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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03877-01

Fecha
11 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03877-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró improcedente la tutela, conforme a las razones aquí expresadas. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03877-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, once (11) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03877-01
Accionante: TODOMAR CHL S.A.S.
Accionado: Consejo De Estado-Sección Tercera- Subsección B.

Temas: Derechos al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y a la propiedad privada. Requisito de subsidiariedad.
Tutela como mecanismo transitorio. Improcedencia.
CONFIRMA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la la sociedad Todomar C.H.L.
Marina S.A., en contra de la sentencia del 25 de julio de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente
la acción de tutela.

ANTECEDENTES

Se pretende el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la propiedad privada, los cuales
considera vulnerados por la Sección Tercera Subsección B, al proferir la
sentencia del 20 de mayo de 2025 dentro del medio de control de controversias
contractuales con radicado número13001-23-33-000-2013-00154-01 (69052)

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

HECHOS

Narró que el 20 de marzo de 2013, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
instauró demanda a través del medio de control de controversias contractuales

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en contra de Todomar CHL, pretendiendo la restitución de un inmueble ocupado
por esta en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito entre las dos
entidades.

Que en sentencia anterior, fechada del 27 de julio de 2017, en proceso de la
misma naturaleza y entre las mismas partes, el Tribunal Administrativo de Bolívar
negó pretensiones de declarar la renovación del contrato arrendamiento No.
123/97 a partir del 2 de julio de 2002, así como la revisión del canon por la
ocupación de un área mayor a la originalmente pactada y declaró la terminación
del contrato el 30 de junio de 2002; a la vez que declaró la nulidad absoluta de la
cláusula décima quinta de dicho contrato que estipulaba la prórroga automática
del mismo.

Que debido a ello, en sentencia del 11 de febrero de 2022, la Sala de Decisión 7
del Tribunal Administrativo de Bolívar declaró parcialmente probada la excepción
de cosa juzgada relacionada con el pago de las presuntas diferencias derivadas
del canon de arrendamiento por la ocupación de un área mayor a la pactada en
el contrato y ordenó a Todomar CHL la restitución del inmueble en las mismas
condiciones en que le fue entregado por parte de la agencia.

Que mediante sentencia del 20 de mayo de 2024, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia, al
considerar que Todomar CHL continúa ocupando el inmueble objeto del contrato
de arrendamiento, de ahí que persiste la obligación de restituir la cosa. Que la
aquí accionante solicitó aclaración y esta fue resuelta negativamente el 26 de
marzo de 2025 y notificada por estados la decisión el 22 de abril.

La accionante manifestó interponer esta acción como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable; aunque ejerció el recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia, pues este no suspende los efectos de la decisión
cuestionada ni impide su ejecución y su resolución podría tardar lo suficiente
como para que el perjuicio se materialice al ejecutarse la sentencia de 20 de mayo
de 2024 «sin haber tenido la posibilidad de ejercer plenamente su derecho de
defensa en relación con la situación posesoria que detenta sobre el inmueble,
interrumpiéndose dicha posesión sobre bienes que, en realidad, no son de
propiedad de la Agencia Logística de las FF.MM»

Que la ejecución podría conllevar la demolición de instalaciones o el despojo de
la posesión, sin una decisión judicial que defina con garantías la titularidad del
predio, lo que vulneraría los derechos a la propiedad, al debido proceso y al
acceso a la justicia.

Para sustentar la vulneración de sus derechos expresó que las decisiones
adoptadas a lo largo del proceso resultan contradictorias entre sí porque la
sentencia del 27 de julio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de

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Bolívar declaró que el Contrato de arrendamiento No. 123 de 1997 había
finalizado por vencimiento del plazo el 30 de junio de 2002 y declaró la nulidad
absoluta de la cláusula décima quinta, que preveía la prórroga automática del
contrato. No obstante, la providencia del 11 de febrero de 2022 ordenó la
restitución del inmueble en las mismas condiciones en que fue entregado, «dando
por terminado nuevamente el contrato», sin tener en cuenta los efectos jurídicos
de la sentencia anterior y esta decisión fue confirmada por la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación.

Que la terminación del contrato se produjo el 30 de junio de 2002, por lo que la
acción de restitución del bien solo podía ejercerse dentro de los dos años
siguientes a dicha fecha.

Afirmó que el Consejo de Estado en providencia del 20 de mayo de 2024
reconoció parcialmente la excepción de cosa juzgada, pero no explicó de forma
clara ni suficiente por qué limitó sus efectos; lo que vulnera el artículo 29 de la
Constitución y afecta la seguridad jurídica y la confianza legítima de Todomar en
las decisiones judiciales previas.

Presentó varios argumentos tendientes a demostrar que el inmueble cuya
restitución se ordena en la sentencia que cuestiona, no pertenece al Estado y que
a pesar de que la Alcaldía de Cartagena solicitó el reconocimiento como
propiedad pública, la Agencia de Logística no acreditó tal condición ni promovió
un procedimiento expropiatorio, como lo exige el artículo 58 de la Constitución
Política.

Afirmó que Todomar CHL ha ejercido la ocupación material del predio de forma
pública, pacífica y continua desde la terminación del contrato de arrendamiento
el 30 de junio de 2002, consolidando una situación posesoria legítima conforme
al artículo 762 del Código Civil; que la orden de restitución desconoce su
condición de tenedora o poseedora legítima y ejecutarla equivaldría a un despojo
arbitrario, sin título jurídico

PRETENSIONES

Que se amparen los derechos fundamentales invocados y que como medida de
protección se suspendan provisionalmente los efectos de la sentencia del 20 de
mayo de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado dentro del proceso con radicado No. 13001-23-33-000-2013-00154-01
(69052), hasta tanto se resuelva de manera definitiva el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra dicha providencia.

En consecuencia, que se ordene a las autoridades accionadas abstenerse de
ejecutar cualquier actuación administrativa o judicial que tenga por objeto la
restitución material del inmueble en disputa, mientras se resuelve de fondo el

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recurso extraordinario de revisión en curso.

ACTUACIÓN PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

El 24 de junio de 2025 el consejero sustanciador admitió la acción de tutela en
contra de la Subsección B de la Seccion Tercera del Consejo de Estado y dispuso
vincular al Tribunal Administrativo de Bolívar y a la Agencia Logística de las
Fuerzas Militares, en calidad de terceros con interés; entre otras disposiciones.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó
que la providencia cuestionada contiene los fundamentos fácticos y jurídicos
necesarios para que el juez constitucional adopte la decisión que en derecho
corresponda. En consecuencia, el magistrado ponente expresó su disposición
para acatar la decisión del juez constitucional.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional de Colombia solicitó
declarar improcedente la acción constitucional, considerando que no cumple con
el requisito de subsidiariedad. Señaló que el accionante pretende usarla como un
mecanismo paralelo para controvertir decisiones judiciales. Que la sociedad
accionante ya interpuso el recurso extraordinario de revisión, medio judicial
idóneo y eficaz para la defensa de sus derechos. Además, sostuvo que no existe
perjuicio irremediable, pues la alegada afectación patrimonial deriva de la
obligación de restituir un bien ocupado sin justo título desde hace más de veinte
años, lo cual no configura una vulneración de derechos fundamentales.

La Agencia Logística de las Fuerzas militares manifestó que la discusión sobre
la titularidad del predio, es decir, si pertenece al Estado o su carácter es privado
no ha sido objeto de debate en ninguno de los procesos judiciales tramitados
hasta la fecha. En consecuencia, solicitó dar estricto cumplimiento al artículo 253
del CPACA, el cual consagra el deber de garantizar la efectividad de las
decisiones judiciales y salvaguardar la seguridad jurídica.

Agregó que el cumplimiento de las órdenes judiciales no constituye una mera
obligación procesal, sino que representa una manifestación esencial del principio
de supremacía del orden jurídico y del Estado de Derecho.

El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó ser desvinculado por carecer de
legitimación en la causa por pasiva. Afirmó que no emitió la decisión judicial cuya
suspensión se solicita ni ha vulnerado los derechos fundamentales invocados;
que la acción de tutela se dirige exclusivamente contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, debido a la sentencia del 20 de mayo de 2024,
mediante la cual se ordenó la restitución de un inmueble a favor de la Agencia

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Logística y no guarda relación con el Tribunal, lo que hace improcedente su
vinculación al presente trámite constitucional.

SENTENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante fallo del 25 de
julio de 2025, declaró improcedente la acción de tutela considerando no
cumplido el requisito de subsidiariedad, en tanto se encuentra en curso el
recurso extraordinario de revisión. Para ello argumentó que la causal alegada
«cuenta con una identidad con los defectos en tutela» al punto que se pueden
ventilar en un recurso extraordinario y, que la empresa accionante no indicó
alguna circunstancia particular que evidenciara que el acudir al mecanismo
extraordinario de revisión resulte desproporcionado.

Que la compañía no es un sujeto de especial protección constitucional, que pidió
únicamente la protección de los derechos al debido proceso, administración de
justicia y propiedad, lo que demuestra la eficacia del recurso, ya que se trata de
dos derechos fundamentales de procedimiento que pueden ser protegidos de
manera integral por recurso extraordinario y otro que no tiene dicha entidad.

Concluyó que respecto de los derechos fundamentales invocados no se
acreditaba la inminencia de un perjuicio irremediable y frente al derecho de
propiedad, este no cumplía con el estándar para ser protegido vía acción de
tutela.

IMPUGNACIÓN

La sociedad accionante impugnó la sentencia y como fundamento del recurso
expresó que el juez constitucional se equivocó al formular el problema jurídico;
desconoció que la tutela fue promovida como mecanismo transitorio y que el
recurso extraordinario de revisión carece de efectos suspensivos y puede
prolongarse por varios años, por lo que no es el medio judicial idóneo y eficaz
para proteger provisionalmente lo derechos de Todomar.

Que la primera instancia no realizó un examen completo y concreto de los
criterios jurisprudenciales que gobiernan la procedencia de la tutela para evitar
un perjuicio irremediable y desestimó, sin un análisis sustantivo, la protección
del derecho a la propiedad privada por tratarse de persona jurídica, omitiendo
valorar la afectación patrimonial grave y su conexión con otros derechos
fundamentales como la posesión ignora la dimensión autónoma del derecho a
la posesión, acreditada por la ocupación pública, pacífica y continua de más de
dos décadas.

Que la sociedad accionante delimitó expresamente la finalidad de la tutela
buscando i) una protección transitoria de los derechos al debido proceso,
acceso a la justicia y el derecho a la propiedad y la posesión que venía

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ejerciendo; (ii) la suspensión de los efectos de la sentencia del 20 de mayo de
2024 hasta que se resuelva el recurso extraordinario de revisión; (iii) impedir la
ejecución de la restitución ante una amenaza concreta de desalojo y eventual
demolición de instalaciones, sin que exista claridad sobre titularidad pública ni
trámite expropiatorio previo; y (iv) dejar constancia de que la revisión no
suspende la orden de restitución y puede tardar años en resolverse.

Que sobre esta base, «el juicio de procedencia constitucional no podía agotarse
con la mera calificación de “tutela contra providencia” para, acto seguido,
trasladar sin matices el estándar más rígido de improcedencia por
subsidiariedad».

Solicitó revocar la sentencia recurrida y acceder a las pretensiones de la acción
de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde en segunda instancia analizar sí la decisión del juez
constitucional de primera instancia se ajusta a derecho, para lo cual abordará la
siguiente temática: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU128/21, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que
haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando
la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes,
como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela
debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales
requisitos requiere de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de
la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su
análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante,
(…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea
grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez
de tutela6.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las
exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de
los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que
habilite la intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

En síntesis, la accionante manifestó su desacuerdo con la decisión de primera
instancia, que declaró la improcedencia por el requisito de subsidiariedad,
reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela y expresando que la
decisión recurrida no abordó el problema tal como fue planteado, es decir, como
un mecanismo preventivo de protección de los derechos fundamentales, ante la
ineficacia temporal del recurso extraordinario de revisión. En ese sentido, alega
la sociedad recurrente que el juez constitucional de primera instancia aplicó con

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.

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severidad la exigencia de ese requisito de subsidiariedad.

Es importante observar en primer lugar, que lo resuelto por la primera instancia
obedeció a que esta consideró que con la solicitud de suspensión de la sentencia
de manera transitoria mientras se decidía el recurso extraordinario de revisión se
pretendía proteger el derecho a la propiedad privada y la posesión, sin tener
estos derechos el carácter de fundamentales y, que los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia eran susceptibles de ser
protegidos de manera íntegra y eficaz a través del recurso extraordinario de
revisión.

Bajo esa óptica entendió no cumplido el requisito de subsidiariedad para la
protección de los derechos de rango superior, ni acreditado un perjuicio inminente
con carácter de irremediable que hiciera procedente la tutela solicitada en forma
transitoria para suspender la sentencia cuestionada.

Esta Sala coincide con la apreciación de la primera instancia en cuanto encontró
no cumplido el requisito de subsidiariedad ni acreditado el perjuicio irremediable
en relación con los derechos fundamentales invocados; pero adicionalmente, se
encuentra que tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad consistente
en el agotamiento de los recursos al interior del proceso ordinario, veamos:

Los errores que la sociedad accionante le endilga a la sentencia censurada
consisten en la afirmación de que con ella se desconoció la posesión que ejerce
desde hace mas de dos décadas y que esta ha sido pública y pacífica, de
conformidad con al artículo 762 del Código Civil; por lo que un desalojo resulta
arbitrario y carente de título jurídico. En este sentido propone una discusión sobre
la titularidad del inmueble que fuera objeto del contrato de arrendamiento, mismo
que dio origen a las controversias contractuales.

Estos argumentos no fueron expuestos en el proceso ordinario, donde en el
recurso de apelación se argumentó precisamente en contrario así:

«Aun cuando el contrato no era susceptible de ser prorrogado de
manera automática, por existir expresa prohibición legal en ese sentido,
lo cierto es que las partes ignoraron las disposiciones legales y sin
importar que había operado la culminación del plazo, continuaron
ejerciendo de hecho sus roles de arrendador y arrendatario sin el
menor reparo. Tanto es así que la Demandada siguió detentando la
tenencia del bien a título de arrendamiento, continuó pagando los
cánones; por su parte, la entidad Demandada (sic) siguió recibiendo el
pago por concepto de los mismos.»

Tal situación hace totalmente improcedente la tutea solicitada, de manera que
esta Sala confirmará la sentencia impugnada.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2025, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró improcedente la
tutela, conforme a las razones aquí expresadas.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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