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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04009-00

Fecha
11 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04009-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por Kelly Juliana Beltrán, Catalina del Pilar Sánchez Daniels, Alejandra Katerine Toque 10 Auto de 14 de julio de 2025. «42. Conviene reiterar que, de acuerdo con la providencia censurada, del 18 de junio de 2025, el decreto acusado es de contenido electoral y definitivo porque como se demostró cuando se profirió, el trámite de la consulta popular ya había finalizado con la decisión del Senado de la República de no emitir concepto favorable a la solicitud de convocarla. 43. Al respecto, se precisó, en la cuestionada providencia, que el acto acusado «fue expedido luego de que el procedimiento administrativo electoral del mencionado mecanismo de participación ciudadana concluyera, convirtiéndose así en uno aislado y extraño al proceso reglado que debe anteceder a la convocatoria del mecanismo de participación. De allí que su control deba ejercerse de forma previa por parte de esta Sección» [Reiterado en Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto del 24 de junio de 2025. Radicado núm. 11001-03-28-000-2025-00080-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra]. 44. En este orden, se explicó que la competencia de la Corte Constitucional surge una vez agotado todo el procedimiento dispuesto en el ordenamiento jurídico para la convocatoria de una consulta popular del orden nacional, el cual no se agotó en este preciso caso, pues, como ya quedó demostrado, dicho trámite ya había culminado con el concepto desfavorable del Senado de la República, por lo que el Decreto 0639 de 2025 fue proferido por fuera de este. 45. En este punto, debe afirmarse que, contrario al dicho del recurrente, asumir la competencia para definir la legalidad del Decreto 0639 de 2025, por parte de esta corporación, no desconoce la función de la Corte Constitucional, prevista en el numeral 3.° del artículo 241 de la Constitución Política y, mucho menos, configura un conflicto de competencias. 46. Sobre el particular, esta Sala [Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto del 24 de junio de 2025. Radicado núm. 11001- 03-28-000-2025-00106-00. MP. Gloria María Gómez Montoya] señaló que el control de la Corte Constitucional sobre la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04009-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

11 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Once (11) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04009-00
Demandantes: Kelly Juliana Beltrán Moya y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad. Decreto 639 de 2025,
«por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se
dictan otras disposiciones»
Decisión: Declara improcedencia

La Sala decide la acción de tutela presentadas por Kelly Juliana Beltrán, Catalina
del Pilar Sánchez Daniels, Alejandra Katerine Toque López, Carlos Mario Patiño
González y Luis Mauricio Urquijo Tejada contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. Kelly Juliana Beltrán, Catalina del Pilar Sánchez Daniels, Alejandra Katerine
Toque López, Carlos Mario Patiño González y Luis Mauricio Urquijo Tejada
presentaron acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y participación ciudadana, con ocasión del Auto
de 18 de junio de 2025, por medio del cual la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió una demanda de nulidad contra el Decreto 639 de 2025 1, en el marco del
proceso No. 11001-03-28-000-2025-00086-00.

2. A título de amparo constitucional, los accionantes solicitaron que se deje sin
efectos la mencionada providencia, se reafirme que la Corte Constitucional es la
única competente para ejercer control sobre el aludido decreto y se ordene al
Consejo de Estado abstenerse de admitir otros medios de control contra cualquier
decreto del presidente de la República para convocar una consulta popular del
orden nacional.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, afirmaron que
mediante el Decreto 639 de 11 de junio de 2025, el Gobierno Nacional convocó a la
ciudadanía a una consulta popular nacional.

4. Los senadores Efraín Cepeda Sarabia, Nadya Georgette Blel Scaff, Lorena
Ríos Cuéllar, Germán Blanco Álvarez, Juan Carlos García Gómez, Esperanza

1
«Por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones».

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03892-00
Demandantes: Kelly Juliana Beltrán Moya y otros

Andrade Serrano, Soledad Tamayo Tamayo, Marcos Daniel Pineda García, Oscar
Mauricio Giraldo Hernández, Carlos Fernando Motoa, Juan Samy Merheg Marún y
Antonio Luis Zabaraín presentaron una demanda de nulidad contra el aludido
decreto, junto con una solicitud suspensión provisional de sus efectos, por la
presunta vulneración el contenido de los artículos 104 de la Constitución Política,
51 de la Ley 134 de 1994 y 31 (literal b) de la Ley 1757 de 2015.

5. El 16 de junio de 2025, el presidente de la República, mediante apoderado
judicial, presentó un memorial en el que además de solicitar que no se accediera a
la solicitud de medida cautelar, alegó la falta de competencia de esta corporación
para conocer de la demanda y solicitó la remisión del proceso a la Sala Plena para
definir la competencia sobre la misma.

6. Mediante Autos de 18 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la demanda, rechazó las peticiones del presidente de la República y
suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 639 de 2025.

7. Como fundamentos de derecho, los accionantes alegaron que la autoridad
judicial incurrió en los defectos (1) sustantivo por interpretar de forma contraevidente
el numeral 3 del artículo 241 de la Constitución Política para justificar su
competencia para ejercer control judicial sobre los mecanismos de participación
directa (consulta popular), cuya guarda corresponde a la Corte Constitucional; (2)
orgánico porque la Sección Quinta del Consejo de Estado no tiene competencia
para realizar control previo sobre el proceso de convocatoria a consulta popular; y
(3) violación directa de la Constitución, comoquiera que la providencia judicial se
alejó del aludido artículo de la Carta Política.

Intervenciones2

8. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por conducto del consejero
ponente de las providencias enjuiciadas, adujo que (i) los accionantes no cuentan
con legitimación activa en la causa, comoquiera que no hicieron parte del proceso
ordinario de nulidad; (ii) la parte actora no presentó solicitud de coadyuvancia en los
términos del artículo 223 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA; (iii) no se configuraron
los defectos alegados ni se vulneraron o amenazaron los derechos invocados por
la parte actora; (iv) el control del Decreto 639 de 2025 corresponde a esa autoridad
judicial por tratarse de un acto proferido por una autoridad del orden nacional y de
contenido electoral; (v) el aludido decreto fue expedido por fuera del procedimiento
de la consulta popular, dado que este concluyó con el concepto desfavorable del
Senado de la República; (vi) «entender que, únicamente, la Corte Constitucional es
la competente para conocer de asuntos como el que se estudia en el proceso
ordinario, llevaría a concluir que en el evento en que la consulta popular no se lleve

2
El 7 de julio de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado remitió el proceso de la referencia para que se estudiara su
posible acumulación al proceso No. 11001-03-15-000-2025-03892-00.
Mediante Auto de 16 de julio de 2025, el despacho ponente avocó conocimiento, admitió la acción de tutela, ordenó su
notificación a la Sección Quinta del Consejo de Estado y la vinculó de Efraín Cepeda Sarabia, Nadya Blel Scaff, Lorena Ríos
Cuéllar, Germán Blanco Álvarez, Juan Carlos García Gómez, Esperanza Andrade Serrano, Soledad Tamayo Tamayo,
Marcos Daniel Pineda, Mauricio Giraldo Hernández, Carlos Fernando Motoa, Samy Merheg, Antonio Luis Zabaraín, el
presidente de la República y la Presidencia de la República – DAPRE, como terceros interesados.

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a cabo, el acto de convocatoria no podría ser objeto de tutela judicial»; (vii) el 20 de
junio de 2025, la Corte Constitucional avocó conocimiento sobre el Decreto 639 de
2025 y advirtió que ello no implicaba de forma alguna el menoscabo de las
competencias constitucionales y legales del Consejo de Estado; y (viii) «lo
pretendido por los accionantes es cuestionar lo decidido en la providencia tutelada».

9. Juan Samy Merheg Marún y Soledad Tamayo Tamayo solicitaron que se
declare la improcedencia de la acción de tutela falta de legitimación pasiva en la
causa y se disponga su desvinculación del proceso, comoquiera que no tuvieron
relación alguna con los hechos alegados en la solicitud de amparo, en su calidad de
senadores. Adujeron que la acción no cumplió con el requisito de subsidiariedad,
comoquiera que la parte actora no acudió a los mecanismos judiciales con los que
contaba para procurar la defensa de las garantías constitucionales que invocó como
violadas, concretamente la solicitud de falta de competencia o la nulidad procesal.
Asimismo, señalaron que había carencia actual de objeto «por hecho superado»,
comoquiera que mediante el Decreto 703 de 24 de junio de 2025 se derogó el
Decreto 639 de 2025.

10. Esperanza Andrade Serrano señaló que la Sección Quinta del Consejo de
Estado actuó en el marco de sus competencias, razón por la cual no se configuraron
los defectos alegados. Asimismo, alegó su falta de legitimación pasiva en la causa.

11. La Presidencia de la República (DAPRE) solicitó se declarara la
improcedencia de las súplicas de amparo porque la acción de tutela carecía de
legitimación pasiva en la causa. Además, alegó que la parte actora pudo haber
sometido a control judicial el acto que derogó el Decreto 639 de 2025 y que no
existió vulneración alguna de los derechos de los accionante por parte de esa
autoridad

12. Efraín Cepeda Sarabia, Nadya Blel Scaff, Lorena Ríos Cuéllar, Germán
Blanco Álvarez, Juan Carlos García Gómez, Marcos Daniel Pineda, Mauricio
Giraldo Hernández, Carlos Fernando Motoa y Antonio Luis Zabaraín guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES
Competencia

13. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si la
Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al

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debido proceso y a la participación ciudadana, con ocasión del Auto de 18 de junio
de 2025, por medio del cuales se admitió una demanda de nulidad contra el Decreto
639 de 20253, en el marco del proceso No. 11001-03-28-000-2025-00086-00.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

15. En el presente caso, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela, por las razones que pasan a explicarse:

16. Para poder estudiar las inconformidades planteadas por los accionantes en
sus escritos de tutela es necesario, en primer lugar, determinar si aquellos están
legitimados en la causa por activa, ya que este requisito constituye un presupuesto
de procedibilidad y tratándose acciones de tutela contra providencia judicial, dado
su carácter excepcional, supone un estudio más estricto4.

17. Así, una vez revisados los registros del aplicativo de gestión judicial SAMAI,
logró advertirse que Kelly Juliana Beltrán, Catalina del Pilar Sánchez Daniels,
Alejandra Katerine Toque López, Carlos Mario Patiño González y Luis Mauricio
Urquijo Tejada no ostentas la calidad de partes o terceros en aquella acción pública.
En consecuencia, los solicitantes del amparo no se encuentran legitimados para
actuar, comoquiera que la titularidad de los derechos que aquellos reclaman en
esta sede constitucional recae directamente en las personas que puede verse
afectadas por la supuesta actuación en que incurrieron las autoridades accionadas.

18. Es preciso señalar que si bien es cierto el proceso ordinario en cuestión
entraña una controversia propia del contencioso objetivo y ello supone que la
legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva se expanda, también lo
es que5:

19. i) La acción de tutela contra providencia judicial, como se dijo previamente,
tiene un carácter excepcional, lo que supone que en principio solo están legitimados
quienes intervinieron en el proceso, pues son ellos quienes en primera medida
pueden ver afectados sus derechos de cara al objeto, causa y pretensiones de sus
controversias de cara a la decisión judicial concreta.

3
«Por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones».
4
En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene toda persona para interponer la acción de
tutela por sí misma o por quien actúe en su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales. A su vez, en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 se dispone la legitimidad para
el ejercicio de la acción de tutela. La norma indica que esta puede ser presentada: (1) directamente por la persona que estime
vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales; (2) a través de su representante legal; (3) por medio de apoderado
judicial; (4) por agente oficioso; y (5) mediante el defensor del pueblo y los personeros municipales.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien presenta la acción de tutela se encuentra
legitimado en la causa por activa, pues de no ser así deberá declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo
del asunto.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia SU-087 de 2025, estudiando el tema de la legitimación activa en la
causa de la acción de tutela contra providencia judicial, sostuvo «En este contexto, la Corte Constitucional ha afirmado que
el requisito de legitimación por activa consiste en la “titularidad para promover la acción, con el cual se busca garantizar que
la persona que acude a la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto de la solicitud de amparo que eleva
ante el juez constitucional, de manera que pueda establecerse sin dificultad, que lo reclamado es la protección de un derecho
fundamental del propio demandante y no de otro” [Sentencias T-678 de 2016 y T-176 de 2011, entre otras]. Por tanto, el
referido requisito “exige que la tutela sea presentada por quien tenga un interés cierto, directo y particular en la solución de
la controversia” [Sentencia T-402 de 2023. Cfr. Sentencias SU-173 de 2015, T-381 de 2018 y T-623 de 2012, entre otras.]».
5
Estas consideraciones guardan la misma estructura argumentativa de la Sentencia SU-329 de 2024 (consideraciones No.
115 a 120), el cual la Corte Constitucional estudió la legitimación activa en la causa para acciones de tutela contra provienes
dictas en procesos de nulidad electoral. Medio de control que igualmente entra en la categoría de acción pública.

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20. ii) El medio de control previsto para la revisión objetiva de legalidad de los
actos generales de la Administración es el de nulidad previsto en el artículo 137 del
CPACA. En ese sentido, es en dicho escenario en el que se deben ventilar y decidir
las distintas posiciones sobre aquella (entiéndese el control objetivo de legalidad
de los actos administrativos).

21. iii) El artículo 223 del CPACA señala que para procesos de «simple
nulidad», cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del
demandante o del demandado, desde la admisión de la demanda y hasta en la
audiencia inicial, en consecuencia, cualquier persona cuenta con la posibilidad de
solicitar su participación en los procesos de nulidad en los que tenga interés y poner
en conocimiento del juez natural, los argumentos que considere relevantes.

22. Así las cosas, el que se tenga interés en un proceso determinado no se
traduce necesariamente en la legitimación para actuar mediante acción de tutela,
por cuanto en estos casos la solicitud de amparo no es un proceso aislado del
ordinario, en la medida en que la afectación a las garantías constitucionales, entre
ellas, el debido proceso se concreta durante el trámite judicial correspondiente y
frente a quienes allí intervengan.

23. Adicionalmente, tampoco podría entenderse que los accionantes actúan en
nombre de quienes ostentan la calidad de demandantes6, demandados7 o
terceros8, bien sea por representación judicial o agencia oficiosa, por cuanto en el
escrito de tutela no lo manifestaron y mucho menos allegaron poder debidamente
conferido por aquellos para que fueran representados por estos al interior del
trámite constitucional.

24. En gracia de discusión, de llegar a estimar que sí se cumplió con el requisito
en comento (legitimación activa en la causa), la decisión de improcedencia no
variaría, comoquiera que los reparos presentados contra el Auto de 18 de abril de
2025, por medio del cual se admitió la demanda, no cumplen con el requisito de
relevancia constitucional9, pues coinciden con aquello que se ha planteado y decidió
en el proceso ordinario (Rad. 2025-00086-00).

25. Al respecto, es preciso señalar que contra el aludido auto admisorio de la
demanda y el auto que decretó la medida cautelar de suspensión provisional, la
parte demandada presentó recursos de reposición en los que reprochó, entre otros,
la presunta falta de competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del
control judicial del Decreto 639 de 2025. Aspecto que fue resuelto por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, a través de los Autos de 14 y 24 de julio de 2025, en

6
Efraín Cepeda Sarabia, Nadya Georgette Blel Scaff, Lorena Ríos Cuéllar, Germán Blanco Álvarez, Juan Carlos García
Gómez, Esperanza Andrade Serrano, Soledad Tamayo Tamayo, Marcos Daniel Pineda García, Oscar Mauricio Giraldo
Hernández, Carlos Fernando Motoa, Juan Samy Merheg Marún y Antonio Luis Zabaraín.
7
Presidente y Presidencia de la República (DAPRE).
8
Ministerio Público, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Alberto Meneses Manotas.
9
Sobre el requisito de relevancia constitucional: Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.

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los cuales reafirmó su competencia, a partir de la diferenciación de las competencias
asignadas a esta corporación y aquellas propias de la Corte Constitucional 10.

Conclusión

26. Con fundamento en lo anterior, esta Subsección declarará improcedente la
acción de tutela, comoquiera que no se satisfizo el requisito de legitimación activa
en la causa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por
Kelly Juliana Beltrán, Catalina del Pilar Sánchez Daniels, Alejandra Katerine Toque

10
Auto de 14 de julio de 2025. «42. Conviene reiterar que, de acuerdo con la providencia censurada, del 18 de junio de 2025,
el decreto acusado es de contenido electoral y definitivo porque como se demostró cuando se profirió, el trámite de la consulta
popular ya había finalizado con la decisión del Senado de la República de no emitir concepto favorable a la solicitud de
convocarla. 43. Al respecto, se precisó, en la cuestionada providencia, que el acto acusado «fue expedido luego de que el procedimiento
administrativo electoral del mencionado mecanismo de participación ciudadana concluyera, convirtiéndose así en uno aislado
y extraño al proceso reglado que debe anteceder a la convocatoria del mecanismo de participación. De allí que su control
deba ejercerse de forma previa por parte de esta Sección» [Reiterado en Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto del 24
de junio de 2025. Radicado núm. 11001-03-28-000-2025-00080-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra]. 44. En este orden, se explicó que la competencia de la Corte Constitucional surge una vez agotado todo el procedimiento
dispuesto en el ordenamiento jurídico para la convocatoria de una consulta popular del orden nacional, el cual no se agotó
en este preciso caso, pues, como ya quedó demostrado, dicho trámite ya había culminado con el concepto desfavorable del
Senado de la República, por lo que el Decreto 0639 de 2025 fue proferido por fuera de este. 45. En este punto, debe afirmarse que, contrario al dicho del recurrente, asumir la competencia para definir la legalidad del
Decreto 0639 de 2025, por parte de esta corporación, no desconoce la función de la Corte Constitucional, prevista en el
numeral 3.° del artículo 241 de la Constitución Política y, mucho menos, configura un conflicto de competencias. 46. Sobre el particular, esta Sala [Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto del 24 de junio de 2025. Radicado núm. 11001-
03-28-000-2025-00106-00. MP. Gloria María Gómez Montoya] señaló que el control de la Corte Constitucional sobre la
consulta popular no resulta incompatible con la competencia del Consejo de Estado, para conocer del acto demandado, como
se expone: Dicho control posterior no excluye el conocimiento del Consejo de Estado cuando se trata de un acto administrativo de
carácter general, expedido por una entidad del orden nacional y de contenido electoral, conforme el artículo 149.1 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta atribución de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no puede ser considerada como un vaciamiento de la
competencia de la Corte Constitucional en su control posterior y de procedimiento. 47. Sumado a lo anterior, cabe resaltar que la Corte Constitucional, en auto de 20 de junio de 2025 [Exp. CCP-001. MP. Jorge Enrique Ibáñez Najar], resolvió avocar conocimiento del Decreto 0639 de 2025, providencia en la cual se advirtió que: 12. Avocar conocimiento de este trámite en esta Corte, no implica menoscabo alguno del ejercicio de las competencias que
en virtud de la Constitución y la ley le corresponde ejercer al Consejo de Estado las cuales deben ser ejercidas por esa
Corporación de manera autónoma. […]
48. De igual manera el tribunal constitucional concluyó que no había lugar a entablar conflicto de competencia, lo que explicó
en los siguientes términos: […]
14. Sobre la base de reconocer las competencias del Consejo de Estado y su ejercicio legítimo por dicha Corporación, el
suscrito magistrado sustanciador considera que no es necesario suscitar un conflicto de competencias entre autoridades de
diferentes jurisdicciones, sino de proceder en el marco del diseño constitucional y legal establecidos, con respeto a la
autonomía del Consejo de Estado y, al mismo tiempo, con estricta sujeción a la responsabilidad que tiene esta Corte de
guardar la integridad y supremacía de la Constitución.

Consecuencialmente, se abstendrá de solicitar la remisión de los
procesos que cursan en el Consejo de Estado según la petición elevada por el Señor Ministro de Justicia y del Derecho. 49. De acuerdo con lo anterior, es preciso concluir que la competencia del Consejo de Estado, prevista en el numeral 1.º del
artículo 149, no altera ni interfiere la asignada a la Corte Constitucional en el numeral 3.º del artículo 241 de la Constitución
Política, como lo aduce el demandado. 50. Por otra parte, debe precisarse que el aparte de un pronunciamiento de la Sección Primera de esta corporación [Para lo
cual, citó: «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo: Sección Quinta. Auto del 1 de septiembre de 2016. Rad. 11001-03-28-000-2016-00059-00; y Sección Primera. Auto del 12 de septiembre de 2016. Rad. 11001-03-24-000-2016-
00449-00. Providencias citadas en la sentencia C-309 de 2017, emitida por la Corte Constitucional».], citado por el
demandado, no es aplicable al presente caso, comoquiera que se refiere a la competencia de la Corte Constitucional para
conocer de los actos proferidos en el marco del «procedimiento en la convocatoria o realización de los plebiscitos», como ya
lo determinó la Sección Quinta, en sala unitaria [Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto del 25 de junio de 2025. Radicado
núm. 11001-03-28-000-2025-00109-00. MP. Omar Joaquín Barreto Suárez], al precisar que se trata de mecanismos de
participación ciudadana con diferente naturaleza, finalidad, requisitos y efectos.». Reiterado en Auto de 24 de julio de 2025.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03892-00
Demandantes: Kelly Juliana Beltrán Moya y otros

López, Carlos Mario Patiño González y Luis Mauricio Urquijo Tejada contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

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