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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03706-01

Fecha
14 de noviembre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03706-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de julio de 2025 proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03706-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

14 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: LUIS FERNANDO CARACAS GOLÚ
Autoridades: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Proceso: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

TUTELA-Requisitos de la solicitud. PETICIÓN-El artículo 23 de la Constitución prevé el derecho de presentar peticiones
ante las autoridades y a obtener una respuesta oportuna de estas. PETICIÓN-Circunstancias en que se entiende
vulnerado el derecho.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el fallo proferido
el 14 de julio de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, que
negó el amparo solicitado por el accionante contra la Presidencia de la República, el
Ministerio de Igualdad y Equidad y el Viceministerio de la Juventud.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 13 de junio de 2025 Luis Fernando Caracas Golú —consejero nacional de juventud
por el departamento del Meta1—, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de
tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Igualdad y Equidad y el
Viceministerio de la Juventud, para que se amparen sus derechos fundamentales de
petición, al debido proceso administrativo y a la participación en el ejercicio y control del
poder político, que considera vulnerados por las autoridades accionadas al no haber dado
respuesta de fondo a la petición que presentó el 16 de mayo anterior, en la cual solicitó
que se cumpliera el «deber jurídico» establecido en el artículo 50 de la Ley Estatutaria

1 También funge como consejero Departamental de Juventud del Meta y consejero Municipal de Juventud de
Villavicencio.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
Resuelve impugnación

1622 de 2013, sustituido por el artículo 19 de la Ley 1885 de 2018.

La acción plantea las siguientes pretensiones (se transcriben, incluso con errores):

«PRIMERO: Tutelar los derechos constitucionales fundamentales de aplicación
inmediata de participación en el ejercicio y control del poder político, debido
proceso administrativo y petición del señor Luis Fernando Caracas Golú.

SEGUNDO: Consecuencialmente, ordenar a las autoridades accionadas para
que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la providencia que resuelva la presente litis, procedan a resolver
de fondo, completa, clara, precisa, concreta, eficaz, motivada, conforme a
derecho, congruente con lo solicitado, consecuente con el trámite adelantado,
sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas de responsabilidad, la petición de
cumplimiento del deber jurídico estatutario establecido en el artículo 50 de la
Ley Estatutaria 1622 de 2013, sustituido por el artículo 19 de la Ley Estatutaria
1885 de 2018, presentada a través del suscrito apoderado, por parte del señor
Luis Fernando Caracas Golú en fecha 16 de mayo de 2025.

TERCERO: Por lo tanto, ordenar al Presiente de la República, señor Gustavo
Francisco Petro Urrego, convocar y realizar antes de finalizar el primer
semestre del año 2025, las dos (02) sesiones conjuntas anuales mínimas
obligatorias de interlocución entre el Presidente de la República y su gabinete
en sesión de Consejo de Gobierno y el Consejo Nacional de Juventud,
correspondientes al segundo semestre del 2024 y al primer semestre del 2025,
en las que se presentarán propuestas relacionadas con las agendas
concertadas dentro del Subsistema de Participación y la Comisión de
Concertación y Decisión, las cuales deberán desarrollarse en días diferentes y
transmitirse por televisión pública nacional, así como por las cuentas oficiales
de las redes sociales YouTube, Facebook e Instagram de la Presidencia de la
República y el Ministerio de Igualdad y Equidad, en virtud de los principios de
transparencia y publicidad.

CUARTO: Ordenar a la Presidencia de la República que, directamente o a
través del Ministerio de Igualdad y Equidad—Viceministerio de la Igualdad,
cubra los gastos logísticos (transporte, alojamiento y alimentación) necesarios
para garantizar la asistencia de los Consejeros Nacionales de Juventud a las
dos (02) sesiones conjuntas anuales mínimas obligatorias de interlocución entre
el Presidente de la República y su gabinete en sesión de Consejo de Gobierno
y el Consejo Nacional de Juventud, correspondientes al segundo semestre del
2024 y al primer semestre del 2025, en las que se presentarán propuestas
relacionadas con las agendas concertadas dentro del Subsistema de
Participación y la Comisión de Concertación y Decisión.

QUINTO: Prevenir a los accionados para evitar la repetición del actuar que ha
generado la violación de los derechos constitucionales fundamentales en el
presente asunto.

SEXTO: Ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado
al señor Luis Fernando Caracas Golú por parte de los accionados, necesario
para asegurar el goce efectivo de sus derechos constitucionales fundamentales
de aplicación inmediata.

SÉPTIMO: Condenar en costas y agencias a los accionados.

OCTAVO: Ordenar lo que ultra y extra petita resuelva el honorable Consejo de
Estado».

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
Resuelve impugnación

2. Hechos relevantes

El accionante considera que el Gobierno Nacional ha incumplido la obligación legal
establecida en el artículo 50 de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, sustituido por el artículo
19 de la Ley 1885 de 2018. Esto, porque no ha convocado al Consejo Nacional de
Juventud a las dos sesiones anuales mínimas obligatorias de Consejo de Gobierno, con
la participación del presidente de la República y su gabinete ministerial.

En esa medida, el 16 de mayo de 2025 formuló petición dirigido al presidente de la
República, al jefe de despacho de la Presidencia de la República, al ministro de la
igualdad y equidad y al viceministro de la juventud, en la que solicitó:

«PRIMERO: CONVOCAR y REALIZAR antes de finalizar el primer semestre
del año 2025, en cumplimiento del deber jurídico citado, al Consejo Nacional
de Juventud a las dos (2) sesiones anuales mínimas obligatorias de Consejo
de Gobierno con la participación del Presidente de la República y su gabinete
ministerial que no se han realizado, en las que se presentarán propuestas
relacionadas con las agendas concertadas dentro del Subsistema de
Participación y la Comisión de Concertación y Decisión.

SEGUNDO: INFORMAR por escrito, dentro del término legal, la programación
concreta de dichas sesiones, incluyendo fecha, hora, lugar, agenda preliminar
y mecanismo de cobertura de gastos logísticos (transporte, alojamiento y
alimentación) de los Consejeros, en cumplimiento del deber del Estado de
garantizar la participación efectiva».

El 19 de mayo siguiente el Ministerio de la Igualdad y Equidad, por medio del viceministro
de la juventud, contestó la petición a través de oficio sin denominación2, en los siguientes
términos:

«Actualmente, el Viceministerio de Juventud del Ministerio de Igualdad y
Equidad, en el marco del artículo 50 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil
modificado por el artículo 19 de la Ley 1885 de 2018 referente a la interlocución
con las autoridades territoriales y nacionales, está realizando la gestión y firma
de un nuevo convenio, cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad de recursos
necesarios para la realización de las sesiones restantes del año en el marco del
Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Esta etapa es fundamental para cumplir con
los requerimientos técnicos y financieros que permiten el desarrollo adecuado
de estos espacios de participación.

Cabe señalar que el Consejo Nacional de Juventud sesionó de manera
ordinaria entre el 4 y el 8 de abril del presente año, gracias a un convenio
previamente suscrito con la Organización Internacional de Juventud (OIJ), el

2 Eloficio de contestación fue rotulado con la referencia «Respuesta a la solicitud con Radicado No. ER-2025-
00009672, ER-2025-00009353 y ER-2025-00009626».

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
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cual se encuentra actualmente en su fase final, con la entrega de los productos
comprometidos.

Adicionalmente, desde el Viceministerio de Juventud se continúa realizando la
gestión correspondiente para articular y coordinar la participación del
Presidente de la República y su gabinete ministerial en las sesiones de
Interlocución con el Consejo Nacional de Juventud. Sin embargo, es importante
resaltar que esta programación está sujeta a la disponibilidad de agenda del
señor Presidente y los miembros del gabinete, lo cual requiere un proceso de
concertación institucional.

Agradecemos su comprensión frente a las condiciones administrativas y
operativas mencionadas, reiterando el compromiso de este Viceministerio con
el cumplimiento de los deberes legales y la promoción de los espacios de
participación efectiva para las juventudes del país».

Sobre la segunda solicitud, el Ministerio se pronunció en los siguientes términos:

«Como se indicó en líneas anteriores, establecer una fecha y hora concreta
para la realización de dichas sesiones, requieren de un proceso de gestión y
concertación institucional, particularmente en lo relacionado con la articulación
de agendas con la Presidencia de la República y el gabinete ministerial. Esta
coordinación es indispensable para garantizar la participación efectiva de las
instancias mencionadas, conforme a lo establecido en el marco normativo
vigente

En cuanto a los gastos logísticos, una vez se suscriba el convenio que
actualmente se encuentra en trámite, se contará con un estimado detallado del
costo de realización de las sesiones, incluyendo los rubros de transporte,
alojamiento y alimentación de los Consejeros. Este convenio permitirá disponer
de los recursos necesarios para garantizar las condiciones logísticas
adecuadas para el desarrollo de las sesiones en cumplimiento del deber del
Estado de garantizar la participación de las juventudes.

Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso con el
fortalecimiento de los espacios de participación juvenil y el cumplimiento de las
obligaciones legales correspondientes».

Por su parte, la Presidencia de la República remitió la petición al Ministerio de la Igualdad
y Equidad el 23 de mayo de 2025, al considerar que esta es la entidad competente para
tramitarla.

3. Fundamentos de la solicitud

El accionante considera que la respuesta del Ministerio y la remisión por competencia del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-DAPRE no cumplen con
los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para efectos de la
satisfacción del derecho constitucional de petición.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
Resuelve impugnación

Sostuvo que la Presidencia de la República no resolvió de manera material la petición, ni
asumió los gastos logísticos correspondientes, y trasladó injustificadamente dicha
responsabilidad al Ministerio de Igualdad y Equidad. Adujo que el traslado vulneró el
artículo 14, numeral 4°, del Decreto 2647 de 2022, que establece que el jefe de Despacho
Presidencial debe asistir al presidente en la programación de su agenda, lo que implica
que la responsabilidad de agendar las sesiones recae en el mandatario y, por
competencia, al director del Departamento Administrativo. Además, afirmó que el DAPRE
incurrió en fórmulas evasivas de responsabilidad, pues el deber jurídico estatutario de
agendar las sesiones con el Consejo Nacional de Juventud corresponde exclusivamente
a la Presidencia. Así, concluyó que la respuesta oficial careció de motivación jurídica
clara, lo que trasgredió el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, y no garantizó la eficacia ni
la concreción de las sesiones solicitadas. Finalmente, señaló que la actuación fue
incongruente con lo solicitado y dilató injustificadamente la respuesta, a pesar de que la
petición ya había sido radicada ante las autoridades competentes.

Por su parte, consideró que el Ministerio de la Igualdad y Equidad no resolvió
materialmente la pretensión de convocar y realizar las sesiones, pues la respuesta se
limitó a enunciar el adelantamiento de trámites administrativos «internos» que no
satisfacen la pretensión principal ni el deber jurídico incumplido. Consideró que la
justificación relativa a «garantizar la disponibilidad de recursos» es imprecisa y que la
respuesta no se acompaña de la documentación necesaria para precisar qué se busca
con el trámite administrativo referido.

Aunado a ello, alegó que, al haber contratado los servicios de un abogado para obtener
la protección de sus derechos constitucionales, que además de ser subjetivos derivan en
el cumplimiento de deberes constitucionales y estatutarios por parte de las entidades
demandadas, es indispensable que se condene en costas, agencias en derecho e
indemnización en abstracto del daño emergente causado, con el fin de resarcir los gastos.
Invocó las sentencias T-303 de 1993 y T-036 de 2002 para respaldar estas exigencias.

4. Trámite de primera instancia

El 19 de junio de 20253 el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B admitió
la acción de tutela y ordenó su notificación a las entidades demandadas, así como al

3 SAMAI, índice 5 de primera instancia.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
Resuelve impugnación

Consejo Nacional de Juventudes, como tercero con interés. Además, decretó como
pruebas los documentos aportados con la demanda de tutela.

En su escrito de contestación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República4 solicitó su desvinculación, para lo cual alegó falta de legitimación en la causa
por pasiva. Manifestó que, en subsidio, el amparo debía denegarse respecto de ese
departamento, toda vez que no hay acción u omisión imputable a la entidad. Consideró
que mediante OFI25-00099300/GFPU 13150001 del 23 de mayo de 2025 se le dio
respuesta de fondo a la solicitud del accionante, informándole que es el Ministerio de la
Igualdad, a través del Viceministerio de las Juventudes (se sugiere unificar acá se usa en
plural, mientras que antes se escribió en singular: viceministerio de la juventud), el que
está llamado a responder, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5 y 24 del
Decreto 1075 de 2023.

El Ministerio de la Igualdad y el Consejo Nacional de Juventudes, a pesar de ser
notificados en debida forma, guardaron silencio.

En sentencia del 14 de julio de 20255 el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
B negó el amparo solicitado, al razonar que, por un lado, el Ministerio de la Igualdad y
Equidad había dado respuesta de fondo a la petición, y observó los requerimientos de la
jurisprudencia constitucional. Además, consideró que, para solventar la situación de
incumplimiento del deber legal de convocar a las sesiones de gobierno con el Consejo
Nacional de Juventudes, puede acudirse a la acción de cumplimiento desarrollada en el
artículo 87 Superior, en la Ley 393 de 1997 y en el artículo 146 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-. Finalmente,
iteró que, pese a que el artículo 25 de la Constitución Política admite el otorgamiento de
la indemnización en abstracto y las costas del proceso, esto procede en circunstancias
muy excepcionales, toda vez que la tutela no es un mecanismo idóneo para solicitarla y
que la indemnización no era necesaria para garantizar «la efectividad de la protección».

Mediante memorial del 26 de agosto de 20256 la parte accionante impugnó la decisión.
Enunció, sin profundizar en ello, que la sentencia de primera instancia constituye un

4 SAMAI, índice 17 de primera instancia.
5 SAMAI, índice 73 de primera instancia. Notificada por correo electrónico el 19 de agosto de 2025. SAMAI, índice 86

de primera instancia. Durante el mes que duró el trámite de la sentencia, el accionante interpuso ocho impulsos
procesales.
6 SAMAI, índice 88 de primera instancia.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
Resuelve impugnación

«error judicial», pues incurrió en «defecto por desconocimiento del precedente
constitucional», «defecto sustantivo por interpretación errónea o irrazonable de la
norma», «defecto fáctico por indebida valoración probatoria» y, además, que la decisión
no fue suficientemente motivada. En su criterio, esta Sala debía aplicar el principio de
iura novit curia para cotejar la solicitud con el acervo probatorio y la sentencia de primera
instancia.

El recurso fue concedido mediante auto del 19 de septiembre de 20257. Durante el trámite
de segunda instancia, el accionante allegó memorial en el que sustentó los defectos de
la sentencia de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
14 de julio de 2025 proferida por la Sección Segunda-Subsección B del Consejo de
Estado, que negó el amparo solicitado por el accionante.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera
instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el
Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la Corporación.

Derecho de petición

El artículo 23 de la Constitución Política de 1991, desarrollado por la Ley Estatutaria 1755
de 2015, dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución.
La presentación de peticiones ante las autoridades implica el ejercicio de este derecho,
sin necesidad de invocarlo, y mediante él se puede solicitar el reconocimiento de un

7 SAMAI, índice 96 de primera instancia. Notificado el 23 de septiembre siguiente. SAMAI, índice 99 de primera
instancia.

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Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
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derecho; la intervención de una entidad o funcionario; la resolución de una situación
jurídica; la prestación de un servicio, el requerimiento de una información; la consulta,
examen o las copias de documentos; la formulación de consultas, quejas, denuncias,
reclamos y la interposición de recursos. La presentación de peticiones es gratuita y no
requiere la representación de abogado (art. 14 CPACA, adicionado por el artículo 1 de la
Ley 1755 de 2015).

La persona que presente una petición deberá designar la autoridad a la que la dirige.
También deberá indicar su nombre o el de su apoderado o representante, si es el caso,
la dirección para notificaciones, el objeto de la petición y las razones que la fundamentan,
la relación de los documentos para iniciar el respectivo trámite y la firma, si fuere
necesario (art. 16 CPACA, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015). Por su
parte, la autoridad deberá responder la petición -siempre que esta cumpla los requisitos-
, de manera completa y de fondo, en el plazo de quince días. Si se trata de una solicitud
de documentos, el plazo es de diez días. Para la atención de consultas el plazo es de
treinta días. Estos términos no se aplican a los procedimientos administrativos que tienen
una regulación especial (art. 15 CPACA, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015).

La respuesta de la autoridad frente a una petición, además de ser oportuna y de fondo,
debe ser clara, precisa, congruente con lo solicitado y se debe notificar al peticionario.
No obstante, el deber de responder a una petición no implica acceder a lo solicitado, pues
ello dependerá de que la ley así lo permita y de lo que se pruebe en la respectiva
actuación administrativa. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del
derecho fundamental previsto en el artículo 23 Superior8.

Caso concreto

Corresponde a la Sala determinar si se han vulnerado los derechos de petición, al debido
proceso administrativo y a la participación en el ejercicio y control del poder político del
accionante, conforme a lo que obra en el expediente.

De entrada, la Sala separará el análisis de la impugnación en dos puntos. Primero,
estudiará las respuestas a las peticiones del accionante y corroborará si cumplen o no

8 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz.

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con los requisitos que impone el ordenamiento jurídico, para efectos de determinar si se
produjo una vulneración del derecho fundamental de petición. Luego, procederá a evaluar
las pretensiones relativas al cumplimiento del deber legal del presidente y sus ministros
de convocar a las sesiones de gobierno con el Consejo Nacional de Juventud.
Especialmente, se ocupará de determinar si, conforme a la jurisprudencia constitucional,
procede la acción de cumplimiento para exigir la pretensión que se ventila en sede de
tutela.

Delimitada la metodología de análisis que se seguirá, la Sala procederá a evaluar la
respuesta dada por el Ministerio de la Igualdad y Equidad-Viceministerio de la Juventud
y el traslado por competencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República-DAPRE.

Al punto, la Sala coincide con el a quo en tanto el traslado por competencia realizado por
el DAPRE resulta razonable y está debidamente sustentado. Además, la respuesta del
Ministerio de la Igualdad y Equidad responde a los requisitos de claridad, congruencia y
precisión, desarrollados en la jurisprudencia constitucional.

Se observa que el traslado adelantado por el DAPRE resultaba razonable, en tanto la
competencia del Ministerio de la Igualdad y Equidad, por vía del Viceministerio de la
Juventud, implica «[l]iderar la formulación, la implementación, el seguimiento y la
evaluación» de la política pública de juventud en Colombia. En esa medida, quien lidera
el esfuerzo de la Administración por cumplir los deberes estatuidos en el Estatuto de
Ciudadanía Juvenil [Ley 1622 de 2013, modificada por la Ley 1885 de 2018] es, hoy, el
Ministerio de la Igualdad. Por lo anterior, se considera que ese departamento
administrativo cumplió con los lineamientos del derecho de petición, al remitirla a la
entidad que consideró competente conforme al artículo 21 del CPACA.

Por otro lado, se observa que la respuesta que brindó el viceministro de juventudes es
satisfactoria de cara al ordenamiento constitucional y, por ende, no vulnera el derecho
fundamental de petición. Se parte de la base de que fue oportuna9 y de que se notificó

9 Dado que la petición buscaba la «intervención de una entidad o funcionario», las entidades tenían hasta 15 días

hábiles para notificar su respuesta, conforme al artículo 13 del CPACA —sustituido por el art. 13 de la Ley 1755 de
2015—.

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Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
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adecuadamente al peticionario10. Por un lado, la contestación ofrecida por el Ministerio
de la Igualdad y Equidad fue clara y precisa, en tanto, de forma inteligible y sin fórmulas
evasivas, planteó que se está tramitando un nuevo convenio que permita llevar a cabo
las sesiones restantes para el 2025 y que, además, una vez se firme el convenio deben
articularse las agendas del presidente de la República y del gabinete ministerial. Esta
respuesta es, además, congruente, pues responde coherentemente a lo pedido:
«CONVOCAR y REALIZAR antes de finalizar el primer semestre del año 2025, en
cumplimiento del deber jurídico citado, al Consejo Nacional de Juventud a las dos (2)
sesiones […]» e «INFORMAR por escrito, dentro del término legal, la programación
concreta de dichas sesiones […]». En ese sentido, la respuesta brindó información
suficiente sobre las condiciones administrativas que impiden el cumplimiento de la
pretensión de convocatoria y la imposibilidad de contar con la información pedida.

Es menester recordar al accionante que, conforme al criterio pacífico de las altas cortes,
la respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo solicitado por el
interesado, salvo en los casos en que se vulnere el derecho a la información pública
(Constitución Política., art. 74) —que no se presenta en el presente caso—. Así las cosas,
la Sala coincide con el análisis del juez de primera instancia en lo respectivo al derecho
de petición, toda vez que resulta coherente con la jurisprudencia constitucional acerca
del alcance del derecho de petición.

Zanjado que no se produjo una vulneración al derecho de petición del accionante, la Sala
estudiará la procedencia de la acción de cumplimiento como mecanismo preferente para
exigir la convocatoria y realización de las sesiones de interlocución entre el Consejo
Nacional de Juventudes y el presidente de la República conforme a lo establecido en el
artículo 50 de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, sustituido por el artículo 19 de la Ley 1885
de 2018. Para el accionante, la falta de convocatoria vulnera su derecho fundamental a
la participación política en su rol como consejero nacional de juventud e implica el
incumplimiento de un deber legal.

La Sección Segunda-Subsección B del Consejo de Estado consideró que el accionante
debía acudir a la acción de cumplimiento para exigir el cumplimiento de la supuesta
obligación legal. Esta Sala coincide, una vez más, con ese criterio.

10 Del expediente se extrae que la respuesta del Ministerio de la Igualdad y Equidad notificó su respuesta el 19 de

mayo de 2025, por correo electrónico y que el DAPRE notificó el traslado por competencia el 23 de mayo. En todo
caso, esto no fue motivo de reproche en la acción o impugnación.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
Resuelve impugnación

La Corte Constitucional, en sentencia C-1194 de 2001, fijó —con base en la
jurisprudencia de tutela proferida por esta Corporación— derroteros la procedencia de la
acción de cumplimiento cuando el incumplimiento de una norma coincide con la
vulneración de un derecho fundamental. En ese sentido, estableció:

«Varias son las hipótesis de vulneración de los derechos por la inacción de la
administración que pueden presentarse al momento de definir si procede o no
la acción de cumplimiento. A saber: i) que la inacción de la administración
amenace o vulnere derechos fundamentales de rango constitucional, es decir,
derechos tutelables; ii) que la inacción de la administración amenace o vulnere
derechos de rango constitucional que no son tutelables en el caso concreto; iii)
que la inacción de la administración amenace o vulnere derechos de rango
legal; iv) que la inacción de la administración no sea correlato de un derecho,
sino que se trate del incumplimiento de un deber específico y determinado
contenido en una ley o acto administrativo.

De conformidad con la legislación vigente, en la primera hipótesis claramente
lo que procede es la acción de tutela, según lo que establece el artículo 86 de
la Carta, a menos que, dado el carácter subsidiario de la acción de tutela, exista
otra acción judicial que resulte efectiva para la protección del derecho en
cuestión. En la segunda hipótesis procederían otras acciones, como las
acciones populares para los derechos colectivos, pero no la de cumplimiento,
como quiera que por expresa definición constitucional, la órbita de ésta es la
aplicación de la ley o de los actos administrativos, mas no la aplicación directa
de la Constitución. Frente a la tercera hipótesis, cabría la acción de
cumplimiento, a menos que exista otro mecanismo judicial idóneo para lograr
la protección del derecho de rango legal en cuestión, dado el conjunto de
acciones diseñadas por el legislador para la protección de este tipo de derechos
y el carácter subsidiario que éste le otorgó a la acción de cumplimiento en este
evento, de conformidad con lo que establece el inciso segundo del artículo 9 de
la Ley 393 de 199811. Finalmente, la cuarta hipótesis corresponde claramente
a la órbita propia de la acción de cumplimiento, como mecanismo idóneo para
corregir la inacción de la administración12».

Estas reglas han sido reiteradas en jurisprudencia posterior, que concluye que en casos
en los que el incumplimiento del mandato legal implica la vulneración de derechos
fundamentales, prevalece la tutela «cuando lo que se busca es la protección directa de
derechos constitucionales fundamentales que pueden verse vulnerados o amenazados
por la omisión de una autoridad. En contraste, cuando la pretensión se dirige a que se

11 «[53] Así lo sostuvo el Consejo de Estado al examinar la relación entre la acción de tutela y de cumplimiento. Consejo

de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque, 22 de
enero de 1998, Radicación número: ACU-120».
12 «[54] Buena parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de acción de cumplimiento se ha

encaminado a diferenciar el ámbito de la acción de tutela y de cumplimiento. Sobre el particular pueden consultarse
los procesos ACU-149 (sentencia del 12 de febrero de 1998, CP: Juan Alberto Polo Figueroa); ACU 197 (sentencia del
13 de marzo de 1998, CP: Mariela Vega de Herrera); ACU 343 (sentencia del 16 de julio de 1998, CP: Carlos Orjuel
Góngora)».

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
Resuelve impugnación

garanticen derechos de orden legal o que la administración aplique un mandato legal o
administrativo, específico y determinado, procede la acción de cumplimiento»13.

Dicho lo anterior, la Sala observa que las pretensiones de que se convoquen y realicen
«las dos sesiones conjuntas anuales mínimas obligatorias de interlocución» entre el
presidente de la República, su gabinete ministerial y el Consejo Nacional de Juventud, y
de que se cubran los gastos logísticos para garantizar que los consejeros nacionales de
juventud asistan a esas sesiones; no buscan sanear una situación en la que se impide al
consejero Caracas Golú el ejercicio de su cargo público ni le coarta su derecho
fundamental a la participación política14 (denominado por el accionante «participación en
el ejercicio y control del poder político») en su calidad de ciudadano.

Lo que se obstaculiza, en caso de que se comprobara el incumplimiento del mandato
legal deprecado, es el ejercicio de la competencia del accionante, en su calidad de
miembro del Consejo Nacional de Juventud. Si bien esa dignidad implica, según el
artículo 34 de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, que se adelante una interlocución entre
el Consejo y distintas autoridades, además de la naturaleza participativa que le otorga la
ley, la Sala considera que los derechos que emanan de esa dignidad no son de naturaleza
fundamental. En esa medida, esta situación tiene la potencialidad de generar el tercer
escenario planteado por la jurisprudencia constitucional: «que la inacción de la
administración amenace o vulnere derechos de rango legal».

Aunado a ello, se observa que el mandato cuyo cumplimiento se exige por vía de este
mecanismo tuitivo es «específico y determinado», al implicar el agendamiento de una
diligencia. Así las cosas, conforme se establece reiteradamente desde 2001, la
pretensión es competencia del juez de cumplimiento. En esa medida, la Sala confirmará
lo relativo a la procedencia de esta acción, en lugar de la acción de tutela.

Por demás, el accionante reconoce esta vía jurídica para procesar estas exigencias en
su petición del 16 de mayo de 202515. Se observa que, en sus palabras, la solicitud «tiene
por objeto constituir formalmente en renuencia a las autoridades destinatarias,
conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997» (resaltado en el texto). Así

13 Corte Constitucional. Sala Plena. SU-077 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Reiterada en Sentencia T-461

de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
14 Consagrado en el artículo 40, en concordancia con los artículos 103 y 270, de la Constitución Política de 1991.
15 SAMAI, índice 2 de primera instancia. Anexo 4.

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Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
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las cosas, queda zanjado que la acción de cumplimiento resulta procedente para efectos
de exigir el cumplimiento del supuesto mandato legal. Se aclara que en este escenario la
Sala se ha limitado a determinar la procedencia de la acción de cumplimiento según las
pretensiones del accionante, por lo que no pretende emitir concepto alguno sobre la
existencia o no del mandato legal cuyo cumplimiento exige.

Finalmente, respecto del otorgamiento del daño emergente, la condena en costas y
agencias en derecho, la Sala confirmará la sentencia al considerar que no procede la
solicitud. En efecto, el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 permite que el juez de tutela
conceda esas pretensiones bajo los supuestos específicos en que se conceda la
protección invocada con ocasión de una actuación «clara e indiscutiblemente arbitraria
del accionado» y ello fuera necesario para asegurar el goce efectivo del derecho. Como
no se concedieron las pretensiones de tutela, no hay lugar a condenar en costas y
agencias en derecho.

Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de julio de 2025 proferida por el Consejo de
Estado-Sección Segunda-Subsección B.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
vf

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