Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00530-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00530-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00530-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00530-00 (1901-2018)
Accionante: Contraloría General de la República
Vinculados: Ministerio de Educación Nacional; Concejo Municipal de
Valledupar y Sindicato de Trabajadores Públicos de la Alcaldía
de Valledupar
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. En esta oportunidad se decidirá la acción especial de revisión1 consagrada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentada por la Contraloría General de la
República en contra de la sentencia de fecha 14 de marzo de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar dentro de la acción de nulidad radicada 20-001-
23-31-004-2011-00290-00.
II. ANTECEDENTES
2. Del proceso ordinario que originó el presente recurso.
3. La demanda2. En ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84
del Código Contencioso Administrativo, el Ministerio de Educación Nacional solicitó
la nulidad de la totalidad del Acuerdo 13 de 14 de abril de 1983, a través del cual el
Concejo Municipal de Valledupar creó la prima de antigüedad para los empleados
vinculados a ese ente territorial3.
4. Con tales propósitos alegó, en esencia, que el Concejo Municipal de Valledupar
carecía de competencia para emitir el citado acuerdo. Lo anterior, en razón a que
las reglas contenidas en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución Política, en consonancia con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 4.ª
de 1992, son claras al establecer que el régimen salarial y prestacional de todos los
1
Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-
25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Ver índice 50 de la plataforma SAMAI (link ONE DRIVE), documento denominado «01ExpedienteRad2011-
00290 (1)», folios 7-14.
3 El artículo 1.° de ese dispositivo estableció «[c]réase la Prima de Antigüedad para los empleados Municipales,
que hayan cumplido cinco (5) años o más de trabajo continuo, al servicio del Municipio de Valledupar.»
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Demandante: Contraloría General de la República
servidores del Estado solo puede ser fijado por el Congreso de la República y el
Gobierno Nacional.
5. La sentencia de primera instancia4. El 14 de marzo de 2013, el Tribunal
Administrativo del Cesar emitió sentencia en la que concedió las súplicas de la
demanda.
6. Con tales fines, expresó que la Constitución Política de 1886 -norma vigente a la
fecha de expedición del Acuerdo demandado- le atribuyó al legislador y al
presidente de la República la competencia exclusiva para fijar el régimen salarial y
prestacional de todos los servidores públicos -numeral 9.° del artículo 76 y numeral
21 del artículo 120 ejusdem-. Por tanto, aseguró que no era procedente reconocer
que las autoridades locales detentaban tales facultades.
7. Al compás de lo anterior, concluyó que el Concejo Municipal de Valledupar
carecía de competencia para emitir el Acuerdo 13 de 14 de abril de 1983, pues a
través de él creó la prima de antigüedad para los empleados municipales, estipendio
que hace parte del régimen salarial de los servidores públicos.
8. En consecuencia, declaró la nulidad de ese acto administrativo. Sin embargo, y
luego de invocar el principio de intangibilidad derivado de los derechos adquiridos,
así como el postulado de seguridad jurídica, señaló que los efectos de tal decisión
no podían cobijar los actos administrativos particulares a través de los cuales la
administración municipal reconoció a sus empleados la prima de antigüedad, por lo
que estas deberían seguirse cancelando.
9. De la acción especial de revisión5. La Contraloría General de la República
recurrió la orden impartida en el ordinal tercero6 de la sentencia de marras, para lo
cual invocó las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20037.
10. En lo que corresponde a la primera causal «[c]uando el reconocimiento se
haya obtenido con violación al debido proceso», alegó que el Tribunal
4 Ver índice 50 de la plataforma SAMAI (link ONE DRIVE), documento denominado «01ExpedienteRad2011-
00290 (1)», folios 94-109.
5
El recurso fue presentado personalmente en la secretaría de la Sección Segunda de esta corporación el día
14 de marzo de 2018 (ver folios 21-33).
6 Según la cual «[l]as primas de antigüedad que hayan sido reconocidas con anterioridad a la declaratoria de
nulidad que se efectúa por medio de esta providencia, deberán seguirse cancelando a sus beneficiarios, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.»
7 «ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el
recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
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Demandante: Contraloría General de la República
Administrativo del Cesar vulneró directamente las disposiciones contenidas en las
Constituciones Políticas de los años 1886 y 1991 que, al unísono, prohíben a las
autoridades territoriales fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos.
11. Por tanto, al evidenciar esa contradicción normativa, no podía ordenar la
continuidad del pago de las primas de antigüedad reconocidas por la administración
municipal de Valledupar con anterioridad a la reseñada sentencia de anulación,
pregonando el respeto de situaciones jurídicas consolidadas o, lo que es lo mismo,
de derechos adquiridos.
12. En lo que concierne a la segunda causal «[c] uando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», adujo que, con la citada decisión,
esto es, con la continuidad del pago de ese factor salarial, el tribunal reconoció un
derecho en exceso de los límites previstos en la ley y, de contera, consolidó unas
situaciones jurídicas a partir de actos administrativos inconstitucionales e ilegales,
cuando el Consejo de Estado ha indicado totalmente lo contrario -sentencias
dictadas en los radicados internos 2606 de 2007, 1771 de 2008, 1552 de 2010, entre
otros-.
13. Oposición. Al presente trámite fueron vinculados el Ministerio de Educación
Nacional, el Concejo Municipal de Valledupar y el Sindicato de Trabajadores
Públicos de la Alcaldía de Valledupar. Sin embargo, dentro del término concedido
no se pronunciaron frente a la acción en cita.
III. CONSIDERACIONES
14. Competencia. Por tratarse de una providencia ejecutoriada dictada por un
tribunal administrativo, la subsección es competente para conocer la acción especial
de revisión presentada en contra de aquella, de conformidad con lo establecido en
el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011.
15. De la oportunidad para interponer la acción. El artículo 20 de la Ley 797 de
2003 estableció que la solicitud de revisión podía presentarse «en cualquier
tiempo». Sin embargo, en sentencia C-835 de 20038, la Corte Constitucional en la
declaró la inexequibilidad de dicha expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20
acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción
que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187
del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo
8
En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el
artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al
acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o
dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza
vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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Demandante: Contraloría General de la República
32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a
partir de este fallo [...]».
16. Por lo que sigue, es claro que el plazo para presentar la señalada acción es el
regulado en el inciso final del artículo 251 del C.P.A.C.A., del siguiente tenor literal:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio.»
17. En el presente asunto, la cuestionada decisión judicial quedó ejecutoriada el 12
de abril de 20139 y la acción especial de revisión fue radicada en la secretaría de la
Sección Segunda de esta corporación el 14 de marzo de 2018, esto es, dentro del
término arriba señalado, razón suficiente para concluir que no operó el fenómeno
de la caducidad.
18. Problema jurídico. Corresponde establecer sí ¿La sentencia recurrida incurrió
en las causales de revisión contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 y, por tanto, amerita ser anulada?
19. Con tales fines, se reseñará la naturaleza y objeto de la acción especial de
revisión, así como el contenido y alcance de las causales arriba señaladas.
20. La naturaleza y objeto de la acción especial de Revisión. El artículo 248 de
la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos.»
21. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, por su naturaleza, la
acción especial de revisión es un medio judicial de impugnación que, por excepción,
no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las providencias que
han adquirido la connotación de cosa juzgada.
22. Lo anterior, en razón a que puede ser dirigido en contra de las sentencias
ejecutoriadas proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la
jurisdicción de lo contencioso administrativo -jueces y tribunales administrativos, así
como las subsecciones y secciones de esta corporación-.
23. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero
9 Ver índice 50 de la plataforma SAMAI (link ONE DRIVE), documento denominado «01ExpedienteRad2011-
00290 (1)», folio 110.
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que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa
juzgada. En sentencia de 3 de marzo de 2020,3 la Sala Décima Especial de Revisión
de este Tribunal, expresó:
«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.
43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI
Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación
excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e
infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir
en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».4
44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la
doctrina5 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera
excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa
juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado,
siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.6
45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».7
24. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;
iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso
sometido a juicio.
25. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia de la acción y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre
una argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre
los fundamentos y la causal alegada.8 En la sentencia que se viene citando, esta
corporación expresó:
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
del juez9 o para corregir errores «in iudicando»10, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
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falsos o adulterados11-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la
aparición de una persona con mejor derecho12-, o fueron sobrevinientes a la decisión
y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal
cuarta,13- o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una
nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación14-.
47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la
obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese
formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y,
especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni
pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio
del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».15
26. Ahora bien, es claro que la solicitud de revisión contemplada en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye, si se quiere, en una variante del recurso
extraordinario en estudio, por lo que ha sido catalogada como acción de naturaleza
especial10, con algunas diferencias en cuanto a su finalidad y legitimación en la
causa por activa.
27. En efecto, su finalidad apunta a controvertir las providencias judiciales que
reconocen obligaciones de cubrir sumas periódicas de dinero y/o pensiones de
cualquier naturaleza que deban ser pagadas con cargo al tesoro público y/o a
fondos del mismo carácter11. Así mismo, tal mecanismo de defensa podrá ser
activado cuando tales reconocimientos emanen de acuerdos transaccionales o de
conciliaciones judiciales y/o extrajudiciales.
28. Por su parte, la legitimación en la causa por activa estará en cabeza de un
sujeto calificado que no intervino en el trámite del proceso ordinario y/o de la
conciliación judicial o extrajudicial12.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente N.° 11001-03-25-000-
2012-00561-00 (2129-12) C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
11 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 10 de agosto 2017, expediente N.° 25000-23-25-000-2002-
05275-01, C.P. Dr. William Hernández Gómez.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 1.° de julio de 2016, expediente N.°
11001-03-25-000-2014-00238-00, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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29. Lo anterior, dado que en el artículo 20 ib.13 y en el ordinal 6.º del artículo 6.º del
Decreto 5021 de 200914, se facultó para presentar esta solicitud al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al
Contralor General de la República, al Procurador General de la Nación y a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
30. De las causales de revisión invocadas en este asunto. El artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
31. En general, esta corporación15 ha señado que estas causales constituyen una
herramienta útil para fortalecer el principio de moralidad administrativa y,
consecuentemente, corregir todos aquellos reconocimientos pensionales16
fraudulentos y en exceso de los topes previstos en las respectivas leyes y/o pactos
o convenciones colectivas de trabajo. Por tanto, se ha pregonado que «[…] el
principal objetivo de la introducción de las causales especiales para la acción era
garantizarle a la administración que pudiera insistir en un nuevo estudio de las
pensiones reconocidas de forma fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago
de cantidades injustas que afectaran gravemente al erario.17»
13 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
14
Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.
15 Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1.º de agosto de 2017, expediente N.° 11001-03-15-000-
2016-02022-00, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
16 Entiéndase también cualquier suma económica de naturaleza periódica reconocida con cargo a fondos
públicos, pues ellas también están comprendidas dentro del referido recurso.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 5 de noviembre de 2020, expediente N.°
11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
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32. En lo que respecta a la primera causal, esta corporación ha expresado que el
derecho fundamental al debido proceso fue erigido como garantía en la relación
existente entre el Estado y los asociados, de manera que exista equilibrio entre la
autoridad que aquél ejerce frente a la libertad con que el ciudadano acude a él
para hacer valer sus derechos18.
33. Por tanto, se ha venido señalando que las prerrogativas del debido proceso
corresponden a:
«[…]
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto
es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial
o administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a
la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a
que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la
garantía de non bis in ídem.»19
34. En consecuencia, se exige del peticionario no solo la invocación precisa de la
causal, sino también la sustentación clara de los elementos que estructuran la
alegada vulneración.
35. Por su parte, frente a la causal contenida en el literal b) del artículo en estudio,
este tribunal ha señalado que su establecimiento obedeció a la necesidad de «“[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en
el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]”», por lo que entre sus
principales propósitos se encuentra «[…] reducir el déficit fiscal y hacer del pensional
un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de
aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las
normas vigentes.»20
36. Se aclara que, aunque las referidas citas jurisprudenciales versan sobre
pensiones de jubilación, las consideraciones generales invocadas frente a las
causales en estudio son perfectamente aplicables a las «sumas periódicas de
dinero», en razón que ellas también hacen parte de la finalidad de la acción en
mención.
37. Resolución del caso concreto – interrogante único: ¿La sentencia recurrida
incurrió en las causales de revisión contenidas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 y, por tanto, amerita ser anulada?
18
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero
de 2019, expediente N.° 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV), C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
19 Ejusdem.
20 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 24 de marzo de 2020, expediente N.° 11001-03-25-000-
2019-00699-00 (5398-2019), C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
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38. La sala declarará infundada la acción especial de revisión, en razón a que en la
providencia cuestionada no se reconoció la aludida prima de antigüedad; amén de
que en aquel proceso ordinario nunca se debatió la legalidad de las decisiones
individuales a través de las cuales el ente territorial concedió a sus trabajadores las
aludidas sumas periódicas.
39. En efecto, recuérdese que, en esencia, la Contraloría General de la República
alegó que, con la decisión adoptada en el ordinal tercero de la sentencia de 14 de
marzo de 2013, el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró el derecho al debido
proceso -mediante el desconocimiento de las normas constitucionales que regulan
las competencias en materia de salarios y prestaciones sociales- y, además,
mantuvo y respaldó la prima de antigüedad creada en el Acuerdo 013 de 14 de abril
de 1983, a sabiendas de su inconstitucionalidad.
40. En el referido ordinal, el tribunal en cita declaró lo siguiente:
«TERCERO: Las primas de antigüedad que hayan sido reconocidas con
anterioridad a la declaratoria de nulidad que se efectúa por medio de esta
providencia, deberán seguirse cancelando a sus beneficiarios, de conformidad con
lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.»
41. Como se logra apreciar, la orden contenida en el transcrito ordinal no tiene el
alcance invocado por el órgano de control, esto es, el de reconocimiento de la prima
de antigüedad en favor de los empleados vinculados al municipio de Valledupar. Por
el contrario, la decisión allí concebida solo tuvo por finalidad respetar, en palabras
de ese tribunal «[…] el principio de intangibilidad de las situaciones consolidadas
conforme a derecho (artículo 58 C.P. y el reconocimiento de la seguridad jurídica
como valor esencial del Estado Social de Derecho […]».
42. En un caso similar, la Sala Sexta Especial de Decisión de esta corporación, en
sentencia de fecha 3 de noviembre de 202021, concluyó lo siguiente:
«[…] De manera que para la prosperidad de las causales del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, no es lo mismo el reconocimiento de una pensión a través de un acto
administrativo, que por medio de una sentencia; y mucho menos puede equipararse
una sentencia que niega las pretensiones de declarar la nulidad de un acto que
reconoce una pensión, con una sentencia que reconoce o decreta una prestación o
una pensión, para efectos de su estudio en sede del recurso extraordinario de
revisión.
Entonces, como la pensión fue reconocida por CAJANAL a través de un acto
administrativo, es claro que no puede hacerse el estudio de las causales de revisión
alegadas, puesto que ambas requieren que el reconocimiento de la pensión se haya
hecho en una sentencia, conciliación o transacción […]»
43. Por lo que sigue, es claro que la prima de antigüedad que ahora censura la
Contraloría General de la República no fue reconocida en la sentencia cuestionada,
sino en el Acuerdo 013 de 14 de abril de 1983 -nulitado en ella- y en los actos
21 Expediente N.° 11001-03-15-000-2020-03047-00 (REV), C.P. Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00064-00 (0065-2020)
Demandante: Contraloría General de la República
administrativos particulares emitidos por la alcaldía municipal de Valledupar que
materializaron el pago respectivo a sus empleados.
44. En consecuencia, se reitera, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión de la referencia.
45. Condena en costas. El concepto de las costas del proceso está relacionado
con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación judicial y
comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de
abogado o agencias del derecho22, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del
proceso23 y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos
y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación.
67. En atención a que el recurso fue presentado el 14 de marzo de 2018, debe darse
aplicación al artículo 188 del C.P.A.C.A. -sin la modificación introducida por la Ley
2080 de 2021-, del siguiente tenor literal:
«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.»
68. Ahora bien, no se puede atender únicamente a la naturaleza jurídica de la
entidad accionante para colegir que debe eximírsele de la imposición de condena
en costas, como bien lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-539 de 1999.
69. En esta línea, debe atenderse a las previsiones del artículo 365 del CGP, norma
aplicable en virtud del mismo artículo 188 en mención, en cuyos numerales 1.° y 8.°
dispone:
«ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a
las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación.»
70. En este contexto, y como quiera que ninguna de las entidades convocadas a
este trámite intervino en él, se concluye que no están probadas las costas, por lo
que no se impondrá ninguna condena al respecto.
22 Artículo 361 del Código General del Proceso.
23 Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00064-00 (0065-2020)
Demandante: Contraloría General de la República
46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por la Contraloría General de la República en contra de la sentencia de
14 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro de
la acción de nulidad con radicado 20-001-23-31-004-2011-00290-00.
SEGUNDO. Sin condena en costas, de conformidad con lo señalado en la parte
motiva.
TERCERO: EFECTUAR las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión
judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas
concordantes del Código General del Proceso.
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