Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00765-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00765-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2012-00765-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
13 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: REPARACIÓN DIRECTA - Error Judicial / CADUCIDAD - Por regla general el plazo
de dos años para demandar comienza a correr a partir del día siguiente en el que la
providencia que supuestamente contiene el error queda en firme, siempre que esta coincida
con la causación del daño por el cual se demanda su reparación; no obstante, cuando el
daño se produzca o se materialice con posterioridad a la actuación judicial que le dio origen,
el término de caducidad comienza a correr desde que el afectado pudo evidenciar su
existencia o este se manifiesta - No se configuró en el sub lite / DAÑO ANTIJURÍDICO - No
se demostró en el presente caso.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 15 de abril de 2020, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró
probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa.
I.SÍNTESIS DEL CASO
En criterio de los actores, les asiste responsabilidad patrimonial a las entidades
demandadas, a título de error judicial, por cuanto el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá decretó la extinción del derecho de dominio que ostentaban
sobre un inmueble de su propiedad, situación que les ocasionó perjuicios materiales
y extrapatrimoniales.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
En escrito del 4 de mayo de 2012, los señores Enrique Pardo Benjumea y Carmen
Rosa Camelo Garzón, por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda
de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial, el Ministerio de Justicia y del
Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Derecho y la Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE, con el fin de que se les
indemnicen los perjuicios que sufrieron por el presunto error jurisdiccional cometido
en la sentencia del 23 de diciembre de 2009, dictada por el Tribunal del Distrito
Judicial de Bogotá, en el marco de un proceso de extinción de dominio adelantado
sobre un inmueble de su propiedad1.
Por lo anterior, pidieron que se les reconociera y pagara “daño emergente, lucro
cesante y daño moral”, sin especificar algún monto particular, lo único que indicaron
era que ascendían a más de $6.000’000.000 “por el valor comercial del inmueble,
los cánones de arrendamiento dejados de percibir desde que se incautó el bien”.
Como fundamento fáctico de la demanda, en resumen, se adujo que el 9 de marzo
de 1999, los actores, quienes son cónyuges entre sí, adquirieron el inmueble con
matrícula inmobiliaria 50C-501495, ubicado en Bogotá, el cual destinaron “a
arrendamiento mercantil por más de trece años de manera pacífica”.
El señor Enrique Pardo Benjumea contrató los servicios profesionales del señor
José Giovanni Rodríguez Camelo, sobrino de su esposa, para que administrara el
bien y, en ejercicio de esa labor, suscribió un contrato de arrendamiento con la
señora Nubia González, cuyo objeto fue el funcionamiento “de una taberna” en uno
de los locales comerciales del inmueble.
La Policía Nacional adelantó labores de inteligencia y constató que en el bien se
“expendía droga”, por manera que realizaron varios allanamientos y capturaron a
las personas dedicadas a esa actividad ilícita, hechos en los que no participaron los
accionantes.
Como consecuencia, se inició un proceso de extinción de dominio sobre el referido
inmueble, dentro del cual se agotó el período probatorio respectivo y el Juzgado
Segundo Penal Especializado de Bogotá declaró “la improcedencia de la acción de
extinción de dominio”, decisión que fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en sede de consulta, el 23 de diciembre de 2009 y, en su lugar,
resolvió extinguir el derecho que tenían los actores sobre el bien afectado.
A juicio de los demandantes, en la decisión que culminó el asunto penal se incurrió
en error judicial, en concreto, porque (i) se desatendió lo previsto en los artículos
1 Paginación 1 - 28 del archivo 4 del expediente digital.
2
Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
832 y 1232 y siguientes del Código de Comercio, pues el juez equiparó el actuar del
señor Enrique Pardo Benjumea a una culpa grave, sin tener en cuenta que contrató
los servicios de su sobrino político para que se encargara de administrar y custodiar
el bien, actuación válida en el tráfico mercantil y, en todo caso, no se analizó el
comportamiento de su esposa; (ii) se desconocieron “las pruebas del expediente
penal” y la decisión se fundó en los testimonios de unos vecinos, elementos de juicio
que no fueron debidamente practicados y “a partir de los que se afirmó que los
propietarios no realizaron gestiones para verificar el estado del inmueble ni las
actividades a las que se estaba destinando, cuando su sobrino no podía percatarse
de eso, porque la venta de droga se hacía de noche”, es decir, era procedente
concluir que los propietarios del inmueble eran ajenos a las actividades ilícitas que
se gestaban en su interior; (iii) se ignoró que la arrendataria abusó de su posición
al desplegar el expendio de sustancias alucinógenas; (iv) se omitió sopesar que los
propietarios no abandonaron el bien ni incumplieron su función social; y (v) se pasó
por alto que solo en una porción del inmueble se estaban cometiendo ilícitos, por
tanto, no existía sustento para decretar la extinción del dominio generalizada.
2. Trámite procesal en primera instancia
2.1. El 30 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca requirió a
la parte actora para que aportara copia con constancia de ejecutoria de la sentencia
enjuiciada y, además, precisara los rubros atinentes a los perjuicios invocados2.
En la oportunidad procesal se discriminó la cuantía de cada uno de los perjuicios3
y, subsidiariamente, se solicitó que se ordenara a favor de los actores la restitución
del inmueble; el pago de los rendimientos generados por concepto de renta; y la
devolución del dinero percibido la venta del inmueble, si se efectuó4.
2.2. En auto del 27 de junio de 2012 se admitió la demanda de la referencia y se
ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público5.
2 Paginación 31 - 32 del archivo 4 del expediente digital.
3 Se aclaró que el daño emergente ascendía a la suma de $2.500’000.000 para cada uno de los
accionantes, en razón del valor comercial del inmueble; el lucro cesante se tasaba en la suma de
$1.300’000.000 para cada uno de ellos, por “los frutos civiles dejados de percibir”, así como la suma
de $500’000.000, en vista del aumento del valor comercial del bien “hasta la sentencia que le ponga
fin a la controversia”; y el daño moral el equivalente a 50 SMLMV, dada la aflicción ocasionada.
4 Paginación 33 - 36 del archivo 4 del expediente digital.
5 Paginación 65 - 68 del archivo 4 del expediente digital.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
2.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho manifestó que se predicaba una falta de
legitimación en la causa por pasiva suya, tanto respecto de la DNE como de la Rama
Judicial.
En relación con la primera entidad, sostuvo que las súplicas relativas a la pérdida
del bien de los actores involucrados en el asunto de extinción de dominio, se debían
reclamar ante la DNE, ya que el Decreto 4530 de 2008, vigente para la época de
los hechos, no previó alguna obligación de la cartera ministerial frente a la
administración y disposición de los bienes bajo custodia de esa entidad.
En lo tocante a la segunda entidad, relató que la responsabilidad atribuida devenía
de unas aparentes irregularidades por parte de un juez de la República, dentro de
un proceso judicial, aspecto que recaía exclusivamente en la Rama Judicial, en
virtud de lo consagrado en la Ley 270 de 1996 y la Ley 446 de 1998.
Así, anotó que no existía una causa objetiva entre los daños alegados y alguna a
acción u omisión de su parte que la habilitara para comparecer como demandada
en la presente acción6.
2.4. La DNE adujo que sus funciones las asumió la SAE, en virtud de su extinción
como persona jurídica, de ahí que esa entidad era la que se debía vincular.
En lo atinente al fundamento del escrito inicial, señaló que, en los procesos de
extinción de dominio, solo estaba facultada para administrar los bienes afectados y
disponer de los mismos de acuerdo con los sistemas de administración fijados en la
Ley 785 de 2002, y no tenía competencia para adelantar, dirigir o adoptar decisiones
en esas causas, porque esos deberes estaban asignados a la Fiscalía General de
la Nación y a los jueces penales, de conformidad con la Ley 793 de 2002.
Explicó que no impuso la medida cautelar sobre el bien ni ordenó el traspaso de la
propiedad a favor del Estado, puntos que los demandantes cuestionan, por tanto,
no había nexo causalidad para responder por los perjuicios invocados, los que, de
todos modos, carecían de prueba.
Puntualizó que la acción de reparación directa estaba caducada, toda vez que el
fallo reprochado se expidió el 23 de diciembre de 2009 y en esa misma fecha quedó
6 Paginación 87 - 92 del archivo del expediente digital.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
en firme, razón por la cual la parte actora tenía hasta el 24 de diciembre de 2011
para acudir ante esta jurisdicción y, pese a que la solicitud de conciliación prejudicial
se presentó el 19 de diciembre de 2011, lo cierto era que se cumplieron los tres
meses, sin que se agotara el trámite, por tanto, al vencimiento de ese plazo se
reanudaron los días faltantes, que se cumplieron el 19 de marzo de 2012, pero el
escrito inicial se radicó el 4 de mayo de 20127.
2.5. La Rama Judicial argumentó que el hecho de que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá hubiera revocado el fallo del Juzgado Segundo Penal
Especializado de esa ciudad, per se, no era contentivo de un error judicial, máxime
cuando los planteamientos respondieron a criterios de sana crítica, razonabilidad y
autonomía judicial sobre la controversia.
Desde su perspectiva, no se podía concluir que la providencia atacada hubiera sido
irregular, porque el título de imputación elevado se configura siempre que las
decisiones sean carentes de justificación o argumentación jurídica, es decir, no
cuenten con respaldo fáctico, normativo o jurisprudencial, situaciones que no se
observaban el sub lite8.
2.6. En proveído del 14 de abril de 2015 se tuvo a la SAE como sucesora procesal
de la DNE9; empero, la parte actora desistió de las pretensiones contra esa
entidad10, petición que fue acogida el 10 de octubre de 201711.
2.7. Vencido el período probatorio, en auto del 4 de julio de 2019 se corrió traslado
a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran alegatos de
conclusión y concepto12, etapa en la que el Ministerio de Justicia y del Derecho
replicó tal cual los fundamentos de su defensa13, igual que la parte actora, quien
reseñó literalmente los hechos de la demanda y los fundamentos para que se
aplique el título de imputación de error judicial, únicamente agregó que el dictamen
pericial aportado daba cuenta de los perjuicios materiales solicitados14.
7 Paginación 94 - 113 del archivo 4 del expediente digital.
8 Paginación 31 - 40 del archivo 5 del expediente digital.
9 Paginación 134 - 137 del archivo 5 del expediente digital.
10 Paginación 56 del archivo 6 del expediente digital.
11 Paginación 82 - 84 del archivo 6 del expediente digital.
12 Paginación 114 - 115 del archivo 6 del expediente digital.
13 Paginación 123 - 126 del archivo 6 del expediente digital.
14 Paginación 132 - 148 del archivo 6 del expediente digital.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
3. Sentencia de primera instancia
3.1. A través de sentencia del 15 de abril de 2020, la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción
de caducidad de la acción de reparación directa.
Al respecto, precisó que la sentencia contentiva del error judicial quedó ejecutoriada
a partir del día siguiente a su expedición, esto es, el 24 de diciembre de 2009 y los
dos años establecidos en el artículo 136 del CCA para presentar la demanda se
extendían hasta “el 24 de diciembre de 2011”.
La solicitud de conciliación extrajudicial se promovió el 19 de diciembre de 2011, es
decir, seis días antes de que operara la caducidad; sin embargo, a pesar de que no
obraba la constancia de la culminación de ese trámite, aplicando la interpretación
más favorable, “que la conciliación prejudicial suspende el término de caducidad
hasta por tres meses”, se advertía que el término faltante se reanudó el 19 de marzo
de 2012 y se prorrogó hasta el 25 de ese mismo mes y año; y teniendo en cuenta
que la demanda se presentó el 4 de mayo siguiente, se podía colegir que fue
extemporánea15.
3.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho pidió aclaración de la anterior decisión,
a fin de que se reseñara en la parte resolutiva su falta de legitimación en la causa
por pasiva, solicitud que fue despachada desfavorablemente el 6 de octubre de
2021, bajo el entendido de que, en vista de la declaratoria de caducidad, “el poder
jurisdiccional carece de habilitación para resolver sobre cualquier otro aspecto de la
controversia”16.
4. Recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación,
para lo cual sostuvo que el a quo incurrió en un yerro en el cómputo del término de
caducidad, puesto que aseguró que la sentencia a la que se le endilga el error
judicial quedó ejecutoriada al día siguiente de su expedición -24 de diciembre de
2009-, cuando ello ocurrió el 5 de febrero de 2010, porque el edicto para notificar
esa decisión se fijó entre el 29 de enero y el 2 de febrero de 2010. Por consiguiente,
15 Paginación 152 - 161 del archivo 6 del expediente digital.
16 Archivo 17 del expediente digital.
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el plazo para formular la demanda de reparación directa corrió entre el 6 de febrero
de 2010 y el 6 de febrero de 2012.
No obstante, el 19 de diciembre de 2011 se presentó la solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, es decir, “cuando faltaban
47 días para consumarse la caducidad”.
Aclaró que, después de radicada esa solicitud, “la actitud dilatoria de las partes
accionadas para concurrir a la audiencia conllevó a que a partir del 20 de marzo de
2012 se reanudaran los términos de caducidad (…) y se fijó nueva fecha para el 12
de abril de 2012”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1716
de 2009.
Expuso -sin determinar el cálculo- que el término restante para que caducara la
acción culminó el “6 de mayo de 2012”, pero al ser un día feriado “se pasaba al
lunes 7 de mayo de 2012” y, como la demanda se impetró el 4 de mayo de 2012,
resultaba oportuna17.
5. Trámite en segunda instancia
5.1. El 29 de agosto y el 26 de septiembre de 2022, esta Corporación admitió la
alzada y, a su turno, como no se decretaron ni se pidieron pruebas, dispuso el
traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión por
escrito18, oportunidad en la que la Rama Judicial destacó que acogía, de manera
íntegra, el razonamiento del juez de primera instancia19 y la parte actora insistió en
lo dicho a lo largo del proceso, sin agregar otros aspectos20.
5.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
A la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el
17 Archivo 11 del expediente digital.
18 Archivos 27 y 38 del expediente digital.
19 Archivo 41 del expediente digital.
20 Archivo 46 del expediente digital.
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reglamento interno de esta Corporación21, se le asignó el conocimiento en segunda
instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa
promovidos en vigencia del CCA, cuya causa petendi sea error judicial, defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia o privación injusta de la libertad22.
2. Problema jurídico
Con apego a lo decidido por el juzgador de primer grado y a los cuestionamientos
planteados por la parte recurrente, le corresponde a la Sala, de entrada, definir si
se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de reparación directa.
Solo en caso de que la respuesta sea negativa, entrará a examinar si existe un error
judicial en la sentencia que le puso fin al proceso de extinción de dominio adelantado
respecto del inmueble que era de los actores.
3. Caducidad
El artículo 136.8 del CCA, norma aplicable al asunto en cuestión, consagraba un
término de dos años, contado a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho
que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la
acción de reparación directa, tiempo que, una vez vencido, impedía solicitar la
declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el
fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
Ahora bien, en los casos en que se discute la responsabilidad del Estado por error
judicial, el término de caducidad por regla general inicia a correr a partir del día
siguiente de aquel en el que quedó ejecutoriada o en firme la providencia que
supuestamente lo contiene, cuando con esta se concreta el daño y si la persona
afectada hizo parte del proceso; no obstante, si el daño se produce o se materializa
con posterioridad a la actuación judicial que le dio origen, la caducidad comienza a
correr desde que el afectado pudo evidenciar su existencia o desde que este se
manifiesta23.
21 Acuerdo 80 de 2019.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de abril de 2020, expediente 59.096.
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Conviene precisar que el referido término de caducidad no admite suspensión, salvo
que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho. El artículo 21
de la Ley 640 de 200124 establece que el término de caducidad se suspende con la
presentación de la solicitud de conciliación, hasta que (i) se logre el acuerdo
conciliatorio; (ii) se registre el acta en los casos que la ley establezca tal exigencia;
(iii) se expida, entre otras, la constancia de que el asunto no es conciliable o; (iv)
hasta que transcurra un término de tres meses, contados desde la presentación de
la solicitud, siempre que el asunto sea conciliable.
En el presente asunto, la parte demandante solicitó el reconocimiento de perjuicios
derivados del supuesto error judicial contenido en la decisión del 23 de diciembre
de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el
marco del proceso de extinción de dominio 2009-021-225.
Ahora bien, el a quo afirmó que la providencia referida cobró ejecutoria al día
siguiente de su expedición; sin embargo, la Sala advierte que ese razonamiento no
cuenta con soporte normativo ni fáctico, según se explica a continuación:
El artículo 14 de la Ley 793 de 200226, que sustentó el proceso penal de extinción
de dominio, prevé que la sentencia de segunda instancia se debe notificar mediante
edicto27.
Tal norma especial no contempló la notificación por edicto; sin embargo, en su
artículo 7 indicó que en los aspectos no regulados se debía recurrir, en su orden, a
lo previsto en el Código de Procedimiento Penal o en el Código de Procedimiento
Civil.
De las pruebas aportadas al expediente no es posible determinar si al asunto le
resultaban aplicables las normas de la Ley 600 de 2000 o, en su defecto, de la Ley
24 “Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que
se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º. de la presente ley o hasta que se venza el
término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión
operará por una sola vez y será improrrogable”.
25 Paginación 23 - 49 del archivo 23 del expediente digital.
26 “Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción
de dominio”.
27 “Artículo 14. De las notificaciones. La única notificación personal que se surtirá en todo el proceso
de extinción de dominio, será la que se realice al inicio del trámite, en los términos del artículo 13 de
la presente ley. Todas las demás se surtirán por estado, salvo las sentencias de primera o de
segunda instancia, que se notificarán por edicto (…)”.
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906 de 2006, ya que no se conoce a ciencia cierta cuándo se calificó la comisión de
la conducta punible que dio origen a la acción de extinción del dominio aludida, por
lo que frente al mencionado punto se debe acudir a la norma supletiva, esto es, al
Código de Procedimiento Civil.
Los artículos 323 y 331 del estatuto procesal civil28 consagraban que el edicto debía
fijarse por tres días en la secretaría del despacho judicial respectivo, notificación
que se entendía surtida al vencimiento del término de esa actuación. Agotada la
notificación y transcurridos tres días después, la providencia quedaba en firme.
En cumplimiento de lo anterior, se observa, como bien lo aseguró la parte actora,
que la decisión atacada se notificó por medio de edicto fijado entre el 29 de enero y
el 2 de febrero de 201029, por ende, cobró firmeza el 5 de febrero de 2010.
De este modo, el plazo para impetrar la demanda de reparación directa fenecía el 6
de febrero de 2012; no obstante, el 19 de diciembre de 2011 se presentó la solicitud
de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, esto es,
cuando faltaban 49 días para que operara la caducidad30.
El 15 de marzo de 2012 se expidió un acta en la que se registró que las partes
decidieron ampliar el término de tres meses para conciliar y programaron nueva
audiencia para el 12 de abril de 2012 -sin conocer el resultado del asunto-31.
Aquí hay que aclarar que, aunque las partes por mutuo acuerdo decidieron prorrogar
el término de los tres meses consagrado en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, a
28 “Artículo 323. Notificación de sentencias por edicto. Las sentencias que no se hayan notificado
personalmente dentro de los tres días siguientes a su fecha, se harán saber por medio de edicto
que deberá contener:
1. La palabra edicto en su parte superior.
2. La determinación del proceso de que se trata y del demandante y el demandado, la fecha de la
sentencia y la firma del secretario.
El edicto se fijará en lugar visible de la secretaría por tres días, y en él anotará el secretario las
fechas y horas de su fijación y desfijación. El original se agregará al expediente y una copia se
conservará en el archivo en orden riguroso de fechas.
La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.
Artículo 330. Notificación por conducta concluyente. Cuando una parte o un tercero manifieste que
conoce determinada providencia o la menciona en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante
una audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará notificada personalmente
de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o diligencia.
Cuando una parte retire el expediente de la secretaría en los casos autorizados por la ley, se
entenderá notificada desde el vencimiento del término para su devolución, de todas las providencias
que aparezcan en aquél y que por cualquier motivo no le hayan sido notificadas”.
29 Paginación 149 del archivo 6 del expediente digital.
30 El día de interposición del trámite de conciliación prejudicial no se descuenta del conteo del plazo
de caducidad.
31 Paginación 56 - 58 del del archivo 23 del expediente digital
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
fin de llegar a un acuerdo, el parágrafo único del artículo 3 de la Ley 1716 de 2009
prevé categóricamente que en dicho lapso no operará la suspensión del término de
caducidad o prescripción.
En otras palabras, superados los tres meses para agotar el requisito de conciliación
previo a demandar, las partes están facultadas para continuar prorrogando ese
plazo como consideren, sin ello signifique que el tiempo de ampliación para intentar
buscar un acuerdo haga parte de la suspensión de la caducidad, pues la propia
norma le otorga efectos expresos a esa situación.
En esa línea, dado que, se repite, a partir del día siguiente del vencimiento de los
tres meses -20 de marzo de 2012- se reanudó el término faltante para que se
configurara la caducidad, los actores disponían hasta el 8 de mayo de 2012 para
instaurar la demanda, y como procedieron de conformidad el 4 de mayo de 201232,
se tiene que la demanda fue oportuna, por tal motivo, la Sala modificará la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, definirá de fondo el presente asunto, previas las
siguientes consideraciones.
3. Legitimación en la causa
El bien inmueble que era de propiedad de los señores Enrique Pardo Benjumea y
Carmen Rosa Camelo Garzón fue vinculado a un proceso de extinción de dominio,
en el cual se dictó la providencia adversa sus intereses y que en este litigio se
cataloga de errónea, por consiguiente, les asiste legitimación en la causa por activa
para actuar en el presente asunto.
Cabe mencionar que, si bien se demandó al DNE y el a quo tuvo a la SAE como su
sucesora procesal, lo cierto es que la parte actora desistió de las súplicas elevadas
frente a esa entidad, petición que se aceptó y, en esa medida, no amerita un
pronunciamiento en esta instancia.
En lo atinente a la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Justicia y
del Derecho, la Sala estima que hay lugar a declarar probada la excepción alegada
a su favor, ya que el daño invocado proviene de una providencia judicial, actuación
en la que no intervino y tampoco se evidencia una imputación distinta en su contra.
32 Paginación 1 - 28 del archivo 4 del expediente digital.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Bajo esa línea, solo le asiste legitimación en la causa por pasiva a la Rama Judicial,
de acuerdo con la imputación que en su contra se formuló en la demanda hoy
analizada; empero, se aclara que se está por determinar el sentido del fallo, así que
al adelantar el estudio de fondo se determinará si los daños alegados le resultan o
no imputables.
4. Análisis de fondo
4.1. Hechos probados
La Subsección enunciará los hechos que se encuentran probados, en atención a
las únicas pruebas que obran en el plenario.
• El 29 de marzo de 1993, los señores Enrique Pardo Benjumea y Carmen Rosa
Camelo Garzón adquirieron el inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-501495,
ubicado en Bogotá33.
• En proveído del 22 de enero de 2007, la Fiscalía Veintiuna para la Extinción del
Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos de Bogotá decretó el inicio del
trámite de extinción de dominio sobre el inmueble citado y, como consecuencia,
dispuso su embargo y secuestro, tomando en consideración que estaba probada
su destinación para la comisión de actividades ilícitas, en tanto en su interior se
incautaron “en varias ocasiones marihuana y se registró la llegada de personas a
comprar estupefacientes a ésta vivienda, sin el permiso de la autoridad competente
requerido para el almacenamiento y distribución de ésta sustancia”, hechos se
adecuaban a la causal de que trata el artículo 2.3 de la Ley 793 de 2002.
Se describió que los propietarios del bien debían conocer que estaba destinando
para almacenar o distribuir estupefacientes, lo cual se infería “del allanamiento y
registro realizado el día 5 de julio de 2006, donde se incautó marihuana y se capturó
a Hellen Yerley Rojas Acosta (…). Es decir, se incumplió la su obligación de darle
una explotación lícita al inmueble, conforme al artículo 58 de la Constitución”34.
• El 22 de julio de 2008, la Fiscalía solicitó al juez de la causa que decretara la
extinción de dominio sobre el inmueble.
33 Paginación 53 del archivo 23 del expediente digital.
34 Paginación 1 - 6 del archivo 24 del expediente digital.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Del contenido de esa providencia se lee que, mediante informe del 15 de marzo de
2006, la Policía Judicial inició la investigación de las actividades realizadas en el
referido inmueble, desde el 9 de febrero de 2005, para lo cual realizaron una
filmación de 47 minutos que permitió establecer la forma en la que al
establecimiento se acercaban estudiantes universitarios e “indigentes”, quienes en
poco tiempo entregaban dinero y recibían bolsas, investigación que permitió
identificar a las personas de la empresa criminal que se ubicaba en la entrada del
establecimiento para vender los estupefacientes a quienes las pedían.
Se describió que la labor investigativa continuó y, el 10 de febrero de 2006, los
funcionarios de Policía Judicial lograron la filmación de 71 minutos respecto de las
actividades realizadas en el establecimiento de Comercio denominado “Whiskería
La 66”, de paso, que se logró identificar a la señora Hellen Yerley Rojas, como la
persona que atendía la barra del establecimiento de comercio y quien
comercializaba los estupefacientes en el interior del mismo, así como se
individualizaron los demás integrantes de la banda criminal.
Se especificó que el 28 de abril de 2006 se practicó el allanamiento y registro al
inmueble; al ingresar, los funcionarios notaron que la persona encargada de atender
y administrar el negocio tenía en su poder una bolsa que en su interior contenía
varios cigarrillos de color blanco; de la misma forma, se encontró un cuaderno en el
que se llevaba el registro de las ventas realizadas, por lo cual se procedió a darle
captura. En ese momento se acercaron dos personas con la intención de adquirir
sustancias estupefacientes, por tal razón, fueron conducidas a la SIJIN. Allí se les
realizó una entrevista y ellos admitieron surtirse del estupefaciente para su consumo
en el sitio referido. Finalmente, se procedió al sellamiento del lugar.
Se concretó que el 4 de agosto de 2006 se solicitó a la Dirección Nacional de Policía
Antinarcóticos practicar diligencia de inspección judicial al proceso penal adelantado
contra Hellen Yerly Rojas Acosta, condenada por el punible del delito de tráfico,
fabricación, porte de estupefacientes agravado, a fin de ubicar los propietarios del
bien.
Después de obtener los datos pertinentes, se analizó “la existencia de una persona
jurídica denominada Enrique Pardo y Cía. Ltda.” creada por los aquí actores desde
el 10 de diciembre de 1991, cuyo objeto social era la compra y venta de inmuebles,
así como inversiones financieras en todas las áreas de la economía.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Entonces, se concluyó que era palmario que el contrato de compraventa realizado
por los señores Enrique Pardo Benjumea y Carmen Rosa Camelo Garzón respecto
del bien registrado a su nombre se debió al giro normal de los negocios de la
sociedad35; no obstante, la destinación que se le dio a dicho inmueble era violatoria
del ordenamiento jurídico, en tanto que esa conducta está establecida como delito,
razón por la cual la Policía Judicial desarticuló la empresa criminal dedicada a esa
actividad.
Se sintetizó que, “según la prueba documental y testimonial recaudada”, existía un
contrato de arrendamiento sobre local comercial, lo que significaba que no se
encontraba en posesión física de sus propietarios, sino de la arrendataria, motivos
que podía excluir de cualquier tipo de responsabilidad penal a estos; empero, por
tratarse de una actividad comercial, se exigía toda la diligencia de dichas personas
beneficiadas económicamente del comercio, la cual se echaba de menos.
Lo anterior, por cuanto saltaba a la vista la conducta negligente del administrador
de la sociedad “Enrique Pardo y Cía. Ltda.”, pues en su declaración el señor José
Giovanny Rodríguez Camelo afirmó que arrendó el bien a la señora Nubia González
para destinarlo a la venta de comidas, tanto en restaurante como para la venta de
comidas rápidas, pero nunca mencionó la posibilidad de utilizar el local para una
taberna o bar, situación inconsistente entre lo plasmado en el contrato y lo afirmado
por el administrador de la sociedad. También, el señor Enrique Pardo Benjumea, en
su calidad de socio, aseguró en su declaración que pasó por el frente de su local y
vio que funcionaba un bar, sobre lo cual no tomó ninguna determinación, es decir,
si bien es cierto que el contrato facultaba a la arrendataria a utilizarlo como bar, se
presentó una negligencia por parte de los propietarios del bien y su administrador,
toda vez que funcionaba un bar sin razón social alguna, era clandestino, sobre lo
cual no tomaron ninguna decisión.
De otra parte, se enrostró que, debido a las constantes quejas de la comunidad, la
Policía procedió a sellar el establecimiento de comercio en varias oportunidades,
situaciones sobre las cuales tanto sus propietarios como el administrador tomaron
una actitud completamente pasiva, lo que corroboró la señora Hellen Yerlyl Rojas
Acosta, privada de la libertad, al testificar que el establecimiento había sido cerrado
por lo menos en tres ocasiones.
35Según el certificado de libertad y tradición adjunto al proceso, se observa que las personas
naturales eran los propietarios del inmueble.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Aparte de lo relacionado, se describió que el señor Geovanny Hernández González,
en su calidad de subarrendatario del señor Luis Rodríguez, tomó el bien y de esa
situación no tuvieron conocimiento los propietarios ni su administrador, evento que
demostraba el abandono en el que se encontraba el inmueble, exigencia que se
acentuaba más ante la actividad comercial de compra, venta y arrendamiento de
inmuebles desplegada por los ahora demandantes.
En suma, se relató que el local comercial fue utilizado para la comisión de una
actividad ilícita establecida por la legislación penal como delito y el medio para la
comisión del delito fue el mismo bien, por lo que procedía la acción de extinción del
derecho de dominio. Ahora, los afectados lograron demostrar la existencia de un
contrato de arrendamiento al cual se encontraba sometido el inmueble, por lo que
probaba que los propietarios no tenían la posesión física del bien, pero, a pesar de
ello, en virtud de su actitud negligente, se incumplió el mandato superior acerca de
la función social que debe cumplir la propiedad36.
• Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2009, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá declaró improcedente la
acción de extinción de dominio37.
Sobre el particular, arguyó que en el bien afectado funcionaba el establecimiento de
comercio “Taberna y Whiskería La 66”, al cual se le realizó seguimiento por parte
de la Policía Judicial con registros fílmicos, donde se observaban gran cantidad de
estudiantes e “indigentes”, quienes arribaban al lugar y “no se demoraban más de
dos minutos” y, según lo dicho por los habitantes del sector, ello generaba mucha
inseguridad.
Se logró identificar a las personas que conformaban la estructura delincuencial de
venta y distribución de estupefacientes en tal lugar y en el allanamiento practicado
al inmueble se halló evidencia que permitía tipificar la conducta punible. Añadió que
en un segundo allanamiento al sitio se verificó nuevamente la reiterada conducta y
se dio captura a la arrendataria del bien, quien intentó sobornar a los funcionarios
que atendieron la diligencia.
36 Paginación 10 - 25 del archivo 24 del expediente digital.
37 Paginación 1 - 22 del archivo 23 del expediente digital.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Enunció que, pese a que el bien era utilizado para distribuir sustancias ilícitas, sin
ningún reparo, no podía ignorarse las pruebas daban cuenta que los propietarios
eran ajenos a esa actividad, por consiguiente, no era viable extinguir su derecho de
dominio.
Dijo que los propietarios y su administrador no tenían conocimiento de los hechos
ilícitos que se desarrollaban en el inmueble, hecho que fue validado por la señora
Hellen Yerlyl Rojas Acosta, al señalar que en el bien funcionaba una discoteca y
allí vendían marihuana, pero no sabía quiénes eran los dueños del lugar y “que
nunca se acercó alguno de los encargados del mismo”.
Igualmente, el señor José Giovanni Rodríguez Camelo depuso que le subarrendó
al señor Luis Rodríguez, de manera verbal, en mayo de 2005; que el contrato se lo
cedió su madre la señora Nubia González, quien fue la persona que se obligó con
el señor Enrique Pardo Benjumea y el arriendo “lo cobraba un muchacho que iba al
local”, pero nunca lo hizo el propietario del inmueble, pues no se enteraron del
subarriendo ni de los allanamientos en el lugar. En particular, se estimó:
(…) Enrique Pardo, no tenía conocimiento del ilícito que se cometía en su
inmueble, pues éste no se acercaba allí, hecho que se acreditó con las
declaraciones de Hellen Rojas y de Giovanny Hernández; y tal como lo ha dicho
el accionado ya que él contaba con una persona de confianza encargada del
recaudo de los cánones.
Giovanny Rodríguez era facultado para acudir al lugar mensualmente a cumplir
sus funciones de recaudados, labor que realizaba entre tres y cuatro de la tarde,
lapso en el cual no se desarrollaban actividades ilícitas, como indican los
informes de policía, pues según éstos, el expendio empezaba en horas de la
noche, por lo cual no pudo darse cuenta del uso indebido dado al inmueble.
Aseveró que al propietario no se le permite inmiscuirse en la actividad económica
de su arrendatario, dado que invadiría una órbita que no le corresponde, “sin que
dicha actitud, signifique que dejó abandonado el inmueble a su suerte”.
Puntualizó que la señora Nubia González, abusando de su posición, se valió del
bien arrendado para almacenar y vender estupefacientes, de tal manera que “ni las
autoridades ni los propietarios conocieran el ilícito” y no le estaba dado al accionado
terminar el contrato, puesto que se suponía que arrendataria había dado estricto
cumplimiento a lo contemplado en el negocio jurídico suscrito.
• En fallo del 23 de diciembre de 2009, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá revocó la anterior determinación y, en su lugar, (i) decretó la extinción sobre
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
todos los derechos reales del inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-501495, cuya
titularidad ostentaban los señores Enrique Pardo Benjumea y Carmen Rosa Camelo
Garzón; y (ii) ordenó su tradición a favor del Frisco38. Los razonamientos de esa
decisión se transcriben in extenso:
(…) Existe certeza de la destinación del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria 50C-02501495 para la comisión de actividades ilícitas, pues en éste
operaba un expendio de estupefacientes, que se mimetizaba para tal fin en el
establecimiento comercial denominado “La Whiskería de La 66”; sin embargo,
esto no es suficiente para decretar la extinción del derecho de dominio ya que
se debe determinar si Enrique Pardo Benjumea y Carmen Rosa Camelo
Garzón, titulares del mismo, con sus acciones u omisiones, permitieron que la
causal extintiva se configurara.
El 17 de octubre de 2006, en la Fiscalía, Enrique Pardo Benjumea manifestó
que el bien cuestionado fue arrendado por Giovanni Rodríguez a la señora
Nubia, de la que dijo no recordar su apellido, asimismo adujo que no se
acordaba si existía un contrato de arrendamiento; no obstante obra en el
proceso copia del relacionado con el local comercial suscrito el 1° de septiembre
de 2002, entre el opositor Benjumea y Nubia González, en el que ella se
comprometió en calidad de arrendataria a destinar el inmueble objeto del
negocio jurídico a la venta de comida y como taberna.
Asimismo, el afectado en declaración rendida el 19 de noviembre de 2007, dijo
que pasaba de vez en cuando frente al inmueble en el que funcionaba un
restaurante y que vio a Nubia González tres veces, y que le pareció una persona
humilde y trabajadora.
El 17 de octubre de 2006, en la Fiscalía Rosa Camelo Garzón dijo: “Mi esposo
compra bienes y me coloca en la escritura, y acerca del inmueble de la calle 66,
mi esposo lo arrienda, él tiene un administrador que se llama Giovanni
Rodríguez, él es sobrino mío”; también adujo “...quien efectúa los contratos de
arrendamiento de estos locales y casas, es Giovanni Rodríguez, eso pasa por
un estudio, él llama y verifica los datos, y no se aparte de él quien más los firma”.
También obra en el proceso, el testimonio de Giovanni Rodríguez, que fue
vertido en el proceso el 23 de octubre de 2006 ante el ente instructor, quien
mencionó que tenía un contrato de prestación de servicios celebrado con
Enrique Pardo, y que las actividades que realizaba en virtud de dicho acuerdo
eran, “...realizar las promesas de compraventa de los inmuebles que él vende,
ósea de la constructora y administrar los inmuebles, documentación para que
fuera factible el arrendamiento y cobrar los cánones después de aprobado”,
igualmente que elaboraba los contratos que los firmaban las partes contratantes
esto es, Enrique Pardo, y el arrendatario, al ser interrogado sobre el control que
ejercían sobre los bienes respondió: “se verifica el primer mes de
arrendamiento, que uno va a cobrar”; cuando fue cuestionado sobre la
comercialización de estupefacientes en el inmueble, indicó que desconocía tal
situación como también que funcionara una taberna o whiskería en horas de la
noche.
Lo anterior demuestra que los accionados actuaron con culpa grave, pues el
control que los titulares del derecho de dominio y representante ejercieron sobre
el bien se limitó a verificar algunos datos para firmar el correspondiente contrato
de arrendamiento, sin que se realizaran las gestiones correspondientes para
establecer el estado del bien ni las actividades a las que estaba destinado éste;
fíjese que aquéllos el administrador desconocían que allí funcionaba una
taberna, hecho que hubieran podido verificar si hubieran sido diligentes, pues,
según consta en la Cámara de Comercio dicho establecimiento fue matriculado
38 Paginación 23 - 49 del archivo 23 del expediente digital.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
el 13 de marzo de 2000, renovándose el 2 de abril de 2001, 26 de junio de 2002,
20 de febrero de 2003, 24 de febrero de 2004, 22 de febrero de 2005 y 28 de
enero de 2006.
Situación que realmente resulta llamativa, pues en el contrato se estableció en
la cláusula séptima, que el arrendador tenía el derecho de “inspección”, que se
podrá hacer en cualquier tiempo, al igual que lo podían hacer sus
representantes, para constatar el estado y conservación del inmueble u otras
circunstancias que fueran de su interés, facultad que como se evidencia nunca
fue ejercida por sus propietarios.
El señor Giovanny Rodríguez, representante de los afectados, se limitó en el
transcurso de los tres años que duró la relación contractual a recaudar el canon
de arrendamiento como él mismo lo manifiesta, sin jamás percatarse del
expendio de estupefacientes que operaba allí, ni indagar a los vecinos sobre
cómo eran las relaciones de sus arrendatarios con ellos, más aún cuando se
adelantaron dos allanamientos por parte la Policía y se incautaron sustancias
estupefacientes, hecho que era conocido por el vecindario donde se encontraba
ubicado el inmueble, pues según el oficio 075, lo habitantes del sector se vieron
afectados por la oleada de indigentes.
Indiferencia que también resulta predicable de los titulares de dominio, Pardo
Benjumea y Camelo Garzón, pues aquél se percató de la presencia de los
Policiales tal y como lo destacó Miguel Romero en declaración rendida ante el
ente instructor cuando adujo: “...él me comento que había llamado a Nubia
González, para ver qué sucedía, y ella le dijo que era un problema de un cliente
tomado, a los pocos días pasamos y estaba sellado, el sellamiento no duró
mucho y después todo siguió normal”, sin embargo ninguna gestión desplegó
para establecer lo que había acaecido realmente.
Es claro que tanto Enrique Pardo y Carmen Rosa Camelo, dejaban la
administración de sus bienes a su sobrino Giovanny Rodríguez, sin embargo,
esto no los eximia del deber de vigilancia que deben asumir los titulares del
derecho de dominio para evitar que sus propiedades incumplan la función social
y ecológica que les es inherente, carga que no fue asumida por aquellos, pues
actuaron con culpa grave.
Descuido que resulta inadmisible, toda vez que la actividad comercial que
ejercen los afectados a través de la sociedad “Enrique Pardo y Cía Ltda.” no se
limitaba a la compra y venta de bienes muebles, urbanización, construcción y
venta de bienes por propiedad horizontal, inversiones financieras en todas las
áreas, de la economía, compra y exportaciones de vehículos automotores y sus
accesorios, tal y como en el certificado de existencia y representación legal
expedido el 19 de febrero de 2007 por la Cámara de Comercio de Bogotá, pues
también hacía parte del giro de sus negocios el arrendamiento de predios, de lo
que se colige que aquellos eran conscientes de que sus obligaciones no se
circunscribían a permitir el uso y goce del inmueble.
De haberse dado un control efectivo, como lo hacen las personas prudentes y
diligentes, los propietarios se hubieran percatado de las actividades ilícitas que
se ejecutaban en el predio cuya titularidad ostentaban, y en tal sentido se
hubieran desplegado las medidas que tales irregularidades cesaran, sin que
esto signifique que los arrendadores se estén inmiscuyendo en el giro ordinario
de la actividad comercial del arrendatario, como lo sostiene el a quo.
Así las cosas, en criterio de la Sala la decisión de la juez, de negar la extinción
de dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-501495,
debe ser revocada, por cuanto existe certeza de la destinación de ésta a la
comisión de actividades ilícitas y de la actuación con culpa de los afectados
Enrique Pardo Benjumea y Carmen Rosa Camelo Garzón, que facilitaron que
la organización delictiva de la que hacía parte la arrendataria, Nubia González
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
expendiera estupefacientes, utilizando como fachada el establecimiento
comercial denominado “Whiskería La 66”.
• El 4 de marzo de 2010 se registró en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Bogotá la decisión mencionada39.
4.2. Caso concreto
4.2.1. Error judicial
El error judicial tiene su génesis en una decisión contraria y/o violatoria de la ley, de
ahí que puede acaecer por la configuración de dos supuestos, esto es, el error de
hecho y el de derecho, entendidos estos como causales específicas que
fundamentan el error jurisdiccional y sobre las cuales se estudiará el título de
imputación, sin que sea necesario invocarlos directamente, pues basta con que el
juez de instancia pueda interpretarlos de una valoración integral de la demanda,
siempre y cuando aparezcan de manera clara, precisa y estén debidamente
argumentados.
Así, cuando se trate de un error de derecho se deberá establecer, por lo menos, un
señalamiento de las normas que se consideran como transgredidas y una
explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Por su parte, en lo
que concierne al error de hecho, se deberá explicar cuáles fueron las pruebas sobre
las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se violó la ley.
En efecto, la fundamentación de las causales para cimentar el error judicial exige
demostrar los yerros cometidos por el juzgador en la providencia de la que se alega
proviene el daño antijurídico, el cual pudo haber comprometido la legalidad de la
decisión cuestionada tanto en la aplicación de las normas de derecho sustancial (in
judicando) como las relativas al derecho procesal (in procedendo) y que, de todos
modos, tendrían que tener entidad suficiente para haber hecho mutar la decisión
que tomó.
Esta Sala ha señalado40, en relación con este título de imputación, que el interesado
deberá cumplir con la identificación del objeto de este, así como establecer un
39 Paginación 54 del archivo 23 del expediente digital.
40 Se pueden consultar, entre otras, las sentencias del 20 de noviembre de 2019, expediente 43.042,
del 12 de diciembre de 2019, expedientes 45.602 y 44852, y del 10 de septiembre 2020, expediente
55.004.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
concepto de violación. Con este fin, le corresponderá cumplir no solo con las cargas
de claridad, precisión y debida argumentación para demostrar que existe una
imputación de tipo jurídico a la demandada, sino también con el respaldo probatorio
suficiente41.
En suma, además de los requisitos descritos en la Ley 270 de 1996, es imperioso
que el juez administrativo se cerciore de que, de existir un yerro en la decisión
revisada en sede del título de imputación estudiado, este sea trascendente -tenga
la vocación de modificar el sentido de esta- y suficiente -destruya todos los
fundamentos o la ratio decidendi del pronunciamiento- para que se pueda declarar
la existencia de un error jurisdiccional.
41 La subsección ha señalado: La claridad se refiere a la carga que se le impone al interesado de
hacer comprensivas las acusaciones que estima fueron las que produjeron el error judicial, es decir,
que el objeto y concepto de violación esté determinado o sea determinable.
La precisión implica que se deben identificar las razones que sirvieron de base de la decisión y
refutarlas, ya que de no ser un argumento central de la decisión que se estima causó un daño, la
reparación directa sería denegatoria, pues la providencia todavía se mantendría incólume y no habría
causado, entonces, un daño antijurídico.
La debida argumentación tiene que ver con los aspectos mínimos de suficiencia en las
consideraciones que invoca el interesado como razonables para atar la claridad y la precisión, para
efectos de que opere el error jurisdiccional.
Para la Sala, es indispensable que la crítica de la providencia aparentemente contentiva del error
judicial guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar.
Valga decir, que se refiera directamente a las bases decisivas en la construcción jurídica sobre la
cual se asienta la decisión. De ahí que, si el ataque se hace bajo apreciaciones subjetivas del
demandante y no a lo que objetivamente constituye el fundamento de la providencia, se configura
una carencia demostrativa de la imputación jurídica de la demandada, lo que confluiría en un fallo
denegatorio de pretensiones.
En ese orden, el interesado debe circunscribir sus argumentos fácticos y jurídicos a desvirtuar la
presunción de juridicidad y acierto que abriga la totalidad de la providencia judicial cuestionada o
que conforman su ratio decidendi (suficiencia), al tiempo que permita verificar que el resultado del
pronunciamiento habría sido distinto de no cometerse el yerro (trascendencia), no de manera
imprevista, sino con sujeción a requisitos previamente establecidos, cuya finalidad no es otra que
trazar linderos de la litis para efectos de que sea decidida por el juez contencioso administrativo sin
entrar a suplantar la esfera del juez natural.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha considerado que para romper con la presunción
de legalidad que ampara a las decisiones judiciales es necesario que la equivocación enrostrada al
pronunciamiento judicial sea trascendente; es decir, que tenga la suficiente relevancia como para
cambiar el sentido del proveído y, además, que se refiera a la totalidad de sus fundamentos, pues,
de conservar al menos uno de los sustratos, el fallo no podrá ser declarado como transgresor del
ordenamiento.
Se aclara que, si bien la jurisprudencia traída a colación versa sobre un recurso ajeno a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, es evidente que los razonamientos expuestos por la
Corte Suprema de Justicia en punto de la trascendencia y suficiencia del yerro puesto de presente
por el accionante respecto de la providencia judicial cuestionada son trasladables a la dogmática
del error jurisdiccional y deben ser siempre satisfechos por el demandante si pretende que sus
súplicas salgan avantes, debido a que tanto la casación como el error judicial se asemejan en que
ambos requieren de un mismo presupuesto para su éxito, la constatación de una transgresión
relevante del carácter constitucional y legal (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de junio de 2022, expediente 51.407,
M.P. María Adriana Marín).
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
4.2.2. Caso concreto
La parte accionante alegó que el fallo del 23 de diciembre de 2009, proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el cual se revocó la
sentencia de primera instancia del proceso de extinción de dominio iniciado sobre
el inmueble que era de su propiedad, era constitutivo de error jurisdiccional, con
base en los cargos que a continuación se agrupan y se resolverán en el mismo
orden:
La ausencia de valoración o indebida valoración probatoria: comoquiera que, a
su modo de ver, el juez natural desconoció “las pruebas del expediente penal” y
edificó su decisión en los testimonios de unos vecinos, pruebas que no fueron
practicadas adecuadamente.
Los actores expresaron que, a partir de estos, se coligió equivocadamente que, en
su calidad de propietarios, no realizaron las gestiones pertinentes para verificar el
estado del inmueble ni las actividades que se estaban llevando a cabo en el mismo,
es decir, abandonaron el predio, lo que condujo a que se incumpliera la función
social del mismo. Igualmente, que no se tuvo en cuenta que la arrendataria fue quien
abusó de su posición al dedicarse al expendio de sustancias alucinógenas y no
existía forma de que su sobrino pudiera percatarse de ello, en tanto la “la venta de
droga se hacía de noche”. A la par de que se demostró que la conducta punible solo
no se extendió en todo el inmueble y eso hacía imposible la extinción del dominio
total.
La Sala parte por señalar que la demanda no presenta una argumentación clara y
precisa respecto del supuesto yerro probatorio, dado que se limita a mencionar que
no se valoraron “las pruebas del expediente penal”; empero, no desarrolla esa
afirmación, ni siquiera define en qué consiste la aparente falta de análisis probatorio
y tal aseveración ligera y abstracta, por sí sola, es insuficiente para mutar el sentido
de la providencia cuestionada.
De otro lado, tampoco se puede predicar una irregularidad sobre el juicio de valor
del juez penal frente a la valoración de “los testimonios de unos vecinos”, porque,
como se vio en el acápite de hechos probados, al proceso de reparación directa
solo se aportó copia de la decisión enjuiciada, la cual, si bien hace alusión a algunas
intervenciones de los declarantes en el asunto de extinción de dominio, lo cierto es
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
que no existe forma de establecer el contenido de esas declaraciones. De hecho,
no se tiene información acerca de la forma en la que se introdujeron esas pruebas
al proceso, para así calificar su práctica desacertada, según lo indican los actores.
En todo caso, si se examina con detenimiento el proveído atacado, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió el asunto no solo a la luz de las
pruebas aludidas, sino que se apoyó en otras declaraciones, aunado a las pruebas
de carácter documental recaudadas, material que tampoco se aportó y más bien
cimenta un escenario lejano para que pueda emitirse un reproche por este cargo.
Cabe aclarar que la labor del juez administrativo en clave de analizar los yerros de
la decisión constitutivos de error judicial no se debe dirigir a definir controversias
propias del juicio primigenio, en tanto que no se trata de asimilar el ejercicio de
verificación a una instancia adicional o que el juez de la reparación dirija su actividad
discursiva acerca de si comparte o no los razonamientos de otro funcionario
judicial42, pues esto implicaría transgredir el principio de la cosa juzgada, asunto que
a todas luces es el que pretende la parte actora y no puede validar la Sala en esta
instancia.
La falta de atención a lo previsto en la ley: habida cuenta de que el juez penal
ignoró lo previsto en los artículos 832 y 1232 y siguientes del Código de Comercio,
normas que regulan “la representación en materia de actividades mercantiles y el
contrato de mandato” e impedían equiparar el actuar del señor Enrique Pardo
Benjumea a una culpa grave, “olvidando que contrató los servicios de su sobrino
político”, a fin de que se encargara de administrar y custodiar el bien, actuación
válida en el ámbito mercantil.
Pues bien, la Sala estima que lo sostenido por la parte actora ante un eventual error
de derecho, resulta insuficiente e intrascendente para modificar la decisión objeto
42 Esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso
administrativo no tiene -ni puede tener- la vocación de constituirse en una instancia adicional a las
tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional,
pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto
la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga
la producción de un daño antijurídico. Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes
providencias de esta Subsección: sentencias del 17 de noviembre de 2011, expediente 22.982; del
6 de junio de 2012, expediente 24.690; del 27 de junio de 2013, expediente 28.189; del 29 de enero
de 2014, expediente 28.215; del 12 de febrero de 2014, expediente 28.428; del 28 de agosto de
2014, expediente 29.540; del 1° de octubre de 2014, expediente 27.862; del 12 de febrero de 2015,
expediente 28.482, todas con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón. Reiteradas por la
Subsección en sentencias del 23 de octubre de 2017, expediente 49.493, del 19 de junio de 2020,
expediente 50.496, del 18 de septiembre de 2023, expediente 63.225.
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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
de cuestionamiento, puesto que para que prosperaran las pretensiones elevadas
era imperioso acreditar que todos los fundamentos esenciales del pronunciamiento
atacado desconocían el ordenamiento jurídico y, por tanto, la decisión debía haber
sido distinta a la plasmada en el fallo reprochado. De no ser así, el error enrostrado
carece de relevancia, porque no destruye todas las bases de la sentencia amparada
por la presunción de acierto.
De todas maneras, con el propósito de despejar cualquier duda sobre la aparente
improcedencia de la calificación del comportamiento del actor, la Sala precisa que
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no negó la representación por
parte de los propietarios al señor José Giovanni Rodríguez Camelo para que se
encargara de la administración de sus bienes, es decir, no desconoció lo previsto
en el artículo 832 y siguientes del Código de Comercio, asunto distinto es que anotó
que eso no era suficiente para confirmar la decisión de juez de primer grado, dado
que se debía descartar si aquellos permitieron o no que la causal extintiva del
dominio se configurara.
Contrario a lo dicho por los demandantes, el anterior ejercicio hermenéutico goza
de total amparo tanto de la Corte Constitucional43 como la Corte Suprema de
Justicia44, autoridades que han sido enfáticas en señalar lo siguiente:
(…) El cumplimiento de la regla de la justicia plasmada en el artículo 34 de la
Constitución, aunque tiene su expresión en el plano patrimonial y no en el penal,
como lo ha manifestado esta Corte, mal podría llevarse a cabo mediante un
sistema legal que presumiera la mala fe de las personas o que les impusiera la
carga de probarla, cuando es el Estado el que corre con ella. Por lo cual debe
la Corte reiterar que los titulares de la propiedad u otros derechos reales, aun
sobre bienes en cuyo origen se encuentre alguno de los delitos por los cuales
puede incoarse tal acción, se presume que lo son en verdad y que han actuado
honestamente y de buena fe al adquirir tales bienes, de lo cual se desprende
que en su contra no habrá extinción de dominio en tanto no se les demuestre a
cabalidad que obraron con dolo o culpa grave (se destaca).
Lo anterior se acompasa con lo dicho, en sede de tutela, por la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, así45:
Al respecto, esa Corporación, retomando lo expuesto por el juez ordinario,
señaló que “‘el hecho de haber delegado la administración de la vivienda a un
tercero, no los eximía de la obligación de control y vigilancia sobre ésta, así
como de verificar que se le diera un buen uso, máxime cuando el mismo se
43
Corte Constitucional, sentencia T-821 de 2014, expediente 409.329, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
44 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 17 de febrero de 2022,
expediente STP8598-2016, M.P. José Francisco Acuña Vizcaya.
45 Corte Constitucional, sentencia T-610A de 2019, expediente 7.371.960, M.P. José Fernando
Reyes Cuartas.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
Actor: ENRIQUE PARDO BENJUMEA Y OTRA
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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
encontraba en una zona que presentaba un alto índice de delincuencia’ y que,
en cambio, ‘surge en contra del cuidado del inmueble, que reafirma el descuido
de sus propietarios, el número plural de allanamientos realizados al
mencionado, como consta en el informe del 2 de febrero de 2009, pues si
hubieran demostrado interés por el estado de su propiedad y en manos de quien
se encontraba, podrían haber sido informados del mal uso que se le estaba
dando y el riesgo consecuencial de perderla por tal motivo.’”
Igualmente, en la sentencia STP9295-2019 del 25 de junio de 2019, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de justicia negó la acción de tutela
instaurada contra la sentencia que declaró la extinción de dominio con base en
la causal 3ª del artículo 2.º de la Ley 793 de 2002.
Específicamente frente a los deberes de diligencia y vigilancia de la destinación
del bien, expuso que el propietario no se releva de estos por el hecho de
arrendar el inmueble, puesto que a su alcance tienen otros medios de defensa
ante la jurisdicción civil o, incluso, los mecanismos alternativos de solución de
conflictos para recuperar la tenencia del bien y detener así las actuaciones
ilícitas, sin que sea relevante para justificar la inactividad del titular del derecho
cuestiones asociadas al orden público.
(…) En la sentencia STP13261-2019 del 24 de septiembre de 2019, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela
contra providencia judicial en la que se cuestionaba la extinción del dominio por
la causal 3ª del artículo 2.º de la Ley 793 de 2002. En esa oportunidad la
accionante manifestaba que su hijo desarrollaba la actividad ilegal -
comercialización de alucinógenos- en su predio sin que ella tuviera
conocimiento, sin embargo, la petición de amparo fue negada por esa Corte,
señalándole que inobservar los deberes que como propietaria le impone el
ordenamiento jurídico, concretamente, el de vigilar la destinación de sus bienes
tiene como “propósito verificar el cumplimiento de la función constitucional que
sobre los mismos recae, no sólo cuando el uso, goce y usufructo los ejerce de
manera directa, sino también cuando tales facultades se hallan en manos de
terceros”.
Además, señaló que “el hecho de que fuera su hijo quien desarrollaba la
actividad ilegal, no la desliga del cuidado y observancia constante del inmueble.
Reiteró las obligaciones que conlleva el derecho a la propiedad y, puntualizó
que, si bien se mitigan por la confianza, se mantienen vigentes respecto del
titular del derecho, a quien le corresponde velar por la integridad y destinación
legítima del inmueble. Máxime, cuando no se acreditó ninguna circunstancia
que impidiera el ejercicio del referido deber. Por ende, concluyó que la incuria
de la demandante no puede ser utilizada en su favor para proteger el derecho
a la propiedad”.
De acuerdo con lo anterior, se observa que tanto los jueces de extinción de
dominio como la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela -salas de
Casación Civil y Penal- y esta Corporación han insistido en que la extinción de
dominio por la causal 3ª del artículo 2.º de la Ley 793 de 2002, procede cuando
se incumple con la función social de la propiedad, entendida como el deber que
le asiste a los propietarios de ser diligentes y adoptar medidas para proteger su
heredad, lo cual pasa por la obligación de verificar la destinación que se le da
al predio cuando éste se encuentra en manos de un tercero que lo administra o
lo arrienda, ya que se entiende que los titulares del derecho real cuentan con
las acciones legales previstas en el ordenamiento jurídico para impedir que sus
arrendadores desplieguen actividades delictivas -como la venta de sustancias
estupefacientes- o que comprometan el orden público.
Ahora, si el desacuerdo radica en la valoración que se hizo de la conducta de los
propietarios para sostener que se incumplió con la función social de la propiedad
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
-artículo 58 de la Carta Política- (que se derivó del contrato de arrendamiento, los
informes de vigilancia de la Policía Judicial, la verificación de la sociedad
conformada por los mismos y las diferentes declaraciones recepcionadas), la
conclusión sería idéntica a lo ya dicho respecto de la valoración probatoria, cargo
frente al que la Sala no está habilitada para fundar una censura.
En lo que concierne a la presunta vulneración del artículo 1232 y siguientes del
Código de Comercio, esta Corporación destaca que no eran vinculantes para el
juez penal, toda vez que en esas disposiciones se reglamenta el contrato de fiducia
y sus implicaciones, asunto ajeno a la litis.
Para cerrar el análisis, cabe destacar que la parte actora reprochó que la autoridad
penal pasó por alto que solo en una porción del bien se estaban cometiendo ilícitos,
por consiguiente, era desacertado decretar la extinción del dominio generalizada.
En criterio de la Sala, tal argumento no resulta de recibo, en tanto no se adjuntaron
medios de prueba para verificar la conformación o características del inmueble y
menos se conoce en qué porcentaje estaba arrendado a las personas que estaban
cometiendo los ilícitos que motivaron el proceso de extinción del dominio, es decir,
si era total o parcial, a fin de evaluar el cargo.
Todo lo opuesto, lo que se logra deducir del certificado de libertad y tradición adjunto
es que el bien no estaba desenglobado, sino que comprendía una sola extensión
de terreno. Es más, las anotaciones dan cuenta que la medida cautelar de embargo
y secuestro sobre el predio se realizó respecto de la totalidad del bien y no existe
manera de definir si los actores recurrieron esa decisión, por tanto, la decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no se puede juzgar como errada.
Así las cosas, se desestimarán las súplicas de los actores, bajo el entendido de que
esta Subsección considera que, en el caso concreto, no se demostró la existencia
de un error jurisdiccional que causara un daño antijurídico que deba ser reparado.
5. Costas
Dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, de conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por
el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00765-01 (68.529)
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Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 15 de abril de 2020, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
la cual quedará así:
SEGUNDO. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación
• Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con lo expuesto en la presente
decisión.
TERCERO. NEGAR las pretensiones respecto de la Nación - Rama Judicial, de
conformidad con lo aquí sostenido.
CUARTO. Sin condena en costas.
QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
de este proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en
la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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