Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06708-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06708-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06708-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
4 de diciembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06708-00
Demandante: Juan Manuel Vega León
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06708-00
Demandante: Juan Manuel Vega León
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Tema: Tutela contra providencia judicial. Defecto procedimental –
indebida radicación de solicitud de aclaración y adición de la
sentencia.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por Juan Manuel Vega León, por medio
de apoderada judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes:
Pretensiones
«DAR TRAMITE AL MEMORIAL DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE LA
SENTENCIA presentado dentro del término de ejecutoria EL DIA 4 DE JUNIO DE 2025 al
correo electrónico cese03@notificacionesrj.gov.co»
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Del proceso ordinario laboral
Juan Manuel Vega León presentó demanda ordinaria laboral contra la aerolínea
Aerorepública S.A., proceso radicado con núm. Radicado 2005-00675. En síntesis,
alegó que fue despedido sin justa causa mientras la empresa estaba en un conflicto
laboral colectivo (lo que le daba protección por fuero circunstancial). En consecuencia,
pidió su reintegro y pago de salarios.
En el año 2007, el Juzgado Tercero Laboral de Bogotá accedió a las pretensiones de
la demanda y ordenó el reintegro. En el año 2010, el Tribunal Superior de Bogotá
revocó esa decisión, con fundamento en que no era necesario decidir emitir decisión
de fondo al configurarse hecho superado, toda vez que el señor Vega León ya había
logrado el reintegro mediante un proceso de fuero sindical y una acción de tutela.
La parte demandante interpuso recurso de casación, con fundamento en la falta de
aplicación del artículo 25 del Decreto Ley 2351 de 1965, que protege a los
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Demandante: Juan Manuel Vega León
trabajadores durante conflictos colectivos. Alegó que el Tribunal omitió aplicar esta
norma y revocó la sentencia de primera instancia sin realizar un estudio de fondo,
justificándose erróneamente en que el reintegro ya se había obtenido mediante un
proceso distinto de fuero sindical, lo cual conllevó también a la violación de los
artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil por falta de motivación y
congruencia.
El 26 de abril de 2017, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sede de
casación, explicó que el Tribunal cometió un error de procedimiento o de medio, pues
el reintegro por fuero sindical no conllevaba a la finalización del proceso por fuero
circunstancial por lo que debió estudiar el fondo del asunto. Por ello, prosperó el cargo
de casación.
Seguidamente, analizó el fondo del asunto y valoró las pruebas aportadas al proceso,
de lo cual concluyó que el despedido estaba soportado en una justa causa, ya que el
señor Vega León no superó las pruebas del simulador de vuelo, es decir, reprobó los
exámenes técnicos necesarios para su licencia.
En consecuencia, decidió no casar la sentencia, porque, aunque el Tribunal usó un
argumento errado para negar las pretensiones, el resultado final era el correcto porque
el despido fue justo.
Del proceso de reparación directa
Juan Manuel Vega León e Hilda Inés Carrascal Borrero formularon demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial,
con fundamento en la configuración de un presunto error jurisdiccional contenido en
la sentencia del 26 de abril de 2017, proferida por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
En resumen, alegaron que la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral desbordó su
competencia al actuar como juez de instancia y negar las pretensiones de la demanda,
pues el cargo de casación se fundamentó en un argumento de puro derecho (numeral
1 del artículo 87 Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social). De ahí que, lo
procedente era dejar sin efecto la sentencia del tribunal y ordenar el reintegro, como
lo había definido el juzgado de primera instancia
La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, bajo el número de radicado 25000-23-36-000-2019-
00813-00.
Mediante sentencia del 27 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A negó las pretensiones de la demanda,
con fundamento en que, según el artículo 99 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, cuando la Corte Suprema encuentra justificada una causal de
casación (como sucedió en este caso), adquiere la facultad y el deber de actuar como
juez de instancia para decidir sobre lo principal del pleito. Además, condenó en costas
a la parte demandante.
Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló esa decisión.
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Demandante: Juan Manuel Vega León
El 19 de mayo de 2025, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado,
profirió sentencia de segunda instancia que confirmó el fallo apelado con fundamento
en la misma razón sustentada en primera instancia, esto es, las facultades previstas
en el artículo 99 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
El 28 de mayo de 2025, esa decisión fue comunicada a las partes por correo
electrónico.
El 4 de junio de 2025, la apoderada de los demandantes radicó un escrito en el que
solicitó la aclaración y adición del fallo del 19 de mayo de 2025, con base en que: (i)
la causal invocada en la casación (numeral 1 del art. 87 Código Procesal del Trabajo
y la Seguridad Social) era de puro derecho, por lo que la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia no podía actuar como tribunal de instancia y valorar pruebas; (ii)
solicitó corregir o aclarar el monto base para la liquidación de las agencias en derecho
de primera instancia; (iii) y adicionar la sentencia para incluir el pronunciamiento sobre
el traslado del recurso de apelación a la parte demandada y al Ministerio Público, así
como sus respectivas intervenciones.
El 11 de junio de 2025 el expediente fue devuelto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
2. Argumentos de la acción de tutela
Los accionantes alegaron que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
invocados ante la omisión de tramitar y resolver el escrito de aclaración y adición
radicado oportunamente el 4 de junio de 2025 dentro del término de ejecutoria previsto
en los artículos 290 y 291 de la Ley 1437 de 2011.
Advirtió que la autoridad judicial accionada finalizó irregularmente la actuación y
devolvió el expediente al Tribunal de origen el 11 de junio del mismo año. De modo
que, se desconocieron las normas procesales de obligatorio cumplimiento y se dejó a
los accionantes en estado de indefensión al impedir el acceso a una decisión judicial
integral antes de la pérdida de competencia.
3. Trámite previo de la acción de tutela
Mediante auto de 29 de octubre de 2025, el despacho admitió la acción de tutela. En
consecuencia, ordenó notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada.
4. Oposiciones
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A solicitó que se rechace por
temeridad la presente solicitud de amparo, porque los accionantes presentaron la
misma acción de tutela el 20 de junio de 2025.
Explicó que, en esa ocasión, las Secciones Cuarta y Primera de esta Corporación
estudiaron las mismas pretensiones en el expediente con radicado núm. 11001-03-
15-000-2025-03890-00/01.
Advirtió que la tutela resulta improcedente ante la configuración de cosa juzgada,
máxime si se tiene en cuenta que existe identidad de partes, objeto y causa frente al
proceso 11001-03-15-000-2025-03890-01.
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Además, se remitió a los argumentos expuestos en la contestación rendida en la
acción de tutela con radicado número 11001-03-15-000-2025-03890-00/01.
En la referida contestación, advirtió que tras verificar el sistema SAMAI, evidenció que
la parte demandante no radicó el escrito de aclaración y adición mencionado en la
tutela, pues en el historial de actuaciones no existe registro de documento alguno
presentado con posterioridad a la notificación de la sentencia.
Además, afirmó que la dirección electrónica cese03@notificacionesrj.gov.co, a la cual
la accionante afirma haber enviado el memorial el 4 de junio, no corresponde a los
canales oficiales dispuestos por el Consejo de Estado ni aparece publicada en la
página web o en el aplicativo SAMAI para la recepción de documentos judiciales.
En consecuencia, argumentó que no es posible atribuir una vulneración al debido
proceso por falta de trámite o respuesta, dado que el despacho nunca tuvo
conocimiento de la solicitud, la cual tampoco fue registrada ante el tribunal de origen
ni redireccionada, circunstancia que desvirtuaba la existencia de la vía de hecho
alegada al no existir constancia válida de recepción de la petición.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Cuestión previa
Previo a plantear el problema jurídico, es necesario analizar si se configura la
temeridad propuesta por la autoridad accionada, quien argumenta que esta es la
segunda vez que se presenta la solicitud de amparo por las mismas partes, hechos y
pretensiones.
Al respecto, es preciso aclarar que, para la configuración de dicha figura procesal y la
consecuente cosa juzgada constitucional, la jurisprudencia exige la concurrencia la
identidad de partes, objeto y causa, sumada a la existencia de un pronunciamiento
previo de fondo. En el presente asunto, la Sala advierte que dichos presupuestos no
se cumplen.
En primer lugar, no existe identidad de partes. Si bien en el presente asunto se
advierte la existencia de un proceso antecedente bajo el radicado 2025-03890-01, en
esa ocasión la parte accionante fue la abogada Myriam Yolanda Vega Rodríguez. Por
el contrario, en la presente acción de tutela, actúa en calidad de apoderada judicial de
los señores Juan Manuel Vega León e Hilda Inés Carrascal Borrero.
En segundo lugar, no se configura la cosa juzgada constitucional. Se resalta que en
el anterior proceso no se dirimió el mérito de la controversia. En efecto, la decisión
proferida en primera instancia por esta Sección el 6 de agosto de 2025 y confirmada
en segunda instancia el 18 de septiembre de 2025 por la Sección Primera del Consejo
de Estado, se limitó a declarar la improcedencia de la acción de tutela.
Tal determinación obedeció a la falta de legitimación en la causa por activa, toda vez
que en aquella oportunidad la abogada Myriam Yolanda Vega Rodríguez promovió el
amparo en nombre propio, sin acreditar la representación de los titulares de los
derechos fundamentales (Juan Manuel Vega León e Hilda Inés Carrascal Borrero).
Por consiguiente, ante la ausencia de identidad de partes y la inexistencia de cosa
juzgada, se descarta la temeridad y la Sala procederá a emitir un pronunciamiento.
Problema jurídico
Corresponde determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia de la parte accionante.
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Se destaca que el estudio del caso se abordará a partir del defecto procedimental. De
modo que, se deberá establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto procedimental al omitir tramitar y resolver la solicitud de aclaración y adición
frente a la sentencia del 19 de mayo de 2025, y en su lugar devolver el expediente al
Tribunal de origen.
La Sala anticipa que negará las pretensiones de amparo, porque la apoderada de la
parte demandante no radicó en debida forma la solicitud de aclaración y adición. Lo
anterior, porque el escrito fue remitido a un correo electrónico que no estaba dispuesto
para la recepción de memoriales y, en ese entendido, la petición no puede tenerse
como presentada dentro del término de ejecutoria.
Para ello, se estudiará si se cumplen los requisito generales de procedencia de acción
de tutela y, seguidamente, el defecto procedimental en el caso concreto.
(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, porque la parte actora invoca la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia; se
sustentan con suficiencia las razones por las que la presunta omisión judicial
cuestionada afectan dichos derechos; no se trata de un asunto de mera legalidad o
económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi.
Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
porque la actora alega la posible vulneración del derecho al debido proceso en la
medida en que no fue tramitada la solicitud de aclaración y adición de sentencia que
considera presento en debida forma y dentro del término previsto en la norma.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
providencia que remitió el asunto al tribunal de origen fue dictada el 11 de junio de
2025, y la acción de tutela fue radicada el 24 de octubre de 2025, esto es, un término
que no supera los seis meses fijados por la Sala plena de esta Corporación para
presentar acciones de tutela.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de acción de tutela.
Por lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedencia de la
solicitud de amparo y pasa a analizar si se configura el defecto procedimental.
(ii) Del defecto procedimental4 en el caso concreto
4
El defecto procedimental ocurre cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido, al respecto,
en la sentencia T-310 de 2009 la Corte Constitucional señaló que se trata de un defecto de naturaleza cualificada, que implica
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La parte actora afirmó que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
vulneró sus derechos fundamentales al haber omitido tramitar la solicitud de
aclaración y adición contra la sentencia del 19 de mayo de 2025, enviada el 4 de junio
de 2025 a la dirección de correo cese03@notificacionesrj.gov.co.
Por su parte, la autoridad judicial accionada advierte que no existe registro alguno de
la solicitud en el sistema de gestión SAMAI. Además, señaló que no existía
fundamento para tener como presentado el memorial enviado a un correo electrónico
que no estaba dispuesto oficialmente para ello y que no generó una entrada en el
historial del proceso.
Frente a lo anterior, la Sala encuentra que en el presente asunto se aportó el
expediente electrónico del proceso de reparación directa, en el cual obran las
siguientes pruebas relevantes:
• El 19 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
dictó providencia de segunda instancia.
• El 28 de mayo de 2025, la Secretaría de la Sección Tercera notificó la referida
decisión a la apoderada de los accionantes mediante oficio núm. 19663. En el
cuerpo de ese documento se advirtió que el medio dispuesto para la radicación
de memoriales es la ventanilla de atención virtual y adjuntó el enlace para
acceder a ella, así:
que el trámite judicial “(…) se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran aplicables, lo
que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al capricho y la arbitrariedad del funcionario judicial”. Además, la
desviación del procedimiento debe ser de tal magnitud que afecte los derechos fundamentales de las partes, en especial el
derecho al debido proceso.
Así, se han reconocidos dos modalidades de defecto procedimental, uno absoluto, que se produce cuando el funcionario judicial
se aparta por completo del procedimiento legalmente establecidos para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i)
sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, u ii) omite etapas sustanciales
del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. Y un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales a manera de un
impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.
No obstante, en definitiva, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para configurar el defecto
bajo estudio: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado.
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Por su parte, los accionantes presentaron como prueba pantallazo de envío de la
solicitud de aclaración y adición enviada el 4 de junio de 2025 a la dirección de correo
cese03@notificacionesrj.gov.co. Se aporta dicho pantallazo:
En este contexto, se destaca que, en el oficio de notificación de la sentencia, la
autoridad judicial accionada informó de manera precisa que el canal habilitado para la
radicación de memoriales y la gestión del expediente era la Ventanilla de Atención
Virtual de la plataforma SAMAI. Además, en el texto del cuerpo se incluyó el respectivo
enlace de acceso a dicho portal.
En consecuencia, no existe fundamento alguno que justifique que la apoderada optara
por enviar su solicitud a la dirección de correo electrónico
cese03@notificacionesrj.gov.co, toda vez que dicho buzón no fue indicado en el acto
de comunicación como un medio válido para la recepción de escritos procesales5.
De igual forma es importante destacar que esta Sala mayoritaria en ocasiones
anteriores6 ha afirmado que en lo relativo a la aplicación del Decreto Legislativo 806
de 2020, se tiene que el inciso 3 del artículo 2, estableció que las autoridades judiciales
deben dar a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e
5
Se reitera el criterio adoptado en el asunto 2025-03165-01.
6
Ver, entre otras, providencias del: (i) 16 de julio de 2021, expediente con radicado número: 11001-03- 15-000-2021-02394-00;
(ii) 12 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15- 000-2019-04236-00; (iii) sentencia de tutela del 30
de octubre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2019-02420-01, (iv) sentencia de tutela del 14 de
diciembre de 2022, expediente con radicado número:1001-03-15-000-2022-04316-01, (v) sentencia de tutela del 25 de mayo de
2023, expediente con radicado número:11001-03-15-000-2023-00203-01, (vi) sentencia de tutela del 29 de febrero de 2024,
expediente con radicado número:11001-03-15-000-2023-07186-00, y, (vii) sentencia de tutela del 7 de marzo de 2024,
expediente con radicado número:11001-03-15-000-2024-00473-00.
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información mediante los cuales prestarán su servicio y los mecanismos tecnológicos
que emplearán.
En el presente caso, se encuentra en la página principal del Consejo de Estado
(https://www.consejodeestado.gov.co), en el área de servicios, se señala que la
Ventanilla de Atención Virtual es el medio para presentar solicitudes, recursos y
demandas, así:
Aunado a lo anterior, es necesario tener en cuenta que en virtud de la experticia del
apoderado de la parte demandante (prevista en los deberes del artículo 78 del CGP y
la Ley 1123 de 2007), le era exigible un nivel de diligencia para la correcta
representación de los intereses de su poderdante.
De ahí que, la no tramitación de las solicitudes de aclaración y adición no es atribuible
a una actuación arbitraria de la autoridad judicial, sino que es la consecuencia directa,
e imputable, a la falta de diligencia de la propia apoderada de los accionantes.
Así las cosas, es claro que la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto
procedimental y, por tanto, no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
ni al acceso a la administración de justicia.
En suma, la radicación de la solicitud de aclaración y adición no fue efectiva y, en esa
medida, no había lugar a que la autoridad judicial demandada diera trámite a la misma.
Si bien en el escrito inicial se alegó que el correo cese03@notificacionesrj.gov.co es
un canal institucional, lo cierto es que la obligación de la parte era realizar la radicación
en el canal correcto.
Se reitera, la propia Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado informó a
las partes en el oficio de notificación de la sentencia cuál era el canal habilitado para
la radicación y trámite de solicitudes procesales, a saber, la Ventanilla de Atención
Virtual del sistema de gestión judicial SAMAI y adjuntó el enlace para tal fin.
Por tanto, la Sala negará las pretensiones de amparo de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la parte accionante.
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2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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