suspensión.

187. Conforme a lo visto, esta Sala considera que la determinación de la autoridad
disciplinaria se apegó a lo establecido en el artículo 50 del CGD, en lo referente al
examen de los criterios de atenuación y de agravación que dieron lugar a la
modificación de la sanción de 6 meses de suspensión a la mínima, esto es, de 1
mes de suspensión.

188. Además, se encuentra proporcionada, razonable y cumple con los fines
preventivos y correctivos de la falta gravísima cometida por el disciplinado con la
que infringió los deberes funcionales y afectó el correcto funcionamiento del Estado
y la consecución de sus fines, de manera injustificada.

2.3.6. Otras causales previstas en el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021

189. Procede la Sala a efectuar el estudio de las causales previstas en el artículo
37

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

56 de la Ley 2094 de 2021, el mismo se hará desde la causal 6 en adelante toda
vez que los escenarios establecidos en los numerales precedentes ya han sido
analizados a lo largo de la presente providencia.

190. La causal 6 establece: «Haberse encontrado o recobrado después de dictada
la decisión, documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de tercero».

191. En el presente asunto no se encontró configurada dicha causal, pues no obra
en el expediente documento alguno recobrado o allegado con posterioridad a la
decisión que hubiese podido modificar el sentido del fallo, ni el sancionado allegó
elementos de convicción adicionales en sede de revisión.

192. La causal 7 prevé: «Haberse dictado la decisión con fundamento en
documentos falsos».

193. Se descarta la configuración de la causal señalada en tanto, del estudio del
expediente disciplinario no se encontró que ninguno de los documentos analizados
por las autoridades competentes careciese de autenticidad y validez, para
sospechar que fuesen falsos. En cambio, se encontró que todas las pruebas
documentales fueron estudiadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica al
momento de tomar la decisión de segunda instancia, y que las mismas gozaban de
armonía y coherencia entre sí.

194. La causal 8 contempla la procedencia de la revisión «cuando se demuestre,
mediante decisión en firme, que la decisión fue determinada por un delito del
funcionario que la profirió o de un tercero».

195. Así como se indicó en el numeral anterior, también se descarta la
configuración de la citada causal, en tanto, no existe prueba que demuestre que los
funcionarios que profirieron los fallos disciplinarios, aquí revisados, hubiesen
cometido conductas delictivas al momento de proferirlos, ni decisión en firme que
así lo hubiese reconocido.

196. Finalmente, la causal 9 prevé la revisión cuando «por precedente de la Corte
Constitucional o del Consejo de Estado se modifique favorablemente el criterio en
el que se fundamentó la decisión recurrida».

197. En este aspecto, la Sala constata que para la fecha en la que se profiere la
presente providencia que ni el tribunal Constitucional o esta Corporación hayan
modificado los criterios bajo los cuales se analizaron las decisiones disciplinarias
del presente asunto, así como tampoco se impuso su modificaron en el marco del
recurso extraordinario de revisión, por lo cual es posible concluir que la presente
causal tampoco está llamada a prosperar.

38

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

2.3.7. Las causales previstas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011

198. Finalmente, corresponde a la Sala pronunciarse sobre las causales de
nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA, cuyo tenor literal dispone que los
actos administrativos de carácter general pueden ser anulados cuando hayan sido
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, sin competencia,
en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de la
autoridad que los profirió.

199. Sobre el particular y tal como se advirtió al inicio de las consideraciones de
esta providencia, el presente recurso extraordinario de revisión no se circunscribe
únicamente a las causales del artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, sino que también
comprende el examen de las hipótesis de nulidad de los actos administrativos
previstas en el artículo 137 del CPACA.

200. No obstante, la Sala advierte que los supuestos de nulidad previstos en el
referido artículo ya fueron examinados a lo largo de esta providencia, como se
observa a continuación:

• Al analizar la competencia de las autoridades disciplinarias (causal de
nulidad por falta de competencia), se concluyó que las decisiones fueron
proferidas por funcionarios material y funcionalmente habilitados.

• Respecto del derecho de audiencia y defensa, se constató que el investigado
contó con todas las oportunidades procesales para ejercerlo plenamente.

• En cuanto a expedición irregular o la existencia de irregularidades
sustanciales, se verificó que el trámite disciplinario observó las etapas y
garantías establecidas en el CGD.

• Adicionalmente, no se encontró acreditada falsa motivación, pues las
decisiones se sustentaron en un acervo probatorio suficiente y debidamente
valorado, ni tampoco desviación de poder, en tanto las sanciones se
adoptaron en el marco de las competencias legales y con el fin de
salvaguardar los intereses generales comprometidos.

• Finalmente, el estudio efectuado sobre la dosificación de la sanción permitió
constatar que esta fue impuesta con sujeción a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, atendiendo a la gravedad de la falta y a las
circunstancias legales de graduación.

201. De este modo, no se acreditan en el caso concreto las causales de nulidad
consagradas en el artículo 137 del CPACA.

39

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

2.4. Conclusiones

202. De acuerdo con el control integral de legalidad efectuado a la actuación
disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación en el marco del
proceso con radicado IUS E- 2021-527175 y IUC D- 2021-2087000, la Sala Especial
de Decisión 6 encuentra que las decisiones del 18 de noviembre de 2024 proferida
por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Facatativá mediante la cual se
declaró responsable disciplinariamente del cargo imputado al servidor de elección
popular Carlos Alberto Ospina Díaz, concejal del municipio de Soacha,
Cundinamarca, para la época de los hechos, con suspensión en el ejercicio del
cargo por 1 mes, y la decisión dictada por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular el 3 de julio de 2025 que la confirmó, se
ajustan al ordenamiento jurídico.

203. De este modo, el estudio integral efectuado por esta Sala permitió verificar
que el proceso disciplinario se adelantó dentro del marco normativo aplicable y con
pleno respeto de los principios y garantías que orientan el derecho sancionador.

204. Asimismo, se constató que las decisiones adoptadas no adolecen de nulidad
ni desconocen lo previsto en la Ley 734 de 2002, la Ley 1952 de 2019, la Ley 2094
de 2021 o el artículo 137 del CPACA

En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Decisión No. 6, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: DECLARAR ajustada al ordenamiento jurídico la actuación disciplinaria
adelantada por la Procuraduría General de la Nación dentro del expediente IUS E-
2021-527175 y IUC D- 2021-2087000 que culminó con la providencia dictada por la
Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular el 3
de julio de 2025, en la que se dispuso confirmar la decisión del 18 de noviembre de
2024 proferida por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Facatativá,
mediante la cual se declaró responsable disciplinariamente del cargo imputado al
servidor de elección popular Carlos Alberto Ospina Díaz, concejal del municipio de
Soacha, Cundinamarca, para la época de los hechos, con suspensión en el ejercicio
del cargo por 2 meses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.

Segundo: COMUNICAR a la Procuraduría General de la Nación, que, ejecutoriada
esta decisión, informe al funcionario competente a fin de ejecutar la sanción
impuesta y se proceda con el registro de que trata el artículo 238 de la Ley 1952 de
2019.

40

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sancionado: Carlos Alberto Ospina Díaz
Origen: Procuraduría General de la Nación
Rad: 11001-03-15-000-2025-05540-00

Tercero: Ejecutoriada esta providencia ARCHIVAR el proceso dejando las
anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Magistrado Magistrado

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Magistrada Magistrado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

41

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.