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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03877-00

Fecha
25 de julio de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03877-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Todomar CHL S.A.S contra la Sentencia del 20 de mayo de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03877-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

25 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03877-00
Accionante: TODOMAR CHL S.A.S.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN
B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencias judiciales-Improcedencia por
incumplimiento del principio de subsidiariedad por cuanto no se agotaron los medios
de defensa judicial- El recurso extraordinario de revisión se encuentra en curso.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución política, el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve la acción de tutela
promovida por Todomar CHL S.A.S1, sociedad que actúa a través de apoderado
judicial, contra la Sentencia del 20 de mayo de 2024, proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado. A su juicio, dicha decisión vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al derecho a la propiedad privada.

ANTECEDENTES

1. El presente caso corresponde a una acción de tutela contra una providencia
judicial, por lo que los antecedentes tendrán el siguiente orden en la exposición: (i)
los hechos que dieron origen al proceso ordinario y el trámite de este; y (ii) los
argumentos que fundamentaron la interposición de la acción de amparo
constitucional, así como las pretensiones formuladas por el demandante.

Antecedentes del proceso ordinario

2. El 1 de julio de 1997, el Fondo Rotatorio Regional del Atlántico -Hoy Agencia
Logística de las Fuerzas Militares2- celebró un contrato de arrendamiento con
Todomar CHL S.A.S3 -en adelante Todomar-. En dicho negocio jurídico, se

1
En adelante Todomar.
2
En adelante la Agencia.
3
La Sala constata que la sociedad TODOMAR C.H.L. MARINA S.A. fue constituida mediante
Escritura Pública n.º 1388 del 22 de mayo de 1997, otorgada ante la Notaría Cuarta de Cartagena e
inscrita en la Cámara de Comercio el 6 de junio de 1997, bajo el número 21.458 del libro respectivo.
Posteriormente, según consta en el Acta del 1.º de octubre de 2010 de la Asamblea de Accionistas
—inscrita en la misma Cámara de Comercio el 29 de diciembre de 2010, bajo el número 69.328 del
Libro IX—, la sociedad se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada
(S.A.S.) y adoptó la denominación actual de TODOMAR CHL S.A.S. La Sala advierte que el escrito
de tutela y en el memorial del poder allegado con los anexos demanda, la denominación de la
sociedad es: TODOMAR CHL S.A.S.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03877-00
Accionante: Todomar CHL S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera- Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

contempló entregar a título de tenencia un área total de 3.107 m2 por un plazo de
duración de 5 años y un canon mensual de $5.875.000.

3. El 24 de enero de 2003, la Agencia Logística promovió demanda a través del
medio de control de controversias contractuales contra Todomar, en la que
pretendió que se declarara la renovación del contrato de arrendamiento No. 123/97
a partir del 2 de julio de 2002, así como la revisión del canon, debido a la ocupación
de un área mayor a la originalmente pactada.

4. Mediante decisión del 27 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo de
Bolívar negó las pretensiones de la demanda, por cuanto el contrato No. 123/97
había terminado por vencimiento de términos el 30 de junio de 2002.
Adicionalmente, declaró de oficio la nulidad absoluta de la cláusula décima quinta
del contrato en la cual se estipulaba la prórroga automática del contrato.

5. El 20 de marzo de 2013, la Agencia Logística interpuso una segunda
demanda a través del medio de control de controversias contractuales en contra de
Todomar, la cual cursó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar. Esto con el fin de
pretender la restitución del inmueble ocupado por Todomar.

6. Mediante Sentencia del 11 de febrero de 2022, la Sala de Decisión 7 del
Tribunal Administrativo de Bolívar declaró parcialmente probada la excepción de
cosa juzgada relacionada con el pago de las presuntas diferencias derivadas del
canon de arrendamiento por la ocupación de un área mayor a la pactada en el
contrato4. Además, dicha autoridad judicial ordenó a Todomar la restitución del
inmueble dado en arrendamiento, en las mismas condiciones en que le fue
entregado por parte de la agencia y dio por terminado el Contrato de Arrendamiento
No. 123 de 1 de julio de 1997. Finalmente, frente al pago de las diferencias relativas
al canon de arrendamiento, por la ocupación de un área mayor a la pactada en el
contrato, se declaró la excepción de cosa juzgada parcial, habida consideración de
la decisión adoptada en la referida Sentencia de 27 de julio de 2017.

7. Mediante sentencia del 20 de mayo de 2024, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia, al
considerar que Todomar continúa ocupando el inmueble objeto del contrato de
arrendamiento, de ahí que persiste la obligación de restituir la cosa.

Fundamentos de la demanda de tutela5

8. La accionante afirmó que la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia, en tanto la interpuso como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable derivado de la sentencia proferida el 20 de mayo de
2024 por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación.

4
La firma Topógrafos del Caribe, contratada por la Agencia, determinó que la sociedad demandada
ocupaba 9.208,90 m2, pese a que el contrato fue por 3.107,80 m2.
5
La tutela se presentó el 19 de junio de 2025. Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y
RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL jueves, 19 de junio de 2025 con secuencia: 6013”

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03877-00
Accionante: Todomar CHL S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera- Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

9. Sostuvo que se satisface el requisito de subsidiariedad, en la medida en que
no cuenta con un medio judicial ordinario eficaz e idóneo para proteger sus derechos
fundamentales. Aunque interpuso recurso extraordinario de revisión contra dicha
sentencia, explicó que este tiene carácter residual, no suspende los efectos de la
decisión cuestionada ni impide su ejecución, y su resolución podría demorar lo
suficiente como para que el perjuicio se materialice. En consecuencia, alegó que la
revisión no constituye un mecanismo eficaz para evitar el daño inminente que busca
prevenir con esta acción de amparo constitucional.

10. La accionante justificó la necesidad de esta tutela por la gravedad e
inminencia del perjuicio irremediable que amenaza los derechos fundamentales de
Todomar. Señaló que la ejecución de la sentencia cuestionada podría ordenar la
restitución inmediata del inmueble, sin que se haya resuelto previamente su
situación jurídica como poseedora material ni se le haya garantizado el ejercicio
efectivo del derecho de defensa en esa condición.

11. Advirtió que dicha ejecución podría causar la demolición de instalaciones o
el despojo de la posesión, sin una decisión judicial que defina con garantías la
titularidad del predio, lo que vulneraría los derechos a la propiedad, al debido
proceso y al acceso a la justicia. Por ello, concluyó que la tutela es urgente y
procedente, ante la falta de un medio judicial eficaz para evitar ese perjuicio
irremediable.

12. Ahora bien, la sociedad tutelante indicó que la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y el derecho
a la propiedad privada.

13. En primer lugar, la tutelante alegó la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso, al considerar que las decisiones adoptadas a lo largo del proceso
resultan contradictorias entre sí. Señaló que la sentencia del 27 de julio de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró que el Contrato de
Arrendamiento No. 123 de 1997 había finalizado por vencimiento del plazo el 30 de
junio de 2002 y declaró la nulidad absoluta de la cláusula décima quinta, que preveía
la prórroga automática del contrato. No obstante, la providencia del 11 de febrero
de 2022, emitida por la Sala de Decisión 7 del Tribunal Administrativo de Bolívar,
ordenó la restitución del inmueble en las mismas condiciones en que fue entregado,
dando por terminado nuevamente el contrato, sin tener en cuenta los efectos
jurídicos de la sentencia anterior. Esta decisión fue confirmada por la Subsección B
de la Sección Tercera de esta Corporación.

14. A juicio de la tutelante, dicha contradicción desconoce que la nulidad de la
cláusula contractual produce efectos “ex tunc”, es decir, desde el origen del contrato,
y que la terminación por vencimiento del plazo se produjo el 30 de junio de 2002.
En consecuencia, la acción de restitución del bien solo podía ejercerse dentro de
los dos años siguientes a dicha fecha.

15. Afirmó que el Consejo de Estado en providencia del 20 de mayo de 2024
reconoció parcialmente la excepción de cosa juzgada, pero no explicó de forma

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03877-00
Accionante: Todomar CHL S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera- Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

clara ni suficiente por qué limitó sus efectos. Esta omisión vulnera el artículo 29 de
la Constitución y afecta la seguridad jurídica y la confianza legítima de Todomar en
las decisiones judiciales previas.

16. En segundo lugar, manifestó una afectación del derecho al acceso a la
administración de justicia, al desconocer los efectos de una decisión judicial previa
sin garantizar un espacio adecuado para ejercer el derecho de defensa. En el primer
proceso contencioso6, se declaró la terminación del contrato de arrendamiento y se
resolvieron asuntos relacionados con el uso del inmueble, lo que permitió a Todomar
hacer valer sus derechos ante la jurisdicción. Sin embargo, la decisión adoptada
posteriormente el 20 de mayo de 2024 por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, dentro de un nuevo proceso sobre los mismos hechos y
pretensiones, revivió los efectos de una relación contractual ya extinguida por
vencimiento del plazo, contrariando lo resuelto con anterioridad.

17. A juicio de la accionante, esta situación compromete la estabilidad de las
decisiones judiciales, impone una carga procesal desproporcionada a Todomar y
priva de valor el ejercicio previo del derecho de defensa. Entonces, la tutela se
justifica como mecanismo para evitar esta indefensión y garantizar un acceso
efectivo a la justicia. Esta afectación también incide en el derecho de Todomar a
permanecer en el inmueble, el cual como se detallará más adelante es de propiedad
privada y no pertenece a la Agencia Logística.

18. En tercer lugar, la tutelante alegó la vulneración del derecho fundamental a
la propiedad privada, en tanto la orden de restitución contenida en la Sentencia del
20 de mayo de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, recae sobre un inmueble de naturaleza privada, cuya titularidad
estatal no ha sido declarada ni probada en el proceso. A pesar de que la Alcaldía
de Cartagena solicitó el reconocimiento como propiedad pública, la Agencia de
Logística no acreditó tal condición ni promovió un procedimiento expropiatorio,
como lo exige el artículo 58 de la Constitución Política. Por ello, cualquier medida
que prive a Todomar del uso y goce del inmueble carece de justificación legal y
configura una afectación inconstitucional a la propiedad privada, además de un
posible enriquecimiento sin causa a favor del Estado.

19. Asimismo, señaló que Todomar ha ejercido la ocupación material del predio
de forma pública, pacífica y continua desde la terminación del contrato de
arrendamiento el 30 de junio de 2002, consolidando una situación posesoria legítima
conforme al artículo 762 del Código Civil. La orden de restitución desconoce esta
situación fáctica y jurídica, al pretender interrumpirla sin trámite judicial ni
reconocimiento de la posición de Todomar como tenedora o poseedora legítima.
Ejecutar dicha orden equivaldría a un desalojo forzoso y arbitrario, sin título jurídico
que lo respalde, lo cual vulnera también el artículo 29 superior.

20. En suma, según la accionante, la medida cuestionada desconoce principios
esenciales como la legalidad en la adquisición de bienes por parte del Estado, la
garantía de la propiedad privada y el respeto a la posesión legítima, configurando

6
Sentencia del 27 de julio de 2017.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03877-00
Accionante: Todomar CHL S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera- Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

una actuación desproporcionada e inconstitucional que justifica la intervención del
juez constitucional.

21. Finalmente, la peticionaria concluyó que la Sentencia proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que ordena la restitución del inmueble, configura
una amenaza real, grave e inminente a los derechos fundamentales de Todomar
CHL S.A.S., particularmente al derecho a la propiedad, al debido proceso y a la
estabilidad jurídica.

22. La demandante afirmó que el cumplimiento de esta orden implicaría el
desalojo forzoso de un bien ocupado legítimamente desde 2002, sin que exista una
declaratoria de utilidad pública, en el marco de un proceso expropiatorio ni claridad
sobre la titularidad del predio. Esta situación genera una afectación patrimonial
irreversible, al poner fin a una actividad económica sostenida durante años, sin
compensación ni oportunidad efectiva de defensa.

23. Manifestó que promovió un recurso extraordinario de revisión, y que su
trámite es notoriamente prolongado y no suspende los efectos de la sentencia.
Permitir la restitución mientras se resuelve ese recurso equivaldría a consolidar un
perjuicio irreversible, que no podría ser reparado ni siquiera en caso de revocatoria
posterior del fallo. Por tanto, la acción de tutela se configura como el único
mecanismo eficaz para prevenir la consumación de ese daño, y su procedencia
excepcional se justifica plenamente a la luz del artículo 86 de la Constitución
Política.

Pretensiones

24. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la propiedad privada y demás derechos
adquiridos conforme a la ley civil de la sociedad accionante TODOMAR CHL
S.A.S., los cuales están en actual peligro y en inminencia de ser vulnerados por
la ejecución de las sentencias de primera y segunda instancia emitidas dentro
del proceso con radicado No. 13001-23-33-000-2013-00154-01 (69052), por
medio de la cual se confirma la sentencia de primera instancia emitida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar.
Segundo. Que, como medida de protección constitucional, y a fin de evitar la
acusación de perjuicios irremediables, se suspendan provisionalmente los
efectos de la sentencia del Consejo de Estado, proferida el 20 de mayo de 2024
por la Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso con radicado No. 13001-23-
33-000-2013-00154-01 (69052), hasta tanto se resuelva de manera definitiva el
recurso extraordinario de revisión interpuesto contra dicha providencia.

Tercero. Que se ordene a las autoridades accionadas abstenerse de ejecutar
cualquier actuación administrativa o judicial que tenga por objeto la restitución
material del inmueble en disputa, mientras se resuelve de fondo el recurso
extraordinario de revisión en curso”7.

7
Índice electrónico 02 de SAMAI.1_DemandaWeb_Demanda_TutelaTodomarMedidaP(.pdf)
NroActua 2.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03877-00
Accionante: Todomar CHL S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera- Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Trámite en primera instancia

25. Mediante auto del 24 de junio de 20258, el despacho sustanciador admitió la
presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a la parte demandada
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como vincular al
Tribunal Administrativo de Bolívar y a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares,
en calidad de terceros con interés. Finalmente, reconoció personería jurídica
adjetiva a Guillermo Orlando Cáez Gómez.

Intervenciones

26. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado9 manifestó
que la providencia del 20 de mayo de 2024 contiene los fundamentos fácticos y
jurídicos necesarios para que el juez constitucional adopte la decisión que en
derecho corresponda. En consecuencia, el magistrado ponente de la sentencia
objeto de control expresó su disposición para acatar lo que resuelva la Sala que
conozca de la presente acción de tutela.

27. El Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional de Colombia10
solicitó declarar improcedente la presente acción de amparo constitucional, por no
cumplir el requisito de subsidiariedad. Señaló que el accionante pretende usar esta
vía excepcional como un mecanismo paralelo para controvertir decisiones judiciales
ejecutoriadas.

28. Destacó que la sociedad accionante ya interpuso el recurso extraordinario de
revisión, medio judicial idóneo y eficaz para la defensa de sus derechos. Además,
sostuvo que no existe perjuicio irremediable, pues la alegada afectación patrimonial
deriva de la obligación de restituir un bien ocupado sin justo título desde hace más
de veinte años, lo cual no configura una vulneración de derechos fundamentales.

29. La Agencia Logística de las Fuerzas militares11 señaló que la discusión
sobre la naturaleza jurídica del predio, esto es, si pertenece al Estado o constituye
un bien de carácter privado no ha sido objeto de debate en ninguno de los procesos
judiciales tramitados hasta la fecha. En consecuencia, solicitó dar estricto
cumplimiento al artículo 253 del CPACA, el cual consagra el deber de garantizar la
efectividad de las decisiones judiciales y salvaguardar la seguridad jurídica. Enfatizó
que el cumplimiento de las órdenes judiciales no constituye una mera obligación
procesal, sino que representa una manifestación esencial del principio de
supremacía del orden jurídico y del Estado de Derecho.

30. El Tribunal Administrativo de Bolívar12 solicitó ser desvinculado por
carecer de legitimación en la causa por pasiva. Afirmó que no emitió la decisión

8
Índice electrónico 05 de SAMAI. 28Autoqueadmite_320250387700ADMITETO(.pdf) NroActua 5.
9
Índice electrónico 013 de SAMAI. 35CONTESTACIONDE_Contestaciontutela20(.pdf) NroActua 13.
10
Índice electrónico 015 de SAMAI.35_MemorialWeb_Respuesta-CONTESTACIONACCION(.pdf)
NroActua 15.
11
Índice electrónico 016 de SAMAI.36_MemorialWeb_Respuesta-Tutela202503877pd(.pdf)
NroActua 16.
12
Índice electrónico 017 de SAMAI.44RECIBEMEMORIAL_InformeTutela1100103(.pdf) NroActua
17.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03877-00
Accionante: Todomar CHL S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera- Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

judicial cuya suspensión se solicita ni ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados.

31. Señaló que la acción de tutela se dirige exclusivamente contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, debido a la sentencia del 20 de mayo de
2024, mediante la cual se ordenó la restitución de un inmueble a favor de la Agencia
Logística. Para el interviniente, según el accionante, dicha orden desconoce una
sentencia previa con autoridad de cosa juzgada y vulnera su derecho de defensa al
no haber sido reconocido como poseedor del predio.

32. Por tanto, la pretensión de la parte actora recae únicamente sobre una
actuación atribuible al Consejo de Estado, y no guarda relación con el Tribunal, lo
que hace improcedente su vinculación al presente trámite constitucional.

CONSIDERACIONES

33. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201913.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

34. A partir de lo expuesto en los antecedentes, corresponde a la Sala verificar
en primer lugar, si la acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos
generales de procedencia fijados por la jurisprudencia constitucional. Una vez
superados la Sala abordara el siguiente problema jurídico: ¿La Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia y al derecho a la propiedad privada del
accionante?

35. En tal propósito, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional en torno a
los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; (ii) el deber del accionante de agotar previamente los medios
ordinarios de defensa disponibles; y (iii) la naturaleza del recurso extraordinario de
revisión como mecanismo idóneo y eficaz en el ámbito contencioso-administrativo.
Finalmente, con base en estas reglas, se valorará si se cumplen los presupuestos
de procedencia en el caso concreto.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

36. En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional “sistematizó” los
requisitos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales. En
dicha decisión, la Corte estableció una distinción entre requisitos de carácter
general, y requisitos de carácter específico o defectos.

13
Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.

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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

37. Los primeros constituyen condiciones previas que deben cumplirse en su
totalidad, para que el juez pueda asumir el conocimiento de fondo del caso
analizado10. Una vez superados estos requisitos de forma, es procedente el estudio
de fondo. Por su parte, los requisitos específicos hacen alusión a los defectos
presentes en la providencia cuestionada, los cuales serían la causa directa de la
vulneración de los derechos fundamentales11.

38. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar14; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela15, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional16 o el Consejo de Estado17,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-18; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable19 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en los
eventos donde no se han agotado todos los medios de defensa judicial o
existen recursos en trámite

39. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución política, la acción de tutela
es de carácter subsidiario y, por tanto, sólo procede cuando no exista otro
mecanismo judicial eficaz para la protección del derecho amenazado o vulnerado,
salvo que se pretenda evitar un perjuicio irremediable y se interponga como

14
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
15
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
17
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
19
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

mecanismo transitorio. Así, este principio impone a los ciudadanos la obligación de
agotar previamente los recursos ordinarios y extraordinarios que ofrece el
ordenamiento jurídico, por lo que evita que la tutela se convierta en una vía
preferente o supletoria de los mecanismos establecidos en otras jurisdicciones.

40. En ese sentido, la Corte Constitucional ha identificado tres supuestos que
hacen improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales20: “(i) cuando
el proceso judicial se encuentra en curso, (ii) cuando el accionante no ha agotado
los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa previstos en la ley, y (iii)
cuando se pretende utilizar la tutela para reabrir etapas procesales precluidas por
no haber ejercido oportunamente los recursos legales disponibles”.

41. En particular, si el proceso judicial aún está en trámite, la intervención del
juez constitucional resulta improcedente, dado que la tutela no constituye una vía
alterna ni paralela al proceso ordinario. Por tanto, no es admisible que el accionante
alegue la vulneración de derechos fundamentales si no ha solicitado su protección
en el marco del proceso judicial correspondiente.

El recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa
como mecanismo de defensa idóneo y eficaz

42. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, consagra el recurso extraordinario de
revisión como un mecanismo excepcional para impugnar sentencias ejecutoriadas
proferidas por los jueces, tribunales y secciones del Consejo de Estado en materia
contencioso-administrativa.

43. Este recurso procede en situaciones inusuales en las que resulta necesario
invalidar una sentencia en firme, ya sea por hechos nuevos, circunstancias
desconocidas al momento de fallar o por la existencia de fraude, error o ilicitud. Su
propósito es restaurar la justicia material y corregir decisiones contrarias al orden
jurídico, aun cuando hayan adquirido fuerza de cosa juzgada.

44. En esa línea, la Sentencia C-450 de 2015 reiteró que la revisión busca
analizar hechos nuevos que alteren el sentido de justicia de una decisión
ejecutoriada. Por ello, su procedencia depende del cumplimiento estricto de los
requisitos legales.

45. El artículo 250 de la misma ley establece las causales específicas de
procedencia:

“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

20
Corte Constitucional, Sentencias SU-062 de 2018 y T-016 de 2022.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03877-00
Accionante: Todomar CHL S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera- Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho
en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada.

46. En ese contexto, la Corte ha considerado que este recurso es idóneo y
eficaz cuando se alega la vulneración del derecho al debido proceso por parte de
una sentencia ejecutoriada. Incluso ha reconocido que, en ciertos casos, este
mecanismo y la acción de tutela podrían tener una identidad de causa y objeto, lo
cual impediría su uso simultáneo21,al respecto afirmó que “los dos procesos, el
extraordinario especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa
petendi y de petitum, y resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos
pronunciamientos judiciales concurrentes”22. En efecto, el medio de defensa es
idóneo, cuando “es materialmente apto para producir el efecto protector de los
derechos fundamentales”23; y es eficaz en el evento en que “la única violación
alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos
que no tienen carácter fundamental”24.

47. En consecuencia, la tutela solo será procedente si el recurso de revisión no
ofrece una protección al derecho fundamental invocado o si las causales legales no
abarcan los hechos denunciados. En palabras de la Corte, “la tutela se torna
improcedente si el debido proceso puede protegerse de manera eficaz mediante el
recurso extraordinario de revisión”25.

Análisis del caso concreto

48. La Sala desarrollará, en primer lugar, el análisis de la legitimación en la causa
por activa y por pasiva. Posteriormente, abordará el principio de subsidiariedad,
frente al cual concluirá que no se acredita en el presente caso.

La legitimación en la causa por activa y pasiva

49. Todomar CHL S.A.S cumple con el requisito de legitimación en la causa por
activa, toda vez que es la sociedad directamente afectada por la decisión proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esto se debe a

21
Corte Constitucional, Sentencia T-106 de 2024.
22
Corte Constitucional, Sentencia SU-026 de 2021.
23
Corte Constitucional, Sentencia SU-060 de 2024.
24
Corte Constitucional, Sentencias SU-026 de 2021, SU-263 de 2015, T-713 de 2013, T-553 de
2012 y T-649 de 2011.
25
Corte Constitucional, Sentencia SU-263 de 2015.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03877-00
Accionante: Todomar CHL S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera- Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

que la sociedad figuró como demandante en el proceso que culminó con las
decisiones impugnadas y es la titular del derecho al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

50. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la
Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, autoridad judicial que dictó
la providencia a la que se le atribuye la transgresión de los derechos fundamentales
reclamados por la tutelante.

51. El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó ser desvinculado por carecer de
la falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que
dicha autoridad judicial fue quien profirió la sentencia de primera instancia, la cual
fue confirmada por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación. Por
lo tanto, su permanencia en el proceso resulta necesaria para garantizar un
pronunciamiento integral y efectivo sobre las pretensiones formuladas por la parte
accionante.

Subsidiariedad

52. Todomar CHL S.A.S promovió acción de tutela contra la Sentencia del 20 de
mayo de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Sostuvo que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la propiedad privada.

53. La Sala advierte que del material probatorio allegado la parte actora interpuso
recurso extraordinario de revisión contra la mencionada sentencia, identificado con
el radicado 11001031500020250388600, el cual actualmente se encuentra “al
despacho por reparto”26, según consta en el estado procesal. Esta circunstancia
evidencia que el proceso judicial no ha concluido y que existe un mecanismo en
curso diseñado específicamente para revisar la decisión cuestionada.

54. El trámite de dicho recurso garantiza de manera efectiva la protección de los
derechos fundamentales cuya vulneración alega la parte accionante, en particular,
el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Por esta razón, no
resulta procedente acudir a la acción de tutela como mecanismo principal de
protección de derechos fundamentales, dado que el ordenamiento jurídico ya
dispone de una vía judicial ordinaria que se encuentra activa y que, en principio,
ofrece una respuesta frente a las pretensiones planteadas en esta acción.

55. En particular, el actor alega que, mediante decisión del 27 de julio de 2017,
el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la terminación del contrato de
arrendamiento No. 123/97 objeto de litigio. Sin embargo, a través de Sentencia del
11 de febrero de 2022, la Sala de Decisión Siete del Tribunal Administrativo de

26
Índice electrónico 03 de SAMAI del proceso del recurso extraordinario de revisión. “FDR-recurso
extraordinario de revisión promovido contra la providencia de 20 de mayo de 2024, proferida por el
Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B, dentro del expediente C.C. 13001-23-33-000-
2013-00154-01 int 69052”. Consejera ponente: María Adriana Marín.

11

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Accionante: Todomar CHL S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera- Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Bolívar ordenó a Todomar la restitución del inmueble arrendado en las mismas
condiciones en que le fue entregado por parte de la Agencia Logística27. Esta
segunda decisión fue confirmada por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 20 de mayo de 2024.

56. A juicio del actor, el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Consejo de Estado
omitieron aceptar en su integridad la excepción de cosa juzgada. Por el contrario,
realizaron una declaratoria parcial de la misma, sin reconocer plenamente los
efectos jurídicos de la sentencia proferida el 27 de julio de 2017, dentro del proceso
radicado bajo el número 13001-23-31-000-2003-00055-00, en la cual se declaró la
terminación del mencionado contrato de arrendamiento.

57. La Sala reconoce que el actor anexó con la demanda una copia del recurso
extraordinario de revisión que interpuso contra de la Sentencia del 20 de mayo de
2024, emitida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado28.
En dicho recurso el actor alegó que la providencia cuestionada mediante la presente
acción de tutela incurre en la causal 8 del artículo 250 CPACA29. En consecuencia,
el recurso extraordinario de revisión constituye un medio idóneo y eficaz para
controvertir la decisión judicial que, a su juicio, vulneró de sus derechos
fundamentales. Esto se debe a que la causal alegada cuenta con una identidad con
los defectos en tutela, al punto que se pueden ventilar en un recurso extraordinario.

58. De igual manera, la empresa accionante no indicó alguna circunstancia
particular que evidenciara que acudir el mecanismo extraordinario de revisión sea
desproporcionado. La compañía no es un sujeto de especial protección
constitucional, de modo que el recurso no constituye una barrera de acceso.
Además, Todomar pidió únicamente la protección de los derechos al debido
proceso, administración de justicia y propiedad, lo que demuestra la eficacia del
recurso, ya que se trata de dos derechos fundamentales de procedimiento que
pueden ser protegidos de manera integral por recurso extraordinario y otro que no
tiene dicha entidad.

59. Adicionalmente, la Sala no encuentra la configuración de un perjuicio
irremediable que habilite la intervención del juez constitucional. Conforme a la
jurisprudencia constitucional, para que se configure un perjuicio irremediable y la
acción de tutela proceda de manera transitoria, deben concurrir los siguientes
elementos30: (i) inminencia, esto es, que el daño esté próximo a ocurrir y exista un
grado considerable de certeza sobre su materialización; (ii) gravedad, en cuanto
implique un detrimento serio sobre un bien jurídico relevante; (iii) urgencia,
entendida como la necesidad de adoptar medidas inmediatas para evitar la
consumación del daño; y (iv) la impostergabilidad de la protección, es decir, que no

27
Este proceso se identificó con el radico No 13001-23-33-000-2013-00154-00.
28
Índice electrónico 02 de SAMAI. 45_DemandaWeb_Anexos_P19Recursoderevision(.pdf)
NroActua 2.
29
“Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso
en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.”
30
Corte Constitucional, Sentencia SU-179 de 2021.

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exista otro mecanismo oportuno y eficaz que permita conjurar la afectación de
derechos fundamentales.

60. En el presente caso, no se acreditan tales condiciones en relación con los
derechos fundamentales al debido proceso y administración de justicia. En primer
lugar, no se advierte la inminencia del daño alegado, pues la decisión judicial
cuestionada actualmente está en estudio mediante el recurso extraordinario de
revisión, lo cual indica que, si bien el proceso en su cause ordinario concluyó, existe
un trámite en curso que podría modificar la decisión impugnada y romper la cosa
juzgada de la decisión expedida31. Así, podría resolverse la posible afectación de
los derechos mencionados y restablecer la justicia material que la empresa
demandante aludió como quebrantada32. Por tanto, no hay certeza sobre un
inminente daño que sea irreparable, como es pasar por alto otra decisión judicial.

61. En segundo lugar, no se demuestra la gravedad del perjuicio, en tanto los
efectos adversos alegados por la parte actora aún no se han concretado en relación
con los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En
cualquier caso, su eventual configuración podría ser evitada mediante el fallo que
llegue a adoptarse dentro del recurso extraordinario de revisión, que constituye un
mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para garantizar el debido proceso
y la protección de los derechos sustanciales.

62. En tercer lugar, la urgencia de las medidas de protección tampoco se
encuentra acreditada, toda vez que no se ha demostrado que el trámite del recurso
de revisión resulte insuficiente o tardío para evitar el presunto perjuicio. Además, no
se requieren alternativas urgentes para evitar el presunto daño, ya que este puede
restablecerse con la revisión del fallo impugnado. Por el contrario, dicho mecanismo
se encuentra en curso y constituye una vía procesal idónea y eficaz para controvertir
la providencia que se considera lesiva, sin que sea necesario acudir al amparo
constitucional de manera excepcional. De comprobarse alguna de ellas, el juez
contencioso administrativo está facultado para declarar fundado el recurso
extraordinario de revisión y, en consecuencia, ordenar a la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado emitir una nueva decisión ajustada a
derecho.

63. Ahora bien, en lo que respecta al derecho a la propiedad privada, si bien la
accionante alega su vulneración, la Sala observa que no se cumple el estándar
constitucional exigido por la jurisprudencia de la Corte para que este derecho sea
susceptible de protección a través de la acción de tutela. En efecto, según reiterada
doctrina constitucional, la propiedad privada solo adquiere el carácter de derecho
fundamental cuando su afectación compromete directamente el núcleo esencial de
la dignidad humana, es decir, cuando las limitaciones al uso, goce o usufructo de
un bien afectan de forma grave y directa condiciones mínimas de existencia del
titular33, lo que no aplica para las personas jurídicas.

31
Corte Constitucional, Sentencia C-450 de 2015. En dicha decisión, la Corte Constitucional reiteró
la jurisprudencia del Consejo de Estado que establece lo siguiente: “recurso extraordinario de
revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia adicional en la que los interesados pueden
plantear el asunto objeto del litigio original”.
32
Ibid.
33
Corte Constitucional, Sentencia T-454 de 2012.

13

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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

64. En el caso concreto, Todomar no acreditó que sus representantes
enfrentaran una afectación a la dignidad humana o condiciones materiales de
subsistencia. Por tanto, la presunta vulneración no trasciende al ámbito de
protección reforzada que exige la Corte para considerar que el derecho a la
propiedad adquiere una dimensión fundamental y, en consecuencia, pueda ser
tutelado de manera directa por esta vía excepcional. La Sala precisa que el
mecanismo adecuado para obtener la protección al derecho a la propiedad privada
son los mecanismos ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento
jurídico.

65. De acuerdo con los parámetros fijados por la Corte Constitucional, la tutela
resulta improcedente cuando el proceso judicial se encuentra en trámite o cuando
el accionante no ha agotado los medios ordinarios o extraordinarios de defensa
judicial. Aunado a ello, la jurisprudencia ha sostenido que no es admisible promover
la acción de amparo como vía paralela o sustitutiva del recurso extraordinario de
revisión, menos aun cuando este se encuentra en curso.

66. Por tanto, al existir un proceso pendiente mediante el cual pueden resolverse
de fondo las pretensiones de la parte actora, la acción de tutela se declarará
improcedente por no satisfacer el requisito específico de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Todomar CHL S.A.S contra la Sentencia del 20 de mayo de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
AUSENTE CON PERMISO

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Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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