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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03890-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03890-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03890-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03890-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: MYRIAM YOLANDA VEGA RODRÍGUEZ

TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO. LA ACTORA CARECE
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, TODA VEZ QUE NO
TIENE INTERÉS DIRECTO EN EL HECHO EN EL QUE CONSISTE LA
VULNERACION ALEGADA.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 6 de agosto de 2025, proferida en primera instancia

por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que

declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por falta

de legitimación en la causa por activa.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

1
En adelante SECCIÓN CUARTA.

2

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ACTORA: MYRIAM YOLANDA VEGA RODRÍGUEZ

La señora MYRIAM YOLANDA VEGA RODRÍGUEZ, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue

vulnerado por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

CONSEJO DE ESTADO2 al omitir resolver la solicitud de aclaración

que presentó contra la sentencia del 14 de mayo de 2025, dentro

del medio de control de reparación directa identificado con el

número único de radicación 2019-00813-01.

I.2.- Hechos

Indicó que los señores JUAN MANUEL VEGA LEÓN y HILDA INÉS

CARRASCAL BORRERO, mediante apoderado judicial instauraron

demanda de reparación directa contra la NACIÓN - RAMA

JUDICIAL con el fin que se reconocieran los perjuicios ocasionados

por presunto error jurisdiccional cometido en la sentencia de 26 de

abril de 2017, proferida por la SALA DE CASACIÓN LABORAL DE

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, dentro del expediente

identificado con el número único de radicación 2005-00675-01.

Señaló que el mencionado proceso fue identificado con el número

único de radicación 2019-00813-01 y le correspondió en primera

2
En adelante SECCIÓN TERCERA.

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ACTORA: MYRIAM YOLANDA VEGA RODRÍGUEZ

instancia a la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA3 que,

mediante providencia de 27 de julio de 2023, negó las pretensiones

de la demanda al considerar que no se acreditó el error judicial.

Refirió que los mencionados señores interpusieron recurso de

apelación, el cual fue resuelto por la SECCIÓN TERCERA que,

mediante sentencia de 14 de mayo de 2025, confirmó la decisión

del a quo.

Aseguró que el 4 de junio de 2025, en calidad de apoderada judicial

de la parte allí demandante solicitó la aclaración de dicha sentencia,

petición que fue enviada al correo electrónico

cese03@notificacionesrj.gov.co y radicada a través del sistema de

gestión judicial SAMAI, no obstante no hubo pronunciamiento

alguno y, por el contrario, se remitió el expediente al TRIBUNAL.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, la autoridad judicial vulneró su derecho

fundamental al debido proceso, dado que incurrió en vía de hecho

3
En adelante Tribunal

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al omitir resolver la solicitud de aclaración que presentó contra la

sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso

cuestionado.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] Se proteja los DERECHOS FUNDAMENTALES vulnerados,
como son DEBIDO PROCESO, Y LOS CONEXOS QUE
RESULTAREN VULNERADOS, procediendo de conformidad a:

a) DAR TRAMITE AL MEMORIAL DE SOLICITUD DE
ACLARACION DE LA SENTENCIA presentado dentro del
término de ejecutoria EL DIA 4 DE JUNIO DE 2025 al correo
electrónico cese03@notificacionesrj.gov.co […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA manifestó que la presente acción de

tutela debe ser declarara improcedente, puesto que al revisar el

sistema de gestión judicial SAMAI, no se evidenció que la actora

haya radicado la mencionada solicitud de aclaración; sumado a ello,

la dirección que indicó en la solicitud de amparo

cese03@notificacionesri.gov.co, no corresponde a los canales

dispuestos para la radicación y gestión de memoriales.

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I.6. Intervinientes

I.6.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL sostuvo que la acción de tutela de la referencia resulta

improcedente, toda vez que no se evidencia la ocurrencia de un

perjuicio irremediable que haga posible su análisis.

De otra parte, sostuvo que la solicitud de aclaración no se radicó

oportunamente, esto es, en el término de ejecutoria de la sentencia

de segunda instancia, la cual fue notificada el 28 de mayo de 2025,

pues solo se presentó hasta el 4 de junio de este año.

I.6.2.- La SECRETARÍA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL

CONSEJO DE ESTADO indicó que una vez verificado el sistema de

gestión judicial SAMAI, se evidenció que no se recibió memorial y/o

escrito alguno dirigido al proceso ordinario cuestionado por parte de

la señora VEGA RODRÍGUEZ.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN CUARTA, mediante sentencia de 6 de agosto de

2025, declaró improcedente el amparo solicitado al encontrar que la

actora carece de legitimación en la causa por activa, puesto que no

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aportó poder para actuar en representación de los señores JUAN

MANUEL VEGA LEÓN e HILDA INÉS CARRASCAL BORRERO.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia,

manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión y

señaló que su actuación se encuentra ligada al proceso de

reparación directa cuestionado, en el que los señores JUAN

MANUEL VEGA LEÓN e HILDA INÉS CARRASCAL VEGA le

otorgaron poder para adelantar las actuaciones necesarias en

defensa de sus intereses y que hasta le fecha no ha sido revocado.

Así mismo, aseguró que radicó en tiempo la solicitud de aclaración

en el sistema de gestión judicial SAMAI y también lo envió al correo

electrónico cese03@notificacionesri.gov.co el 4 de junio de 2025,

fecha en que vencía el termino para hacer uso de tal mecanismo.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

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de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de

noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12

de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 4. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,

con miras a evitar un perjuicio irremediable.

4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política".

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Caso concreto

En el presente caso, la actora promovió la acción de tutela de la

referencia con el fin de obtener el amparo de su derecho

fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por la

SECCIÓN TERCERA, con ocasión de la presunta omisión de dar

trámite y/o resolver la solicitud de aclaración contra la sentencia de

14 de mayo de 2025, dentro del medio de control de reparación

directa identificado con el número único de radicación 2019-00813-

01.

A su juicio, la autoridad judicial vulneró su derecho fundamental al

debido proceso, dado que incurrió en vía de hecho al omitir resolver

la solicitud de aclaración que presentó contra la sentencia de

segunda instancia proferida dentro del proceso cuestionado.

La SECCIÓN CUARTA profirió sentencia de primera instancia en la

que declaró improcedente la acción de tutela al considerar que la

accionante carece de legitimación en la causa por activa, toda vez

que no tiene interés directo en el hecho en el que hace consistir la

vulneración alegada.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

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proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo y

señaló que su actuación se encuentra ligada al proceso de

reparación directa cuestionado, en el que los señores JUAN

MANUEL VEGA LEÓN e HILDA INÉS CARRASCAL VEGA le

otorgaron poder para adelantar las actuaciones necesarias en

defensa de sus intereses y que hasta le fecha no ha sido revocado.

Así mismo, aseguró que radicó en tiempo la solicitud de aclaración

en el sistema de gestión judicial SAMAI y también la envió al correo

electrónico cese03@notificacionesri.gov.co el 4 de junio de 2025,

fecha en que vencía el termino para hacer uso de tal mecanismo.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si la autoridad judicial accionada

vulneró los derechos deprecados y, en ese orden, deberá confirmar,

modificar o revocar la decisión del a quo.

En ese sentido, en primera medida le corresponde a la Sala

determinar si la actora está legitimada en la causa por activa para

promover la acción de tutela de la referencia.

De la legitimación en la causa por activa en las acciones de

tutela

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El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona

podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante

apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos

fundamentales.

En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo

10° del Decreto 2591 de 19915 preceptúa:

“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”.

De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción

de tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo

o mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia

oficiosa, caso en el cual se debe manifestar expresamente tal

circunstancia, además de demostrar las razones por las cuales el

5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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agenciado no está en capacidad de ejercer su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la

causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de

fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las

partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso

de tutela, de modo que el derecho cuya protección se persigue

debe ser propio del demandante y no de otra persona6.

Ahora bien, conforme con las piezas procesales la Sala destaca que,

en principio, quienes verían afectados sus derechos con ocasión a la

presunta vulneración alegada, son los señores JUAN MANUEL

VEGA LEÓN e HILDA INÉS CARRASCAL BORRERO, puesto que

son los demandantes en el proceso de reparación directa

identificado con el número único de radicación 2019-00813-01.

Por lo tanto, el hecho de que la señora VEGA RODRÍGUEZ haya

sido la apoderada judicial de los demandantes dentro del

mencionado proceso de reparación directa y la que presuntamente

presentó la solicitud de aclaración aludida, no la habilita para que la

titularidad de los derechos en cabeza de estos le sean transferidos y

pueda presentar una acción de tutela y/o recursos dentro de esta,

6
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.

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buscando el amparo frente a sus representados frente al no trámite

y/o resolución de dicha solicitud7. Adicionalmente, no consta en el

expediente prueba alguna que haya obrado como agente oficioso de

aquellos8.

Lo anterior, guarda relación con lo expuesto por la Corte

Constitucional en sentencia T-697 de 22 de agosto de 20069, en la

que se manifestó sobre la imposibilidad que tiene el apoderado

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de
enero de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2015-01209-01, M.P. María
Elizabeth García González, sostuvo: “[…] En este orden de ideas, para la Sala no se cumple con el
requisito exigido en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, pues no está demostrada la
facultad de la actora para actuar en representación del señor Elkin Yohany Rincón
Muñeton, por cuanto no manifestó ni probó la calidad de agente oficioso y tampoco allegó
el poder que la facultara para promover la presente acción de tutela, en defensa de los
derechos fundamentales de aquél. […] Se resalta que tampoco es admisible que la acción hubiese
podido ser instaurada por la actora a nombre propio, debido a que no es la titular de los derechos
cuya protección reclama, lo que significa, en términos del artículo 86 superior, que no es la persona
afectada en sus derechos y por ende, no es la llamada a reclamar por sí misma o por quien actúe en
su nombre -con la debida acreditación -la protección del mismo […]” (Resaltado fuera de texto).

8
La Corte Constitucional en sentencia T-406 de 27 de junio de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo, indicó que en el caso de que se pretenda actuar bajo la figura de agente oficioso, la persona
debía cumplir unos requisitos, los cuales se echan de menos en la presente solicitud de amparo, en
efecto: “[…] de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha reseñado, la
señora Amparito Rodríguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que
cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que
de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para
interponer la acción de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro
del proceso.

En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de
tutela no se indicó que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compañero permanente.

[…]

Lo anterior da cuenta que el señor Torres, a pesar de encontrarse privado de la libertad, no ha visto
obstaculizado el ejercicio autónomo y directo de sus derechos, acudiendo a las acciones, recursos y
solicitudes puestos a su alcance. Además, no se aportó medio de convicción alguno que permitiera
establecer que en esta oportunidad se hallaba imposibilitado para acudir directamente ante el juez
constitucional, como tampoco existe ratificación de su parte respecto de la demanda de tutela
interpuesta por su compañera permanente.

En síntesis, considera la Sala que los requisitos para la configuración de la agencia oficiosa
no convergen en el asunto y, en esas circunstancias, la Corte no puede conocer el fondo de
la acción de tutela por ausencia de una de las exigencias legales establecidas para ello,
como es la legitimación por activa […]” (Resaltado fuera de texto).

9
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, tal pronunciamiento corresponde a una posición reiterada de la
Corte Constitucional, que se ha manifestado en el mismo sentido, esto es, en sentencias T-314 de
1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-821 de 21 de octubre de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-
658 de 15 de agosto de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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judicial para alegar en vía de tutela como propios los derechos de

su representado. En dicha oportunidad señaló:

“[…] En lo concerniente al tema de la legitimidad por activa
de los apoderados judiciales, esta Corporación ha
considerado que el abogado que representa judicialmente
a otro, carece en principio de legitimación por activa,
cuando en nombre propio pretende defender mediante tutela los
derechos fundamentales de su poderdante, o cuando acude al
proceso de tutela sin poder especial para ejercer dicha
acción. En la primera circunstancia, se considera que quien
representa judicialmente a alguien, lo hace a título profesional, lo
que implica que el interés que defiende es el de su cliente y no el
suyo propio, bajo las reglas del ejercicio de la profesión de
abogado y atendiendo los supuestos de ley. (Sentencia T-314 de
1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En el segundo caso, no es
suficiente que el apoderado alegue la defensa de la
persona en un proceso diferente, o que afirme comparecer a
la tutela como representante, o que cuente con poder general en
otros asuntos; sólo el poder especial correspondiente, lo
habilita para interponer tutela a favor de su representado y
afirmar válidamente tal identidad.

Con respecto a la imposibilidad del apoderado de alegar
por vía de tutela como propios los derechos del
representado, la sentencia T-658 de 2002 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil) precisó lo siguiente:

‘(…) 4.1.1. Siguiendo lo expuesto, podemos responder al primer
interrogante, es decir: ¿Si el apoderado judicial de una causa
ordinaria puede alegar un interés directo para incoar en su
propio nombre la acción de tutela, cuando los derechos
fundamentales supuestamente vulnerados corresponden al
titular de la causa ordinaria que representa judicialmente?

Para dar respuesta a este cuestionamiento, es preciso tener en
cuenta que la Corte en Sentencia T-674 de 1997, expresamente
determinó que: ‘...no puede alegarse vulneración de los
propios derechos con base en los de otro...’, y en Sentencia
T-575 de 1997, igualmente, sostuvo que: ‘...la calidad de
apoderado no genera ipso facto la suplantación del titular
del derecho...’.

A juicio de la Corporación, esto ocurre básicamente por dos
razones: (i) El interés en la defensa de los derechos
fundamentales, como se dijo, radica en su titular y no en

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terceros y, por otra parte, (ii) la relación de vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales debe ser directa y
no transitiva ni por consecuencia. Así lo manifestó la Corte en
la citada Sentencia T-674 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), al sostener que ‘...no es válido alegar, como motivo de
la solicitud de protección judicial, la causa de la causa, o el
encadenamiento infinito entre causas y consecuencias, ya que, de
aceptarse ello, se desquiciaría la acción de tutela y desbordaría
sus linderos normativos. [Por lo tanto...] La violación de los
derechos [fundamentales] de otro no vale como motivo para
solicitar la propia tutela’ […]”. (Resaltado fuera de texto).

Al respecto, se advierte que esta Sala ha considerado que la

legitimación en la causa por activa de quien promueve acción de

tutela contra providencia y/o proceso judicial y alega la vulneración

de sus derechos fundamentales, está determinada por la

participación en el proceso judicial cuya revisión depreca en

ejercicio del amparo constitucional.

Así lo sostuvo esta Sala en la sentencia de 27 de abril de 201710, en

la que se indicó:

“[…] En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a
establecer si la mencionada autoridad judicial quebrantó los
referidos derechos fundamentales del accionante, con la
providencia cuestionada.

Ahora bien, antes de entrar a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, de acuerdo con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional,
acogida por la Sala Plena de esta Corporación, resulta
necesario determinar la legitimación en la causa por
activa, en tanto que uno de los derechos alegados como

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. También se puede ver sentencia de 27 de abril de 2017, expediente 11001
03 15 000 2016 02676 00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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vulnerados es el del debido proceso.

Sobre el particular, la Sala ha sido del criterio según el cual,
quien promueva una acción de tutela con el propósito de
buscar la protección del derecho fundamental al debido
proceso, presuntamente vulnerado con ocasión de las
providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un
proceso judicial, debe acreditar que es o fue parte en el
mismo [11].
Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, artículo 10,
que determina que en la acción de tutela la legitimidad para
actuar está radicada en la persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien ejercerá la
acción, directamente o a través de apoderado,
debidamente acreditado [12].

Lo anterior cobra relevancia en el sub lite, toda vez que el
objeto de la acción de amparo es el de controvertir y dejar sin
efecto el numeral segundo de la parte resolutiva de la
providencia del 3 de marzo de 2016, dictada en el medio de
control de nulidad electoral bajo el radicado (…); pues de ésta
es que el actor deriva la vulneración, en primer lugar, del
derecho fundamental al debido proceso, y, como consecuencia
de ello, de los de buena fe y de elegir y ser elegido; sin que él
se hubiere constituido como parte en el mismo.

En efecto, de la revisión del expediente contentivo del medio
de control de nulidad electoral (…), la Sala pudo determinar
que el actor no fue quien promovió tal acción ni realizó solicitud
alguna de coadyuvancia, razón por la que no puede ser
considerado como parte en ese proceso.

[11] Sobre el particular, la Sala se pronunció en ese sentido, reiterando dicho criterio en varias
acciones de tutela promovidas por los electores de la señora Johana Chaves García, que interpusieron
numerosas solicitudes de amparo, tendientes a controvertir las decisiones tomadas en el medio de
control de nulidad electoral, radicado con el número (acumulados) 2014-00057-00 y 2014-00083-00,
demanda promovida por el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle y otro. Ver: Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03603-00. Actor: Daul Monroy
Mendoza. C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia
de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03802-00. Actor: Carmen Cecilia Rodríguez Guerrero.
C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de
febrero de 2015. Radicado: 2014-04113-00. Actor: Julio Edgar Cuesta Areiza. C.P.: Dra. María
Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015.
Radicado: 2014-03870-00. Actor: Dora Silva Ordúz. C.P.: Dra. María Elizabeth García González;
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 5 de marzo de 2015. Radicado: 2014-03803-00.
Actor: Deryan Johan Monsalve Barajas. M.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
[12] Respecto de la legitimación en la causa, la jurisprudencia constitucional explicó que la razón de
ser de la exigencia de acreditar el interés para demandar en tutela, obedece “al verdadero significado
que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de
que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos
para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo” (Subrayado y
negrilla fuera de texto).

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ACTORA: MYRIAM YOLANDA VEGA RODRÍGUEZ

En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia
arriba citada respecto de la legitimación en la causa y con base
en el criterio prohijado por la Sala, solo podrían promover
una acción de tutela por la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de las
decisiones que se profieran en el respectivo medio de
control, quienes ostenten la calidad de partes en el
mismo, […].

Así las cosas, en razón a que el actor no ostenta ninguna de
esas calidades, no se encuentra legitimado para promover
la presente acción de amparo, en tanto no es titular del
derecho fundamental al debido proceso cuya vulneración
depreca; por lo que se declarará la falta de legitimación
en la causa por activa […]” (Resaltado es del texto original).

En el mismo sentido, esta Sala en providencia 29 de julio de

202113, señaló:

“[…] En ese sentido, quienes ostentan la legitimación en la
causa por activa para cuestionar las providencias proferidas
dentro del trámite del incidente de desacato objeto de estudio
son las personas respecto de las cuales se tramitó el incidente
de desacato, que en este caso resultaron sancionadas y
conminadas a cumplir la orden de tutela, es decir, los señores
i) Darío Antonio Valen Trujillo, en calidad de Director del
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y
Carcelario de Alta Seguridad de Popayán – EPAMSCAS
Popayán; ii) Mauricio Iregui Tarquino, en calidad de
Representante Legal del Consorcio Fondo de Atención en Salud
PPL 2019 – 2020; iii) Andrés Ernesto Díaz Hernández, en
calidad de Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC; y iv) Mariano De La Cruz Botero Coy, en
la calidad de Director del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – INPEC, último frente al cual el Tribunal
Administrativo del Cauca resolvió revocar la sanción impuesta.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia, T-1020 de
30 de octubre de 200314, manifestó que la acción de tutela es
un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Hernando
Sánchez Sánchez. expediente 11001-03-15-000-2021-03712-00.
14
Corte Constitucional, sentencia T-1020 de 30 de octubre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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persona afectada, quien podrá presentarla directamente o por
quien actúe en su nombre.

[…]

En ese orden de ideas, para la Sala no se advierte que la
USPEC tenga un interés directo y particular respecto al
amparo que se solicita ante el juez constitucional que
permita establecer que el derecho fundamental
presuntamente vulnerado sea propio del actor, razón por
la cual esta Sala no puede emitir un pronunciamiento de
fondo, para establecer si en el presente caso concreto
hubo o no la afectación de su derecho fundamental.

En ese sentido, se considera que, en el caso sub
examine, la USPEC carece de legitimación en la causa
por activa […]” (Resaltado por la Sala).

De acuerdo a lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que,

para acreditar el requisito de la legitimación en la causa por activa

en las acciones de tutela contra procesos judiciales, se requiere que

los actores hayan sido parte del respectivo proceso judicial que

reprochan, con el fin de que, como inferencia lógica, puedan alegar

que se vulneraron sus derechos fundamentales.

Corolario a lo anterior, es claro que la actora en el presente asunto

carece de legitimación en la causa por activa para formular

solicitud de amparo frente a la presunta irregularidad en el trámite

y/o resolución de la solicitud de aclaración que presentó contra la

sentencia de 14 de mayo de 2025, dentro del proceso de reparación

directa cuestionado.

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Por último, la actora señala en el escrito de impugnación que los

señores JUAN MANUEL VEGA LEÓN e HILDA INÉS CARRASCAL

VEGA le otorgaron poder para adelantar las actuaciones necesarias

en defensa de sus intereses, no obstante, tal mandato le fue

concedido, como quedó visto, dentro del medio de control de

reparación directa censurado, sin que en este de manera alguna le

confirieran facultades para hacer uso de acciones de tutela en

salvaguarda de sus intereses contra dicho proceso.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que la solicitud de amparo

no cumple con el requisito previsto en el artículo 10 del Decreto

2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la

legitimación en la causa por activa de la parte actora.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo presentada por la demandante

por falta de legitimación en la causa por activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de

septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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