Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03826-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03826-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03826-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
27 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03826-01
Demandante: Carmen Rosa Camelo Garzón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03826-01
Demandante: Carmen Rosa Camelo Garzón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Temas: Contra providencia judicial de reparación directa. Falta de
cumplimiento de requisitos generales de procedencia –
inmediatez.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 13 de agosto de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela que presentó la señora
Carmen Rosa Camelo Garzón contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de junio de 2025, la actora, por medio de apoderado, interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por estimar vulnerado
el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«PRIMERO. SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida por la SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A DEL H.
CONSEJO DE ESTADO dentro del radicado 25000-23-26-000-2012-00765-01 en lo
relativo a la resolución de fondo de la controversia relativa al medio de control de
Reparación Directa esbozado,
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A DEL H.
CONSEJO DE ESTADO la remisión del expediente dentro del radicado 25000-23-26-000-
2012-00765-01 al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA para que sea este
el que resuelva este de fondo EN PRIMERA INSTANCIA la controversia relativa al medio
de control de Reparación Directa esbozado.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
De proceso de extinción de dominio 11001-31-07-010-2009-00021-00/01
Carmen Rosa Camelo Garzón y Enrique Pardo Benjumea tienen una sociedad
conyugal vigente; en la gestión de la sociedad, se delegó la administración de los
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bienes de la sociedad al señor José Giovanny Rodríguez Camelo, dentro de
prácticas comerciales habituales. Dentro de los bienes que hacen parte de la
sociedad conyugal, se encuentra el inmueble ubicado en la Calle 66 núm. 14-38 en
la ciudad de Bogotá, identificado con matrícula inmobiliaria 50C-501495.
Tras labores de inteligencia, la Policía Nacional descubrió que en el citado inmueble
se realizaban actividades ilícitas relacionadas con la venta de estupefacientes. Los
propietarios nunca fueron informados ni antes ni después de la investigación, que
requirió infiltración y seguimiento prolongado para detectar la actividad criminal.
Con base en el informe de la Policía, la Fiscalía 21 Delegada inició un proceso de
extinción de dominio sobre el inmueble. El Juzgado Segundo Penal Especializado
de Bogotá declaró improcedente la extinción, pero en grado de consulta el Tribunal
Superior de Bogotá revocó la decisión y ordenó extinguir el dominio a favor del
Estado, pese a que se probó que los propietarios eran ajenos a la actividad ilícita.
Del medio de control de reparación directa 25000-23-26-000-2012-00765-00/01
La demandante junto con su cónyuge ejerció medio de control de reparación directa
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por los daños derivados de la
sentencia que extinguió el dominio sobre su inmueble, por el daño antijurídico al
privarlos de su propiedad y derechos patrimoniales. En providencia del 15 de abril
de 2020, declaró la caducidad.
La decisión fue apelada y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, en providencia del 13 de septiembre de 2024, revocó la decisión de declarar la
caducidad del medio de control y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
3. Argumentos de la acción de tutela
Según los accionantes, la autoridad judicial demandada vulneró el derecho
fundamental al debido proceso y la garantía de doble instancia, pues impidió que
sus argumentos fueran revisados por un juez superior.
El actor sostuvo que la decisión del Consejo de Estado incurrió en un defecto
sustantivo al interpretar y aplicar de manera errónea las normas sobre caducidad
y competencia, lo que afectó directamente el derecho fundamental al debido
proceso. El recurso de apelación se limitaba a discutir la caducidad, pero la Sala
resolvió de fondo la controversia, excediendo su competencia y alteró la estructura
procesal prevista por la ley.
Afirmó que al resolver el fondo del asunto sin devolver el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado cercenó la garantía de doble
instancia, porque impidió que los argumentos de los demandantes fueran
analizados en primera instancia por el tribunal competente.
Indicó que la conducta del Consejo de Estado vulneró no solo la Constitución, sino
también normas internacionales como el artículo 8 del Pacto de San José, que
protege el derecho a la doble instancia, porque impidió la revisión por otro juez, se
desconocieron principios básicos del Estado Social de Derecho y compromisos
internacionales asumidos por Colombia en materia de garantías judiciales.
Que, la decisión dejó sin posibilidad de contradicción los argumentos que
sustentaban la demanda de reparación directa, lo que afectó la seguridad jurídica y
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el derecho de defensa de los accionantes, quienes no pudieron controvertir las
razones que llevaron a negar sus pretensiones.
Indicó que el caso tiene especial relevancia constitucional porque pone en riesgo la
estructura del sistema judicial y las garantías mínimas de los administrados. La
omisión de la doble instancia y la interpretación errónea de normas procesales no
son simples irregularidades, sino vulneraciones que afectan derechos
fundamentales y principios esenciales del ordenamiento jurídico colombiano.
4. Trámite previo
En providencia del 17 de julio de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela,
ordenó notificar al actor y al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en
calidad de demandada, y como terceros interesados en las resultas del proceso al
Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la
Dirección Nacional de Estupefacientes y al señor Enrique Pardo Benjumea.
5. Oposiciones
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A sostuvo que la acción de
tutela es improcedente porque no cumple los requisitos generales exigidos para
cuestionar providencias judiciales. En primer lugar, se incumple el principio de
inmediatez, dado que la sentencia acusada fue notificada el 4 de octubre de 2024 y
la tutela se presentó ocho meses después, lo que superó el plazo razonable de seis
meses fijado por la jurisprudencia. Además, los accionantes no justificaron la
demora ni alegaron circunstancias excepcionales que permitieran flexibilizar el
término.
En segundo lugar, advirtió falta de relevancia constitucional, pues la tutela pretende
convertirse en una instancia adicional para controvertir una decisión judicial, sin
demostrar vulneración real de derechos fundamentales.
Dijo que en caso de que se consideren superados los requisitos generales, tampoco
se acreditó algún defecto en la providencia cuestionada, que la sentencia atacada
está debidamente motivada y sustentada en el material probatorio, y la decisión de
resolver de fondo la controversia, tras revocar la caducidad declarada por el a quo,
se ajusta a lo previsto en los artículos 311 y 357 del Código de Procedimiento Civil
y a la jurisprudencia reiterada en ella. Insistió que, devolver el expediente al juez de
primera instancia habría implicado crear una tercera instancia, lo cual es contrario
al ordenamiento jurídico y a lo solicitado por los propios demandantes en la
apelación.
Finalmente, enfatizó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y
excepcional, no diseñado para reabrir debates ya resueltos por un órgano de cierre,
salvo que exista una anomalía grave que contradiga abiertamente la Constitución,
lo que no ocurre en este caso. La decisión atacada valoró las pruebas conforme con
los parámetros legales y jurisprudenciales, y las conclusiones reflejan un análisis
razonado, aunque no coincidan con los intereses de los accionantes. Por ello,
solicitó declarar la improcedencia o, en su defecto, negar el amparo solicitado.
6. Intervención de terceros
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura señaló que en el caso no se demostró la existencia de un perjuicio
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irremediable y que no tiene competencia para intervenir en decisiones adoptadas
por los despachos judiciales. Además, indicó que la sentencia cuestionada se
fundamentó en el análisis del material probatorio disponible en el proceso ordinario
y se ajustó a las normas aplicables a la materia. Solicitó que se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva y que se nieguen las pretensiones, con el
argumento que la tutela es improcedente porque no hubo vulneración de derechos
fundamentales.
El Ministerio de Justicia y del Derecho y la Sociedad de Activos Especiales
(SAE) alegaron no tener legitimación en la causa por pasiva, afirmó que no
vulneraron derechos fundamentales. Por ello, solicitaron ser desvinculados del
trámite de tutela y que se niegue el amparo solicitado.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B declaró improcedente la
acción de tutela porque no cumple el requisito general de inmediatez, que exige que
la acción de tutela se interponga en un plazo razonable, para garantizar la
protección oportuna de los derechos y la seguridad jurídica, en este caso, la
providencia se notificó el 4 de octubre de 2024 y la tutela se presentó el 18 de junio
de 2025, es decir, ocho meses después, sin justificación válida, por lo que declaró
la improcedencia de la acción de tutela.
8. Impugnación
El demandante manifestó que el principio de inmediatez exigido para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales no constituye un término de
caducidad estricto, sino un criterio flexible que evalúa si la acción se interpuso en
un plazo razonable desde la vulneración del derecho. Aunque la jurisprudencia
suele aplicar como regla general seis meses, la Corte Constitucional ha señalado
que este plazo debe analizarse caso por caso, considerando factores como
proporcionalidad y circunstancias particulares.
En este sentido, para la parte actora, se aplicó la regla de manera rígida, sin valorar
la situación excepcional de la accionante y su cónyuge, esto es, que la señora
Carmen Rosa Camelo Garzón, es adulta mayor y cuidadora de su esposo, lo que
dificultó la presentación oportuna de la tutela. La Corte ha reconocido que estas
circunstancias permiten flexibilizar la inmediatez, especialmente cuando la
afectación es continua, como ocurre con la pérdida del derecho de propiedad por
extinción de dominio, la omisión de este análisis específico, sumado al
desconocimiento técnico-jurídico y la imposibilidad material de actuar, constituye un
defecto que justifica que se conozca la tutela de fondo.
Para la parte interesada, la acción de tutela fue presentada dentro del término
razonable, conforme con la regla jurisprudencial de seis meses para impugnar
providencias judiciales. Aunque la sentencia cuestionada se notificó en octubre de
2024, su cumplimiento solo se comunicó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 2 de febrero de 2025, por lo que el conteo del plazo debe iniciar
desde esa fecha.
Bajo este criterio, la tutela interpuesta el 18 de junio de 2025 se considera oportuna,
pues transcurrieron aproximadamente cuatro meses y 28 días, lo que se ajusta al
límite fijado por la Corte Constitucional.
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Agregó que, el Consejo de Estado vulneró el principio in dubio pro actione, que
ordena interpretar los requisitos procesales en favor del acceso a la justicia cuando
exista duda, evitó que el rigor formal impida la protección de derechos
fundamentales. Que, aunque se corrigió la caducidad en la acción de reparación
directa, la Sala resolvió el fondo del litigio en segunda instancia sin pronunciamiento
previo del juez de primera instancia, lo que desconoció la garantía de la doble
instancia y dejó a los demandantes en indefensión.
Alegó que este exceso formalista contraviene la jurisprudencia constitucional, que
exige privilegiar la efectividad del derecho sustancial sobre los obstáculos
procesales, por lo que se solicita la anulación del fallo y la devolución del expediente
para garantizar el debido proceso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, es preciso señalar que, de manera excepcional, se reconoce la
procedencia cuando se evidencia la afectación manifiesta de los derechos
constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
La Sala determinará si, en los términos de la impugnación presentada por la parte
actora, resulta procedente revocar o modificar la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, al considerar que
el asunto no cumple el requisito general de inmediatez, porque, en efecto, la
solicitud de amparo fue presentada 8 meses después de la notificación de la
sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Tercera de esta
Corporación, como se pasará a explicar.
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(i) Requisito general de inmediatez
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la
acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir
de la fecha de notificación de la providencia acusada. Lo anterior, en atención a la
naturaleza del acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela judicial
efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda4, en la medida en que la naturaleza misma de este
medio de defensa judicial no solo tiene que ver con la urgencia en la protección de
las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción
de la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada
podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar
una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.
Como lo ha señalado esta Sección, el requisito de la inmediatez es una regla
jurisprudencial unánime y pacífica que se ha mantenido en el tiempo, precisamente
para no inducir a error a los ciudadanos y que garantiza los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima de las decisiones judiciales, pues, recuérdese que la
acción de tutela contra providencias judiciales es la excepción a la regla y, en esa
medida, los requisitos de procedibilidad deben ser atendidos en estricto orden.
(ii) Caso concreto
En el escrito de tutela la parte actora precisó que promovió acción de tutela contra
la sentencia que puso fin al medio de control de reparación directa con radicado
25000-23-26-000-2012-00765-01, es decir, con el fin de que se deje sin efecto la
sentencia del 19 de septiembre de 2024, mediante la que el Consejo de Estado,
Sección Tercera , Subsección A revocó la sentencia donde se declaró la caducidad
del medio de control, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
La Sala encuentra que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito
general de inmediatez, porque consultado el expediente con radicado número
25000-23-26-000-2012-00765-01 en el aplicativo sistema para la gestión judicial
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Samai, se advierte que la providencia cuestionada fue proferida el 19 de septiembre
de 2024 y notificada por edicto fijado el 4 de octubre de 2024 y desfijado el 8 de
octubre siguiente.
De manera que, para realizar el conteo del término de inmediatez, la Sala deberá
hacer referencia a la notificación de la sentencia del 19 de septiembre de 2024.
En concordancia con lo anterior, se tiene que el término de inmediatez debe
contabilizarse desde la sentencia del 19 de septiembre de 2024, notificado por
edicto fijado el 4 de octubre de 2024 y desfijado el 8 de octubre siguiente.
Lo anterior, quiere decir que dicha actuación se entiende notificada el 8 de octubre
de 2024, por lo cual el conteo del término de inmediatez comienza desde el día hábil
siguiente, esto es, el 9 de octubre de 2024 hasta la efectiva radicación de la solicitud
de amparo; lapso en el que transcurrieron 7 meses y 27 días, situación que supera
el plazo razonable de seis meses previsto por la Sala Plena de esta Corporación, lo
que desvirtúa la urgencia que caracteriza la acción de tutela y el principio de
seguridad jurídica que reviste el acto jurisdiccional.
Ahora bien, esta Sala ha permitido flexibilizar en ciertas circunstancias la aplicación
del requisito general de inmediatez, el cual ha identificado cinco criterios
orientadores para que el juez de tutela pueda determinar, en cada caso, si se ha
cumplido con el requisito, precisados en la sentencia SU-391 de 20161, sin que la
parte actora logre acreditar alguna de esas circunstancias.
Para determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito
de inmediatez, debe evaluarse si existe un motivo válido para la inactividad del
interesado, circunstancia que, como se dijo, en el presente caso no ocurre.
La Sala no desconoce que el simple transcurso del tiempo no siempre permite
concluir que la acción de tutela fue presentada de manera extemporánea, toda vez
que pueden concurrir circunstancias especiales que no solo justifiquen la
presentación fuera de un término razonable, sino que evidencien que el hecho u
omisión que vulnera los derechos fundamentales es de carácter permanente,
persiste en el tiempo y, por tanto, configura una violación actual y continua.
De manera que, si la parte demandante estimó que la providencia objeto de debate
vulneró los derechos fundamentales invocados, lo propio era que presentara la
acción dentro de los seis meses siguientes a la notificación, pues dicho momento
supone que las partes tienen conocimiento de las decisiones judiciales y, al no
hacerlo, se desvirtuó la urgencia en la intervención del juez constitucional.
1
“(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del peticionario, pues en determinados casos
esta hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se
produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos,
para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza
inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La
naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de
tutela y la vulneración de los derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en
la presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales que alega el
peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de
la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la
tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique
la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros
si se declarara procedente”.
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Demandante: Carmen Rosa Camelo Garzón
Si bien el actor en el caso objeto de estudio alegó que su circunstancia de sujeto de
especial protección por su condición de adulto mayor y por ser la cuidadora de su
esposo no pudo acudir de manera oportuna a la interposición de la solicitud de
amparo, lo cierto es que de las pruebas aportadas con la acción de tutela no se
evidencia alguna condición médica o episodio que haya hecho que la demandante
se encontrara en una situación de salud, en el periodo comprendido entre la
notificación de la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado
y la interposición de tutela, que impidiera radicar la presente solicitud de amparo.
Es decir, que en el tiempo en el que se dio la inactividad de la actora no se observa
ninguna condición, específica que le hubiese impedido la radicación oportuna de la
acción de tutela, como tampoco resulta de recibo el argumento, que el conteo de la
inmediatez debe hacerse desde el «auto del 2 de febrero de 2025», pues, como quedó
expuesto en precedencia, es el conocimiento de la decisión por parte del
demandante el momento que determina el inicio del conteo del aludido término.
Con todo, es necesario precisar que, el 24 de octubre de 2024 el expediente volvió
al tribunal una vez resuelto el recurso, el 17 de febrero de 2025 pasó al despacho,
y el 18 de noviembre de 2025 se dictó el auto de obedézcase y cúmplase,
actuaciones que no tienen la virtualidad de variar el momento en que empieza a
contar el término de inmediatez, por las razones ya expuestas.
En suma, en el presente caso la acción de tutela de la referencia no cumple con el
requisito general de la inmediatez y, en esa medida, se impone confirmar la
providencia 13 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que declaró improcedente la solicitud de amparo, objeto
de impugnación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 13 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, objeto de impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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