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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03890-00

Fecha
6 de agosto de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03890-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa de la señora Myriam Yolanda Vega Rodríguez, por las razones expuestas. 2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) WILSON RAMOS GIRÓN (E) Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03890-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

6 de agosto de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03890-00
Demandante: Myriam Yolanda Vega Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS (E)

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03890-00
Demandante: MYRIAM YOLANDA VEGA RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Derecho fundamental al debido proceso – radicación de
solicitud de adición y/o aclaración. Falta de legitimación en la
causa por activa.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, en nombre propio, por la señora Myriam
Yolanda Vega Rodríguez contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de junio de 2025, la señora Myriam Yolanda Vega Rodríguez ejerció acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A por considerar
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

«Se proteja los DERECHOS FUNDAMENTALES vulnerados, como son DEBIDO
PROCESO, Y LOS CONEXOS QUE RESULTAREN VULNERADOS, procediendo de
conformidad a:

a) DAR TRÁMITE AL MEMORIAL DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA
presentado dentro del término de ejecutoria EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2025 al correo
electrónico cese03@notificacionesrj.gov.co.».

2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Los señores Juan Manuel Vega León e Hilda Inés Carrascal Borrero, mediante
apoderada judicial, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación –
Rama Judicial con la finalidad de que les fueran reconocidos los perjuicios
ocasionados por presunto error jurisdiccional cometido en la sentencia del 26 de abril
de 2017, dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
el marco del proceso laboral ordinario con radicado 2005-00675.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que, en
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Demandante: Myriam Yolanda Vega Rodríguez

sentencia del 27 de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda al considerar
que no se acreditó el error judicial en el que supuestamente incurrió la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con la sentencia del 26 de abril de
2017.

Contra la referida decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación basado
en que, a su juicio, no tuvo en cuenta que el Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social determina taxativamente los motivos del recurso extraordinario de
casación, dentro de los cuales se contempla la violación de la ley sustancial: por
infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.

El conocimiento del proceso en segunda instancia correspondió al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, que, en sentencia del 14 de mayo de 2025
resolvió confirmar la decisión apelada al considerar que no se incurrió en el error
judicial alegado1.

La señora Myriam Yolanda Vega Rodríguez manifestó que el 4 de junio de 2025, en
condición de apoderada de los demandantes del proceso de reparación directa,
presentó solicitud de aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia del 14
de mayo de 2025, proferida en el medio de control reparación directa con radicado
núm. 2019-00813-01, al correo electrónico cese03@notificacionesrj.gov.co y en la
plataforma SAMAI.

De igual forma señaló que, pese a haber solicitado la aclaración de la referida
sentencia, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A no se pronunció al
respecto y remitió el expediente al Tribunal de origen el 11 de junio de 2025, sin haber
tramitado su solicitud.

3. Argumentos de la tutela

La demandante afirmó que el expediente fue remitido al tribunal de origen sin haber
tramitado su solicitud, lo que aduce, vulneró el derecho fundamental al debido proceso,
por cuanto su solicitud no fue tramitada por la autoridad judicial demandada.

4. Trámite previo

Mediante auto del 27 de junio de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, notificó a las partes y a la Nación – Rama Judicial, como tercera con interés en
los resultados del proceso, de igual manera se requirió a la Secretaría de la Sección

1
Como fundamento de la decisión, indicó: ««(…) Es equivocado que la parte actora asuma que, una vez se haya fundado el cargo, se deba,
automáticamente, acceder a las súplicas elevadas, sin examinar no solo las actuaciones del asunto, sino echar de menos los postulados que contempló el
legislador para así verificar si el componente normativo se transgredió, ya que los fallos de casación solo tendrían en cuenta los argumentos favorables al
recurrente y la Corte estaría ligada a una sola visión del caso.

Tal autoridad judicial no desbordó su competencia al pronunciarse sobre las pruebas que obraban en el proceso laboral, porque la aplicación del artículo 25 del
Decreto 2351 de 1965 implicaba la valoración de las circunstancias que rodearon el despido para definir si fue con o sin justa causa, elemento que estaba
inmerso en la citada base normativa que alegó el casacionista como omitida.

El mismo cargo frente a la aplicación del fuero sindical, le permitió al alto tribunal analizar las pruebas del proceso y llegar a la conclusión que el despido del
actor fue con justa causa, habida cuenta de que su oficio era ser piloto, actividad que requería de unos conocimientos calificados y el otorgamiento de una
licencia que no allegó o la superación de unas pruebas que para su caso obtuvieron resultados negativos, entonces, no había lugar a dictar sentencia distinta
a aquella nugatoria de las pretensiones.

Ahora bien, el resultado del juicio de valor de las pruebas sobre el retiro del actor no se ataca vía reparación directa, de ahí que la Sala no emitirá un
pronunciamiento al respecto. Debe quedar total claridad que la causal de casación alegada no solo exigía la comprobación de la violación indirecta a la ley
sustancial, sino que tal vulneración resultara transcendente, último supuesto que no se acreditó en el trámite de casación, toda vez que dicha omisión resultó
irrelevante ante la existencia de otras razones que, en cualquier caso, conducían a proferir una sentencia como la expedida por la Corte Suprema de Justicia.
(…).».

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Tercera del Consejo de Estado a fin de que certificara si existió o no radicación efectiva
de la solicitud de la actora.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por conducto de la
magistrada ponente del proceso objeto de cuestionamiento, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia, o en su defecto, se nieguen las
pretensiones de la demanda.

Al efecto, indicó que al revisar el sistema de gestión judicial electrónico SAMAI advirtió
que la parte actora no ha radicado el escrito que alude, además la dirección electrónica
que mencionó en la solicitud de amparo cese03@notificacionesrj.gov.co no
corresponde con alguno de los canales que se han dispuesto para la radicación y
gestión de memoriales, los cuales se encuentran publicados en la página oficial del
Consejo de Estado o en el aplicativo SAMAI.

De igual forma, resaltó que la solicitud de la actora tampoco fue presentada
directamente ante el tribunal de origen, razón por la que es claro que en la actualidad
el despacho no tiene conocimiento de esa actuación, razón por la que no se puede
predicar la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la solicitante.

6. Intervenciones

La Nación – Rama Judicial solicitó que se declare improcedencia de la acción de
tutela por inexistencia y/o ausencia de perjuicio irremediable y no vulneración de
derechos fundamentales.

Explicó que, de conformidad con el artículo del 285 CGP la solicitud de aclaración o
adición debe ser presentada dentro del término de ejecutoria de la providencia y, en
este contexto, si la sentencia de segunda instancia se notificó por correo electrónico el
miércoles 28 de mayo de 2025, los tres (3) días de ejecutoria, corrieron a partir del día
hábil siguiente, es decir, el jueves 29, viernes 30 y martes 3 de junio, de 2025, pero la
solicitud fue presuntamente radicada fuera de termino esto es el 4 de junio de 2025.

Señaló que es realmente llamativo el hecho de que la demandante acudiera a la
interposición de una acción de tutela cuando de haberse radicado de manera correcta
bastaba con solicitar impulso procesal.

Adujo que con el fin de verificar lo afirmado por la actora, ingresó en la plataforma
Samai y evidenció que con posterioridad a la sentencia de segunda instancia no existe
alguna solicitud o documento.

De igual forma, resaltó que con base en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2213 de
2022:

«Artículo 3°. Deberes de los sujetos procesales en relación con las tecnologías de
la información y las comunicaciones. Es deber de los sujetos procesales, realizar sus
actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Para
el efecto deberán suministrar a la autoridad judicial competente, y a todos los demás
sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del proceso o trámite y
enviar a través de estos un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen,
simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial.

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Demandante: Myriam Yolanda Vega Rodríguez

Identificados los canales digitales elegidos, desde allí se originarán todas las actuaciones
y desde estos se surtirán todas las notificaciones, mientras no se informe un nuevo canal.
Es deber de los sujetos procesales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 78 numeral
5 del Código General del Proceso, comunicar cualquier cambio de dirección o medio
electrónico, so pena de que las notificaciones se sigan surtiendo válidamente en la
anterior.

Todos los sujetos procesales cumplirán los deberes constitucionales y legales para
colaborar solidariamente con la buena marcha del servicio público de administración de
justicia. La autoridad judicial competente adoptará las medidas necesarias para garantizar
su cumplimiento.»

Por lo anterior manifestó que, es deber de los sujetos procesales, suministrar a la
autoridad judicial y todos los demás sujetos procesales un ejemplar de todos los
memoriales radicados.

Que, en atención a la referida norma, procedió a revisar el correo electrónico
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co de la Rama Judicial y verificó que la actora no
cumplió con el deber de remitir copia del memorial del 4 de junio de 2025 a las partes.

Finalmente, indicó que conforme con lo verificado en el caso objeto de debate era
viable concluir que el memorial del 4 de junio de 2025 no se radicó o se radicó
equivocadamente, razón por la que la actora debía asumir las consecuencias
procesales de la no radicación.

La Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado informó que esa sección
conoció del recurso de apelación de sentencia incoado dentro de la demanda de
reparación directa, con radicado 25000-23-36-000-2019-00813-01, trámite que finalizó
con sentencia proferida el 19 de mayo de 2025 y notificada el 28 de mayo de 2025.

En la providencia del 19 de mayo de 2025, la Sección Tercera, Subsección A de la
Corporación confirmó la decisión de primera instancia, que negó pretensiones y fue
notificada a la señora Myriam Vega Rodríguez al correo electrónico
isuarezmelo@yahoo.com, lo anterior, en virtud de los artículos 203 y 205 del CPACA.

Puntualizó que, además, en el correo de notificación se le informaron a la actora los
canales de atención para las distintas solicitudes, así:

«De igual modo, se informa a las partes que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, ha señalado que el medio electrónico de acceso a los expedientes
corresponde al Sistema de Gestión Judicial -SAMAI-, por lo que los servicios de: radicación
de memoriales, acceso virtual a los expedientes, solicitudes de citas, copias, entre otros,
deberán realizarse en dicha plataforma, en el siguiente enlace:
https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co»

Ejecutoriada la sentencia, mediante oficio del 11 de julio de 2025, devolvió el
expediente electrónico al Tribunal de origen.

De igual forma, adujo que, revisados los únicos canales oficiales para la recepción de
memoriales, esto es, la ventanilla virtual y el correo electrónico
ces3secr@consejodeestado.gov.co, no se encontró la solicitud de la demandante.

Aclaró que, de conformidad con lo señalado por la actora, se evidenció que
presuntamente la solicitud fue remitida al correo electrónico
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cese03@notificacionesrj.gov.co el cual es de uso exclusivo para el envío de
notificaciones y en el evento que un usuario envíe documentación a esa dirección
electrónica, aparece una respuesta automática en la que se advierte que lo allí recibido
no se le dará trámite, tal y como consta en la siguiente captura de pantalla:

En ese orden de ideas, mencionó que en los canales oficiales para recepción y
radicación de memoriales no se recibió alguna solicitud dirigida al proceso con
radicado núm.2019-00813-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico y solución

Mediante el ejercicio de la presente acción la actora aduce que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por
presuntamente omitir tramitar la solicitud de adición y/o aclaración de sentencia
elevada el 4 de junio de 2025.

No obstante, previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala deberá
determinar si la señora Myriam Yolanda Vega Rodríguez, quien es la accionante en la
presente solicitud de amparo, está legitimada en la causa por activa para ejercer la
acción de tutela en procura de los derechos fundamentales que presuntamente le
fueron vulnerados en el mencionado medio de control, en el que actúa como

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apoderada judicial de los señores Juan Manuel Vega León e Hilda Inés Carrascal
Borrero.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, porque, si bien, la
actora alega que su solicitud no fue atendida por la autoridad judicial demandada, lo
cierto es que, carece de legitimación en la causa por activa, toda vez que no tiene
interés directo en el hecho en el que hace consistir la vulneración alegada; pues, a
pesar de que reclama la trasgresión de derechos fundamentales propios, no es parte
en el proceso que cuestiona por esta vía.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) legitimación
en la causa por activa y, (ii) análisis del caso concreto.

(i) Legitimación en la causa por activa en la acción de tutela

Los artículos 86 de la Constitución Política2 y 10 del Decreto 2591 de 19913 establecen
que la acción de tutela puede ejercerla la persona que considere que se le han
vulnerado o amenazado derechos fundamentales, sin perjuicio de la representación
legal o judicial o de la agencia oficiosa, que permiten acudir ante el juez de tutela para
representar o agenciar derechos ajenos. Por supuesto que en esos casos debe
acreditarse la calidad en la que se actúa.

Frente a la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de tutela, la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente4:

«Esta Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que se predica de la acción
de tutela, la misma debe cumplir con unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de
ellos se encuentra el de legitimación por activa o titularidad para promoverla.

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general,
solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado para solicitar el
amparo constitucional del mismo, bien sea que lo haga en forma directa o por intermedio
de su representante o apoderado.

Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser
promovida por cualquiera persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales
resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien
actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las prescripciones del artículo 10 del decreto
2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen sus derechos fundamentales
puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por medio de representante. En esta
disposición también se contempló la posibilidad de la agencia de derechos ajenos, de tal forma
que, en aquellos eventos en que el titular de los mismos no esté en condiciones de promover
su propia defensa, podrá́ un tercero presentar acción de tutela en su nombre.

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la
causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte
en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la Constitución y del decreto 2591 de
1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de
la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos

2
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
3
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
4
T-552 de 2006.

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de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la
causa, por activa, en los procesos de tutela».
(se destaca).

En resumen, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal -caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas-, (iii) mediante apoderado judicial -abogado
titulado con poder judicial o mandato expreso- o (iv) por medio de agente oficioso -
cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia defensa-.
Asimismo, dicha norma señala que tanto el Defensor del Pueblo como los personeros
municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

(ii) Caso concreto

En el presente asunto la señora Myriam Yolanda Vega Rodríguez, en condición de
accionante, alega que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneró
el derecho fundamental al debido proceso, porque no tramitó la solicitud de aclaración
y/o adición que interpuso contra la sentencia del 14 de mayo de 2025, dictada en el
medio de control de reparación directa con radicado núm. 2019-00813-01.

En este punto, la Sala destaca que la señora Vega Rodríguez promueve la acción de
tutela en defensa propia al considerar que le fueron vulnerados los derechos
fundamentales invocados, sin embargo omitió el hecho de que los señores Juan
Manuel Vega León e Hilda Inés Carrascal Borrero, son los demandantes en el proceso
de reparación directa con radicado 2019-00813-01.

Es decir, que serían los señores Juan Manuel Vega León e Hilda Inés Carrascal
Borrero quienes están legitimados para interponer la presente solicitud de amparo y,
debido a que la aquí demandante no aportó poder para actuar en la acción de tutela
de la referencia en nombre y representación de los titulares de los derechos subjetivos
derivados del proceso de reparación directa con radicado 2019-00813-01, no es
posible acreditar la legitimación en la causa por activa.

La actora tampoco acreditó la imposibilidad de los señores Juan Manuel Vega León e
Hilda Inés Carrascal Borrero en otorgar poder para ejercer el mecanismo constitucional
de la referencia o acudir a la defensa de sus derechos en nombre propio, ni expuso
razones por las que debió acudir al mecanismo como agente oficiosa.

Al efecto, la Sala evidencia que en el marco del referido proceso ordinario la actora no
es parte, porque, si bien fue reconocida como apoderada judicial de los señores Juan
Manuel Vega León e Hilda Inés Carrascal Borrero, lo cierto es que conforme con el
poder otorgado en dicho proceso la señora Vega Rodríguez podría actuar en su
nombre y representación únicamente para la interposición del medio de control de
reparación directa.

Sobre este punto es necesario evidenciar que en los términos de la Corte
Constitucional5 el alcance del derecho de defensa no traslada su titularidad, dado que
cuando una de las partes o los intervinientes involucrados en un proceso judicial
dispone que determinado profesional del derecho lo represente en la litis, no traslada

5
Sentencia C-383de 2005.
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al elegido la titularidad de su derecho de defensa, de por si inalienable e irrenunciable,
sino que, simplemente lo autoriza para ejercer tal derecho a su nombre.

Además, la Corte Constitucional indicó que, el poderdante puede vigilar la actuación
de su representante y proceder a revocar el poder si aquella, por técnica que parezca,
no concuerda con sus expectativas, razón por la que concluyó que el derecho de
defensa es un derecho subjetivo fundamental, como tal inalienable e irrenunciable,
previsto en la Constitución Política como una garantía constitucional y que la defensa
en juicio es una de sus manifestaciones más importantes, de ahí que no pueda
entenderse que tal garantía se satisface y concluye con la designación de un
profesional del derecho para ser representado en juicio.

De lo anterior, es evidente que la parte demandante carece de legitimación en la causa
por activa, toda vez que no tiene interés directo en el hecho en el que hace consistir la
vulneración alegada; dado que reclama la trasgresión de derechos fundamentales
propios presuntamente violados en el trámite del medio de control 2019-00813-01, en
el que no es parte.

Finalmente, se resalta que la representación en la litis no implica la titularidad del
derecho a la defensa de las partes y en el caso objeto de estudio la vulneración no se
alega respecto a un tema de interés público, sino a un trámite específico de un proceso
judicial, razón por la cual era indispensable que concurriera a ejercer el mecanismo
constitucional con la presentación del poder especial que acreditara su gestión como
apoderada judicial de las personas en quienes recae el interés directo en el proceso
de reparación directa respecto del que se alega la vulneración de derechos y garantías
fundamentales.

Al respecto, es necesario destacar que tal como lo enunció la Corte Constitucional en
la sentencia T-024 de 2019, el poder conferido para la promoción o para la defensa de
los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para instaurar
procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en
el proceso inicial.

Entonces, de conformidad con lo anterior y de acuerdo con lo acreditado en el presente
asunto, se observa que la actora no posee legitimación para ejercer la presente
solicitud de amparo, pues, pretende que le sea amparado el derecho fundamental
invocado que no es propio, pues como se vio, los legitimados para la interposición de
la acción de tutela de la referencia son los señores Juan Manuel Vega León e Hilda
Inés Carrascal Borrero, quienes son los demandantes en el medio de reparación
directa con radicado 25000-23-36-000-2019-00813-01.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la señora Myriam Yolanda Vega Rodríguez
carece de interés legítimo para ejercer la presente solicitud de amparo6.

En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa de la
señora Myriam Yolanda Vega Rodríguez, de conformidad con las razones expuestas.

6
La Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos con similitud fáctica al caso objeto de estudio, ver: sentencia del 25 de noviembre de 2021 tutela
con radicado: 11001-03-15-000-2021-03712-01 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Sentencia del 3 de junio de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-
2021-00802-00 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, Sentencia del 18 de noviembre de 2021 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-06949-00 C.P. Milton
Cháves García, sentencia del 23 de marzo de 2023 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2023-00244-00 C.P. Milton Cháves García; sentencia del 20 de
septiembre de 2024 tutela con radicado: 11001-03-15-000-2024-04111-00 C.P. Milton Cháves García; sentencia del 20 de septiembre de 2024 tutela con
radicado: 11001-03-15-000-2024-04132-00 C.P. Milton Cháves García.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03890-00
Demandante: Myriam Yolanda Vega Rodríguez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
activa de la señora Myriam Yolanda Vega Rodríguez, por las razones expuestas.
2. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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