Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00154-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00154-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2013-00154-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
20 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 20 de mayo de 2024
Radicado: 13001-23-33-000-2013-00154-01 (69052)
Demandante: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Demandada: Todomar CHL Marina SAS
Referencia: Controversias contractuales
Temas: restitución de inmueble arrendado – oportunidad para presentar la demanda –
declaratoria de incumplimiento – cláusula penal.
Síntesis del caso: la entidad demandante solicitó la restitución del inmueble que tenía
arrendado a la sociedad demandada, que se ha opuesto a retornar a pesar de los múltiples
requerimientos.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
en contra de la Sentencia proferida el 11 de febrero de 2022, por la Sala de
Decisión 7 del Tribunal Administrativo de Bolívar1, que declaró parcialmente
la cosa juzgada y accedió parcialmente a las pretensiones.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 20 de marzo de 2013, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
(Agencia) presentó demanda, en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales, en contra de la sociedad Todomar CHL Marina
SAS, con las siguientes pretensiones (se trascribe):
[…]
2. Declarar judicialmente terminado el contrato administrativo de
arrendamiento No.123 celebrado el primero (1°) de julio de mil
novecientos noventa y siete (1997), entre el entonces Fondo Rotatorio
de la Armada Nacional, hoy AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES como arrendadora y la sociedad TODOMAR C.H.L MARINA
S.A.S, en calidad de arrendataria, por las siguientes razones:
1 El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2013-00154-01 (69052)
Demandante: Agencia Logística de las Fuerzas
Militares
Demandada: Todomar CHL Marina SAS
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar la Sentencia
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[…] 2. Que como efecto de la anterior declaración, condene a la
demandada TODOMAR C.H.L MARINA S.A.S. a desocupar y restituir de
manera inmediata el aludido inmueble objeto de litigio, correspondiente
a un área aproximada de 9.600 Mts2, entregándolo a la demandante
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, en su calidad de
arrendador.
3. Que de no ocurrir la restitución voluntaria del inmueble, se proceda a
la práctica de la diligencia de lanzamiento directamente o por
comisionado, en la fecha y hora que su despacho señale, de
conformidad con el artículo 337 del Código de Procedimiento Civil.
4.Condenar a la demandada al pago de los cánones dejados de
cancelar por todo el tiempo que lleva ocupando y explotando el área
de seis mil metros cuadrados (6.000 m2), a valor presente conforme se
avalúe por el perito designado. Lo anterior sin perjuicio del valor de los
intereses moratorios que se causen con posterioridad a esa fecha y
hasta el momento en que se haga efectivo el pago de la condena que
se imponga, ni de los demás valores y perjuicios que se logren probar en
el plenario.
5. Que se exija el pago de la cláusula penal en los términos pactados en
la cláusula décima cuarta del contrato de arrendamiento No. 123 de
1997 […]”.
2. La parte demandante basó sus pretensiones, en síntesis, en los siguientes
hechos:
3. 1) El Fondo Rotatorio de la Armada Nacional –hoy la Agencia– celebró un
contrato de arrendamiento con la sociedad Todomar C.H.L. SAS, el 1 de julio
de 1997. El contrato tenía un plazo de duración de 5 años y un canon
mensual de $5.875.000.
4. 2) El contrato fue prorrogado en dos ocasiones: la prórroga 1 extendió el
plazo del 1 de julio de 2002 hasta el 1 de julio de 2007; la prórroga 2 lo hizo
desde el 1 de julio de 2007 hasta el 1 de julio de 2012.
5. 3) En el 2002, próximo al vencimiento del contrato, se requirió a la
arrendataria para “revisar el canon mensual pactado en atención a que el
área realmente ocupada era muy superior a la entregada”. La entidad
añadió que ha requerido en varias ocasiones a la demandada y le ha dado
aviso para que se termine el contrato y restituya el inmueble.
6. 4) La firma Topógrafos del Caribe, contratada por la Agencia, determinó
que la sociedad demandada ocupaba 9.208,90 m2, pese a que el contrato
fue por 3.107,80 m2.
7. 5) La parte actora advirtió que, “en la actualidad cursa ante el Tribunal
Administrativo de Bolívar, proceso contractual para la regulación de
cánones de arrendamiento”.
8. 6) El 3 de julio de 2012 se efectuó una diligencia para obtener la entrega
del inmueble, toda vez que el término del contrato había terminado y la
demandada había incumplido el contrato.
9. En el capítulo titulado “fundamentos de derecho”, la parte actora afirmó
que el contrato de arrendamiento terminó el 1 de julio de 2012, cuando
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Demandante: Agencia Logística de las Fuerzas
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Demandada: Todomar CHL Marina SAS
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar la Sentencia
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expiró la segunda prórroga. Agregó que la Armada Nacional requería con
urgencia el terreno para ocuparlo, por la reubicación de la Base Naval ARC
Bolívar. Según añadió, en diversas ocasiones, la arrendadora le ha hecho
saber a la arrendataria la necesidad de obtener el inmueble; no obstante,
la parte demandada ha ignorado los requerimientos, a pesar del amplio
tiempo con el que ha contado para mitigar las eventuales consecuencias.
En la demanda se presentó una relación de los diversos “requerimientos del
propietario” y “desahucios por parte del arrendador”.
1.2. Posición de la parte demandada
10. La sociedad demandada contestó la demanda2 y solicitó que se
negaran las pretensiones. Los argumentos se pueden resumir de la siguiente
manera:
11. Es cierto que se habían producido varios requerimientos y desahucios, sin
embargo, no se cumplieron en debida forma, pues no todos se hicieron con
el lleno de los requisitos legales y algunos fueron extemporáneos.
12. Todomar ha cumplido con todas las obligaciones derivadas del
contrato. La Agencia “no se encuentra en ninguna de las situaciones
previstas en la ley para que pueda demandar la restitución del inmueble
arrendado”. Todomar tiene derecho a la renovación del contrato, por
tratarse de un inmueble en el cual funciona un establecimiento de
comercio, de conformidad con lo normado por el artículo 518 del Código
de Comercio. Además, la arrendadora pretende tomar el inmueble para
desarrollar una actividad comercial similar a la que desarrolla la
arrendataria.
13. De cualquier manera, la Agencia no esgrimió una causal válida para el
desahucio. La sociedad demandada tampoco ha incumplido el contrato,
porque no ha modificado la destinación del inmueble.
1.3. Sentencia recurrida
14. El 11 de febrero de 2022, la Sala de Decisión 7 del Tribunal Administrativo
de Bolívar profirió Sentencia3, en la que resolvió (se trascribe):
PRIMERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de COSA
JUZGADA respecto de la pretensión sexta de la demanda, relacionada
con el pago de las presuntas diferencias derivadas del canon de
arrendamiento por la ocupación de un área mayor a la pactada en el
contrato, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DAR por terminado el Contrato de Arrendamiento No. 123 de
1o de julio de 1997, suscrito entre el antiguo FONDO ROTATORIO
REGIONAL ATLÁNTICO hoy AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS
2 Expediente digital. Samai, índice 2.
3 Expediente digital. Samai, índice 2.
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MILITARES y la sociedad TODOMAR CHL MARINA S.A.S., conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la sociedad TODOMAR CHL
MARINA S.A.S. la restitución del inmueble dado en arrendamiento, en las
mismas condiciones en que le fue entregado por parte del arrendador,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: HACER efectiva la cláusula penal prevista en la cláusula
DÉCIMA CUARTA, y en consecuencia, se ORDENA a la sociedad
TODOMAR CHL MARINA S.A.S. el pago a la demandante AGENCIA
LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, de la suma de cinco millones de
pesos ($5.000.000), debidamente actualizada, en los términos del
artículo 187 del CPACA.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: NO CONDENAR en costas.
SÉPTIMO: Ejecutoriada la presente sentencia, ARCHIVAR el expediente,
previa devolución del remanente, si existiere.
15. Según advirtió el juez de primera instancia, en la Sentencia de 27 de julio
de 2017, en un proceso diferente, en el cual “se ventiló la regulación de
cánones de arrendamiento del mismo contrato”, se resolvió que el contrato
de arrendamiento terminó el 30 de junio de 2002; esto, en atención a que se
declaró, de oficio, la nulidad absoluta parcial de la cláusula 15 del contrato
que contenía las prórrogas automáticas.
16. En relación con el pago de las diferencias relativas al canon de
arrendamiento, por la ocupación de un área mayor a la pactada en el
contrato, se declaró la excepción de cosa juzgada parcial, habida
consideración de la decisión adoptada en la referida Sentencia de 27 de
julio de 2017.
17. El Tribunal declaró que estaba acreditado el incumplimiento de restituir
la cosa arrendada, “sin que operen restituciones mutuas entre las partes
contratantes, como consecuencia de la nulidad de las renovaciones
periódicas que operaron a partir del 01 de julio de 2002, tal como se señaló
en la sentencia de 27 de julio de 2017”.
18. Finalmente, se hizo efectiva la cláusula penal, porque estaba acreditado
el incumplimiento de la sociedad demandada en restituir el inmueble
arrendado y por “exceder la ocupación del área pactada”.
1.4. Recurso de apelación
19. La parte demandada presentó un recurso de apelación4 en el que
afirmó que la acción se encontraba caducada porque se trataba de un
contrato que, según la Sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada, “venció
el 30 de junio de 2002 […] En ese orden de ideas los dos años y cuatro meses
de que disponía la demandante para presentar la Acción Contractual
vencieron el 1 de noviembre de 2002, pero resulta que la demanda se
presentó el día 20 de marzo de 2013 cuando ya había operado el término
de caducidad en exceso, esto es casi nueve (9) años después del término
que tenía para presentar la demanda en tiempo”.
4 Expediente digital. Samai, índice 2.
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20. La sociedad apelante sostuvo que no podía estudiarse el incumplimiento
si había operado la caducidad, toda vez que, “todos los fundamentos
facticos que sustentan el incumplimiento sucedieron con posterioridad al 30
de junio de 2002”. Agregó que, en todo caso, “aun cuando el contrato no
era susceptible de ser prorrogado de manera automática […] lo cierto es
que las partes ignoraron las disposiciones legales y sin importar que había
operado la culminación del plazo, continuaron ejerciendo de hecho sus
roles de arrendador y arrendatario sin el menor reparo. Tanto es así que la
Demandada siguió detentando la tenencia del bien a título de
arrendamiento, continuó pagando los cánones; por su parte, la entidad
Demandada siguió recibiendo el pago por concepto de los mismos”.
21. “En relación con el incumplimiento referente a la ocupación de un área
de terreno superior a la estipulada en el Contrato de Arrendamiento,
tenemos que la parte actora ni el Tribunal en el fallo materia de esta
Apelación señalan la cláusula o la obligación contractual que resultó
presuntamente incumplida por parte de TODOMAR cuando ocupó esa área
en exceso, puesto que el Tribunal en su fallo no hace mención alguna al
respecto”. Según el apelante, la parte actora afirmó que, con la mayor
ocupación, se incumplió la cláusula primera, sin embargo, esta cláusula “se
refiere en forma genérica a normas legales”. Consideró que al juez le estaría
vedado estudiar si se produjo un eventual enriquecimiento sin causa, pues
este es un aspecto propio de la reparación directa, pretensión que no se
formuló en el presente caso. Ante la alegada ausencia de incumplimientos,
afirmó que no se podía imponer condena alguna por la cláusula penal.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo. 2.2. Sobre la condena en costas.
2.1. Análisis sustantivo
22. La Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar,
comoquiera que están acreditados los incumplimientos de la parte
demandada, en una demanda que fue presentada de manera oportuna.
23. Como primera medida, en relación con la oportunidad para presentar
la demanda, se debe recordar que el numeral 2, literal j) del artículo164 del
CPACA, dispone: “La demanda deberá ser presentada […] 2. En los
siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las
relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se
contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho
o de derecho que les sirvan de fundamento”.
24. Las particularidades del asunto que ahora ocupa la atención de la Sala
obligan a recordar que el artículo 164 del CPACA contiene, además de un
supuesto general, en el que una demanda de controversias contractuales
puede ser presentada 2 años a partir del día siguiente a la ocurrencia de los
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motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento, 5 supuestos
adicionales que atienden a las particularidades propias de los contratos
estatales, como el hecho de estar o no sometidos a liquidación. La
existencia de estas 5 formas de contar la caducidad, específicas y
adicionales, no puede hacer olvidar el supuesto general al que se refiere la
ley.
25. A diferencia de lo afirmado por el recurrente, en este caso no operó la
caducidad de la acción comoquiera que, al momento de presentarse y de
admitirse la demanda (momento en el cual el juez debe verificar los
presupuestos), estaban plenamente reunidos los requisitos legales exigidos;
entre ellos, que no hubiera operado la caducidad. No se trataba de que
existieran dudas sobre la caducidad o de que faltaran pruebas para su
determinación, como ha ocurrido en otras ocasiones5; sino de que, en los
términos del literal j, numeral 2, artículo 164 del CPACA, los motivos de hecho
y de derecho que fundamentaron la demanda, basada en el
incumplimiento de un contrato que se encontraba vigente y en ejecución
al momento de su presentación, ocurrieron dentro de los 2 años anteriores a
los que se refiere la norma.
26. Una solución contraria (como aquella a la que se llegaría de aplicar el
término de 4 meses siguientes al vencimiento del contrato, al que se refirió el
recurrente), no solo sería denegatoria del acceso a la administración de
justicia y de la tutela judicial efectiva, sino que dejaría al demandante en
una situación insuperable e inadmisible. La posterior declaratoria de
terminación del contrato, con efectos retroactivos hasta el 30 de junio de
2002, y el consecuente conteo desde esa terminación, haría imposible que
el demandante lograra obtener, en este, o en cualquier otro proceso que
adelante ante la administración de justicia, una decisión de fondo, en un
asunto en el que, por demás, la propia parte demandada ha aportado al
proceso (y lo continúa haciendo), prueba del pago del canon de
arrendamiento. Eso fue precisamente lo que hizo el arrendatario durante
todo el trámite de la primera instancia, luego de contestar la demanda y de
afirmar que el contrato continuaba vigente y en ejecución, y lo sigue
haciendo en la actualidad, a pesar de haber basado su defensa en la
terminación del contrato de arrendamiento, cuando, el pasado 6 de
septiembre de 2023, “adjunt[ó] la prueba documental de los pagos de los
cánones de arrendamiento causados desde el mes de Diciembre de 2022
hasta el mes de Agosto de 2023, donde aparecen copias del depósito
judicial constituido en banco Agrario a favor del Arrendador-Demandante,
de la carta de remisión del depósito judicial al Demandante y de la guía de
remisión respectiva, correspondientes a cada mesada”6.
27. En segundo lugar, sobre los incumplimientos declarados, en lo que
respecta al uso de un área mayor a la entregada, no es cierto que la
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de abril de 2024,
exp. 60664 y Sentencia de 30 de marzo de 2022, exp. 64176.
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cláusula primera haya sido la obligación que fue exclusivamente invocada
como incumplida. A propósito de esta particular declaratoria de
incumplimiento, el recurrente no discute que haya ocupado un área mayor,
sino que, ni el demandante, ni el Tribunal señalaron, “la cláusula o la
obligación contractual que resultó presuntamente incumplida por parte de
TODOMAR cuando ocupó esa área en exceso”.
28. A diferencia de lo afirmado en el recurso de apelación, en los mismos
fundamentos de derecho a los que se refiere el recurrente, la parte actora
señaló que “el arrendatario ha incumplido una vez más el acuerdo de
voluntades, que se elevó a escrito en el contrato de arrendamiento N°
123/1997, al desconocer la cláusula segunda del contrato y ocupar ilegal y
abusivamente más terreno que el acordado” (énfasis añadido). De igual
manera procedió el Tribunal en sus considerandos, en los que, con
fundamento en la prueba pericial, señaló (se trascribe):
“En cuanto al incumplimiento contractual por parte del arrendatario, al
ocupar un área superior a la pactada, se tiene que, en efecto, en la cláusula
SEGUNDA se estableció el objeto del contrato, correspondiente al
arrendamiento de un inmueble denominado EL LIMBO ubicado en la ciudad
de Cartagena, con un área total de 3.107.80 m2; pero en el dictamen
pericial rendido por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, la
arrendataria ocupó un área de 9.538.94 m2, existiendo una diferencia de
6.431.14 m2 entre lo pactado y lo realmente ocupado; incumpliéndose por
ende la cláusula SEGUNDA del contrato referenciado por parte de la
sociedad demandada.” (énfasis añadido).
29. Cuando se evidencia que la cláusula segunda del contrato7, al
identificar el objeto del arrendamiento, también identificó el inmueble y su
extensión, “con un área total de 3.107.80 mts”, se despeja cualquier duda
sobre la obligación que se consideró incumplida.
30. En lo que respecta al incumplimiento por la falta de restitución de la cosa
arrendada, es evidente que, como lo reconoce el propio demandado y se
verifica con su última actuación procesal, este sigue ocupando el inmueble
objeto del contrato de arrendamiento. El Tribunal concluyó que “el
incumplimiento por parte de la demandada de la obligación de restituir la
cosa dada en arrendamiento a la terminación del contrato, derivada de la
cláusula DÉCIMA SEGUNDA, en armonía con la cláusula DÉCIMA TERCERA,
que dispone que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
arrendatario, dará derecho al arrendador para resolver el contrato y exigir
la entrega inmediata del inmueble sin necesidad de desahucio”. Frente al
incumplimiento de esta obligación solo se impugnó la imposibilidad de su
declaración, con ocasión de la interpretación del apelante sobre la
caducidad del contrato, por lo que, ante la verificación de la presentación
oportuna de la demanda y la comprobación de que continúa el
incumplimiento, procede confirmar, en todos sus apartes, la decisión
7 “SEGUNDA: OBJETO: EL ARRENDATARIO se compromete para con el ARRENDADOR a Conceder el lote de un
Inmueble denominado EL LIMBO ubicado en la Ciudad de Cartagena, con un área total de 3.107.80 MTS2 y el cual
se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos […]”:
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recurrida. Con todo, se recuerda que la restitución del inmueble es una
obligación que surge al finalizar el contrato de arrendamiento, según lo
dispone el artículo 2005 del Código Civil.
2.2. Sobre la condena en costas
31. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 del CPACA y el
numeral 3 del artículo 3658 del CGP, se condenará en costas de esta instancia
a la parte demandada. En los términos del artículo 5.1 del Acuerdo PSAA16-
10544, del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan 6 salarios mínimos
mensuales legales vigentes por concepto de agencias en derecho, porque la
parte demandante participó en el trámite de esta instancia.
3. DECISIÓN
32. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida por la Sala de Decisión 7 del
Tribunal Administrativo de Bolívar, el 11 de febrero de 2022.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandada. Se
fijan 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de agencias
en derecho, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Por la
Secretaría del Tribunal, se ordena liquidar las costas, que incluirán, por
concepto de agencias en derecho, lo indicado en esta providencia.
Por Secretaría, una vez ejecutoriada la presente providencia, DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firma electrónica Firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto
Firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
8 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en
costas se sujetará a las siguientes reglas:
[…]
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente
en las costas de la segunda. […]”.
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