Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03892-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03892-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03892-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03892-00 (acumulado)
11001-03-15-000-2025-03897-00
11001-03-15-000-2025-03902-00
Accionantes: Nelson Eduardo Armesto Villanova y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad. Decreto 639 de 2025,
«por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se
dictan otras disposiciones»
Decisión: Declarar la improcedencia de las acciones de tutela presentadas
por Nelson Eduardo Armesto Villanova (Rad. 2025-03892-00),
Richard Nicolás Martínez Olivera (Rad. 2025-03897-00), Irenarco
Pineda Ríos y Sebastián Correa Sánchez (Rad. 2025-03902-00)
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. La Sala1 decide las acciones de tutela (acumuladas) presentadas por Nelson
Eduardo Armesto Villanova, Richard Nicolás Martínez Olivera, Irenarco Pineda Ríos
y Sebastián Correa Sánchez contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitudes de amparo
2. Nelson Eduardo Armesto Villanova (Rad. 2025-03892-00), Richard Nicolás
Martínez Olivera (Rad. 2025-03897-00), Irenarco Pineda Ríos y Sebastián Correa
Sánchez (Rad. 2025-03902-00) presentaron 3 acciones de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la participación ciudadana,
debido proceso (defensa, contradicción e imparcialidad) y acceso a la
administración de justicia, trabajo y seguridad social2, con ocasión de los Autos de
18 de junio de 2025, por medio de los cuales la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió una demanda de nulidad contra el Decreto 639 de 20253 y suspendió
provisionalmente sus efectos, en el marco del proceso No. 11001-03-28-000-2025-
00086-00. A título de amparo constitucional, los accionantes solicitaron:
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
2
Los accionantes manifestaron que igualmente fueron comprometidas ciertas garantías constitucionales, tales como:
soberanía popular, supremacía constitucional, fines esenciales del Estado, mecanismos de participación ciudadana, principio
de legalidad, «equilibrio procesal» y principios democrático y participativo del estado social de derecho.
3
«Por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones».
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Accionante: Nelson Eduardo Armesto Villanova y otros
Rad. 2025-03892-00:
«1. Ampárese mi derecho fundamental a la participación ciudadana (art. 40 C.P.).
2. Se declare que el Consejo de Estado vulneró dicho derecho al suspender el decreto
0639 de 2025.
3. Se ordene al Consejo de Estado levantar dicha suspensión, o en su defecto, se
abstenga de seguir interfiriendo en el mecanismo de participación, mientras no haya
decisión de la Corte Constitucional.
4. Se requiera al Consejo de Estado indicar expresamente bajo qué norma
constitucional se atribuyó la competencia para suspender el decreto, siendo esto
función exclusiva de la Corte Constitucional según el artículo 241.»
Rad. 2025-03897-00:
«PRIMERO: Se dé por surtido el requisito de la aprobación del Congreso, para la
aprobación de la CONSULTA POPULAR, objeto de esta acción de tutela, por cuanto
no hay ninguna garantía para mí como ciudadano, que en el proceso realizado el día
CATORCE (14) de mayo pasado, se actuó, con respeto a la constitución y la ley, con
justicia, con imparcialidad y por tanto, es un proceso espurreo, amañado y de ninguna
manera el Congreso puede dar garantía de transparencia en este proceso. SEGUNDO:
Que, en consecuencia, de lo anterior, no hay garantías, para que se me garantice a mí
y seguramente millones de colombianos, que se pueda repetir dicha votación, en un
escenario justo, con garantes externos y capacitados, para acreditar que el proceso de
votación se realice de forma justa, se solicita se ordene, se ordene que se decrete
nulidad, sobre una medida cautelar que ordenó el Consejo de Estado en contra del
decreto 0639 del 11 de junio de 2025 en acción de tutela que conoce la sección quinta
del Consejo de Estado, por cuanto este decreto, cumple con los requisitos exigidos en
la norma superior, para ser decretada la consulta popular del Gobierno nacional, por
cuanto la desaprobación del congreso, de aprobar este trámite constitucional popular
tal como fuimos testigos millones de Colombianos, carece de validez, por haberse
cometido muy posibles conductas penales, por haberse manipulado la votación de tal
manera que esta se direccionó a que esta consulta, favoreciera al partido o a las ideas
del Doctor Efraín Cepeda, Presidente del Congreso, lo cual no hace valida la votación
y menos el resultado, por lo cual el acto debe darse como surtido en favor de la
iniciativa, comoquiera que no hay ninguna prueba valida de que se desaprobó y por tal
motivo, se debe ordenar la realización de la CONSULTA POPULAR POR DECRETO
O DECRETAZO, tal como lo dice la prensa opositora, por falta de garantías en que este
proceso se realice de forma transparente y el Señor Presidente es el Jefe del Estado y
sus iniciativas en favor del bienestar de los colombianos, está respaldada en más de
10 millones de votos.»
Rad. 2025-03902-00:
« V.I Pretensiones principales:
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso constitucional, a la
administración de justicia, a la participación democrática y a la supremacía
constitucional, los cuales han sido vulnerados por el Honorable Consejo de Estado al
admitir y tramitar una acción de nulidad por inconstitucionalidad contra el decreto de
convocatoria de consulta popular nacional, pese a carecer de competencia
constitucional para ello.
2. Ordenar al Honorable Consejo de Estado suspender de manera inmediata el trámite
de la acción de nulidad por inconstitucionalidad radicada contra el decreto de
convocatoria de consulta popular nacional, hasta tanto se defina la competencia
funcional para conocer del asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 241
numeral 3 de la Constitución Política.
3. Ordenar, en consecuencia, que la demanda de nulidad sea remitida a la Honorable
Corte Constitucional para que, en ejercicio de su competencia exclusiva, decida sobre
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la constitucionalidad del decreto de convocatoria de consulta popular nacional,
conforme al artículo 241 numeral 3 de la Constitución Política.
4. Adoptar cualquier otra medida que se considere necesaria para proteger de manera
efectiva los derechos fundamentales invocados, evitar un perjuicio irremediable y
preservar la integridad y supremacía de la Constitución.
V.II PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
Si pese a los argumentos invocados y únicamente con base en la constitución política
de Colombia el despacho del juez constitucional estime que el Honorable Consejo de
Estado es competente para conocer de la acción de constitucionalidad promovida
contra el decreto 0639 de 2025, se solicita respetuosamente:
1. Que se ampare los derechos fundamentales alegados, frente a la providencia judicial
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de fecha 18 de
junio de 2025, dentro del expediente Rad. 11001-03-28-000-2025-00086-00, por
constituir un acto de prejuzgamiento manifiesto en el trámite de una medida cautelar.
2. Que se declare que el mencionado auto incurre en una vía de hecho judicial, por
cuanto desborda el marco legal de las medidas cautelares previstas en los artículos
229 y 231 del CPACA, al adoptar decisiones definitivas sobre la legalidad del Decreto
0639 de 2025 y sobre la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, sin haber
surtido el debido proceso ni la contradicción plena de las partes.
3. Que se deje sin efectos jurídicos el auto de suspensión provisional del Decreto 0639
de 2025, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en tanto se
fundamentó en un análisis sustancial de legalidad reservado al juicio definitivo y no a
la etapa cautelar.
4. Que se ordene al Consejo de Estado – Sección Quinta emitir una nueva decisión
cautelar, dentro del proceso principal, ajustada a los principios del debido proceso, la
imparcialidad judicial y el estándar normativo aplicable al análisis de medidas
cautelares, limitando su alcance a la valoración de apariencia de derecho, sin
pronunciamientos anticipados sobre la legalidad de los actos administrativos
demandados.
5. Que se adopten las medidas necesarias para preservar el derecho a la participación
política, previsto en el artículo 40 de la Constitución Política, en tanto el acto suspendido
corresponde a la convocatoria de una consulta popular nacional, instrumento esencial
de democracia participativa cuyo desarrollo no puede ser obstaculizado sin sentencia
que resuelva el fondo de la controversia.»
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, afirmaron que
mediante el Decreto 639 de 11 de junio de 2025, el Gobierno Nacional convocó a la
ciudadanía a una consulta popular nacional.
4. Los senadores Efraín Cepeda Sarabia, Nadya Georgette Blel Scaff, Lorena
Ríos Cuéllar, Germán Blanco Álvarez, Juan Carlos García Gómez, Esperanza
Andrade Serrano, Soledad Tamayo Tamayo, Marcos Daniel Pineda García, Oscar
Mauricio Giraldo Hernández, Carlos Fernando Motoa, Juan Samy Merheg Marún y
Antonio Luis Zabaraín presentaron una demanda de nulidad contra el aludido
decreto, junto con una solicitud suspensión provisional de sus efectos, por la
presunta vulneración el contenido de los artículos 104 de la Constitución Política,
51 de la Ley 134 de 1994 y 31 (literal b) de la Ley 1757 de 2015.
5. El 16 de junio de 2025, el presidente de la República, mediante apoderado
judicial, presentó un memorial en el que además de solicitar que no se accediera a
la solicitud de medida cautelar, alegó la falta de competencia de esta corporación
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para conocer de la demanda y solicitó la remisión del proceso a la Sala Plena para
definir la competencia sobre la misma.
6. Mediante Autos de 18 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la demanda, rechazó las peticiones del presidente de la República y
suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 639 de 2025.
7. Como fundamentos de derecho, los accionantes alegaron que (i) el Consejo
de Estado no tenía competencia para ejercer control judicial sobre los mecanismos
de participación directa (consulta popular), cuya guarda corresponde a la Corte
Constitucional, de conformidad con los artículos 237 [numeral 2] y 241 [numeral 3]
de la Constitución Política4; (ii) la decisión de la Sección Quinta del Consejo de
Estado constituyó una afrenta a la Constitución y a los principios democráticos,
comoquiera que puso una traba/bloqueo a un mecanismo de participación
ciudadana5; (iii) los vicios de trámite o irregularidades formales alegadas en la
demanda de nulidad no eran patente para suspender los efectos del decreto por
parte de una autoridad sin competencia6; y (iv) el análisis hecho por la Sección
Quinta del Consejo de Estado desnaturalizó la función de las medidas cautelares y
configuró un prejuzgamiento sobre el objeto del proceso de nulidad, situación que
dio lugar al desconocimiento del contenido de los artículos 229 y 231 de la Ley 1437
de 2011 (CPACA), así como del Auto de 21 de marzo de 2024 de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, Rad. 11001-03-26-000-2019-00018-00, y la Sentencia C-
284 de 2015 de la Corte Constitucional7.
8. Es preciso aclarar que en el escrito de tutela del proceso No. 2025-03902-00,
los accionantes invocaron expresamente la configuración de los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente. Por su parte, la solicitud de
amparo del proceso No. 2025-03897-00 no indicó de forma alguna reparo concreto
contra la decisión que señaló atacar, esto es, el auto que decretó la medida cautelar
de suspensión provisional de los efectos del acto demandado.
Intervenciones8
9. Juan Samy Merheg Marún, Soledad Tamayo Tamayo, Esperanza Andrade
Serrano, Juan Carlos García Gómez, Efraín Cepeda Sarabia, Nadya Georgette
Blel Scaff, Oscar Mauricio Giraldo Hernández, Germán Blanco Álvarez y
4
Este argumento es común entre los escritos de tutela de los procesos No. 2025-03892-00 y 2025-03902-00.
5
Argumento propio del proceso No. 2025-03892-00.
6
Argumento propio del proceso No. 2025-03892-00.
7
Concretamente en lo que tiene que ver con: «[l]a inexistencia del concepto favorable del Senado, exigido por el artículo 104
constitucional[,] [l]a ilegalidad del decreto presidencial por ausencia de dicho requisito [y] [l]a improcedencia de la excepción
de inconstitucionalidad invocada por el Presidente» «Esta providencia tomó decisiones de fondo sin haberse agotado la etapa
probatoria, sin haberse oído a las partes en juicio y sin posibilidad real de contradicción de los argumentos sustanciales que
sustentan la nulidad». Argumento propio del proceso No. 2025-03902-00.
8
Mediante Auto de 20 de junio de 2025, admitió la acción de tutela identificada bajo el radicado No. 2025-03892-00, se ordenó
su notificación a la Sección Quinta del Consejo de Estado y la vinculación de Efraín Cepeda Sarabia, Nadya Blel Scaff, Lorena
Ríos Cuéllar, Germán Blanco Álvarez, Juan Carlos García Gómez, Esperanza Andrade Serrano, Soledad Tamayo Tamayo,
Marcos Daniel Pineda, Mauricio Giraldo Hernández, Carlos Fernando Motoa, Samy Merheg, Antonio Luis Zabaraín, el
presidente de la República y la Presidencia de la República – DAPRE, como terceros interesados. Aunado a ello, se ordenó
que, por Secretaría General, se informara a los demás despachos de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado sobre la existencia y admisión del proceso.
El 27 de junio y el 3 de julio de 2025, se avocó conocimiento de los procesos No. 2025-03897-00 y 2025-03902-00, se
admitieron las acciones de tutela, respectivamente, se vinculó además de los ya mencionados al Ministerio del Interior, el
Congreso de la República y la Fiscalía General de la Nación, y se ordenó la acumulación de aquel al proceso de la referencia.
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Accionante: Nelson Eduardo Armesto Villanova y otros
Lorena Ríos Cuéllar solicitaron que se declare la improcedencia de la acción de
tutela falta de legitimación pasiva en la causa y se disponga su desvinculación del
proceso, comoquiera que no tuvieron relación alguna con los hechos alegados en
la solicitud de amparo, en su calidad de senadores. Adujeron que la acción no
cumplió con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que la parte actora no acudió
a los mecanismos judiciales con los que contaba para procurar la defensa de las
garantías constitucionales que invocó como violadas, concretamente la solicitud de
falta de competencia o la nulidad procesal. Asimismo, señalaron que había carencia
actual de objeto «por hecho superado», comoquiera que mediante el Decreto 703
de 24 de junio de 2025 se derogó el Decreto 639 de 2025.
10. De los antes mencionados, Soledad Tamayo Tamayo, Esperanza Andrade
Serrano, Juan Carlos García Gómez, Efraín Cepeda Sarabia y Lorena Ríos Cuéllar
igualmente solicitaron que se hiciera un llamado de atención al accionante por darle
un uso indebido al mecanismo constitucional de tutela.
11. Antonio Luis Zabaraín Guevara pidió que se negaran las súplicas de
amparo, dada la carencia actual de objeto ante la derogatoria del Decreto 639 de
2025, a través del Decreto 703 de 2025.
12. Praxere Ospino Rey, en calidad de Secretario General de la Comisión
Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República, manifestó que «no
existe una relación directa, ni material ni funcional, entre [la] Comisión y los hechos
que motivan la presente acción, lo que impide atribuirle responsabilidad
constitucional alguna por su ocurrencia». En consecuencia, solicitó se desvincule a
la Comisión del proceso de tutela.
13. Diego Alejandro González González, secretario general del Senado de la
República, señaló que la acción de tutela era improcedente porque no existió
amenaza a los derechos fundamentales del actor ni se evidenció un riesgo
inminente a los mismos. Solicitó se estudiara su desvinculación del proceso (falta
de legitimación pasiva en la causa), comoquiera que «no se han formulado
pretensiones directas y no se han sustentado hechos concretos en contra del
Congreso de la República». Explicó la integración y atribuciones del Congreso, así
como las actuaciones del Senado frente al trámite de las consultas populares (tanto
de forma general como de forma particular frente a la solicitud de concepto favorable
de 1 de mayo de 2025). Indicó que mediante el Decreto 703 de 2025 se derogó el
Decreto 639 de 2025.
14. Marcos Daniel Pineda García, en calidad de senador de la República, señaló
que por regla general las decisiones políticas tomadas por el Congreso de la
República, especialmente aquellas que resultan del voto de sus miembros, no son
objeto de control constitucional a través de la acción de tutela. Postura que sustentó
en la Sentencia SU-150 de 2021 de la Corte Constitucional. Aunado a ello, solicitó
(i) su desvinculación del proceso y (ii) «se reconozca la legalidad y legitimidad del
procedimiento parlamentario que tuvo lugar el 14 de mayo de 2025, y que se respete
el principio de separación de poderes, así como la autonomía funcional del
Congreso de la República».
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15. La Fiscalía General de la Nación alegó su falta de legitimación pasiva en la
causa, comoquiera que «los hechos y pretensión formuladas en las acciones de
tutela [Rad. 2025-03897-00 y 2025-03902-00] nada tienen que ver con sus
funciones constitucionales y legales», así como la falta de vulneración de derechos
fundamentales por su parte.
16. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por conducto del consejero
ponente de las providencias enjuiciadas, adujo que (i) los accionantes no tiene
legitimación activa en la causa, comoquiera que estos no hicieron parte del proceso
ordinario de nulidad; (ii) no se configuraron los defectos alegados ni se vulneraron
o amenazaron los derechos invocados por la parte actora; (iii) el control del Decreto
639 de 2025 corresponde a esa autoridad judicial por tratarse de un acto proferido
por una autoridad del orden nacional y de contenido electoral, pues desarrolló un
mecanismo de participación ciudadana; (iv) el aludido decreto fue expedido por
fuera del procedimiento de la consulta popular, dado que este concluyó con el
concepto desfavorable del Senado de la República; (v) «entender que únicamente
la Corte Constitucional es la competente para conocer de asuntos como el que se
estudia en el proceso ordinario, llevaría a concluir que en el evento en que la
consulta popular no se lleve a cabo, el acto de convocatoria no podría ser objeto de
tutela judicial»; (vi) el 20 de junio de 2025, la Corte Constitucional avocó
conocimiento sobre el Decreto 639 de 2025 y advirtió que ello no implicaba de forma
alguna el menoscabo de las competencias constitucionales y legales del Consejo
de Estado; (vii) de conformidad con el artículo 229 del CPACA, la decisión sobre
medidas cautelares no constituye prejuzgamiento; (viii) se cumplieron los requisitos
del artículo 231 ídem para el decreto de la suspensión provisional de los efectos del
acto demandado; y (ix) «lo pretendido por los accionantes es cuestionar lo decidido
en la providencia tutelada».
17. La Presidencia de la República (DAPRE) solicitó se declarara la
improcedencia de las súplicas de amparo porque contra el Decreto 639 de 2025
cursa el respectivo mecanismo de control judicial ante la Corte Constitucional, en
los términos del artículo 241 de la Constitución Política (Expediente: CCP-001).
Asimismo, señaló que el aludido decreto no produjo efectos jurídicos porque fue
derogado expresamente por el Decreto 703 de 24 de junio de 2025. En ese orden
de ideas, señaló que no se satisfizo el requisito de subsidiariedad y no se presentó
afectación a los derechos de los accionantes por parte de esa autoridad.
18. Carlos Fernando Motoa y el Ministerio del Interior, pese a que fueron
debidamente notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si la
Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales a la
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participación ciudadana, debido proceso (defensa, contradicción e imparcialidad) y
acceso a la administración de justicia, trabajo y seguridad social de la parte actora,
con ocasión de las decisiones adoptadas a través de los Autos de 18 de junio de
2025, por medio de los cuales se admitió una demanda de nulidad contra el Decreto
639 de 20259 y suspendieron provisionalmente sus efectos, en el marco del proceso
No. 11001-03-28-000-2025-00086-00.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
20. En el presente caso, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela, por las razones que pasan a explicarse:
21. Para poder estudiar las inconformidades planteadas por los accionantes en
sus escritos de tutela es necesario, en primer lugar, determinar si aquellos están
legitimados en la causa por activa, ya que este requisito constituye un presupuesto
de procedibilidad y tratándose acciones de tutela contra providencia judicial, dado
su carácter excepcional, supone un estudio más estricto10.
22. Así, tras analizar el presente caso, se advierte que Nelson Eduardo Armesto
Villanova (Rad. 2025-03892-00), Richard Nicolás Martínez Olivera (Rad. 2025-
03897-00), Irenarco Pineda Ríos y Sebastián Correa Sánchez (Rad. 2025-03902-
00) radicaron 3 solicitudes de amparo orientadas a cuestionar actuaciones
judiciales realizadas en el medio de control de nulidad identificado bajo el radicado
No. 11001-03-28-000-2025-00086-00, concretamente los autos por medio de los
cuales se admitió la demanda y se suspendió provisionalmente los efectos de acto
demandado. No obstante, revisados los registros del aplicativo de gestión judicial
SAMAI, logró advertirse que ninguno de los 3 ostenta la calidad de parte o tercero
en aquella acción pública.
23. En consecuencia, los solicitantes del amparo no se encuentran legitimados
para actuar, comoquiera que la titularidad de los derechos que aquellos reclaman
en esta sede constitucional recae directamente en las personas que puede verse
afectadas por la supuesta actuación en que incurrieron las autoridades accionadas.
24. Es preciso señalar que si bien es cierto el proceso ordinario en cuestión
entraña una controversia propia del contencioso objetivo y ello supone que la
legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva se expanda, también lo
9
«Por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones».
10
En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene toda persona para interponer la acción de
tutela por sí misma o por quien actúe en su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales. A su vez, en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 se dispone la legitimidad para
el ejercicio de la acción de tutela. La norma indica que esta puede ser presentada: (1) directamente por la persona que estime
vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales; (2) a través de su representante legal; (3) por medio de apoderado
judicial; (4) por agente oficioso; y (5) mediante el defensor del pueblo y los personeros municipales.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien presenta la acción de tutela se encuentra
legitimado en la causa por activa, pues de no ser así deberá declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo
del asunto.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia SU-087 de 2025, estudiando el tema de la legitimación activa en la
causa de la acción de tutela contra providencia judicial, sostuvo «En este contexto, la Corte Constitucional ha afirmado que
el requisito de legitimación por activa consiste en la “titularidad para promover la acción, con el cual se busca garantizar que
la persona que acude a la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto de la solicitud de amparo que eleva
ante el juez constitucional, de manera que pueda establecerse sin dificultad, que lo reclamado es la protección de un derecho
fundamental del propio demandante y no de otro” [Sentencias T-678 de 2016 y T-176 de 2011, entre otras]. Por tanto, el
referido requisito “exige que la tutela sea presentada por quien tenga un interés cierto, directo y particular en la solución de la
controversia” [Sentencia T-402 de 2023. Cfr. Sentencias SU-173 de 2015, T-381 de 2018 y T-623 de 2012, entre otras.]».
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Accionante: Nelson Eduardo Armesto Villanova y otros
es que11:
25. i) La acción de tutela contra providencia judicial, como se dijo previamente,
tiene un carácter excepcional, lo que supone que en principio solo están legitimados
quienes intervinieron en el proceso, pues son ellos quienes en primera medida
pueden ver afectados sus derechos de cara al objeto, causa y pretensiones de sus
controversias de cara a la decisión judicial concreta.
26. ii) El medio de control previsto para la revisión objetiva de legalidad de los
actos generales de la Administración es el de nulidad previsto en el artículo 137 del
CPACA. En ese sentido, es en dicho escenario en el que se deben ventilar y decidir
las distintas posiciones sobre aquella (entiéndese el control objetivo de legalidad
de los actos administrativos).
27. iii) El artículo 223 del CPACA señala que para procesos de «simple nulidad»,
cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del demandante
o del demandado, desde la admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial,
en consecuencia cualquier persona cuenta con la posibilidad de solicitar su
participación en los procesos de nulidad en los que tenga interés y poner en
conocimiento del juez natural, los argumentos que considere relevantes.
28. Así las cosas, el que se tenga interés en un proceso determinado no se
traduce necesariamente en la legitimación para actuar mediante acción de tutela,
por cuanto en estos casos la solicitud de amparo no es un proceso aislado del
ordinario, en la medida en que la afectación a las garantías constitucionales, entre
ellas, el debido proceso se concreta durante el trámite judicial correspondiente y
frente a quienes allí intervengan.
29. Adicionalmente, tampoco podría entenderse que los accionantes actúan en
nombre de quienes ostentan la calidad de demandantes12, demandados13 o
terceros14, bien sea por representación judicial o agencia oficiosa, por cuanto en el
escrito de tutela no lo manifestaron y mucho menos allegaron poder debidamente
conferido por aquellos para que fueran representados por estos al interior del
trámite constitucional.
30. En gracia de discusión, de llegar a estimar que sí se cumplió con el requisito
en comento (legitimación activa en la causa), la decisión de improcedencia sobre
las acciones de tutela aquí acumuladas no variaría, comoquiera que:
31. (1) La solicitud de amparo identificada bajo el radicado No. 2025-03897-00
no satisface el requisito de identificación razonable de hechos y vulneración15.
11
Estas consideraciones guardan la misma estructura argumentativa de la Sentencia SU-329 de 2024 (consideraciones No.
115 a 120), el cual la Corte Constitucional estudió la legitimación activa en la causa para acciones de tutela contra provienes
dictas en procesos de nulidad electoral. Medio de control que igualmente entra en la categoría de acción pública.
12
Efraín Cepeda Sarabia, Nadya Georgette Blel Scaff, Lorena Ríos Cuéllar, Germán Blanco Álvarez, Juan Carlos García
Gómez, Esperanza Andrade Serrano, Soledad Tamayo Tamayo, Marcos Daniel Pineda García, Oscar Mauricio Giraldo
Hernández, Carlos Fernando Motoa, Juan Samy Merheg Marún y Antonio Luis Zabaraín.
13
Presidente y Presidencia de la República (DAPRE).
14
Ministerio Público, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Alberto Meneses Manotas.
15
La Corte Constitucional ha señalado que, cuando se interpone una acción de tutela contra decisiones judiciales, es
necesario cumplir con ciertos requisitos mínimos de argumentación. En este sentido, quien presenta la tutela debe exponer
de manera razonada los hechos que, a su juicio, originaron la vulneración de derechos fundamentales, identificar los derechos
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03892-00 (acumulado)
Accionante: Nelson Eduardo Armesto Villanova y otros
32. En el aludido escrito, la Sala constató que Richard Nicolás Martínez Olivera
no formuló un reparo claro, directo y argumentado sobre cómo la providencia
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado habría vulnerado sus
derechos fundamentales. El señor Martínez Olivera no desarrolló argumentos
sólidos en contra de la decisión que suspendió provisionalmente los efectos del
Decreto 639 de 2025. Por el contrario, se limitó a señalar que se vieron vulnerados
sus garantías fundamentales por el actuar, en su criterio, irregular del Congreso de
cara a la votaciones que llevaron al concepto desfavorable del senado frente a la
solicitud de consulta popular presentada por el Gobierno Nacional. Sin embargo, la
mera enunciación de una supuesta afectación no cumple con las exigencias
mínimas para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
33. En este contexto, la Sala concluye que la verdadera intención de la acción de
tutela fue reabrir un debate ya resuelto, motivada por el desacuerdo de la actora con
lo decidido por el Consejo de Estado. Esta pretensión desnaturaliza el carácter
excepcional y subsidiario de la tutela, que no está concebida como un mecanismo
para reexaminar decisiones judiciales simplemente por no compartir su contenido,
sino para proteger de manera inmediata derechos fundamentales vulnerados.
34. Y (2) los reparos presentados contra el Auto de 18 de abril de 2025, por medio
del cual se admitió la demanda, no cumplen con el requisito de subsidiariedad16,
comoquiera que en el proceso No. 2025-00086-00, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado presentó una solicitud de nulidad procesal contra esa
providencia con fundamento en la presunta falta de competencia del Consejo de
Estado para hacer el control judicial sobre el Decreto 639 de 2025, la cual está en
trámite. En otras palabras, no han sido agotados todos los mecanismos judiciales
disponibles para lograr la protección de los derechos que se invocan como
vulnerados.
35. Finalmente, en lo que respecta a los argumentos contra el Auto de 18 de junio
de 2025, a través del cual se decretó la suspensión provisional de los efectos del ya
mencionado decreto, la Sala advierte que carecen de actualidad (carencia actual de
objeto)17, ya que mediante el Decreto 703 de 24 de junio de 2025, el presidente de
la República derogó expresamente el Decreto 639 de 2025. Por tanto, se considera
comprometidos y precisar el defecto o la causal que haría procedente la acción, en caso de demostrarse. Estas exigencias
no constituyen requisitos formales contrarios a la naturaleza de la acción de tutela ni suponen una carga excesiva no prevista
en la Constitución. Su finalidad es garantizar que el escrito de tutela contenga una exposición clara y suficientemente
fundamentada de la supuesta vulneración, evitando así que el juez de tutela termine ejerciendo un control oficioso e indebido
sobre decisiones adoptadas por otros jueces [Cfr. Corte constitucional. Sentencia SU-072 de 2024].
Por lo tanto, quien solicita el amparo debe explicar con claridad, detalle y coherencia los hechos que originaron la presunta
violación, señalar los derechos fundamentales que considera afectados y sustentar sus argumentos con rigor jurídico y
probatorio, a fin de demostrar la existencia del defecto alegado y su impacto en los derechos invocados [Sobre este requisito,
puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia T-202 de 2025. Consideraciones No. 67, 68, 70 y 71].
16
Frente al requisito de subsidiariedad, es preciso señalar que el artículo 86 de la Constitución establece que este es un
presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que la misma «sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el 6.1 del Decreto 2591 de 1991, según el cual «[l]a acción de
tutela no procederá […] [c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales […]».
De lo anterior, se evidencia que cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, primero se debe recurrir a estos y no a
la acción de tutela directamente. Ello tiene asidero en que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a este mecanismo constitucional, pues todos los medios de defensa deben buscar la protección
de aquellos.
17
Sobre el concepto y categorías de la carencia actual de objeto puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia SU-522
de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03892-00 (acumulado)
Accionante: Nelson Eduardo Armesto Villanova y otros
que cualquier orden que pudiera impartir el juez constitucional, con el fin de
garantizar la protección del derecho fundamental invocado, no estaría llamada a
producir ningún efecto.
Conclusión
36. Con fundamento en lo anterior, esta Subsección declarará improcedentes las
acciones de tutela formuladas por Nelson Eduardo Armesto Villanova (Rad. 2025-
03892-00), Richard Nicolás Martínez Olivera (Rad. 2025-03897-00), Irenarco
Pineda Ríos y Sebastián Correa Sánchez (Rad. 2025-03902-00) contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, comoquiera que no se satisfizo el requisito de
legitimación activa en la causa.
37. Aunado a ello, logró evidenciarse que el escrito de tutela del proceso No. 2025-
03897-00 no satisfizo el requisito de identificación razonable de hechos y
vulneración; los reparos contra el auto admisorio del proceso de nulidad No. 2025-
00086-00 no cumplió con el requisito de subsidiariedad y el objeto de los
argumentos contra el auto que decretó la suspensión provisional de los efectos del
Decreto 639 de 2025 carece de actualidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de las acciones de tutela presentadas
por Nelson Eduardo Armesto Villanova (Rad. 2025-03892-00), Richard Nicolás
Martínez Olivera (Rad. 2025-03897-00), Irenarco Pineda Ríos y Sebastián Correa
Sánchez (Rad. 2025-03902-00) contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
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