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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01078-00

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01078-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE Primero: DECLARAR ajustada al ordenamiento jurídico la actuación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación dentro del expediente IUS-E- 2022-558441 / IUC-D-2022-2604605 que culminó con la providencia dictada por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular el 4 de diciembre 2025, en la que se dispuso confirmar la decisión del 27 de noviembre de 2024 proferida por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Barranquilla, mediante la cual se declararon responsables disciplinariamente del cargo imputado a los servidores de elección popular Aracelis López Mejía y Pedro Nel Martínez Garrido, concejales del municipio de Chimichagua, Cesar, para la época de los hechos, con suspensión en el ejercicio del cargo por 2 meses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo: COMUNICAR a la Procuraduría General de la Nación que, ejecutoriada esta decisión, informe al funcionario competente a fin de ejecutar la sanción impuesta y se proceda con el registro de que trata el artículo 238 de la Ley 1952 de 2019. Tercero: Ejecutoriada esta providencia ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01078-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

22 de junio de 2026

Sancionados: Aracelis López Mejía y otro
Origen: Procuraduría General de la Nación
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01078-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 16

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01078-00
Sancionados: ARACELIS LÓPEZ MEJÍA Y OTRO
Origen: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SALA
DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO DE SERVIDORES
PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a pronunciarse sobre la revisión integral de la actuación
disciplinaria IUS-E-2022-558441 / IUC-D-2022-2604605 promovida contra los
servidores de elección popular Aracelis López Mejía y Pedro Nel Martínez
Garrido, concejales del municipio de Chimichagua, Cesar adelantada por la
Procuraduría General de la Nación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 238B
de la Ley 1952 de 2019, adicionado por la Ley 2094 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. La actuación ante la Procuraduría General de la Nación - Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular

1. Mediante auto del 28 de septiembre de 2022 1, la Procuraduría Provincial de
Instrucción de El Banco, Magdalena, de manera oficiosa, ordenó la apertura de
indagación previa contra concejales por determinar del municipio de Chimichagua,
Cesar, debido a que tuvo conocimiento de una serie de videos que circularon a
través de redes sociales y medios de comunicación, en los que presuntamente
varios concejales participaron en una fiesta en la que consumieron bebidas
alcohólicas dentro de las instalaciones del Concejo Municipal de Chimichagua el 30
de agosto de 20222.

1 Cuaderno 1, folios 8 a 10 del expediente remitido por la PGN.
2 En el auto se resalta el artículo 208 del Código General Disciplinario que menciona: «En caso de

duda sobre la identificación o individualización del posible autor de una falta disciplinaria, se
adelantará indagación previa.
La indagación previa tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de investigación. (…)».
1

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2. Asimismo, tuvo en cuenta la queja presentada de forma anónima por correo
electrónico el 18 de octubre de 20223 en la que se denunciaban los hechos
anteriormente descritos.

3. A través de auto del 1 de noviembre de 20224, abrió la investigación
disciplinaria en contra de los concejales Johannys Iglesia Herrera, Rosa Elvira
Palomino Piñeres, Aracelis López Mejía, Pedro Nel Martínez Garrido, Luis Felipe
Gutiérrez Anaya y Edith Yojana Paba Polo como secretaria general del Concejo
Municipal de Chimichagua, Cesar.

4. Mediante auto del 17 de abril de 20235, el Ministerio Público ordenó dar
traslado a los disciplinados del informe del 20 de febrero del mismo año, rendido por
el señor Oscar Iván Beltrán Espinoza, relacionados con las imágenes, videos y
publicaciones que sirvieron de base para la investigación, con el fin de determinar
si los mismos eran originales o fueron editados o alterados.

5. Mediante auto del 2 de mayo de 2023, se declaró el cierre de la investigación
disciplinaria y se corrió traslado a los sujetos procesales6 para que presentaran los
alegatos previos a la evaluación de la investigación. Asimismo, el 26 de julio de 2023
se formuló el pliego de cargos7 en contra de los concejales Johannys Iglesia
Herrera, Rosa Elvira Palomino Piñeres, Aracelis López Mejía, Pedro Nel Martínez
Garrido, Luis Felipe Gutiérrez Anaya y Edith Yojana Paba Polo como secretaria
general del Concejo de Chimichagua, Cesar.

6. El cargo único formulado fue el siguiente:

Haber utilizado el bien inmueble donde funciona el concejo municipal de
Chimichagua Cesar (sic) para realizar y participar en una celebración con motivo del
cumpleaños de una concejal, generándose un festejo ajeno a la función pública y al
servicio público para el cual está destinado y distinta a los fines relacionados con el
ejercicio de la función pública que le era inherente como concejal del municipio de
Chimichagua, propiciando en las instalaciones del recinto una celebración con
música, baile, ingesta de bebidas, y comportamientos que dan cuenta de la
utilización del inmueble y muebles de la corporación para fines distintos a los que
legal y reglamentariamente han sido destinados.

7. Lo anterior, por desconocer presuntamente los deberes previstos en los
numerales 1, 5 y 22 del artículo 38 y la prohibición del numeral 1 del artículo 39 de
la Ley 1952 de 2019 – CGD. De igual modo, los artículos 6 y 209 de la Constitución
Política, el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo 014 del 30
de noviembre de 2019, esto es, el reglamento interno del Concejo Municipal de

3 Cuaderno 1, folio 44 del expediente remitido por la PGN.
4 Cuaderno 1, folios 55 a 60 del expediente remitido por la PGN.
5 Cuaderno 1, folios 191 a 193 del expediente remitido por la PGN.
6 Cuaderno 1, folio 223 del expediente remitido por la PGN.
7 Cuaderno 2, folios 1 a 24 del expediente remitido por la PGN.

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Chimichagua, Cesar. La conducta de los sujetos disciplinados fue calificada como
falta grave culposa8.

8. El 23 de noviembre de 2023, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de
Barranquilla avocó conocimiento del proceso disciplinario y ordenó adelantar la
etapa de juicio9, de igual forma, les concedió 15 días a los disciplinados para
presentar descargos, aportar y solicitar pruebas10. El 29 de febrero de 2024 decidió
sobre las pruebas solicitadas en descargos11 y abrió el periodo probatorio por el
término de 90 días, y el 4 de septiembre de la misma anualidad ordenó el traslado
del expediente a los sujetos procesales por 10 días para que presentaran alegatos
de conclusión12.

9. Mediante decisión del 27 de noviembre de 202413, la Procuraduría Provincial
de Juzgamiento de Barranquilla declaró probado y no desvirtuado el cargo único
formulado contra los señores Johannys Iglesia Herrera, Rosa Elvira Palomino
Piñeres, Aracelis López Mejía, Pedro Nel Martínez Garrido en calidad de
concejales del municipio de Chimichagua, Cesar para el periodo 2020-2023 y contra
Edith Yojana Paba Polo como secretaria general del Concejo Municipal de
Chimichagua para el momento de los hechos.

10. En consecuencia, los declaró disciplinariamente responsables de la falta
grave culposa endilgada, con fundamento en los numerales 1, 5 y 22 del artículo 38
de la Ley 1952 de 2019, en concordancia con lo previsto en el numeral 1 del artículo
43 del Acuerdo 014 del 30 de noviembre de 2019 y los sancionó con suspensión en
el ejercicio del cargo por el término de 2 meses. Lo anterior, por cuanto consideró
que con su actuar expusieron el buen funcionamiento del Estado y el correcto
ejercicio de la función pública, lo que vulneró el principio de moralidad.

11. Finalmente, declaró no probado el cargo disciplinario elevado contra el señor
Luis Felipe Gutiérrez Anaya, en calidad de concejal del municipio de Chimichagua,
Cesar, y lo absolvió de toda responsabilidad dado que no participó ni estuvo
presente en la celebración que originó la investigación14.

12. Expuso que, a pesar de que los videos publicados en los distintos medios de
comunicación fueron objeto de ediciones, las grabaciones demuestran la intención
de las conductas ejecutadas en la celebración realizada dentro del concejo.
Asimismo, la narración hecha por los testigos y las versiones libres, coinciden con
lo que se desprende del material videográfico por lo que, en una valoración conjunta

8 Cuaderno 2, folio 130 del expediente remitido por la PGN.
9 Cuaderno 2, folios 46 a 47 del expediente remitido por la PGN.
10 La presente decisión se notificó por correo electrónico el 28 de noviembre de 2023.
11 Cuaderno 2, folios 67 a 68 del expediente remitido por la PGN.
12 Cuaderno 2, folio 114 del expediente remitido por la PGN.
13 Cuaderno 2, folios 118 a 131 del expediente remitido por la PGN.
14 Cuaderno 2, folio 130 del expediente remitido por la PGN.

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de las pruebas, se demostró la claridad de los hechos que desencadenan en el
reproche endilgado15.

13. Enfatizó que, si bien la reunión se llevó a cabo fuera del horario laboral, entre
las 6:30 p.m. hasta las 8:00 p.m., los disciplinados, como servidores públicos, tenían
el deber de usar en debida forma las instalaciones del concejo municipal, que son
de uso exclusivo para asuntos relacionados con la función administrativa y política,
así como para los procesos de planeación y ejecución de programas, ejercicio del
control político, entre otras funciones16.

14. Recalcó que: (i) en el presente caso hay circunstancias que demuestran una
planeación previa para encontrarse en el recinto, por lo que no se trató de una
reunión espontánea; (ii) no se puede omitir la ingesta de alcohol, pues da una
connotación diferente a un simple compartir; y (iii) no se puede soslayar la
asistencia de terceros17.

15. Afirmó que los concejales Johannys Iglesia, Pedro Nel Martínez, Rosa Elvira
Palomino, Aracelis López, y Edith Yojana Paba, como secretaria general,
desconocieron su deber como servidores públicos, al vulnerar el principio de
moralidad administrativa y al haber utilizado los bienes asignados para fines
distintos del desempeño de sus funciones18.

16. Frente a la ilicitud sustancial, explicó que se configura cuando la conducta
tipificada como falta, supone el quebramiento sustancial injustificado del deber
funcional del servidor público19; pese a esto, no basta con el simple desconocimiento
formal de los deberes para que se origine la falta disciplinaria, tal y como lo
establece el artículo 9 del Código General Disciplinario20.

17. Reiteró que las instalaciones donde funcionan los concejos municipales son
para uso exclusivo de los asuntos relacionados con su función y no para conductas
contrarias a los fines perseguidos por la corporación. Recordó que el principio de
moralidad es aquel por el cual todas las personas y los servidores públicos están
obligados a actuar con «rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones
administrativas»21, y la moralidad pública es el conjunto de valores éticos vigentes
en la sociedad y en la administración pública que fijan funciones, obligaciones y
prohibiciones de los servidores públicos.

15 Cuaderno 2, folio 125 del expediente remitido por la PGN.
16 Ibidem.
17 Cuaderno 2, folio 127 del expediente remitido por la PGN.
18 Ibidem.
19 Es indispensable que la falta disciplinaria haya afectado el deber funcional protegido por la norma.

De la misma forma, el artículo 9 del Código General Disciplinario exige que la falta debe ser típica y
sustancialmente ilícita.
20 Cuaderno 2, folio 127 del expediente remitido por la PGN.
21 Cuaderno 2, folio 128 del expediente remitido por la PGN.

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18. La autoridad disciplinaria encontró que la conducta censurada de los
investigados es típica y antijurídica, pues afectó sustancialmente sus deberes
funcionales22, lo que atenta contra el buen funcionamiento del Estado y conlleva a
incurrir en la falta disciplinaria descrita en los numerales 1, 5 y 22 del artículo 38 de
la Ley 1952 de 2019, en concordancia con el numeral 1 del artículo 43 del Acuerdo
014 del 30 de noviembre de 2019 sin que se hubiera demostrado causal de
justificación alguna23.

19. Acerca de la gravedad de la falta, con base en los artículos 26 y 67 de la Ley
1952 de 2019, imputó la comisión de la conducta como una falta grave culposa24.
Expresó que la celebración fue convocada después de terminar la sesión ordinaria,
se trató de un encuentro planeado en el que se utilizó el recinto institucional para
fines diferentes a la función pública, como lo es la ingesta de bebidas alcohólicas,
conducta reprochable con la que se afectó la moralidad administrativa y los deberes
de respeto de la corporación25.

20. Adicionó que pasar por alto dichas conductas con el pretexto de que se
trataba de una celebración privada y una práctica común en las distintas ramas del
poder público, es atentar «contra el decoro, respeto y honorabilidad» 26 de la
corporación, pues se vulneran los deberes de los servidores públicos establecidos
en los numerales 1, 5 y 22 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019.

21. Resaltó que los investigados reconocieron el error en su conducta por medio
de comunicado a la opinión pública, el 28 de septiembre de 2022, suscrito por la
presidente del Concejo Municipal de Chimichagua, Cesar, Johannys Iglesia Herrera.

22. En cuanto a la dosificación de la sanción, sostuvo que no existieron
circunstancias de agravación punitiva en la conducta de los disciplinados dado que
no cuentan con antecedentes disciplinarios y presentaron una disculpa pública a la
comunidad para resarcir su conducta. Debido a lo anterior, se partió de la mínima
pena a imponer, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4 del artículo 48
de la Ley 1952 de 201927.

23. En consecuencia, impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por
2 meses, y precisó que, en el evento de que los disciplinados hayan cesado sus
funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante su ejecución, se
convertirá dicho término en salarios básicos devengados para el momento de la
comisión de la falta28.

22 Indicó que incurrieron en las faltas disciplinarias descritas en los numerales 1, 5 y 22 del artículo

38 de la Ley 1952 de 2019.
23 Cuaderno 2, folio 128 del expediente remitido por la PGN.
24 Cuaderno 2, folio 128 del expediente remitido por la PGN.
25 Cuaderno 2, folio 129 del expediente remitido por la PGN.
26 Cuaderno 2, folio 129 del expediente remitido por la PGN.
27 Cuaderno 2, folio 129 del expediente remitido por la PGN.
28 Cuaderno 2, folios 130 a 131 del expediente remitido por la PGN.

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24. El apoderado de los disciplinados interpuso recurso de apelación29, solicitó
revocar la providencia de primera instancia y absolverlos de la sanción impuesta30.

25. Explicó que se trató de un «reconocimiento» que supone una práctica común
en las diferentes ramas del poder público y alegó que no hubo sustento probatorio
que haya indicado la existencia de una «parranda» y la utilización indebida de los
bienes inmuebles y muebles de la corporación, por lo que concluyó que dichas
conductas no sucedieron y que no se desvirtuó la presunción de inocencia de los
disciplinados31.

26. Sostuvo que, del análisis del acervo probatorio, no se puede concluir la
responsabilidad de los disciplinados, puesto que «no existe un solo testimonio,
peritación, documento o cualquier otro medio probatorio que den cuenta de su
responsabilidad y de la antijuridicidad material o daño causado al bien jurídico
protegido»32 (negrilla y subrayado del texto).

27. Lo anterior, por cuanto la providencia sancionatoria se basó en unos vídeos
editados que circularon por redes sociales por «persecución política». El referido
material videográfico fue sometido a dictamen pericial, en el cual se concluyó que
carecía de autenticidad, circunstancia que le resta valor legal conforme a los
requisitos previstos en los artículos 243 y siguientes del Código General del
Proceso.

28. Comentó que el análisis del perito Oscar Iván Beltrán Espinoza determinó
que: (i) no fue posible certificar la autenticidad de los archivos; (ii) no se demostró
la ausencia de alteraciones, manipulaciones o ediciones; y (iii) no existió certeza
acerca de la identidad de su autor ni sobre el origen de su creación 33, razón por la
cual estos no se pueden tener como prueba en los términos del artículo 244 del
CGP34, ni como sustento de la sanción impuesta.

29. Expuso que los hechos denunciados en la queja no son ciertos, ya que se
trató de un reconocimiento privado dentro del concejo municipal, lo que supone una
costumbre autóctona de la Costa Caribe, que fue acompañado con un brindis, sin
que ello implique el consumo de bebidas alcohólicas, distintas del brindis honorífico,
motivo por el cual no conllevó al irrespeto de la moralidad pública ni afectó la
destinación de los inmuebles adscritos a la corporación.

30. Resaltó que lo anterior quedó demostrado con los testimonios de los vecinos
del Concejo Municipal de Chimichagua que declararon no haberse dado cuenta del
evento, testimonios que no fueron apreciados por el despacho, pues no se evidenció

29 Cuaderno 2, folio 138 a 141 del expediente remitido por la PGN.
30 Cuaderno 2, folio 141 del expediente remitido por la PGN.
31 Cuaderno 2, folio 139 del expediente remitido por la PGN.
32 Cuaderno 2, folio 139 del expediente remitido por la PGN.
33 Cuaderno 2, folio 141 del expediente remitido por la PGN.
34 Cuaderno 2, folio 140 del expediente remitido por la PGN.

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un pronunciamiento o una valoración en primera instancia respecto de dichas
pruebas testimoniales35.

31. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular, por medio del fallo del 4 de diciembre de 202536 confirmó la decisión de
primera instancia de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Barranquilla
proferida el 27 de noviembre de 2024.

32. La Sala estudió los argumentos expuestos en el recurso de apelación y
concluyó que las pruebas allegadas al proceso demostraban con certeza la
veracidad de la conducta, los hechos que originaron la acción disciplinaria37«sin que
subsista duda razonable al respecto»38.

33. En ese sentido, precisó lo siguiente:

(i) Que en el comunicado emitido por la presidente del concejo municipal
se ofrecieron disculpas públicas a la comunidad y se aceptó que el
comportamiento fue inapropiado39.
(ii) Al revisar el fallo de primera instancia, se observó que los testimonios
se valoraron junto con otros elementos probatorios como los videos y
las versiones libres rendidas por los investigados40.
(iii) Los declarantes en el proceso adujeron que el lugar de la celebración
era la sede del Concejo Municipal de Chimichagua, Cesar y ratificaron
que las personas que aparecían en los videos eran los disciplinados y
el esposo de la concejal Aracelis López Mejía.
(iv) En la declaración de Marcial Barros, esposo de la concejal Aracelis
López Mejía, se corroboró: (a) la realización del evento dentro de la
sede del concejo municipal; (b) la finalidad del evento, esto es, el
cumpleaños de una concejal; y (c) las actividades no relacionadas con
el uso oficial de la sede municipal.

34. Recordó que la defensa argumentó que no se certificó la autenticidad de los
videos que se tomaron como prueba. Pese a esto, el investigador de campo afirmó
que, a pesar de haber observado alteraciones realizadas por las páginas emisoras,
«esto no alteró el contenido de los documentos»41. El despacho expuso que este
tipo de material probatorio debe ser valorado como prueba indiciaria 42, por lo que
se debe apreciar de forma conjunta con los demás medios de convicción.

35 Cuaderno 2, folio 139 del expediente remitido por la PGN.
36 Cuaderno 2, folios 156 a 167 del expediente remitido por la PGN.
37 Cuaderno 2, folios 160 a 162 del expediente remitido por la PGN.
38 Cuaderno 2 folio 163 del expediente emitido por la PGN.
39 Cuaderno 2, folio 160 del expediente remitido por la PGN.
40 Cuaderno 2 folio 161 del expediente remitido por la PGN.
41 Cuaderno 2 folio 163 del expediente remitido por la PGN.
42 Inciso 2 del artículo 149 de la Ley 1952 de 2019 señala que «Los indicios se tendrán en cuenta en

el momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica».
7

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35. En relación con la ilicitud sustancial, adujo que los disciplinados afectaron sus
deberes funcionales al haber alterado el buen funcionamiento del Estado43 y exaltó
que el uso indebido del recinto no se descarta por el hecho de que los sucesos
hayan ocurrido fuera de la jornada laboral, puesto que la naturaleza del bien no
cambia dependiendo de esta circunstancia.

36. Concluyó que la celebración de un cumpleaños con las características
demostradas en las instalaciones del Concejo Municipal de Chimichagua «es un
comportamiento sustancialmente ilícito al vulnerar los principios que rigen el
ejercicio de la función pública»44.

37. En cuanto a la culpabilidad, señaló que comparte la calificación efectuada en
primera instancia, pues los sancionados actuaron sin la diligencia exigida por el
ordenamiento disciplinario. Además, se encontró demostrado en los testimonios y
pruebas documentales que los investigados no llevaron a cabo el cuidado del uso
del recinto y se ejecutaron actos no relacionados con la función administrativa.

38. Referente a la gravedad de la falta, el despacho estuvo de acuerdo con que
la conducta desplegada por los disciplinados fue una falta grave cometida a título
de culpa grave45 y compartió los criterios estudiados en primera instancia46. Sin
embargo, precisó frente al primer criterio, esto es, la importancia jerárquica que
tenían los investigados, solo es aplicable a la entonces presidente de la corporación,
Johannys Iglesia Herrera47 sin que con ello se afecte el sentido de la decisión.

39. Finalmente, señaló que para los señores Aracelis López Mejía y Pedro Nel
Martínez Garrido procedía el recurso de revisión automático e inmediato por cuanto
se encuentran en ejercicio de un cargo de elección popular y corrió traslado por el
término de 30 días para que ejercieran su derecho de defensa.

40. El 10 de febrero de 202648, el señor Luis Felipe Ruiz Castrillo, apoderado de
los disciplinados, presentó escrito de sustentación del recurso extraordinario de
revisión.

41. Solicitó al Consejo de Estado hacer un examen minucioso de las probanzas
recaudadas y revocar la sanción que impuso la Procuraduría General de la Nación
a los señores Aracelis López Mejía y Pedro Nel Martínez Garrido49.

43 Se incumplió el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Chimichagua, Cesar, contenido en

el Acuerdo No. 014 del 30 de noviembre de 2019.
44 Cuaderno 2, folio 165 del expediente emitido por la PGN.
45 Con fundamento en los criterios establecidos en el artículo 47 del CGD.
46 Los aspectos estudiados en primera instancia fueron los siguientes: (i) los investigados tenían una

importante jerarquía en la estructura de la administración pública; (ii) la transcendencia social de la
falta; (iii) la forma y circunstancias en que se cometió la falta; y (iv) que esta fuera realizada con la
intervención de varias personas.
47 Cuaderno 2, folio 166 del expediente emitido por la PGN.
48 Cuaderno 2, folios 177- 180 del expediente remitido por la PGN.
49 Cuaderno 2, folio 180 del expediente remitido por la PGN.

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42. Invocó como causal del recurso el numeral segundo del artículo 56 de la Ley
2094 de 2021, mediante la cual se adicionó el artículo 238C de la Ley 1952 de 2019,
esto es, la «violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o de derecho
en la apreciación de las pruebas»50.

43. Afirmó que se inició una acción disciplinaria en contra de Aracelis López
Mejía y Pedro Nel Martínez Garrido, debido a unos «falsos y editados videos que
circularon en redes sociales como instrumento de persecución política, en los cuales
se da cuenta de unas bromas y parodias privadas suscitadas al finalizar un
respetuoso agasajo (…)»51.

44. Explicó que la investigación se centró en unos videos editados y circulados
por redes sociales que fueron apreciados como prueba indiciaria, y unas pruebas
testimoniales que no fueron debidamente analizadas, lo que supuso un error de
valoración probatoria. Prueba de ello, son los testimonios de los concejales que no
participaron en la reunión de celebración, quienes manifestaron que: (i) ninguno fue
testigo de los hechos en los términos denunciados; (ii) no les consta la ocurrencia
de dicha fiesta; (iii) todos fueron invitados al compartir, pero algunos no pudieron
asistir; y (iv) ninguno conoce el origen de los videos, ni la forma en la que ocurrieron
los hechos52.

45. Exaltó que el señor Marcial Barros, esposo de la concejal Aracelis López
Mejía, manifestó haber asistido a la reunión y negó que se tratara de una fiesta,
pues consistió en un brindis, evento que inició aproximadamente a las 6:30 p.m. y
terminó entre las 7:30 p.m. y 8:00 p.m. «tiempo insuficiente para celebrar una
parranda». Además, sostuvo que momentos después se trasladaron al
corregimiento de Candelaria, donde se realizó la celebración.

46. El apoderado de los disciplinados afirmó que en los fallos sancionatorios se
dio por sentado que se celebraron 2 fiestas «(…) una en el recinto de concejo
municipal y otra en la residencia e (sic) la cumplimentada, lo que carece de toda
lógica y sentido común»53.

47. Asimismo, comentó que el baile realizado por los concejales se trató de una
«broma, recocha o parodia privada de lo que harían después en Candelaria»,
también que se trató de un evento privado que no generó escándalos, razón por la
cual, a juicio del apoderado, el referido testimonio fue apreciado de manera errónea,
pues con base en este se corroboró de manera «tergiversada» la realización del
evento, el objetivo del mismo, el consumo de bebidas embriagantes y la ejecución
de actividades no relacionadas con el uso oficial de una sede municipal54.

50 Cuaderno 2, folio 178 del expediente remitido por la PGN.
51 Cuaderno 2, folio 178 del expediente remitido por la PGN.
52 Cuaderno 2, folio 179 del expediente remitido por la PGN.
53 Cuaderno 2, folio 179 del expediente remitido por la PGN.
54 Cuaderno 2, folio 179 del expediente remitido por la PGN.

9

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48. Resaltó que las providencias sancionatorias también se basaron en una
«prueba indiciaria, en unos editados y apócrifos videos que circularon por redes
sociales con fines de persecución política (…)» (negrilla y resaltado del texto), que
dicho material videográfico fue objeto de dictamen pericial, donde se advirtió que no
fue posible certificar la autenticidad de los mismos, de manera que redujo su valor
legal, de acuerdo a los requisitos de los artículos 243 y siguientes del Código
General del Proceso55.

49. Agregó que no se incurrió en una conducta de irrespeto que haya vulnerado
la moralidad pública, al tratarse de una reunión privada que no afectó el servicio
público que prestan los concejales y tampoco afectó la destinación de los inmuebles
o muebles de dicha corporación56.

50. Concluyó que hay una ausencia de antijuridicidad material, por cuanto con el
testimonio de los vecinos se pudo constatar que no se percataron de la celebración,
pues solo se enteraron de los hechos con el escándalo, lo que deja en evidencia
que sus declaraciones no fueron apreciadas ni valoradas en debida forma57.

51. Sostuvo que quedó acreditada la causal de revisión invocada, por cuanto «no
se evidencia la ocurrencia de los hechos en los términos plasmados en el pliego de
cargos» y con la prueba realizada por el perito, se advierte que los videos carecen
de fuerza probatoria por: (i) no haberse certificado la autenticidad de los videos; (ii)
no haberse demostrado la falta de adulteración; y (iii) no haber tenido certeza sobre
la persona que lo elaboró o sobre el origen de su creación. En consecuencia, no
pueden ser tenidos o valorados como prueba58 conforme a lo previsto en los
artículos 243 y 244 del Código General del Proceso.

1.2. Del trámite ante el Consejo de Estado

52. El 12 de febrero de 202659, a través de constancia secretarial, la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular remitió
copia digitalizada e íntegra del expediente disciplinario a esta Corporación con el fin
de surtir el trámite del recurso extraordinario de revisión, conforme a lo previsto en
el artículo 54 de la Ley 2094 de 2021, cuyo alcance fue modulado por la sentencia
C-030 de 2023 de la Corte Constitucional y, posteriormente, precisado en sus reglas
de procedencia y trámite por el auto de unificación del 3 de diciembre de 2024
proferido por la Sala Plena de lo Contencioso del Consejo de Estado.

53. El 18 de febrero de 202660, el magistrado Nicolás Yepes Corrales, a quien le
correspondió por reparto el proceso, se declaró impedido para conocer del mismo,

55 Cuaderno 2, folio 179 del expediente remitido por la PGN.
56 Cuaderno 2, folio 180 del expediente remitido por la PGN.
57 Cuaderno 2, folio 180 del expediente remitido por la PGN.
58 Cuaderno 2, folio 180 del expediente remitido por la PGN.
59 Cuaderno 2, folio 181 del expediente remitido por la PGN.
60 Samai, índice 4.

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con base en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 130 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)61.

54. Mediante auto del 6 de marzo de 202662, la Sala Especial de Decisión No. 16
declaró fundado el referido impedimento y, en consecuencia, separó al magistrado
Yepes Corrales del conocimiento del presente asunto.

55. Mediante auto del 20 de abril de 202663, el despacho avocó conocimiento de
la revisión automática e integral de la sanción disciplinaria impuesta por la
Procuraduría General de la Nación dentro del proceso con radicado IUS E-2022-
558441 / IUC-D-2022-2604605, promovido contra los señores Johannys Iglesia
Herrera, Rosa Elvira Palomino Piñeres, Aracelis López Mejía y Pedro Nel Martínez
Garrido, en calidad de concejales del municipio de Chimichagua, Cesar y Edith
Yojana Paba Polo como secretaria general del Concejo.

56. No obstante, asumió conocimiento únicamente respecto de los señores
Aracelis López Mejía y Pedro Nel Martínez Garrido, por cuanto a la fecha
conservan la calidad de servidores públicos de elección popular; en cambio, se
abstuvo de hacerlo frente a los demás disciplinados al no reunirse los requisitos de
procedencia, toda vez que actualmente no ostentan tal condición. En la misma
providencia, se ordenaron las notificaciones de rigor.

57. Dentro del término conferido, el apoderado de los sancionados no se
manifestó, no solicitó ni aportó pruebas.

58. El 24 de abril de 202664, la Procuraduría General de la Nación le confirió
poder para actuar a la señora Sandra Patricia Duarte Hernández, con el fin de que
representara a dicha entidad dentro del proceso del recurso extraordinario de
revisión.

59. El 30 de abril de 202665, la apoderada de la PGN se opuso a la posibilidad
de dejar sin efectos la sanción disciplinaria impuesta, pues a su juicio las
actuaciones del ente de control estuvieron acordes con el ordenamiento jurídico y
con sus facultades.

61«Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán
recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además,
en los siguientes eventos: (…) 3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno
de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único
civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una
de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero
interesado».
62 Samai, índice 9.
63 Samai, índice 19.
64 Samai, índice 24.
65 Samai, índice 25.

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60. Resaltó que el recurrente tiene una carga mínima de exponer algunas de las
causales del artículo 238 del Código Disciplinario66, que lleva como consecuencia
la revocatoria de la decisión disciplinaria, circunstancia que, según la apoderada,
no ocurrió en este caso.

61. Con respecto al elemento de tipicidad, recordó que los disciplinados
participaron en una celebración dentro del recinto del concejo municipal, lo que
desconoció los deberes y responsabilidades inherentes al cargo67. Precisó que
dichas instalaciones están destinadas específicamente al desarrollo de actividades
propias de la corporación, por lo que hubo un uso indebido de los bienes públicos.

62. En cuanto a la ilicitud sustancial, el despacho mencionó que los
investigados afectaron directa y significativamente el principio de moralidad
administrativa. Lo anterior, supone una «clara transgresión a los deberes
funcionales, en tanto los disciplinables actuaron al margen de los principios de
rectitud, lealtad y honestidad (…)»68.

63. Expuso que el análisis efectuado por el Ministerio Público tuvo en cuenta la
calidad de los sujetos disciplinables y la naturaleza del recinto. Los mencionados
elementos se evaluaron en conjunto y llevó a la conclusión de que la conducta
ejecutada contraría el ordenamiento disciplinario, compromete la imagen
institucional y erosiona la confianza en la administración pública69.

64. Sostuvo que lo mencionado por la defensa se compone de una discrepancia
interpretativa, que no resulta suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad
que ampara los actos administrativos70.

65. En relación con la culpabilidad, recordó que los disciplinados incurrieron en
una falta grave culposa, teniendo en cuenta el grado de afectación funcional y la
naturaleza de la conducta71. Aseguró que se realizó un análisis detallado basado en
la valoración integral del acervo probatorio, donde se estableció que los hechos
ocurrieron y lo que se mostró como un simple compartir, terminó en una celebración
con consumo de licor y baile, lo que demuestra la inobservancia del deber de
cuidado que tiene cualquier servidor público72.

66 Samai, índice 25. Página 4 del documento.
67 Afirmó que se incurrió en el incumplimiento de los deberes previstos en los numerales 1, 5 y 22

del artículo 38 y en la prohibición del numeral 1 del artículo 39 de la Ley 1952 de 2019; los artículos
6 y 209 de la Constitución Política; el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo
014 del 30 de noviembre de 2019, el reglamento interno del Concejo Municipal de Chimichagua,
Cesar.
68 Samai, índice 25. Página 6 del documento.
69 Samai, índice 25. Página 6 del documento.
70 Samai, índice 25. Página 6 del documento.
71 Samai, índice 25. Página 6 del documento.
72 Samai, índice 25. Página 7 del documento.

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66. En atención a la proporcionalidad, anotó que se realizó la dosimetría de la
sanción en concordancia con los atenuantes y agravantes que correspondían, y
afirmó que las decisiones tomadas, correspondieron al análisis y ponderación de
los supuestos fácticos y jurídicos73, de manera que los actos acusados se profirieron
con la certeza de los hechos que se investigaron y las pruebas decretadas y
practicadas74.

67. Aseguró que dentro del trámite de la investigación disciplinaria se llevaron a
cabo las reglas de «legitimación, representación, notificaciones, términos para
pruebas, competencias, recursos e instancias que corresponden al debido
proceso»75, todo esto como garantía de los derechos de los sancionados76.

68. Mediante el auto del 13 de mayo de 202677, se decretó como prueba el
expediente disciplinario remitido por el Ministerio Público, debido a que cumplió con
los requisitos de conducencia y pertinencia.

69. Finalmente, se ordenó correr traslado a las partes por el termino de 3 días.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

70. Esta Sala Especial de Decisión es competente para decidir de fondo la
revisión automática e integral de la sanción disciplinaria impuesta en el presente
asunto, conforme a lo previsto en el artículo 238B de la Ley 1952 de 2019,
adicionado por el artículo 55 de la Ley 2094 de 2021.

2.2. Características del recurso extraordinario de revisión contra los fallos
sancionatorios de los funcionarios de elección popular

71. El recurso extraordinario de revisión introducido por la Ley 2094 de 2021
constituye un mecanismo de control judicial diseñado para garantizar que las
sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría General de la Nación a
servidores públicos de elección popular sean sometidas al examen integral de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Su configuración responde al estándar
fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desarrollado
posteriormente por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en aras de
asegurar el respeto por la reserva judicial, la protección de los derechos políticos de

73 Samai, índice 25. Página 7 del documento.
74 De acuerdo con la Ley 1952 de 2019.
75 Samai, índice 25. Página 20 del documento.
76 Específico que los recurrentes tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones, presentar y

solicitar pruebas, de acuerdo con las disposiciones que regulan el marco probatorio, respetando los
términos y las etapas procesales.
77 Samai, índice 27.

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elegir y ser elegido, y la plena vigencia de las garantías del debido proceso en el
ámbito disciplinario.

72. En ese marco, resulta pertinente recordar que la vigilancia de la conducta
oficial de los servidores públicos en Colombia ha sido una función asignada
históricamente al Ministerio Público78, como expresión del poder sancionatorio del
Estado. Esta atribución, de larga tradición normativa, se encuentra hoy
constitucionalmente reconocida en los artículos 117, 118 y 275 de la Constitución
Política, los cuales confieren al Procurador General de la Nación la dirección de la
«vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones
públicas, inclusive las de elección popular»79.

73. La consagración de esta competencia responde, a su vez, al propósito de
asegurar la correcta marcha de la función administrativa, en consonancia con los
principios de moralidad, eficacia, igualdad y responsabilidad que rigen la gestión
pública. De allí que el derecho disciplinario se configure como una herramienta
esencial para garantizar que el ejercicio de la función pública se oriente al servicio
de la comunidad y a la protección de los derechos fundamentales de los asociados,
tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional, como se observa a continuación:

3. En múltiples decisiones, esta Corporación ha estudiado la naturaleza y finalidad
del derecho disciplinario y ha concluido que éste es consustancial a la organización
política y absolutamente necesario en un Estado de Derecho (CP art. 1º), por cuanto
de esa manera se busca garantizar la buena marcha y buen nombre de la
administración pública, así como asegurar a los gobernados que la función pública
sea ejercida en beneficio de la comunidad y para la protección de los derechos y
libertades de los asociados (CP arts. 2º y 209). Por ello, el derecho disciplinario ‘está
integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores
públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, ya que
los servidores públicos no sólo responden por la infracción a la Constitución y a las
leyes sino también por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones
(CP Art. 6º)80.

74. De manera concordante, el Consejo de Estado también ha resaltado los
principios constitucionales que justifican el ejercicio de la potestad disciplinaria
respecto de los servidores públicos. En su jurisprudencia, ha precisado que dicha
función se fundamenta en el ius puniendi del Estado y encuentra sustento en los
postulados de la Constitución Política y la ley, como se advierte del siguiente aparte:

78 Ley del 10 de mayo de 1830 «Que detalla las funciones del Ministerio Público». «Artículo 1o: El

ministerio público es un cuerpo de funcionarios i empleados encargados de defender los intereses
del Estado, de promover la ejecución i cumplimiento de las leyes, disposiciones del gobierno i
sentencias de los tribunales; de supervigilar la conducta oficial de los funcionarios i empleados
públicos; i de perseguir los crímenes, delitos ó contravenciones que turban el órden social» (sic a
toda la cita – negrillas adicionales). Consultada en:
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/602/rec/3
79 Constitución Política de Colombia. Art. 277, numeral 6a.
80 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-996 de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra:

septiembre 19 de 2001).
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El ius puniendi del Estado está en cabeza de la administración e implica ejercer la
actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos
o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. El poder
punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios
contenidos en la Constitución Política y en la ley.

Esta potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los
servidores públicos, en el desarrollo de sus funciones, cumplan con los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, los
cuales orientan la función administrativa, según se indica en el artículo 209 de la
Constitución Política. Cuando los servidores públicos quebrantan estos principios
incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, en
contra del ordenamiento superior y legal, y por tal razón, se hace necesario que el
Estado intervenga con su actividad disciplinaria81.

75. El control disciplinario de los servidores públicos ha tenido un desarrollo
progresivo en el ordenamiento jurídico. Inicialmente estuvo regulado por la Ley 200
de 1995, primer Código Disciplinario Único, posteriormente por la Ley 734 de 2002,
que consolidó el régimen disciplinario aplicable a todos los servidores públicos y se
mantuvo vigente por casi 2 décadas. Finalmente, con la expedición de la Ley 1952
de 2019 «por la cual se expide el Código General Disciplinario»82, se redefinieron
las reglas sobre competencia, procedimiento, faltas y sanciones, así como los
presupuestos dirigidos, por un lado, a garantizar el debido proceso del investigado
y, por otro, a proteger los bienes jurídicos que fundamentan la existencia misma de
esta potestad estatal.

76. En desarrollo de lo anterior, el artículo 238A de la referida Ley 1952 de 2019,
adicionado por el artículo 54 de la Ley 2094 de 202183, estableció el recurso
extraordinario de revisión contra los fallos sancionatorios proferidos por la
Procuraduría General de la Nación, con el fin de asegurar que la decisión definitiva
sea adoptada por una autoridad judicial, como se precisó en la sentencia del 8 de
julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos84.

77. Si bien este recurso fue previsto por el legislador para todos los destinatarios
del régimen disciplinario85 y diseñado con un procedimiento y formalidades

81 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Auto de 5 de agosto de 2021, radicado

11001-03-06-000-2021-00049-00(C), M.P. Edgar González López: Agosto 5 de 2021.
82 Antes Código Disciplinario Único, contenido en la Ley 734 de 2002, bajo el cual se rigió el caso

concreto.
83 Corregido por el artículo 6 del Decreto 1656 de 2021.
84 La Corte IDH consideró que una autoridad administrativa no puede imponer sanciones que limiten

los derechos políticos a elegir y ser elegido, teniendo en cuenta que el artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) admite su reglamentación «por razones
de (...) condena, por juez competente, en proceso penal».
85 Así se advierte en la exposición de motivos del proyecto de ley 423 de 2021 Senado, «Por medio

de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones». Ver: Gaceta del Congreso
234 de 7 de abril de 2021.
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específicas86, la Corte Constitucional, en sentencia C-030 de 202387, al ejercer el
control de constitucionalidad de la Ley 2094 de 2021, precisó que su procedencia
debía entenderse respecto de los funcionarios de elección popular, identificó ciertas
limitaciones en su configuración legal y fijó pautas de corrección, como se expone
a continuación:

335. Como se puede ver, el recurso de revisión permite el ejercicio de las garantías
sustanciales del debido proceso. Lo expuesto, porque le permite al sancionado que,
dentro de los 30 días siguientes a la decisión del órgano de control, pueda ejercer
todas las actuaciones procesales que le permitan controvertir su legalidad, como por
ejemplo solicitar pruebas, refutarlas, presentar las alegaciones correspondientes,
etc. Este mecanismo cumple entonces con los requisitos advertidos en la Sentencia
C-091 de 2022, para que un instrumento de control sobre un acto administrativo sea
conforme a la Constitución, porque permite ejercer razonablemente el derecho de
defensa y someter a una revisión de pleno derecho el acto expedido por la PGN,
para que sea el despacho judicial el que, conforme lo buscó el Legislador, adopte la
decisión correspondiente.

336. Adicionalmente, la Sala destaca que, por mandato de los artículos 1º y 57 de
la Ley 2094 de 2021, cuando se trata de servidores de elección popular, el trámite
del mecanismo de revisión suspende la ejecución de la decisión sancionatoria
impuesta por la PGN, hasta tanto el juez de lo contencioso administrativo se
pronuncie, lo que también asegura la reserva judicial definida por el estándar
derivado del bloque de constitucionalidad y que fue materializada por el Legislador
en la Ley 2094 de 2021. Igualmente, por lo expuesto por esta Corte, dicha decisión
no corresponde a la imposición definitiva de la sanción, la que será tomada por el
juez de lo contencioso administrativo.

337. Se aclara que, dado el espíritu del artículo 23.2 de la CADH y su pretensión de
impedir la posibilidad de que un funcionario de elección popular sea retirado por una
entidad que ejerce funciones administrativas, es necesario entender que la
activación del recurso automático de revisión exige que el sancionado esté en
ejercicio del mandato popular, pues, de no ser así, deberá acudir a los medios de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

338. Sin embargo, esta Corporación evidencia que dicho instrumento de
participación judicial tiene las siguientes limitaciones:

a) Es un recurso, que conforme con lo prescrito en los artículos 54 a 60 analizados,
es de carácter rogado; por lo tanto, de no interponerse, no habría intervención
judicial material y efectiva respecto de la imposición de las sanciones restrictivas del
derecho político de elegir y ser elegido de los funcionarios públicos de elección
popular, con lo cual se desconocería el artículo 23.2 de la Convención Americana
de Derechos Humano.

86 Ley 2094 de 2021, artículos 238A a 238E. «Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019

y se dictan otras disposiciones». Junio 29 de 2021.
87 Magistrados ponentes: José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos Cortés González.

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b) Al ser un recurso extraordinario, solo se puede interponer con fundamento en las
causales específicas señaladas en el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, lo cual es
limitativo al derecho de defensa y, adicionalmente, podrían existir eventuales
motivaciones para la imposición de sanciones restrictivas del derecho político de
elegir y ser elegido de los funcionarios de elección popular, por fuera de las causales
legales señaladas, que no podrían ser controladas por el juez competente.

c) El recurso no ordena un examen integral de la decisión de la PGN dirigido a
garantizar que aquella no tenga como finalidad generar una interferencia indebida
en el mandato popular y en los derechos políticos del sancionado.

339. Ante las incompatibilidades o limitaciones advertidas sobre dicho medio judicial,
que afectan su idoneidad y eficacia plena para garantizar los derechos políticos de
los servidores de elección popular en el ejercicio de la acción disciplinaria por parte
de la Procuraduría General de la Nación, es necesario proferir una sentencia que
module los efectos normativos del mencionado recurso en el siguiente sentido:

a) El estándar de garantía constitucional exige que la intervención del juez en la
determinación e imposición de las sanciones analizadas a los servidores de elección
popular sea obligatoria y no rogada. También, debe ser ordinario y siempre estar
presente en la imposición de dichas sanciones, para que estas se concreten en una
sentencia judicial. Por lo tanto, el trámite del recurso de revisión operará de manera
automática e inmediata y no está supeditado a las causales taxativas de
procedencia, permitiéndosele al ciudadano disciplinado el ejercicio de todas las
actividades procesales que estime pertinentes a su defensa, tales como presentar
argumentos a su favor, solicitar pruebas y permitir su contradicción, lo cual podrá
hacer dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia disciplinaria
proferida por la PGN, tal como lo establece el artículo 57 de la Ley 2094 de 2021, el
cual creó el artículo 238 D de la Ley 1952 de 2019. Vencido este término, en el que
el disciplinado puede ejercer de manera efectiva su derecho de defensa y todas sus
garantías procesales, la PGN deberá enviar, inmediatamente, el proceso ante el juez
de lo contencioso administrativo, quien deberá hacer un examen integral de la
actuación disciplinaria adelantada por la PGN, no solo de corrección de legalidad.

b) Las decisiones de la PGN que se refieran a la destitución, suspensión e
inhabilidad de funcionarios de elección popular, no podrán, en ningún caso, ser
impuestas de manera definitiva sin la intervención del juez de lo contencioso
administrativo.

c) Contra la sentencia del juez de lo contencioso administrativo procederán los
recursos de ley consagrados en el CPACA. El sistema de investigación y
juzgamiento disciplinario de servidores de elección popular se complementará con
las normas que se enuncian en el artículo 22 de la Ley 1952 de 2019, entre las que
está el artículo 179 y siguientes del CPACA y las reglas supletivas del Código
General del Proceso.

78. En síntesis, la Corte Constitucional reconoció que el recurso de revisión, tal
como fue diseñado por el legislador, presentaba limitaciones que podían afectar su
idoneidad y eficacia para garantizar los derechos políticos de los funcionarios de

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elección popular. Por ello, precisó que este mecanismo debía operar de manera
automática e integral, no como un recurso rogado ni restringido a causales
taxativas, de forma que asegurara un control judicial pleno de las sanciones
impuestas por la Procuraduría General de la Nación.

79. De igual manera, advirtió que las sanciones de destitución, suspensión e
inhabilidad contra servidores de elección popular no podían adquirir firmeza sin la
intervención de un juez contencioso administrativo, quien debía ejercer un examen
amplio de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación
disciplinaria. Con ello, se reafirmó la garantía de la reserva judicial y se fortaleció la
protección de los derechos políticos de elegir y ser elegido, en consonancia con los
estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

80. Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, mediante auto de unificación jurisprudencial del 3 de diciembre de
202488, precisó las reglas de procedencia y trámite del recurso extraordinario de
revisión, con el fin de armonizar la regulación contenida en la Ley 2094 de 2021 con
los parámetros fijados por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a saber:

Primera regla:

Procedencia:

El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o de
doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que impongan
sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección
popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo de elección
popular al momento de la imposición de la sanción.

Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas
cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con
posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o
ejercer funciones públicas.

Segunda Regla:

Suspensión de la sanción:

La ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el trámite de
revisión, esto es, hasta la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se resuelve el
recurso de revisión.

Tercera regla:

Intervención directa del sancionado:

88 Radicado 11001-03-15-000-2023-00841-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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El servidor público de elección popular, dentro de los treinta días siguientes a la
notificación de la decisión sancionatoria por parte de la Procuraduría General de la
Nación, tendrá derecho a formular cargos, presentar argumentos a su favor, solicitar
pruebas y permitir la contradicción de las practicadas en el procedimiento
administrativo. En tal caso, puede intervenir directamente o través de apoderado
para el ejercicio de sus derechos, sin mayores exigencias formales distintas a la
legitimidad, oportunidad y sustentación de los motivos de inconformidad.

Cuarta regla:

Auto que avoca conocimiento del trámite de revisión

El trámite judicial del recurso de revisión inicia con el auto que avoca conocimiento,
el cual debe notificarse a la Procuraduría General de la Nación y al disciplinado. El
órgano de disciplina, dentro de los cinco (5) días siguientes, podrá oponerse a los
cargos presentados por el servidor público de elección popular, en su escrito de
intervención, en los términos del artículo 59 de la Ley 2094 de 2021.

Quinta regla:

Procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble conformidad
En el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción
disciplinaria impuesta por la procuraduría, procederá el recurso de doble
conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247 del CPACA.

Sexta regla:

Competencia para resolver el recurso de doble conformidad

El recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión emitidas por las
Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado, se resolverá por la Sala
Especial de Decisión que siga en orden numérico.

Séptima Regla:

Control integral:

El juez contencioso administrativo ejercerá un examen integral sobre la
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación administrativa de la
procuraduría y de sus decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e
inhabilidad de servidores públicos de elección popular.

81. De esta manera, el auto de unificación estableció con claridad los elementos
esenciales del recurso extraordinario de revisión y delimitó su procedencia
únicamente frente a las sanciones que restringen derechos políticos de los
servidores de elección popular suspendiendo sus efectos hasta tanto se produzca
la decisión judicial, con el fin de garantizar la intervención efectiva del disciplinado
dentro de un marco de contradicción y defensa. A su vez, reguló la forma de avocar
conocimiento, la procedencia del recurso de doble conformidad y la competencia
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para resolverlo, concluyendo con la exigencia de un control integral por parte del
juez contencioso administrativo.

82. En particular y en lo atinente al control integral previsto en la séptima regla,
la providencia efectuó las siguientes precisiones:

Así las cosas, el control integral, supone que el juez al decidir el asunto no está
sometido únicamente a los cargos o alegaciones señalados por el servidor público
sancionado, sino que [la] garantía de la reserva judicial impone un análisis más
amplio que incluye i) el análisis de la actuación administrativa sancionatoria bajo los
principios rectores de la ley disciplinaria, esto es, legalidad de la falta y de las
sanciones, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad
humana, presunción de inocencia, culpabilidad, favorabilidad, congruencia,
igualdad, derecho a la defensa, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción,
motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de los principios e
integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y
los convenios internacionales ratificados por Colombia y ii) la posibilidad de variar
la calificación de la falta y la imposición de la sanción, sin afectar el principio de la
no reformatio in pejus89, entre otros aspectos90.

83. De esta forma, el control integral implica que el juez contencioso
administrativo no se limite a verificar los cargos formulados o las alegaciones del
disciplinado, sino que debe efectuar un examen amplio y sustantivo de la actuación
administrativa, a la luz de los principios rectores del derecho disciplinario y de los
estándares internacionales en materia de derechos humanos. De esta manera, se
garantiza que las sanciones disciplinarias impuestas a los servidores de elección
popular respondan a un juicio judicial completo, que puede incluso modificar la
calificación jurídica de la falta y la sanción impuesta, siempre que se respete el
principio de non reformatio in pejus.

84. Adicionalmente, el artículo 238G de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el
artículo 60 de la Ley 2094 de 2021, establece que la sentencia deberá proferirse
dentro de los 6 meses siguientes a la admisión del recurso, con prelación sobre
otros asuntos, salvo los de naturaleza constitucional.

85. Igualmente, la referida disposición prevé que el fallo que declare fundado el
recurso dejará sin efectos la decisión recurrida y dictará en su lugar la providencia
que corresponda.

86. En síntesis, el diseño y aplicación del recurso extraordinario de revisión ha
sido objeto de un proceso de consolidación jurisprudencial en el que confluyen las
decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. La primera, mediante
la sentencia C-030 de 2023, al efectuar el control de constitucionalidad de la Ley
2094 de 2021, precisó que el mecanismo debía operar de manera automática e

89 Libro I. Parte General. Título I. Principios y normas rectoras de la Ley disciplinaria Ley 1952 de

2019.
90 Ibidem.

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integral, y no como un recurso rogado o limitado a causales taxativas, con el
propósito de asegurar la reserva judicial y la protección de los derechos políticos de
los servidores públicos de elección popular. La segunda, a través del auto de
unificación del 3 de diciembre de 2024, fijó las reglas de procedencia y trámite del
recurso, armonizó la regulación legal con los parámetros fijados por la Corte
Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y destacó la
necesidad de un control judicial integral sobre las sanciones disciplinarias impuestas
a funcionarios democráticamente elegidos.

2.3. El caso en concreto

87. En el sub examine, se advierte que los disciplinados, a través de apoderado,
interpusieron recurso extraordinario de revisión para lo cual alegaron la causal del
numeral 2 del artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, que adicionó el artículo 238C de
la Ley 1952 de 2019 referente a la «violación indirecta de la ley sustancial por error
de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas»91. No obstante, esta Sala
Especial de Decisión debe efectuar el control automático e integral de la actuación
disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo
dispuesto en la normativa vigente y la jurisprudencia modulada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-030 de 2023 y reglamentada por el auto de
unificación del 3 de diciembre de 2024 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.

88. Como se advirtió previamente, el control automático e integral de la actuación
disciplinaria adelantada por la PGN no se circunscribe a las causales previstas en
el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, sino que también comprende el examen de
las causales de nulidad de los actos administrativos consagradas en el artículo 137
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) en adelante.

89. En este contexto, la Sala Especial de Decisión analizará si la actuación
administrativa adelantada por la Procuraduría General de la Nación contra los
señores Aracelis López Mejía y Pedro Nel Martínez Garrido, dentro del
expediente con radicado IUS E-2022-558441 / IUC-D-2022-2604605, se ajustó a los
parámetros constitucionales, convencionales y legales aplicables.

90. Además, se abordarán, al momento de estudiar la tipicidad, antijuridicidad y
culpabilidad, los argumentos esbozados por los disciplinados.

91. Con fundamento en lo anterior y para efectos metodológicos, el control
integral se desarrollará en el siguiente orden:

91 Cuaderno 2, folio 178 del expediente remitido por la PGN.

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2.3.1. Aspectos procesales de la actuación disciplinaria

92. La Sala procede a examinar los aspectos procesales de las actuaciones
disciplinarias sometidas a revisión, en particular: (i) las normas aplicables al
procedimiento; (ii) la competencia de la autoridad que adelantó la actuación; (iii) la
calidad de los sujetos disciplinables y; (iv) las instituciones de la prescripción y la
caducidad.

i. Las normas aplicables al procedimiento

93. De acuerdo con el expediente disciplinario, el reproche formulado a los
concejales sancionados se fundó en la presunta infracción de los numerales 1, 5 y
22 del artículo 38 y la prohibición del numeral 1 del artículo 39 de la Ley 1952 de
2019, al igual que los artículos 6 y 209 de la Constitución Política y el numeral 2 del
artículo 41 de la Ley 136 de 1994, normas que regulan los deberes de los
funcionarios públicos y las prohibiciones que tienen los concejos. Además del
Acuerdo 014 del 30 de noviembre de 2019, reglamento interno del Concejo
Municipal de Chimichagua, Cesar.

94. Lo anterior, debido a que los investigados habrían participado en una
celebración dentro de las instalaciones del Concejo Municipal de Chimichagua,
donde consumieron bebidas embriagantes, lo cual vulneró los deberes de los
servidores públicos, al destinar un bien a objetos distintos del servicio público.

95. Revisado el expediente disciplinario se encuentra que se llevaron a cabo las
siguientes actuaciones:

96. El 28 de septiembre de 202292, la Procuraduría Provincial de Instrucción de
El Banco, Magdalena, de manera oficiosa, ordenó la apertura de la investigación
previa contra concejales por determinar del municipio de Chimichagua, Cesar, y
ordenó la práctica de pruebas.

97. A través de auto del 1 de noviembre de 202293, se abrió investigación
disciplinaria en contra de los señores Johannys Iglesia Herrera, Rosa Elvira
Palomino Piñeres, Aracelis López Mejía, Pedro Nel Martínez Garrido y Luis
Felipe Gutiérrez Anaya en calidad de concejales del municipio de Chimichagua,
Cesar y Edith Yojana Paba Polo como secretaria general del concejo.

98. Por auto del 2 de mayo de 202394, dispuso el cierre de la investigación
disciplinaria y concedió un término de 10 días hábiles para presentar alegatos
previos a la evaluación de la investigación.

92 Cuaderno 1, folios 8 a 10 del expediente remitido por la PGN.
93 Cuaderno 1, folios 55 a 60 del expediente remitido por la PGN.
94 Cuaderno 1, folio 223 del expediente remitido por la PGN.

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99. El 26 de julio de 202395 formuló pliego de cargos contra los señores Johannys
Iglesia Herrera, Rosa Elvira Palomino Piñeres, Aracelis López Mejía, Pedro Nel
Martínez Garrido y Luis Felipe Gutiérrez Anaya en calidad de concejales del
municipio de Chimichagua, Cesar y Edith Yojana Paba Polo como secretaria
general del concejo por presuntamente incurrir en la falta disciplinaria a título de
culpa grave prevista en los numerales 1, 5 y 22 del artículo 38 y la prohibición del
numeral 1 del artículo 39 de la Ley 1952 de 2019. De igual modo, los artículos 6 y
209 de la Constitución Política, el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 136 de 1994 y
el Acuerdo 014 del 30 de noviembre de 2019. Lo anterior, debido a la vulneración
de los deberes de los servidores públicos, al usar las instalaciones del concejo
municipal para un fin distinto a las que están destinadas.

100. El 23 de noviembre de 202396, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de
Barranquilla avocó conocimiento del proceso disciplinario y el 27 de noviembre de
202497 profirió fallo sancionatorio de primera instancia; los disciplinados fueron
notificados el 2 de diciembre de 202498 y el término para interponer el recurso
transcurrió del 3 al 16 del mismo mes y año99.

101. Para determinar cuáles eran las normas aplicables al proceso seguido contra
los concejales se debe partir del momento en que tuvo lugar la conducta
investigada, en este caso, el 30 de agosto de 2022, fecha en la cual se llevó a cabo
la celebración del cumpleaños de la señora Rosa Elvira Palomino Piñeres dentro de
las instalaciones del Concejo Municipal de Chimichagua, Cesar.

102. Para esa fecha se encontraba en vigencia la Ley 1952 de 2019, por medio
del cual se expidió el Código General Disciplinario, cuya entrada en vigor, conforme
al artículo 263 estableció que dicha normativa comenzaría a regir 4 meses después
de su sanción y publicación; no obstante, el referido término fue modificado a través
de la Ley 1955 de 2019, a través de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo
2018 – 2022 que dispuso su aplazamiento hasta el 1 de julio de 2021100.

103. Luego, con la expedición de la Ley 2094 de 2021 se prorrogó la entrada en
vigor de la Ley 1952 de 2019, en el sentido de establecer que entraría a regir 9
meses después de su promulgación, de modo que la Ley 1952 de 2019- CGD entró
en vigor el 29 de marzo de 2022.

104. En otras palabras, los hechos o actuaciones que ocurrieron con anterioridad
al 29 de marzo de 2022, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 1952, se rigen en
lo sustancial por lo previsto en la Ley 734 de 2002.

95 Cuaderno 2, folios 1 a 24 del expediente remitido por la PGN.
96 Cuaderno 2, folios 46 a 47 del expediente remitido por la PGN.
97 Cuaderno 2, folios 118 a 131 del expediente remitido por la PGN.
98 Cuaderno 2, folios 135 a 136 del expediente remitido por la PGN.
99 El recurso de apelación fue presentado el 16 de diciembre de 2024. Cuaderno 2, folios 137 del

expediente remitido por la PGN.
100 Ley 1955 de 2019. «Artículo 140. Prórroga Código General Disciplinario. Prorróguese hasta el 1

de julio de 2021 la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019».
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105. Ahora bien, el artículo 263 de la Ley 1952 del 2019, modificado por la Ley
2094 de 2021, establece lo siguiente:

Artículo 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos
en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la
audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el
procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el
procedimiento previsto en esta ley.

106. Lo anterior quiere decir que en los procesos en los que se haya surtido la
notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal,
continúan bajo el trámite de la Ley 734 hasta su terminación. En los demás
procesos, se aplica el procedimiento de la Ley 1952.

107. De acuerdo con lo expuesto, para el 17 de agosto de 2023101, cuando se
notificó pliego de cargos del 26 de julio de 2023, ya estaba en vigencia el Código
General Disciplinario; por consiguiente, el procedimiento debía adelantarse bajo la
referida normativa, como acertadamente lo determinó la Procuraduría General de
la Nación al surtir ambas instancias.

108. En consecuencia, el trámite surtido en el presente asunto se ajustó a las
normas aplicables, pues se agotaron las etapas de apertura y cierre de la
investigación102, alegatos precalificatorios103, formulación de cargos104, fijación del
juicio a seguir, descargos, solicitud y práctica de pruebas105, alegatos de
conclusión106, fallo de primera instancia107, e interposición y resolución del recurso
de alzada108, conforme lo exige el Código General Disciplinario.

ii. La competencia de la autoridad que adelantó la actuación

109. En lo que respecta al estudio de la competencia, la Sala advierte que, con
ocasión de las reformas introducidas al proceso disciplinario por la Ley 2094 de
2021, se dispuso un ajuste en la estructura y funcionamiento de las dependencias
de la Procuraduría General de la Nación, así como en su planta de personal. Dichos
cambios se materializaron a través del Decreto 1851 de 2021109, vigente desde el
29 de marzo de 2022.

101 Cuaderno 2, folio 40 del expediente remitido por la PGN.
102 Cuaderno 1, folio 223 del expediente remitido por la PGN.
103 Cuaderno 1, folio 223 del expediente remitido por la PGN.
104 Cuaderno 2, folios 1 a 24 del expediente remitido por la PGN.
105 Cuaderno 2, folios 67 a 69 del expediente remitido por la PGN.
106 Cuaderno 2, folio 114 del expediente remitido por la PGN.
107 Cuaderno 2, folios 118 a 131 del expediente remitido por la PGN.
108 Cuaderno 2, folios 138 a 142 del expediente remitido por la PGN.
109 Decreto 1851 de 2021 (Presidencia de la República). «Por el cual se modifican los Decretos Ley

262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría General de la
Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los
funcionarios que los ocupaban a donde pasaren a ocupar los nuevos cargos que se creen, así como
la reasignación o cambio de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones
y cargos de los empleados y se dictan otras disposiciones».
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110. En consecuencia, para la fecha en que se expidieron las actuaciones
administrativas objeto de revisión, el mencionado decreto ya se encontraba en vigor.
De acuerdo con lo establecido en sus artículos 22 y 23, que modificaron,
respectivamente, los artículos 76 y 76A del Decreto Ley 262 de 2000, las
autoridades que intervinieron en este caso eran no solo material, sino también
funcionalmente competentes.

111. Lo anterior, se corrobora con lo actuado en el expediente en tanto la
Procuraduría Provincial de Instrucción del Banco, Magdalena profirió el pliego de
cargos contra los disciplinados mediante auto del 26 de julio de 2023110.
Posteriormente, el proceso fue remitido a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento
de Barranquilla, despacho que avocó conocimiento111 y profirió el fallo de primera
instancia112.

112. En lo que concierne a la decisión de segunda instancia, esta fue proferida el
4 de diciembre de 2025113, por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular. Al respecto, el literal b) del numeral 3 del artículo 11
del Decreto 1851 de 2021, que modificó el artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000,
dispuso expresamente que dicha Sala «[c]onocer[ía] de los recursos de apelación
y de queja, (…) en etapa de juzgamiento, en los procesos de conocimiento de los
procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales, en las actuaciones
contra servidores públicos de elección popular»114.

113. La Sala considera oportuno recordar que, en un ejercicio de armonización
entre la Ley 2094 de 2021, la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad,
en particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte
Constitucional ha sostenido que la Procuraduría General de la Nación es
competente para imponer sanciones disciplinarias de suspensión, inhabilidad y
destitución a los servidores públicos de elección popular, siempre que se respeten
las garantías procesales y la reserva judicial de la imposición definitiva de las
sanciones, dentro de las cuales se incluye la procedencia del presente recurso
extraordinario de revisión115.

114. Esta interpretación fue reiterada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en el citado auto de unificación del 3 de
diciembre de 2024 radicado 11001-03-15-000-2023-00871-00, en el cual se señaló
que el juicio efectuado por la Corte Constitucional respecto de la competencia 116

110 Cuaderno 2, folios 1 a 24 del expediente remitido por la PGN.
111 Cuaderno 2, folios 46 a 47 del expediente remitido por la PGN.
112 Cuaderno 2, folios 118 a 131 del expediente remitido por la PGN.
113 Cuaderno 2, folios 156 a 167 del expediente remitido por la PGN.
114 Decreto 1851 de 2021. (Presidencia de la República). «Por el cual se modifican los Decretos Ley

262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría General de la
Nación (…)». Diciembre 24 de 2021.
115 Al respecto revisar las sentencias C-500 de 2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C-086 de

2019 y C-030 de 2023.
116 Ibidem.

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hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.

115. Cabe advertir que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 de la
Ley 1952 de 2019, la competencia orgánica de las dependencias de la Procuraduría
se encontraba determinada por las modificaciones introducidas por la Ley 2094 de
2021 y desarrolladas en el Decreto 1851 de 2021.

116. De esta manera, la distribución interna de competencias correspondió a la
estructura vigente al momento de las decisiones, en virtud de las reformas
introducidas por la Ley 2094 de 2021 y su decreto reglamentario. Por lo tanto, la
Sala concluye que la competencia de las autoridades que intervinieron en el proceso
disciplinario se ajustó en su integridad al ordenamiento jurídico aplicable.

iii. La calidad del sujeto disciplinable

117. En lo que concierne a la calidad del sujeto disciplinable, el artículo 4 de la Ley
1952 de 2019 dispone:

Artículo 4o. Legalidad. Los destinatarios de este código solo serán investigados y
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta
en la ley vigente al momento de su realización. La preexistencia también se predica
de las normas complementarias

La labor de adecuación típica se someterá a la aplicación de los principios de
especialidad y subsidiariedad.

118. A su turno, el artículo 123 de la Constitución Política dispone que son
servidores públicos «los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios»117.

119. El artículo 312 ibidem prevé que:

Artículo 312. En cada municipio habrá una corporación político-administrativa
elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo
municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo determine
la ley de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control
político sobre la administración municipal.
La ley determinará las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades de los
concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no
tendrán la calidad de empleados públicos. (…).

120. De esta manera, conforme a la normativa citada y a lo probado en el
expediente, el proceso disciplinario recayó sobre los señores Aracelis López Mejía
y Pedro Nel Martínez Garrido, quienes ejercieron el cargo de concejales del

117 Constitución Política de Colombia. Artículo 123.

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municipio de Chimichagua, Cesar, para el período 2020-2023118, conforme al
Acuerdo 007 de 2019119 expedido por el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto,
ostentaban la calidad de servidores públicos, razón por la cual eran destinatarios
del régimen disciplinario y, en consecuencia, podían ser investigados por la
Procuraduría General de la Nación.

121. Esta conclusión resulta concordante con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, que en la sentencia C-030 de 2023 precisó que los servidores
públicos de elección popular, entre ellos los concejales, son destinatarios de la
acción disciplinaria ejercida por la Procuraduría General de la Nación, siempre que
se garantice la revisión judicial integral de las sanciones.

122. Del mismo modo, en el referido auto de unificación del 3 de diciembre de
2024, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado reiteró
que el juicio efectuado por la Corte Constitucional en esta materia hizo tránsito a
cosa juzgada constitucional, despejando toda duda acerca de la sujeción
disciplinaria de los servidores de elección popular.

iv. Prescripción y caducidad

123. Por último, corresponde a la Sala examinar la prescripción y la caducidad de
la acción disciplinaria en el presente caso.

124. Como se indicó en el numeral anterior, la actuación administrativa se
adelantó correctamente bajo las reglas de la Ley 1952 de 2019, que reguló la
prescripción de la acción disciplinaria en su artículo 33, modificado por el artículo 7
de la Ley 2094 de 2021120, en el sentido de mantener el término general de 5 años
e introducir una regla de interrupción vinculada a la notificación del fallo de primera
instancia, además de establecer plazos adicionales para la decisión de segunda
instancia, por lo que el estudio se realizará con la prescripción regulada en dicha
disposición:

Artículo 7º. Modifíquese el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así:

Artículo 33. Prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribirá
en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación, para las de carácter permanente o continuado, desde la realización
del último hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción
se cumple independientemente para cada una de ellas.

La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.

118 Valga la pena aclarar que del mencionado estudio también se evidenció que los disciplinados se

encuentran ejerciendo dicho cargo nuevamente para el periodo 2024-2027.
119 Cuaderno 1, folio 36 del expediente remitido por la PGN.
120 Disposición que entró en vigor el 29 de diciembre de 2023.

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Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años desde
la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda
instancia.

Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de prescripción
será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se interrumpirá con la
notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se
producirá si transcurridos tres (3) años desde la notificación del fallo de primera
instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia121.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.

125. Al respecto vale la pena precisar que la Ley 1952 de 2019 «[P]or medio de la
cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho
disciplinario» entró a regir el 29 de marzo de 2022, salvo los artículos 2 y 33 que
iniciaron a regir a partir del 29 de junio de 2021 y 29 de diciembre de 2023,
respectivamente.

126. En otras palabras, los hechos o actuaciones ocurridos con anterioridad al 29
de marzo de 2022 se rigen en lo sustancial por la Ley 734 de 2022 y en los demás
eventos, los destinatarios del CGD deben ser investigados y sancionados
disciplinariamente por la referida normativa.

127. Ahora bien, el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley
2094 de 2021, establece que «[A] la entrada en vigencia de esta ley, los procesos
en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la
audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el
procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el
procedimiento previsto en esta ley».

128. En el caso concreto, la conducta endilgada a los disciplinados tuvo lugar el
30 de agosto de 2022, razón por la cual el régimen jurídico aplicable es el previsto
en el CGD como fue advertido por las autoridades disciplinarias.

129. Asimismo, la PGN surtió la actuación administrativa dentro del término de
prescripción previsto en el artículo 33 citado previamente, pues se advierte que el
fallo de primera instancia se profirió el 27 de noviembre de 2024122 y se notificó el 2
de diciembre de 2024123, es decir, dentro de los 5 años siguientes. Mientras que el
fallo de segunda instancia se dictó el 4 de diciembre de 2025124 y se notificó

121 Al respecto, se precisa que la redacción del texto original del artículo 33 de la Ley 1952 de 2019

señalaba que el término de prescripción se contabilizaba «a partir del día siguiente del vencimiento
para impugnar la decisión», no obstante, con la modificación de la Ley 2094 de 2021 este se computa
«desde la notificación del fallo de primera instancia».
122 Cuaderno 2, folio 118 del expediente remitido por la PGN.
123 Cuaderno 2, folio 135 del expediente remitido por la PGN.
124 Cuaderno 2, folio 156 del expediente remitido por la PGN.

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mediante edicto 032 fijado en la página web de la Procuraduría General de la Nación
el 23 de diciembre de 2025125 y desfijado el 26 de diciembre del mismo año, de
modo que, observó el plazo de 2 años establecidos en la norma en cita.

2.3.2. Violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho o de
derecho en la apreciación de las pruebas

130. Dentro del término de 30 días concedido por la Procuraduría General de la
Nación, el apoderado de los disciplinados interpuso recurso extraordinario de
revisión, invocando la causal del numeral segundo del artículo 238C de la Ley 1952
de 2019, adicionado por el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, esto es: «(…) 2.
Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o derecho en la
apreciación de la prueba».

131. Como se expuso de forma previa, los argumentos presentados en este punto
fueron los siguientes:

(i) Hubo un error en la valoración probatoria, por cuanto la investigación se
centró en unos videos editados que fueron apreciados como prueba
indiciaria y unos testimonios que no fueron debidamente analizados,
como los de los concejales que no participaron de la reunión, quienes
manifestaron que no podían dar fe de lo ocurrido ni del origen de los
videos.

(ii) El señor Marcial Barros, esposo de la concejal Aracelis López Mejía,
quien asistió a la reunión, afirmó que esta terminó entre las 7:30 p.m. y
8:00 p.m. y consistió en un simple brindis de un evento privado que no
generó escándalos y luego, se trasladaron al corregimiento de
Candelaria, donde se realizó la celebración; razón por la cual, el referido
testimonio fue apreciado de manera errónea, ya que con base en este se
corroboró de manera «tergiversada» la ocurrencia de los hechos.

(iii) En los fallos sancionatorios se dio por sentado que se llevaron a cabo 2
fiestas, la primera en las instalaciones del concejo municipal y la última
en la residencia de la concejal cuyo cumpleaños se celebraba, lo que,
según el apoderado, «carece de toda lógica y sentido común».

(iv) Resaltó que las providencias sancionatorias se basaron en unos videos
que fueron objeto de dictamen pericial, donde el perito advirtió que no fue
posible certificar la autenticidad de estos, de manera que redujo su valor
legal126.

125 Cuaderno 2, folio 170 del expediente remitido por la PGN.
126 De acuerdo con los requisitos de los artículos 243 y siguientes del CGP.

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(v) No se incurrió en una conducta de irrespeto que haya vulnerado la
moralidad pública, puesto que se trató de una reunión privada que no
afectó el servicio público ni tampoco la destinación de los bienes.

(vi) Hay una ausencia de antijuridicidad material, por cuanto con el testimonio
de los vecinos se pudo constatar que no se percataron de la celebración,
lo que deja en evidencia que sus declaraciones no fueron apreciadas ni
valoradas en debida forma.

(vii) Sostuvo que quedó acreditada la causal de revisión invocada, por cuanto
«no se evidencia la ocurrencia de los hechos en los términos plasmados
en el pliego de cargos»127.

132. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala examinará el análisis que realizaron
las autoridades competentes respecto de las pruebas obrantes dentro del proceso
disciplinario, las cuales sirvieron de fundamento para adoptar la decisión
cuestionada.

133. El Código General Disciplinario128 establece que toda decisión interlocutoria
y el fallo disciplinario debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas
al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. Además,
asigna al Estado la carga de la prueba.

134. En el mismo sentido, consagra un estándar probatorio de certeza sobre la
existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado para proferir fallo
sancionatorio.

135. La búsqueda, práctica y valoración de la prueba, de acuerdo con el régimen
disciplinario, debe observar, entre otros, principios como la imparcialidad, el
aseguramiento, la contradicción, el cumplimiento de las formalidades sustanciales
y derechos fundamentales en su recaudo, la libertad de medios probatorios y la
apreciación integral.

136. Revisadas las actuaciones adelantadas por la Procuraduría General de la
Nación se encuentra que la etapa probatoria observó los anteriores lineamientos al
momento de recaudar, practicar y valorar las pruebas solicitadas y decretadas.

137. En la investigación se formuló el siguiente cargo: «Haber utilizado el bien
inmueble donde funciona el concejo municipal de Chimichagua Cesar para realizar
y participar en una celebración con motivo del cumpleaños de una concejal,
generándose un festejo ajeno a la función pública y al servicio público para el cual
está destinado y distinta a los fines relacionados con el ejercicio de la función pública

127 Cuaderno 2, folio 180 del expediente remitido por la PGN.
128 Ley 1952 de 2019. Artículo 147. «Por medio de la cual se expide el código general disciplinario

se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el
derecho disciplinario». Enero 28 de 2019.
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que le era inherente como concejal del municipio de Chimichagua (…)».

138. El reproche se fundamentó en que los concejales llevaron a cabo una reunión
en las instalaciones del Concejo Municipal de Chimichagua, Cesar el 30 de agosto
de 2022, con el objetivo de festejar el cumpleaños de la señora Rosa Elvira
Palomino Piñeres, lo que va en contravía con los fines del inmueble y muebles de
dicha corporación.

139. La Procuraduría explicó que, a pesar de que la reunión se desarrolló fuera del
horario laboral, los investigados tenían el deber de usar debida y racionalmente las
instalaciones del concejo municipal, pues están pensadas para el uso exclusivo de
asuntos relacionados con la función administrativa y política129.

140. También sostuvo que hubo circunstancias que demostraron que no se trató de
una reunión espontánea y que la ingesta de alcohol da una connotación distinta a
un simple compartir. Por último, aclaró que no se puede ignorar el hecho de que
asistieron terceros, personas ajenas al concejo municipal, al mencionado evento130.

141. Con dicha actuación se desconocieron los deberes como servidores públicos,
al vulnerar el principio de moralidad administrativa y al haber utilizado los bienes
asignados para fines distintos del desempeño de sus funciones, lo que atenta contra
el buen funcionamiento del Estado e incurre en las faltas disciplinarias descritas en
los numerales 1, 5 y 22 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019131.

142. Entre las pruebas legalmente allegadas al expediente, la Procuraduría
General de la Nación destacó que evaluó de manera conjunta los videos publicados
en las redes sociales y en los distintos medios de comunicación, las narraciones
realizadas por los testigos y las versiones libres hechas por los disciplinados que
dieron cuenta de la ocurrencia del suceso y el reproche efectuado132.

143. A partir del análisis de los anteriores elementos probatorios, la Procuraduría
Provincial de Juzgamiento de Barranquilla determinó que, a pesar de que los videos
publicados fueron objeto de ediciones, las grabaciones demuestran la intención de
las conductas ejecutadas en la celebración desarrollada en el concejo. Asimismo,
las narraciones y los testimonios coinciden con lo que se desprende del material
videográfico por lo que, en una valoración integral de las pruebas, se demostró la
claridad de los hechos fácticos que desencadenan en el reproche mencionado133.

144. En la decisión de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular volvió sobre el contenido de las referidas
pruebas y reiteró que las pruebas allegadas al proceso demuestran la veracidad de

129 Cuaderno 2, folio 125 del expediente remitido por la PGN.
130 Cuaderno 2, folio 127 del expediente remitido por la PGN.
131 En concordancia con el numeral 1 del artículo 43 del Acuerdo 014 del 30 de noviembre de 2019.
132Cuaderno 2, folio 161 del expediente remitido por la PGN.
133 Cuaderno 2, folio 130 del expediente remitido por la PGN.

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la conducta y los hechos que originaron la acción disciplinaria134. Confirmó que los
investigados cometieron una falta grave culposa135, puesto que hubo una falta de
observancia al cuidado necesario que cualquier persona del común tiene con sus
actuaciones, «al estar demostrado que (…) lo que en principio era un compartir
terminó en una celebración música, licor y baile» en un inmueble que tiene una
finalidad exclusiva para el servicio público136.

145. Con respecto a las pruebas allegadas en el proceso recordó que se emitió un
comunicado a la opinión pública el 28 de septiembre de 2022, donde la presidente
de la corporación, en ese entonces, Johannys Iglesia Herrera, se refirió a los hechos
cuestionados y ofreció disculpas públicas a la comunidad y a sus electores por el
uso indebido de las instalaciones del concejo municipal137.

146. En relación con los testimonios, observó que, al revisar el fallo de primera
instancia, los testimonios que se llevaron a cabo en el proceso se valoraron junto
con otros elementos probatorios, como lo son los videos y las versiones libres
rendidas por los investigados.

147. Los testigos manifestaron que es habitual que, en la celebración de
cumpleaños de algún compañero, se realice un «compartir sencillo y breve que
generalmente incluía una torta, una bebida gaseosa y algunos pasabocas», sin
embargo, la Procuraduría estableció que estas declaraciones «desvirtúan de
manera contundente la afirmación de la defensa, según la cual lo ocurrido
correspondía a un “simple compartir”, una “costumbre autóctona de la costa caribe”,
un “ reconocimiento formal y privado”, y no una “parranda ocasional y arbitraria”»138.

148. Lo anterior, por cuanto varios de los testigos, esto es lo concejales que no
participaron del evento, presentaron contradicciones respecto del consumo de licor
en tanto Eutimio Dávila, indicó que se realizaba un brindis con vino, César Julio
Navarro afirmó que no se consumía alcohol y Germán Payán señaló que no era
costumbre bailar y consumir licor en estos espacios.

149. La PGN, encontró que evaluado este acervo probatorio se demostraba la
realización del evento en las instalaciones del concejo, la identidad de los
involucrados y la manera particular de la celebración. Asimismo, que la forma en la
que se llevó a cabo la reunión no correspondía a una práctica habitual
contradiciendo los argumentos de la defensa.

150. Esto, en consideración a que, con base en los videos obrantes en el
expediente, los declarantes confirmaron que el lugar de la reunión se desarrolló en
la sede del Concejo Municipal de Chimichagua, Cesar; ratificaron que las personas

134 Cuaderno 2, folios 160 a 162 del expediente remitido por la PGN.
135 Como consecuencia del análisis de los criterios estudiados en primera instancia.
136 Cuaderno 2 folio 165 del expediente emitido por la PGN.
137 Cuaderno 2 folio 160 del expediente emitido por la PGN.
138 Cuaderno 2 folio 161 del expediente emitido por la PGN.

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que aparecían correspondían a los disciplinados e identificaron al esposo de la
señora Aracelis López Mejía como uno de los presentes. De igual forma, Neil
Cárdenas Serpa, otro de los concejales ausentes, manifestó que la celebración que
aparecía en los videos no era habitual para los cumpleaños139, lo que ratifica que
se trató de un encuentro que excedió lo acostumbrado en la corporación.

151. Adicionalmente, con la declaración de Marcial Barros López140 se corroboró:
(i) la realización del evento en la sede del concejo municipal; (ii) la finalidad de este;
(iii) el consumo de bebidas alcohólicas; (iv) la ejecución de actividades no
relacionadas con el uso oficial de una sede municipal; y (v) desvirtúa que los únicos
asistentes fueron los disciplinados141.

152. En cuanto a la afirmación de la defensa, relacionado con la imposibilidad de
considerar los videos como prueba, resaltó que en el informe técnico el servidor de
policía judicial señaló «la imposibilidad de expresar con certeza que los videos y
publicaciones halladas son originales o si fueron editadas o alteradas, debido a que
el material fue obtenido de internet, lo cual no permite advertir la realización de
ediciones», además sostuvo, que a pesar de haber observado alteraciones por las
páginas emisoras, esta circunstancia no alteró el contenido de la prueba.

153. En este sentido, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado por el recurrente,
el informe técnico no concluyó que el material fuera falso o careciera de valor
probatorio. Por el contrario, el servidor de policía judicial indicó que no le era posible
establecer con certeza si los videos y publicaciones eran originales o si habían sido
objeto de edición o alteración, debido a que fueron obtenidos de fuentes de internet
y no de los archivos primarios. No obstante, también precisó que, aunque advirtió
modificaciones introducidas por las páginas que difundieron el contenido, tales
alteraciones no afectaban el contenido material de los registros visuales.

154. En consecuencia, el dictamen técnico no desvirtúa la ocurrencia de los
hechos reflejados en los videos, sino que impide otorgarles el alcance de una
prueba plena, razón por la cual su valoración debía realizarse conjuntamente con
los demás elementos de convicción obrantes en el expediente, tal y como se realizó
por la Procuraduría.

155. Finalmente, la autoridad administrativa recordó que este tipo de material
probatorio debe ser valorado como prueba indiciaria, esto es, apreciada de forma
conjunta con los demás elementos probatorios142.

156. El despacho concluyó que el argumento de la defensa respecto a la
inexistencia de los hechos y la supuesta falta de pruebas de la conducta censurada
carece de fundamento, puesto que: (i) «En realidad, los disciplinables hicieron uso

139 Cuaderno 2 folio 161 del expediente emitido por la PGN.
140 Esposo de la concejal Aracelis López Mejía.
141 Cuaderno 2 folio 162 del expediente emitido por la PGN.
142 Cuaderno 2 folio 163 del expediente emitido por la PGN.

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de un bien público destinado a funciones oficiales para realizar una celebración que
excedió los límites razonables permitidos»143; (ii) las pruebas recaudadas al
proceso conducen a la certeza sobre la existencia de la falta, sin que subsista duda
razonable sobre el asunto; y (iii) la naturaleza de la celebración desvirtúa el
argumento de que se trató de un simple «reconocimiento» transformándose en una
reunión que no resulta compatible con el propósito del cabildo municipal144.

157. Afirmó que los sancionados afectaron sustancialmente sus deberes
funcionales, al atentar contra el buen funcionamiento del Estado e incumplir con el
Reglamento Interno del Concejo Municipal de Chimichagua, Cesar145.

158. Del recuento probatorio antes realizado se extrae que la autoridad
disciplinaria determinó que los sancionados incumplieron los deberes funcionales
que le eran exigibles en su condición de concejales municipales, al participar en un
festejo dentro de las instalaciones del concejo municipal con ingesta de bebidas
alcohólicas y baile. Además, con dicho comportamiento vulneraron el principio de
moralidad administrativa, sin que existiera prueba alguna que justificara dicha
transgresión.

159. Como se observa, en el caso en concreto, las decisiones de primera y
segunda instancia se profirieron con base en un estudio integral de las pruebas
allegadas al proceso y de acuerdo con las reglas de la sana crítica146.

160. Esta evaluación de las pruebas desvirtúa los argumentos expuestos por el
apoderado de los disciplinables en el traslado del recurso extraordinario de revisión,
pues no se evidencia error alguno en la valoración probatoria.

161. Nótese que las afirmaciones y manifestaciones expuestas por el apoderado
de los disciplinados, corresponden a apreciaciones subjetivas carentes de respaldo
jurídico o probatorio que logren demostrar un resultado distinto en el juicio
disciplinario.

162. Ahora, el hecho de que algunos vecinos manifestaran no haberse percatado
de la celebración no desvirtúa su ocurrencia. En efecto, tal circunstancia únicamente
permitiría concluir que no tuvieron conocimiento de los hechos, pero no excluye que
estos hubieran sucedido, especialmente cuando su realización se encuentra
acreditada mediante otros elementos probatorios que se encuentran dentro de la
actuación disciplinaria.

163. Por el contrario, los videos, analizados como prueba indiciaria, junto con los
testimonios y declaraciones de los concejales, demuestran las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos objeto de reproche, con los

143 Cuaderno 2 folio 163 del expediente emitido por la PGN.
144 Cuaderno 2 folio 163 del expediente emitido por la PGN.
145 Acuerdo 014 del 30 de noviembre de 2019.
146 Ley 1952 de 2019. Artículo 159.

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cuales se acredita la falta disciplinaria de los servidores públicos de elección
popular.

164. La Sala pone de presente que el error de hecho consiste en una falsa o
equivocada apreciación de la realidad que incide en la formación de la voluntad
administrativa, en cuanto la decisión se adopta con fundamento en hechos
inexistentes, tergiversados o contrarios a los que objetivamente se encuentran
acreditados en el expediente, circunstancia que no se presenta en el caso sub
examine, en tanto que los hechos sancionados encuentran respaldos y se
fundamentan en el conjunto de las pruebas valida y oportunamente recaudadas.

165. En este contexto, la Sala concluye que los medios de convicción fueron
apreciados de manera integral por las autoridades competentes y las pruebas
fueron analizadas y verificadas conforme a los principios probatorios que sustentan
el ius puniendi.

2.3.3. Congruencia entre el pliego de cargo y la decisión

166. Para determinar si en el proceso disciplinario se respetó el principio de
congruencia, resulta necesario confrontar el pliego de cargos con la decisión
sancionatoria, lo que implica analizar, dentro de ese marco, los elementos
constitutivos de la responsabilidad disciplinaria: tipicidad, ilicitud sustancial,
culpabilidad y causales eximentes de responsabilidad.

167. El principio de congruencia «refleja la concreción del derecho a la defensa
para quien ha sido investigado, de modo que tenga la certeza sobre los extremos
fácticos, subjetivos y jurídicos, a partir de los cuales se estructuró el proceso
disciplinario y que fueron el fundamento de la sanción. La congruencia constituye a
la vez una garantía del sujeto pasivo de la acción y un límite para quien detenta la
potestad disciplinaria, pues la decisión no puede referirse a conductas que no
hicieron parte de la imputación fáctica»147.

168. En la investigación que se adelantó contra los señores Aracelis López Mejía
y Pedro Nel Martínez Garrido, concejales del Municipio de Chimichagua, Cesar
para el período 2020-2023 el cargo formulado fue el siguiente:

Haber utilizado el bien inmueble donde funciona el concejo municipal de
Chimichagua Cesar (sic) para realizar y participar en la celebración con motivo del
cumpleaños de una concejal, generándose un festejo ajeno a la función pública y al
servicio público para el cual está destinado y distinta a los fines relacionados con el
ejercicio de la función pública que le era inherente como concejal del municipio de
Chimichagua, propiciando en las instalaciones del recinto una celebración con
música, baile, ingesta de bebidas, y comportamientos que dan cuenta de la
utilización del inmueble y muebles de la corporación para fines distinto (sic) a los

147 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de mayo de

2019, radicado 11001-03-25-000-2011-00371-00(IJ), M.P. César Palomino Cortés.
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que legal y reglamentariamente han sido destinados.

169. Lo anterior, por desconocer presuntamente los deberes previstos en los
numerales 1, 5 y 22 del artículo 38 y la prohibición del numeral 1 del artículo 39 de
la Ley 1952 de 2019 – CGD. De igual modo, los artículos 6 y 209 de la Constitución
Política, el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo 014 del 30
de noviembre de 2019148.

170. El reproche se fundamentó en que los concejales llevaron a cabo una reunión
en las instalaciones del concejo municipal con motivo de la celebración de
cumpleaños de una concejal, donde hubo música, baile y consumo de bebidas
embriagantes. Lo anterior, supone una actividad ajena a los fines de la corporación.

171. Lo primero que se advierte al comparar el pliego de cargos con las decisiones
tomadas por la parte de la PGN, es que el comportamiento imputado, el fundamento
normativo y el juicio de responsabilidad formulados, correspondió con el análisis
efectuado en las providencias de primera y segunda instancia.

172. Lo anterior implica que existe identidad sustancial entre las decisiones en
relación con la infracción disciplinaria atribuida, es decir, el deber desconocido por
parte de los concejales, la forma de dicho incumplimiento, la ausencia de
justificación válida y la culpabilidad.

173. Establecida la congruencia entre el pliego de cargos y las providencias, en lo
que respecta a la tipicidad se encuentra que la falta calificada como culpa grave,
imputada a los concejales conforme al artículo 38 en sus numerales 1, 5 y 22, así
como el numeral 1 del artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, se estructura a partir de
la vulneración de los deberes propios de los servidores públicos, entre ellos, el de
utilizar los bienes públicos exclusivamente para el desempeño de sus funciones149,
así como el de vigilar y salvaguardar los bienes que les han sido encomendados,
procurando que sean utilizados de manera racional y conforme a los fines a los
cuales están destinados150. Conducta que, además desconoce los artículos 6 y 209
de la Constitución Política, el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 136 de 1994 y el
Acuerdo 014 del 30 de noviembre de 2019151.

174. De lo expuesto se desprende que la estructura típica de la falta grave
endilgada a los concejales se consumó al destinar las instalaciones y bienes del
Concejo Municipal de Chimichagua, a una actividad privada ajena a las funciones
constitucionales y legales de dicha corporación, conducta con la cual desconocieron
deberes152 de utilización, protección y salvaguarda de los bienes públicos que les
habían sido confiados en razón de sus cargos.

148 Esto es, el reglamento interno del Concejo Municipal de Chimichagua, Cesar.
149 Ley 1952 de 2019. Artículo 38, numeral 5.
150 Artículo 38, numeral 22 ibidem.
151 Reglamento del Concejo Municipal de Chimichagua, Cesar.
152 Ley 1952 de 2019. Artículo 39, numeral 1.

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175. Nótese, entonces, que la celebración realizada en el recinto institucional
implicó un uso distinto al previsto para el ejercicio de la función pública,
circunstancia que resultó contraria a los principios que orientan la actividad
administrativa y, en particular, al principio de moralidad administrativa153
consagrado en el numeral 5 del artículo 3 del CPACA.

176. Las pruebas aportadas y valoradas por la Procuraduría demuestran que los
sancionados participaron en el festejo que se llevó a cabo por el cumpleaños de la
concejal Rosa Elvira Palomino Piñeres, acompañado de baile, música e ingesta de
alcohol. Adicionalmente, los testimonios rendidos por los concejales que no
estuvieron presentes en la reunión ratificaron que las personas que aparecían en
los videos circulados por redes sociales y medios de comunicación correspondían
a los disciplinados154.

177. A partir del testimonio rendido por el señor Marcial Barros155, esposo de la
concejal Aracelis López Mejía, se encuentra acreditado que los asistentes a la
celebración del cumpleaños no fueron exclusivamente concejales, sino que
personas ajenas a dicha corporación también estuvieron presentes 156. Asimismo,
se evidencia que la celebración no correspondió a una reunión común, sino que se
efectuaron actividades ajenas al uso oficial de una sede municipal.

178. De lo anterior, se infiere que el comportamiento de los señores Aracelis
López Mejía y Pedro Nel Martínez Garrido encuadra en la descripción típica del
en los numerales 1, 5 y 22 del artículo 38 y la prohibición del numeral 1 del artículo
39 del Código General Disciplinario, y en las demás disposiciones endilgadas por la
Procuraduría; por lo que resulta necesario llevar a cabo el reproche disciplinario, al
haber celebrado una fiesta con música, baile e ingesta de bebidas alcohólicas,
excediendo los límites de una reunión privada, pues utilizaron de manera distinta e
inapropiada las instalaciones destinadas al funcionamiento del concejo municipal
para una actividad ajena a las funciones asignadas.

179. Frente a la ilicitud sustancial la autoridad disciplinaria encontró que la
conducta censurada de los investigados es sustancialmente ilícita, puesto que
implicó el incumplimiento de los deberes funcionales que les eran exigibles en su
condición de concejales del Municipio de Chimichagua, Cesar, comoquiera que
participaron en una celebración de cumpleaños, con la características ya

153 Al respecto, el Consejo de Estado ha explicado el principio de moralidad administrativa
mencionando que «se concreta en la forma de cumplimiento de la función pública que exige un
irrestricto apego a la Constitución y la ley y la búsqueda constante de la satisfacción del interés
general, y, a su vez, se materializa en un catálogo de deberes traducidos en estándares de conducta
para los funcionarios del Estado.», Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia del 1 de diciembre de
2015. Exp. 11001-33-31-035-2007-00033-01 (AP) M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
154 Cuaderno 2 folio 161 del expediente emitido por la PGN.
155 Cuaderno 2 folio 162 del expediente emitido por la PGN.
156 Durante el testimonio, el señor Barros mencionó «se hizo un brindis con vino primero, luego

hicieron un brindis con un trago de una botella de Buchanan´s que regaló el honorable presidente
del Concejo (sic) en ese momento».
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mencionadas, dentro de las instalaciones de la corporación, festejo que excedió los
límites de una reunión privada, vulneró el deber funcional de utilizar y salvaguardar
los bienes públicos conforme a su destinación legal y reglamentaria, en contravía
de moralidad administrativa157.

180. Los sancionados inobservaron el principio de moralidad administrativa, en el
cual los servidores públicos deben actuar con honestidad buscando el bien común.
Este principio cuenta con una doble dimensión: (i) como principio de la función
pública, pues se compone de un comportamiento íntegro que implica un apego
irrestricto a la Constitución y la ley, buscando el interés general; y (ii) como derecho
o interés colectivo, ya que cualquier ciudadano tiene la legitimidad para exigir un
control judicial sobre el adecuado y ético ejercicio de la función pública 158.

181. El festejo ejecutado envía un mensaje erróneo acerca de la finalidad
institucional de las instalaciones públicas y de los deberes que deben observar
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y, al haberse trasladado lo
ocurrido a las redes sociales, se generaron señalamientos de la ciudadanía que
afectaron institucionalmente al concejo municipal. Así, utilizar un bien con fines de
función administrativa para una celebración con las características ya referidas,
despoja dicho lugar de su solemnidad, desvirtúa su propósito y vulnera la confianza
pública.

182. El artículo 9 de la Ley 1952 de 2019, establece que la conducta del
disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional «sin
justificación alguna».

183. La Corte Constitucional en la sentencia C-452 de 2016, señaló: «Este
concepto opera no solo como una limitación constitucional del derecho disciplinario,
sino también como una exigencia prevista por el legislador como presupuesto para
la justificación de la falta disciplinaria. En ese sentido, lo que se exige es que la
conducta de la cual se predique ese juicio de desvalor deba estar necesariamente
vinculada con la afectación del deber funcional. Así, en caso de que esa relación no
se acredite, se estará ante un exceso en el ejercicio del poder disciplinario y, por la
misma razón, ante la inconstitucionalidad de la norma legal correspondiente, al
mostrarse contraria con el principio de proporcionalidad aplicable a las diferentes
manifestaciones del ius puniendi del Estado».

184. En este caso, la Sala concuerda con la conclusión a la que arribó la autoridad
disciplinaria en la medida en que, con su comportamiento, los disciplinados
quebrantaron los deberes funcionales que le fueron encomendados, en razón de su
cargo, y con ello afectaron los principios esenciales de la función pública, como se
reitera, el de moralidad administrativa.

157 Se encuentra consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política y afirma que los servidores

públicos deben actuar con honestidad, transparencia y buscando el interés común.
158 Cuaderno 2 folio 164 del expediente emitido por la PGN.

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185. De este modo, se entiende configurada la ilicitud sustancial dado que las
pruebas que obran en el expediente, analizadas en conjunto, llevan a constatar el
incumplimiento por parte de los disciplinados de los deberes funcionales159 que le
imponía el ordenamiento jurídico en su calidad de concejales del Municipio de
Chimichagua, Cesar y, desde el punto de vista axiológico, está acreditado que con
su proceder negligente inobservaron el principio de moralidad administrativa y
también comprometieron el cumplimiento de los fines esenciales de la
administración pública.

186. Respecto a la ocurrencia de causales de justificación, la Sala evidencia, tal
como concluyó la Procuraduría, que en el caso objeto de estudio no ocurrió ninguna
situación que justificara el proceder de los sancionados dado que, como concejales
del municipio, debían usar las instalaciones de la corporación de manera debida y
racional, de conformidad con los fines a los que ha sido destinada.

187. Ahora bien, en relación con el juicio de reproche en sede de culpabilidad,
como elemento subjetivo de la falta disciplinaria, la Sala recuerda que para que una
acción u omisión en la ejecución de un acto reprochable, sea disciplinable requiere
ser realizada con dolo o culpa, conforme a los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Ley
1952 de 2019.

188. La autoridad disciplinaria señaló160 que la conducta realizada por los
disciplinados es reprochable, en tanto la actitud de los concejales municipales; no
obstante, se encontraban en un recinto institucional, fue utilizado con fines distintos
a la función pública para la ingesta de bebidas embriagantes con música y baile en
un lugar público, afectando la moralidad pública y los deberes de respeto a esa
corporación.

189. La Procuraduría explicó que dejar pasar por alto las referidas conductas, so
pretexto de que se trató de una celebración privada y que tales prácticas son
comunes en las distintas ramas del poder público, es atentar contra el decoro,
respeto y honorabilidad de esa corporación, además de transmitir un mensaje
negativo e inmoral a la comunidad, contrario al ejemplo de rectitud, honestidad y
responsabilidad con el que deben comportarse conforme al cargo popular que
ocupan.

190. En cuanto a la gravedad de la falta161, esto es, el nivel de afectación de la
conducta de los servidores públicos frente a las normas que regulan su función,
como criterio para determinar la sanción aplicable, la autoridad administrativa al
resolver en segunda instancia, compartió la calificación efectuada por la primera

159 Artículo 38, numerales 1, 5 y 22 y artículo 39, numeral 1 de la Ley 1952 de 2019; artículos 6 y 209

de la Constitución Política y artículo 41, numeral 2 de la Ley 136 de 1994.
160 Cuaderno 2, folio 128 del expediente remitido por la PGN.
161 «Para la Sala, la gravedad de la falta se refiere al nivel de afectación de la conducta del servidor

público frente a las normas que regulan su función, criterio fundamental para determinar la sanción
aplicable». Cuaderno 2, folio 165 del expediente remitido por la PGN.
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instancia, según la cual la conducta de los concejales debería considerarse
cometida a título de culpa grave, con fundamento en los criterios establecidos en
el artículo 47162 del Código General Disciplinario (CGD).

191. Los criterios tenidos en cuenta fueron los siguientes: (i) la trascendencia
social del comportamiento; (ii) la forma y circunstancias en la que se cometió la
falta; y (iii) su realización con la intervención de varias personas163.

192. En este punto cabe advertir, que los disciplinados aseguraron que no se
incurrió en una conducta de irrespeto que haya vulnerado la moralidad pública, ya
que se trató de una reunión privada que no afectó el servicio público, realizada fuera
del horario laboral.

193. Al respecto se tiene que los sancionados, en su calidad de concejales del
municipio de Chimichagua, Cesar, tenían el deber de ejercer sus funciones con
sujeción a la Constitución, la ley y los reglamentos, así como de responder por el
cumplimiento de los fines del Estado y por el adecuado ejercicio de las funciones
asignadas, de conformidad con los artículos 2 y 6 de la Constitución Política. Debido
a la naturaleza del lugar, se descarta cualquier pretensión de privacidad o falta de
impacto público164, pues la celebración excedió el ámbito estrictamente personal y
trasmitió a la ciudadanía un mensaje contrario al adecuado uso de los bienes
públicos y a los deberes inherentes al ejercicio de la función pública; por otro lado,
el hecho de que esta ocurriera fuera del horario laboral no desvirtúa la falta, por
cuanto el bien no cambia de naturaleza según se esté o no dentro de la jornada
laboral165.

194. En suma, del análisis realizado sobre los elementos de la responsabilidad
disciplinaria, tipicidad, ilicitud sustancial, culpabilidad y ausencia de causales
eximentes, la Sala constata que las decisiones se ajustaron a los límites fijados en
el pliego de cargos, sin que se hubieran introducido hechos, fundamentos
normativos o imputaciones diferentes a las originalmente formuladas. En
consecuencia, se encuentra acreditado que el proceso disciplinario respetó el
principio de congruencia y que las decisiones sancionatorias mantuvieron plena
correspondencia con la acusación inicial.

162 Los criterios del artículo 47 que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes:

«Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en la ley. Se determinará si la falta es grave
o leve de conformidad con los siguientes criterios:
5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.
6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta
el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en
el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en
la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en estado de
ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema,
debidamente comprobadas.
8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores
públicos.»
163 Cuaderno 2, folio 165 del expediente remitido por la PGN.
164 Cuaderno 2, folio 165 del expediente remitido por la PGN.
165 Cuaderno 2, folio 164 del expediente remitido por la PGN.

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2.3.4. Dosificación de la sanción disciplinaria y aplicación de los principios
de proporcionalidad y razonabilidad

195. En el caso concreto, como se ha expuesto, el proceso disciplinario se rigió
por las normas de la Ley 1952 de 2019, norma que en el artículo 50 establece los
criterios para la graduación de la sanción.

196. En primera instancia, la autoridad disciplinaria sostuvo que hubo una
inexistencia de circunstancias de agravación punitiva y que, con respecto a los
criterios de atenuación, los sancionados carecen de antecedentes disciplinarios y
presentaron una disculpa pública a la comunidad, por medio de un comunicado
oficial, con el fin de resarcir su conducta. Debido a lo anterior, se partió de la mínima
pena a establecer y se impuso una sanción de suspensión de 2 meses en el ejercicio
del cargo.

197. Al respecto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular confirmó la decisión de primera instancia y la dosificación de la
sanción impuesta por la Procuraduría Provincial.

198. Expuso que los criterios que se tuvieron en cuenta para la dosificación de la
sanción, en primera instancia, fueron los siguientes166: (i) los investigados tenían
una importante jerarquía en la estructura de la administración pública; (ii) la
trascendencia social de la falta, puesto que los hechos, al ser difundidos, fueron
rechazados por la ciudadanía; (iii) la forma y las circunstancias en la que se cometió
la falta, por cuanto es reprochable que, con la confianza depositada en los
investigados, utilizaran el recinto del concejo municipal para un fin ajeno a la función
pública; y (iv) la falta fue realizada con la intervención de varias personas.

199. De este modo, el despacho de segunda instancia estuvo de acuerdo con la
calificación de la infracción y los criterios mencionados anteriormente, excepto con
el primero167, pues para la autoridad disciplinaria, dicha jerarquía solo aplicaba para
la entonces presidente de la corporación, Johannys Iglesia Herrera.

200. La Sala comparte la conclusión respecto a la dosificación de la sanción
interpuesta, en tanto se apegó a lo establecido en el artículo 50 del CGD, en lo
referente al examen de los criterios de atenuación y de agravación. El estudio de
culpabilidad arrojó que los investigados llevaron a cabo una actuación culposa, sin
la debida diligencia exigida por el ordenamiento disciplinario y con una clara falta de
inobservancia al cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus
actuaciones, al haberse demostrado que lo que en principio era un compartir,
terminó en una celebración con música, licor y baile dentro de un inmueble con un
objetivo exclusivo al servicio público.

166 Cuaderno 2, folios 165 y 166 del expediente remitido por la PGN.
167El primer criterio hace alusión de la jerarquía de los sancionados en la estructura de la
administración pública.
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201. La autoridad disciplinaria tuvo en cuenta la ausencia de agravantes168 y la
reparación realizada por los disciplinados169, razón por la cual se partió de la mínima
pena a imponer. Lo anterior, con base en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 1952
de 2019 que sostiene que, en el caso de las faltas graves culposas, la sanción será
la suspensión en el ejercicio del cargo de 1 a 12 meses.

202. Por último, esta Sala advierte que la dosificación de la sanción impuesta a
los disciplinados resulta proporcionada, razonable y cumple con los fines
preventivos y correctivos de la falta cometida a título de culpa grave, pues
infringieron los deberes funcionales, el correcto funcionamiento del Estado y la
consecución de sus fines sin justificación alguna, motivo por el cual se encuentra
conforme al ordenamiento jurídico la suspensión por 2 meses en el ejercicio del
cargo.

2.3.5. Nulidad originada en el curso del proceso

203. En lo que respecta a las nulidades dentro del proceso disciplinario, el artículo
202 de la Ley 1952 de 2019 establece:

Artículo 202. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

204. En relación con la primera causal, esto es, la falta de competencia del
funcionario para proferir el fallo, la Sala reitera lo expuesto en apartados anteriores,
en cuanto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y lo establecido en la Ley
2094 de 2021, así como el Decreto 1851 de 2021, la Procuraduría General de la
Nación ostenta competencia para sancionar disciplinariamente a los servidores
públicos de elección popular.

205. Del mismo modo, así como se señaló anteriormente, con base en la
normativa aplicable en el presente asunto, tanto la Procuraduría Provincial de
Instrucción de El Banco Magdalena, como la Procuraduría Provincial de
Juzgamiento de Barranquilla y la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de elección popular eran material y funcionalmente competentes para
adelantar los trámites y proferir los fallos dentro del presente asunto disciplinario.
206. Con relación a las causales segunda y tercera170, la Sala también constata,
como se expuso en acápites previos, que el proceso se adelantó bajo las reglas
procesales del Código General Disciplinario con respeto de todas sus etapas
procesales.

168 Ley 1952 de 2019. Artículo 50.
169 Esto es, el comunicado de la opinión pública del 28 de septiembre de 2022,
en el que se le
ofrecieron disculpas a la comunidad.
170«Violación del derecho de defensa del investigado» y «la existencia de irregularidades

sustanciales que afecten el debido proceso».
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207. De la lectura de las actuaciones disciplinarias se evidencia que los
sancionados contaron con todas las oportunidades de defensa, las cuales ejercieron
de manera efectiva: fueron notificados de las providencias; actuaron mediante
apoderado judicial; presentaron descargos; solicitaron pruebas; formularon alegatos
de conclusión y apelaron el fallo sancionatorio de primera instancia.

208. Asimismo, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular en cumplimiento a lo ordenado por la sentencia C-030 de 2023 y
el auto de unificación proferido por la Sala Plena de lo Contencioso de esta
Corporación171, corrió traslado por el término de 30 días para que los sujetos
procesales ejercieran el derecho de defensa y todas las garantías procesales,
previo a que la jurisdicción de lo contencioso administrativo realizara el control
integral de la actuación disciplinaria.

209. En conclusión, esta Sala descarta la configuración de alguna causal de
nulidad en el curso de la actuación disciplinaria.

2.3.6. Otras causales previstas en el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021

210. Procede la Sala a efectuar el estudio de las causales previstas en el artículo
56 de la Ley 2094 de 2021, el mismo se hará desde la causal 6 en adelante, toda
vez que los escenarios establecidos en los numerales precedentes ya han sido
analizados a lo largo de la presente providencia.

211. La causal 6 establece: «Haberse encontrado o recobrado después de dictada
la decisión, documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de tercero»172.

212. En el presente asunto no se encontró configurada dicha causal, pues no obra
en el expediente documento alguno recobrado o allegado con posterioridad a la
decisión que hubiese podido modificar el sentido del fallo, ni los sancionados
allegaron elementos de convicción adicionales en sede de revisión.

213. El numeral 7 prevé: «Haberse dictado la decisión con fundamento en
documentos falsos»173.

214. Se descarta la configuración de la causal señalada en tanto, del estudio del
expediente disciplinario no se encontró que ninguno de los documentos analizados
por las autoridades competentes careciese de autenticidad y validez, para
sospechar que fuesen falsos. En cambio, se encontró que todas las pruebas

171 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de diciembre de

2024, radicado 11001-03-15-000-2023-00841-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
172 Ley 2094 de 2021. Artículo 56, numeral 6. «Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019

y se dictan otras disposiciones». Junio 29 de 2021.
173 Artículo 56, numeral 7 ibidem.

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documentales fueron estudiadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica al
momento de tomar la decisión de segunda instancia, y que las mismas gozaban de
armonía y coherencia entre sí.

215. La causal 8 contempla la procedencia de la revisión «cuando se demuestre,
mediante decisión en firme, que la decisión fue determinada por un delito del
funcionario que la profirió o de un tercero»174.

216. Así como se indicó en el numeral anterior, también se desestima la
configuración de la citada causal, en tanto no existe prueba que demuestre que los
funcionarios que profirieron los fallos disciplinarios aquí revisados, hubiesen
cometido conductas delictivas al momento de proferirlos, ni decisión en firme que
así lo hubiese reconocido.

217. Finalmente, la causal 9 dispone la revisión cuando «por precedente de la
Corte Constitucional o del Consejo de Estado se modifique favorablemente el
criterio en el que se fundamentó la decisión recurrida».

218. En este aspecto, la Sala constata que para la fecha en la que se profiere la
presente providencia que, ni el Tribunal Constitucional o esta Corporación hayan
modificado los criterios bajo los cuales se analizaron las decisiones disciplinarias
del presente asunto, así como tampoco se impuso su modificaron en el marco del
recurso extraordinario de revisión, por lo cual es posible concluir que la presente
causal tampoco está llamada a prosperar.

2.3.7. Las causales previstas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011

219. Finalmente, corresponde a la Sala pronunciarse sobre las causales de
nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA, cuyo tenor literal dispone que los
actos administrativos de carácter general pueden ser anulados cuando hayan sido
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, sin competencia,
en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de la
autoridad que los profirió.

220. Sobre el particular y tal como se advirtió al inicio de las consideraciones de
esta providencia, el presente recurso extraordinario de revisión no se circunscribe
únicamente a las causales del artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, sino que también
comprende el examen de las hipótesis de nulidad de los actos administrativos
previstas en el artículo 137 del CPACA.

221. No obstante, la Sala advierte que los supuestos de nulidad previstos en el
referido artículo ya fueron examinados a lo largo de esta providencia, como se
observa a continuación:

174 Artículo 56, numeral 8 ibidem.

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• Al analizar la competencia de las autoridades disciplinarias (causal de
nulidad por falta de competencia), se concluyó que las decisiones fueron
proferidas por funcionarios material y funcionalmente habilitados.

• Respecto del derecho de audiencia y defensa, se constató que los
investigados contaron con todas las oportunidades procesales para ejercerlo
plenamente.

• En cuanto a la expedición irregular o la existencia de irregularidades
sustanciales, se verificó que el trámite disciplinario observó las etapas y
garantías establecidas en el Código General Disciplinario.

• Adicionalmente, no se encontró acreditada falsa motivación, pues las
decisiones se sustentaron en un acervo probatorio suficiente y debidamente
valorado, ni tampoco desviación de poder, en tanto las sanciones se
adoptaron en el marco de las competencias legales y con el fin de
salvaguardar los intereses generales comprometidos.

• Finalmente, el estudio efectuado sobre la dosificación de la sanción permitió
constatar que esta fue impuesta con sujeción a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, atendiendo a la gravedad de la falta y a las
circunstancias legales de graduación.

222. De este modo, no se acreditan en el caso concreto las causales de nulidad
consagradas en el artículo 137 del CPACA.

2.4. Conclusiones

223. De acuerdo con el control integral de legalidad efectuado a la actuación
disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación en el marco del
proceso con radicado IUS-E-2022-558441 / IUC-D-2022-2604605, la Sala Especial
de Decisión 16 encuentra que la decisión del 27 de noviembre de 2024 proferida
por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Barranquilla, mediante la cual se
declaró responsable disciplinariamente del cargo imputado a los servidores de
elección popular Aracelis López Mejía y Pedro Nel Martínez Garrido, concejales
del municipio de Chimichagua, Cesar, para la época de los hechos, con suspensión
en el ejercicio del cargo de 2 meses, así como la decisión dictada por la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular el 4 de
diciembre de 2025 que la confirmó, se ajustan al ordenamiento jurídico.

224. De este modo, el estudio integral efectuado por esta Sala permitió verificar
que el proceso disciplinario se adelantó dentro del marco normativo aplicable y con
pleno respeto de los principios y garantías que orientan el derecho sancionador.

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Sancionados: Aracelis López Mejía y otro
Origen: Procuraduría General de la Nación
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01078-00

225. Asimismo, se constató que las decisiones adoptadas no adolecen de nulidad
ni desconocen lo previsto en la Ley 1952 de 2019, la Ley 2094 de 2021 o el artículo
137 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Decisión No. 16, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: DECLARAR ajustada al ordenamiento jurídico la actuación disciplinaria
adelantada por la Procuraduría General de la Nación dentro del expediente IUS-E-
2022-558441 / IUC-D-2022-2604605 que culminó con la providencia dictada por la
Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular el 4
de diciembre 2025, en la que se dispuso confirmar la decisión del 27 de noviembre
de 2024 proferida por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Barranquilla,
mediante la cual se declararon responsables disciplinariamente del cargo imputado
a los servidores de elección popular Aracelis López Mejía y Pedro Nel Martínez
Garrido, concejales del municipio de Chimichagua, Cesar, para la época de los
hechos, con suspensión en el ejercicio del cargo por 2 meses, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Segundo: COMUNICAR a la Procuraduría General de la Nación que, ejecutoriada
esta decisión, informe al funcionario competente a fin de ejecutar la sanción
impuesta y se proceda con el registro de que trata el artículo 238 de la Ley 1952 de
2019.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia ARCHIVAR el proceso dejando las
anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Magistrado Magistrada

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
Magistrado ARGÜELLO
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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