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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2022-00048-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2022-00048-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la demanda presentada por Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo Cubillos Cudris contra la nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Valledupar, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai. Cuarto. Notificar esta decisión conforme con el artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. FNM 28

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2022-00048-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo Cubillos Cudris
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Valledupar

Temas: Prima de antigüedad. Modulación de efectos de las sentencias.
Cosa juzgada

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 13 de junio de 2024, por el Tribunal Administrativo del
Cesar, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo Cubillos Cudris presentaron demanda1
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-
administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad i) de la resolución del 15 de
diciembre de 2020 por medio de la cual el municipio de Valledupar negó la solicitud

1 Samai tribunales, índice 46, expediente digital, documento 39.
2 En lo que sigue CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
Cubillos Cudris

de reconocimiento y pago de la prima de antigüedad previamente suspendida; y ii)
el acto ficto o presunto negativo producto de la falta de respuesta a la petición
presentada el 27 de noviembre de 2020, en la que solicitaron al Ministerio de
Educación el reconocimiento de la prima de antigüedad previamente suspendida.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitaron i) la declaratoria de que las entidades demandadas les adeudaban la
prima de antigüedad creada mediante el Acuerdo 13 del 14 de abril de 1983 y
«reconocida» en la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar del 14 de marzo
de 2013, desde la fecha de su suspensión hasta su reactivación; ii) la reliquidación
de las demás prestaciones y emolumentos laborales afectados por constituir la
prima de antigüedad factor salarial, entre ellos, las primas de navidad, de
vacaciones, y de servicios, sobresueldos, cesantías y demás conceptos; iii) la
indexación de las sumas adeudadas; iv) el pago de intereses; v) el cumplimiento de
la sentencia en los términos previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA; y vi) la
condena en costas a las demandadas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Mediante el Acuerdo Municipal 013 del 14 de abril de 1983 expedido por el
Concejo Municipal de Valledupar se creó la prima de antigüedad a favor de los
empleados que hubieran cumplido 5 años o más de trabajo continuo.

3.2. Gustavo Cubillos Cudris fue nombrado docente de básica secundaria por la
gobernación del Cesar mediante Resolución 0001330 del 28 de abril de 1994.

3.3. Ivonne Lía Calderón Oliveros fue nombrada docente de básica secundaria por el
municipio de La Paz (Cesar) mediante Decreto 098 del 24 de agosto de 1994.

3.4. Desde enero de 2013 se les pagó la prima de antigüedad.

3.5. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante providencia del 14 de marzo de
20133, declaró la nulidad del Acuerdo 13 de 1983. La decisión no fue objeto de
recurso de apelación.

3.6. Enla referida providencia se dispuso que las primas de antigüedad ya
reconocidas debían continuar pagándose a sus beneficiarios.

3.7. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió el concepto

3 Con radicado 20001-1231-004-2011-00290-00.

2

Radicado: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
Cubillos Cudris

2302 del 18 de febrero de 2017, en el que señaló que el acuerdo que creó la prima
de antigüedad era “nulo”.

3.8. Con fundamento en dicho concepto, el Ministerio de Educación Nacional,
mediante Oficio 2017-EE-111697 del 7 de junio de 2017, ordenó suspender el pago
de la prima de antigüedad.

3.9. El 30 de noviembre de 20174 fue suspendido el pago de la prima de antigüedad
que recibían los demandantes.

3.10. El27 de noviembre de 2020 presentaron reclamación ante las entidades
demandadas, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la prima de
antigüedad dejada de percibir desde su suspensión, debidamente indexada con
intereses, así como la reliquidación de las demás prestaciones y emolumentos
laborales afectados por constituir dicho concepto un factor salarial.

3.11. El municipio de Valledupar, mediante comunicación del 15 de diciembre de
2020, negó la petición. A la fecha de presentación de la demanda, el Ministerio de
Educación Nacional no había dado respuesta.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 25, 53, 58, 83 y 85 de la Constitución
Política; 138, 161, 162, 164, y 166 a 175 del CPACA; y los decretos 1042 y 1045 de
1978.

5. En cuanto al concepto de violación manifestaron que la nulidad del Acuerdo 13 de
1983 solo había producido efectos respecto de situaciones futuras no consolidadas,
sin afectar las previamente definidas. Por ello, la sentencia anulatoria había
preservado los derechos de quienes ya percibían la prima de antigüedad y dispuso
la continuidad de su pago. En ese contexto, la suspensión del emolumento
contrariaba los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada e intangibilidad de las
sentencias ejecutoriadas, pues la prima de antigüedad constituía una situación
jurídica consolidada dentro de la relación laboral de los demandantes, amparada
por el principio de favorabilidad laboral y por la protección constitucional de los
derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores, de tal manera que no podía
suspenderse su pago ni negarse su reactivación.

1.2. Contestación de la demanda

4 Según consta en los desprendibles de pago en esta fecha le fue suspendido el pago de la prima

referida a la demandante y al demandante en diciembre siguiente.

3

Radicado: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
Cubillos Cudris

6. ElMinisterio de Educación Nacional se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente5:

6.1. La prima de antigüedad fue creada mediante el Acuerdo 13 del 14 de abril de
1983 del Concejo Municipal de Valledupar, el cual fue declarado nulo por el Tribunal
Administrativo del Cesar mediante sentencia del 14 de marzo de 2013, por falta de
competencia del ente territorial para crear factores salariales. Desde la expedición
del Acto Legislativo 1 de 1968, la facultad para fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos correspondía exclusivamente al legislador y al gobierno
nacional, y las entidades territoriales solo podían establecer escalas salariales, mas
no crear emolumentos o primas.

6.2. No podían alegarse derechos adquiridos respecto de beneficios creados con
infracción de la Constitución y la ley, pues de conformidad con el artículo 10 de la
Ley 4ª de 1992, todo régimen salarial o prestacional establecido en contravención
de dicha ley carecía de efectos jurídicos sin que ello implicara la consolidación de
derechos adquiridos. Bajo esa premisa, la prima de antigüedad no había
consolidado una situación jurídica amparada por un justo título y, por ende, no podía
reclamarse su reconocimiento ni su reanudación. De tal manera que, cualquier
disposición territorial que la sustentara podía ser inaplicada mediante la excepción
de inconstitucionalidad (artículo 4 superior) por tratarse de un acto expedido por una
autoridad carente de competencia constitucional.

6.3. Procedían las excepciones de:

6.3.1. Falta de legitimación en la causa por pasiva porque no era el llamado a
responder, porque no creó la prima de antigüedad ni ostentaba la calidad de
nominador de los docentes territoriales, pues la administración del personal docente
y administrativo correspondía a las entidades territoriales certificadas
(departamentos, distritos y municipios) en virtud del esquema de descentralización
educativa previsto en la Ley 715 de 2001;

6.3.2. Inconstitucionalidad (artículo 4 superior), en la medida en que el acto (Acuerdo
13 del 14 de abril de 1983) que sirvió de fundamento para el reconocimiento de la
prima de antigüedad contrariaba abiertamente la Constitución y la ley al haber sido
expedido sin competencia.

6.3.3. Inexistencia de derechos adquiridos ante el origen ilegal e inconstitucional del
emolumento reclamado;

5 Samai tribunales, índice 46, expediente digital, documentos 29 y 32.

4

Radicado: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
Cubillos Cudris

6.3.4. Cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación porque no había un
vínculo laboral pues no fungía como nominador;

6.3.5. Inexistencia de concepto de violación de los actos demandados, pues en la
demanda no había algún cargo concreto de nulidad contra dichos actos;

6.3.6. Inexistencia del derecho en la medida en que los demandantes no tenían
derecho a la prima de antigüedad creada por una autoridad sin competencia;

6.3.7. Prescripción de los periodos que no fueron reclamados dentro de los 3 años
siguientes a la exigibilidad del derecho; y

6.3.8. Genérica o innominada.

7. El municipio de Valledupar contestó la demanda con fundamento en lo
siguiente6:

7.1. La prima de antigüedad fue creada mediante el Acuerdo 13 del 14 de abril de
1983 del Concejo Municipal de Valledupar que fue anulado por el Tribunal
Administrativo del Cesar mediante sentencia del 14 de marzo de 2013, por falta de
competencia de la corporación territorial para crear factores salariales. Aunque en
esa providencia se dispuso la continuidad de su pago, la Contraloría General de la
República interpuso recurso extraordinario de revisión contra ese aparte de la
decisión, asunto que para ese momento se encontraba pendiente de resolución ante
el Consejo de Estado7.

7.2. Desde la expedición del Acto Legislativo 1 de 1968 y, con mayor claridad, a partir
de la Constitución de 1991 y de la Ley 4ª de 1992, la facultad para fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos correspondía exclusivamente al
legislador y al gobierno nacional, mientras que las entidades territoriales solo podían
fijar escalas salariales dentro de los límites legales, sin competencia para crear
primas o emolumentos extralegales. Bajo esa premisa, la prima de antigüedad
carecía de sustento constitucional y legal, razón por la cual no podía producir
efectos jurídicos.

7.3. Procedían las excepciones de:

7.3.1. Legalidad del acto administrativo, porque negó el reconocimiento y pago de la
prima de antigüedad conforme con la Constitución y la ley; en la medida en que
dicho emolumento hacía parte del régimen salarial y prestacional de los docentes y

6 Samai tribunales, índice 46, expediente digital, documento 33.
7 Con radicado 11001032500020180053000.

5

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Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
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del personal administrativo del sector educativo, materia cuya regulación
correspondía exclusivamente al orden nacional. Por ello, el Concejo Municipal de
Valledupar carecía de competencia para disponer su creación, reconocimiento o
extensión a servidores del orden territorial.

7.3.2. Inexistencia
de derecho adquirido, habida cuenta de que la prima de
antigüedad provenía de un acto expedido sin competencia constitucional ni legal,
de modo que no existía un justo título que permitiera su consolidación. Conforme
con los artículos 58 de la Constitución Política y 10 de la Ley 4ª de 1992, los
regímenes salariales o prestacionales creados en contravención del ordenamiento
superior no producen efectos jurídicos ni consolidaban situaciones jurídicas
protegibles bajo un justo título.

7.3.3. Supremacía constitucional, en la medida en que cualquier norma inferior
incompatible debía inaplicarse en virtud de la excepción de inconstitucionalidad
prevista en el artículo 4 superior. Bajo esa premisa, no resultaba procedente
reconocer ni pagar factores salariales o prestacionales creados sin competencia
constitucional o legal, por cuanto carecían de sustento jurídico, no producían efectos
legales y no consolidaban derechos adquiridos. Adicionalmente, el emolumento
reclamado no podía sufragarse con recursos del Sistema General de
Participaciones ya que el Ministerio de Educación Nacional había considerado
inviable destinar recursos estatales al pago de primas extralegales carentes de
amparo constitucional y legal.

7.3.4. Pago de lo no debido porque el municipio no adeudaba suma alguna por
concepto de prima de antigüedad al carecer esta de sustento constitucional, legal y
presupuestal; y

7.3.5. Genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia el 13 de junio de 2024,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Lo
anterior, con fundamento en lo siguiente8:

8.1. El Acuerdo 13 del 14 de abril de 1983 mediante el cual se creó la prima de
antigüedad en el municipio de Valledupar fue anulado por el Tribunal Administrativo
del Cesar mediante sentencia del 14 de marzo de 2013 con fundamento en que la
competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos

8 Samai tribunales, índice 33.

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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
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territoriales correspondía de manera exclusiva al gobierno nacional. En
consecuencia, al constituir dicho emolumento un incremento salarial y, por ende, un
componente del salario, el Concejo Municipal de Valledupar carecía de facultades
para crearlo, pues se trataba de un factor salarial distinto de las escalas de
remuneración autorizadas por la Constitución y la ley para ser creadas por las
entidades territoriales.

8.2. Sibien en la referida sentencia se indicó que las primas de antigüedad
previamente reconocidas continuarían pagándose a sus beneficiarios, dicha
decisión se había circunscrito exclusivamente a situaciones jurídicas consolidadas
conforme a derecho, es decir, amparadas en un justo título. Por lo tanto, la
determinación sobre la existencia y alcance de tales situaciones debía ventilarse a
través de los mecanismos procesales idóneos para exigir el cumplimiento o
ejecución de la providencia mas no mediante un nuevo medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho orientado a obtener un reconocimiento adicional,
pues ello implicaría desconocer la cosa juzgada y la intangibilidad de las sentencias
ejecutoriadas.

8.3. Las sentencias que declararon la nulidad de los actos administrativos de carácter
general producían efectos ex tunc (retroactivos), incluso respecto de situaciones
que aparentaban encontrarse consolidadas, cuando el reconocimiento carecía de
justo título. Bajo ese entendimiento, no resultaba jurídicamente procedente
mantener el pago de factores salariales creados irregularmente por autoridades
territoriales sin competencia para ello.

8.4. Los actos demandados, mediante los cuales se negó la reanudación del pago
de la prima de antigüedad suspendida, no devenían ilegales, en tanto no era posible
reconocer ni pagar emolumentos salariales creados por una autoridad sin
competencia aun cuando tales conceptos hubieran sido reconocidos o pagados con
anterioridad.

1.4. El recurso de apelación

9. Los demandantes presentaron recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente9:

9.1. El tribunal centró el análisis en la ilegalidad del Acuerdo 13 del 14 de abril de
1983, mediante el cual se creó la prima de antigüedad, aspecto que ya había sido
definido en la sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, por medio de la cual declaró la nulidad de dicho acuerdo,

9 Samai tribunales, índice 37.

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y en la que además dispuso expresamente que las primas de antigüedad
reconocidas con anterioridad debían continuar pagándose a sus beneficiarios. De
tal manera que, el debate no versaba sobre la validez del acto general anulado, sino
sobre la obligatoriedad que le asistía a las demandadas de cumplir la decisión
judicial que amparó las situaciones jurídicas previamente consolidadas.

9.2. Así, comoquiera que la referida prestación les había sido reconocida y pagada
con anterioridad a la declaratoria de nulidad del acuerdo que la creó, la suspensión
del pago de dicha prima y la negativa a reanudarlo contrariaban los principios de
«intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas», seguridad jurídica, buena fe y
protección reforzada al trabajo, así como los artículos 2, 25, 53, 58, 83 y 85 de la
Constitución Política, pues conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado10
y, en particular, con el concepto 1878 emitido por la Sala de Consulta y Servicio
Civil11, la nulidad de un acto administrativo de carácter general no comporta
automáticamente la desaparición de los actos particulares y concretos expedidos
durante su vigencia, razón por la cual las situaciones individuales consolidadas
debían permanecer incólumes, salvo decisión judicial en contrario.

9.3. En consecuencia, los actos demandados carecían de fundamento para negar la
reanudación y pago de la prima de antigüedad con apoyo en el concepto 2302 de
2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, pues dicho criterio no podía prevalecer
sobre los efectos concretos de la sentencia anulatoria en la que se preservó la
continuidad del pago de esa prestación respecto de quienes ya la percibían.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto13.

2. Consideraciones

10 «Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 5 de julio de 2006 expediente 21051».
11 Del 13 de noviembre de 2008.
12 Tal y como se indicó en el auto del 30 de octubre de 2024. Índice 4 de Samai.
13 Así se desprende del informe secretarial del 29 de enero de 2025. Índice 8 de Samai.

8

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Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
Cubillos Cudris

2.1. El problema jurídico

11. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia14, se circunscribe a
establecer ¿si los actos demandados desconocieron los efectos de la sentencia
proferida el 14 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante
la cual se declaró la nulidad del Acuerdo 13 del 14 de abril de 1983 y se dispuso la
continuidad en el pago de las primas de antigüedad previamente reconocidas?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos territoriales

12. La Constitución Política atribuyó al Congreso de la República la facultad de
expedir las normas generales y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, conforme con lo previsto en el literal e) del numeral 19 del
artículo 150 superior.

13. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la creación y
desarrollo de los regímenes salarial y prestacional de los empleados públicos
territoriales responde a un esquema de competencias concurrentes y armónicas
entre el legislador, el gobierno nacional y las autoridades territoriales, estructurado
conforme a los principios de Estado unitario y descentralización administrativa. En
dicho esquema, corresponde al Congreso expedir las leyes marco; al gobierno
nacional fijar el régimen salarial y prestacional; a las asambleas y concejos
determinar las escalas de remuneración de las categorías de empleos; y a
gobernadores y alcaldes fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias

14 Así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El

juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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con sujeción a la Constitución y la ley.

14. En desarrollo de dicha competencia, el legislador expidió la Ley 4ª de 1992, cuyo
artículo 12 dispuso que el régimen prestacional de los servidores públicos de las
entidades territoriales sería fijado por el gobierno nacional y prohibió expresamente
a las corporaciones públicas territoriales arrogarse dicha facultad.

«ARTÍCULO 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El régimen
prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el
Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la
presente Ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad».

15. A su turno, el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política dispuso que
corresponde a los concejos municipales determinar las escalas de remuneración de
los empleos del municipio, así:

«ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

[…]

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta».

16. Asimismo, los artículos 305 numeral 7 y 315 numeral 7 de la Constitución Política
atribuyen a gobernadores y alcaldes la facultad de crear, suprimir y fusionar
empleos de sus dependencias, así como fijar sus emolumentos, siempre con
sujeción a la ley, las ordenanzas y los acuerdos correspondientes, sin que ello
implique competencia para crear factores salariales o prestaciones autónomas.

17. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado15 ha señalado que, a partir
del Acto Legislativo 1 de 1968, las corporaciones territoriales perdieron la facultad
de crear prestaciones sociales y salariales autónomas, debido a que la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos quedó reservada al
legislador y al gobierno nacional.

18. En ese sentido, esta Sección Segunda ha precisado que las asambleas y

15 Al respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2012, radicado 15001-23-31-000-2004-01293-01 (1510-
10), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y sentencia del 26 de julio de 2012, rad. 05001-23-31-
000-2005-00971-01 (1865-11), C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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concejos únicamente pueden determinar escalas de remuneración de los empleos
de sus dependencias, mientras que el establecimiento de factores salariales,
prestaciones sociales o emolumentos corresponde exclusivamente al legislador y al
gobierno nacional en desarrollo de la Ley 4ª de 1992. Por ello, las autoridades
territoriales no pueden crear primas, bonificaciones o reconocimientos salariales
autónomos por fuera del marco fijado por el orden nacional16.

2.2.2. Modulación de los efectos de las sentencias

19. Las decisiones judiciales producen consecuencias jurídicas que determinan el
alcance de la protección reconocida por el juez. En ese sentido, los efectos de las
sentencias permiten establecer a quiénes cobija la decisión judicial y en qué medida
esta resulta obligatoria o extensiva frente a terceros. Así, dependiendo de la
naturaleza del proceso y de los derechos comprometidos, las providencias pueden
tener efectos limitados a las partes o proyectarse hacia otras personas que se
encuentren en situaciones equivalentes.

20. El artículo 189 del CPACA prevé que las sentencias proferidas en el medio de
control de nulidad tienen efectos erga omnes, mientras que las dictadas en nulidad
y restablecimiento del derecho «aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso
y obtenido la respectiva declaración a su favor». Esto, sin perjuicio de los efectos que
excepcionalmente puedan extenderse a terceros conforme con el condicionamiento
o modulación de la decisión judicial.

21. Lo anterior, porque la jurisprudencia ha desarrollado la teoría de la modulación
de los efectos de las sentencias como una herramienta orientada a garantizar la
supremacía de la Constitución. Dicha facultad permite al juez determinar cuál es el
alcance jurídico y material de sus decisiones según la naturaleza del proceso, la
jurisdicción, los derechos comprometidos y las particularidades del caso concreto
con el fin de evitar afectaciones a principios superiores como la igualdad, la
seguridad jurídica y el acceso efectivo a la administración de justicia17.

22. En ese sentido, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha precisado, con
fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional, que existen 4 efectos de
modulación de las sentencias así:

«1. Efectos erga omnes: producto del control abstracto de normas contenidas en actos
legislativos, leyes, decretos con fuerza de ley, decretos legislativos, proyectos de ley o

16 Al respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2024, radicado 25000-23-42-000-2017-00873-01
(3802-2022), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
17 Al respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2008, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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tratados que realiza la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía e
integridad de la Constitución. (Artículo 241, #1, 4, 5, 7, 8 y 10, CP).

2. Efectos inter partes: generalmente cuando se deciden acciones de tutela.

3. Efectos inter pares: La jurisprudencia de la Corte Constitucional desarrolló esta
modulación cuando aplica la excepción de inconstitucionalidad y decidió que los efectos
podían extenderse respecto de todos los casos semejantes, es decir inter pares, cuando
se presentasen de manera concurrente una serie de condiciones.

4. Efectos inter comunis: En materia de tutela, la Corte Constitucional ha proferido
numerosas sentencias en las cuales los efectos de las órdenes impartidas tienen un
alcance mayor al meramente inter partes. Tiene como objetivo que las decisiones
puedan afectar o proteger los derechos de las personas que no han acudido a la
jurisdicción o presentado acción de tutela, aún cuando son parte de un proceso
determinado […]»18.

23. Asimismo, respecto de los efectos inter comunis, indicó que «tiene como
fundamento garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de aquellas personas
que, aunque no se hubieran vinculado a un proceso judicial, se encuentran en iguales
condiciones respecto de los cuales se decretó judicialmente una orden de amparo
constitucional, para que puedan beneficiarse de los efectos de la sentencia proferida por el
fallador, pues una exclusión generaría la vulneración del derecho a la igualdad por parte
del operador judicial19».

24. De esta manera, la modulación de los efectos de las sentencias constituye un
mecanismo orientado a asegurar la eficacia material de las decisiones judiciales y
la protección integral de los derechos fundamentales. En particular, los efectos inter
comunis tienen como finalidad evitar tratamientos desiguales entre personas que
comparten circunstancias fácticas y jurídicas equivalentes, de modo que las
consecuencias de la decisión se extiendan a quienes, aun sin haber intervenido
directamente en el proceso, se encuentran comprendidos dentro del supuesto
analizado. Adicionalmente, dichos efectos también pueden proyectarse sobre
aquellas personas que, aun sin haber participado en el trámite judicial, acrediten el
cumplimiento de las condiciones, criterios o requisitos establecidos en el
condicionamiento o modulación de la sentencia.

25. Ahora bien, la disposición normativa [el artículo 189 del CPACA analizado) no
regula expresamente cuáles son los efectos temporales de la anulación de las
providencias20, esto es, si desde el pasado (ex tunc) o solo hacia el futuro (es nunc);
aunque sí establece que todas las sentencias que resuelvan sobre la nulidad de un

18 Ibidem.
19 Ejusdem.
20 Salvo para la nulidad por inconstitucionalidad prevista en el artículo 135 del CPACA, en relación

con la cual sí preceptúa que tales sentencias generan efectos hacia el futuro, a menos que el juez
competente disponga otra cosa.

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acto administrativo son obligatorias a partir de su ejecutoria, es decir, que sus
efectos vinculantes se producen desde el momento en que adquieren firmeza. Sin
embargo, por regla general, se ha considerado que los efectos de los fallos de
nulidad proferidos por esta jurisdicción son ex tunc, esto es que retiran del mundo
jurídico el respectivo acto desde su nacimiento y retrotraen las cosas al estado
anterior.

26. En efecto, la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia del 27 de abril de 201721 declaró la nulidad parcial el acuerdo por el cual
el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el director general del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario convocó al proceso de selección para
proveer por concurso el empleo de dragoneante e impuso como requisito, el tener
menos de 25 años de edad al momento de la firmeza de la lista de elegibles, pero
protegió los derechos de los participantes en la convocatoria que ya hacían parte
de las listas de elegibles o que fueron nombrados en período de prueba o en
propiedad, para quienes los efectos de esa sentencia serían ex nunc, es decir hacia
el futuro.

27. En aquella decisión, la sala recordó que en la jurisprudencia del Consejo de
Estado existían 2 posturas generales respecto de los efectos de las sentencias de
nulidad: la primera se refiere a las posibles consecuencias que la decisión judicial
pueda tener sobre los efectos anteriores a ella que hayan sido producidos por los
actos administrativos generales anulados, de manera que los efectos ex tunc
implican la eficacia retroactiva de la sentencia; la segunda se concreta en los efectos
ex nunc e implica la carencia de esa eficacia, con lo que los efectos del acto
administrativo anulado, producidos con anterioridad a la decisión judicial, se
mantienen y conservan plena validez.

28. Sobre el tema, precisó que al amparo de la hipótesis de los efectos ex nunc, la
jurisprudencia de esta Corporación ha tenido en cuenta como sustento para
inclinarse por dicha postura, consideraciones relacionadas con i) las consecuencias
que la decisión judicial pueda tener en los diferentes ámbitos de la vida nacional o

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2017, radicado

11001-03-25-000-2013-01087-00 (2512-2013) MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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local, como por ejemplo, la estabilidad institucional22 y económica;23 ii) la naturaleza
y contenido del acto administrativo anulado; iii) la razón, vicio o causal por el cual
fue anulado; iv) la existencia comprobada de situaciones jurídicas consolidadas,24 y

22 En esta misma línea se inscribe la sentencia de 21 de agosto de 2008, proferida en el expediente

11001032500020070005800(1185-07), con ponencia del Consejero Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, en la que resuelve una demanda de Nulidad de los actos administrativos de contenido
general de convocatoria al concurso de méritos para la provisión de cargos en la rama judicial
expedidos en el año 2003. La sentencia apartándose de los tradicionales efectos «ex tunc» de las
nulidades hace un análisis de la consecuencia que tendría la declaratoria de nulidad con efectos
retroactivos y modula la decisión, disponiendo en lugar de la norma derogada, una nueva regla a ser
aplicada en el proceso de concurso: «En lo que concierne con el tercer aspecto, en cuanto a cómo
se modula en este caso la decisión de nulidad, precisamos, que la declaratoria de nulidad del inciso
acusado, habrá de modularse en sus efectos, tomando en cuenta el precedente normativo de la
propia acción de la Administración, de manera que sirva como referencia racional para purgar la
ilegalidad, a fin de que la purga reemplace el efecto tradicional ex tunc de las decisiones de nulidad,
por el precedente administrativo. En consecuencia se declarará la nulidad de la norma demandada,
pero atando los efectos de esa declaratoria de nulidad a una consecuencia reparatoria del orden
jurídico, que consiste en habilitar el 30% estipulado sobre la base del número de vacantes por
proveer, lo cual consecuencializa que la Administración sumará al 30% de aspirantes que convocó,
el número de vacantes por proveer». Aunque no profundiza en el punto, se resaltan las
argumentaciones y justificaciones que la referida providencia incorpora para darle ese particular
alcance a la nulidad que decreta: «En lo que tiene que ver con el segundo punto, en el sentido de
por qué se debe modular la nulidad evidenciada, se advierte que, la modulación se hace necesaria
en este caso, porque de no producirse dicha modulación; de una parte, podrían verse afectadas las
situaciones jurídicas consolidadas de carácter individual y de otra parte, se podrían afectar intereses
de la Administración, que están ligados íntimamente al interés general, en cuanto que implicaría la
creación de una carga onerosa, inútil e irracional.»
23 En ese sentido, en sentencia de 6 de octubre de 2011, la Sección Quinta de esta Corporación, con

ponencia del Consejero Alberto Yepes, exp. 11001-03-28-000-2010-00120-00 (2010-00120), pese a
declarar la nulidad de la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral de ese entonces,
señaló lo siguiente: «La Sala es consciente de las importantes funciones que desempeña el CNE
como una de las principales autoridades de la Organización Electoral y de las repercusiones
negativas que se generarían si en época electoral se desintegra dicha Corporación. En
consecuencia, si bien la Sección Quinta de esta Corporación decretará la nulidad del acto que
declaró la elección de los miembros del CNE, contenida en el Acta de sesión plenaria del 30 de
agosto de 2010, del Congreso de la República y se ordenará a dicha Corporación que, antes del
quince (15) de diciembre de dos mil once (2011), se lleve a cabo una nueva elección, los efectos
anulatorios del presente fallo se modularán de forma tal que se garantice que el CNE esté
conformado para la próximas elecciones que se llevarán a cabo el 30 de octubre del año en curso,
así como en la etapa postelectoral. (…) Con ocasión de la nulidad diferida que habrá de decretarse,
y con el fin de evitar que la Organización Electoral quede acéfala en época electoral, los actuales
magistrados del CNE seguirán fungiendo como tales para todos los efectos legales, máximo hasta
el quince (15) de diciembre de dos mil once (2011), momento para el cual el Congreso de la
República deberá haber cumplido con las órdenes impartidas en la parte resolutiva de esta
providencia. Por primera vez en materia electoral, se fija un alcance diferido a la eficacia de la
sentencia con argumentos que superan la discusión tradicional de la retroactividad como condición
necesaria de la nulidad y que introducen la evaluación de las consecuencias de la decisión en el
caso concreto». En la sentencia parcialmente trascrita se disponen los efectos diferidos de la misma,
en virtud a que si se hubiese declarado la nulidad con los tradicionales efectos «ex tunc», o sea
desde el momento de su expedición, las consecuencias para la organización electoral y para el
sistema político hubiesen sido indeseables. En ese sentido, la providencia introduce como criterio
para la definición de los efectos de la sentencia, la evaluación de las consecuencias de la decisión
en el caso concreto.
24 Ejemplo de esta postura la encontramos en la sentencia de 31 de mayo de 1994, de la Sección

Segunda de esta Corporación, con ponencia de la Consejera Ponente Dolly Pedraza de Arenas, exp.
7245, en la que se considera el respeto de las situaciones jurídicas consolidadas al momento de

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v) que el control de legalidad de los actos administrativos, en especial de los de
carácter general, se asemeja al examen de constitucionalidad de las leyes, de
manera que, al igual que las sentencias que declaran la inexequibilidad de una ley,
las que declaran la nulidad de un acto administrativo también debe tener efectos pro
futuro25.

determinar el efecto de la anulación: “En efecto, el acto se cometió y fue sancionado bajo la vigencia
de dicho Acuerdo, y la resolución respectiva no ha sido anulada por la jurisdicción; los efectos de la
nulidad del Acuerdo en cita produjeron efectos erga omnes, pero sólo para el futuro, no para
situaciones que ya se encontraban consolidadas”. Otro ejemplo de este criterio jurisprudencial nos
lo ofrece la sentencia del 24 de marzo de 2000, exp. 9551, con ponencia del Consejero Delio Gómez
Leyva: “Sobre los efectos de los fallos de nulidad ha sido abundante la jurisprudencia de la Sala en
el sentido de que, en relación con las situaciones jurídicas no consolidadas, son ex- tunc, es decir,
desde entonces, y se retrotraen al momento en que nació el acto, y como consecuencia de ello, las
cosas se retrotraen al estado en que se encontraban antes de la expedición del mismo, por lo que
las situaciones no consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria
del mismo, son afectadas por la decisión que en esta última se tome (expediente No 4614 del 21 de
enero de 1994)”. La situación jurídica consolidada entonces, empieza a ser el factor determinante
para que el juez establezca realmente cuál es el alcance temporal de su fallo que anula un acto
administrativo general, de manera que corresponderá en cada caso estudiar si se está en presencia
o no de este tipo de situaciones. En ese mismo sentido, en la sentencia de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, del 13 de diciembre de 2011, con ponencia de la Consejera Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez, exp. 17709, se manifestó que “En estas circunstancias se hacen extensivos los
efectos ex nunc, es decir, hacía el futuro de la sentencia (…) mencionada, toda vez que (…) las
situaciones producidas al amparo del acto declarado nulo no estaban consolidadas, porque estaban
pendiente de decisión en la jurisdicción contenciosa”.
25 Así lo dijo la Sección Cuarta de esta Corporación en sentencias de 23 de febrero y 21 de julio de

2011, en los expedientes 17139 y 16356, con ponencia del Consejero Hugo Bastidas. Cercana a
esta posición estuvo la reciente sentencia de la Sección Segunda de 23 de marzo pasado, cuyo
ponente fue el Consejero Gabriel Valbuena Hernández, en el expediente 11001-03-25-000-2016-
00019-00 (0034-2016), en la que se declaró la nulidad del Decreto 2552 de 30 de diciembre de 2015,
por medio del cual se fijó el salario mínimo para el año 2016. Se afirmó en dicha providencia, que como
la Ley 1437 de 2011 no regula de manera específica lo relacionado con los efectos de las sentencias
de nulidad de los actos administrativos de carácter general, es necesario «acudir a lo que establece el
inciso 3 del artículo 189 del CPACA en cuanto regula los efectos de las sentencias de nulidad por
inconstitucionalidad, norma cuyo tenor literal es el siguiente: “Las sentencias de nulidad sobre los
actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política, tiene efectos
hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos
diferentes.” La analogía propuesta se soporta en que, al igual que el medio de control de simple
nulidad (art. 137 CPACA), la nulidad por inconstitucionalidad (art. 135 CPACA) se reputa objetiva en
consideración a que su objeto se circunscribe a la protección del ordenamiento jurídico. Esta
coincidencia, que valga decirlo, parte de la esencia de ambos medios de control, permite que se
acuda a la regulación establecida en cuanto los efectos de la sentencia proferida en sede de nulidad
por inconstitucionalidad para suplir el vacío normativo que en este punto aqueja al medio de control
de nulidad. En consecuencia, la Sala concluye que la sentencia en el caso concreto produce efectos
hacia el futuro en aplicación de lo previsto en el anotado inciso 3 del artículo 189 del CPACA. En
este orden de ideas, la declaratoria de nulidad del Decreto 2552 de 2015 no tendrá, por las razones
expresadas, ningún efecto respecto del salario que con fundamento en él devengaron los
trabajadores durante el año 2016, tampoco afectará ningún valor que haya tenido como parámetro
el salario mínimo, como por ejemplo las cuantías para determinar competencias administrativas o
judiciales, multas, sanciones, contratos, tarifas, cuotas alimentarias y en general todo aquello que
tome como referencia el salario mínimo».

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29. Con todo, en forma más reciente, esta Subsección señaló que la garantía de la
situación jurídica consolidada que pudiera resultar amparada en relación con las
consecuencias de la nulidad del acto administrativo no tiene un consenso al interior
de la corporación26. En efecto, la sala resaltó que esa situación consolidada se da
cuando el asunto ya ha sido definido en sede administrativa y no está siendo
discutido, ni ante la administración ni ante la jurisdicción; pero, en otras
oportunidades, se ha dicho que para que pueda considerarse consolidada la
situación jurídica, se requiere, que el acto administrativo de alcance particular no
pueda ser revisado en sede judicial, lo cual supone que se encuentre vencido el
término de caducidad o de prescripción que la ley establezca para pedir su nulidad.

30. Sobre el particular, recordó que en materia laboral, la protección o respeto por
los denominados derechos adquiridos apunta al mantenimiento de las situaciones
jurídicas consolidadas en vigencia de la disposición que establece el derecho. Sin
embargo, tal protección sólo está dirigida a aquellos derechos adquiridos con
justo título, es decir, los que se encuentren ajustados al ordenamiento jurídico27.

31. Esta garantía entonces depende, entre otras exigencias, de que se hubiese
alcanzado el reclamado derecho con respaldo en el marco legal, «lo cual quiere decir
que debe existir un justo título por lo que “solo pueden tener la entidad suficiente para
ofrecer la garantía que se comenta, los actos que respetan el ordenamiento
jurídico”»28. Valga precisar entonces que el pronunciamiento de esta sala del 25 de enero
de 2024 distingue las situaciones jurídicas consolidadas pero de forma aparente, de los
derechos adquiridos, para lo cuales es indispensable que su causa o fuente haya sido legal,
así como su origen y medio de reconocimiento.

2.2.3. En torno a la cosa juzgada

32. La cosa juzgada es una institución jurídica que le impide al juez pronunciarse
sobre el fondo de un asunto cuando advierte que frente al objeto del litigio planteado
se ha proferido previamente una decisión judicial, la cual, además tiene como
efectos procesales la «inmutabilidad y definitividad de la decisión» y como efectos
sustanciales la de dar «certeza a la relación jurídica objeto de litigio»29.

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2024, radicado

68001-23-33-000-2016-01045-01 (2650-2019), MP. César Palomino Cortés.
27 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, sentencia de 6 de marzo de 2008,

radicado Nº 25000-23-25-000-1999-02479-01(4378-05), Demandante: Cecilia Rivera de Montaña,
C.P. Jaime Moreno García. También se puede ver: Sentencia del 14 de octubre de 2004, Exp,
4206/03 C.P. Ana Margarita Olaya Forero, Sentencia de 5 de febrero de 2009, radicado Nº 25000-
23-25-000-2001-03383-01(3324-04), Demandante: Guillermo Eslava Bowde, C.P. Luis Rafael
Vergara Quintero.
28
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, C. P. Rafael Francisco Suárez
Vargas, fallo de 9 de julio de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-00499-01 (3558-17).
29 Sentencia C-100 de 2019.

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33. Esto es, se trata de una institución jurídico-procesal «mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias
importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento
constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre
determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un
valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es
decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad,
volver a entablar el mismo litigio30».

34. En el ordenamiento jurídico colombiano actual, esta figura jurídica se encuentra
prevista en el artículo 303 del Código General del Proceso, según el cual «la
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa
que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.»

35. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de
partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en
los siguientes términos31:

«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre
lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos
elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el
juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa
juzgada.»

36. Asimismo, es pertinente resaltar que el referido artículo 303, de manera expresa,
solo establece como excepción a la cosa juzgada el recurso extraordinario de

30 Sentencia C-774 de 2001.
31 Sentencia C-774 de 2001.

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revisión. En ese sentido señala que «[l]a cosa juzgada no se opone al recurso
extraordinario de revisión».

37. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la
cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo.

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

38. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

38.1. Mediante el Acuerdo Municipal 013 del 14 de abril de 198332 expedido por el
Concejo Municipal de Valledupar se creó la prima de antigüedad a favor de los
empleados que hubieran cumplido 5 años o más de trabajo continuo.

38.2. Gustavo Cubillos Cudris fue nombrado docente de básica secundaria por la
gobernación del Cesar mediante Resolución 0001330 del 28 de abril de 1994. Se
posesionó el 5 de mayo siguiente33.

38.3. Ivonne Lía Calderón Oliveros fue nombrada docente de básica secundaria por
el alcalde de La Paz (Cesar), mediante Decreto 098 del 24 de agosto de 199434.

38.4. La prima de antigüedad le fue pagada a Ivonne Lía Calderón Oliveros del 1 al
30 de noviembre de 201735 por $943.269; y a Gustavo Cubillos Cudris i) del 1 de
enero al 1 de septiembre de 2013 por $693.957; ii) del 2 de septiembre al 31 de
diciembre de 2013 por $952.870; y iii) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
por $1.189.153, conforme se advierte en los comprobantes de pago del 25 de
diciembre de 2017 y 19 de abril de 202136.

38.5. El 2737 y 28 de noviembre de 202038 presentaron reclamación ante la alcaldía

32 Índice 2 de Samai, carpeta 4, cuaderno principal, documento 39 página 52.
33 Índice 2 de Samai, carpeta 4, cuaderno principal, documento 39 páginas 32 y 33.
34 Índice 2 de Samai, carpeta 4, cuaderno principal, documento 39 páginas 27 y 28.
35 Índice 2 de Samai, carpeta 4, cuaderno principal, documento 39 páginas 44 a 51.
36 Índice 2 de Samai, carpeta 4, cuaderno principal, documento 39 páginas 44 a 51. Documento 33

páginas 229, 253 y 273.
37 Según consta en la imagen de correos enviados al correo electrónico alcaldia@valledupar-

esar.gov.co. Índice 2 de Samai, carpeta 4, cuaderno principal, documento 39 páginas 27, 28 y 35 y
36.
38 Según consta en el acta de envío y entrega de correos electrónico enviado a

atencionalciudadano@mineducacion.gov.co. Índice 2 de Samai, carpeta 4, cuaderno principal,
documento 39 páginas 27, 28 y 35 y 36.

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municipal de Valledupar y el Ministerio de Educación Nacional, respectivamente,
con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la prima de antigüedad suspendida
el 30 de noviembre de 2017, en virtud del Acuerdo 13 del 14 de abril de 1983
proferido por el Concejo Municipal de Valledupar y la sentencia proferida el 14 de
marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cesar, con la indexación e
intereses, así como la reliquidación de las demás prestaciones y emolumentos
laborales afectados por constituir dicho concepto un factor salarial.

38.6. El municipio de Valledupar mediante Oficio del 15 de diciembre de 202039 negó
la petición con fundamento en que la prima de antigüedad carecía de sustento
constitucional y legal, al haber sido creada por el Concejo Municipal de Valledupar
a través del Acuerdo 013 de 1983 sin competencia; y que si bien el Tribunal
Administrativo del Cesar al declarar la nulidad de dicho acuerdo, reconoció derechos
adquiridos a quienes para ese momento ya la percibían, dicha decisión había sido
objeto de recurso extraordinario de revisión40 ante el Consejo de Estado; y que
conforme con la Constitución, la Ley 91 de 1989 y los conceptos emitidos por la
Sala de Consulta y Servicio Civil (del 31 de julio de 201841 por medio del cual se
aclara el concepto de radicado 2302 de 2017), las entidades territoriales no podían
crear primas extralegales para empleados del sector educativo, por tratarse de una
competencia reservada al legislador y al gobierno nacional. En consecuencia, no
era posible continuar con el pago de dicho emolumento ni financiarlo con recursos
del Sistema General de Participaciones porque constituían conceptos salariales y
prestacionales sin respaldo legal.

2.3.2. Pronunciamientos en torno a la prima de antigüedad

39. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante providencia del 14 de marzo de
201342, declaró la nulidad del Acuerdo 13 de 1983 demandado por el Ministerio de
Educación Nacional con fundamento en que el Concejo Municipal de Valledupar no
tenía competencia para crear la prima de antigüedad mediante dicho acuerdo, pues
la regulación de prestaciones sociales correspondía al legislador. No obstante,
precisó que la nulidad no afectaba las situaciones jurídicas consolidadas ni los
derechos adquiridos de quienes ya venían recibiendo la prima con anterioridad a la
sentencia, en aplicación de los principios de seguridad jurídica, buena fe e
irretroactividad de las decisiones judiciales. En consecuencia, ordenó que las primas
de antigüedad reconocidas antes de la declaratoria de nulidad debían continuar
pagándose a sus beneficiarios. Al respecto resolvió:

39 Índice 2 de Samai, carpeta 4, cuaderno principal, documento 39 páginas 38 a 42.
40 Con radicado 11001-0325-000-2018-00530-00.
41 Con radicado interno 2379.
42 Con radicado 20001-1231-004-2011-00290-00. Índice 2 de Samai, carpeta 4, cuaderno principal,

documento 39 páginas 53 a 68.

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«PRIMERO: NEGAR las excepciones de legalidad del acuerdo demandado e inepta
demanda propuestas por el Apoderado del Sindicato de Trabajadores Públicos de la
Alcaldía de Valledupar SINSERPUAL, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del Acuerdo Municipal No. 13 de 1983 expedido
por el Concejo Municipal de Valledupar, “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA PRIMA
DE ANTIGÜEDAD PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES”, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: Las primas de antigüedad que hayan sido reconocidas con anterioridad a la
declaratoria de nulidad que se efectúa por medio de esta providencia, deberán seguirse
cancelando a sus beneficiarios, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia».

39.1. Dicha providencia fue objeto de recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la Contraloría General de la República43, el cual fue declarado infundado por el
Consejo de Estado mediante providencia del 21 de agosto de 202544.

40. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió el Concepto
00110 del 28 de febrero de 201745, explicó que la competencia para crear salarios
y prestaciones sociales de los empleados públicos territoriales ha variado
históricamente. Que antes del Acto Legislativo 1 de 1968 las asambleas
departamentales sí podían crear asignaciones salariales; sin embargo, a partir de
dicha reforma y, con mayor razón, desde la Constitución Política de 1991 y la Ley
4ª de 1992, esa facultad quedó reservada al Congreso y al gobierno nacional. De
tal manera que las asambleas y los concejos únicamente podían fijar escalas
salariales y emolumentos dentro de los límites definidos por la ley, mas no crear
primas o prestaciones extralegales. Por ello, las asignaciones creadas por
autoridades territoriales sin competencia carecían de amparo constitucional y
debían inaplicarse mediante la excepción de inconstitucionalidad. No obstante, la
declaratoria de ilegalidad de esas primas no afectaba automáticamente las sumas
percibidas de buena fe ni las situaciones jurídicas consolidadas, en atención a los
principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe. En consecuencia, los
valores recibidos por los beneficiarios, en principio, no debían ser reintegrados.

43 Con radicado 11001-0325-000-2018-00530-00. Índice 2 de Samai, carpeta 4, cuaderno principal,

documento 33 páginas 49 a 74.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 21 de agosto de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2018-00530-00 (1901-2018), C.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves. Al respecto, resolvió: «PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso
extraordinario de revisión presentado por la Contraloría General de la República en contra de la
sentencia de 14 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro de la
acción de nulidad con radicado 20-001-23-31-004-2011-00290-00».
45 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 28 de febrero de 2017, radicado

11001-03-06-000-2016-00110-00 (2302), C.P. Germán Bula Escobar, consulta formulada por el
Ministerio de Educación Nacional. Índice 2 de Samai, carpeta 4, cuaderno principal, documento 33
páginas 26 a 46.

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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
Cubillos Cudris

2.3.3. Análisis sustancial

41. Tal como se advirtió en el planteamiento del problema jurídico, corresponde a la
Sala analizar si los actos demandados desconocieron los efectos de la sentencia
proferida el 14 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante
la cual declaró la nulidad del Acuerdo 13 del 14 de abril de 1983 al considerar que
el Concejo Municipal de Valledupar carecía de competencia para crear la prima de
antigüedad reconocida a los demandantes en calidad de docentes previo a la
expedición de dicha decisión anulatoria.

42. Pues bien, en dicha providencia se ordenó que la anulación del referido acuerdo
no afectaría las situaciones jurídicas consolidadas ni los derechos previamente
reconocidos a quienes ya venían percibiendo la prima de antigüedad, razón por la
cual ordenó continuar con su pago.

43. Alrespecto, conviene reiterar que esta Subsección46 ha precisado que la
protección o respeto por los denominados «derechos adquiridos» apunta al
mantenimiento de las situaciones jurídicas consolidadas en vigencia de la
disposición que establece el derecho. En ese sentido, «[l]as situaciones consolidadas
en vigencia del acto declarado nulo, son aquellas que se causaron y produjeron efecto, de
manera que no es posible devolver las cosas al estado inicial, como por ejemplo los pagos
por concepto de mesadas pensionales efectuados con anterioridad a la declaratoria de
nulidad del acto que reconoció tal derecho; por el contrario, las situaciones que no se
consolidaron no tienen vocación de permanencia, pues si el acto no subsiste tampoco
puede seguir surtiendo efectos47».

44. De igual forma «la situación jurídica consolidada se da cuando el asunto ya ha sido
definido en sede administrativa y no está siendo discutido, ni ante la administración ni ante
la jurisdicción. Bajo esta concepción, podría afirmarse que la situación jurídica se consolida
cuando el acto administrativo definitivo de alcance particular queda en firme, siempre que
no se haya pedido judicialmente su nulidad y que el respectivo proceso no se encuentre en
curso al momento de quedar ejecutoriada la sentencia que declara la nulidad del acto
administrativo general. […] en otras oportunidades, se ha dicho que para que pueda
considerarse “consolidada” la situación jurídica, se requiere, que el acto administrativo de
alcance particular no pueda ser revisado en sede judicial, lo cual supone que se encuentre
vencido el término de caducidad o de prescripción que la ley establezca para pedir su

46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2024, radicado

66001-33-31-002-2007-00107-01, M.P. César Palomino Cortés.
47 Cita de la sentencia de referencia «Sección Segunda. Sentencia del 12 de octubre de 2000.

Radicación 16207».

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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
Cubillos Cudris

nulidad48 ». Asimismo «la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter
general afecta las situaciones particulares que no se encuentren consolidadas, esto es, que
al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las
autoridades administrativas o ante la jurisdicción contencioso-administrativa49».

45. Sin embargo, se ha aclarado «en materia de derecho administrativo laboral la
protección o respeto por los denominados “derechos adquiridos” apunta al mantenimiento
de las situaciones jurídicas consolidadas en vigencia de la disposición que establece el
derecho. Sin embargo, tal protección sólo está dirigida a aquellos derechos adquiridos con
justo título, es decir, los que se encuentren ajustados al ordenamiento jurídico50 ». [Se
resalta].

46. En consecuencia, la sola circunstancia de haber percibido la prima de antigüedad
no implica, por sí misma, la consolidación automática de una situación jurídica
protegible, particularmente cuando el emolumento tuvo origen en un acto expedido
por una autoridad territorial sin competencia constitucional y legal para crear
factores salariales. En efecto, la protección derivada de la modulación de los efectos
de la sentencia anulatoria únicamente cobija aquellas situaciones jurídicas
constituidas conforme a derecho y soportadas en un justo título.

47. Ahora bien, revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se
advierte que la sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 por el Tribunal
Administrativo del Cesar no fue objeto de recurso de apelación51 razón por la cual
la decisión anulatoria se encuentra debidamente ejecutoriada y produce plenos
efectos jurídicos. Asimismo, se constató que el recurso extraordinario de revisión
promovido contra dicha providencia fue declarado infundado por el Consejo de
Estado mediante providencia del 21 de agosto de 202552.

48. A partir de lo anterior, corresponde determinar si la orden contenida en el ordinal
3 de la sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo
del Cesar, conforme con la cual «las primas de antigüedad que hayan sido reconocidas

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 25 de enero de 2024 con radicado 66001-33-31-002-2007-00107-01, C.P. César
Palomino Cortés.
49 Cita que se hace en la sentencia de referencia «Sección Cuarta, radicación: 25000-23-27-000-

2001-00938-01 No 14311»
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 25 de enero de 2024 con radicado 66001-33-31-002-2007-00107-01, C.P. César
Palomino Cortés.
51 Con radicado 20001233100420110029000.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 21 de agosto de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2018-00530-00 (1901-2018), C.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves. Al respecto, resolvió: «PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso
extraordinario de revisión presentado por la Contraloría General de la República en contra de la
sentencia de 14 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro de la
acción de nulidad con radicado 20-001-23-31-004-2011-00290-00».

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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
Cubillos Cudris

con anterioridad a la declaratoria de nulidad […] deberán seguirse cancelando a sus
beneficiarios», cobijaba la situación particular de los demandantes y, por ende, si el
municipio de Valledupar desconoció los efectos de dicha providencia al suspender
el pago del referido emolumento.

49. La Sala advierte que, si bien el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la
nulidad del acuerdo referido al concluir que el Concejo Municipal de Valledupar
carecía de competencia constitucional y legal para crear la prima de antigüedad,
también lo es que moduló los efectos de dicha decisión al disponer expresamente
que las primas reconocidas con anterioridad a la declaratoria de nulidad debían
continuar pagándose a sus beneficiarios.

50. En efecto, la providencia judicial delimitó los efectos de la declaratoria de nulidad
del Acuerdo 13 de 1983 a partir de la fecha de su expedición, y garantizó una
protección de un derecho aparente, al disponer que las primas de antigüedad
reconocidas con anterioridad al 14 de marzo de 2013 debían continuar pagándose
a sus beneficiarios. Así, pese a la ilegalidad del acto administrativo general
declarada por el tribunal, la decisión distinguió entre quienes tenían un derecho
incorporado de manera definitiva a su patrimonio y quienes solo ostentaban una
mera expectativa frente al reconocimiento del emolumento.

51. Lo anterior, comoquiera que los jueces, en ejercicio de la autonomía e
independencia judicial reconocidas en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, así como en el artículo 5 de la Ley 270 de 1996, cuentan con un margen
de interpretación para adoptar decisiones judiciales razonadamente sustentadas,
las cuales resultan obligatorias mientras permanezcan vigentes y hagan tránsito a
cosa juzgada, de conformidad con lo previsto en los artículos 189 del CPACA y 303
del CGP.

52. En ese sentido, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial, las
decisiones judiciales pueden modular sus efectos con el propósito de salvaguardar
principios como la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima,
especialmente cuando la nulidad o inexequibilidad de una disposición puede afectar
derechos incorporados definitivamente al patrimonio de una persona y no meras
expectativas.

53. Bajo ese entendido, la Sala considera que la sentencia proferida el 14 de marzo
de 2013 hizo tránsito a cosa juzgada y, por tanto, en principio resulta obligatoria en
cuanto dispuso la protección de unos derechos. No obstante, ello no releva al juez
de verificar si, en el caso concreto, la situación invocada por los demandantes se
encontraba realmente amparada por un justo título, aunado a la necesidad de que
la decisión que soporta ese derecho protegido, o esa situación aparentemente
consolidada no contravenga las disposiciones de orden legal y constitucional.

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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
Cubillos Cudris

54. Ahora bien, sobre el particular, la Sala advierte que Ivonne Lía Calderón Oliveros
no acreditó que percibiera la prima de antigüedad con anterioridad al 14 de marzo
de 2013, pues el único pago que se evidencia corresponde al periodo comprendido
entre el 1 y el 30 de noviembre de 2017; y si bien se probó que Gustavo Cubillos
Cudris percibía la prima de antigüedad con anterioridad a la sentencia proferida el
14 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cesar, pues los
comprobantes de pago allegados al expediente dan cuenta de que recibió dicho
emolumento desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de esa anualidad,
inclusive para la vigencia de 2017, en todo caso, dicha circunstancia no conlleva
automáticamente al amparo del derecho bajo la égida de una situación jurídica
consolidada, pues el simple reconocimiento o pago de la prestación no resulta
suficiente para predicar la existencia de un derecho adquirido protegido por el
ordenamiento jurídico, pues para que exista un verdadero derecho adquirido se
requiere que la situación jurídica esté válidamente consolidada [y no sea aparente],
y ello solo ocurre cuando existe un justo título, es decir, cuando el derecho nace
conforme al ordenamiento jurídico, con fundamento en una norma válida y mediante
un reconocimiento compatible con la Constitución y la ley.

55. En ese contexto, la Sala advierte que, antes de la declaratoria de nulidad del acto
general que servía de fundamento al reconocimiento de la prima de antigüedad,
Gustavo Cubillos Cudris contaba con un derecho aparentemente consolidado
amparado por la presunción de legalidad del acto que creó el emolumento. Sin
embargo, una vez proferida la sentencia de nulidad, decayó el fundamento jurídico
que habilitaba a la administración para continuar reconociendo la prestación, lo que
justifica que se modificara esa situación aparente y se dejara de pagar, en tanto
desapareció el sustento normativo que le daba soporte.

56. Lo anterior porque, tal como lo ha precisado esta Subsección 53, la garantía de
protección de las situaciones jurídicas consolidadas frente a los efectos de la nulidad
de un acto administrativo no opera de manera automática por el solo hecho de que
un servidor hubiese percibido un determinado emolumento. Asimismo, reiteró que,
en materia laboral, la protección de los denominados derechos adquiridos se
dirige exclusivamente a aquellas situaciones jurídicas consolidadas con justo
título, esto es, ajustadas al ordenamiento jurídico y constituidas con respaldo

53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2024, radicado

68001-23-33-000-2016-01045-01 (2650-2019), MP. César Palomino Cortés.

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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
Cubillos Cudris

en el marco legal correspondiente54. Así lo señaló la sala55:

«Así pues, de conformidad con el artículo 58 de la Carta Política, los derechos adquiridos
“Se garantizan (…) con arreglo a las leyes civiles (…)”, lo que significa que son
prerrogativas que, deben y debieron respetar el ordenamiento jurídico para que obtengan
esa connotación.

Acorde con lo mencionado, el artículo 95 de la Carta Política señala que, “Toda persona
está obligada a cumplir la Constitución y las leyes”56, al paso que el 9º del Código Civil
(Ley 84 de 26 de mayo de 1873) preceptúa que “La ignorancia de las leyes no sirve de
excusa”, para su incumplimiento.

En suma, la garantía del derecho adquirido de no ser desconocido depende, entre otras
exigencias, de que se hubiese alcanzado con respaldo en el marco legal, “(…) lo cual
quiere decir que debe existir un justo título por lo que “solo pueden tener la entidad
suficiente para ofrecer la garantía que se comenta, los actos que respetan el
ordenamiento jurídico”57».

57. De ahí que no toda situación derivada del reconocimiento o pago de una
prestación tenga la entidad suficiente para constituir un derecho adquirido
susceptible de ser protegido, pues únicamente pueden ofrecer dicha garantía los
actos que respetan el ordenamiento jurídico y consolidan de manera definitiva la
situación particular del servidor. Así lo señala también el artículo 10 de la Ley 4ª de
1992, que prevé que «[t]odo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte
el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos».

58. En consecuencia, no puede entenderse que para la fecha en que se profirió la
declaratoria de nulidad del Acuerdo 13 de 1983, Ivonne Lía Calderón Oliveros y
Gustavo Cubillos Cudris ya habían consolidado una situación jurídica particular
respecto del reconocimiento y pago de la prima de antigüedad, amparada
expresamente por el ordinal 3 de la referida providencia judicial.

59. En ese orden, aunque no se pasa por alto que, si bien se acreditó que Gustavo
Cubillos Cudris percibió la prima de antigüedad con anterioridad a la sentencia

54 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 14 de octubre de 2004, expediente 4206-03

MP. Ana Margarita Olaya Forero, del 6 de marzo de 2008, radicado 25000-23-25-000-1999-02479-
01(4378-05), MP. Jaime Moreno García; del 5 de febrero de 2009, radicado 25000-23-25-000-2001-
03383-01(3324-04),MP. Luis Rafael Vergara Quintero.
55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2024, radicado

68001-23-33-000-2016-01045-01 (2650-2019), MP. César Palomino Cortés.
56 En similares términos, el artículo 31 de la Constitución Nacional de 1886 preveía: “Los derechos

adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jurídicas, no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores” (negrilla fuera de texto)
57 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, C. P.

Rafael Francisco Suárez Vargas, fallo de 9 de julio de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-
00499-01 (3558-17).

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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
Cubillos Cudris

proferida el 14 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cesar, ello no
basta para concluir que su situación jurídica se encontraba consolidada y amparada
por un justo título, toda vez que el decreto que creó dicho emolumento [tal como lo
determinó el tribunal] fue expedido por el Concejo Municipal de Valledupar sin
sujeción a la norma pues no tenía competencia constitucional ni legal para tal fin,
de modo que no se creó con apego a la ley o, dicho de otro modo, no se ajustó al
ordenamiento jurídico.

60. Así las cosas, el municipio de Valledupar no desconoció los efectos de la
sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cesar
al no reanudar el pago de la prima de antigüedad de los demandantes, toda vez que
la protección dispuesta en dicha providencia únicamente podía cobijar las
situaciones jurídicas consolidadas [que no las aparentes] las que se constituyen
entonces en derechos adquiridos, esto es las que fueron constituidas conforme a
derecho soportadas en un justo título, presupuesto que no se acreditó en el presente
asunto.

61. En consecuencia, las pretensiones formuladas por Ivonne Lía Calderón Oliveros
y Gustavo Cubillos Cudris no están llamadas a prosperar, toda vez que no se
acreditó que sus situaciones jurídicas se encontraran consolidadas conforme a
derecho con anterioridad a la declaratoria de nulidad del Acuerdo 13 de 1983,
presupuesto exigido para entender configurada una situación jurídica protegible
mediante la modulación de efectos de la sentencia proferida el 14 de marzo de 2013
por el Tribunal Administrativo del Cesar. Por ello, se confirmará la sentencia apelada
que negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

62. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

63. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
Cubillos Cudris

64. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma58.

65. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

66. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

67. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, si bien el Tribunal
Administrativo del Cesar declaró la nulidad del Acuerdo 13 de 1983 por falta de
competencia del Concejo Municipal de Valledupar para crear la prima de
antigüedad, también moduló los efectos de dicha decisión al disponer la continuidad
en el pago de las primas previamente reconocidas únicamente respecto de aquellas
situaciones jurídicas consolidadas.

68. En ese contexto, no se acreditó que las situaciones jurídicas de Ivonne Lía
Calderón Oliveros y Gustavo Cubillos Cudris se encontraran consolidadas en los
términos exigidos por la jurisprudencia de esta Corporación, toda vez que no
bastaba con acreditar la percepción previa del emolumento o la existencia de actos
administrativos de reconocimiento, sino que además se requería que el derecho
invocado estuviera definido de manera definitiva, no fuera susceptible de discusión
administrativa o judicial y se encontrara soportado en un justo título ajustado al
ordenamiento jurídico, presupuestos que responden al entendimiento de un derecho
adquirido y que no se configuraron en el presente asunto.

69. Por lo tanto, el municipio de Valledupar no desconoció los efectos de la sentencia
proferida el 14 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cesar al no
reanudar el pago de la prima de antigüedad reclamada.

58En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00048-01 (5104-2024)
Demandante: Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo
Cubillos Cudris

70. Enconsecuencia, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la demanda presentada por
Ivonne Lia Calderón Oliveros y Gustavo Cubillos Cudris contra la nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
municipio de Valledupar, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai.

Cuarto. Notificar esta decisión conforme con el artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM

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