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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03873-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03873-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 7 de noviembre de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03873-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03873-01
Accionantes: Amiro Rafael Amara Ditta y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Prima de antigüedad creada por entidad territorial carente de competencia.
Instituto jurídico de la cosa juzgada. CONFIRMA-NEGATIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 7 de noviembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, a través de la cual negó el amparo.

ANTECEDENTES

Los señores Amiro Rafael Amara Ditta, Adolfo Jesús Alfaro Torres, Armando Rafael
Ferreira Buelvas, Elizabeth Castilla Britto, Elizabeth Matilde Solis Yepes, Eloisa
Mercedes Mendoza Morales, Elsy Graciela Barraza Orozco, Eneida Esther Oñate
Ustariz, Irian Del Carmen Rodríguez Diaz, Lucy Inés Álvarez Celedón, Maria De Las
Nieves López Pacheco, María Teresa Grau Castañeda, Martha Rosa Rodelo Castro
y Nancy Celinda Ballesteros pretenden que se protejan sus derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia; los cuales consideran vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Cesar, con la sentencia proferida el 27 de marzo de 2025
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al que se le asignó
el número de radicado 20001-33-33-002-2020-00038-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

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Los accionantes narraron que son empleados administrativos de las instituciones
educativas del municipio de Valledupar y durante 10 años percibieron
mensualmente y de forma pacífica la prima de antigüedad, otorgada mediante el
Acuerdo 13 de 1983 proferido por el Concejo Municipal de Valledupar.

Que, a raíz de una demanda de nulidad simple instaurada en contra del Acuerdo
señalado, proceso al que se le asignó el número de radicado 20001-23-31-004-
2011-00290-00, el 14 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo del Cesar
declaró su nulidad, por haber sido expedido por una autoridad que no era
competente, con la aclaración de que las primas de antigüedad que hubieran sido
reconocidas con anterioridad a esa declaratoria tenían que seguirse pagando a sus
beneficiarios.

Que continuaron percibiendo la prima de antigüedad hasta enero de 2018, cuando
el municipio de Valledupar dejó de cumplir el fallo judicial y suspendió el pago
mensual de la prima de antigüedad.

Que requirieron dicho pago, pero mediante la Resolución 002370 del 21 de octubre
de 2019, el municipio de Valledupar lo negó, por lo que instauraron demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Valledupar,
Secretaría de Educación.

Que el 2 de noviembre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar
negó las pretensiones porque determinó que el Concejo Municipal no era
competente para crear la prima y, en esa medida, su goce era inconstitucional e
ilegal, por lo que interpusieron recurso de apelación.

Que el 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la
sentencia, debido a que la prima reclamada no podía reconocerse por provenir de
un acuerdo municipal declarado nulo y a que el acto acusado no podía ser analizado
para confrontarlo con la sentencia del 14 de marzo de 2013, pues ello desconocería
la intangibilidad de la cosa juzgada.

Consideran que el Tribunal desconoció su propio fallo, esto es, el proferido el 14 de
marzo de 2013 en el proceso de nulidad, puntualmente su ordinal tercero, en el que
se ordenó la continuidad del pago de la prima de antigüedad a los funcionarios que
la venían percibiendo antes de la declaratoria de nulidad del Acuerdo 013 de 1983,
a pesar de que había hecho tránsito a cosa juzgada, por lo que su contenido y
órdenes son inmodificables, de conformidad con la Constitución, la ley y la
jurisprudencia.

PRETENSIONES

Los accionantes solicitaron que se deje sin efectos la sentencia del 27 de marzo de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, se le ordene
dictar una decisión de reemplazo, en la que respete el debido proceso y la cosa
juzgada.

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 1 de julio de 2025 se admitió la acción; se vinculó al municipio de Valledupar,
Secretaría de Educación Municipal, como tercero con interés; y se corrió el traslado
respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Cesar indicó que se acogía y reiteraba los
fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial desarrollados en la
sentencia discutida en esta sede.

POSICIÓN DEL VINCULADO

El municipio de Valledupar manifestó su oposición a las pretensiones, pues la
negativa de reconocer la prima de antigüedad encuentra respaldo en el Concepto
2302 de 2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, según
el cual las primas extralegales creadas por entidades territoriales a partir del Acto
Legislativo 1 de 1968 no pueden ser pagadas. En consecuencia, solicitó declarar la
ausencia de vulneración de derechos fundamentales y su desvinculación.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 7 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
negó el amparo solicitado porque determinó que el Tribunal accionado no
desconoció que la sentencia del 14 de marzo de 2013 tenía efectos erga omnes y
precisó que en dicha providencia se protegieron los derechos adquiridos,
caracterizados por tener justo título, por lo que la Resolución 002370 del 21 de
octubre de 2019 gozaba de presunción de legalidad.

Afirmó que no era jurídicamente viable invocar derechos adquiridos cuando su
origen estaba en actos administrativos expedidos en abierta contradicción con la
Constitución y la ley, por lo cual la percepción de pagos salvaguardados en un acto
carente de competencia, como era el caso del Acuerdo 13 de 1983, no convertía en
legítimos sus efectos ni otorgaba respaldo jurídico a las sumas recibidas por los
interesados.

Concluyó que el Tribunal accionado no incurrió en un defecto sustantivo1, en la
medida que su interpretación fue razonada, pues atendió al marco constitucional y
legal que regula la competencia de las entidades territoriales para fijar prestaciones
sociales; atendió al alcance de la sentencia de nulidad, la cual protegió los pagos
de la prima efectuados antes de su expedición, siempre que estuvieran acorde con
el ordenamiento jurídico, postura acorde con la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado; y no vulneró los derechos fundamentales de los
solicitantes del amparo.

1 La Subsección estimó que el defecto sustantivo era el que se adecuaba a los argumentos del accionante.

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IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que esta se limitó a reiterar las
consideraciones expuestas en las decisiones adoptadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, esto es, que ni los concejos municipales ni las
asambleas departamentales pueden, legal y constitucionalmente crear beneficios
laborales constitutivos de factores salariales o prestacionales, pero sin tener en
cuenta que en la sentencia del 14 de marzo de 2013, la cual hizo tránsito a cosa
juzgada, se ampararon los derechos adquiridos, por lo que debían continuar
percibiendo la prima de antigüedad.

Indicó que, para soportar su posición, en el fallo de tutela se citaron unas sentencias
del Consejo de Estado que resolvieron un recurso de apelación, pero se desconoció
que la decisión del 14 de marzo de 2013 no fue recurrida, por lo que no se trataba
de las mismas circunstancias, pues esta última quedó en firme, por lo que era
inmutable, especialmente la orden sobre la continuidad en la percepción de la prima
de antigüedad, sin que resulte ahora procedente incluir una argumentación que en
su momento no se efectuó.

Que si el Ministerio de Educación no estaba de acuerdo con la sentencia del 14 de
marzo de 2013, debió instaurar la acción extraordinaria de revisión, como lo hizo la
Contraloría General de la República en el proceso con radicado 11001-03-25-000-
2018-00530-00, el cual, en todo caso, fue declarado infundado y en el que se
determinó que la decisión adoptada en esa oportunidad por el Tribunal solo tenía
por finalidad respetar el principio de intangibilidad de las situaciones consolidadas
conforme a derecho.

Por lo tanto, solicitó acceder a las pretensiones, afirmando que la sentencia
discutida es violatoria de la cosa juzgada y la inmutabilidad de las sentencias,
acorde con los artículos 189 de la Ley 1437 de 2011 y 303 del Código General del
Proceso.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

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perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones [...].

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable [...]

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. [...]

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...]»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...]

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se

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Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. [...]

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»4

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada5.

[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”6. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, [...] Si el juez
constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una
entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela7»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

4
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-074 de 2022.
7
Sentencia SU-072 de 2018.

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Análisis del caso concreto

Esta Subsección encuentra reunidos los requisitos generales de procedencia de la
tutela, en los mismos términos expuestos en la sentencia de primera instancia y
debido a que no son objeto de discusión en esta sede, se procederá al análisis de
la configuración del defecto sustantivo en la sentencia del 27 de marzo de 2025 aquí
discutida, previo recuento de los razonamientos de la autoridad judicial accionada.

En la providencia objeto de esta acción, inicialmente el Tribunal Administrativo del
Cesar aclaró que la competencia de las corporaciones públicas territoriales en
materia salarial estaba limitada a la fijación de las escalas salariales de los
empleados públicos, de acuerdo con los límites definidos por el Gobierno Nacional,
por lo cual el 14 de marzo de 2013 profirió sentencia en la que declaró la nulidad
del Acuerdo 13 de 1983 mediante el cual, el Concejo Municipal de Valledupar creó
la prima de antigüedad para los empleados municipales, por carecer de
competencia para ese efecto.

Aclarado el aspecto precedente, la autoridad judicial analizó el argumento en el cual
se centra la presente acción, esto es, que los accionantes tenían derecho a
continuar percibiendo la prima de antigüedad, debido a que así se ordenó en la
sentencia del 14 de marzo de 2013, que hizo tránsito a cosa juzgada.

Al respecto, consideró que dicha decisión gozaba de intangibilidad, al no haber sido
recurrida y haber cobrado ejecutoria; además, evidenció que en ella, puntualmente,
en su ordinal tercero, se estableció que «las primas de antigüedad que hayan sido
reconocidas con anterioridad a la declaratoria de nulidad que se efectúa por medio
de esta providencia, deberán seguirse cancelando a sus beneficiarios, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa», lo que, a su juicio, implicaba
que protegió derechos adquiridos con un título justo, esto es, conforme a derecho,
lo que excluía los derechos reconocidos en actos administrativos expedidos con
violación al régimen jurídico vigente.

Para fundamentar dicha postura, el Tribunal aludió a la parte considerativa de la
sentencia del 14 de marzo de 2013, en la que se expuso que «el principio de
intangibilidad de las situaciones consolidadas, conforme a derecho (artículo 58 del
C.P.) y el reconocimiento de la seguridad jurídica como valor esencial del Estado
social del derecho, matizan los efectos de la nulidad de los actos administrativos de
carácter general, el cual se proyecta únicamente sobre los asuntos que se
encuentren sin resolver, respetando así aquellas situaciones resueltas y
ejecutoriadas».

El análisis precedente llevó a la autoridad judicial a concluir que el acto demandado
no vulneraba las normas jurídicas invocadas en la demanda como transgredidas,
pues mediante este se decidió no pagar la prima de antigüedad creada mediante el
Acuerdo 0013 de 1983 por ir en contra del ordenamiento jurídico.

En este punto, debe aclararse que, si bien dicha autoridad también enfocó su
postura de negar las pretensiones en la tesis según la cual a través del medio de

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control de nulidad y restablecimiento del derecho, el acto discutido no podía ser
confrontado con la sentencia del año 2013 proferida por ese Tribunal, pues existían
otros medios para ese efecto, lo cierto es que en últimas sí se pronunció sobre el
contenido de esa decisión, por lo cual para efectos de esta acción, esta última
determinación carece de relevancia, en tanto este aspecto no es el discutido por los
accionantes, sino el desconocimiento de la cosa juzgada de la que gozaba dicha
decisión judicial.

Precisado lo anterior, esta Subsección observa que el Tribunal Administrativo del
Cesar justificó su decisión en un análisis integral de la sentencia del 13 de marzo
de 2014, no solo de su parte resolutiva, sino también de lo expuesto en la parte
considerativa, pues en el ordinal que se protegieron los derechos adquiridos, se
aclaró que esa salvaguarda sería acorde a lo expuesto en esa decisión judicial, lo
que exigía un estudio de la totalidad del contenido de la providencia, y no solo una
lectura aislada del ordinal tercero.

En esa medida, se observa que la decisión adoptada no puede ser calificada como
irrazonable o arbitraria por transgredir la institución procesal de la cosa juzgada,
pues obedeció al ejercicio de autonomía e independencia judicial que caracteriza la
labor del juez como administrador de justicia, el cual garantiza un margen de libertad
en la interpretación efectuada en sus providencias, que no puede ser objeto de
reproche constitucional, siempre y cuando esté razonablemente soportada, desde
la perspectiva fáctica y jurídica, como ocurre en el caso bajo estudio.

Ciertamente, se evidencia que el Tribunal examinó la controversia planteada,
conforme a la lectura coherente y justificada que realizó de la providencia judicial
con base en la cual se alegó por parte de los demandantes que tenían derecho a
continuar percibiendo la prima de antigüedad, en la que expresamente se adujo que
los efectos de la nulidad debían ser fijados atendiendo a las situaciones
consolidadas conforme a derecho, acorde con el artículo 58 de la Constitución.

En ese orden de ideas, se colige que no hay lugar al amparo solicitado, por lo cual
se confirmará la sentencia del 7 de noviembre de 2025 proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 7 de noviembre de 2025 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó el amparo
solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

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Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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