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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03852-01

Fecha
6 de octubre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03852-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del INVAMA, por los motivos expuestos en esta decisión. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 27 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del expediente con radicado núm. 17001-33-33-001-2017-00046-02, en atención a las razones expresadas en esta sentencia. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caldas que, en el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 23 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-03852-01 Accionante: INVAMA Accionados: Tribunal Administrativo de Caldas y otro La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03852-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03852-01
Accionante: Instituto de Valorización Municipal de Manizales
Accionados: Tribunal Administrativo de Caldas y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: derecho de postulación. Subtema 3: defectos procedimental y
fáctico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por el Instituto de Valorización Municipal de Manizales1
(INVAMA), en contra de la sentencia del 11 de agosto de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El INVAMA, por intermedio de su apoderado, presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de los autos 9 del
agosto de 2024 y del 5 de febrero de 2025, proferidos por el Juzgado Primero
Administrativo de Manizales y la providencia del 27 de mayo de 2025, expedida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado núm. 17001-33-33-001-2017-00046-00/02.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

1
En adelante INVAMA

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Accionante: INVAMA
Accionados: Tribunal Administrativo de Caldas y otro

2.
El señor Jorge Alberto Calle Giraldo, junto con su grupo familiar, presentó
demanda de reparación directa en contra del INVAMA con el fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios causados por las lesiones que sufrió como
consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido el 16 de enero de 2015.
3. El conocimiento del asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero
Administrativo de Manizales, con el radicado 17001-33-33-001-2017-00046-00. Una
vez se agotó el trámite de rigor el despacho profirió sentencia el 16 de julio de 2024,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión, las
dos partes presentaron recurso de apelación.
4.
El Juzgado Primero Administrativo de Manizales, a través de auto del 9 de agosto
de 2024, concedió el recurso interpuesto por la parte demandante y negó la
impugnación presentada por la demandada, al considerar que fue radicado por el
abogado Leonardo Restrepo Duque, quien no allegó poder para representar al INVAMA.
Al respecto, precisó que el 9 de julio de 2024 se confirió mandato al doctor Jhonatan
Zuluaga Cardona con lo cual en los términos del artículo 76 del C.G.P. se dieron por
terminados los poderes otorgados con anterioridad al doctor Restrepo Duque.
5. El INVAMA a través del abogado Leonardo Restrepo Duque radicó recurso de
reposición y en subsidio el de queja contra el auto del 9 de agosto de 2024, con los
siguientes argumentos; i) el representante legal de la entidad ratificó sus actuaciones
de conformidad con el artículo 57 del C.G.P., por lo que actuó como agente oficioso
procesal, ii) es el líder de la unidad jurídica de la entidad y dentro de sus funciones se
encuentra la de «Representar judicial y extrajudicialmente al instituto en los procesos
judiciales y extrajudiciales de los cuales sea parte» y iii) mediante comunicación del 3
de mayo de 2024 se le otorgó el poder para actuar en nombre de la institución.
6. El señor Restrepo Duque, junto con el referido escrito del recurso, aportó poder
para representar al INVAMA en el citado proceso de reparación directa.
7. El Juzgado Primero Administrativo de Manizales, mediante auto del 5 de febrero
de 2025, resolvió no reponer el auto recurrido, al considerar que se configuró una
carencia de poder del abogado Leonardo Restrepo Duque, toda vez que no se
evidenció dentro del expediente la comunicación que refiere del 3 de mayo de 2024 y
el mandato otorgado el 9 de julio, únicamente corresponde al doctor Jhonatan Zuluaga
Cardona. Adicionalmente, concedió el recurso de queja.
8. El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de providencia del 27 de mayo de
2025, estimó bien rechazado el recurso de apelación presentado por el INVAMA contra
la sentencia del 16 de julio de 2024 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de
Manizales, al concluir que las actuaciones acreditadas en el expediente permitían
inferir que no se cumplió con el requisito de la capacidad para interponer el recurso,
toda vez que para el momento en que se radicó el escrito de apelación el abogado no
ostentaba la representación judicial de la entidad por lo que no le era procedente
ejercer el derecho de postulación, razón por la cual, el INVAMA no presentó recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.

2

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2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:

Primero: Tutelar a favor de mi representada los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia.

Segundo: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MANIZALES dejar sin valor
ni efecto los auto proferidos el 09 de agosto del 2024, 05 de febrero del 2025 (Juzgado
primero) y del 27 de mayo del 2025 (Tribunal Administrativo) proferidos dentro del
proceso con radicado 17001333300120170004600; a su vez se ordene brindar trámite
al recurso de apelación que fue presentado por esta entidad en debido término.

Tercero: Las demás que estime convenientes a fin de proteger los derechos
constitucionales fundamentales que se han transgredido al INVAMA. [sic].

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que los autos
del 9 de agosto de 2024 y 5 de febrero de 2025, proferidos por el Juzgado Primero
Administrativo de Manizales y la providencia del 27 de mayo de 2025, expedida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, incurrieron en defecto procedimental porque
rechazaron el recurso de apelación interpuesto por el INVAMA en contra de la sentencia
del 16 de julio de 2024, bajo una interpretación formalista y restrictiva de la normativa
procesal que regula el ejercicio del derecho de postulación, con respecto a la actuación
del profesional que representaba los intereses de la entidad.
11. En este sentido, las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta que, si bien el
INVAMA, presentó un inconveniente al momento de adjuntar el poder, lo cierto es que
subsanó la situación al instante de radicar el recurso de reposición contra el auto del 9
de agosto de 2024.
12. Asimismo, consideró que fue desproporcionada y excesiva la decisión de no
tramitar el recurso de apelación, toda vez que resulta gravísimo y perjudicial dejar al
INVAMA sin su defensa técnica, dado que fue la parte vencida en el trámite de primera
instancia.
13.
También indicó que las autoridades accionadas incurrieron en defecto fáctico
porque no efectuaron una valoración adecuada de las piezas procesales que obraban
en el expediente, en tanto desconocieron que existía un poder que se había
presentado en el mes de mayo de 2024, que los documentos allegados al proceso
acreditaban la calidad de «Líder Jurídico» del INVAMA de la persona que presentó el
recurso (Leonardo Restrepo Duque) y que se aportó un poder debidamente otorgado
dentro del término de ejecutoría del auto del 9 de agosto del 2024, es decir, el 14 de
agosto de 2024.
14. Afirmó que la jurisprudencia constitucional (sentencia T-892 de 2011) ha precisado
que en aras de garantizar los derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso
efectivo a la administración de justicia, la autoridad judicial debe permitirle al sujeto

2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03852-00, índice 2, certificado núm. 649291330FD96ECE D51BF609C6E2AA3C
D06DBB72A96F6A3E 01ADF7D0BE94062B.

3

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procesal subsanar las situaciones que ocasionen trabas y le impidan acceder a los
instrumentos judiciales adecuadamente, con el fin de garantizar la búsqueda material
del derecho sustancial conforme lo previsto en el artículo 228 de la Constitución
Política.

2.3. Trámite procesal
15. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante auto del 25 de
junio de 20253, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Juzgado
Primero Administrativo de Manizales y al Tribunal Administrativo de Caldas, y puso en
conocimiento el escrito de tutela a los señores Jorge Alberto, Gloria Isabel, Martha
Cecilia, Carlos Enrique y José Heriberto Calle Giraldo; María Magola Agudelo, Aurora
Giraldo Giraldo, Yeny Blandón y Mónica Isabel Calle; Jorge Alberto Calle Blandón,
Kevin Alberto y María Isabel Calle Gómez; Jorge Eduardo Calle Agudelo y Samantha
Calle López, en calidad de terceros con interés.

2.4. Intervenciones
16. El Tribunal Administrativo de Caldas4 solicitó que se declare improcedente la
tutela porque la accionante pretende utilizar la acción constitucional para discutir un
asunto que se limita a la aplicación de una norma legal, esto es, el precepto que hace
referencia al derecho de postulación de las partes al interior de un proceso judicial.
17. De igual manera, explicó que el artículo 160 del CPACA establece que quienes
comparezcan al proceso deben hacerlo por conducto de abogado inscrito, y los
profesionales del derecho vinculados a las entidades públicas pueden representarlas
en los procesos contenciosos mediante poder otorgado en la forma ordinaria o
mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo.
18. Asimismo, indicó que, en el escrito del recurso de reposición promovido por la
tutelante, se informó que el abogado Leonardo Restrepo Duque actuó como agente
oficioso cuando interpuso el recurso de apelación porque el poder no obraba en el
expediente. Lo anterior, permite advertir que la entidad reconoció que, para ese
momento procesal, el mencionado señor no tenía poder para representar los intereses
del INVAMA.
19. Adicionalmente, expresó que, con ocasión del recurso de reposición, el señor
Leonardo Restrepo Duque adjuntó un poder concedido el 14 de agosto de 2024 «el
cual salta a la vista fue otorgado con posterioridad a la presentación del recurso de
apelación radicado el 31 de julio de 2024.».
20. Agregó que, a pesar de lo anterior, el señor Restrepo Duque, el 11 de febrero de
2025, radicó nuevamente en el expediente de primera instancia el poder que le había
otorgado el INVAMA, el 3 de mayo de 2024, el cual fue revocado, debido al mandato
que la entidad le concedió al abogado Jhonatan Zuluaga Cardona, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 76 del C.G.P., el 9 de julio de 2024.

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03852-00, índice 4, certificado núm. 17D001C9C010ED57 DFE733E33E5E3B31
AC611B78159ED7D7 E2A5544467548A67 7.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03852-00, índice 9, certificado núm. 816DA8988F9FC803 1013F815F4AC8E7C
5D8E39FD905BF37C FFE14ADB655599CF.

4

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21.
Por lo anterior, consideró que el abogado Restrepo Duque no tenía poder para
representar los intereses del INVAMA para la fecha en que radicó el recurso de
apelación, por lo que lo procedente era estimar bien rechazado el recurso de apelación,
tal como se hizo en la providencia cuestionada.
22. De este modo, indicó que el despacho actuó conforme a las normas procesales
aplicables al caso y expuso en forma argumentada su decisión con base en la
jurisprudencia vigente y las pruebas obrantes en el expediente.
23. Finalmente, informó que el asunto carece de relevancia constitucional, pues la
parte actora pretende utilizar la tutela como una instancia adicional para insistir en el
debate jurídico que se surtió en los escenarios judiciales naturales.
24.
El Juzgado Primero Administrativo de Manizales5 se opuso a las pretensiones
de la tutela porque las decisiones judiciales cuestionadas por la parte actora se
ajustaron al ordenamiento jurídico procesal. Además, la situación que dio lugar al
rechazo del recurso de apelación fue un hecho absolutamente atribuible a la parte
demandada, quien no actuó con la debida diligencia y cuidado de sus intereses.
25. En este sentido, indicó que es impreciso calificar lo acontecido como un exceso
ritual manifiesto, pues la tutelante incurrió en omisiones relevantes, entre ellas, la falta
de gestión de sus apoderados para verificar que contaban con el poder especial
necesario para representar judicialmente a la entidad.
26. Asimismo, destacó que lo pretendido por la entidad tutelante de presentar de
manera extemporánea un poder no tiene soporte legal alguno, por lo que «carece de
fundamento jurídico sostener que [el despacho] debió valorar un documento que fue
adjuntado posteriormente a las decisiones adoptadas, y que fue presentado
ulteriormente como una “extensión” al recurso de queja, sin que ello pueda tener
efectos retroactivos sobre decisiones ya proferidas».
27. El apoderado de los señores Jorge Alberto, Gloria Isabel, Martha Cecilia, Carlos
Enrique y José Heriberto Calle Giraldo; María Magola Agudelo, Aurora Giraldo Giraldo,
Yeny Blandón y Mónica Isabel Calle; Jorge Alberto Calle Blandón, Kevin Alberto y
María Isabel Calle Gómez; Jorge Eduardo Calle Agudelo y Samantha Calle López6
manifestó que el INVAMA reconoció que se presentó un error al momento de allegar el
poder para ejercer el recurso de apelación, lo cual, en su criterio, es de carácter
insubsanable, pues el apoderado que interpuso el recurso contra la sentencia de
primera instancia no estaba legitimado para hacerlo ante la carencia del derecho de
postulación.
28. Agregó que solo hasta el 11 de febrero de 2025 se cargó en SAMAI el poder
otorgado el 3 de mayo de 2024 por el representante legal del INVAMA a los abogados
Leonardo Restrepo Duque y Jhonatan Zuluaga Cardona.
29. Sostuvo que no es posible alegar su propia culpa para desconocer el sentido de
decisiones judiciales, que se encuentran debidamente fundamentadas. Además,

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03852-00, índice 13, certificado núm. 475E73E29BB2F66C 316AA502B6D92DD9
D6C2B09139976EAA A45EE3E440CE0FF3.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03852-00, índice 23, certificado núm. 6F3BA481883D8682 8D27D83DD2CDE91F
93B38C44AD85B290 75B22A17179266DC.

5

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indicó que no se cumplieron los requisitos legales para que el apoderado del INVAMA
hubiese podido actuar como agente oficioso de la entidad.
30. Por último, precisó que los apoderados debían dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, según la cual es su deber atender con celosa
diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados
suplentes y dependientes.
31. En atención a lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela, por
cuanto estuvo bien rechazado el recurso de alzada por las autoridades judiciales
accionadas, pues es claro que al abogado Leonardo Restrepo Duque no le habían
conferido poder para presentar el escrito de apelación contra la sentencia del 16 de
julio de 2024.

2.5. Sentencia de primera instancia
32. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 11
de agosto de 20257 declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que el
asunto no cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que
los argumentos de la parte actora recaen en el ejercicio hermeneútico y probatorio que
realizaron las autoridades accionadas, los cuales corresponden a reproches de
instancia que se estudiaron en los escenarios judiciales respectivos.
33. De esta manera, explicó que las actuaciones procesales que se surtieron al interior
del proceso de reparación directa permiten inferir que el Juzgado Primero
Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas decidieron
razonablemente que, en efecto, el abogado Leonardo Restrepo Duque no se
encontraba habilitado para presentar el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia porque, para el 31 de julio de 2024, no contaba con poder otorgado
por el representante legal del INVAMA. Además, porque no se cumplían los requisitos
de la agencia oficiosa procesal, y tampoco existió un acto administrativo que le
delegara general o particularmente esa competencia.
34. Expresó que las consideraciones que sirvieron de fundamento a las decisiones
censuradas lejos de ser arbitrarias y caprichosas, resultan razonables, y, en
consecuencia, no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional. El
hecho de que la parte demandante no las comparta, no significa que se hubiera
configurado el defecto fáctico alegado ni habilita al juez constitucional para reabrir el
debate, convirtiendo la acción de tutela en una instancia adicional.
35.
Resaltó que el Juzgado Primero Administrativo de Manizales concluyó que
Leonardo Restrepo Duque no demostró estar facultado para representar al INVAMA, al
no aportar el acto administrativo, especialmente el manual de funciones, que lo
habilitara formalmente. Esta omisión impidió verificar objetivamente su competencia,
lo que resulta decisivo en el análisis judicial, pues sin el respaldo documental no puede
establecerse la validez de sus afirmaciones ni la pertinencia de sus actuaciones.

7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02452-00, índice 12, certificado núm. 65CBBE739C437966 D2AD32BCB3D3D654
D6EBF91DB8EDB698 CE236F0DC574A7C3.

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36.
Así pues, advirtió que los documentos aportados al proceso ordinario no revelaban
la existencia de ese acto administrativo que, según la accionante, habilitaba al señor
Restrepo Duque para representar a la entidad en el proceso de reparación directa.
37. De igual manera, afirmó que es contradictorio referir que el señor Restrepo Duque
tenía competencia institucional para representar judicialmente al INVAMA, mientras el
representante legal de la entidad consideró necesario otorgarle un poder especial. Esta
dualidad evidencia que la atribución funcional no estaba claramente delimitada ni
respaldada por el acto administrativo exigido por el artículo 160 de la Ley 1437 de
2011.
38.
Asimismo, expuso que, desde una perspectiva constitucional y procesal, fue
acertado que los jueces descartaran la actuación como agente oficioso, ya que dicha
calidad no fue invocada ni sustentada oportunamente en el trámite procesal de primera
instancia. Además, no se cumplían los requisitos del artículo 57 del C.G.P, que limita la
actuación oficiosa a la presentación o contestación de demandas.
39. Agregó que no es posible atribuirle un exceso ritual a los jueces accionados, pues
la irregularidad procesal fue generada por la parte recurrente al presentar el recurso
sin el escrito de poder. Esta omisión sustancial impidió cumplir los requisitos mínimos
del trámite, cuya consecuencia no puede entenderse como una indebida actuación de
los despachos accionados. En este contexto, resulta inadmisible pretender derivar
consecuencias favorables de una actuación defectuosa propia, pues, conforme al
principio general del derecho, nadie puede alegar su propia culpa en beneficio propio.
40. Lo anterior resulta relevante conforme a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo
28 de la Ley 1123 de 2007, que establece el deber de atender con celosa diligencia
los encargos profesionales, lo cual comprende la revisión cuidadosa de las
actuaciones y documentos que obran en el expediente. En ese sentido, correspondía
al apoderado verificar el estado procesal del asunto y advertir cualquier irregularidad
que pudiera afectar el trámite, como aquella que condujo a la no concesión del recurso
de apelación. Este nivel de atención resulta inherente al rol de representación judicial
y busca garantizar el adecuado desarrollo de la gestión encomendada.
41. Finalmente, la parte demandante no identificó jurisprudencia concreta que
respaldara su tesis de la subsanación de irregularidades en el ejercicio del derecho de
postulación. La alegación fue vaga y sin soporte jurídico, por lo que incumplió la carga
argumentativa mínima exigida por la Corte Constitucional para cuestionar decisiones
judiciales. Alegar vulneración de derechos fundamentales no basta: se requiere una
exposición clara, específica y suficiente del vicio alegado. Razón por la cual, el asunto
carece de relevancia constitucional

2.6. Impugnación
42. La parte actora presentó impugnación8 en contra de la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, al considerar que el fallo de primera instancia
dejó de brindar protección a un derecho sustancial por darle relevancia a una actuación

8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03852-00, índice 32, certificado 5CCC6DF524EC33F0 A0AE319494D92B9A
17B20A824B722FEC E2BACD1AA45C69FF.

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procesal, lo cual no garantiza la efectividad del derecho que para el caso concreto,
sería dar trámite al recurso de apelación.
43. Afirmó que los derechos al debido proceso y defensa implican que estos deben
tener una efectividad material y no convertirse en meros enunciados normativos, so
pena de caer en ritualismos, que vulneran derechos constitucionales.
44. Advirtió que, en el caso bajo estudio, el recurso de apelación en contra de la
sentencia del 16 de julio de 2024 se interpuso en tiempo y lo relacionado con el
derecho de postulación fue subsanado en el trámite del recurso de reposición, por lo
que su negativa no solo configura un exceso ritual manifiesto, sino un desconocimiento
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Consejo de Estado, sobre la materia.
45.
Asimismo, indicó que la situación expuesta constituye una omisión subsanable
cuya falta de corrección impactó desproporcionadamente el derecho de defensa del
INVAMA, por lo que resulta injusto que no se conceda la apelación. El artículo 160 del
CPACA no establece consecuencias para este tipo de eventualidades, por lo que
rechazar el recurso por aplicar una norma procesal de manera restrictiva sería
contrario a una interpretación garantista.
46. Aseveró que el asunto planteado en la tutela representa una oportunidad para que
el Consejo de Estado fortalezca su jurisprudencia, en el sentido de precisar que la
prevalencia del derecho sustancial debe primar sobre el formalismo y que la negativa
de recursos por defectos subsanables constituye un exceso ritual manifiesto. El
derecho a la segunda instancia es esencial para la defensa y los jueces deben
garantizar un acceso efectivo a estos, incluso ante irregularidades menores en la
acreditación de la representación, con mayor razón cuando se trata de la parte vencida
en primera instancia.
47. Así pues, resaltó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia SU-
041 de 2022) ha reiterado que negar recursos por requisitos meramente formales
vulnera la Constitución y configura un exceso ritual manifiesto.
48. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque la providencia impugnada
y, en su lugar, se acceda a las peticiones de la tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
49.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 11 de
agosto de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

3.2. Legitimación en la causa
50.
La legitimación en la causa por activa del INVAMA está acreditada porque fue la
entidad demandada en el proceso de reparación directa en el que fueron expedidas
las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.

8

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51. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Primero Administrativo de Manizales y del Tribunal Administrativo de Caldas, debido a
que fueron las autoridades que profirieron las providencias, objeto de estudio.

3.3. Cuestión preliminar
52. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de
Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del medio de control de
reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de
la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a
las decisiones cuestionadas.
53. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de
que resolvió el recurso de queja expedida el 27 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación
judicial promovida por el INVAMA.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
54. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9, y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.
55.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
56. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.

9

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decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
57. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución12.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
58.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
59. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

60. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su
juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
61. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto
de tutela.

12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

10

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62. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la providencia proferida el 27 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, fue notificada el 28 de mayo siguiente17, y la demanda de tutela se presentó
el 18 de junio de 202518, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20 como razonable.
63. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso
ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la
decisión que le puso fin a la actuación judicial.
64. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.
65. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con las causales de defectos procedimental y fáctico y,
en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.5. Problema jurídico
66. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 11 de agosto de 2025, proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud
de amparo interpuesta por el INVAMA.
67. En particular, deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Caldas vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
del accionante e incurrió los defectos procedimental y fáctico, al proferir el auto del 27
de mayo de 2025, mediante la cual se declaró bien rechazado el recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia del 16 de julio de 2024, expedida por el Juzgado
Primero Administrativo de Manizales, que acción a las pretensiones del medio de
control de reparación directa promovido por Jorge Alberto Calle Giraldo y otros en
contra de la INVAMA.
68. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y (ii)
el caso concreto.

3.5.1. El defecto procedimental
69. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio

17
Samai, exp. 17001-33-33-001-2017-00046-02, índice 12.
18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03852-00, índice 1.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

11

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de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas de
connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad judicial.
70. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo de
los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de las
partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
71. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el
goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales»21.
72. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto
sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento
establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»22.
73.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
74. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes presupuestos:«(i)
que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo
con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia
de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una
incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso ordinario,
salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades del caso
concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v) como
consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos
fundamentales»23.

3.5.2. El defecto fáctico

75. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»24. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa

21
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
23
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.

12

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en la decisión25» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

76. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»26. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»27.

77. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso28.

78. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial29, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»30.
79. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

25
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
28
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
29
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
30
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

13

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51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]31.

3.6. Caso concreto
80. En el asunto bajo estudio, el señor Jorge Alberto Calle Giraldo y otros presentaron
escrito en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la INVAMA,
con la pretensión de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados con ocasión
de las lesiones ocurridas el 16 de enero de 2015 en un accidente de trabajo.
81. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, mediante
providencia del 16 de julio de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda.
82. La anterior decisión fue apelada por las dos partes del litigio, por lo que el referido
juzgado, mediante auto del 9 de agosto de 2024, concedió el recurso interpuesto por
la parte demandante y negó la impugnación presentada por la demandada, al
considerar que fue radicada por el abogado Leonardo Restrepo Duque, quien no
allegó poder para representar al INVAMA.
83. El INVAMA inconforme con la decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio
queja, el cual fue desatado por el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, a
través de auto del 5 de febrero de 2025, en el sentido de no reponer el auto recurrido
y, en su lugar, concedió la queja.
84.A su turno, el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto del 27 de mayo de
2025, desestimó los argumentos del recurso de queja interpuesto por la parte
demandada.
85. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, que el Tribunal
Administrativo de Caldas, al proferir la providencia cuestionada, incurrió en defecto
procedimental porque estimó bien rechazado el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada, a partir de una interpretación formalista y restrictiva de la
normativa procesal que regula el ejercicio del derecho de postulación, con respecto a
la actuación del profesional que representaba los intereses de la entidad.
86.
Explicó, que no se tuvo en cuenta que el INVAMA, subsanó la falta de presentación
del poder al momento en que radicó el recurso de reposición en contra del auto del
auto del 9 de agosto de 2024, proferido por el Juzgado Primero Administrativo de
Manizales.
87. Asimismo, consideró que resulta desproporcionada y excesiva la decisión de no
tramitar el recurso de apelación, toda vez que resulta gravísimo y perjudicial dejar al
INVAMA sin su defensa técnica, dado que fue la parte vencida en el trámite de primera
instancia.
31
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

14

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88. Adicionalmente, afirmó que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico
porque no efectuó una valoración adecuada de las piezas procesales que obraban en
el expediente, en tanto desconoció que existía un poder que se había presentado en
el mes de mayo de 2024, que los documentos allegados al proceso acreditaban la
calidad de «Líder Jurídico» del INVAMA de la persona que presentó el recurso (Leonardo
Restrepo Duque) y que se aportó un poder debidamente otorgado dentro del término
de ejecutoría del auto del 9 de agosto del 2024, es decir, el 14 de agosto de 2024.

3.6.1. Fundamentos de la providencia objeto de tutela
89. El Tribunal Administrativo de Caldas, concluyó que no se cumplió con el requisito
de la capacidad para interponer el recurso en contra de la sentencia del 16 de julio de
2024, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales, toda vez que,
para el momento en que se radicó el escrito de apelación, el abogado Leonardo
Restrepo Duque no ostentaba la representación judicial de la entidad, por lo que no le
era procedente ejercer el derecho de postulación de la entidad y, en consecuencia, el
INVAMA no impugnó la sentencia de primera instancia.

90.Sobre el particular, la providencia cuestionada se fundamentó en las siguientes
consideraciones:

10. En el presente asunto se advierte que el último poder conferido por el representante
legal del Invama fue al abogado Jhonatan Zuluaga Cardona 32, ahora bien, según se
observa el señor Leonardo Restrepo Duque, en nombre del Invama radicó recurso de
apelación contra la sentencia del 16 de julio de 2024.

11. Posteriormente, el juzgado de primera instancia por medio de auto del 9 de agosto
de 202433, resolvió negar el recurso de apelación interpuesto por el Invama.

12. Frente a la providencia anterior, se interpuso recurso de reposición y en subsidio
queja, adjuntando con él memorial en el que el representante legal del Invama confiere
poder al abogado Leonardo Restrepo Duque y en el que además se adjunta el siguiente
mansaje de buzón de correo electrónico34:

32
Archivo digital “063”
33
Archivo digital “072”
34
Archivo digital “073”

15

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13. De acuerdo con lo anterior, se advierte que, en efecto, el escrito de apelación de la
sentencia fue radicado por un abogado que no tenía la facultad para representar la
entidad, ello por cuanto, el mismo fue suscrito el 14 de agosto de 2024, es decir, con
posterioridad a la sentencia de primera instancia (16 de julio de 2024), incluso, después
de expedida la providencia que negó conceder el recurso de apelación a Invama (9 de
agosto de 2024). Por lo que no encuentra respaldo alguno lo manifestado en el recurso
por la parte demandada, en tanto señala que el poder fue conferido mediante
comunicación del 3 mayo de 2024, puesto que el mismo no reposa en el expediente y
tampoco lo aportó con el referido escrito.

14. Así, es dable concluir que no se cumplió con el requisito de la capacidad para
interponer el recurso, toda vez que, para el momento en que se radicó el escrito de
apelación, el abogado no ostentaba la representación judicial de la entidad por lo que
no le era procedente ejercer el derecho de postulación de la entidad, razón por la cual,
se colige que Invama no presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

15. Por lo tanto, no son de recibo los argumentos referidos en el recurso de queja, en
el sentido de que el abogado actuó como agente oficioso procesal, puesto que de
acuerdo con el artículo 160 del CPACA, es claro en consagrar que quienes
comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado y, en el caso
particular de las entidades de orden público pueden ser representadas mediante poder
otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada
en acto administrativo, situación que en este caso no ocurrió.

91. A partir de lo anterior, el Tribunal advirtió que el recurso de apelación de la
sentencia de primera instancia fue radicado por el abogado Leonardo Restrepo Duque
sin facultad para representar al INVAMA, debido a que el poder solo fue presentado el
14 de agosto de 2024, es decir, después de que el Juzgado Primero Administrativo de
Manizales expidió el auto del 9 de agosto de 2024, por medio del cual negó el recurso
de apelación de la entidad demandada en el proceso de reparación directa con
radicado 17001-33-33-001-2017-00046-00.

3.6.2. Las consideraciones de la Sala respecto a los defectos alegados por la
actora
92. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en los
defectos expuestos por la accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar que
al expediente de reparación directa35 se encuentra acreditado que el INVAMA acudió al
proceso a través del abogado Jose Wilmar Chavez Ojeda, quien presentó escrito de
contestación de la demanda y fue reconocido como el representante judicial de la
entidad, lo que le permitió participar en la audiencia de inicial y de pruebas que se
surtió al interior del proceso.
93. También, se encuentra acreditado que el referido abogado, el 13 de diciembre de
2019, presentó ante el Juzgado Primero Administrativo de Manizales un escrito a
través del cual informó su renuncia como apoderado del INVAMA. En consecuencia, el
referido apoderado fue reemplazado por Giovanny Cardona González, quien de igual
manera renunció como representante judicial del instituto.

35
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03852-00, índice 13, certificado núm. DB87F754BA640FF3 DC6B335E1BDF6643
956C2A30560D9024 C155614CC204984C. Se aclara que en el índice referido consta el documento el archivo zip del proceso de
reparación directa remitido por el Juzgado Primero Administrativo de Manizales.

16

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94. Asimismo, obra en el expediente del proceso ordinario un documento a través del
cual el gerente y representante legal del INVAMA les otorgó poder a los abogados
Leonardo Restrepo Duque y Jhonatan Zuluaga Cardona, con fecha 3 de mayo de
2024, tal y como se muestra a continuación:

17

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95. El referido poder facultó a los abogados Leonardo Restrepo Duque y a Jhonatan
Zuluaga Cardona para «[…] ejercer las facultades inherentes a la naturaleza del
mandato para notificarse, contestar, transigir, conciliar, desistir, negociar, recibir,
sustituir, reasumir, presentar recursos y, en general para realizar todas las diligencias
legales necesarias y que consideren conducentes para el asunto de la referencia en la
defensa de los intereses legítimos del INVAMA y cualquier otra facultad que requiera
mi consentimiento expreso […]».
96. En este sentido, es posible advertir que previo a emitirse la sentencia de primera
instancia dentro del proceso ordinario con radicado 17001-33-33-001-2017-00046-00,
el señor Jairo Alfredo López Baena en su calidad de representante legal del INVAMA
emitió un poder a través del cual facultó a los abogados Leonardo Restrepo Duque y

18

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Jhonatan Zuluaga Cardona para ejercer la representación judicial de la entidad, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 75 del C.G.P., el cual
establece que «Podrá conferirse poder a uno o varios abogados».
97.Ahora bien, es pertinente mencionar que, el 9 de julio de 2024, el abogado
Jhonatan Zuluaga Cardona allegó al expediente de reparación directa con radicado
17001-33-33-001-2017-00046-0036, un poder para representar al INVAMA.
98. Posteriormente, el Juzgado Primero Administrativo de Manizales profirió sentencia
de primera instancia el 16 de julio de 2024; sin embargo, en dicha decisión no se
reconoció personería para actuar al abogado Jhonatan Zuluaga Cardona.
99.
Tampoco se observa que el abogado Zuluaga Cardona haya ejercido alguna
actuación afirmativa en beneficio de los intereses de la entidad que representaba, pues
a partir de las actuaciones registradas en el expediente de reparación directa no es
posible advertir que el mencionado abogado hubiese aportado algún memorial o
escrito para procurar la defensa de la institución.
100. En efecto, la actuación inmediata a la sentencia de primera instancia y con mayor

relevancia para la defensa de la entidad fue el recurso de apelación oportunamente
presentado por el abogado Leonardo Restrepo Duque. No obstante, el Juzgado
Primero Administrativo de Manizales, por auto del 9 de agosto de 2024 no concedió el
recurso, al considerar lo siguiente:

De otro lado, revisado el expediente se evidencia que la entidad demandada INVAMA de
manera oportuna presentó recurso de apelación en contra de la sentencia proferida el 16
de julio de 2024, dicho recurso fue interpuesto por el Dr. Leonardo Restrepo Duque, sin
embargo, en el expediente no obra poder otorgado a dicho profesional para representar a
la entidad demandada; destacándose que al examinar el cartulario se encontró que el día
9 de julio del presente año se confirió poder en legal forma al Dr. Jhonatan Zuluaga
Cardona, con lo cual en los términos del artículo 76 del C.G.P. se dieron por terminados
los poderes otorgados con anterioridad al mismo.

Así las cosas, al no encontrarse poder alguno que revoque el conferido al Dr. Zuluaga
Cardona y que en el memorial que contiene el recurso de apelación no se observa la
concesión de un nuevo poder al Dr. Restrepo Duque, NO SE CONCEDE el recurso de
apelación presentado alegando la representación de la entidad demandada INVAMA.

101.
Ante dicha situación, el abogado Leonardo Restrepo Duque radicó recursos de
reposición y, en subsidio el de queja en contra del auto del 9 de agosto de 2024 y, en
esta oportunidad allegó un escrito a través del cual el representante legal del INVAMA
le otorgó poder para actuar en nombre de la entidad y ratificaba las actuaciones
realizadas por el referido apoderado. Adicionalmente, se aportó el documento del 3 de
mayo de 2024.
102. El Juzgado Primero Administrativo de Manizales, a través de auto del 5 de febrero

de 2025, revolvió no reponer la providencia recurrida y concedió el recurso de queja
ante el Tribunal Administrativo de Caldas, el cual fue decidido por medio de la
providencia del 27 de mayo de 2025, en el sentido de estimar bien rechazado el
recurso de apelación.

36
Samai, exp. 17001-33-33-001-2017-00046-00, índice 28.

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103. Bajo este contexto, es pertinente precisar que, si bien el abogado Jhonatan
Zuluaga Cardona allegó un poder el 9 de julio de 2024, este hecho por sí solo no
permite concluir que el mencionado profesional del derecho se encontraba
exclusivamente autorizado por el INVAMA para ejercer la representación judicial de la
entidad, pues no se puede desconocer que existía un poder otorgado desde el 3 de
mayo de 2024 que facultó tanto Leonardo Restrepo Duque como al señor Zuluaga
Cardona para realizar la defensa técnica de la entidad.
104. En este sentido, es dable inferir que el mandato otorgado el 9 de julio de 2024 al

abogado Jhonatan Zuluaga Cardona reiteró las facultades que se le concedieron para
representar al INVAMA en el proceso de reparación directa con radicado 17001-33-33-
001-2017-00046-00, con el documento del 3 de mayo de 2024, toda vez que no se
trataba de un apoderado nuevo o distinto a los allí enunciados, por lo que no era dable
concluir que se revocó o se limitó el ejercicio profesional del señor Restrepo Duque.
105. En este orden de ideas, cabe recordar que la intención del INVAMA era que los

abogados Leonardo Restrepo Duque y Jhonatan Zuluaga Cardona ejercieran la
defensa judicial de la entidad, pues el escrito del 3 de mayo de 2024 cobijaba a los
dos apoderados, por lo que era posible que ambos profesionales del derecho actuaran
en el proceso.
106. De acuerdo con lo expuesto, se entiende que Leonardo Restrepo Duque estaba

facultado para presentar el recurso de apelación, pues contaba con un poder otorgado
específicamente para defender los intereses jurídicos de la entidad demandada en el
proceso contencioso-administrativo, la cual resultó vencida en el trámite de primera
instancia.
107. Así pues, conviene mencionar que el mandato aportado por el abogado Jhonatan

Zuluaga Cardona no podía revocar ni permitía considerar como no presentada la
apelación que radicó el señor Leonardo Restrepo Duque, pues no se puede
desconocer que, con el escrito del 14 de agosto de 2025, el representante legal del
INVAMA reiteró sus facultades y manifestó que ratificaba las actuaciones desarrolladas
por el apoderado Restrepo Duque.
108. Por otra parte, cabe señalar que la presentación del recurso de apelación no

infringió la prohibición establecida en el artículo 75 del C.G.P, que impide la
intervención simultánea de dos o más apoderados judiciales en una misma actuación
procesal. En este caso, no se presentó una actuación simultánea, pues el recurso fue
presentado únicamente por el señor Leonardo Restrepo Duque durante el desarrollo
del proceso.
109. En este orden de ideas, se advierte que el Tribunal Administrativo de Caldas, al

proferir el auto del 27 de mayo de 2025, mediante el cual estimó bien rechazado el
recurso de apelación presentado por el INVAMA, efectuó un análisis restringido de los
documentos obrantes en el expediente, pues se limitó a analizar el poder aportado por
el abogado Leonardo Restrepo Duque, el 14 de agosto de 2024, para concluir que
este fue allegado «con posterioridad a la sentencia de primera instancia (16 de julio
de 2024), e incluso, después de expedida la providencia que negó conceder el recurso
de apelación a Invama (9 de agosto de 2024)» y, en consecuencia, el referido
apoderado no se encontraba facultado para representar a la entidad. Adicionalmente,

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indicó que la comunicación del 3 de mayo de 2024 no se encontraba en el expediente
y que tampoco lo aportó con el referido escrito del mes de agosto.
110. Al respecto, es pertinente advertir que, si bien le asiste razón al Tribunal al indicar

que el correo del 3 de mayo de 2024 no obraba en el expediente al momento de la
presentación del recurso de apelación, también es cierto que en el curso del trámite
procesal y previo a expedirse el auto que resolvió la queja se aportó el referido
documento con el cual se podía observar que los señores Leonardo Restrepo Duque
y Jhonatan Zuluaga Cardona eran los apoderados del INVAMA y se encontraban
facultados para ejercer su representación judicial.
111.
De este modo, se tiene que la providencia objeto de tutela omitió valorar y darle
un alcance probatorio al documento del 3 de mayo de 2024, lo cual derivó en una
aplicación restrictiva del derecho de postulación y afectó el derecho a la doble
instancia de la parte demandada, que vale la pena recordar resultó vencida en el fallo
de primera instancia.
112. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha precisado que: «El principio

de la doble instancia es un elemento fundamental del derecho al debido proceso.
Dicho principio se materializa, principalmente, mediante el recurso de apelación o de
impugnación, toda vez que permite controvertir una decisión judicial por parte de quien
tiene interés en ella o le resulta desfavorable, para que sea revisada por parte del
superior jerárquico. Por su relevancia e intrínseca relación con el debido proceso, la
Corte le ha reconocido a la doble instancia una triple condición: derecho, garantía y
principio37».
113. En suma, el principio de doble instancia permite hacer efectivo el derecho de

acceso a la administración de justicia, toda vez que a través de este se desarrollan
«[…] otros derechos que se garantizan mediante la interposición de los recursos
legales, como los de contradicción, defensa y debido proceso». Así pues, dada la
relevancia constitucional que tienen estas prerrogativas, es un deber del así pues
«adelantar las actuaciones necesarias a fin de que el recurrente incorpore al proceso
aquello que la autoridad judicial respectiva considere necesario para poder resolver
de fondo el recurso interpuesto»38.
114. Conforme lo anterior, es claro que si la autoridad judicial tiene alguna duda acerca
de la legitimidad del recurrente o la procedencia del recurso no solo puede apoyarse
en el material que obra dentro del expediente, sino que además puede desarrollar
todas las actuaciones que le permitan superar la falta de certeza y dar trámite a la
respectiva instancia procesal, con el fin de asegurar la efectividad de los referidos
derechos fundamentales y la materialización del derecho sustancial.
115. En cuanto a la procedencia del recurso de apelación como una expresión del

principio de la doble instancia y su importancia en la garantía de los derechos al debido

37
Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2015. Su condición de derecho se explica porque “cuando el ordenamiento jurídico le
confiere a una persona la potestad o prerrogativa de hacer uso de un recurso contra una providencia judicial, ante el superior
jerárquico que la profirió; este sujeto está en la posibilidad de hacer efectivo dicho poder”. Su condición de garantía, al
“salvaguardar bienes más caros al ordenamiento como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia o la credibilidad
y confianza de la administración de justicia”. Y su condición de principio, toda vez que “orienta la lectura las disposiciones
procesales y, en particular las disposiciones de orden sancionatorio”.
38
Corte Constitucional. Auto 253 de 2013. En el mismo sentido, se encuentra el Auto 220 de 2012.

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proceso y al acceso a la administración de justicia, la Corte Constitucional39 ha
explicado lo siguiente:

«Los recursos judiciales en general, son considerados por la jurisprudencia
constitucional como herramientas que contribuyen a preservar el principio de legalidad
y la integridad en la aplicación del derecho, pues permiten a las partes solicitar la
corrección de los yerros en que pueda incurrir una autoridad en la adopción de una
determinada decisión judicial40. Conforme a ello, la Corte41 ha entendido que la doble
instancia constituye una garantía general contra la arbitrariedad y se presenta como un
mecanismo para la corrección de los errores en que pueda incurrir la autoridad de primer
grado.

En este sentido, se estimó por este Tribunal que el derecho a la doble instancia, como
derecho de rango constitucional, tiene una relación estrecha con el derecho de defensa,
pues es a través de los recursos judiciales, como mecanismos idóneos que se «(i)
garantiza la protección de los derechos e intereses de quienes acceden al aparato
estatal; (ii) permite que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por
otro funcionario de la misma naturaleza y de más alta jerarquía; (iii) amplía la
deliberación sobre la controversia; y (iv) evita la configuración de yerros judiciales al
incrementar la probabilidad de acierto de la justicia como servicio público» 42.

Así las cosas, es preciso recordar que esta Corporación ha explicado que el recurso de
apelación materializa la garantía de la doble instancia que supone un elemento cardinal
del derecho al debido proceso que, a su vez, «tiene relevancia en el acceso a la
administración de justicia, toda vez que permite la controversia de una decisión judicial
por parte de quien tiene interés en ella o le resulta desfavorable, para que sea revisada
por parte del superior jerárquico»43».

116. En este orden de ideas, la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas
desestimó el recurso de apelación interpuesto por el INVAMA, a partir de una
observancia de los documentos que se aportaron al expediente y desconoció el
ejercicio de postulación que le asistía al abogado Leonardo Restrepo Duque. De este
modo, incurrió en un defecto fáctico y lesionó las garantías fundamentales de la
accionante, por cuando dejó de valorar en su integridad las piezas procesales obrantes
en el expediente de reparación directa.
117. El Tribunal omitió efectuar un análisis integral de los documentos que hacían parte

del expediente, es decir, los escritos del 3 de mayo, 9 de julio de 2024 y 14 de agosto
de 2025, para verificar la voluntad de la entidad demandada respecto de los
apoderados que se encontraban facultados para ejercer la representación judicial del
INVAMA y constatar que el derecho de postulación del señor Leonardo Restrepo Duque
fue concedido con anterioridad al fallo de primera instancia.
118. Adicionalmente, se considera que la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas

desconoció el postulado de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución44, por
cuanto no le dio credibilidad a la ratificación que hizo el representante legal del INVAMA
a las actuaciones desarrolladas por el abogado Leonardo Restrepo Duque

39
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2023.
40
Corte Constitucional. Sentencia C-095 de 2003.
41
Corte Constitucional. Sentencia C-718 de 2012.
42
Consultar, entre otras, las Sentencias C-384 de 2000 y C-213 de 2007.
43
Corte Constitucional. Sentencia SU-418 de 2019.
44
“Artículo 83: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena
fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

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relacionadas con la defensa técnica de la entidad.
119. En suma, la Sala concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas vulneró los derechos fundamentales invocados por la
accionante, en cuanto desconoció las garantías del debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, ya que restringió la procedencia del recurso de apelación
propuesto por la tutelante en contra de la sentencia del 16 de julio de 2024, proferida
por el Juzgado Primero Administrativo de Manizales.

IV. CONCLUSIONES
120.
Por las razones anotadas en esta providencia, la Subsección revocará la sentencia
del 11 de agosto de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. En su lugar, amparará los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del INVAMA y dejará sin efectos la providencia del 27 de mayo
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.
121. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un término

de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia emita
una nueva providencia, en la que decida el recurso de queja interpuesto por la parte
demandada dentro del expediente con radicado núm. 17001-33-33-001-2017-00046-
02, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta providencia.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de agosto de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, CONCEDER el amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia del INVAMA, por los motivos expuestos en esta decisión.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 27 de mayo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del expediente con radicado núm.
17001-33-33-001-2017-00046-02, en atención a las razones expresadas en esta
sentencia.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caldas que, en el término de
quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera
una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta
providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV

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